Jubilados y pensionados marchan en Uruguay por sus derechos
Las futuras jubilaciones en Uruguay serán entre un 10 y un 38 por ciento más bajas si se aprueba el proyecto de ley de reforma de la seguridad social.
“Basta de Limosnas”, “Jubilaciones Dignas Ya” y “Continuidad del Sistema de Cuidados”, fueron algunas de las consignas.
Organizaciones de jubilados y pensionistas de Uruguay se manifestaron este jueves en defensa de la calidad de la vida, y reiteraron la necesidad del aumento de jubilaciones y pensiones en el país.
La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay precisó que la marcha se llevó a cabo ante la pérdida de la calidad de vida, del poder adquisitivo y de otros derechos que están quedando en el camino.
El Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), por su parte, subrayó que en Uruguay “hay hambre, hay desocupación, hay pérdida salarial, hay pérdida de calidad de vida”.
En este sentido, valoró que “el Gobierno parece no tener una visión integral de las necesidades de nuestro pueblo y por desconocimiento no solo achica y reajusta nuestros derechos, sino que nos ataca”.
“Todos los jubilados y pensionistas del tres por ciento que empezamos a cobrar a partir de julio de este año y que va a ser descontado en diciembre, estamos solicitando que realmente quede como incremento para el 2023 a partir de enero”, indicó la PIT-CNT.
Con las consignas “Basta de Limosnas”, “Jubilaciones Dignas Ya”, “A casi tres años del Gobierno y ni una sola vivienda para jubilados” y “Continuidad del Sistema de Cuidados”, los uruguayos se pronunciaron además contra los Fondos de Ahorro Previsional (Afap).
De acuerdo con plataformas locales, las futuras jubilaciones en Uruguay serán entre un 10 y un 38 por ciento más bajas si se aprueba el proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social propuesto por el Gobierno de l presidente Luis Lacalle Pou.
La PIT-CNT insistió que la política del Ejecutivo se enfoca en favorecer a sectores más privilegiados.
“Se ve en el crecimiento, récord de exportaciones, récord de aumento de precios de materias primas que exporta Uruguay y de depósitos financieros en bancos locales. Nada de eso llega al bolsillo del pueblo”, precisó.
La PIT-CNT convocó el martes 15 de noviembre a un paro contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad, en defensa de los derechos y hacia el III Congreso del Pueblo.
Cuautla, Morelos. En el libro «Mundos Otros y pueblos en movimiento. Debates sobre anti-colonialismo y transición en América Latina», el periodista y escritor uruguayo Raúl Zibechi propone una mirada social a las experiencias y luchas de América Latina; el papel del Estado y sus alianzas; del pensamiento crítico, de los pueblos originarios y de las resistencias, e invita a pensar en las renovadas y e innovadoras lecturas de una realidad.
En entrevista con Desinformémonos, Raúl Zibechi explica que “los pueblos originarios y su lucha anticolonial, junto con las mujeres y su lucha antipatriarcal, son dos movimientos o sujetos colectivos que han hecho entrar en crisis al pensamiento crítico de cuña eurocéntrica, ya sea marxista, anarquista, cristiana. Son colectividades que han mostrado un mundo nuevo, que no se va a construir después de la toma del poder, sino que ya existen en retazos pequeños de mundos otros”.
Los movimientos que gestan esos mundos nuevos, la resistencia, la lucha y la esperanza, asegura Zibechi, “siempre se ubicaron en la periferia”. Esos mundos donde los sectores populares tienen una fuerza importante en sus propios territorios, pueblos originarios, pero también negros, campesinos y periferias urbanas, “ya no esperan al mañana, ya existen hoy”.
Desde hace más de 30 años, Raúl Zibechi ha recorrido la América Latina insumisa. Es un viajero que acompaña movimientos y procesos sociales, así como educador popular y periodista, que forma parte del equipo de trabajo en Desinformémonos y en otros medios de comunicación.
Zibechi explica que su formación en los años 60 y 70 comenzó cual ferviente seguidor del marxismo-leninismo, que defendía la revolución, la toma del poder, la organizacion jerarquizada, la dirección con centralismo democrático y la conquista del poder. En ese tiempo era la puerta que abría el tránsito de un mundo nuevo a un mundo poscapitalista, socialista “o como se le quiera llamar”, hasta que “esa forma de ver el mundo entró en crisis”.
Era una crisis ideológica, aclara el periodista. “En principio pensaba que había entrado en crisis por el fracaso del socialismo real, pero luego me doy cuenta de que, además de eso, la irrupción de dos fuerzas sociales muy importantes, que son los pueblos indígenas y las mujeres, que esos mundos otros están tejidos, no con la producción de mercancías o valores de cambio, sino por la producción de valores de uso. Son básicamente un mundo de los cuidados, del sostenimiento y la reproducción de la vida”.
En Mundos Otros, Raúl Zibechi escribe que “uno de los obstáculos a superar en este proceso anticolonial era el propio concepto de movimientos sociales y de movimiento anti-sistémico, conceptos creados en contextos determinados”. Más adelante, Zibechi emplea el término de “sociedad en movimiento” para ubicar territorios y organizaciones territoriales, pero argumenta que las experiencias zapatista, kurda y de pueblos originarios en Latinoamérica lo llevaron al concepto de “pueblos en movimiento”, al que se suma el ingrediente de la autodeterminación.
