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Chile ESI. ¿Por qué necesitamos una educación sexual sin la moral de las iglesias, no sexista ni heteronormativa?

Por: Teresa Melipal/Joseffe CáceresAuxiliar 

Detrás del currículum oculto se impone en nuestra formación no sólo los estereotipos y roles de género, sino también la ideología de las iglesias para perpetuar una sociedad machista y patriarcal. Es por ello, que el debate por una Ley ESI ha sacado ronchas a la derecha con una arremetida contra las mujeres y las disidencias sexo genéricas bajo el supuesto de la “defensa de los y las niñas”.

La educación sexual integral (ESI) es una herramienta y una necesidad que atraviesa a todos los sectores de la sociedad, más aun para que las infancias y adolescencias puedan conocer su cuerpo, valorar la autoestima y afectividad, reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad. Así también, prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, crímenes de odio y tomar decisiones responsables en nuestras relaciones sexo-afectivas. Significado completamente contrapuesto a lo que expresan los sectores más conservadores de la derecha.

La educación integral en la sexualidad es una política transversal que han tomado distintos gobiernos según las orientaciones de la Organización de Naciones Unidas para la agenda 2030. En Chile, el Proyecto de Resolución N° 648 el cual solicita una política nacional de Educación sexoafectiva integral, fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados el pasado 18 de abril con una estrecha mayoría (72 a favor, 62 en contra y 5 abstenciones). Dicho proyecto establece la educación sexual integral desde la educación parvularia basado en la evidencia científica actualizada; la propuesta de cuatro jornadas semestrales dedicadas al diálogo entorno a las sexualidad y afectividades; la elaboración de entrega de materiales de manera gratuita y la capacitación a actuales trabajadoras/es de la educación así como también la incorporación dentro de las mallas curriculares de las carreras profesionales y técnicas relacionadas a las pedagogías, educación parvularia, psicopedagogía, entre otras.

Sin embargo, ésta política pública no toca en profundidad el laicismo, la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles educativos, el desarrollo profesional adecuado para quienes la imparten, ni mucho menos sacar la moral de las iglesias en las escuelas con la eliminación del ramo de religión. Sino que se centra en abordar los conocimientos mínimos de los derechos sexuales y reproductivos para cumplir con el estándar internacional.

De hecho, hoy en Chile, no existe un plan serio que se fortalezca desde el Estado, que busque enseñar a los, las y les niñez y adolescentes la prevención de situaciones de acoso y abuso sexual. El Mineduc no ha actualizado sus orientaciones técnicas de sexualidad, afectividad y género desde el año 2017, reduciendo un programa de formación según la voluntad de cada institución educativa. Mientras que, desde la intervención de otras instituciones que trabajan con la línea de educación sexual y violencia machista en juventudes como el Sernameg y los programas de intervención en los Cesfam, se expresa que la política pública es completamente deficiente y escasa de recursos; y donde la inestabilidad laboral de las y los profesionales termina afectando la transmisión de la información y seguimiento de casos de violencia.

Fuera las Iglesias de todas las escuelas

La educación sexual integral es urgente para combatir la desigualdad que genera este sistema capitalista y patriarcal. La ideología de las iglesias católicas y evangélicas se ha profundizado junto con el negocio de la educación desde colegios, institutos y universidades dependiente de estas instituciones, la cual fortaleció el régimen de Pinochet. Un ejemplo de ello es la iglesia católica, donde entre el 2015 y 2018 la subvención recibida por 11 colegios del Arzobispado, a cargo del cuestionado Ezzati, pasó de $6.400 millones al año a $11.600 millones anuales con 1.702 transacciones a la Corporación de Educación del Arzobispado de Santiago (CEAS).

Las creencias instaladas sobre la sexualidad y sus prácticas que promueve y promociona las instituciones religiosas como; la castidad, la virginidad, la abstinencia y el celibato es la propuesta de la ofensiva conservadora y reaccionaria que impulsa el Partido Republicano y dirigentes de la UDI. Para ellos, la sexualidad debe tener un fin reproductivo, con la finalidad de establecer una unidad doméstica familiar conformada por un hombre y una mujer; y androcentrista (centrada en el hombre). Es por esto, que desde la extrema derecha han lanzado una campaña de desinformación y miedo, acusando al ministro de educación Marco Antonio Ávila de querer “adoctrinar” a los niños y niñas con una “ideología de género” que atenta contra la familia tradicional y la vida.

De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de la Prevención del Delito durante el año 2022, en el 89,3% de las víctimas de los casos son mujeres, de ellos el 27,7% corresponde entre 18 y 29 años, el 19% de los casos a adolescentes entre 14 y 14 y 17 años y la cifra mayor de abuso sexual corresponde al tramo de menores de 14 años con un 31% de los casos denunciados.

Los grupos que hacen estas campañas a través de mentiras demuestran su hipocresía moral con denuncias de abusos infantiles y violencia en contra la mujer. Como, por ejemplo, la reciente detención del padre del dirigente nacional de la UDI, Javier Macaya, quien será formalizado por abuso sexual infantil. Ante esto último, es fundamental problematizar el abuso sexual bajo las instituciones de una sociedad capitalista, patriarcal y adultocéntrica, donde el abuso de poder es el producto de estas opresiones.

