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Suicidio adolescente, embarazo de niñas y falta de cobertura en educación inicial en Ecuador son parte de estudio

Redacción: El Comercio

En lugar de disminuir, los suicidios de adolescentes han aumentado. En el 2010, la tasa por 100 000 adolescentes fue ocho y en el 2016 se incrementó a 10. Revertir ese indicador demanda desplegar esfuerzos, que incluyen la implementación de una política de salud mental dirigida hacia los adolescentes. Lo indica el Estudio Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador, una mirada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2006 murieron 137 jóvenes y en el 2016, 192. Del total, 83 sucidios fueron de mujeres y 109, de hombres. Esto es un cambio, concluyen, ya que desde 1997 hasta el 2007, el suicidio en mujeres adolescentes ocupaba el primer lugar. Las provincias con mayor incidencia son Zamora Chinchipe, en donde llega a 53 suicidios por 100 000 habitantes; seguida por Napo, en donde es 33 por 100 000. Cañar y Azuay, con alta migración de padres y madres, registran tasas de 33 y 22, respectivamente. Cotopaxi, 29; otras provincias que superan el promedio nacional de 10 suicidios por cada 100 mil habitantes son Pastaza, Orellana, Carchi, Bolívar y Tungurahua. La investigación resulta de la coalición entre Care, Chilf Fund, Observatorio Social del Ecuador, Plan Internacional, Unicef y World Vision. Las organizaciones, con las cifras oficiales disponibles del 2006 al 2016, intentan visibilizar los problemas que enfrentan los niños y adolescentes, que en Ecuador suman alrededor de seis millones. Los chicos de 0 a 17 años corresponden al 35% de la población en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta el 2017. Otra de las preocupaciones de las organizaciones es la tasa de partos de niñas de 10 a 14 años, por lo que consideran que falta información sexual integral, que incorpore servicios de salud sexual y reproductiva en el sistema educativo. Cada semana un promedio de 40 niñas en este grupo de edad dieron a luz en el 2016. Una de las metas del ODS para el 2030 plantea que hasta el 2030 se debe garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. En el texto se critica la estrategia implementada en el 2013, el Plan Familia, que modificó los objetivos de la Estrategia Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (Enipla). La tasa de niñas de 10 a 14 años es más alta en Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago. Rebasa los cinco embarazos adolescentes por cada mil adolescentes. En cuanto a la cobertura educativa, Margarita Velasco, del Observatorio Social del Ecuador, señaló que la tasa neta de acceso a la educación básica llega al 96%, sin diferencia de género. Y la de educación media alcanza el 71%. El nivel educativo en el que hace falta poner más atención es el inicial, ya que solo el 23% de los menores de 5 años tienen ese servicio. Un desafío en las zonas rurales, dijo, es que se garantice la preservación de las lenguas tradicionales. Para Jose Bagua, de World Vision, la educación debe ser acorde a los pueblos y nacionalidades, pero que ayude a convivir con los nuevos adelantos tecnológicos. Los centro de desarrollo infantil, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, están distantes, en la zona rural. Además las familias aún no asumen la importancia de este nivel educativo. Alexandra Moncada, de CARE, considera necesario trabajar en el Sistema de Protección de Derechos, para que opere y sea efectivo. También comentó que se debe transformar el sistema de justicia, para que no haya más impunidad. A continuación, puede acceder al documento completo:   https://drive.google.com/file/d/1rNTY0Rv2noPhuWjq9f5E21uW2ZsWKUas/view

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/adolescentes-suicidio-embarazo-educacion-estudio.html

 

 

 

 

 

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Chile: “Más libertad para la industria de la Educación”. Una incómoda verdad y tres tristes mentiras

Por: Observatorio Chileno de Políticas Educativas-OPECH

El presidente Piñera, en uno de esos arrebatos de espontaneidad a los que nos tiene acostumbrados de vez en cuando, ha señalado que el proyecto de ley que el gobierno denomina de “Admisión Justa[1]” es necesario porque “da más libertad a los que están en la industria de la educación” (sic).

De esta forma, el presidente nos ha dicho una importante e incómoda verdad. Verdad que esconde, también, tres tristes mentiras.

