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Debaten en Uruguay la salida de la cuarentena de algunas actividades

América del Sur/ Uruguay/ 12.04.2020/ Fuente: www.telam.com.ar.

Autoridades de Uruguay debatían hoy con representantes empresariales y sindicales de la educación y la construcción una eventual salida parcial de esas actividades de la cuarentena por el coronavirus, que contagió en el país a 465 personas, de las cuales siete fallecieron, informó la prensa local.

Miembros del gobierno, empresarios y dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) reanudaron una reunión iniciada ayer, en la que analizaban si consideran dadas las condiciones para reiniciar pasado mañana el trabajo en ese sector.

“En las condiciones actuales entendemos que no están dadas las condiciones, no todavía; estamos analizando los temas, estamos considerando muchas cosas, también algunas que se puedan ir presentando cuando se pueda hacer el reintegro al trabajo”, explicó el sindicalista Pedro Porley, según el diario montevideano El Observador.

Las partes habían acordado el 1 de abril que las actividades en la construcción se reanudarían pasado mañana y habían elaborado para ello un procotolo sanitario que, según Porley, no está completamente consensuado.

Comunicación Presidencial

@compresidencia


Conferencia de prensa del secretario de Presidencia @AlvaroDelgadoUy el prosecretario @ferresrodrigo y el ministro del @MSPUruguay @DrDanielSalinas.

Mientras tanto, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que agrupa a los gremios de docentes, pidió sendas reuniones con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ante la decisión del gobierno de que el 22 de abril se inicien clases presenciales en 973 escuelas rurales.

“La decisión de retomar las clases en forma presencial se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y ambiente laboral, lo cual implica discutir, sustantivamente, aquellas condiciones mínimas que pongan a resguardo la salud de estudiantes y trabajadores”, dijo la CSEU en un comunicado.

La organización sindical desea “poder conocer de primera mano los argumentos epidemiológicos que habilitan la resolución adoptada del retorno a las clases presenciales”, así como “cuáles son las medidas que se han adoptado para poner a resguardo la salud de los actores involucrados”.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó ayer que el gobierno estaba trabajando en la elaboración de un convenio entre el Sinae, la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura con el fin de proveer “protección especial y elementos de higiene” a “maestras y auxiliares que van a trabajar en las escuelas rurales”.

Por otra parte, anoche se fletó un vuelo que permitió llevar de regreso a Melbourne a los pasajeros de un crucero -en su mayoría, australianos y neozelandeses- que había quedado fondeado cerca de Montevideo con más de 200 personas entre turistas y tripulantes, de las cuales 128 se contagiaron coronavirus y al menos ocho habían sido evacuadas a hospitales en la capital uruguaya.

El crucero Greg Mortimer arribó al puerto de Montevideo y las autoridades tendieron un cerco sanitario para que los pasajeros pudieran ser llevados de allí al aeropuerto internacional de Carrasco.

El operativo tuvo momentos emotivos, como cuando un pasajero se arrodilló y besó el suelo uruguayo antes de abordar el avión, en señal de agradecimiento por la atención que recibió en un hospital de Montevideo.

Ernesto Talvi@ernesto_talvi

Desde Cancillería, agradecemos profundamente a instituciones públicas y privadas que hicieron posible la evacuación de los pasajeros del Greg Mortimer para regresar a su país y reencontrarse con sus familias. Muchas personas se pusieron en la línea de fuego. Son héroes anónimos.

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“Esto es ganar un mundial: banderas flameando en los balcones, vecinos aplaudiendo, es el mejor Uruguay; quién iba a decir que el distanciamiento nos uniría tanto, qué suerte que tenemos de haber nacido en esta tierra generosa”, escribió el canciller, Ernesto Talvi, en Twitter.

Uruguay testeó a cerca de 7.500 personas, de las cuales 501 dieron positivo de coronavirus.

Entre los contagiados, siete fallecieron, 16 permanecían en terapia intensiva y 224 se recuperaron, informó esta noche el Sinae.