Las escuelas católicas no están implementando la educación sexual de manera integral, su visión es completamente reproductiva y de una manera moralista, restringida al matrimonio y la heteronormatividad. Es por ello, que queremos debatir la necesidad urgente de la separación definitiva de la Iglesia del Estado, para terminar con la injerencia de la religión católica o evangélica en la educación pública.

Educación sexual para decidir

Necesitamos urgente una ESI que sea garantizada por el Estado, que se impulse un plan que abarque las diversas áreas de la vida e involucre a toda la comunidad educativa la toma de decisiones de las problemáticas reales que afectan a las, les y los niñes y adolescentes para promover el respeto a la diversidad, la autonomía física, la salud sexual y reproductiva junto con la prevención de las violencias de género.

Organicémonos en cada colegio, liceo y cesfam para que existan las herramientas necesarias de formación para futuros profesionales y especialistas, con un plan de formación en la malla curricular en las carreras de pedagogía, salud y las que intervienen con la población infanto juvenil. Así, como también exigir al Estado mejores condiciones laborales para las y los profesionales que intervienen con la juventud desde el sector de la Educación, Salud, Mejor Niñez y Sernameg. Donde en estos últimos hemos presenciado movilizaciones por precariedad laboral desde el trabajo a honorarios, bajos recursos para la intervención de programas y pésima infraestructura. ¡Por el paso a planta!

La aprobación e implementación de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos es una deuda que mantiene el gobierno de Boric con los profesores , estudiantes y la sociedad en general. Para que haya una efectiva implementación es necesario salir a pelear una vez más y que no se ceda ante las presiones instaladas por la extrema derecha. Exigir presupuesto para la real implementación de la ESI, formación de docentes, garantizar mejores condiciones laborales para quienes trabajan con las infancias y juventudes como también garantizar acceso de todes les estudiantes de todos los niveles también será parte de las peleas que tienen por delante lxs docentes, estudiantes y el movimiento de mujeres.

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Colombia: Educación y salud son los sectores que tendrán más adición en el presupuesto de 2023.

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Por: Carolina Salazar Sierra 

Con el monto adicional de $16,9 billones, el Presupuesto de 2023 quedaría en $422,5 billones para este año. Se empezará a discutir hoy

Se radicó la ponencia para el primer debate de la adición presupuestal, con un monto de $16,9 billones más para 2023, lo que dejaría un presupuesto total de $422,5 billones. Los sectores con más recursos adicionales serían educación y salud.

Su fuente de financiación es el recaudo derivado de Ley 2277 de 2022 (la reforma tributaria) y las partidas, según el documento, se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto para ejecutar en el segundo semestre del año.

“Para esto fue la reforma tributaria del presidente, Gustavo Petro, para aumentar el presupuesto a la salud, agricultura, medio ambiente y educación”, indicó Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Los recursos de la adición se distribuirán en $9,1 billones en inversión, $7,3 billones en funcionamiento y $500.000 millones en servicio de la deuda.

Con esto, entonces, y de ser aprobado en el Congreso, en 2023 la inversión sumaría $83,3 billones, 19,5% más que el presupuesto de 2022. Mientras tanto, los gastos de funcionamiento totalizarían $260,7 billones, de los que $78,4 billones irían al pago de la deuda.

El sector con un mayor monto de adición sería educación, con $2,2 billones adicionales, de los que $1,15 billones son recursos de funcionamiento; y $1,05 billones para inversión. De este último monto, $550.000 millones están orientados a financiar el plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de 16 sedes de Instituciones de Educación Superior Públicas. Así, el sector queda con $57 billones para este año.

Sigue salud, con $2,03 billones adicionales, recursos que irán al “aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de servicios; dineros que son transferidos a la Adres”. Y el top tres lo completa hacienda, con $1,8 billones más para la vigencia de 2023, cerrando en $50,5 billones.

“Esta es una semana clave para las comisiones económicas conjuntas. Desde hoy iniciará la discusión del proyecto de ley de adición presupuestal para 2023”.

También está vivienda, con $1,5 billones, para atender proyectos relacionados con los programas “Cambia mi casa”, vivienda rural y “Mi casa ya”. También se destinan recursos para asumir faltantes en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Hoy se hará la presentación del Marco Fiscal de Mediano plazo, documento en el que el Ministerio de Hacienda actualiza las cuentas del Gobierno. Sin embargo, en el proyecto de adición presupuestal se anticiparon algunas de las previsiones.

Por un lado, la cartera estima que en este año la economía crecerá 1,8%, mientras que la inflación anual bajará a 9,2% y el precio del petróleo se reducirá a un promedio anual de US$78,6 por barril.

La producción petrolera subiría levemente a 769 KBD y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos bajaría de 6,2% del PIB en 2022 a 4,0% del PIB en 2023.

Ya desde la publicación del Plan Financiero se proyectaba que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerrará en 4,3% del PIB en 2023, 1% del PIB menos que el dato de 2022, cuando era de de 5,3%.