La verdad es que el objetivo de esta ley es hacer más fácil el trabajo de los sostenedores (quienes administran nuestras escuelas y liceos). Ellos, sin duda, se verían beneficiados si se les permite seleccionar (aún más) a las y los estudiantes con mejores rendimientos y a quienes cuentan con más y mejores apoyos familiares. Es decir, si se les permite a quienes manejan la “industria de la educación” elegir a quienes van a educar. Obviamente elegirán a aquellos estudiantes con mejores notas y con menos conflictos familiares, en detrimento de aquellos que viven situaciones más complejas en sus hogares. Este asunto es clave: los estudiantes no seleccionados no son los menos inteligentes, sino los que obtienen menores puntajes en las pruebas estandarizadas como el SIMCE (la literatura científica es muy clara en Chile y en el mundo en el sentido de no confundir inteligencia con puntajes en pruebas estandarizadas, estas pruebas sólo miden capital cultural y social de los estudiantes). En ese sentido, es una selección de las variables de cuna del estudiantado.

¿Por qué es algo tan apreciado para los sostenedores seleccionar a estudiantes que obtienen altos puntajes SIMCE? El sistema escolar chileno funciona premiando a las escuelas con altos puntajes SIMCE y castigando a las que tienen bajos puntajes. Los premios van desde tener más autonomía financiera hasta captar, vía marketing ministerial, mayor matrícula y así obtener más recursos económicos, debido a que en Chile las escuelas reciben recursos en función de la cantidad de estudiantes que tienen, una de las joyas ideológicas neoliberales que se aplican sólo en este país. Se trata de una situación muy anómala a nivel mundial, pero que guía el comportamiento de quienes manejan la “industria de la educación” desde hace más de 35 años.

La parte incómoda de la verdad: el modelo educativo de mercado, privatización, competencia y destrucción de la educación pública, si bien se implementó a sangre y fuego a comienzos de los años ’80 en plena dictadura cívico-militar, se ha perfeccionado sistemáticamente durante los distintos gobiernos civiles de la Concertación de Partidos por la Democracia, del primer gobierno de Piñera y de la Nueva Mayoría. En otras palabras, durante los distintos gobiernos civiles posdictadura se han aprobado decenas de leyes educativas, las cuales, al no cambiar los pilares del sistema, sistemáticamente han ido en beneficio de un actor central en la educación. Este actor no son los niños, niñas y jóvenes, tampoco los padres y madres, y las comunidades educativas como se nos ha hecho creer, sino los sostenedores, los administradores, los dueños de la “industria de la educación”.

Gracias a esta importante e incómoda verdad que nos recuerda el presidente, podemos entender medidas que se han tomado a lo largo de estas décadas, que no tienen ninguna lógica desde el enfoque de “fortalecimiento de la educación pública” que tantos gobiernos esgrimieron, y que es un eje fundamental de la democracia de todo país. Solo algunos ejemplos: La igualdad de trato por parte del estado a instituciones públicas y privadas y la obligación de seguir compitiendo por recursos (LGE 2007, Ley SEP 2008), reducir calidad educativa a puntajes SIMCE (Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 2011), el traspaso gigantesco de recursos estatales a manos de sostenedores privados (Ley de Inclusión 2015), la creación de una agencia público/privada para administrar los servicios locales con directores de servicio con perfil gerencial (Ley de Nueva Educación Pública 2017), asociar el salario docente (trabajo colectivo de por sí) a rendimientos en pruebas estandarizadas individuales (Ley de Carrera Docente, 2016), facilitar los despidos docentes por parte de los sostenedores (Ley de Calidad y Equidad o Ley Lavín, 2011).

Ahí la incómoda verdad, pero ¿dónde están las tres tristes mentiras?

La primera salta a simple vista si uno lee las declaraciones de la ministra de educación y concretamente el texto de este proyecto de ley, cuyos fundamentos se exponen en 10 párrafos. Siendo la selección escolar uno de los temas más estudiados a nivel mundial durante las últimas décadas, estos fundamentos citan sólo dos estudios. Uno que señala que el “efecto par”, es decir que la influencia positiva que tienen los rendimientos estudiantiles en aulas con pares diversos, es “difícil de medir” (Illanes, 2014) y otro llamado la “educación con patines” escrito por un conocido filósofo liberal y un economista neoliberal, publicado por “ediciones el mercurio” (Fontaine y Urzúa, 2018). No obstante, la evidencia mayoritaria, tanto nacional como internacional, señala justamente lo contrario: desde el punto de vista pedagógico, en aulas heterogéneas todas y todos los estudiantes ganan, aprenden de sus diferencias, se potencian mutuamente (Manzi, 2007; McEwan, 2003; Patacchini, Rainone y Zenou, 2017; Radic, 2014; Rodríguez, 2010; Taut y Escobar, 2012).