Fuente de la noticia: https://www.telam.com.ar/notas/202004/450687-uruguay-casos-coronavirus-pandemia.html

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Venezuela: Táchira, vecinos no permitirán que ocupen escuelas para los refugiados

América del Sur/Venezuela/12-04-2020/Autor: Carlos Ramiro Chacín/Fuente: www.caraotadigital.net

 Carlos Ramiro Chacín

Vecinos del estado Táchira están renuentes a recibir en sus sectores a los refugiados venezolanos provenientes de Colombia.

Según reseñó el medio de comunicación La Nación, este viernes los habitantes del Junco Páramo y Arjona, municipio Cárdenas, tomaron el liceo Simón Candiales y la escuela Bolivariana del Junco Páramo. Posteriormente, soldaron cabillas en las entradas de las instituciones para evitar el ingreso de los migrantes criollos.

Por otra parte, más de 60 personas en el cruce de Arjona con Sabaneta esperaban los autobuses que venían de San Antonio del Táchira. Estos vehículos transportaban a algunos de los miles de venezolanos que han cruzado por el Puente Internacional Simón Bolívar, tras sufrir desalojos en Colombia.

La gente hizo un paréntesis a la cuarentena social para salir de sus casas y evitar la llegada de los venezolanos provenientes de otros países. La población quitó las alcantarillas desde la parte alta de La Cuesta del Trapiche hasta el barrio El Hoyo.

La gobernadora Laidy Gómez afirmó que esperan que retornen más de 10 mil criollos, después que la pandemia de coronavirus paralizara sus empleos. Así pues, precisó que la entidad no tenía capacidad de recibir tal cantidad de personas, por lo que instó a las autordades de otros estados a recibir también refugiados.

Fuente e Imagen: https://www.caraotadigital.net/nacionales/tachira-vecinos-no-permitiran-que-ocupen-escuelas-para-los-refugiados

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Año escolar en Ecuador terminará de manera virtual por COVID-19

América del Sur/Ecuador/12-04-2020/Autor y Fuente: spanish.xinhuanet.com

El año escolar de este 2020 en Ecuador terminará de manera virtual ante la emergencia sanitaria que vive el país por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), informó la ministra de Educación, Monserrat Creamer.

«Comprometida en salvaguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa, el 30 de junio del 2020 concluirá de manera no presencial el año escolar en el ciclo Sierra-Amazonía», indicó la ministra en un comunicado.

El pasado 12 de marzo, el gobierno decretó la suspensión generalizada de clases en el sistema educativo en todo el país para evitar la propagación de la COVID-19 luego de que el pasado 29 de febrero comenzó el brote del virus en el país sudamericano.

Desde entonces, el ministerio dispuso que las clases se impartan de manera virtual.

El ministerio indicó que más de 1. 8 millones de estudiantes y 100.027 docentes conforman este régimen educativo.

«El Ministerio está evaluando la situación y manteniendo contacto diario con los docentes y autoridades de las 9 zonas educativas del país, con la finalidad de brindar apoyo, continuidad y soporte emocional ante la emergencia sanitaria decretada para contener el COVID-19», señaló la ministra.

Añadió que se continuará reforzando todos los canales de comunicación para estar cerca de los estudiantes y señaló que para poder cumplir con el cronograma escolar se cuenta con portales, plataformas, medios de comunicación y guías pedagógicas impresas.

«El próximo año se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de conocimientos a todos los estudiantes.», apuntó.

Mientras tanto, el próximo 4 de mayo iniciará el nuevo año lectivo 2020-2021, en el ciclo escolar Costa también mediante el uso de medios virtuales.

Ecuador registra hasta el momento 4.450 casos confirmados de contagio de la COVID-19 con 242 decesos, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública.

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/09/c_138960585.htm

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Ministra de Educación de Ecuador: ‘Ya no hay la prueba Ser Bachiller, hay un examen de grado y otro de ingreso a la universidad’

Redacción: El Comercio

Por medio de una rueda de prensa virtual, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, habló el viernes 3 de abril del 2020, sobre la evaluación al final de año escolar para los estudiantes de tercer año de Bachillerato y dijo que después de conversar con los diferentes actores y acogiendo varias inquietudes se dividieron los procesos. “Ya no hay Ser Bachiller, lo que hay es examen de grado y examen de ingreso a la universidad”.