“En el nuevo escenario, la reducción del déficit fiscal frente a 2022 obedecería al incremento de los ingresos tributarios (3,6% del PIB) y de capital (0,7%), que compensaría las mayores presiones de gasto primario (2,7%), asociadas con la puesta en marcha de programas de gasto dirigidos a contener la desaceleración económica y avanzar por una senda de desarrollo inclusivo y sostenible”, dice en el documento.

https://www.larepublica.co/economia/educacion-y-salud-son-los-sectores-que-tendran-mas-adicion-en-el-presupuesto-de-2023-3636380

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Argentina: Nueve de cada diez maestros aseguran que el uso del Chap GPT impacta en los aprendizajes

Nueve de cada diez maestros aseguran que el uso del Chap GPT impacta en los aprendizajes

Según los resultados de la encuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para el 31% incide de manera positiva, el 25% opinó que en forma negativa, y el 44% no sabe cómo impacta el uso de esta herramienta

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires realizó una encuesta a 1.860 docentes de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas porteñas, con el objetivo de conocer opiniones sobre la incidencia del Chap GPT, un sistema de chat basado en inteligencia artificial, en los procesos de enseñanza, donde nueve de cada diez consideró que «impacta en los aprendizajes».

Según los resultados de la encuesta, del cuestionario respondido por 1.119 de nivel secundario, 630 docentes de nivel primario y 111 de ambos ciclos, 9 de cada 10 docentes consideran que el uso del Chat GPT impacta en los aprendizajes. Para el 31% de manera positiva, el 25% opinó que en forma negativa, y el 44% no sabe cómo impacta el uso de esta herramienta.

Los motivos por los cuales consideran que el uso del Chap GPT impacta positivamente fueron que «promueve el desarrollo de habilidades por encima de los contenidos, incentiva la creatividad y agiliza procesos»; mientras que los impactos negativos se deben a que » no propicia el desarrollo de determinadas habilidades como el pensamiento crítico y no supone esfuerzo ni estimula la creatividad».

A su vez, el 86,8% de los docentes declaró que puede detectar cuando sus estudiantes realizan tareas con el Chat GPT y si bien el 67,4% afirmó conocer la herramienta, solo el 22,4% reconoció utilizarla en su práctica diaria dentro del aula.

En tanto, un 91,4% de los consultados consideró que esta herramienta impacta en la práctica docente, siendo en un 43% de manera positiva, un 15% de manera negativa, y un 42% no está seguro de su influencia.

Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/nueve-de-cada-diez-maestros-aseguran-que-el-uso-del-chap-gpt-impacta-en-los-aprendizajes/

 

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Tres juicios en nombre de las infancias

Por: Claudia Rafael

 

En los mismos días se están desentrañando tres juicios por historias diferentes. La justicia podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos.

Corrientes, CABA y provincia de Buenos Aires. Territorios tan disímiles entre sí en los que casi al mismo tiempo el Poder Judicial puso en marcha tres juicios en los que pibes de distintas edades y crónicas de vida muy diferentes entre sí fueron las víctimas. Una Justicia que podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos. Y que, con sus sentencias tampoco impedirá la repetición al infinito de otras historias igual de crueles y dolorosas.

La infancia ha sido una víctima dilecta de las políticas estatales. Por acción o por omisión. Por complicidad o por desidia.

En estos días se sabrá la decisión del Tribunal Oral Penal de Goya que está juzgando a Oscar Antonio Candussi, productor agropecuario acusado de homicidio culposo por el uso de pesticidas organosfosforados en su plantación de tomates. A escasos 15 metros vivía Kily Rivero, un niño de apenas cuatro años que murió el 12 de mayo de 2012 en el Hospital Garrahan. Tuvo una falla hepática fulminante provocada por el contacto con agrotóxicos. Trece años tardó la justicia en llegar a esta instancia, en la que Jorge Antonio Carbone, Darío Alejandro Ortiz y Ricardo Diego Carbajal decidirán si Candussi es o no culpable.

Como antes demoró nueve años en condenar a Ricardo Prieto por haber “desplegado una conducta indebida e imprudente en la utilización del organoclorado alfaendosulfan” en su tomatera, que provocó la muerte de Nicolás Arévalo, de 4 años, y las lesiones graves a su prima, Celeste Abigail Estévez. Este fallo fue firmado por dos de esos mismos jueces: Carbone y Ortiz, con Sebastián Romero como la tercera pata del tribunal. Tres años de prisión condicional y la obligación de realizar estudios o prácticas “profesionalizantes de capacitación en el uso de agrotóxicos”.

La misma causa que repite sus consecuencias con una sistematicidad pasmosa que no cesa a pesar de las condenas judiciales. Sean de la magnitud que sean. Porque simplemente, si hay condena, sólo sancionan lo ya ocurrido pero no impiden la repetición sostenida en el tiempo.

A casi 900 kilómetros el crimen de otros chicos y chicas, diferentes, más urbanos aunque de pueblo chico, llegó a los estrados judiciales por estos mismos días. El de Danilo Sansone, de 13 años; Gonzalo Domínguez de 14; Camila López, de 13 y Aníbal Suárez de 22, y el homicidio en grado de tentativa a Rocío Quagliarello, la única sobreviviente, que hoy tiene 17 años y tenía 13 durante lo que quedó en la historia como la masacre de Monte.

Dos docenas de imputados de diferentes rangos dentro de la policía bonaerense acusados –con distintas variantes en las calificaciones legales- por el crimen de los cuatro y las gravísimas heridas a Rocío. O por el encubrimiento, la violación de los deberes de funcionario público. E incluso, para la próxima instancia judicial quedan pendientes sentar en el banquillo a la ex intendenta, Sandra Mayol y al bombero y parte del SAME Nelson Barrios y desentrañar el espionaje policial sobre las familias. Su hijo andaba robando y tuvo un accidente, le dijo la policía a la madre de Aníbal al informarle de la muerte. Había sido tarefero en Misiones y decidió migrar a San Miguel del Monte, más cerca de la gran capital donde la suerte –había soñado- podía ser otra. Murieron en un accidente, repetían. La bonaerense armó una estructura de encubrimiento para garantizarse a sí misma la impunidad.