La segunda dice relación con que esta ley no es una ley que fortalezca la calidad de la educación y promueva a los estudiantes que lo merecen; por el contrario, es una ley que fortalece la gran segregación y estratificación de nuestro sistema educativo (OCDE, 2017), reproduciendo la desigualdad social y condenando a la gran mayoría de nuestros estudiantes a vivir en ghettos. La verdad, detrás de la mentira, es que éste es un proyecto de segregación escolar y de fortalecimiento justamente del negocio en educación. Está claro que más que responder a evidencias (al igual que todo el entramado legal de estos casi cuarenta años), responde a una creencia ciega en los supuestos beneficios de la competencia entre estudiantes, la estratificación social, el mercado y la privatización.

La tercera, y grave mentira, es que este proyecto de ley de “Admisión Justa”, tal vez incompleto en su preparación, no está fundado en una preocupación por la educación, se lanza para sacar de la agenda pública el intenso debate respecto a la necesidad de que el ministro del interior renuncie después de haber mentido abiertamente al país sobre las verdaderas circunstancias en las cuales, desarmado, fue asesinado Camilo Catrillanca en un operativo de Carabineros.

Por último, no se puede pasar por alto que, una vez más, se lanza un proyecto de ley que no cuenta con la participación de los actores del mundo educativo. Es más, no tiene ninguna intención de que así sea, toda vez que se presenta al inicio de las vacaciones de verano, cuando ni estudiantes ni docentes se encuentran en las escuelas, sus espacios naturales de organización. A pesar de aquello, diversas voces críticas se han levantado durante esta semana rechazando el proyecto, grupos de académicos con años de trayectoria en investigación educacional y el mismo Colegio de Profesores, en su Asamblea Nacional Programática, ha señalado la necesidad de realizar las gestiones y manifestaciones necesarias para impedir su aprobación.

Con todo, a más de una década de luchas por la educación pública en nuestro país, y frente a la clara intención del gobierno de turno de imponer leyes a espaldas de la ciudadanía, seguimos sosteniendo que una verdadera transformación requiere la participación activa de ésta en la creación de un sistema nacional de educación pública articulado, que forme ciudadanos y promueva la integración social, no la segregación.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas – OPECH

Movimiento por la Unidad Docente – MUD

[1] El nombre exacto del proyecto es “Ley que perfecciona el sistema de admisión escolar, incorporando criterios de mérito y justicia” (Mensaje N°362-366)

Fuente: https://radio.uchile.cl/2019/01/22/mas-libertad-para-la-industria-de-la-educacion-una-importante-e-incomoda-verdad-y-tres-tristes-mentiras/

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Argentina: Despidos y privatización educativa: “El que quiere capacitación con puntaje, que se la pague”

Redacción: La Izquierda Diario

Además del despido por mail de 36 docentes de capacitación en la PBA, las resoluciones de la gobernadora Vidal avanzan en el ajuste fortaleciendo la oferta privada en detrimento de la pública.

La cruzada antieducativa de Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal de Cambiemos parece no tener fin. Mientras impulsa las mesas “antieducativas” para garantizarse el comienzo de clases sin conflicto, en estos días se dio a conocer el despido -mediante un simple mail- de 36 docentes que conformaban los Equipos Técnicos Centrales (ETC) y que coordinaban los planes de formación docente y capacitación para cada uno de los distritos de toda la provincia.

A esto hay que agregarle la Resolución 3252/18 de la Dirección General de Cultura y Escuelas (DGCyE), publicada a fines de 2018, que limita el puntaje docente a 1,20 y restringe a los docentes la posibilidad de capacitarse, obteniendo puntaje gratuitamente mediante los cursos virtuales o presenciales de los CIIE (Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa) distritales. Es decir, dicho límite impone que solo se podrán realizar 2 cursos gratuitos por año ya que poseen cada uno un máximo 0,6 de puntaje. Algo muy insuficiente.

La necesidad de la formación docente, además de mejorar las prácticas de enseñanza, permite acrecentar el puntaje para acceder a los cargos de maestro y profesor publicados en los listados oficiales para la escuela pública.

Esta resolución alienta a que se realicen postitulaciones que otorgarían más puntaje que los cursos, están por fuera de la limitación de la resolución y llegan a otorgar hasta 3 puntos.

