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Docentes debajo de la pobreza. Preparar el No Inicio nacional, con continuidad

América del Sur/ Argentina/ 26.02.2019/ Fuente: mst.org.ar.

Los últimos informes son lapidarios. El salario docente cayó fuerte en 2017 y en 2018. Vamos por la mayor unidad y un plan de lucha para derrotarlos.

Lo venimos alertando. Pero en vez de recomponer esa pérdida salarial, Macri y su ministro Finocchiaro, trabajan contra reloj para que no haya conflicto y se inicien las clases el 6 de marzo. Para eso cuenta con gobernantes como Vidal o Larreta. Y gobernadoras K como Alicia en Santa Cruz o Bertone en Tierra del Fuego o Schiaretti en Córdoba que ajustan igual o peor.

La totalidad de gobernadores aplicó una fuerte baja salarial el año pasado que les permitió cerrar el año con superávit. Un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) calcula una caída promedio del 11%. Y afirma que “en relación al promedio de poder adquisitivo de 2017, los salarios docentes tuvieron una caída de 21% en promedio”. Para el CEPA, en promedio, la caída del poder adquisitivo del conjunto en las provincias alcanza a $ 28.263 menos anuales.

El estudio dice además que el 80% de la docencia cayó bajo la línea de pobreza. El porcentaje parece elevado, pero lo cierto es que la mayor parte de docentes serían hoy pobres con salario. Para tener un parámetro, en provincia de Bs. As. con casi el 40% de la docencia, el inicial de una maestra está por debajo de la pobreza: con 16.500 pesos el inicial, $20.501 con 10 años de antigüedad y $22.000 quien tiene la máxima antigüedad. Mientras la línea de pobreza está en 25.700 pesos.

Otro estudio que difunde La Nación, indica que el salario docente argentino es de los más bajos del mundo. El promedio de salario anual en países de la Organización para la Cooperación y el Dessarrollo Económicos (OCDE) para docentes con 10 años de antigüedad es de 39.854 dólares, mientras en Argentina es de 19.629 dólares1. Es decir, menos de la mitad que en el mundo. Argentina está en el anteúltimo puesto sobre 37 países de la OCDE. La batalla salarial será clave para frenar o que se consolide la caída del salario real del 2018. Así quieren cumplir con reducir el déficit fiscal.

Además, la docencia bonaerense está en el puesto 14 de 24 provincias. Esa miseria salarial es responsabilidad del PJ, Scioli y Cristina, más la UCR y Cambiemos, pero también de la dirigencia Celeste y el Frente Docente que dejó correr ese ajuste que nos convierte en pobres con salario y empobrece la educación estatal. La otra cara está en la miseria presupuestaria, los recortes y sub-ejecución de partidas, mientras sigue el aumento en los subsidios a la enseñanza privada. Es hora de pararles la mano. Sin esperar a octubre…

Proponemos las siguientes mociones de lucha

6M: Exigir a la Celeste en cada gremio, en CTERA y la CTA que preparen un No Inicio de clases nacional, con paro de 72 hs o 96 hs y una Marcha Blanca Nacional. Tomar el ejemplo de la docencia universitaria en las CONADU que llama a paro nacional de 72 hs el 6, 7 y 8 de marzo.

  • 7M: Realizar asambleas para votar la inmediata continuidad del paro, de forma sostenida, en Plenarios de Delegades y Congresos con mandato. No van los paritos de 24 o 48 hs que dilapidan la voluntad de lucha de las bases.
  • 8M: Que CTERA, la CGT y las CTA llamen a paro general. Con movilización y plan de lucha nacional.
  • La Multicolor debe impulsar estas medidas para nacionalizar el conflicto desde SUTEBA junto a Santa Cruz, Capital, Mendoza y seccionales de Santa Fe, Neuquén o Río Negro, además de gremios combativos de la Federación Nacional Docente como Chaco, Tierra del Fuego y Misiones. Además de los estatales.
  • Solidaridad con las huelgas docentes en Denver, Chicago, Virginia y Oakland en EE.UU., en Túnez, el contundente paro docente el 14F en Colombia o la docencia de Ecuador que se sumó al paro nacional del 13F.