Por ahora, un jurado popular declaró culpables a cuatro policías. Dos, como coautores del delito de «homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”. Otros dos, por «tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego». Esta semana se conocerá el monto de las condenas. Y queda aún por delante el segundo juicio contra 19 policías bonaerenses por encubrimiento agravado, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público, y/o abuso de autoridad.

Las condenas, cuando llegan, son simplemente eso. Castigo por lo que ya ocurrió. Si quienes sueñan, cuando proclaman penas, que será un freno para que un hecho no vuelva a repetirse, deberán construirse otros sueños porque ya está probado al infinito que esos no serán.

Tres policías están siendo juzgados por el homicidio (“con alevosía, por placer, por odio racial”, dice entre tras acusaciones la calificación legal) de Lucas González, un pibe de 17 años que volvía con sus amigos de entrenar en el club Barracas Central. Otros once son juzgados por encubrimiento. Por privación ilegal de la libertad. Por torturas. Una entera estructura al servicio del horror, como en San Miguel del Monte. Las condenas serán elevadas. Seguramente no para todos pero sí para una porción importante de todos ellos.

Las familias de cada uno de esos chicos y chicas está deseando que, al menos la justicia, como responsable y delegada punitiva de la sociedad les diga que quienes les arrebataron para siempre a sus retoños serán sancionados. Que plantará bandera en medio de tanta angustia para asegurarles que sus hijos e hijas, que ellos mismos, podrán finalmente descansar.

Al mismo tiempo tres juicios se desentrañan en territorios lejanos entre sí con crónicas de profundo dolor: aquellas en las que las víctimas son niños y adolescentes.

Alguna vez el rompecabezas de la humanidad estará tan utópicamente completo que la historia será otra. Porque el mundo será otro. Aunque hoy parezca tan desoladoramente lejano. Aunque las ausencias sean demasiadas. Y las estructuras crueles del poder sigan tan estruendosamente intactas.

Fuente de la información e imagen:  Pelota de Trapo

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La basura como problema filosófico

Por: Camilo Ratti

La Escuela de Filosofía implementó, junto a la Cooperativa La Esperanza, la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores de la ciudad de Córdoba, y la Secretaría de Extensión de la FFyH, un proyecto para tratar los residuos sólidos urbanos secos que genera la institución. “Frente a la crisis ecológica, reciclaje con inclusión social”, resaltan lxs impulsorxs de una prueba piloto que podría funcionar para toda la Facultad..

En una ciudad que paga por kilo de basura enterrada, en lugar de un sistema que busque disminuirla o reciclarla antes de su disposición final, y que intenta instalar en la localidad de Santa Ana -pegado a la capital de Córdoba- el predio de enterramiento más grande de Sudamérica -una bomba atómica ambiental-, la Escuela de Filosofía de la FFyH puso en práctica un proyecto de tratamiento para gestionar los residuos sólidos urbanos fracción seca -fundamentalmente, papel y cartón-, desde una perspectiva ecológica con inclusión social, articulando con actores universitarios y extra universitarios especialistas en la materia, con quienes ya viene trabajando desde hace un tiempo.

“La iniciativa surge de una propuesta de la organización estudiantil Asamblea de Filosofía, que luego se convierte en un proyecto institucional elaborado y aprobado de manera unánime por el Consejo Asesor de la Escuela de Filosofía, conformado por estudiantes, egresadxs y docentes, ante la necesidad de comenzar a pensar sobre los residuos que se producen en nuestra Escuela, tanto institucionalmente como por los individuos que la componen, en búsqueda por garantizar un tratamiento no contaminante. En este marco, dado que la Escuela en sí misma carece de las herramientas para garantizar dicho proceso, se convocó a la Cooperativa La Esperanza, con la cual ya existía un contacto previo”, señala a Alfilo Paula Hunziker, directora de la Escuela de Filosofía, quien inscribe este proyecto en la misma línea o sintonía que tiene el de Improntas de la Dictadura en el campo filosófico de Córdoba.

“La Cooperativa tiene una trayectoria de más de doce años de formación y trabajo con residuos. Está integrada por más de 350 compañerxs carrerxs y recicladorxs, dos plantas de tratamiento en la ciudad de Córdoba, presencia en 40 barrios de Córdoba y Gran Córdoba, y experiencia en el manejo de residuos de instituciones, además del trabajo que realiza en domicilios particulares, centros vecinales y empresas”, apunta Augusto Rattini, estudiante avanzado de Filosofía, integrante de la Cooperativa y mentor del proyecto que la Asamblea asumió con entusiasmo.

La articulación suma a la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Córdoba, y a la Secretaría de Extensión de la FFyH. “Dicha articulación, a su vez, resulta útil en la medida en que permite a la Cooperativa multiplicar los volúmenes de material ingresados a sus plantas de tratamiento a través de uno de sus recolectores”, afirman.

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Para Hunziker, es fundamental “pensar en los consumos desde un punto de vista filosófico, poder preguntarnos qué es la basura y en lo inclusivo que puede ser. Creemos que hay que llevar esta discusión del ambiente a otros espacios de la Facultad, como el kiosko, el bar, el Centro de Estudiantes. Pensar entre todxs la crisis ambiental que nos atraviesa. Si esta iniciativa funciona, y estamos viendo que sí, extenderla a otros ámbitos y pabellones de nuestra facu y de otras facultades de la UNC”, destaca Hunziker.

