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Uruguay: Acreditación universitaria en Uruguay: ¿otra reforma educativa postergada en la rendición de cuentas?

Acreditación universitaria en Uruguay: ¿otra reforma educativa postergada en la rendición de cuentas?

En educación se sabe que no es fácil hacer reformas. Las expectativas sociales y demandas cambiantes impulsan la necesidad de adaptar nuevas estrategias pedagógicas a los actores, mientras que las dinámicas institucionales requieren normas y voluntades políticas que enlentecen los cambios.

En el tema de la acreditación universitaria estamos en una coyuntura paradójica: tenemos una notoria endeblez institucional, un largo camino pasado para lograr acuerdos entre actores educativos y políticos con una ley aprobada (19.582) pero que no fue aún puesta en práctica en la actual administración.

Antes que nada, ¿para qué sirve la acreditación universitaria? Una respuesta sencilla apunta a que es una herramienta institucional que tienen los sistemas de educación superior para mejorar la calidad educativa y el desarrollo científico de las instituciones de un país. Más allá de esta respuesta un poco técnica y específica del funcionamiento del campo de la educación, ¿qué otras implicancias tiene para el ciudadano y la comunidad de un país contar o no con este tipo de herramienta?

Se podría decir que toda institución terciaria, universitaria o no, tiene como objetivo brindar una educación de calidad. El asunto es que el panorama de instituciones y oferta educativa de títulos que se ofrecen desde la educación terciaria se ha multiplicado y diversificado notoriamente, tanto en el plano local –territorial, público y privado, universitario y no universitario– como en el internacional, lo que genera incertidumbres y presiones de transparencia por asegurar estándares de calidad que fortalezcan las instituciones y respalden las credenciales educativas que ofrecen a la ciudadanía.

En la vida cotidiana emergen en forma frecuente las demandas sobre la calidad educativa, disputas que trascienden la frontera nacional, cada vez que aparecen rankings de “evaluación de desempeños educativos” en los que se posiciona a las instituciones educativas y a los estudiantes de nuestro país. A modo de ejemplo, en el plano de la enseñanza media, se ve en los debates que generaron las pruebas PISA, hasta que en determinado momento se avanzó a una institucionalidad local como es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). En la educación superior, el panorama es aún más complejo, pero se producen debates similares cuando se dan a conocer diversos tipos de rankings internacionales para “posicionar” a las universidades y sus carreras. No obstante, no existe en la educación terciaria una institucionalidad local que permita avanzar en disponer de mecanismos de evaluación de la calidad educativa.

Desde la perspectiva de las instituciones educativas terciarias –universitarias y no universitarias– del país, la necesidad de suplir esa ausencia institucional se puede visualizar como una oportunidad para la mejora de cada institución y del conjunto del sistema. En primer lugar, porque permite determinar los umbrales de calidad alcanzados por las instituciones y carreras terciarias en un entorno de creciente competencia y disputa, especialmente para alcanzar los niveles universitarios –grado y posgrado–. Segundo, no es sólo, ni principalmente, un mecanismo de evaluación y comparación de “niveles” y “umbrales” de calidad entre instituciones y carreras –como generalmente se atribuye a los rankings universitarios internacionales–, sino una herramienta institucional para la mejora de la calidad. ¿Mejora en qué sentido? En el sentido de que se parte de un diagnóstico interno de la comunidad educativa de cada institución, unidad o carrera, para someterse a un proceso de evaluación y validación externa que le permita elaborar un plan de actividades de mejora.

En un contexto en el que existen debates y demandas de instituciones y carreras que quieren obtener acreditación de estatus universitario y de títulos de conocimiento avanzado, disponer de este tipo de ámbitos institucionales permite avanzar en soluciones colectivas. Tercero, es una oportunidad de desarrollo de criterios de evaluación a nivel nacional entre instituciones terciarias de diversa naturaleza, públicas y privadas, universitarias y terciarias no universitarias, de distintas sedes en el territorio nacional, así como entre diversas disciplinas y carreras del conocimiento científico.

Desde la perspectiva de la ciudadanía es también una herramienta relevante en varios sentidos. Antes que nada, es un mecanismo de transparencia pública y de salvaguarda, a la hora de la elección de una carrera, de que el esfuerzo personal y colectivo en invertir recursos para la adquisición de conocimientos y títulos tendrá un valor reconocido a nivel local e internacional. Para un ámbito local de dimensión pequeña, pero con un desarrollo exponencial de carreras y títulos terciarios, la acreditación internacional, más allá de los efectos diversos desde el punto de vista jurídico en distintos países, es un elemento relevante a la hora de posibles solicitudes de reválidas y tránsitos laborales en el extranjero. Un aspecto nada menor en un país con una alta emigración calificada y para las personas que residen en otro país, para que puedan trabajar allí en forma temporal o definitiva.

Por tanto, por esos y otros muchos motivos, tener o no tener instrumentos de acreditación de la educación terciaria en el país es un tema relevante.