Presupuesto, salario docente y Congreso Pedagógico

  • Partida extraordinaria y aumento ya del Presupuesto Educativo Nacional al 10% del PBI.
  • Salario inicial de la maestra no inferior a 40 mil pesos, en una nueva matriz salarial que pase todas las sumas en negro o gris al básico para mejorar la escala y la jubilación docente. Que el gobierno de Macri aumente a 6.050 pesos el Incentivo, congelado en míseros 1.210 pesos desde julio de 2016. Y su pase al básico junto al “material didáctico”, con fondos de Nación. Recomponer el Fondo de Compensación salarial que Macri recorta y debe aportar a varias provincias que no llegan al mínimo.
  • Establecer por ley que Macri, Vidal y gobernadores del PJ, ministros o diputados ganen como una docente, que cobren como una directora con 10 años de antigüedad.
    Que sea ley la obligatoriedad de los políticos a educar a sus hijos en la escuela estatal y atenderse en el hospital público.
  • Convocar a un Congreso Pedagógico donde docentes, estudiantes, familias y la comunidad educativa definamos los cambios que exige la educación estatal. No los gobiernos, empresas, iglesias y organismos como el G20, OCDE, Banco Mundial y FMI. En Buenos Aires, donde Vidal quiere enfrentar a la comunidad con la docencia, exigimos un Congreso Pedagógico provincial, como prevé la Ley 13.688 de Educación al fijar como competencia de la Dirección de Educación el “programar congresos y seminarios pedagógicos” (Art. 69, inc. 22 y 24. Además del Art. 103 inc. 4).
  • Para hacerlo realidad, hay plata: No pagar la deuda externa a bonistas y el FMI, la deuda es con la educación. Eliminar los subsidios a la Iglesia y educación privada para destinarlo a salario y la escuela estatal. Eliminar el impuesto al salario y poner un impuesto a las corporaciones, pooles de siembra, banqueros y megaminería (hay ejemplos de esto en los impuestos de los Art. 182, 183 y 187 en la Ley bonaerense). Además de la rebaja de dietas y sueldazos de todos los funcionarios políticos.

Así podremos alcanzar una urgente solución en paritarias, satisfactoria a la escuela estatal y sus trabajadores.

Francisco Torres, Coordinador Alternativa Docente

Denunciamos a Vidal por hacer campaña con plata del Estado

El día 20, en la Cámara de Diputados bonaerense, con Vilma Ripoll, Cele Fierro, precandidata a presidenta del MST y directivos docentes, presentamos una denuncia y pedido de interpelación contra Vidal y su Director de Educación, por hacer campaña con plata del Estado.
Al convocar las Mesas Educativas Distritales, violan veinte artículos de la Constitución y la ley de Educación. Pese a ser convocadas desde el gobierno, responden a su organización partidaria, con fines proselitistas y en contra de la docencia, sus derechos y organización.
Montan una estructura paralela que utiliza el Estado al servicio de su partido, violando también la ley electoral. Se trata de organismos alternativos a la Dirección de Educación, los Consejos Escolares y las UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital). Un Estado paralelo inconstitucional.
Vidal miente porque esas Mesas son de Cambiemos y sus objetivos se superponen con las funciones de su gobierno. Un organismo paralelo no puede garantizar las clases. En Ensenada, la gobernadora mostró el uso político de estas Mesas y la simbiosis entre partido y Estado. Hablan de “transparencia”, pero al organizarlas con recursos, logos y estructura oficial, se debe investigar con qué plata se paga.
Hay una gravísima apropiación y usufructo del Estado con fines proselitistas. Vidal incurre así en delitos en el desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. Por eso fuimos a denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación.

1. La Nación (04/02/2019). OCDE y Centro de Estudios de la Educación de la Argentina de la Universidad de Belgrano. Los salarios docentes en el mundo y en Argentina

Fuente de la noticia: https://mst.org.ar/2019/02/20/docentes-de-pobreza-preparar-no-inicio-nacional-continuidad/

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La Educación Cooperativa escolar y estudiantil en el 2º Plan Quinquenal Peronista (Vídeo)

Por: TECNICOOP.

