Las movilizaciones en lugar de favorecer los objetivos que dicen buscar solo han profundizado la crisis de la educación pública. Es urgente, por ello, avanzar en una estrategia que devuelva a los estudiantes a las aulas.

A solo una semana de iniciado el año escolar 2023, el jueves se produjeron los primeros incidentes y hechos de violencia por parte de estudiantes participantes de la marcha estudiantil convocada en el contexto de las movilizaciones denominadas como “mochilazo”, que tendrían como motivación protestar por demandas tan diversas que van desde mejoras en la infraestructura escolar hasta el fin de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). Así, hubo lanzamientos de bombas molotov afuera del INBA, se produjeron enfrentamientos de adolescentes con carabineros y la interrupción del tránsito con barricadas.

Resulta preocupante que en los últimos años este tipo de hechos pasaron a formar parte de la normalidad, al punto de que se estén produciendo simultáneamente con el inicio del año escolar. En esa línea, cabe preguntarse si la convocatoria a movilizaciones tiene una justificación o si, en cambio, responde más bien a intereses extraeducativos, así como a la falta de reflexión respecto al deterioro que éstos producen en la educación pública y a la necesidad de tomarse en serio la asistencia a clases, para recuperar tanto los aprendizajes como aquellos aspectos del desarrollo que han sido afectados por el prolongado cierre de escuelas durante la pandemia.

En cuanto al deterioro en la educación pública, recientemente se conoció la información del proceso de admisión escolar para el presente año, cuyas etapas preliminares concluyeron con vacantes en todos los liceos emblemáticos. Es decir, en cada uno de ellos hubo menos postulaciones que cupos disponibles, lo que da cuenta de una situación que, aunque inédita -pues históricamente se trataba de establecimientos altamente demandados-, la verdad es que hoy no sorprende, dados los hechos de violencia y desorden que los aquejan con recurrencia, así como la sostenida caída que vienen experimentando en sus resultados académicos.

El diagnóstico sobre los problemas que acarrean estas continuas movilizaciones parece bastante claro, sin embargo, no lo es la respuesta a la pregunta sobre qué hacer para revertirlos. Por un lado, es un hecho que hoy los adolescentes enfrentan una serie de distracciones que con cada vez mayor frecuencia les hacen poner sus estudios en segundo plano. Así lo refrenda la caída que se ha producido en la asistencia escolar y el aumento en la inasistencia crónica, que ya afecta a casi 4 de cada 10 estudiantes. Del mismo modo, cambios sociales que han ido llevando a una pérdida del respeto por la autoridad hacen que sea cada vez más difícil poder enfrentar los problemas de violencia en el sistema escolar.

Así como el ministro del Interior anunció planes para prevenir los efectos negativos de las movilizaciones que ya se han convocado, es de esperar que también el gobierno, como parte de su agenda de recuperación educativa, contemple una estrategia tendiente a devolver a los estudiantes a las aulas, reduciendo los incentivos a actividades extraescolares que finalmente concluyen en hechos de violencia y que finalmente solo entorpecen la solución a las urgencias por las que atraviesa el sistema educativo y agravan aún más el deterioro de la educación pública.

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