¿Qué tenemos actualmente? El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dispone de competencias de regulación del sector privado mediante la autorización para funcionar y el reconocimiento de carreras terciarias. Se trata de un mecanismo de carácter voluntario con el asesoramiento de un Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (competencias establecidas en los decretos 308/995 y posteriormente 104/014). A ello se agrega la reciente creación en 2022 del Consejo Consultivo (en marco de la, ley 19.889 de urgente consideración) también en la órbita del MEC, cuya competencia es el reconocimiento del “carácter universitario” a carreras ofrecidas por instituciones públicas no universitarias. Es un mecanismo todavía en proceso de implementación, que todavía tiene aspectos inconclusos; por ejemplo, si el reconocimiento va a ser de las carreras o de los egresados mediante pruebas individuales.

El gobierno no ha dado ningún paso para la efectiva implementación de la acreditación universitaria, que tiene un mayor consenso público en la comunidad educativa y en el propio sistema político.

En materia de acreditación universitaria, los antecedentes se encuentran a partir de 2004 con la integración a una Red Interamericana para la Calidad de la Educación Superior, a la que pertenecen 18 países, y a la Red de Agencias de Acreditación del Mercosur; no obstante, Uruguay es el único país que no tiene Agencia Nacional. A partir de 2008 el MEC designó una comisión ad hoc –el mismo término habla de su endeblez– para analizar las carreras universitarias que se someten a un mecanismo de acreditación institucional establecido a nivel del Mercosur (ARCU-SUR). A partir de dicho mecanismo, carreras como diversas ingenierías, agronomía, arquitectura, enfermería y veterinaria han logrado por este camino obtener su acreditación en el Mercosur con resultados muy auspiciosos.

La acreditación tuvo un largo y difícil periplo para su instalación: se demoró mucho para que aparecieran proyectos, varios frustrados, hasta que en 2019 se presentó y aprobó una ley de creación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de Educación Terciaria (Inaeet).

La ley crea el Inaeet como institución con una personería jurídica pública no estatal, con representación de instituciones terciarias públicas y privadas. Es una institución con autonomía académica y técnica para el proceso de evaluación y acreditación, que tiene como competencia acreditar instituciones o carreras terciarias a nivel público y privado.

El proceso de acreditación tiene algunos rasgos destacables. En primer lugar, es voluntario para las instituciones, que deciden si procederán a la acreditación y el momento en el que lo harán. La acreditación puede ser a nivel de toda una universidad o institución educativa terciaria, de una unidad –como una facultad o centro– o de una carrera en particular. Se establece un mecanismo de acreditación que no está atado a incentivos económicos, para evitar efectos perversos que se observaron en algunos países. El mecanismo de acreditación supone un proceso de evaluación interna por parte de la comunidad educativa y luego externa a la institución o carrera.

Vale la pena recordar que la ley fue resultado de un trabajo de una comisión interinstitucional liderada por Álvaro Díaz Maynard con representantes de instituciones terciarias públicas y privadas, que logró un consenso entre instituciones educativas y a nivel político, lo que posteriormente se expresó en una votación unánime en el Senado.

¿Qué pasó después? Vino el cambio de gobierno, posteriormente la pandemia sanitaria, y una de las consecuencias no queridas, podría argumentarse, fue la postergación de la implementación tras el argumento más frecuente de las restricciones presupuestales, recientemente señalado en un artículo de opinión de Luis Garibaldi en la diaria.

Dos años después, pasado el ciclo de emergencia pautado por la pandemia sanitaria, advertimos que la actual administración continúa sin ningún avance o señal para implementar la ley, falta de voluntad que se trasluce nuevamente en el proyecto actual de Rendición de Cuentas.

Se trata de una postergación poco justificada, debido a que no se trata de un reglón presupuestal significativo en términos de costos económicos. De hecho, para el funcionamiento de la actual comisión honoraria ad hoc el MEC tiene que brindar apoyo administrativo, cubrir gastos para evaluadores, mientras que la ley establece la posibilidad de que parte de los gastos de funcionamiento sean costeados por las propias instituciones que se presenten a la acreditación.

También es difícil de comprender el aplazamiento por parte de la presente administración, que señala en forma recurrente la voluntad de avanzar en dar respuestas a temas pendientes en el área de la educación. En cambio, sí ha presentado iniciativas respecto de las instituciones públicas no universitarias, como formación docente, y en esta última Rendición de Cuentas, en relación a instituciones públicas vinculadas a la cultura (arte, música y teatro). Sin embargo, el gobierno no ha dado ningún paso para la efectiva implementación de la acreditación universitaria, que tiene un mayor consenso público en la comunidad educativa y en el propio sistema político, así como una normativa legal aprobada.

Estamos todavía a tiempo de retomar el curso en una agenda educativa pendiente y no acumular más frustraciones. El ciudadano y la comunidad educativa espera por contar mecanismos que mejoren la formación avanzada de las nuevas generaciones y fortalezcan las capacidades y el reconocimiento internacional de las instituciones educativas terciarias que el país merece. El poder político tiene la palabra.

Miguel Serna es sociólogo.

Fuente de la Información: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/8/acreditacion-universitaria-en-uruguay-otra-reforma-educativa-postergada-en-la-rendicion-de-cuentas/

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Uruguay: Alertas amarillas y naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas cubren casi todo el país

Inumet advierte por intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

 

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este jueves una doble alerta amarilla y una alerta naranja por tormentas y lluvias que cubren casi todo el territorio nacional. Las advertencias rigen hasta las 11.00 de la mañana y se irán actualizando con nueva información.