El Ministerio –dijo– conjuntamente con la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y el Instituto de Evaluación Educativa (Ineval) trabajan para concretar esos procesos. “Estamos calibrando para ver que el examen de grado evalúe lo que en efecto chicos han estudiado”.

“El examen de grado pasa a tener dos puntos. Uno al proyecto de participación estudiantil que es una evaluación cualitativa del perfil de salida del bachiller y siete puntos del récord académico, que significa una evaluación progresiva, por lo tanto el examen de grado estaría resuelto de esa manera”.

La Ministra también se refirió a las clases y aseguró que “no se extenderán bárbaramente” por los días de suspensión debido a la emergencia sanitaria que vive el Ecuador por el covid-19.

“No se ha perdido tiempo ni se recuperará al final”, señaló la Ministra. Y dijo que trabajan en la compactación del currículo, con énfasis en los contenidos esenciales.

En la Costa las clases arrancan el 4 de mayo en modalidad virtual, con refuerzo de contenidos. Eso se ha hecho en la Sierra desde que se suspendió la asistencia a las aulas, el 12 de marzo y la suspensión de clases continúa durante todo el mes de abril.

El mismo 4 de mayo, el régimen Sierra-Amazonía reiniciará con el avance en el cronograma, también en modalidad virtual. La ministra Creamer dijo que no existe todavía ninguna certeza sobre si en esa modalidad se acabará el año escolar.

“No sabemos, pero quizá podría ser que tengamos el chance de volver semipresencialmente, uno o dos días a la semana, con cronogramas para tutorías, entrega de portafolios de deberes, etc. No creo que este año lo acabemos con la normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta hace un mes”.

Sobre quejas de padres de familia sobre el envío de tareas en exceso y pedidos de materiales para cumplirlas, la ministra Creamer pidió que se indique cuáles son las instituciones educativas que están incumpliendo con la disposición de que las tareas sean recursivas y de tipo creativo.

Esto –precisó– para realizar un acercamiento con las mismas. Creamer recordó que las instituciones educativas no pueden pedir ningún recurso que implique un costo extra o que estudiantes padres salgan de sus casas para adquirirlo.

En la Costa –dijo Creamer– se pidió a las instituciones educativas que no pidan útiles escolares ni nada que les implique salir. En el caso de las instituciones particulares –dijo– tampoco pueden exigir ningún gasto extra para avanzar con el cronograma.

Caso contrario, pidió que se denuncie en qué instituciones se den este tipo de situaciones. No se les validará sus cronogramas, dijo.

Con respecto a las pensiones en instituciones particulares, la ministra Creamer dijo que estas operan con normalidad y tienen gastos durante los 12 meses del año. “Es importante que las unidades educativas se pongan en contacto con familias y lleguen a acuerdos para que aquellas que pueden, sigan pagando las pensiones, en pro de familias que no lo puedan a hacer”.

La Ministra señaló que pagos como este y el de transporte escolar los debe definir cada institución. Precisó que la Cartera de Educación no puede incidir de forma directa en el pago de los rubros y pidió a los colegios llegar a acuerdos y buscar soluciones con las familias. En el caso del transporte –detalló– cada colegio tiene cláusulas que deberán resolver y comunicar a los padres.

Hay algunas escuelas en diferentes zonas –dijo la Ministra de Educación– que se han prestado para dar alojamiento a las Fuerzas Armadas o para alimentos y donaciones. Si se requiere –dijo– como último recurso serán usadas como hospitales, ya que es un lugar donde en algún momento volverán estudiantes al aula. “Depende de las decisiones del COE Nacional y lo que pase con la emergencia sanitaria”.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/bachiller-examen-grado-ingreso-universidad.html

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Chile: Piñera quiere liberar a los violadores de DDHH. Les Presxs políticxs no son moneda de cambio. Nota y fotos en rechazo a esta intención presidencial

Redacción: LIS

Las condiciones de las cárceles en Chile son infrahumanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su último informe sobre las condiciones de la población penal en el país, revela pésimas condiciones de vida, hacinamiento, castigo y un nivel preocupante de violencia al interior de los recintos penitenciarios[1]. Pero esto parecía no importarle a ningún políticx, los derechos humanos de los y las presas no compran votos ni generan ganancias.

