Los bajos salarios, aunado a las dificultades para conseguir efectivo para la movilización, han influido para que gran parte de los trabajadores no puedan volver a sus puestos con normalidad durante la flexibilización de la cuarentena por Covid-19. Al menos así lo dieron a conocer representantes de varios sectores que hacen vida en la región.
De acuerdo con el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, esta situación ha llevado a muchos a reducir su asistencia a sus lugares de labores a tres días a la semana, en vez de cinco.
“En el sector público es donde se nota más el ausentismo, por la miseria de salario que perciben. Casi 70% aplica esta modalidad, porque no les da para ir más días. El problema es que no tienen recursos”.
Barrero calculó que si una persona paga un pasaje diario para ir a su trabajo y retornar, tiene que desembolsar un millón de bolívares, cuando percibe Bs 1.200.000 al mes, aunque el gobierno nunca ha publicado la gaceta oficial actualizando el salario mínimo a ese monto.
“Si no unificamos al sector sindical, entonces no vamos a poder lograr el beneficio de los trabajadores”, instó Barrero.
Según Giovanni Yaguaracuto, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y directivo de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), de los 80 mil empleados afiliados y agrupados en 120 sindicatos, deben quedar como 30 mil.
“Solamente en el sector público, como lo es educación y salud, se ha ido la mitad y la Federación abarca al sector construcción y hasta a la economía informal. En el hospital de El Tigre se han ido casi todos”, mencionó.
Además de que algunos asalariados se han marchado del país, el dirigente sindical destacó que ha crecido la modalidad de trabajar a domicilio por el pago en dólares, como es el caso de las enfermeras.
“Lamentablemente en Anzoátegui, las autoridades, tanto el gobernador como los diputados, no quieren tomar cartas en el asunto”.
El secretario de reclamos del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS) en el estado, Luis Reyes, apuntó que tras la circular que envió el ministerio, sobre la reincorporación a los puestos de trabajo, estas incomodidades fueron planteadas a los jefes de departamento.
“No les estamos diciendo a los trabajadores que no asistan, sino que nombremos una mesa de trabajo, tanto el patrón como los empleados, y lleguemos a un acuerdo para ver cómo podemos asistir y cubrir todos los puestos que están desocupados, porque hay una merma del personal”.
Estima que a nivel estadal, entre 2 y 3 mil empleados del sector se han marchado del país o abandonaron sus puestos por el “pírrico” sueldo que perciben actualmente.
Cuantificación
En el caso de educación, la presidenta regional del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, manifestó que junto a la coalición sindical magisterial se encuentran cuantificando el impacto de la deserción laboral, y otros factores, que están incidiendo en la desmejora de la calidad de vida del educador.
“No solamente han dejado de ir a trabajar para ocuparse de otras labores. Tampoco van más a las escuelas, porque los salarios que devengan no alcanzan ni para pagar el transporte, mucho menos para cubrir otras necesidades”, dijo.
Marín recalcó que además de la falta de condiciones de bioseguridad y calidad de servicios que mencionó, son amenazados con despidos si no se reincorporan.
“En el estado hay personas que tienen hasta un año con el sueldo suspendido y nadie sabe por qué”, aseveró.
Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.
«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.
En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.
El costo de denunciar
Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.
‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.
Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).
«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.
Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.
Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.
Cuando el agresor está en las aulas
‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.
«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.
Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.
No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.
En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.
“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.
Educación sexual ausente
Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.
‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.
Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.
En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.
En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.
Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.
Desprotegidas
Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.
La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.
El ministro Nicolás Trotta y el gobernador Mariano Arcioni firmaron el acuerdo con gremios y auxiliares.
Tras tres años de conflicto docente en Chubut, los gremios acordaron un aumento salarial con el gobierno provincial y las clases comenzarán este lunes.
De la firma del acuerdo participaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y representantes de los gremios docentes y de auxiliares.
Desde la Provincia se comprometieron a depositar este mismo viernes «una masa salarial íntegra para todos los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación, y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2020 para todos los trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial».