Por el momento, la alerta naranja señala que una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmedo e inestable afecta el país” y genera “tormentas, algunas puntualmente muy fuertes”. Inumet destaca que “en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes”.

Esta advertencia rige para parte de Artigas, Durazno, Río Negro, Rivera y Salto, y cubre la totalidad de Paysandú y Tacuarembó.

 

 

Asimismo, la doble alerta amarilla se emite por lluvias menos intensas y abarca a parte de Artigas, Rivera, Salto, Cerro Largo, Flores, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rocha, Tacuarembó y todo el departamento de Treinta y Tres.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/cotidiana/articulo/2022/7/alertas-amarillas-y-naranja-por-tormentas-fuertes-y-lluvias-intensas-cubren-casi-todo-el-pais/
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Uruguay: Médicos y usuarios del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas que funciona en el Instituto de Higiene de ASSE piden que el servicio se mantenga

También hay voces que manifiestan que “el modelo es antiguo” y que la intención es descentralizar y naturalizar la atención de las enfermedades.

 

El Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas (SEIC) se inauguró en 1987. En aquella época fue un centro de referencia, sobre todo para personas con VIH. Funciona en el Instituto de Higiene de la Universidad de la República (Udelar) y depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

“El centro comenzó atendiendo a personas vulnerables”,  contó a la diaria Daniel Escanellas, coordinador del equipo de salud mental del servicio. “Contábamos con tres salas de internación y era de los lugares más completos, con neurólogos, odontólogos y muchas otras especialidades”, agregó. Al principio, el SEIC funcionó en conjunto con la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas de la Udelar, pero luego el servicio se trasladó. Hace aproximadamente cinco años también se trasladaron las salas de internación y el SEIC siguió funcionando pero sólo como policlínica.

Según Escanellas, al mismo tiempo que se trasladó el servicio de internación, se empezó a “rumorear” la posibilidad de cerrar toda el área “sin una causa clara”. “En un principio pareció que la intención era de la cátedra de Udelar, luego se descartó, pero el rumor continúa basado en otros motivos”, dijo. El coordinador expresó que le preocupan “los 5.000 pacientes que se atienden allí y que quieren seguir yendo, por el punto en el que se ubica y porque no quieren atenderse en sus localidades [quienes son del interior]”, entre otras cosas, “porque los discriminan”. Escanellas evaluó positivamente la continuidad de la atención en ese centro de salud, porque aunque se cerraron las salas de internación, el espacio se transformó en policlínica y “está dada la infraestructura para que siga funcionando”.

“El equipo es excelente y lo quieren desmantelar”, expresó a la diaria Maureen Rivas, una de las usuarias que se atienden en el SEIC desde 1992. Agregó que“hace un tiempo empezaron a descentralizar el área” y que algunos de los pacientes que se empezaron a atender en otros centros “volvieron [al SEIC] porque no se sintieron cómodos con la atención”. Para la usuaria, en el caso de que el motivo de cierre fuera descentralizar la atención, la solución debería ser “sumar atención para más enfermedades, pero no dejar de atender a quienes ya se atienden”.

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Por último, comentó que el grupo de usuarios que se atiende en el SEIC envió hace una semana una carta a diferentes autoridades nacionales –ASSE, el Ministerio de Salud Pública y Presidencia– y de momento aguardan una respuesta.

Descentralizar y naturalizar

“Hace muchísimos años el SEIC fue un centro de referencia [para pacientes con VIH], pero en la actualidad no, entre otras cosas, porque el modelo de atención cambió”, expresó a la diaria la infectóloga Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y exintegrante del equipo del SEIC, cuando la cátedra de Udelar funcionaba allí.

Arteta explicó que la referencia de este centro, entre otras cosas, estuvo asociada a que hace aproximadamente 50 años la infectología no era una especialidad tan conocida o no estaba igual de segmentada que otras especialidades; pero con el paso de los años, eso cambió y las enfermedades asociadas se empezaron a atender en diversos centros del país.

“Una vez hicimos una evaluación y estaban ocupadas las diez camas de internación en el SEIC y habían 17 camas más en otros centros”, ejemplificó. Agregó que cuando la cátedra de la Udelar se trasladó fue “a pedido de los propios integrantes, porque las condiciones no estaban dadas para continuar”.

En cuanto al cierre del área en el Instituto de Higiene, consideró que “no da la impresión de que se quiera suprimir la atención” y que, al igual que en tantos otros casos “en los que funcionarios y usuarios también se resistieron”, lo que se quiere hacer es que “el mismo servicio y los usuarios con enfermedades como el VIH se atiendan en diversos centros de salud”. Opinó que si bien es más común encontrar a una persona trans en una fila del SEIC, “debemos trabajar para que así sea en todos los centros y no en uno, de referencia”.

“La resistencia que están teniendo quienes forman parte del centro es normal, pero necesitamos preguntarnos si en 2022 aún hay que contar con un solo servicio referente o si lo que se necesita es descentralizar y naturalizar la atención en otros servicios”, agregó Arteta.