La dignidad y salud de les presxs políticxs no son monedas de cambio.

La idea arraigada de que “los malos” están en la cárcel y las nociones punitivistas que el capitalismo necesita fomentar como reacción a los conflictos sociales, se agudizaron ferozmente desde el 18 de octubre. El proceso abierto de la revuelta dejó en evidencia que las prisiones sirven para encarcelar la pobreza y la rebeldía, y que la única herramienta que conoce la derecha y varios sectores que se hacen llamar “progresistas” es la de la criminalización.

Desde entonces, nuestros recintos penitenciarios se llenaron de presxs políticxs, muchxs de ellxs menores de edad, que hoy se encuentran en prisión preventiva y expuestos al contagio del COVID-19.

En este contexto, las organizaciones sociales y en especial, la Coordinadora 18 de octubre, exigen que los y las presas de la revuelta vuelvan a sus hogares AHORA. Desde que el virus comenzó a expandirse en nuestro país, diversas manifestaciones y motines se han llevado a cabo al interior de las cárceles, donde presxs políticxs y comunes se unen para exigir dignidad.

Lo que pretenden con el proyecto de Ley y el avance de la Derecha.

El 27 de marzo, el ejecutivo despachó un proyecto de ley al Congreso que pretende otorgar un indulto general conmutativo, bajo ciertos requisitos muy específicos y acotados, que NO incluye a lxs presxs políticxs, es para personas privadas de libertad que tengan más de 75 años de edad, que sean mujeres embarazadas o con hijx menor de dos años de edad. El proyecto de ley, propone también el indulto general conmutativo para aquellas personas que se encuentren cumpliendo las penas de reclusión nocturna y las penas de reclusión parcial nocturna y que tengan permiso de salida controlada al medio libre o salida dominical, pudiendo cumplir su condena transitoriamente mediante pena de reclusión domiciliaria total, por el término de seis meses.

Como era de esperarse, la UDI y RN votaron en contra del proyecto y recurrieron a su tan querido Tribunal Constitucional porque esta ley excluía a los asesinos, violadores y torturados de Punta Peuco. A esto, el gobierno de Piñera respondió con un veto que permitiría el indulto a los violadores de DDHH y, además, le puso urgencia a la “Ley Humanitaria” que se ingresó el 2018 por el mismo gobierno para conmutar las penas de cárcel a los reos de Punta Peuco.

No existe cárcel, probablemente en todo el mundo, que tenga mejores condiciones que las de los criminales de la dictadura chilena. Aún así, la derecha está emprendiendo una política ofensiva que podría significar la muerte de miles de presxs por defender a sus «indefensos» viejos decrépitos. Es más, aquí llegaron al baile los aliados por excelencia de este sector político: las iglesias. Algunos “líderes” del cristianismo, intentaron un recurso de amparo en favor de estos criminales, alegando que su dignidad y derechos humanos estaban siendo vulnerados al estar expuestos al contagio del virus.[2]

El derecho internacional de los Derechos Humanos y en particular para nuestro caso, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, indican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables: «Son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. (CIDH, Caso Barrios Altos v/s Perú 2001, Serie C nº 75, fundamento 41.)

No tiene ningún sentido, incluso dentro de las mismas lógicas del Estado capitalista, poner en el mismo lugar a les presxs comunes y políticxs con los violadores de DDHH, menos cuando en este país reina la impunidad de los uniformados. Porque no es lo mismo, JAMÁS LO SERÁ, levantarse contra las injusticias y desigualdades que perpetúa y alimenta este Estado, que desde el poder del Estado secuestrar, violar, torturar y asesinar como lo hicieron en dictadura y lo volvió a repetir Piñera desde el 18O.

Violadores de DDHH en cárceles comunes, presxs políticxs en sus casa.