Casualmente, todos los organismos privados que hasta el año pasado ofrecían cursos pagos, ahora ofertan postítulos en convenios con universidades privadas con formato de diplomaturas o especializaciones. Y como los CIIE no poseen esta oferta de postítulos y tampoco las universidades públicas los ofrecen gratuitamente, el docente no tiene opción y se verá obligado a pagar por ellas.

Es decir, bajo una cobertura de supuesta “equidad”, “priorizando los postítulos” , como plantea la resolución, se favorece la oferta privada de institutos que lucran con las necesidades de los docentes.

Y, como un verdadero ejército, los vendedores de cursos desfilan por las escuelas públicas ofreciendo facilidades, cuotas y hasta “las respuestas de los exámenes”, con tal de vender -como feriantes- estas diplomaturas y especializaciones.

En relación al despido de los 36 docentes encargados de la confección y seguimiento de los cursos gratuitos de capacitación en la Provincia de Buenos Aires, su objetivo es ir debilitando la calidad de los mismos, vaciando los CIIE y promoviendo su cierre.

De esta manera, el gobierno de Macri y Vidal que redujo el presupuesto educativo para derivar fondos al pago de la deuda externa al FMI, ataca la formación docente gratuita como parte de un ajuste más general y, fortaleciendo la privada, promueve la desigualdad entre quienes pueden pagar los postítulos y obtener más puntaje, y los que no, mercantilizando la escuela pública, generando inequidad y jugosos negocios para los sectores privados.

Lejos del achicamiento y restricción de la capacitación gratuita, los y las docentes debemos pelear por la reducción de la jornada laboral a 6h. que incluya capacitaciones continuas en servicio, financiadas a través del no pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y el quite de subsidios a la educación privada.

Además, debemos enfrentar el ajuste movilizados en las calles junto al resto de la comunidad educativa y otros trabajadores en lucha, exigiendo a las conducciones sindicales como el Suteba que se pongan al frente de esta pelea.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Despidos-y-privatizacion-educativa-El-que-quiere-capacitacion-con-puntaje-que-se-la-pague

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Brasil: una reforma educativa contra la “ideología marxista”

Redacción:  El Nuev Herald

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está llevando su guerra ideológica contra la izquierda a las escuelas y universidades del país, generando angustia entre profesores y autoridades educativas que sostienen que el gobierno quiere luchar contra un enemigo que no existe.

Bolsonaro y otros altos cargos anunciaron planes para revisar los libros de texto y suprimir referencias al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres. Además, apuntan que el ejército tomará el control de algunas escuelas públicas y atacan regularmente a Paulo Freire, uno de los educadores más famosos del país y cuyas ideas tuvieron repercusión mundial.

«Uno de los objetivos para sacar a Brasil de las peores posiciones en las clasificaciones educativas internacionales es combatir la basura marxista que se ha extendido en las instituciones educativas”, escribió Bolsonaro en Twitter en la víspera de su toma de posesión.

Aunque los alumnos quizás no noten muchas diferencias en su regreso a las aulas este mes, los cambios están en marcha.

«Seguimos esperando a ver cómo va a terminar todo esto en la práctica”, señaló Nilton Brandao, presidente de uno de los mayores sindicatos de maestros del país, PROIFES Federacao. «Ahora mismo, esto no tiene ningún sentido”.

Para el gobierno, la batalla ideológica comienza con la retirada del legado del Freire de los centros educativos, que según Bolsonaro y otros conservadores, convierte a los estudiantes en “militantes políticos”.

Freire, que murió en 1997, fue uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Los conservadores dicen que este método anima a los alumnos a cuestionar valores tradicionales como la familia y la Iglesia. Freire, que era socialista, estuvo encarcelado brevemente durante la dictadura militar (1964-1985) que recibió los elogios de Bolsonaro.

En su campaña electoral, el ahora presidente dijo que quería «entrar al Ministerio de Educación con un lanzallamas para eliminar a Paulo Freire».

Bolsonaro y su ministro de Educación parecen estar buscando inspiración en filósofos como Olavo de Carvalho, un brasileño residente en Estados Unidos conocido por sus opiniones antiglobalización y antisocialistas.

Mientras Freire defendía que la misión del Estado es educar al pueblo brasileño, incluyendo a agricultores rurales pobres y a analfabetos, de Carvalho aboga por reducir su papel en la educación en favor de las escuelas privadas o religiosas.

«El gobierno no tiene que educar a nadie, es la sociedad la que tiene que educarse a sí misma”, dijo el filósofo el año pasado durante una charla sobre educación en su canal de YouTube. Las propuestas «basadas en la idea de que el gobierno federal es el gran educador son las que voy a combatir hasta la muerte”, agregó.