María José Fraga, una de las referente de las personas con VIH en Uruguay, exusuaria del SEIC, se manifestó en diálogo con la diaria en la misma línea que Arteta: “El modelo de atención es antiguo”, dijo Fraga. Si bien comprende que un posible cierre pueda generar rechazo en los pacientes, es preciso que “sobre todo los funcionarios [médicos] les brinden la confianza de que serán bien atendidos en otros centros”, ya que “eso no siempre sucede”.

“En 1991 [en el SEIC] te miraban un poco mejor que en otros lugares, pero ahora es necesario desestigmatizar y ampliar la atención”, concluyó Fraga.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/salud/articulo/2022/7/medicos-y-usuarios-del-servicio-de-enfermedades-infectocontagiosas-que-funciona-en-el-instituto-de-higiene-de-asse-piden-que-el-servicio-se-mantenga/

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¿Por qué se prohíbe en Uruguay la educación formal en los hogares?

Expertos señalan que la obligatoriedad va unida a concurrir a un centro.

La escolarización en el hogar o homeschooling es un proceso de formación educativa que es legal en varios países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Australia. Debido a la pandemia del covid-19, que provocó el uso extendido de la tecnología y la permanencia en el hogar, el número de padres que optan por esta corriente educativa para sus hijos aumentó significativamente.

En Estados Unidos, por ejemplo, los niños escolarizados en su casa aumentaron del 5.4% en 2020 a 11.1% en 2021, según datos oficiales. El homeschooling también aumentó un 34% en Reino Unido de 2020 a 2022, tal como reportó la BBC y The Guardian.

Si bien este método alternativo tiene menos exigencias formales que la educación tradicional en una institución educativa, en varios países se exige que los padres cumplan con un plan de estudios (incluso un plan específico de escolarización en el hogar), se les hacen pruebas anuales a los niños o adolescentes y, por ejemplo, en Reino Unido se llevan a cabo inspecciones del Estado. La tendencia del homeschooling, así, se ve como una posibilidad de una educación adaptada a las necesidades particulares del niño.

¿Entonces por qué no es legal en Uruguay? La Ley General de Educación del 2009 establece la obligatoriedad de la educación inicial, educación primaria y la educación media básica y, asimismo, indica que “los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”.

Con la Ley de Urgente Consideración (LUC), este artículo fue modificado y sustituido por el siguiente: “Es obligatoria la educación
inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de
niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de laConstitución de la República y las previsiones de la presente ley”.

Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), expresó: “En Uruguay la obligatoriedad va unida a la asistencia al centro”. Y hace luego referencia al artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el que se señala que los padres tienen el deber de “velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo”.

Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, se adhiere a las expresiones de Silva y añade a El País que “Uruguay no tiene posibilidad de llevar adelante el homeschooling aunque la Constitución lo posibilite, ya que no existe mecanismo de validación de saberes sin haber pasado por una institución formal en educación obligatoria”. Y sostiene: “Es una posibilidad de educación ajena al concepto educativo del Uruguay actual”.

Juan Pedro Mir, director de Educación en el último gobierno del Frente Amplio, presidente de Eduy21 y director del Colegio José Pedro Varela, también tiene una visión crítica con este modelo de educación. “El homeschooling lo que hace es reforzar los circuitos de fragmentación de las experiencias educativas de los niños y adolescentes en cualquier sociedad, pero particularmente en la nuestra”, la que él ya considera como “fragmentada”.

Argumenta que la educación tiene dos patas: la formación del niño y la formación del ciudadano, y “un ciudadano debe integrar la sociedad para el beneficio común”. Dice además que Uruguay tiene una “visión vareliana de la escuela como un espacio de encuentro público” y sacar al alumno de este espacio supone privarlo de herramientas y habilidades para insertarse en el mundo laboral y político. Por último, agrega: “Detrás del homeschooling se puede asociar que hay una revisión de la Convención sobre los Derechos del Niño porque no se termina de aceptar que es un sujeto de derecho y no es propiedad de la familia”.

Por otro lado, Rocio Schiappapietra, directiva de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía y docente en la Universidad Católica del Uruguay, dice a El País que “todas las personas tienen necesidades educativas diferentes” y por eso “hay que estar abiertos a estas propuestas porque no hay una respuesta única”. La secretaria de la directiva de Eduy21 puntualiza que este tema “invita a pensar en el rol de la familia en la participación educativa de los aprendizajes formales”. Sin embargo, esta especialista jamás lo ha pensado para Uruguay.

Un grupo de padres uruguayos eligieron la escolarización en casa para sus hijos -pese a que después fueron intimados por la Justicia- y conformaron un proyecto llamado “Amanecer”: acomodaron una de sus casas en Valizas (Rocha) para que sus hijos fueran educados allí. “Es un espacio libre en donde se da un aprendizaje integral, vivencial y práctico. Les damos la posibilidad de elegir qué quieren aprender y así nosotres poder observar y conocer sus gustos”, se expresa en un video grabado por estos padres.

https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/prohibe-uruguay-educacion-formal-hogares.html

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Uruguay: Trabajadores del Estado realizan nuevas protestas para reclamar mejoras salariales e ingreso de personal

Trabajadores del Estado realizan nuevas protestas para reclamar mejoras salariales e ingreso de personal

Funcionarios del Estado paran en reclamo de recuperación de salario perdido e ingreso de personal

Los trabajadores de los organismos públicos reclaman recuperación de salario perdido, ingreso de personal y cuestionan la falta de avances con el Poder Ejecutivo.