Cuarto Congreso Latinoamericano de Historia Económica – CLADHE IV
ll Encuentro Colombiano de Historia
Simposio: Continuidades y rupturas en la Economía Social y Solidaria de América Latina. Debates, revisiones y nuevos problemas
Autores:
Ana María Ramírez Zarza
José Yorg
«Vamos a andar», de Silvio Rodríguez

Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=9Ad7NcSqeLI

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Entrevista a Mónica Bruckmann:“Con el plan de Bolsonaro, Brasil se reprimariza”

Por: Natalia Aruguete.

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La promesa incumplida de los 180 días de clases

Por: Andrés Delich.

Distintos factores socavan el derecho de los alumnos a tener los 180 días de clases.

Hace quince años, la ley 25.864 estableció un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días de clase, en la consideración de que era una condición básica que debía garantizarse a cada niño en la Argentina. En su segundo artículo estableció taxativamente que si esto no sucedía, las autoridades debían arbitrar las medidas para hacer cumplir este calendario mínimo. Ninguno de estos dos artículos se cumple hoy en nuestro país –y viene sin cumplirse hace muchos años–.

El tiempo de clase es una variable importante para el adecuado funcionamiento del sistema educativo. Una breve comparación internacional permite saber dónde estamos.

El promedio de horas de clase obligatorias para los países de la OCDE –donde pretendemos ingresar– en la escuela primaria es de 799 horas por año. En nuestro país, en la mayor parte de las escuelas públicas las jornadas son de 4 horas, esto es, 720 horas de clase por año. Aun cumpliendo rigurosamente el calendario, nuestros chicos ya partirían con 79 horas anuales menos, casi 20 días menos de clase.

Cantidad de horas no equivale necesariamente a calidad de la educación. Entre los propios países de la OCDE hay una gran dispersión en cuanto a las horas de clase obligatorias: Finlandia solo tiene 651 y en el otro extremo Chile tiene 1.039. Los resultados en las evaluaciones de calidad se explican por diversas razones y la cantidad de horas no es determinante: Finlandia tiene mejores resultados que Chile, con menos horas de clase obligatorias. En todo caso lo que sí parece claro, a juzgar por los resultados de nuestro país, es que tenemos menos días de clase y peores resultados. Chile ya nos superó y para Finlandia falta mucho.

Los paros docentes suelen ser vistos como la causa más importante, tal vez porque son la más visible. Pero hay otros factores que silenciosamente socavan el derecho de los alumnos a tener 180 días de clase. El más importante es el ausentismo, de los alumnos y de los docentes.

Ya sea por el ausentismo de los alumnos, por el de los docentes, por el cierre de las escuelas por razones edilicias o por los paros, lo cierto es que ningún niño accede al derecho que tiene de 180 días de clase.

Arrancamos con 20 días menos de clases obligatorias que el promedio de la OCDE. A eso le descontamos los paros, el ausentismo y los problemas de infraestructura para encontrarnos con calendarios escolares que se van encogiendo de la mano de estos problemas.

Tenemos alguna información y muchas anécdotas: la opacidad en la información sobre el funcionamiento del sistema educativo nos permite disimular la profundidad y el alcance de sus problemas.

En muchos países la discusión educativa gira alrededor de cómo incorporar las competencias necesarias para el siglo XXI, en otros todavía se discute sobre cómo garantizar las habilidades mínimas de la alfabetización. Es difícil encontrar casos como el nuestro donde está recurrentemente en cuestión el cumplimiento del calendario escolar.

La primera responsabilidad es del Estado, pero quienes defendemos la escuela pública –docentes, padres, sindicalistas, especialistas o ciudadanos interesados en la educación– también tenemos obligaciones. En la provincia de Buenos Aires se han puesto en marcha mesas distritales que involucran a los actores relacionados con el sistema educativo.

Es una buena noticia que los actores educativos y la sociedad general sean convocados a principio de año para renovar el compromiso que todos tenemos que tener con la educación. Un aspecto que se destaca en las discusiones es el del cumplimiento del calendario escolar.