Esos mundos, señala el escritor, “los encontramos en comunidades indígenas, en palenques, en espacios donde los sectores populares organizados recuperan territorios y van construyendo su vida en esos espacios, esos mundos no hegemonizados por el capital ni por el Estado ni por relaciones sociales patriarcales y coloniales capitalistas”.
Estados que mutan
Sin olvidar el papel del Estado y su desarrollo, Raúl Zibechi explica que éstos “han mutado radicalmente. Aunque no hay una fecha concreta de esa mutación, sí hay un periodo que podría llamarse periodo neoliberal, en los años 80 y 90, cuando los Estados se transforman bajo la hegemonía del capital financiero, pues antes el capital era básicamente un capital productivo, industrial”.
Explica que el Estado, en el periodo anterior, “contribuía a la formación de ciudadanos, el Estado-Nación, que defendía la soberanía nacional”. México, señala, es un ejemplo de ello, pues desde el Cardenismo, la soberanía nacional y la construcción de ciudadanos “es a través de la escuela, de los símbolos patrios y del trabajo”.
Fue un periodo en el cual “una familia podía llegar del campo a la ciudad, existía una fuerte migración interna, y a lo largo de una o dos generaciones podían tener una desarrollo ascendente. Llegaban a la ciudad como albañiles o mujeres que trabajaban en la limpieza, y después de un tiempo podían enviar a sus hijos o hijas a la Universidad. Eso fue una realidad en todo el mundo, y también en América Latina”.
Hoy en día, expone Zibechi, “la situación se han invertido, pues hoy la ciudadanía no tiene ningún valor y la soberanía nacional tampoco. Los Estados-Nación han sido secuestrados por ese uno por ciento que representa el capital financiero. El Estado ya no sirve más para crear ciudadanos ni para proteger a través de la salud, de brindar educación, de alentar la vida y la reproducción de las familias; sino que son parte del sistema de acumulación por robo, de acumulación por desposesión, como lo menciona el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en el texto La Cuarta Guerra Mundial”.
Las formas en las que se traduce la guerra de despojo contra los pueblos se observa, agrega el periodista y acompañante, en el desplazamiento de comunidades enteras para convertir la naturaleza en mercancías. Esa política de capital, explica, “es apoyada y avalada por el Estado, en un proceso donde sus instrumentos, desde las fuerzas armadas y policiales hasta la justicia y un andamiaje institucional, facilitan el despojo, mercantilizando todo lo que puedan. Ahí es donde se encuentran las resistencias”.
“Ya no importa tanto quién esté en el gobierno, si es de derecha, izquierda, centro o lo que sea, porque la política y las acciones concretas se deciden en otro lugar, en los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un tribunal internacional de arbitraje al servicio del capital”, enfatiza Zibechi.
El proceso de secuestro del Estado por el capital financiero, como lo llama el autor, ha sido muy rápido, se produjo en muy poco tiempo, en un par de décadas. “Ya no depende a considerar que hay sectores o personas buenas dentro de esas institucionalidades, porque eso no cambia”, sentencia.
La resistencia en la periferia
Una de las cosas que ayudó a definir las periferias, expone Raúl Zibechi, fue estudiar a fondo el proceso de trabajo y resistencia en las fábricas de Uruguay y de las causas y el desarrollo de las rebeliones contra el sistema de explotación de la división social del trabajo, en lo que se llamó Fordismo y Taylorismo.
En este sistema de trabajo, explica, participaron “los obreros no calificados, la periferia de los obreros, y los obreros más calificados o una parte de ellos. Pero inicialmente esta periferia de obreros no calificados estaba en las secciones más ruidosas, más contaminadas en pintura, en aquellas secciones que implicaban una maquinaria terriblemente ruidosa, con frío en invierno y calor en verano. Ellos son los que se rebelaban. Esas rebeliones obreras no pasaban por los sindicatos, sino que los sindicatos las bloqueaban o intentaron bloquearlas, aunque en algunos casos hicieron un puente y a veces acompañaron esas luchas”.
Insiste en que existe una lectura en el movimiento obrero sobre “que el sindicato fue el centro de la lucha. Ha habido sindicatos muy buenos, pero siempre fue la base obrera y sobre todo los no calificados (periferia) en la industria los que tomaron la iniciativa”.
Ahora, explica Zibechi, son los pueblos originarios, los pueblos negros, campesinos y las periferias urbanas los centros de los movimientos, pero esto tampoco quiere decir que son todos los que participan en las luchas.
“Si uno mira con la lupa”, detalla el viajero y acompañante, “ve lo que existe en las comunidades, que algunos jóvenes y jóvenas toman la inciciativa y en el mejor de los casos consiguen arrastrar a buena parte de la comunidad, o a muchas comunidades en algunos momentos. Después viene la represión y lo que queda es un núcleo reducido, pero con convicciones muy firmes”.
