América del Sur

Por: Francisco Scarfó.

Hace dos años escribíamos en este blog sobre “La privatización de las prisiones y el impacto sobre la educación en las cárceles”, en vistas al desembarco de las políticas neoliberales en América Latina en los últimos años.

Aquella vez indicábamos que estas políticas se manifestaban en “…el cambio del rol de un Estado benefactor, promotor de derechos y garante de la igualdad y del desarrollo, a un Estado que se va desentendiendo de sus responsabilidades vitales depositándola en manos discrecionales de empresas privadas….”. Sumado a esto, entre las acciones y discursos de endurecimiento del sistema penal, la gestión privada de las cárceles aparece como una solución a los gastos que demanda “la seguridad” y propicia que otros derechos, como el de la educación, se sometan a este imperativo. Pareciera que la discrecionalidad y el manejo racional de los recursos primaran sobre las necesidades humanas y vitales de las personas encarceladas (o no).

Así pues, pensar una cárcel privada con una educación privada, no solo hace desdibujar el rol y la presencia del Estado como garante de los derechos humanos, sino también que la educación, en tanto derecho que asegura la igualdad y la dignidad de las personas, se convierte en mera cuestión utilitaria en vistas de ser una herramienta o tecnología (del control y disciplinamiento) que se utiliza para bajar el delito o bajar la reincidencia, obviamente, a un bajo costo para el Estado (ya discutido ser imposible un logro mágico de la educación en la cárcel).

La educación, en tanto derecho, plantea la concepción de un sujeto de derechos y, al convertirse en una acción privada/empresarial, reduce su impacto transformador, ya que la misma se somete a resultados factibles y mensurables que impone la lógica neoliberal. Imaginemos cuan perjudicada sería una persona privada de libertad, sin este reconocimiento como sujeto de derechos, siendo meramente un “cliente” a quien se le da “un servicio” (…obviamente sin libro de quejas!!!).

Entonces, si hay cárceles privadas, si hay educación privada dentro de éstas, es más que seguro que su calidad en tanto realización de un derecho, se esté pensando en una acción institucional-empresarial privada, opacando la cuestión pública (en términos de rendición de cuentas, transparencia) y las obligaciones tanto de la “institución” cárcel, como de la “institución” escuela. Este hecho privatista solo favorece a ensombrecer lo que tiene que ser más que nunca claro y visible[1].

Las acciones seudoprivatistas de la educación, que aparecen en el último tiempo, siempre se disfrazan de efectivas, de impacto en el corto plazo, hasta casi de magnitud mágica y salvadora. Pero bien sabemos que la reducción o reemplazo de escuelas públicas por programas tutoriales y modulares (sin presencia de maestros/as y profesores/as no penitenciarios/as en las cárceles), es evidencia de que sopesan más los costos que las necesidades educativas de la población carcelaria, que requiere la urgencia del derecho a la educación en términos de la calidad de su realización[2].

Como un dato revelador de estos últimos tiempos en nuestra Latinoamérica, vemos procesos que llevan adelante los gobiernos no de negación del derecho a la educación, sino más bien de desfinanciamiento del derecho. Esto se efectúa a través de reducción y/o no ejecución de partidas presupuestarias ya sea para infraestructura, capacitación docente, el desarrollo de planes y programas especiales (como el de la educación en contextos de encierro punitivo), salarios docentes, meriendas o refrigerios para estudiantes, becas estudiantiles, entre otros. Es decir, “no te niego lo que te corresponde, pero te doy poco y nada”, obviamente desvaneciendo todo intento de calidad y de impacto positivo del derecho.

Aun más, como algo nuevo en este último lustro, se cierran escuelas públicas y/o cursos fuera del contexto carcelario (caso de Argentina: cuestión increíble de cualquier gestión estatal…cerrar escuelas en el siglo XXI!!!!), pero se mantienen y sostienen las escuelas en las cárceles. Esto ocurre, desde nuestra mirada, por dos razones. Una porque se privilegian las acciones estatales que sostengan la política de “seguridad”, es decir, tengo más cárceles, más detenidos/as en ellas (por las políticas represivas y autoritarias asumidas por el Estado) y debo abastecerlos/as de educación “para que hagan algo bueno”. Segundo, porque es “políticamente correcto” que las personas presas estudien en vistas a justificar gastos estatales de cara a la ciudadanía que paga los impuestos (y así no ser una gestión tan autoritaria).

Volviendo al tema central del debate: dejar tramitada la gestión de la cárcel y la educación en la lógica de mercado y de empresa, no solo es evidencia de un Estado corriéndose de su responsabilidad de cuidar, proteger, garantizar, ejecutar, respetar y promover los derechos humanos de todas las personas (incluyendo las personas encarceladas), sino también potencia un efecto bumerán en la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos. Pues, no garantizar una escuela pública en una cárcel pública desvanece las posibilidades de las personas que están allí adentro de ser otras, de pensar otro futuro, de imaginarse diferentes. Por ende, estas personas vuelven a una sociedad libre con pocas herramientas y con un sentimiento trastocado de la integración social.

La seguridad neoliberal es la inseguridad democrática. La seguridad neoliberal es la reducción de derechos a costa de las ganancias de unos pocos. La seguridad neoliberal genera la inseguridad de no poder construir proyectos de vida sobre la base de la inclusión social y la solidaridad humana.

Pensar que transitar por procesos formativos, sociales y culturales es parte de una lógica del capital empresarial, de las ganancias, a costa de la vida de las personas encarceladas (o no), deja en evidencia una vez más que el neoliberalismo destruye la cultura y la humanidad.

Sostenemos, como en aquel artículo y una vez más, que “…Una cárcel pública y una escuela pública en la cárcel robustecen la democracia ya que no sería un lugar oscurecido por las ganancias de unos pocos, sino que estaría caracterizado por la abundancia de la humanidad, del respeto a lo humano, del respeto a la paz, de la concreción de la igualdad y de la inclusión social…”.

[1] Decíamos en el articulo mencionado “….El colectivo de personas detenidas suele estar en situación de alta vulnerabilidad social, cultural y emocional porque ‘están presos/as’ y también porque ‘no son visibles’ a la sociedad, aunque si lo son ante motines y otros hechos violentos que ganan destaque en las noticias, lastimosamente…”

[2]  Se recuerda que la calidad del derecho a la educación, en tanto realización y desarrollo del mismo, consiste en identificar los obstáculos que hay en su accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y adaptabilidad, que hagan al disfrute de la educación sistemático, amplio y de calidad. Ver más en: “Estándares e indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles”. Scarfó, Francisco. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-Instituto de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata, Argentina: http://www.gesec.com.ar/publicaciones/.

Fuente del artículo: https://orei.redclade.org/post_blogueros/una-educacion-privatizada-una-educacion-encarcelada