Estas mesas no deberían ser vistas como una forma de confrontar con los sindicatos en un conflicto sindical que todos sabemos que irremediablemente se va a hacer presente como todos los años en nuestro país. Tienen que ser un mecanismo para afianzar el compromiso con la educación de nuestros hijos.

La discusión de cómo garantizar al menos 180 días debe contener por supuesto el tema salarial que traen los gremios, pero también debe tomar en cuenta la voz de los padres y de otros actores que exigen que la agenda de la discusión incorpore otros temas como los días efectivos de clase y el mejoramiento en los aprendizajes.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/promesa-incumplida-180-dias-clases_0_lvxxFfBmK.html

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Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento

Por: Redclade.org.

Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, febrero es el mes en que se inician las clases, época en que millones de niñas, niños y personas jóvenes y adultas dedican parte de su día al aprendizaje. Muchas niñas y niños en la primera infancia no solamente inician las clases, sino que también empiezan su trayectoria escolar: es un momento en que están conociendo sus docentes, colegas y toda una nueva manera de socialización, diálogo y construcción conjunta de conocimientos y vivencias en las escuelas y centros educativos que ofrecen la educación en la primera infancia.

Pero, ¿hasta qué punto se garantiza en la región el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y niños pequeñas/os con calidad?

Esta pregunta es clave en el actual momento, pues en septiembre de 2019 llegaremos a 4 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en noviembre la Convención de los Derechos del Niño de la ONU cumple 30 años de existencia. Estos acuerdos internacionales establecen que el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia deben ser garantizados por los Estados, como un derecho humano y un elemento clave para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible, con justicia e igualdad.

¿Qué es la primera infancia y qué población se encuentra en esta etapa en América Latina y el Caribe?

Los primeros años de vida constituyen un período fundamental en la existencia humana, ya que allí se forman las bases de nuestra estructura física, psíquica, cognitiva y social como personas. El concepto de primera infancia que se toma en cuenta en leyes, políticas y prácticas educativas, así como los años de edad que son abarcados en esta etapa educativa, ha presentado variaciones según los países y organismos públicos a cargo de garantizar este derecho.

Sin embargo, la Observación General nº 7 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU define por primera infancia la etapa que se inicia en el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité establece como primera infancia el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2018, existen 93,1 millones de niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años de edad en América Latina y el Caribe, o 15,3% de la población total de la región.

Con miras a presionar por la garantía de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano y con calidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre del año pasado, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe.

“Partimos de la premisa de que el primer paso para alcanzar la realización del derecho a la educación para todos los niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años es su pleno reconocimiento en las legislaciones y su concreción a través de políticas públicas, institucionalizadas y con recursos suficientes para garantizar todas las especificidades de esta etapa, así como la existencia de mecanismos legales y judiciales que permitan la protección de los intereses, derechos y la reparación en casos de vulneración”, dice la publicación.

En ese sentido, el estudio busca profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano.

“Queremos entender, asimismo, cómo los principios y propósitos de la educación plasmados en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) y sus Observaciones Generales, están presentes en dichas legislaciones y políticas públicas educativas. Esperamos, con esta mayor comprensión, poder contribuir a consolidar el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho y de la educación en la primera infancia como un derecho humano fundamental”, afirman las organizaciones que impulsaron el estudio.

Calidad de la Educación en la Primera Infancia

Para las organizaciones que realizaron la publicación, el derecho a la educación y al cuidado no solo implica acceder a instituciones y programas, sino que requiere que estos tengan calidad y respeten las especificidades de la primera infancia, desarrollándose desde un enfoque coordinado, integral y multisectorial de esta etapa de vida, según plantea la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU.

“Una educación de buena calidad será aquella que permita la construcción de conciencias, conocimientos y acciones que protejan y desarrollen la dignidad de la vida y los derechos humanos de todas las personas. Lo contrario: una educación que no realice los derechos humanos es una educación de baja calidad”, describen los artículos 28 y 29 de la CDN.

Asimismo, la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, establece a los Estados miembros de Naciones Unidas la obligación de: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.