Añade que son grupos no jerarquizados, que no responden a un aparato que funciona en el centralismo democrático, sino una organización de carácter comunitaria, con compromiso militante. “No hace falta estar en una organización jerarquizada para tener un firme compromiso con la vida, con la lucha y la resistencia. Además ellos tienen un diálogo con sectores más amplios, que cuando pueden se expresan”. Eso, resalta Zibechi, es el corazón.
“Las cosas funcionan en la vida con base en dos momentos: la expansión y la contracción. Cuando la represión es muy fuerte aparece la contracción y los pueblos se protegen, pero cuando hay condiciones se expanden. Sucede así en el invierno o en el verano con las plantas, con los animales, con la vida y con las luchas”, aclara el periodista.
“La vida son ciclos”, dice. “Eso es lo que pasa en las Juntas de Buen Gobierno, en Cherán u otras experiencias. Cuando la situación se pone muy dura, parece que las cosas se reducen al mínimo, pero luego vuelven. Lo digo para no desesperar, porque las cosas en este momento están pasando por una sequía muy depredadora, y tiene muchas raíces esa sequía, algunas en institucionales, otras represivas y otras vivenciales”, remarca.
Economías legales e ilegales
“Yo quiero desarmar la idea de las economías legales e ilegales para pensar que todo el sistema funciona como un mecanismo aceitado legal o ilegal, pacífico y con violencia, y que en cada momento se utiliza lo que conviene. Las llamadas economías ilegales o el narco no podrían existir ni sobrevivir sin un apoyo explícito de las Fuerza Armadas y policiales, del aparato de justicia y por lo tanto del Estado”, recalca el periodista Raúl Zibechi.
El concepto de lo legal y de lo ilegal, considera, “habría que aparcarlo, estacionarlo a un costado”, porque “uno puede decir que la economía capitalista es legal, pero fue fundada en el despojo. Cuando los Españoles llegan a la América no había propiedad privada, pero entonces usurparon tierras y le pusieron el nombre de los hacendados a las tierras, y así todo”.
Si miramos a largo plazo y miramos esto ciclos, cuenta el escritor, “vemos que la economía llamada legal siempre estuvo fundada en lo ilegal, en las fuerzas brutas, y se reproduce en buena medida de la misma manera. Hoy existe todo un aparato publicitario queriendo convencer a la población de que la sociedad funciona bien, sólo que existen malos muy violentos llamados narcos. Pero el sistema hoy funciona con base en el despojo, y las llamadas economías ilegales o narcos son complementarias de esas economías supuestamente legales”.
Un ejemplo que explica a la economía legal son las patentes de las semillas, dice. “Hoy en día se patentan semillas que durante milenios cultivaron los campesinos, pero llega Monsanto u otras empresas y se apropian de ellas, y el campesino ya no la puede seguir usando. En Colombia hay gente presa o asesinada por usar y guardar sus mejores semillas, algo que siempre hicieron los campesinos, para usarlas en la próxima temporada. Las semillas patentadas semillas que se suicidan, que ya no sirven para un segundo cultivo”.
Esta es una práctica de muerte, asegura Zibechi. “Es una economía de muerte y los campesinos lógicamente la resisten”. “La diferencia entre la economía legal e ilegal es mínima, es una cuestión de formas. Toda la economía capitalista, y en este periodo del capitalismo particularmente, se basa en el despojo, la muerte, el desplazamiento forzado y el genocidio, y eso o lo entendemos o nos llevan a la tumba sonriendo, porque creemos que estamos en la legalidad”, considera.
El escritor y periodista se pregunta, “¿cuál es la legalidad de la Guerra contra las Drogas?” En relación con las “economías ilegales”, dice, “éstas contribuyen porque les ayudan a despejar en los lugares donde existe oposición, y no es ninguna casualidad que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en buena parte de México, los narcos a quienes atacan no van contra el ejército ni el gobierno. Atacan a los pueblos que resisten. Sistémicamente son parte de lo mismo. Más que una alianza, diría que es un engranaje que funciona abarcando todas esas facetas”, concluye el periodista.
Frente a todo el engranaje sistémico de violencia y despojo contra la vida, sin embargo, Zibechi asegura que los movimientos y las luchas sociales, gestadas en la periferia, son el frente que no sólo resiste a las embestidas del Estado y el capital, sino que también, como parte de su resistencia, construyen y participan desde su cotidianidad los mundos otros, aquellos que abren paso a los nuevos mundos.
Si bien la falta de recursos ha sido un reclamo histórico para la educación, sector fundamental de la sociedad y del Estado, en los últimos dos años de gobierno derechista se profundizaron los problemas y se hicieron trizas los paradigmas de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad en aras de un concepto mercantilista. El entendimiento del Ejecutivo está tan alejado de las necesidades de la niñez, juventud y adolescencia, que toma medidas restrictivas, represivas y de recortes presupuestarios.
Los reclamos contemplan la reforma educativa que consideran “regresiva”, la censura que han padecido reiteradas veces cuando realizaron pintadas en murales de los centros educativos, problemas edilicios, mejores condiciones de estudio y mayor presupuesto. Los reclamos se vienen repitiendo en los últimos años: el reclamo por el 6% + 1 del Producto Bruto Interno (PBI) viene de larga data, pero el gobierno no toma esta bandera con compromiso verdadero con la educación.