La ex Concertación ya les construyó cárceles de lujo, ahora Piñera intenta fomentar la completa impunidad al liberar a los criminales de lesa humanidad. No se puede permitir, la presión social y política es central para que de una vez por todas el “Nunca más” sea una realidad, es por eso que no tan sólo debemos paralizar el indulto, también continuar con la exigencia de justicia real, en tiempos que la democracia se comienza a estrechar se transforma en un imperativo: hasta que cada violador de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet y de los años de “democracia” quede confinado en una cárcel común, sin perdón ni olvido.

La avanzada por parte de Piñera son consecuencias de su continuidad en el gobierno, esta vez aprovechándose de la crisis sanitaria para actualizar la ofensiva hacía quienes se rebelaron contra los 30 años de impunidad económica y social por parte del sistema. Son más de 2mil presxs políticxs, recluidos en cárceles y centros del SENAME, su libertad no puede ser ninguna moneda de cambio, ellas y ellos son la reserva de Dignidad que junto al pueblo expresó las ansias de cambios. Todxs les presxs políticxs en sus casas sin ninguna medida cautelar, basta de perseguir a quienes luchan.

Por otro lado, necesitamos cuestionar la cárcel y desarrollar políticas que más temprano que tarde terminen con estas lógicas. Entender el vínculo que existe respecto a la precarización de la vida y la delincuencia, más aún en el caso de las mujeres. Las compañeras privadas de libertad en su gran mayoría son madres y tienen entre 2 y 3 hijxs ¿dónde está la “ley humanitaria” para estas mujeres? Es necesario a su vez, comprender que el sistema castiga a la pobreza y a todo aquel considerado un “antisocial” por no ajustarse a los parámetros de “cuidadanxs” que nos impone el mismo sistema.

¡LIBERTAD A TODES LES PRESXS POLITICXS!

Fuente: https://lis-isl.org/2020/04/06/chile-pinera-quiere-liberar-a-los-violadores-de-ddhh-les-presxs-politicxs-no-son-moneda-de-cambio/

Nota. Imágenes siguientes son de respaldo al llamado de libertad de quienes se encuentran privados ante las  lucha por justicia tras rebelión social en Chile

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Argentina: La Justicia entrerriana habilitó el uso de celulares a personas privadas de su libertad

Redacción: Análisis Digital

La medida fue adoptada esta mañana, luego analizar una presentación realizada por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia, solicitando tengan a bien disponer de manera coordinada con las autoridades del Servicio Penitenciario, la autorización temporaria del uso de telefonía celular por parte de los internes de las Unidades Penales de la provincia de Entre Ríos durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia del virus Covid-19.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó hoy el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.

En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán ademáss de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.

La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.

Reunión con autoridades del gobierno

Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron esta mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.

La medida había sido solicitada por los organismos de derechos humanos de la provincia, entre otras peticiones que habían realizado a través de un documento al gobierno de la provincia. Si bien la respuesta del Poder Judicial no responde, necesariamente, a la interpelación de los organismos de derechos humanos, es una medida en el mismo sentido del petitorio realizado.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2020/04/03/la-justicia-entrerriana-habilito-el-uso-de-celulares-personas-privadas-de-su

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Cuarentena y crisis educativa

Por: Zuleika Matamoros

En días recientes Nicolás Maduro junto a su ministro de educación Aristóbulo Istúriz informó la decisión de suspender las clases presenciales por todo lo que resta de año escolar (en Venezuela es de septiembre a julio).

Se anunció la creación del programa «Cada familia una escuela» en el que les estudiantes serán «atendides» a través de diversos medios digitales: tv, mensajes de textos y whatsapp. La preocupación que prevalece en la sociedad es el modo de hacer efectiva esta medida. En Venezuela el servicio de energía eléctrica, internet y telefonía son deficientes, a lo que se suma el hecho de que la profunda crisis económica y la eliminación de hecho del salario ocasione que gran parte de la población no puedan acceder a tener un teléfono inteligente o computadora.