Lo ambiental y lo inclusivo van de la mano, y es en ese sentido que Rattini sostiene que la experiencia transitada en Filo busca “reconocer el trabajo de lxs recolectorxs y recicladorxs. Reciclar desde abajo es el concepto, que lo pusimos en práctica en el cursillo de ingreso, cuando vinieron integrantes de la Cooperativa a dar charlas explicativas a lxs estudiantes. Queremos continuar, potenciar esos intercambios con talleres, más charlas, porque sostenemos que es necesario que lxs recicladorxs vengan a la universidad, conozcan la Facultad”.

Los cartógrafos del papel en Filo

Otra pata del proyecto es el aporte de lxs trabajadorxs no docentes, quienes “tienen el mapa de la territorialidad de la Facultad, son ellxs quienes conocen el circuito del papel y el cartón, y estamos viendo mucho compromiso con eso, sobre todo, en Andrea Martínez, que es quien cumple su función en el Pabellón Francia”, explica Hunziker.

Martínez cuenta que “desde que llegué a Filo, especialmente al Pabellón Residencial, me formaron para darle utilidad a los papeles, por ende, me acostumbré a guardarlos y, cuando había una cantidad razonable, hablábamos por teléfono con gente que venía a retirarlos, algunos para reciclarlos, otros para venderlos. Siempre que vemos papeles los derivamos a personas que los juntan, nunca los tiramos a la basura”.

A pesar de este antecedente institucional, Andrea se esfuerza en señalar que “el proyecto de reciclado con inclusión social cobró mucha fuerza este año a partir de la impronta que le pone la dirección de la Escuela de Filosofía, quien nos convocó a toda la comunidad, no sólo a los no docentes, a esta tarea del reciclado. Así es que lxs no docentes de Servicios Generales colaboramos en la guarda de papeles y cartones, y luego avisamos para que los retiren los de la Cooperativa”.

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Aunque para Andrea, en otros años, había más cantidad de papel para reciclar –insumo que la digitalización administrativa ha disminuido-, “la concientización ha sido fundamental en este 2023, porque lo que nosotros no usamos les es útil a otras personas y colaboramos con el medioambiente. Lxs integrantes de la Cooperativa trabajan con mucho entusiasmo en la búsqueda de papeles y, como gratitud, han entregado plantas en forma de agradecimiento a los papeles donados. Es lindo y genera un profundo bienestar sabernos parte de este eslabón de ayuda social”.

Diálogo de saberes

“Existen muchas vías a través de las cuales la Universidad y los barrios populares podrían fortalecerse mutuamente, por ejemplo, jornadas de capacitación en clasificaciones de residuos sólidos urbanos para la comunidad de la Facultad, que articulen con grupos de investigación abocados a procesos sociales y ambientales; nutrir a las bibliotecas de los pabellones a donde se dicta el Programa de la Universidad en la Cárcel a través de la compra y recuperación de libros que ingresan a las plantas de tratamiento de la cooperativa; la construcción de un modelo curricular para proveer a egresados de las carreras de la facultad orientado a la promoción de prácticas ambientales, que permita el acceso de la cooperativa al nivel medio; entre otros”. Estas son algunas de las ideas que dieron vida al proyecto que arrancó con lo más simple: separar, juntar, acumular papeles y cartones en un pabellón, y que una cooperativa los reutilice.

Configurar esta articulación entre la Escuela de Filosofía y la Cooperativa La Esperanza tiene múltiples propósitos: garantizar un sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, fracción seca; explorar otros modos de fortalecer el vínculo entre la cooperativa y la Escuela; y llevar un registro del proceso, en búsqueda por extender el sistema de gestión de residuos secos reciclables al resto de las escuelas de la FFyH. Por eso, esta “prueba piloto” configura un antecedente que entusiasma para pensar el abordaje de los residuos en el resto de la Facultad.

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Para alcanzar dicho objetivo, se prevé la configuración de un equipo de trabajo compuesto por integrantes de todos los claustros e integrantes de la cooperativa. “Hoy, no se hace en todos los pabellones, nació desde el Francia y Paula le está poniendo toda la pila al proyecto. Los de la Cooperativa cumplen en tiempo y en forma, y, cuando les avisamos, vienen a retirar los papeles. Estamos trabajando en un ambiente prolijo, siempre se están poniendo o cartones o papeles adentro del carrito verde del reciclado, es algo que nos hace sentir bien y creo que hay que seguir contagiando para que se sumen más manos solidarias, para el beneficio de las personas que reciben el papel y nosotrxs tener nuestros espacios ordenados y darle utilidad a lo que ya no nos es útil”, valora Andrea.

Como la misma trabajadora no docente cuenta, existen antecedentes de la articulación entre la Facultad y las organizaciones cartoneras y recicladoras: desde 2015, en el marco del programa Recuperadores Colectivos, para retirar residuos reciclables (celulósicos en su gran mayoría), dicha tarea se llevó a cabo en Casa Verde, la Biblioteca de Filosofía, el CIFFyH, el Decanato-Pabellón Residencial y la Biblioteca del CEPIA con la naturaleza. “Es por ello que el presente proyecto prevé el desarrollo de acciones que excedan el tratamiento específico de los residuos, sino que también permitan re-pensar y fortalecer los vínculos al interior de la sociedad civil. Como señalan algunas investigaciones de carácter etnográfico en torno a la revalorización de residuos por parte de cooperativas, ‘la cuestión del post-consumo en general y, más aún, del pos-consumo vinculado a los residuos resulta en la actualidad un campo caracterizado por la vacancia de estudios destinados a sistematizar estos procesos’”, se puede leer en el proyecto que hoy funciona en la Escuela de Filosofía.