Trotta destacó que se trabajó «intensamente para arribar a una solución y volver a las aulas de manera segura en todo el país». Y agregó: «Semanas atrás, asumimos públicamente en la Provincia el compromiso de acompañar a todos los actores del sistema educativo para poder regularizar el reclamo justo que maestras y maestros realizaban. Y hoy lo hemos logrado».
Por su parte, Arcioni señaló que «durante muchos meses se hizo un trabajo mancomunado y silencioso para poder tener hoy esta buena noticia, que es que los chicos puedan iniciar el lunes el ciclo lectivo».
En el contexto de pandemia, el regreso a las aulas se efectuará de “manera gradual y sujeta a los parámetros sanitarios, encontrándose en un escenario muy prometedor que nos posiciona positivamente en un certero e indubitable inicio normal del ciclo lectivo anual 2021”.
El acta contempla que comenzarán las clases el lunes 1° de marzo y que se este viernes se abonará una masa salarial completa a docentes y auxiliares, y el aguinaldo de diciembre a todos los trabajadores activos y pasivos del Estado provincial.
A principios de febrero, entre empujones y gritos como “sin sueldos no hay clases” o “paritaria nacional ya», manifestantes de gremios docentes y autoconvocados habían rechazado la presencia de Trotta en Rawson, la capital de Chubut.
Fue en el marco de una reunión ante el adeudamiento provincial a los docentes entre dos y tres meses de sueldo y parte de los aguinaldos de junio y diciembre.
En varias regiones del país hubo caravanas para pedir la destitución del presidente, así como el pedido de más vacunas contra la Covid-19.
Centrales obreras, movimientos sociales y políticos volvieron este domingo a las calles para exigir la renuncia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su pésimo manejo en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 en el país.
Las protestas contra el presidente Bolsonaro tuvieron lugar en actos realizados en todo Brasil y estuvieron divididas entre caravanas y marchas en diferentes estados del país.
Brasilia (capital) registró protestas contra Bolsonaro, los manifestantes llevaron banderas de Brasil, así como de movimientos sociales y partidos políticos convocantes y en una caravana pidieron más vacunas contra el virus.
En Bahía, la protesta consistió en la colocación de cruces en el suelo en memoria de las víctimas de la Covid-19; mientras que el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) publicó en sus redes sociales los carros, bicicletas y pistas que se utilizaron para manifestar el desacuerdo popular con la política federal.
En Río Grande del Norte, la caravana de protesta exigía la salida del presidente y el regreso de las ayudas de emergencia a las familias con motivo de la pandemia; al tiempo que en Campo Grande, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) promovió un mitin con la petición de más vacunas y la destitución de Bolsonaro.
En la región sureste del país, las protestas tuvieron lugar en Belo Horizonte. Según la CUT y los movimientos sociales, estos reclamos y demandas preocupan a la mayoría de los brasileños.
Para el retorno presencial a clases en Chile, varios sectores gremiales exigen la previa vacunación de los docentes.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que el inicio de clases escolares presenciales se efectuará el próximo lunes, de manera mixta, flexible, gradual y acorde a las exigencias sanitarias.
Luego de que la pandemia del nuevo coronavirus motivara al cierre de instituciones educativas para evitar posibles contagios en dichas áreas, varias naciones han considerado para este año el regreso de los estudiantes a las casas de estudio, un tema respecto al cual muchos no se ponen de acuerdo.
En Chile, el asunto del retorno a clases generó una polémica que incluyó a sectores gremiales que exigieron la previa vacunación de los docentes para protegerlos de la Covid-19.
Sin embargo, el Gobierno de Chile aprobó el retorno a clases presenciales de los estudiantes para el próximo 1 de marzo, a pesar de la oposición del Colegio de Profesores y de varios alcaldes de la nación.
El mandatario Piñera señaló que el regreso de los estudiantes a las instituciones será “voluntario, gradual, flexible y seguro”, y agregó que “no va a ser ni el presidente del gobierno, ni el presidente del Colegio de Profesores, ni ninguna autoridad, sino que los padres y apoderados los que van a decidir libremente cuándo enviar a sus hijos a las escuelas y colegios».