Tras la toma de posesión de Bolsonaro el 1 de enero, el Ministerio de Educación desmanteló su departamento de diversidad y publicó nuevas directrices para los editores de libros de texto que eliminaban las referencias a temas como la violencia contra las mujeres y el sexismo.

Ante la oleada de críticas, los funcionarios dieron marcha atrás en la revisión de los textos afirmando que las normas habían sido redactadas por el anterior gobierno y que se publicaron por error. Sin embargo, en su discurso inaugural. el ministro de Educación, Ricardo Velez Rodriguez, prometió poner fin a la “agresiva promoción de la ideología de género”.

Velez defendió en su lugar lo que calificó de valores tradicionales, como la familia, la religión, la escuela y la nación, que dijo estaban amenazados por una “ola globalista loca”.

Bolsonaro manifestó que revisará el contenido del examen nacional de secundaria para eliminar cualquier cuestión sobre género o movimientos LGBT. Hizo el anuncio en un video en YouTube tras ver una pregunta de la prueba del año pasado sobre un «dialecto secreto utilizado por homosexuales y travestis», llamado pajuba.

El dialecto pajuba mezcla portugués y lenguas del África Occidental y se utiliza principalmente en religiones afro-brasileñas pero también fue adoptado por la comunidad LGBT del país.

«No se preocupen, no habrá más preguntas como esta”, declaró Bolsonaro.

Tras asumir el puesto, Velez dijo al diario Folha de S. Paulo que su oficina animará a las municipalidades interesadas a poner sus escuelas en manos del ejército o la policía.

Brasil tiene 13 escuelas dirigidas por el ejército y, aunque están pensadas para la educación de los hijos de los militares, también aceptan a estudiantes externos en base a sus méritos. El ejército es la institución más respetada del país y sus escuelas tienen mejor reputación que muchas de las públicas.

A veces se convoca al ejército para codirigir un centro público y restablecer el orden.

El año pasado, la escuela pública tuvo 39,5 millones de estudiantes matriculados, mientras que las instituciones privadas, que pueden costar varios miles de dólares al mes, atendieron a 9 millones.

Los críticos dicen que el selectivo proceso de admisión de las escuelas militares terminaría siendo discriminatorio en zonas empobrecidas.

En general, los contrarios sostienen que el gobierno está centrado en las cosas equivocadas.

Claudia Costin, directora del Centro para la Excelencia e Innovación en Políticas Educativas, un centro de estudios con sede en Río de Janeiro, apuntó que los esfuerzos deberían centrarse en mejorar la formación y los salarios a los maestros, dificultar su examen de ingreso y elaborar un programa de estudios común para el país.

El gobierno «se queja del adoctrinamiento en la escuela”, apuntó Costin. «Pero esas cosas no se resuelven con leyes”.

Brasil quedó en 63ra posición entre las 72 naciones y regiones que participaron en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2015, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Según el grupo, Brasil tiene una de las mayores proporciones de adultos sin educación secundaria. Los colegios están abarrotados, los sueldos de los profesores son bajos y los edificios donde se imparten las clases suelen presentar problemas.

Más de 5.800 escuelas no tenían agua corriente en 2017, casi 5.000 no tenían electricidad y 8.400 no tenían saneamiento, según cifras del gobierno.

Muchos brasileños no parecen convencidos por los planes de Bolsonaro.

En una encuesta publicada el 8 de enero, el 71% de los encuestados manifestaron que la política debería discutirse en la escuela, y el 54% pensaba que está bien hablar de educación sexual en las aulas.

La encuesta, sin embargo, indicó que las opiniones conservadoras del nuevo gobierno funcionan bien entre los evangélicos, una poderosa cantera de votantes para Bolsonaro durante la campaña. El 59% de los evangélicos no aprobó que se impartiese educación sexual en las escuelas.

La encuesta de Datafolha se basó en 2.077 entrevistas realizadas entre el 18 y 19 de diciembre y tenía un margen de error de más menos dos puntos porcentuales.

Caua dos Santos Borges, una estudiante de una escuela pública de Río de Janeiro de 15 años, apuntó que, en su experiencia, los profesores rara vez hablan de política en el aula y que nunca le pareció que el género fuese un área central del currículo.

«Una vez, un estudiante le preguntó al profesor si apoyaba a Bolsonaro, pero él no respondió y cambió de tema”, señaló dos Santos Borges.