Pero a pesar de las continuas evaluaciones que demuestran que la educación es la base de todo, incluso de la disminución del crimen, parece un hecho que no existe la misma concepción en el gobierno.
El país atraviesa importantes dificultades relacionadas a su educación: bajos niveles de cobertura en educación media y terciaria; altas tasas de repetición desde la educación primaria; niveles de extraedad muy importantes como correlato de la alta repetición; altos índices de desafiliación escolar (en particular en la educación media) y por consiguiente un número muy elevado de jóvenes que no logra completar el ciclo educativo obligatorio y bajos niveles de aprendizajes. entre otros.
Si se analizan las problemáticas según el origen socioeconómico de los estudiantes, los resultados arrojan la existencia de una marcada desigualdad.
Toda una maquinaria mediática, política y académica construye y difunde a diario el discurso de que la educación está en crisis porque los docentes faltan, hacen paros, su formación es deficiente, son corporativos, frenan todas las reformas. La tónica es la descalificación a los sindicatos, la presentación de información errónea y/o tendenciosa sobre el salario docente para ubicarlos como una casta privilegiada. Instalan la falsa oposición entre “docentes privilegiados” y “alumnos necesitados”.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, educado en la Universidad Católica de Lovaina y promotor de la Universidad Católica del Uruguay, es autor de “La segunda reforma”, en la que se opone a la educación pública y sugiere la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Además, su pareja, Maya Cikurel es acusada de lavar dinero en el escándalo Odebrecht.
El discurso de la crisis educativa como problema docente forma parte de un relato más amplio que identifica a la crisis con la educación pública (es sólo ésta la que estaría en crisis) al tiempo que asocia lo alternativo con la educación privada. Las coberturas sobre temas educativos de medios derechistas repiten la misma fórmula: exaltación de los logros de un liceo privado, comparación de ese éxito con “el fracaso” de los públicos, y reflexión sobre generalizar a todo el sistema las experiencias “exitosas” privadas.
En los años 60 el sistema educativo uruguayo tuvo como característica principal la expansión en el número de estudiantes, de docentes y de establecimientos educativos. Paralelamente se produce una actualización de las propuestas pedagógicas. En esa época la educación era un orgullo nacional. Sin embargo las oportunidades de trabajo para jóvenes eran muy limitadas.
Lejos de ser un problema original del Uruguay, las campañas de estigmatización docente son parte de una estrategia internacional dirigida a destituir los sistemas educativos públicos, subsumir a la educación a las necesidades de la globalización capitalista y transformar radicalmente el sentido del quehacer docente .
Wilkipedia señala que “En la educación pública uruguaya, son principios fundamentales la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, tal como fueran proclamados por José Pedro Varela en la reforma de 1876. Según estudios de la Unesco, la educación uruguaya garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, la educación de Uruguay favorece la equidad.
La población tenía acceso a educación gratuita desde primer nivel de preescolar hasta la graduación en la universidad. El país cuenta con una universidad pública de acceso libre y gratuito, la Universidad de la República, que consta de 16 facultades y servicios anexos. La oferta de educación pública se ve complementada por instituciones de educación privada que abarcan desde la educación preescolar hasta la terciaria.
Son numerosas las instituciones confesionales (católicas, metodistas, judaicas, etc.); también se destacan algunos colegios bilingües, mayormente ingleses, y también los hay franceses, alemanes e italianos. Uruguay fue precursor en materia de educación preescolar en América Latina, merced a la labor pionera de Enriqueta Compte y Riqué, quien fundó el primer jardín de infantes ya en 1892. La educación preescolar también es obligatoria.
Pero estos dos últimos años para la educación el panorama ha venido empeorando. La reforma educativa que baja sensiblemente la calidad de la enseñanza, la persecución a los gremios y sindicatos, así como la autonomía y el cogobierno, tiene vetas dictatoriales, ya que a ciertos hombres de poder que se manejan dentro del Estado con mentalidad empresarial y criados en ambientes antipopulares, elitistas y privados, no les satisface.
Y con esa misma mentalidad, decidieron que la Universidad de la República no tendrá un peso de presupuesto a partir del 2023. Estudiantes y docentes expresaron la “honda preocupación” por la que pasan los gremios y sindicatos de la educación por los recortes presupuestales a la Universidad de la República.
Un editorial de La Diaria señala que es penoso que la Universidad de la República tenga que forcejear año tras año en busca de recursos para el mantenimiento de tareas básicas, cuya importancia para el país es innegable, y que el rector Rodrigo Arim deba dedicar tiempo y esfuerzos a exponer razones cuya comprensión está al alcance de cualquier persona con un mínimo de sentido común.
Señala que en una institución privada de enseñanza, el aumento de la cantidad de estudiantes trae consigo más ingresos y, si la dirección tiene buen criterio, por lo menos una parte de ese dinero se destina a que no empeore la relación entre horas docentes y alumnos. En una institución pública, los recursos disponibles no dependen de la cantidad de estudiantes, y cuando esta crece (como sucede en la Udelar, con casi 5.000 más por año), queda en manos del Poder Ejecutivo que también lo haga el presupuesto.