En 2019, la CDN completa 30 años y se suman 4 años desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el estudio de CLADE, OMEP y EDUCO revela que aún persisten amplias desigualdades en el acceso a la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) de calidad entre distintos sectores sociales y países, siendo que las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias.

“Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la AEPI, como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, dice la publicación.

La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la CDN.

“Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. En ese sentido, se considera que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, afirman CLADE, OMEP y EDUCO.

¿Cómo garantizar educación y cuidado de calidad para niños y niñas pequeños/as?

Según la publicación, es necesario que los Estados definan criterios y fundamentos, desde una perspectiva integral y de derechos, en diversos ámbitos:

  • Gobernabilidad e institucionalidad: es decir, coordinación, articulación, definición de estrategias y orientaciones de contenidos de las políticas;
  • Regulación y orientación del funcionamiento de instituciones públicas y privadas;
  • Financiamiento suficiente y pertinente;
  • Enfoque y programa educativo;
  • Participación de educadoras y educadores, familias, comunidades, niños y niñas;
  • Condiciones adecuadas de los establecimientos y su equipamiento;
  • Formatos institucionales y programáticos flexibles;
  • Políticas complementarias más allá de la educación (alimentación, salud, etc.).

 

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/primera-infancia-todas-las-ninas-y-ninos-tienen-derecho-a-la-educacion-y-al-cuidado-desde-su-nacimiento/

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Libro: Construyendo las Epistemologías del Sur. Volumen I

Por: CLACSO.

 

Boaventura de Sousa Santos. Maria Paula Meneses. João Arriscado Nunes. Carlos Lema Añón. Antoni Aguiló Bonet. Nilma Lino Gomes. [Editores]

……………………………..
Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño.
ISBN 978-987-722-363-7
CLACSO. Fundación Rosa Luxemburgo.
Buenos Aires.
Diciembre de 2018

 

Los trabajos de Boaventura reunidos por primera vez en esta compilación hilvanan un conjunto de temas y preocupaciones que se inscriben en la mejor de las tradiciones del pensamiento social y crítico: la emergencia y las luchas de los movimientos sociales; las miradas alternativas que producen los procesos de globalización contrahegemónica; la construcción de un nuevo tipo de pluralismo jurídico que contribuya con la democratización de nuestras sociedades; la reforma creativa, democrática y emancipadora del Estado y la defensa irreductible de los derechos humanos; la creación de universidades populares que promuevan diálogos interculturales, entendidos como una forma de combate contra la uniformidad y a favor de una ecología de saberes emancipatorios y libertarios. Sus argumentos se aglutinan en torno a una prerrogativa fundamental: la mejor vía para construir estrategias de resistencia locales y globales requiere poner en práctica un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan expresarse en un mismo pie de igualdad, a través del interconocimiento, la mediación y la celebración de alianzas colectivas.
Del Prólogo de Pablo Gentili

Link para descarga del libro: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181203040213/Antologia_Boaventura_Vol1.pdf

Fuente de la reseña: https://www.clacso.org.ar/antologias/detalle.php?id_libro=1489

 

 

 

 

 

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¿Debemos limitar la libertad de cátedra?

Por: Julián de Zubiría Samper.

El representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, presentó un proyecto de ley para limitar la libertad de cátedra. El pedagogo Julián De Zubiría analiza por qué esta vieja pretensión de los gobiernos autoritarios es perjudicial para la democracia y la educación.

El representante a la cámara, Edward Rodríguez, presentó un proyecto de ley para limitar la libertad de cátedra y sancionar a quienes la incumplan. ¿Nos ayudará este proyecto a mejorar la calidad de la educación? Para responder esta pregunta es necesario comprender el alcance de la libertad de cátedra y el sentido esencial de la educación.

La libertad de cátedra y de opinión ha sido un principio esencial en las democracias y es una de las maneras de materializar el derecho a la libertad de expresión y una de las principales garantías para el desarrollo científico en una nación. La libertad de cátedra se creó para impedir que los gobernantes de turno intervengan en lo que los profesores investigan y enseñan. Se trata de garantizar las libertades esenciales de los docentes a pensar y expresar sus ideas e investigaciones. En general, sin ella, no se desarrollaría la ciencia.