Fuente: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article225592935.html

 

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Perú: Expertos cuestionan nuevo sistema de calificación escolar

América del Sur/Perú/diariovoces.com.pe

A fines de enero, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que, a partir de este año, se implementará en las escuelas públicas y privadas del país una nueva escala de calificaciones basada en letras, la cual reemplazará a la escala numérica vigesimal (con valores del 0 al 20).

Aunque el sistema de evaluación por letras ya se venía aplicando con un formato diferente en los niveles de inicial y primaria, desde el 2019 se verá reflejado en las libretas de notas de los alumnos de secundaria, según el titular del Minedu, Daniel Alfaro, y la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer.

Según Helfer, durante los primeros días de este mes sería publicada la norma con todos los detalles y variantes del nuevo sistema. Sin embargo, a la fecha el Minedu no ha emitido ninguna resolución que lo oficialice. El Comercio buscó durante varios días al ministerio, pero no hubo respuesta.

Ante los cuestionamientos recibidos en los últimos días, el ministro Alfaro anunció el viernes que el nuevo sistema de calificación “se implementará en secundaria de manera gradual”. “Estamos todavía en un proceso de elaboración de la norma y recogiendo todas las inquietudes de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, el ministro informó que hasta el 22 de febrero se capacitará a 220 especialistas de las unidades de gestión educativa local (UGEL) sobre la escala de letras, a fin de que a través de estos “se llegue a los 90 mil profesores de secundaria de la educación pública”.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), Bruno Espinoza, explicó que el concepto detrás del modelo de evaluación por competencias es pertinente, pero anunciar su aplicación a solo semanas del inicio del año escolar “ha generado incertidumbre”. “El Minedu puede aplicarlo de manera gradual, pero ya debería precisar en qué grados de secundaria se hará”, dijo. En tanto, el secretario general del Sutep, Alfredo Velásquez, dijo que el Minedu debería postergar la implementación del nuevo sistema de evaluación hasta el 2020, ya que el magisterio aún requiere de un proceso de sensibilización y actualización sobre el tema. “El ministerio está demostrando improvisación”, añadió.

Fuente: https://www.diariovoces.com.pe/125425/expertos-cuestionan-nuevo-sistema-calificacion-escolar

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Excluyen de libros de texto de Brasil al marxismo y feminismo

América del sur/Brasil/07 Febrero 2019/Fuente: La Jornada

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está llevando su guerra ideológica contra la izquierda a las escuelas y universidades del país, generando angustia entre profesores y autoridades educativas que sostienen que el gobierno quiere luchar contra un enemigo que no existe.

El mandatario y otros altos cargos anunciaron planes para revisar los libros de texto y suprimir referencias al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres. Además, apuntan que el ejército tomará el control de algunas escuelas públicas y atacan regularmente a Paulo Freire, uno de los educadores más famosos del país y cuyas ideas tuvieron repercusión mundial.

«Uno de los objetivos para sacar a Brasil de las peores posiciones en las clasificaciones educativas internacionales es combatir la basura marxista que se ha extendido en las instituciones educativas”, escribió Bolsonaro en Twitter en la víspera de su toma de posesión.

Aunque los alumnos quizás no noten muchas diferencias en su regreso a las aulas este mes, los cambios están en marcha.

«Seguimos esperando a ver cómo va a terminar todo esto en la práctica. Ahora mismo, esto no tiene ningún sentido”, dijo Nilton Brandao, presidente de uno de los mayores sindicatos de maestros del país, PROIFES Federacao.

Para el gobierno, la batalla ideológica comienza con la retirada del legado del Freire de los centros educativos, que según Bolsonaro y otros conservadores, convierte a los estudiantes en “militantes políticos”.

Freire, que murió en 1997, fue uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Los conservadores dicen que este método anima a los alumnos a cuestionar valores tradicionales como la familia y la Iglesia. Freire, que era socialista, estuvo encarcelado brevemente durante la dictadura militar (1964-1985) que recibió los elogios de Bolsonaro.

En su campaña electoral, el ahora presidente dijo que quería «entrar al Ministerio de Educación con un lanzallamas para eliminar a Paulo Freire».

Bolsonaro y su ministro de Educación parecen estar buscando inspiración en filósofos como Olavo de Carvalho, un brasileño residente en Estados Unidos conocido por sus opiniones antiglobalización y antisocialistas.