El gobierno de Luis Lacalle dispuso en el Presupuesto de 2023 un incremento cero para atender el número de matrícula, de recursos humanos, investigación, retener jóvenes, postgrados, becas, y confirmó una rebaja de los fondos de la Universidad de la República (Udelar), lo que afecta a más de 146 mil estudiantes, más de seis mil docentes y no docentes y al futuro de la educación en el país.
La función de las universidades no es mantenerse sin cambios en un mundo cambiante, y para no quedarse atrás se ven obligadas, entre otras cosas, a innovar regularmente en investigaciones, proyectos y carreras, al tiempo que van mejorando su infraestructura desde lo edilicio hasta lo tecnológico.
A esto se suman, en la situación actual de la Udelar, la demanda en alza de becas – en un período de caída de ingresos para la mayoría de la población-, la necesidad estratégica de continuar y potenciar el desarrollo institucional fuera de Montevideo, la capital, y el apoyo a los investigadores jóvenes.
En los últimos años los poderes Ejecutivo y Legislativo han disminuido la asignación de fondos presupuestales y lo previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento implica una caída en siete puntos porcentuales.
Si bien el producto interno bruto de Uruguay se ha recuperado tras el período de emergencia sanitaria, y el oficialismo derechista decidió este año revertir parcialmente algunos recortes del gasto público, mantiene las reducciones presupuestarias en el área de educación superior, lo que algunos analistas ven como apoyo al negocio de las universidades privadas y al concepto de que la educación es para el que pueda pagarla.
“Se puede discutir en qué medida esto se debe a hostilidad política, prejuicios ideológicos contra lo público, incomprensión de requisitos indispensables para que el país y su gente mejoren o simple incompetencia, pero cualquier motivo imaginable horroriza”, dice La Diaria.
Uruguay vivió entre el 2002 y el 2019 el período de expansión más importante de su historia reciente, con un crecimiento acumulado del 87% a precios constantes. El incremento de la actividad económica se reflejó en los indicadores sociales: la pobreza se redujo de 32,5% en 2006 a 8,2% en 2019, mientras que el índice Gini pasó de 45,9 en 2006 a 39,7 en el 2019, denotando una mayor igualdad en la distribución del ingreso.
No obstante, a pesar del virtuoso desempeño a nivel macroeconómico, el ámbito educativo ha tenido resultados disímiles, con áreas donde el avance fue muy escaso. Un primer aspecto positivo es el aumento del promedio de años de educación de los adultos jóvenes, lo que sin embargo no ha cerrado la brecha entre personas del quintil más alto y el más bajo de ingresos, la cual se mantiene en alrededor de un 60%.
En el resto de los países en América Latina, la expansión educativa ha ido parcialmente cerrando brechas socioeconómicas en los años de educación formal alcanzados por los adultos jóvenes. Señala un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF), banco de desarrollo latinoamericano.
Uruguay logró en los últimos quince años importantes progresos en la cobertura alcanzada por los niveles educativos de los extremos. Por un lado, las tasas de escolarización bruta de niños entre 3 y 5 años han mejorado considerablemente, y lo han hecho además de la mano de cierres de brechas socioeconómicas y también en la dimensión urbano-rural.
La mayor expansión ocurrió entre los niños de 3 años, para los que se amplió la oferta de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y centros de educación inicial públicos. En la otra punta se encuentra la notable expansión de matrícula universitaria que se observa desde hace poco más de diez años, y que ha llegado casi a duplicar la cantidad de ingresantes por año en la universidad pública.
Esto ocurrió en el marco de la desconcentración territorial y expansión de los centros regionales en el interior del país de la estatal Universidad de la República (Udelar), así como por la creación y expansión de la Universidad Tecnológica (Utec), también con principal foco en el interior.
En buena parte, estos problemas del progreso educativo en Uruguay se asocian con el cuello de botella que ejerce el nivel secundario, especialmente en los jóvenes de menor nivel socioeconómico. Si bien se lograron importantes avances en el acceso a la secundaria en los últimos años, las tasas de matriculación bruta de jóvenes de 13 a 17 años en el quintil más pobre están aún entre las más bajas de toda América Latina.
Esto contrasta con lo observado entre jóvenes del quintil más rico, para quienes las tasas de matriculación se encuentran en los niveles más altos de la región. Al considerar la finalización del nivel secundario en vez de la matriculación, las brechas se agrandan aún más. Estas desigualdades en el nivel secundario se traducen luego en grandes diferencias en la matriculación en niveles educativos más altos.
Uruguay está entre los países con menor porción de jóvenes del quintil más pobre cursando algún tipo de educación superior y entre los que tienen un mayor porcentaje de jóvenes del quintil más rico matriculados en estos niveles educativos (comparable a los casos de Argentina y Chile).
Uruguay fue uno de los países latinoamericanos con mayor fracción de su población completando el nivel educativo considerado alto para inicios del siglo pasado, el nivel primario. Pero desde entonces, y en contraste con los avances en casi todos los países de la región, Uruguay ha quedado rezagado. La fracción de personas que completan el nivel secundario o más se ha ido estancando para las personas nacidas desde 1950 en adelante.