El paro se procesará en diferentes horarios, pero siempre dentro del rango de las 8 y 16 horas, por lo cual todos los servicios de la administración central y organismos del 220 de la Constitución de la República verán distorsionados el horario de atención al público.

Se informó también que los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) pertenecientes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en el Ministerio de Salud Pública pararan sus actividades a nivel nacional por 24 horas, pero dispondrán de guardias gremiales para urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y atención en salas de internación.

El paro incluye una concentración a las 10:30 horas frente a Torre Ejecutiva y una marcha por 18 de julio hasta el Ministerio de Economía donde se desarrollará un acto central con oratoria de dirigentes de COFE.

Horarios de los servicios

Ministerio de Desarrollo Social. Paro de 10 a 15 horas.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Activo de militantes de 10 a 14 horas.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Paro de 11 a 14 horas.

Instituto Nacional de Rehabilitación. Paro de 24 horas con guardia gremial.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Paro de 8:30 a 14 horas.

Ministerio de Educación y Cultura. Paro de 9:30 a 13:30 horas.

Corte Electoral. Paro de 24 horas.

Casinos del Estado. Paro de 24 horas.

Lucha Antituberculosa. Paro de 24 horas.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Paro de 11 a 14 horas.

Ministerio de Turismo. Paro de 10 a 14 horas.

Ministerio de Industria y Energía. Paro de 10 a 13 horas.

En los servicios de atención directa en régimen de tiempo completo de 24 horas del INAU se atenderá a Niños niñas y Adolescentes y a los jóvenes en Privación de Libertad en el INISA en régimen de guardia gremial.

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Paro de 8 a 16 horas. Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Paro de 8 a 16 horas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permanecerá cerrado sin atención al público durante toda la jornada del jueves.

El Ministerio de Educación y Cultura no atenderá al público durante toda la jornada en la mayoría de sus servicios, y no habrá transmisión en la Televisión Nacional. Tampoco funcionaran los servicios en la Biblioteca Nacional, Registro Civil, y Registros Públicos por lo que no habrá atención al público durante toda la jornada.

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Paro de 11 a 14 horas.

LR 21

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2022/06/uruguay-trabajadores-del-estado-realizan-nuevas-protestas-para-reclamar-mejoras-salariales-e-ingreso-de-personal/

 

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Encuesta: ¿Qué opinan los uruguayos sobre la educación en liceos y escuelas públicas?

«El 52% considera que necesita muchos cambios y un 25% adicional que necesita cambios, pero pocos», señala la última encuesta de Cifra.

La consultora Cifra publicó los datos de su última encuesta para conocer qué opina la población sobre la educación que se ofrece en las escuelas y liceos públicos. Un 52 % de los encuestados considera que la educación pública necesita muchos cambios y un 25 % cree que los cambios son necesarios, pero son pocos. Apenas un 18 % cree que el sistema actual “es adecuado”.

En una comparativa con una encuesta similar del año 2013, la respuesta es la misma: “La enorme mayoría de la gente piensa que hace falta reformar la educación”, dice Cifra.

“En el interior del país solo el 46% considera que hay que realizar reformas profundas, mientras que en la capital el 60% pide cambios grandes. También varía la evaluación según el nivel educativo de cada persona: a más educación formal, aumenta la proporción que considera que la educación pública necesita muchos cambios”, detalla la consultora.

Cifra

Cifra

Dado que una reforma educativa requiere consensos políticos, es también la política la que suele dividir las opiniones de la población. Sin embargo, en esta cuestión hay un pensamiento alineado: “Se observa gran consenso a nivel del electorado: la mayoría absoluta tanto de los votantes de la coalición como de la oposición coincide en que hay que cambiar la educación pública”, dice Cifra.

Cifra

Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/reforma-educativa-poblacion-opina-educacion-escuelas-liceos-publicos.html

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Uruguay: Es “apresurado” hablar de una tendencia a la baja del delito, afirma el director del Observatorio sobre Violencia del Ministerio del Interior

Para el sociólogo Javier Donnangelo, que se mantiene en su cargo desde la gestión de Eduardo Bonomi, el aumento de los homicidios es “la novedad criminológica más importante que ha visto el país en los últimos tiempos”

Lleva más de una década al frente del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Es un caso raro de un funcionario situado en un área clave que se mantuvo en su puesto cuando cambió el gobierno. El sociólogo Javier Donnangelo recibió a la diaria en un alto de su jornada de trabajo. Su escritorio, tapado de papeles y documentos, está en una oficina austera, de paredes sin cuadros ni adornos. Donnangelo comenta que es un día ajetreado, porque se están terminando de procesar las cifras de los delitos del primer trimestre del año, que se dieron a conocer ayer. Sin embargo, con amabilidad, dedicó casi una hora y media a esta charla.

El senador frenteamplista Charles Carrera planteó la duda de si usted continuaba al frente del Observatorio, dadas sus pocas apariciones públicas. ¿Sigue?