Proyecto que se enmarca en lo que establece el artículo 41° de la Constitución Nacional, que dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”.

El principio de inclusión social está presente en la ordenanza 12.648 de la ciudad de Córdoba, que reconoce la preexistencia de los Recuperadores Urbanos en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada, como legítimos actores de tales prestaciones, razón que implica su inserción en la cadena formal de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

En este sentido es que resulta fundamental resaltar la actividad desarrollada por las cooperativas y/o asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial, como lo es la Cooperativa de Carreros y Recicladores “La Esperanza” Limitada, las cuales se constituyen como una herramienta idónea y necesaria para promover la inclusión económica y social, y para implementar la Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Provincia de Córdoba, permitiendo la recuperación de materiales reciclables y reutilizables en concordancia con los principios establecidos en la Ley de presupuestos mínimos de residuos sólidos urbanos Ley n.° 25.916 y la ordenanza 12.648.

Desafíos

Para ampliar lo que hoy se realiza en la Escuela de Filosofía, el proyecto contempla conformar un equipo de trabajo encargado de coordinar las acciones y actividades correspondientes. El mismo se encontrará compuesto por integrantes de los diferentes claustros, convocatoria a la que se inscribieron estudiantes y egresados. Y si bien ya cerró la convocatoria para este año, pueden incorporarse nuevos integrantes con un pedido previo. Además, está previsto comenzar diálogos con las demás direcciones de las Escuelas para discutir la extensión de la implementación del proyecto al resto de la Facultad, “atendiendo a las particularidades y modificando lo necesario. Pensar desde esta pequeña experiencia la posibilidad de construir un modelo de tratamiento de residuos reciclables operativo para la Facultad, así como la profundización de la articulación entre esta y el sector de reciclaje de la economía popular”.

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Dicha articulación, a su vez, resulta útil al espacio mencionado en la medida en que le permite multiplicar los volúmenes de material ingresados a sus plantas de tratamiento a través de uno de sus recolectores, el cual vería incrementado su ingreso en función de los retiros y por el reconocimiento económico a su trabajo por parte de la Facultad, “algo que por ahora no podemos garantizar, pero que está dentro de los objetivos del proyecto”, aclara Hunziker.

Proyecto con Sofía Cartonera

En el gran abanico de posibilidades que habilita la recolección y reciclado de papeles y cartones, está la de trabajar con Sofía Cartonera, la editorial de la Secretaría de Extensión de la FFyH, que elabora sus producciones con papel y cartón reciclado. “La idea sería poder hacer las tapas de los libros de la editorial con los cartones que reciclemos en la Cooperativa”, cuenta Rattini.

*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imágenes: Camilo Ratti y gentileza Augusto Rattini.

Proyecto Institucional de la Escuela de Filosofía FFyH-2023

Título: Frente a la crisis ecológica, reciclaje con inclusión social: una prueba piloto en la Escuela de Filosofía.
Coordinación de equipo de trabajo: Paula Hunziker, Laura Danón, Carlos Balzi, Emanuel Biset, Patricia Brunsteins, Cesar Marchesino, Augusto Rattini, Federico Martín Rearte Faria.
Equipo de Trabajo: a definir en convocatoria específica para estudiantes y egresades.
Asesoras: Eliana Lacombe, Pablo Barrionuevo, Ignacio Pellón, Agustín Mingorance, Guadalupe Meyer Paz, Esteban Beltrán, Agustín Darío Poncio, Agostina Luz Castro, Camila Chiavassa.
Instituciones, programas y secretarías intervinientes: Escuela de Filosofía (FFyH), Federación de carreros, cartoneros y recicladores de la ciudad de Córdoba, Cooperativa La Esperanza, Secretaría de Extensión de la FFyH.

Fuente de la información e imagen:  https://latinta.com.ar

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La hegemonía anglófona en la ciencia

Por: NOEL AGUIRRE LEDEZMA

Tenemos que trabajar intensamente en la producción y socialización de los saberes y conocimientos

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2023), “en el espacio iberoamericano convergen dos lenguas de origen común, el español y el portugués, con amplia proyección y diferenciación internacional: que juntas representan una comunidad de 850 millones de hablantes repartidos por cuatro continentes, con especial presencia en América, África y Europa. Según las estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, el español y el portugués alcanzarán cerca de 1.200 millones de hablantes a mediados del siglo XXI.” Es más, la presencia de estos idiomas en el espacio digital es bastante espectable, “siendo actualmente el español la 3ª lengua en Internet tras el inglés y el chino, y el portugués la 5ª.” No solo eso, sino que, desde una perspectiva geopolítica, la proximidad lingüística y cultural del español y portugués, además de afirmarlas como lenguas globales las posiciona en el mundo con grandes potencialidades. Sin embargo, existe una problemática que debe preocuparnos, “solo un 1% de la producción científica indexada globalmente se publica en estos dos idiomas. Es más, el 96% de los científicos portugueses, el 91% de los mexicanos, brasileros o españoles y más del 80% de los colombianos, argentinos o peruanos publican en inglés…” (Ruiz Juan José, 2021)