Por ejemplo, para los nacidos en los 80s, la fracción que completó al menos la secundaria supera el 50% para el promedio de 22 países de América Latina y el Caribe, mientras que es cercano al 40% para Uruguay. Ésto ha limitado las posibilidades de movilidad educativa ascendente, poniendo en relieve la crisis educacional en el país.
* Investigador de las Ciencias Sociales, docente universitario uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
El proyecto que ingresó al Parlamento este viernes prevé una adecuación automática de los parámetros según la esperanza de vida con revisiones anuales.
El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Parlamento crea el Sistema Previsional Común (SPC), definido en los artículos 1 y 2 del proyecto, y conformado por “una pluralidad de pilares integrados, a partir de un régimen obligatorio de naturaleza mixta que recibe las contribuciones obligatorias y otorga las prestaciones en forma combinada”, por un lado, conformada “por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional” y, por otro, “por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio” dispuesto en la Ley 16.713, de 1995. También lo integran otras “modalidades de incorporación, financiamiento, reconocimiento de derechos y entrega de beneficios”, tendientes a “garantizar niveles mínimos de protección social”, y el pilar de regímenes voluntarios y complementarios.
El SPC abarca todas las entidades previsionales: el Banco de Previsión Social (BPS); el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como caja militar; la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial o caja policial; la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y las empresas aseguradoras, “en tanto actúen en seguros previsionales”. También comprende las entidades administradoras de regímenes complementarios previsionales (fondos privados).
El proyecto prevé una convergencia gradual de los regímenes jubilatorios, entre los anteriores a la reforma y el SPC. Se define la convergencia de regímenes como “el proceso por el cual los derechos jubilatorios van pasando a regularse de manera progresivamente creciente por el SPC” y se extiende “desde la vigencia del proyecto de ley hasta el año 2042”. A partir de 2043 se accederá a la jubilación íntegramente con las nuevas reglas.
El SPC aplicará plenamente a todas las personas que ingresen al mercado de trabajo a partir de la entrada en vigencia de la ley, cualquiera sea su edad y afiliación jubilatoria, y a quienes se encuentren en actividad luego de finalizado el período de convergencia de regímenes (2042).
¿Cómo funciona la convergencia de regímenes?
Los regímenes jubilatorios anteriores se aplicarán plenamente a todos quienes configuren causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre de 2032, excepto en los casos de prestaciones por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial, que entrarán en vigor desde que comience a regir la ley. Quienes configuren causal jubilatoria a partir del 1° de enero de 2033 serán alcanzados parcialmente por los regímenes anteriores, dado que entonces comenzará el proceso de pérdida de incidencia de estos regímenes y el de aumento del SPC.
La incidencia de uno u otro régimen para el caso concreto se determina al momento de configurarse la causal, y para esto se efectúan dos cálculos de haberes: uno por las reglas del régimen jubilatorio anterior y otro por las del SPC. Se determinará un haber teórico de las prestaciones en el régimen anterior que correspondiere y en el SPG, respectivamente, que se calcularán “como el importe de la jubilación que hubiere correspondido servir como si todos los servicios reconocidos se hubieren cumplido bajo sus respectivos amparos, a cuyos efectos se considerarán todas las asignaciones computables actualizadas hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la jubilación”.
El alcance del régimen jubilatorio anterior y del SPC se determinará de acuerdo a una escala de incidencia progresiva, de acuerdo al año en que se produzca la causal jubilatoria: mientras que en 2033 será de 50% y 50%, en 2034 el régimen nuevo tendrá una incidencia de 55% y el viejo de 45%, hasta llegar a 2043 con una incidencia del SPC de 100%. La jubilación o beneficio de cada uno de los regímenes se corresponderá con el producto entre el beneficio teórico calculado y la proporción correspondiente a los respectivos regímenes según la escala de incidencia.
El proyecto prevé que podrá optarse por la aplicación del SPC en lugar del resultado del proceso de convergencia de regímenes “cuando fuere más conveniente para el interesado la aplicación integral del Sistema Previsional Común y el suplemento solidario si correspondiere”.
Rodolfo Saldain, quien lideró la Comisión de Expertos en Seguridad Social, catalogó como una de las “grandes virtudes” del proyecto de reforma a “la incorporación del suplemento solidario” como “un beneficio adicional a la jubilación”. Este beneficio aplicaría sólo para aquellos trabajadores “que se jubilen al amparo del nuevo régimen jubilatorio con ingresos jubilatorios de hasta 42.000 pesos”.
El suplemento solidario, que puede ser de hasta 14.000 pesos –disminuye proporcionalmente a la inversa del crecimiento del monto jubilatorio y no aplica cuando se superan los 42.000 pesos–, se financiaría con impuestos afectados o Rentas Generales. “Tiene como objetivo sustituir el actual método de jubilaciones mínimas, con un diseño en el que cada peso aportado incide en la prestación a obtener. De esta manera, se mejoran los niveles de reemplazo que otorga el sistema contributivo, en particular, en aquellos estratos de menor ingreso relativo”, se explica en el proyecto.