Sí, tengo el mismo rol.

¿Se planteó la disyuntiva de dejar el cargo con el cambio de gobierno?

No, no se manejó y yo tampoco lo consideré. Mi tarea tiene un componente vocacional muy fuerte. Yo me formé para esto, es el área de trabajo que me interesa, el trabajo científico con el que más me identifico; la criminología es mi área de especialización como sociólogo. Tengo acumulado un trabajo de años que no me pareció razonable interrumpir, ni quiero perder este capital de experiencia acumulada.

Un dato que ha llamado la atención en las estadísticas de 2020 y 2021 es el aumento de las llamadas “muertes dudosas”. Se planteó que podrían estar solapando algunos homicidios. ¿Quién determina lo que es una “muerte dudosa”?

La Policía interviene en un caso y da cuenta a la Fiscalía. Allí se da un proceso de intercambio de información y se determina cuál es la mejor manera de caratular en forma primaria ese hecho.

O sea que la Policía le sugiere a la Fiscalía y luego se decide en un diálogo entre ambas.

Sí, en general es así.

¿Y si no se ponen de acuerdo?

Prima el criterio de la Fiscalía. Es una clasificación primaria que puede variar en función de los nuevos elementos que se vayan recogiendo en las indagatorias e investigaciones. Pero, en general, tiende a mantenerse. Sin duda, hay casos de cambio, pero no son mayoritarios.

¿Cuál es el criterio para calificar una muerte como “dudosa”?

Son situaciones en las que la Policía concurre a un lugar donde hay un cuerpo y esa escena no presenta alteraciones importantes. No hay señas anormales de ninguna índole, pero, al mismo tiempo, tampoco hay testigos. O sea que inicialmente subsiste un leve margen de incertidumbre respecto a qué pudo causar esa muerte. Esas dudas normalmente se van despejando en el correr de los días, en la medida en que se van realizando algunas indagatorias: se cita a declarar a algún familiar, algún vecino. O el cuerpo es periciado por técnicos del Poder Judicial, del Instituto Técnico Forense, que lo examinan y determinan si se trató de una muerte por causas naturales o externas. En la medida en que esas informaciones adicionales van llegando, el título inicial de “muerte dudosa” se va ajustando y puede cambiar a otra tipificación, que puede ser de homicidio, suicidio o muerte natural.

Un anciano muere en su casa solo. ¿Es una muerte dudosa?

Puede serlo.

Si luego se entrevista a un pariente que deja constancia de que tenía una salud muy endeble, puede pasar a muerte natural. Pero si un forense detecta signos de violencia, pasa a ser un homicidio… ¿Es algo así?

Sí, exacto. Esa es la lógica del proceso. Otra situación que es común que se clasifique inicialmente como muerte dudosa es cuando el estado del cuerpo no permite de entrada determinar si hay signos de violencia. Ocurre con los cuerpos que son encontrados varios días después de la muerte y que ya han sufrido un proceso de deterioro importante. En esos casos, exámenes más a fondo de los médicos legistas permiten ajustar ese título inicial. También es bastante común que se califique en primera instancia como muerte dudosa el caso de personas que se ahogan. Porque no suele haber testigos y en principio no se puede descartar que la persona haya sido empujada al agua. Conforme van surgiendo nuevos elementos, el caso cambia de carátula.

Está claro entonces lo que son estas “muertes dudosas”. ¿Cuál sería entonces la razón para el aumento en los dos últimos años?

Tenemos explicaciones tentativas, pero no hay ninguna razón para dudar de ellas o pensar que están muy apartadas de la realidad. Pensamos que probablemente esta situación, como tantas otras, pueda estar relacionada con la coyuntura tan particular de distanciamiento social que ha vivido la humanidad en los últimos dos años. La pandemia trajo una merma de actividad humana en todas las áreas. Todas las actividades han estado alteradas.

¿Más gente que murió sola?

Eso puede estar influyendo. Y también la dificultad para hacer los trámites administrativos que se hacen ante cada muerte dudosa. Las entrevistas a parientes y vecinos para actualizar los datos, por ejemplo. Durante estos dos años muchísima gente no ha podido declarar en juicios de todo tipo por estar en cuarentena. Además, muchas oficinas, incluyendo las del Ministerio del Interior, han trabajado con menos personal. Todo eso puede haber hecho que aumente el tiempo en que estas situaciones permanecen con el rótulo de “muertes dudosas”. Pensamos que el número aparece aumentando porque situaciones que antes se daban de baja no lo han hecho por todos estos retrasos.

Deberían bajar entonces en los próximos registros.

Sí, conforme la situación siga volviendo a la normalidad, deberían volver al nivel prepandemia.

¿No existe la posibilidad de que las muertes dudosas encubran homicidios? ¿Lo descarta?

No tengo ningún elemento para afirmarlo. Incluso hemos hecho sobre estos casos algunos estudios que se salen de nuestra línea de trabajo habitual. Buscamos reunir elementos nuevos que nos permitieran comprender mejor este aumento. Y estos estudios arrojaron resultados consistentes con la explicación que le venía dando.

¿Analizaron caso a caso los fallecidos “dudosos”?