De acuerdo con un estudio encargado por la OEI y el Instituto Elcano a Ángel Badillo (2021) sobre el portugués y español en la ciencia, “la hegemonía del inglés como lengua vehículo de la ciencia es apabullante”. A manera de ejemplo, recurriendo a información proporcionada por el mencionado estudio, el 90% de los trabajos científicos publicados en la Web de la Ciencia (WoS, por el inglés), en los últimos 20 años, están escritos en inglés. Nótese que la plataforma WoS, previo pago, por internet brinda acceso a múltiples bases de datos que contienen información de revistas académicas, actas de congresos y otros documentos académicos. Esta tendencia desplaza las lenguas propias a favor del inglés “con las preocupantes consecuencias que ello genera para la vitalidad de las lenguas, la diversidad lingüística del campo científico y académico y el acceso al conocimiento.” Así surge el supuesto, que termina en convencimiento, que el conocimiento basado en el método científico debe ser, en el mejor de los casos, en idioma inglés.

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Este panorama nos plantea muchos interrogantes: La hegemonía del inglés en el manejo de la ciencia, ¿es otra forma de la división de roles en la producción de conocimientos científicos?, ¿mientras unos producen conocimiento científico otros deben restringirse a consumirlos? Los países cuyo idioma oficial no es el inglés, ¿no producen conocimientos científicos?, ¿deben adecuarse a las condiciones definidas por quienes asumen estos roles hegemónicos? El predominio del inglés, ¿qué efectos tiene en la valoración de los otros idiomas, la diversidad lingüística del campo científico-académico y el acceso, producción y socialización del conocimiento? Ante esa situación, ¿qué acciones debemos desarrollar para facilitar el acceso, producción y socialización del conocimiento?, ¿erigimos barreras que protejan nuestros idiomas o generamos la inclusión y pluralidad en el mundo de la ciencia?, ¿qué rol deberían tener los sistemas educativos? Más allá de los lamentos proteccionistas, ¿qué políticas lingüistas y científicas debemos generar en la región? Con relación a los pueblos indígenas, ¿qué efectos y perspectivas tienen sus idiomas respecto a la ciencia?

No tiene sentido “desgarrarse las vestiduras” ni solo protestar. Tenemos que trabajar intensamente en la producción y socialización de los saberes y conocimientos, intensificar la formación en capacidades vinculadas a la ciencia, crear y potenciar centros de investigación, fomentar con mayor énfasis la investigación aplicada, promover el diálogo interciencias entre lo social y económico, entre el saber y el conocimiento universal con el local, comunitario y popular, incrementar las inversiones para la innovación, investigación y desarrollo científico, resignificar desde nuestra cosmovisión lo que se comprende por ciencia. Y, fundamentalmente, valorar nuestros idiomas, como el español, portugués y de los pueblos indígenas en la perspectiva de garantizar la valoración de la diversidad y promover el acceso universal al conocimiento. Al final de cuentas, el conocimiento —en todas sus expresiones— es de toda la humanidad y es un derecho de todos.

(*) Noel Aguirre Ledezma es educador popular, maestro y pedagogo. Director de la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia

Fuente de la información:  https://www.la-razon.com

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Chile: Diversos actores participan en diálogo para determinar cómo debería ser la educación ambiental

Diversos actores participan en diálogo para deter

minar cómo debería ser la educación ambiental

Una educación ambiental enfocada en los conocimientos técnicos; que incentive el liderazgo y la empatía; que tenga en cuenta el entorno y que se traduzca en acciones concretas por la comunidad, son algunas de las conclusiones a las que se llegaron tras el encuentro entre adolescentes y adultos como el alcalde de Tiltil, los seremis de Medio Ambiente y Energía de la RM, académicos, personas del mundo empresarial y representantes de la CEPAL, el Banco Mundial y el INJUV.


“Necesitamos agentes de cambio en las nuevas generaciones y esto se inicia a través de la educación”, explicó Felipe Tobar (17) del Colegio Jorge Huneeus Zegers de La Pintana al salir del encuentro de Jóvenes por el Futuro realizado el 31 de mayo donde se trabajaron temáticas medioambientales.

La actividad, organizada por cinco adolescentes con el apoyo de América Solidaria y el Banco Mundial, tenía como principal objetivo identificar qué elementos debe considerar la educación ambiental en Chile. Esta temática también fue levantada dentro de los resultados de la encuesta de Fundación Tremendas, publicada el 28 de mayo, que arrojó que el 80% de las jóvenes le da máxima importancia a recibir educación ambiental en el colegio.

“Lo que más se repitió fue que la educación ambiental debería tener consecuencia dentro de los territorios de los mismos estudiantes”, describió Tomás Pizarro (19). Así ejemplificó que acompañando a los contenidos deberían ir acciones vinculantes dentro de los establecimientos educacionales, como reciclaje, buen uso del agua: “Acciones que no sean efímeras”.

En el marco de la elaboración del proyecto de ley sobre educación ambiental, Roberto González,  jefe del Departamento de Educación Ambiental (DEA) del Ministerio de Medio Ambiente, invitó a los jóvenes a compartir con la cartera qué aspectos son importantes de rescatar según la experiencia de cada uno.