Respecto al formato de las clases, el ministro de Educación de Chile, Eduardo Figueroa, indicó que el 100 por ciento de los colegios en Chile retomaran las clases bajo un sistema mixto, donde se combinará la presencialidad con la educación a distancia.
«Corresponde a los apoderados tomar la decisión si sus hijos van o no a la modalidad presencial, pero para ello es necesario que el colegio esté disponible», explicó Figueroa.
Se trata de una plataforma que está online a partir de hoy y permitirá recabar información de la cantidad, localización e identidad de las personas que trabajan en establecimientos educativos para la organización de la logística y aplicación de las vacunas por parte del sistema de salud en todo el país.
El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación Pública anunciaron hoy el comienzo del registro online del personal de establecimientos educativos para organizar el proceso de vacunación en todo el territorio nacional.
El objetivo de este registro es actualizar y contar con la información real de la cantidad, localización e inserción laboral (modalidades, niveles, funciones) de personas que trabajan en establecimientos educativos, con voluntad de vacunarse, para que las autoridades sanitarias puedan organizar la distribución de las vacunas en todo el país de acuerdo a la demanda que se exprese en el relevamiento y las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación (Resolución N° 386/2021).
Registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacuna. Una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación esté confirmado, las personas inscriptas recibirán una notificación de las autoridades de su jurisdicción.
De acuerdo a los registros del último censo 2014 y datos 2019, la cantidad de personas que trabajan en establecimientos educativos en todo el país (en funciones con y sin designación docente) asciende a 1.458.084. Este total incluye al personal de todos los niveles y modalidades educativas, supervisores, personal de institutos del nivel superior y del sistema universitario. Las cifras se desagregarán según jurisdicción con el objetivo de programar la logística federal de distribución de las vacunas contra el COVID-19. A su vez, al interior de las jurisdicciones se estimó la cantidad de personal a vacunar en cada uno de los grupos de prioridad establecidos por resolución del Consejo Federal de Educación nro. 386/2021:
Grupo 1 Personal de dirección y gestión; ii) personal de supervisión e inspección; iii) docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial.
Grupo 2 Personal de apoyo a la enseñanza; ii) todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios
Grupo 3 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6°/7°).
Grupo 4 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional
Grupo 5 Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades
Las provincias de Buenos Aires, San Luis y Tucumán realizarán sus propios registros sin la utilización de esta plataforma.
El desarrollo de la plataforma comenzó en noviembre 2020, momento en que se tomó la decisión de priorizar la vacunación al personal que integra las instituciones educativas. En el mismo trabajaron en conjunto los equipos de la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete en coordinación con la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación.
América del Sur/Venezuela/26-02-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
El sector Ecologista presenta las diferentes propuestas de Fomento y Gestión del Ecosocialismo en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, con el objetivo de impulsar los principios de los Derechos de la Madre Tierra, refiere VTV en su página web.
Así lo destacó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, quien estuvo acompañado de los diputados de la Comisión Permanentes de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN) y los movimientos sociales ecologistas.
A través del Fomento y Gestión del Ecosocialismo se consideran las variables del desarrollo sostenible y las necesidades de mitigar y adaptarnos al cambio climático como parte de los retos, además, la protección de la biodiversidad, las fuentes hidrográficas de las montañas y elevar en la militancia una teoría de consumo más acorde con la naturaleza, como ejemplo, la utilización de los reciclajes.
“Desde el ministerio somos un instrumento para estructurar el discurso y las propuestas para nuestro pueblo. “No somos rectores y tampoco somos una institución dominante, no estamos aquí para estructurar el discurso de nuestro pueblo y debatir propuestas junto a los jóvenes y adultos que aman a la naturaleza y a la vida”.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/ecologistas-entregan-propuestas-en-defensa-de-la-madre-tierra/
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