Sí, fuimos uno a uno a los reportes policiales de esas muertes de 2020 y 2021. Registramos algunas de sus características y las comparamos con las de los homicidios. Y encontramos que hay claras diferencias en los perfiles demográficos. Mientras los homicidios involucran mayormente, en promedio, a hombres jóvenes, en las muertes dudosas el perfil de las defunciones es mucho más heterogéneo: la proporción de mujeres es bastante más alta y el promedio de edad de los fallecidos también es apreciablemente más alto. Son elementos que despejan esa duda de cualquier manejo irregular en la clasificación de los eventos.

Si la pandemia influyó en el aumento de las muertes dudosas, ¿no influyó en todo lo demás? ¿El delito bajó en los dos últimos años por la pandemia?

La discusión lamentablemente ha devenido política. Y como mi función en el Ministerio del Interior es técnica y no política, y al servicio del Estado y no de un gobierno, creo que no corresponde que me pronuncie. Pero sí puedo hacer algunas consideraciones que permitan poner el tema en un contexto un poco más amplio y más científico. En ese sentido, lo que puedo señalar es que hay muchos estudios científicos que se han realizado en los dos últimos años que muestran de manera bastante clara que en muchos países la pandemia, especialmente en los primeros meses, implicó una reducción de los delitos. Eso es así. Hay evidencia científica, no estoy dando una valoración personal. Pero también es importante decir que esto no ha sido un patrón universal ni uniforme. Hay excepciones importantes. Una es Estados Unidos, donde durante la pandemia aumentó el delito de un modo muy fuerte, en especial las tasas de homicidio. De manera que hay que tomar estas consideraciones con cuidado.

¿Los dos años que tuvimos de baja del delito marcan una tendencia?

No. En eso podemos ser bastante concluyentes. En general en circunstancias normales no se puede considerar que se marca una tendencia antes de dos años.

Acá van dos años.

Pero no fueron normales. Recién vamos a poder hablar de tendencias con el cuadro que emerja a fines de este año. Ahí tendremos elementos para hablar de alguna tendencia, en un sentido u otro. Hoy, desde un punto de vista científico, es apresurado hablar de tendencias.

Los homicidios aumentaron a partir del segundo semestre de 2021 y eso también marcaría una tendencia contraria al descenso experimentado antes.

En el último trimestre de 2021 tuvieron un leve empuje. Y esa tendencia parece estar consolidándose en el primer trimestre de este año.

¿Hay una explicación para este aumento?

Es la novedad criminológica más importante que ha visto el país en los últimos tiempos. Los homicidios en Uruguay se caracterizaron históricamente por ser muy estables, por mantenerse durante mucho tiempo en un nivel muy bajo para el contexto regional. Durante muchos años la tasa de homicidio se situó entre 7 y 8 cada 100.000 habitantes. Pero en 2012 por primera vez se produjo una inflexión en esa curva, que hasta ese momento era plana, y los homicidios registraron una suba. Y no se detuvo allí. En 2015 tuvimos otro escalón. Y en 2018 nuevamente.

Ahí fue el pico.

La suba más pronunciada. Ahora estamos viendo un incremento que hace que los niveles vuelvan a los de 2015-2017. No llega al nivel de 2018, pero estamos por encima de los promedios históricos. Yo entiendo que está fuertemente ligado a una situación instalada desde 2008, que fue madurando entre ese año y 2011 y que hizo explosión en 2012: los enfrentamientos entre bandas que procuran controlar la distribución minorista de drogas. Es una tendencia bastante global que requiere todavía de muchos estudios para entender cómo opera.

¿Cambiaron los tipos de homicidio, además de la cantidad?

Los anteriores a 2012 se originan en conflictos acotados, a nivel individual: una pelea entre borrachos, un homicidio motivado por celos o por una infidelidad real o supuesta, una rapiña que se salía de control… Hoy se originan en conflictos entre grupos. Es un fenómeno criminológico nuevo.

En una entrevista en 2015 marcaba que habían aumentado los homicidios con armas de fuego, que habían pasado a ser de menos de 50% a más de 75%.

Sí. Y además cambió el tipo de arma. Antes de 2011 se usaba el revólver. Hoy fue sustituido por armas automáticas o semiautomáticas, en especial pistolas de 9 milímetros. Son armas más letales, porque disparan más tiros. Las estadísticas muestran que el número promedio de heridas, en episodios con armas de juego, también aumentó.

También decía en 2015 que los homicidios se concentraban en Montevideo, Canelones y Rivera.

El fenómeno se ha ido extendiendo. Hoy ya llegó a otros departamentos, como Lavalleja y Maldonado.

En países que han estudiado este fenómeno mucho más que nosotros los estudios muestran que la reincidencia es muy persistente, muy difícil de aliviar o disminuir, y que los programas y las políticas que buscan influir sobre su nivel por lo general no dan resultados muy fuertes.

¿Hay estadísticas sobre reincidencia?