Tomás Pizarro (19) aseguró que casi todos estarían de acuerdo con que vivimos en un momento crítico del planeta y que “las decisiones se deben tomar ahora”. Explicó que desde esa base “es necesario que quienes están a cargo de las decisiones hoy recojan esta urgencia que la manifestamos más nosotros, los jóvenes, que la población adulta”. “Debemos crear trabajo en conjunto para que no sea muy tarde y que en los planes medioambientales haya coherencia en el paso del tiempo”, manifestó.

El evento dio inicio con el desafío de identificar las principales problemáticas medioambientales en las comunas de los jóvenes, lo que trabajaron en grupos. Espacios abandonados con basura, que identificaban como un foco de peligro, problemas con el agua y contaminación fueron algunas de las que plantearon.

Frente a estas dificultades presentaron soluciones como informarse, empatizar y colaborar con otros para enfrentar la crisis climática, recuperar los espacios abandonados y generar normativas medioambientales más rigurosas para las empresas.

“La crisis climática es un problema que tiene que ver con vidas, con calidad de vida, y debemos tomar conciencia, tomar decisiones, presionar por nuevas prácticas y conductas en la lógica en que entendemos la naturaleza y la producción”, describió el jefe del Departamento de Educación Ambiental (DEA), uno de las tres expertos que vinieron a compartir datos con los jóvenes en la primera etapa del encuentro.

Trabajo entre distintas generaciones: imaginemos una educación ambiental

“Es importante que converjan ambas experiencias, de jóvenes y adultos, porque si solo nos separamos entre adultos y adolescentes se van a hacer cosas que los jóvenes en el futuro van a querer cambiar. Si trazamos la misma línea se pueden sembrar los cimientos ahora y después construir sobre ellos”, es como explicó José Tomás Lira (17) del Colegio Verbo Divino la decisión de sumar a “tomadores de decisiones” a la conversación.

Se trabajó entre jóvenes y adultos la pregunta qué herramientas se deberían entregar desde la educación ambiental para que un joven pueda ser un agente de cambio.

Algunas de las conclusiones fueron que la educación ambiental debe enfocarse en los conocimientos; que se debe incentivar el liderazgo a través del trabajo en equipo, la perseverancia, la empatía y el desarrollo de habilidades de comunicación; que se debe conocer el entorno y pensar en soluciones locales, en la misma dirección se consideró que además de la entrega de información exista práctica, que pueda traducirse en un impacto en la población que vive alrededor o con los estudiantes.

“Cuando hablamos de cambio climático el futuro es desolador, si no hacemos nada esto se acaba como planeta. Sin embargo, veo a los jóvenes con esperanza y con ganas de hacer cosas”, aseguró Iván Morán, seremi de Energía de la Región Metropolitana.

“Lo primero es aprender y lo segundo tomar acción. Individual por un lado, pero por otro también le exijo a los demás: que la clase política se ponga las pilas, que los empresarios se den cuenta que pueden producir, pero también bajar las emisiones”, agregó.

Pablo Zamora, director de Fundación Chile y uno de los fundadores de NotCo aseguró tras la experiencia que “hay estudiantes con una formación inherente de liderazgo, que pueden ser agentes de cambio profundo”.

Pablo Marquet, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC y vicepresidente de la corporación del Instituto de Ecología y Biodiversidad, destacó el optimismo del encuentro. Sin embargo, advirtió que la “pedagogía estandarizante que apunta a un estudiante promedio que no existe y existe poca capacidad para acoger y fomentar individualidades y diferencias que puedan contribuir a lo colectivo”.

Participación: “Entender que no estamos solos en este mundo”

Javiera Riquelme (16) del Colegio Jorge Huneeus Zegers en La Pintana aseguró que la crisis medioambiental afecta a todos y que los más jóvenes deberían tener acceso a más instancias de participación. Dijo valorar la oportunidad de “compartir nuestra opinión con respeto y crear lazos entre nosotros”.

Roma Vera (17) del Colegio Raimapu en La Florida describió que el espacio le hizo “sentir aliviada” por saber que hay otros jóvenes a los que les interesa hablar sobre medioambiente. “Entender que no estamos solos en este mundo”, puntualizó.

En ese sentido, Pablo Zamora aseguró que es importante que “aprendamos a dialogar y creo que estos espacios son necesarios para aquello”.

Para Luis Valenzuela, alcalde de Tiltil, es importante que los jóvenes se identifiquen como agentes de cambio. Explicó que reunir a generaciones distintas “permite transmisión de conocimientos técnicos, pero también de experiencias de vida. Permite que los jóvenes vayan pavimentando un camino sólido en una temática tan importante como el cambio climático”.

El edil aseguró que el cambio climático está teniendo consecuencias importantes en el país y, en particular, en Tiltil se traduce en una sequía que ha durado más de catorce años.

La próxima actividad de Jóvenes por el Futuro para seguir profundizando en educación ambiental será el próximo 7 de junio en Concepción y reunirá a jóvenes de la Región del Biobío y a autoridades regionales, académicos y empresarios.

Tras esta actividad un equipo de América Solidaria va a estudiar y organizar los resultados de ambos encuentros para elaborar un insumo de recomendaciones para una nueva política de educación ambiental.

Fuente de la Información: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-sustentable/2023/06/04/diversos-actores-participan-en-dialogo-para-determinar-como-deberia-ser-la-educacion-ambiental/

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