Todas las dictaduras han prohibido las libertades de pensamiento, publicación y expresión. La razón es sencilla: le temen a la autonomía y al pensamiento libre. Quieren borregos y no individuos con criterio y autonomía intelectual. De allí que la propuesta del representante Rodríguez ha sido muy común en las dictaduras de extrema derecha y extrema izquierda, pero no en las democracias.

En la década del cincuenta, en plena guerra fría, en los Estados Unidos el senador Mc Carthy hizo tan famoso el procedimiento de perseguir personas a quienes acusaba de profesar ideas “comunistas”, que el término “macartismo” ha pasado a la historia para identificar a todos aquellos que quisieran que exista un único modo para interpretar la realidad política y estigmatizan a quienes piensan diferente. En este sentido es de resaltar que el actual régimen de Bolsonaro, en Brasil, está presentando proyectos de ley muy similares y que el de Chávez, en Venezuela o el de Pinochet en Chile, recurrió a procedimientos análogos, unos años antes. La explicación es clara: son regímenes que están interesados en que aparezcan ideas e interpretaciones únicas. Lo común de estos gobiernos es la censura a los medios y a los periodistas; la estigmatización, la persecución y la desaparición de opositores, artistas, intelectuales, líderes sociales y maestros. La propuesta de Rodríguez estigmatiza muy injustamente a todos los profesores de Colombia. En eso, sigue la línea trazada por su partido en las dos últimas décadas.

Según el representante Rodríguez, el proyecto de ley “busca evitar que los profesores politicen a los adolescentes en los colegios”. Lo que sabemos los educadores por múltiples investigaciones y seguimientos realizados, utilizando pruebas nacionales e internacionales, nos lleva a una conclusión opuesta: es debido a que los jóvenes tienen baja educación política, que son presa fácil de la manipulación política por parte de los sectores extremistas. Lo que necesitamos es lo contrario a lo que cree el representante: hay que fortalecer la educación política para consolidar la autonomía, la libertad y la democracia.

El proyecto de ley establece la prohibición de usar “asignaturas no relacionadas con las ciencias sociales para incitar discusiones políticas”. Esta es una de las ideas que revela la poca comprensión de los procesos pedagógicos que tiene el representante del Centro Democrático. También aquí hay que hacer exactamente lo contrario a lo dicho por el honorable representante. En educación física, por ejemplo, es esencial generar debates en torno al uso de las anfetaminas para mejorar el rendimiento de los deportistas o alusivos al abuso que gobiernos autoritarios han hecho de sus deportistas con claros intereses políticos. Sin duda, éstos son componentes políticos que deben ser abordados en educación física.

En ciencias naturales, hay que formular cientos de polilemas éticos sobre el potencial uso de la ciencia para llevar a cabo hipotéticas modificaciones en seres humanos y analizar los que nos plantea la tecnología para destruir la vida humana. Así mismo, hay que asumir –con profundo respeto por la individualidad, el pluralismo y las competencias éticas– los complejos polilemas que nos depara el mundo actual en torno a la eutanasia, el aborto o la clonación, entre otros. Todos ellos, debates altamente sensibles a nivel político y ético.

¿Qué sería de las artes sin aceptar el papel irrepetible e innovador de los artistas? De ser aprobada la “genial” idea del representante Rodríguez, quedaría prohibido analizar, por ejemplo, la canción “Me fui”, de la venezolana Reymar Perdomo, o la icónica obra de arte “Another Brick in the Wall”, escrita por el grupo de rock inglés Pink Floyd. También quedaría prohibido interpretar en clase de historia del arte el Guernica de Picasso o leer en literatura 1.984, el clásico escrito de George Orwell, obra en la que precisamente el autor prevé la desgracia que sería para la humanidad que llegue el día que los deseos de un dictador lo lleven a manipular la información, a convertir a los ciudadanos en vigilantes del Estado y a establecer sistemas sofisticados de represión política y social para garantizar la permanencia de un gobierno eterno. Ese día, dice Orwell, las libertades individuales serían sustituidas por la censura oficial y por el pensamiento único. Un atentado contra las ideas que hemos defendido desde la ilustración y que suelen llevar a cabo los gobiernos populistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Es más, es muy interesante percibir cómo terminan pareciéndose los gobernantes de los dos extremos políticos. En lo que hoy nos atañe en estas notas, la explicación es sencilla: ambos les tienen pánico a la autonomía y las libertades.