A la cuarentena le precede una profunda crisis educativa

En el contexto educativo, la cuarentena a causa del Covid-19 le ha venido «de perlas» al gobierno nacional, dado que en el país se atraviesa por una crisis profunda, siendo uno de sus aspectos más relevantes el déficits de docentes.

Esta situación es la consecuencia de las condiciones laborales a la que han sometido al magisterio venezolano. Salarios de menos de 8 dólares mensuales, eliminación de hecho de las prestaciones sociales, incumplimiento de todos los beneficios contractuales, eliminación del HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) decadencia de los servicios del IPASME (Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación).

En el marco de esa precaria realidad les docentes deben dar clases en instituciones que presentan fallas de servicios de agua, infraestructura, sin recursos materiales y además con la implementación de un sistema de supervisión y lineamientos totalmente violatorios de la autonomía en el aula e irrespetuosos al propio ejercicio de la profesión docente.

La realidad es que maestras y profesores en estas condiciones se han visto obligados a «renunciar», pero de fondo significa un despido indirecto y masivo del gremio docente, siendo sustituido por jóvenes insertades en el programa denominado «Chamba Juvenil» que apenas han terminado el bachillerato o con personas con nula o poca preparación, eliminando de hecho toda praxis pedagógica sustituida por la mera repetición de contenidos.

Sindicatos y Federaciones corresponsables de la precaria situación de les docentes

Muchos se preguntan las razones por las cuales los docentes no han salido en protestas a nivel nacional en el contexto de esta dura realidad, la respuesta está en el abandono de la praxis sindical.

Desde hace más de dos décadas el gremio docente adolece de canales de comunicación, intercambio y debate dada la nula práctica de los sindicatos y federaciones. Durante décadas nuestros salarios desmejoraban ante el silencio de quienes fueron y, en muchos casos, aun son parte de las direcciones sindicales. 7 federaciones y decenas de sindicatos actuaron desde siempre a espaldas de la base magisterial. Los contratos colectivos se «discutían y se discuten» en la cúpula, sin asambleas, sin ningún mecanismo de comunicación con las bases. Ellos han sido la correa de transmisión de las políticas que han desparecido todo el poder adquisitivo de les trabajadores en su conjunto, pero que el magisterio es uno de los más golpeados, amén de ser conformado mayoritariamente por mujeres. Es por ello que ante la miserable vida a la que se condena al docente no le sucede una gran movilización, protestas y paros.

Ante este vacío, los sectores de la derecha que se aglutinan alrededor de la oposición tradicional ha intentado capitalizar ese descontento, lo que ha dado como resultado una «vanguardia docente» capitalizada por sectores que apoyan la política de Juan Guaidó, quien ya ha demostrado que tampoco resolvería las necesidades de les trabajadores. Basta leer su «Plan País» o ver como sus aliados han tratado a los suyos. Trump que deja en la calle a más de diez millones de trabajadores en medio de la pandemia o Piñera que reprime, encarcela y asesina al pueblo chileno cansado de sus políticas neoliberales , Lenin Moreno que deja caer ecuatorianos muertos en las calles con total indolencia o Colombia en la que asesinan líderes campesinos y sociales. Tales son los aliados de la figura política de la derecha en este país y a la que la podrida cúpula sindical del gremio docente le levanta la mano y pretende poner nuestra incipiente lucha a sus servicios.

En estas condiciones todo el aparato burocrático del Estado es sostenido con trabajo casi gratuito y allí los docentes son los sostenedores del sistema educativo. La «renuncia masiva» de docentes fue la forma en la que la base magisterial, sin dirigencia sindical que se pusiera a la altura, encontró como solución, pero que ha puesto en jaque al sistema educativo.

En ese contexto el coronavirus le cayó «de perlas». La cuarentena ha logrado regalarle tiempo al gobierno que se niega rotundamente a pagar un salario que tan siquiera cubra la Canasta Básica como mínimo; esta conquista que logramos plasmar en la Constitución hoy es pisoteado por el gobierno y por las federaciones y sindicatos.