Adecuación automática de parámetros según la esperanza de vida
Los artículos 78 a 81 del proyecto regulan la actualización paramétrica futura, en forma automática, acorde a los cambios en la esperanza de vida, y la adecuación comprende a las edades normal, anticipada y las relativas a las personas beneficiarias de pensión de sobrevivencia por viudez y situaciones equiparadas. Si bien en el anteproyecto se planteaba calcular la variación cada dos años, la versión final establece que “se calculará anualmente y entrará en vigencia a partir del primer día del quinto año siguiente al último comprendido en el período observado”.
En cuanto a la metodología, se define que la variación de la esperanza de vida se calculará tomando como referencia la edad normal, y se comparará el promedio de la esperanza de vida observada en los cinco años previos al año en que se hace la comparación contra el promedio de los cinco años terminado en el año anterior al último comprendido en el quinquenio anterior. “A estos efectos se aplicarán tablas de mortalidad generales de momento de cada año, para la población nacional, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística”.
La adecuación de los parámetros corresponderá “cuando la variación observada alcance un mínimo de tres meses y no podrá superar los doce meses en ninguna de las oportunidades en que corresponda su aplicación”. Los incrementos o reducciones en las edades de acceso a la jubilación serán plasmadas en un decreto del Poder Ejecutivo que deberá emitirse dentro de los seis meses siguientes a recibir el informe.
Por otra parte, el proyecto dispone que la primera medición de variación de esperanza de vida se efectuará en 2036, y la adecuación automática correspondiente entrará en vigencia el 1º de enero de 2041.
Mientras ADES Montevideo define este martes cómo continuar las medidas de lucha, el presidente de la ANEP exhorta a los estudiantes a ir a clase.
Este martes es una jornada con amplio movimiento en la educación. Comenzó con el Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocupado por docentes y estudiantes, con una marcha de estudiantes de secundaria y con una asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES) para definir si continúa la huelga que llevan adelante desde la semana pasada o se toman otros caminos de protesta para manifestar su rechazo a la reforma educativa que se promueve desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Mientras tanto, el martes de mañana el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, publicó en su cuenta de Twitter que “los liceos de Montevideo están abiertos y la asistencia de los docentes llegó al 60% la semana pasada”. De hecho, remarcó que “hubo centros que alcanzaron el 90% de asistencia de profesores a clases”.
En este sentido, y como lo ha hecho otras veces, exhortó a estudiantes y sus familias a continuar asistiendo a clases en la educación pública.
El sindicato reafirmó que la medida se toma “contra la persecución antisindical” y “antigremial”, según señalan, ya que se trata de “un ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos”.
Antes de la asamblea de esta jornada ADES Montevideo aprobó una declaración que afirma que la reforma “no reconoce y violenta” derechos y que “es una forma de desarticular la educación pública”. Además, el sindicato sostiene que los docentes pierden horas de trabajo y “se cambian asignaturas por talleres sin una fundamentación epistemológica, pedagógica ni didáctica”, y se reclama que el título al que acceden es de profesores y no de talleristas.
Comenzó este martes en Uruguay una huelga educativa que abarca a los principales sectores tanto secundarios como universitarios para enfrentar el plan de ajuste sobre el sector del Gobierno de Lacalle Pou.
Es impulsada por diversos sectores de la educación como la Intergremial Universitaria, con la ocupación de varias Facultades y Centros Regionales, ADES Montevideo y gremios de estudiantes de secundaria con la ocupación de varios liceos a lo largo de la semana, y gremios de formación en educación como el CEIPA.
Esto es una continuación de la lucha que se viene sosteniendo desde hace varias semanas por distintos sectores de trabajadores y estudiantes, que rechazan el presupuesto ajustador del gobierno y las políticas de contra reforma educativa que se quieren imponer.
La intergremial Universitaria ocupará la Facultad de Medicina, así como serán ocupadas por parte de los gremios estudiantiles la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología. Tanto los gremios de la UdelaR como los gremios de educación secundaria desarrollaran en la semana distintas actividades, como ollas para becarios, volanteadas, concentraciones y reuniones zonales.
Todos los sectores en lucha confluirán el jueves en una movilización conjunta en Montevideo.
Desde Argentina ha llegado la solidariad internacional de La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires UBA, con los docentes universitarios de ADUR y la Intergremial Universitaria.
Este jueves los distintos sectores en lucha confluirán en una gran marcha de la educación que concentrará a las 18 horas en la explanada de la UdelaR.
Desde La Izquierda Diario Uruguay apoyamos con todas nuestras fuerzas esta lucha de trabajadores y estudiantes, convocamos a respaldar y participar de todas las medidas de lucha que sostienen les compañeres. Compartimos con nuestros lectores algunos de los distintos comunicados y plataformas que han difundido los gremios y sindicatos.
Para Adriana Aristimuño y Juan Gabito el documento definitivo “quedó mucho mejor” y “ganó” respecto del preliminar, pero Julián Mazzoni y Martín Pasturino no ven cambios sustanciales.
Fue en abril de este año que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó el documento preliminar del Marco Curricular Nacional (MCN), con dos votos en contra de los consejeros docentes y los tres votos a favor de los representantes políticos en el organismo. El viernes 12, con los mismos apoyos y negativas, el MCN dejó de estar “en construcción” y fue aprobado tras algunos meses de discusiones, aportes y rechazos de distintos actores.