Mientras Freire defendía que la misión del Estado es educar al pueblo brasileño, incluyendo a agricultores rurales pobres y a analfabetos, de Carvalho aboga por reducir su papel en la educación en favor de las escuelas privadas o religiosas.

«El gobierno no tiene que educar a nadie, es la sociedad la que tiene que educarse a sí misma”, dijo el filósofo el año pasado durante una charla sobre educación en su canal de YouTube. Las propuestas «basadas en la idea de que el gobierno federal es el gran educador son las que voy a combatir hasta la muerte”, agregó.

Tras la toma de posesión de Bolsonaro el 1 de enero, el Ministerio de Educación desmanteló su departamento de diversidad y publicó nuevas directrices para los editores de libros de texto que eliminaban las referencias a temas como la violencia contra las mujeres y el sexismo.

Ante la oleada de críticas, los funcionarios dieron marcha atrás en la revisión de los textos afirmando que las normas habían sido redactadas por el anterior gobierno y que se publicaron por error. Sin embargo, en su discurso inaugural el ministro de Educación, Ricardo Velez Rodriguez, prometió poner fin a la “agresiva promoción de la ideología de género”.

Velez defendió en su lugar lo que calificó de valores tradicionales, como la familia, la religión, la escuela y la nación, que dijo estaban amenazados por una “ola globalista loca”.

Bolsonaro manifestó que revisará el contenido del examen nacional de secundaria para eliminar cualquier cuestión sobre género o movimientos LGBT. Hizo el anuncio en un video en YouTube tras ver una pregunta de la prueba del año pasado sobre un «dialecto secreto utilizado por homosexuales y travestis», llamado pajuba.

El dialecto pajuba mezcla portugués y lenguas del África Occidental y se utiliza principalmente en religiones afro-brasileñas, pero también fue adoptado por la comunidad LGBT del país. «No se preocupen, no habrá más preguntas como esta”, declaró Bolsonaro.

Tras asumir el puesto, Velez dijo al diario Folha de Sao Paulo que su oficina animará a las municipalidades interesadas a poner sus escuelas en manos del ejército o la policía.

Brasil tiene 13 escuelas dirigidas por el ejército y, aunque están pensadas para la educación de los hijos de los militares, también aceptan a estudiantes externos con base a sus méritos. El ejército es la institución más respetada del país y sus escuelas tienen mejor reputación que muchas de las públicas.

A veces se convoca al ejército para codirigir un centro público y restablecer el orden.

El año pasado, la escuela pública tuvo 39.5 millones de estudiantes matriculados, mientras que las instituciones privadas, que pueden costar varios miles de dólares al mes, atendieron a nueve millones.

Los críticos dicen que el selectivo proceso de admisión de las escuelas militares terminaría siendo discriminatorio en zonas empobrecidas. En general, los contrarios sostienen que el gobierno está centrado en las cosas equivocadas.

Claudia Costin, directora del Centro para la Excelencia e Innovación en Políticas Educativas, un centro de estudios con sede en Río de Janeiro, apuntó que los esfuerzos deberían centrarse en mejorar la formación y los salarios a los maestros, dificultar su examen de ingreso y elaborar un programa de estudios común para el país.

El gobierno «se queja del adoctrinamiento en la escuela”, mencionó Costin. «Pero esas cosas no se resuelven con leyes”.

Brasil quedó en la posición 63 entre las 72 naciones y regiones que participaron en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2015, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Según el grupo, ese país tiene una de las mayores proporciones de adultos sin educación secundaria. Los colegios están abarrotados, los sueldos de los profesores son bajos y los edificios donde se imparten las clases suelen presentar problemas.

Más de cinco mil 800 escuelas no tenían agua corriente en 2017, casi cinco mil no tenían electricidad y 8.400 no tenían saneamiento, según cifras del gobierno.

Muchos brasileños no parecen convencidos por los planes de Bolsonaro.

En una encuesta publicada el 8 de enero, 71% de los encuestados manifestaron que la política debería discutirse en la escuela, y el 54% pensaba que está bien hablar de educación sexual en las aulas.

La encuesta, sin embargo, indicó que las opiniones conservadoras del nuevo gobierno funcionan bien entre los evangélicos, una poderosa cantera de votantes para Bolsonaro durante la campaña. El 59% de los evangélicos no aprobó que se impartiese educación sexual en las escuelas.

La encuesta de Datafolha se basó en dos mil 77 entrevistas realizadas entre el 18 y 19 de diciembre y tenía un margen de error de más menos dos puntos porcentuales.