Del Plan «Cada Familia Una Escuela»

A nivel mundial, la virtualización de la educación es un plan que se cocina a «fuego lento» por los grandes entes mundiales del capitalismo como lo es el FMI y el BM desde hace años para intentar «abaratar» los «gastos» educativos en una abierta política de desinversión en el sector educativo. El Covid-19 lo ha acelerado y su llegada luce intempestiva para lo cual las grandes corporaciones ya están «preparadas». En esta virtualización de la educación acelerada por el coronavirus quedan excluidos millones de estudiantes en el Mundo, específicamente de los sectores más pobres del planeta.

En ese contexto, Venezuela implementa el plan «cada familia una escuela» medida a la que le precede el despido indirecto y masivo de miles de docentes a través de la política de Salario Cero, la imposición de una educación vertical bajo la mampara de «líneas educativas» en la que les docentes no tienen mecanismo de participación alguno, con profundas deficiencias en la infraestructura escolar, sin recursos de mantenimiento y sin recursos pedagógicos. A todas luces la suspensión de clases presenciales desde el mes de marzo al mes de julio responde a aspectos que están más allá de la propia pandemia.

La suspensión de actividades presenciales le dará la oportunidad de terminar el año escolar en un limbo en el que cada maestro debe ingeniárselas para atender a sus estudiantes. De manera gratuita y con recursos propios o prestados debe buscar a cada une y mandarle actividades que no han tenido un «espacio de aprendizaje» y que después servirá de sustentación de la promoción de los estudiantes al grado inmediatamente superior.

Ni estudiantes ni docentes pueden llevar la pesada carga de esta nueva modalidad de autogestión educativa. Millones de estudiantes y miles de docentes viven en tan precarias condiciones que solo podrán entrar en esta antipedagógica jornada algunos pocos.

El programa de» Canaimitas» (laptops para estudiantes entregada por el gobierno) se fue abandonado paulatinamente y ya la gran propaganda, se redujo a menos escuelas beneficiadas con la entrega del recurso y más medios para propagandizar un programa que no le garantizó a todes el recurso. Docentes quedaron también fuera de la entrega de dichos recursos porque se sobreentiende desde la cúpula, que cada quien debía adquirir una computadora con sus propios recursos. Estos aspectos entre otros no condujeron a que el programa Canaimita entrara en el aula tan siquiera como apoyo tecnológico al quehacer educativo.

Así las cosas el programa «cada familia una escuela», es una entelequia. Surge de la lógica propagandística del gobierno y no del diseño de una política educativa tendiente a tener espacios de aprendizaje.

Lo peor, es la política de persecución que ejecutan directores y supervisores, sosteniendo como Hércules el pesado rollo propagandístico para «mostrar» resultados de un programa que solo podrá ser cumplido por pocos. Tristemente el hecho pedagógico en el sistema educativo venezolano está herido de muerte.

Lo que queda claro, que la propaganda gubernamental cada vez es de peor calidad y no puede esconder su intención de dejar en manos de les docentes esta pesada carga. Dice haberse reunido con «sectores», con «expertos nacionales e internacionales», habla de sus intercambios con la UNESCO y con UNICEF pero no es capaz de resolver el grave problema material de existencia que tenemos les trabajadores de la docencia. Para muestra está la aprobación de millones de euros para fortalecer el PAE, en lugar de ejecutar medidas que garanticen que en medio de la cuarentena podamos comer maestros, estudiantes y toda la masa trabajadora empobrecida por una política sostenida en nuestra contra y que ha hecho que comer balanceado en un día se convierta en un verdadero lujo en este país.

¿Cómo hacemos?

Ante este panorama les docentes debemos armar un gran movimiento que sobrepase a todas las direcciones sindicales. Necesitamos darle cuerpo a nuestro malestar y eso lo podemos lograr organizades porque de lo contrario, no podremos superar las cosas que llegaron y que pretenden quedarse para siempre.

En estas condiciones no podemos ejercer la docencia y la imposición del Ministerio de Educación no la podemos cumplir. Nos corresponde unirnos alrededor de la defensa de la educación y eso empieza por la recuperación de nuestro salario, de nuestras condiciones y por el derecho pleno a participación protagónica desde la base docente en las decisiones que se tomen.

Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a289108.html

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