Tenemos una escasez importante de estudios rigurosos sobre este tema. Lo que puedo decir sin temor a equivocarme es que la reincidencia es siempre un hueso duro de roer. En países que han estudiado este fenómeno mucho más que nosotros los estudios muestran que la reincidencia es muy persistente, muy difícil de aliviar o disminuir, y que los programas y las políticas que buscan influir sobre su nivel por lo general no dan resultados muy fuertes. Hay apenas un puñadito de intervenciones o medidas que han dado buenos resultados, pero tampoco son dramáticos. Apenas suavizan el fenómeno, sin extinguirlo por completo. Hay una sola cosa que extingue la reincidencia. Es algo muy interesante y con mucha implicancia en el diseño de las políticas criminales: todos los investigadores coinciden en que lo único que extingue la reincidencia es la edad. Conforme la edad aumenta, la reincidencia baja, hasta que alrededor de los 50 años casi que se extingue.

Esto da una visión bastante pesimista de lo que se puede lograr en una cárcel. Parece abonar una visión que sería que el delincuente habitual esté encerrado hasta que cumpla 50.

Sí. Esa es una lectura posible.

Este comportamiento de la reincidencia no parece ser un dato asumido en Uruguay.

Acá hay un gran desconocimiento de cómo funcionan estas cosas. Hay pocos tomadores de decisiones, tanto de los actuales como los del pasado, que manejan estos datos, que son conscientes de que el fenómeno de la reincidencia tiene esta dinámica. Y, obviamente, a medida que uno se va alejando de la gente involucrada en el tema y se incursiona en círculos sociales más amplios, esa conciencia es cada vez menor. El vecino al que le robaron ayer el auto en la puerta de su casa comprensiblemente lo que quiere es que se castigue a los responsables. Y no tiene la menor idea de que ese castigo no siempre tiene el efecto disuasivo que se pretende. Y tampoco sabe que la frecuencia con que las personas cometen delitos disminuye conforme van envejeciendo. Las razones de este fenómeno no están muy claras, pero es así. Nadie lo discute, los resultados de todo el mundo muestran lo mismo.

La inmensa mayoría de las personas privadas de libertad, no sólo acá sino en el mundo, provienen de barrios en los cuales las condiciones socioeconómicas están debajo del promedio.

Hay otros patrones. Uno va a las cárceles y lo que ve son muchos varones, muy jóvenes, y la inmensa mayoría de barrios muy pobres. Eso también dice algo.

Sin duda. La inmensa mayoría de las personas privadas de libertad, no sólo acá sino en el mundo, provienen de barrios en los cuales las condiciones socioeconómicas están debajo del promedio. Eso tampoco nadie lo discute.

Y si la reincidencia es muy difícil de bajar, ¿no será que las acciones se deben tomar antes de que esos jóvenes se tornen delincuentes?

Sin lugar a dudas. Hay mucho para hacer en ese campo. Cada vez hay más evidencia científica que muestra que los años iniciales de la vida son decisivos para formar algunos rasgos de personalidad que tienen que ver con el control de impulsos, la capacidad de pensar a largo plazo y de diferir la obtención de gratificaciones, de no buscar gratificaciones inmediatas cuando hacerlo puede traer consecuencias negativas. Las personas que cometen delitos de manera regular tienen en común que incurren con más frecuencia en conductas riesgosas que reportan una gratificación inmediata. Se sabe que entre las personas privadas de libertad la proporción de individuos que sufre enfermedades de transmisión sexual es más elevada que en el promedio de la población en general. Lo mismo ocurre con los accidentes domésticos o de tránsito, el consumo excesivo de alcohol o drogas y las apuestas en juegos de azar. Todas estas conductas son más frecuentes entre los privados de libertad. Está cada vez más documentado en la investigación científica en criminología: parece ser que un rasgo de la personalidad de estas personas sería un cierto déficit de autocontrol, una merma en su capacidad para contenerse de perseguir objetivos que dan gratificaciones inmediatas pero tienen un costo posterior muy alto. Y esa capacidad se constituye en los primeros siete u ocho años de la vida. Y quien no adquiere esa capacidad en esta etapa, tiene grandes dificultades para adquirirla después. No quiere decir que no pueda. Pero es más difícil. Y cuando lo logra, generalmente lo hace en una medida menor que quien la adquirió en la primera infancia. Es un tema muy importante y no está en la agenda de nadie.

¿Se llevan estadísticas de casos de abuso policial?

Llevamos lo que se denomina “abuso de funciones”. Son como las “muertes dudosas”: una categoría que, según evolucione el caso, puede ser modificada.

¿Han aumentado?

No. En los últimos dos años no hemos encontrado variaciones sustanciales. En general el nivel se ha mantenido respecto de 2018 y 2019.

¿Se nota un efecto de la ley de urgente consideración en la evolución del delito?

Preferiría no entrar en consideraciones, para preservar mi rol técnico.

¿La divulgación de las estadísticas de delitos va a seguir un patrón?

Se me ha comunicado que será trimestral.

¿Cambió algo importante de Eduardo Bonomi a Jorge Larrañaga y a Luis Alberto Heber?

No. En cuanto a mi trabajo, no ha habido cambios significativos. Siempre he trabajado con autonomía e independencia técnica. Es bueno que los elencos técnicos puedan tener continuidad más allá de los cambios políticos.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/4/es-apresurado-hablar-de-una-tendencia-a-la-baja-del-delito-afirma-el-director-del-observatorio-sobre-violencia-del-ministerio-del-interior/

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