Caua dos Santos Borges, una estudiante de una escuela pública de Río de Janeiro de 15 años, apuntó que, en su experiencia, los profesores rara vez hablan de política en el aula y que nunca le pareció que el género fuese un área central del currículo.

«Una vez, un estudiante le preguntó al profesor si apoyaba a Bolsonaro, pero él no respondió y cambió de tema”, explicó dos Santos Borges.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/06/excluyen-de-libros-de-texto-de-brasil-al-marxismo-y-feminismo-1328.html

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Colombia. La gran estafa educativa: Compra de títulos universitarios y la lucha por la enseñanza

América del sur/Colombia/07 Febrero 2019/Fuente: Kaos en la red

Hoy en Colombia, los tres cargos más importantes en el Gobierno como lo son la presidencia de la república, la presidencia del senado y la alcaldía de Bogotá, son ocupados por personajes que han mentido sobre sus títulos profesionales con el fin de alcanzar dichos cargos burocráticos, mientras millones de jóvenes en Colombia están en […]

Hoy en Colombia, los tres cargos más importantes en el Gobierno como lo son la presidencia de la república, la presidencia del senado y la alcaldía de Bogotá, son ocupados por personajes que han mentido sobre sus títulos profesionales con el fin de alcanzar dichos cargos burocráticos, mientras millones de jóvenes en Colombia están en la incertidumbre debido a la falta de garantías para acceder y permanecer de la educación superior.

La cualificación de la mano de obra barata beneficia el modelo extractivista y del libre comercio, fortaleciendo la educación técnica y tecnológica, trasladando dinero del presupuesto para educación superior de carácter público hacia instituciones privadas con programas, como ‘pilo paga SPP’ y generación E.

Hasta 2017, el 83.8% de los estudiantes beneficiados por este programa fueron enviados a universidades privadas, tan sólo el 15,6% a universidades públicas y el 0,6 % a instituciones de carácter especial. Ello permite inferir que para el año 2018 más del 90% de los recursos del programa SPP serán destinados a las universidades privadas agudizando de esta manera la crisis financiera por la que pasan las universidades públicas a nivel nacional.

La actual crisis de la educación superior en el país tiene su raíz en el déficit histórico de las Instituciones de Educación Superior (IES) profundizado por el congelamiento de la base presupuestal a partir de la entrada en vigencia de la ley 30 de 1992, que regula el crecimiento del presupuesto a partir del Índice de Precios del Consumidor (IPC) y disminuyendo la participación del Estado en los presupuestos de las IES estatales, pasando del 79% en 1993 al 48% aproximadamente en 2016, dejando un déficit de alrededor de $18,2 billones a las IES públicas, de los cuales 3,2 billones son para funcionamiento y 1.5 para para instituciones técnicas tecnológicas.

El crecimiento de la cobertura de las IES públicas es por mucho muy superior a los aportes anuales del Estado. Esto se intenta resolver con los recortes constantes a los rubros de bienestar universitario con el fin de solventar los recursos necesarios para funcionar, generando más inestabilidad en la comunidad educativa.

Como Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia –ANJECO- entendemos la educación como un elemento estratégico en el desarrollo y la transformación socio económica de la sociedad en favor de las comunidades oprimidas ante la imposición del modelo neoliberal, por la construcción de una educación de calidad, gratuita y que responda las necesidades del pueblo.

En este sentido se hace necesario fortalecer los escenarios de unidad los cuales logren articular a grandes sectores en la lucha por la educación, como lo es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior UNEES, la cual desde escenarios asamblearios de amplia participación en donde se recogen estudiantes de universidades públicas, privadas y el SENA, tiene como tarea fundamental la unidad política de lucha estudiantil y la agremiación de otros sectores educativos como la educación primaria y básica en el campo y la ciudad con el fin de exigir:

– Plan de pago de la deuda histórica con la educación superior de 18 billones de pesos, entre estos 3.2 billones para la base presupuestal de las universidades públicas y 1.5 billones para instituciones técnicas tecnológicas

– Congelamiento de matrículas universidades privadas
– 100% más de presupuesto a Colciencias
– Garantías para la movilización y lucha política

Con esta serie de exigencias buscamos que sociedad discuta el problema de la educación en Colombia y comprenda que las luchas de los estudiantes van más allá de la lucha de un sector en particular.

Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-la-gran-estafa-educativa-compra-de-titulos-universitarios-y-la-lucha-por-la-ensenanza/

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