Lo que necesitamos en Colombia es exactamente lo contrario a lo que propone el representante Rodríguez. Hay que fortalecer la educación política y desarrollar la lectura crítica de todos los niños y jóvenes. Hay que ponerlos a debatir sobre la realidad nacional y sobre la historia del arte. Hay que enfrentarlos a los dilemas éticos de nuestro tiempo, por complejos que sean. Hay que robustecer los debates políticos en las instituciones educativas; hay que hacer elecciones con participación de los estudiantes, garantizando diversidad de lecturas, argumentos, posiciones e interpretaciones. Hay que hacer mesas redondas para analizar e interpretar. Sólo así se aprehende a pensar, que es uno de los propósitos esenciales de la educación. La integralidad sigue siendo uno de los fines de la educación, así algunos políticos le tengan miedo a la libertad. Como decía don Agustín Nieto Caballero, vamos a la escuela a formar mejores ciudadanos y no a instruirnos. Hoy, su tesis sigue vigente.

Los jóvenes en Colombia leen sin interpretar y opinan sin argumentar. Pero no pasa exclusivamente con ellos; como educador, a mí me preocupa lo poco y lo mal que leen y argumentan algunos de los representantes en el propio congreso de la república. Cuando un representante propone crear una escuela dedicada a transmitir informaciones “apolíticas”, hay que preguntarse seriamente ¿qué está entendiendo por educación, por ciencias y por libertades? Con todo respeto, le recomendaría una lectura, que por lo visto, debería ser obligatoria para cualquier congresista: “¿Qué es la ilustración?”, ensayo escrito por el filósofo Emmanuel Kant. Tiene la ventaja que su tesis central es formulada en tan solo cinco páginas.

Para Kant, el sentido último de la educación está en la libertad y la autonomía. Según su criterio, el papel de la educación es alcanzar la mayoría de edad; es decir, la capacidad de pensar por sí mismo, sin la necesidad de tutores; pero para ejercerla es necesario que el pastor no me sustituya en mis reflexiones morales, que los tutores y los textos no piensen por mí y que el Estado no invada mi privacidad. En términos modernos, nadie debería decirme, por ejemplo, por quién votar. Nadie.

Sin duda la libertad de cátedra de los docentes tiene limitaciones jurídicas y éticas. La Corte Suprema se ha referido a algunas de ellas cuando un colegio o un docente exige prácticas que violan principios religiosos de las familias. Tiene toda la razón. Aun así, en estas notas quisiera referirme a las que entraña el sentido último de la educación: la libertad.

La ignorancia hace a los individuos presa fácil de los prejuicios sociales e ideológicos; de la manipulación de los partidos políticos, de medios masivos de comunicación; de las ideas mágicas, simplificadoras y supersticiosas y de los personajes mesiánicos.

Necesitamos que los jóvenes conozcan diversas ideas, posturas e interpretaciones políticas. El pluralismo es una condición de la democracia. La buena educación desarrolla autonomía y pensamiento crítico. Debemos garantizar el relativismo para que los niños comprendan que los hechos siempre son interpretados desde diferentes posiciones. En este sentido, el fanatismo y el mesianismo son resultado de una mala educación.

Termino citando, con una leve modificación, un principio formulado por Winston Churchill. Dice él que la gran mayoría de los políticos piensan en exceso en las próximas elecciones. Por el contrario –podemos decir nosotros– los buenos maestros piensan en las próximas generaciones. Dado lo anterior, creo que el país haría bien si oye con mayor cuidado a sus maestros y menos a sus políticos, en especial a los que están demasiado pendientes de las próximas elecciones.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/debemos-limitar-la-libertad-de-catedra-por-julian-de-zubiria-samper/602133

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