En diálogo con la diaria, la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, así como el consejero político Juan Gabito, aseguraron que el resultado final tiene una mejoría respecto del texto preliminar. “Creo que el documento ganó”, afirmó Gabito. En la misma línea, Aristimuño señaló que el MCN actual “quedó mucho mejor”, aunque admitió que “es el primer hito de toda una construcción que todavía está en proceso”.
Concretamente, lo que le sigue es la aprobación de un plan de estudios por parte del Codicen, que según Aristimuño “va a ocurrir en los próximos días”, y en función de esta aprobación “se van a tener más elementos para elaborar los programas, que necesitan muchos insumos: los perfiles de tramo, las progresiones [de aprendizaje], el marco curricular”. Los insumos nombrados ya cuentan con la aprobación; por lo tanto, Aristimuño delineó que “ya se puede empezar a trabajar, porque es como que vas de lo más general a lo más particular: podés empezar por las competencias, las progresiones, y seguís avanzando hacia el programa completo”. Aun así, recordó que “tenemos dos meses de trabajo” y que “no se agota todo en los primeros días”.
Según supo la diaria, el lunes habrá una sesión extraordinaria del Codicen en la que el plan de estudios será discutido y, entre otros aspectos estructurales, estará sobre la mesa la idea de pasar a considerar la repetición de los estudiantes cada dos años.
Con los nuevos planes, los estudiantes deberán lograr ciertas metas de aprendizaje, que se establecen en un documento sobre las “progresiones de aprendizaje”. Si bien ya está aprobado, aún no se hizo público porque, según Aristimuño, están ultimando cuestiones de diseño. En resumidas cuentas, la directora ejecutiva adelantó que las progresiones “tratan de tomar cada una de las diez competencias y progresarlas a lo largo del tiempo”, ya que “no es lo mismo para un niño de inicial que para un adolescente”. En otros países, dijo, se le llama “mapa de progreso”.
Los cambios
En la versión final del MCN se explicita que para la construcción del documento recibieron aportes de más de 20 fuentes distintas, que incluyen mesas redondas a nivel político, académico, social y sindical, Asambleas Técnico Docentes (ATD), de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, entre varios otros.
Aristimuño destacó que las grandes sugerencias plasmadas en el texto se tomaron de equipos técnicos de inspectores, de la división Educación de Primaria, de las ATD, de “algunos documentos puntuales” de salas docentes y escritos de comisiones descentralizadas. También mencionó que fueron incorporados aportes de la consejera docente Daysi Iglesias y su equipo, más allá de que no fue suficiente para que Iglesias votara afirmativamente el texto.
Sin embargo, el otro consejero docente, Julián Mazzoni, dijo a la diaria que el documento “prácticamente no tiene cambios”. Según detalló, en las 77 páginas constató 20 “pequeñas modificaciones” y un agregado a propuesta del equipo que lo elaboró. Según lamentó, “no hubo voluntad” de incorporar las críticas más profundas que se realizaron y por eso los dos consejeros que fueron electos por los docentes votaron en contra.
En la misma línea, Martín Pasturino, profesor y exconsejero de Educación Secundaria, dijo a la diaria que “si uno se fija en las fuentes, algunas de esas consultas fueron un touch and go, porque no fueron consultas, fueron unas charlas, pero además no están citadas”. Por otro lado, recalcó que, en comparación con el documento preliminar de abril, “no hay cambios sustantivos” y básicamente es “el mismo”. El único cambio que el docente percibió tras la lectura, porque era “algo que [anteriormente] rompía los ojos”, ya que establecía a la política curricular “como culpable de todos los problemas”, es un agregado que refiere a la situación socioeconómica y sociocultural de los estudiantes.
En concreto, este punto fue uno de los esbozados por Aristimuño como uno de los principales cambios introducidos, a partir de “algunos argumentos que nos parecían de recibo”: “Se agregó que el currículo no es solamente el responsable del abandono o del fracaso, sino también las condiciones socioculturales de origen del estudiante”.
Adriana Aristimuño puntualizó que se tomó la sugerencia de Primaria de implementar una nueva competencia, relacionada con “la conciencia corporal”.
Por otra parte, Gabito resaltó que, “en esencia, el documento ha mantenido su estructura”, aunque señaló que “lo más importante en materia de cambios” refiere a las competencias. Al respecto, dijo que se explicitó su manifestación y “qué es lo que el estudiante puede hacer o demostrar en relación a ellas en cada uno de los niveles”. A propósito, Aristimuño puntualizó que se tomó la sugerencia de Primaria de implementar una nueva competencia, relacionada con “la conciencia corporal”. “Tiene que ver con la psicología del desarrollo, cognitiva y demás, y vimos de incorporarlo tanto en la competencia intrapersonal como en la competencia de relación con otros”, explicó.
En otro orden, dijo que se puso de relevancia a la ciencia, a partir de “algunas sugerencias en cuanto a las alfabetizaciones fundamentales y las áreas del saber”, además de modificar el perfil de egreso para plasmarlo “de una manera más precisa”. De una forma similar, se realizaron cambios en relación con la evaluación, que tuvo ciertas inclusiones porque anteriormente “no estaba muy clara”, detalló.
Asimismo, la jerarca de la ANEP afirmó que, a partir de menciones de distintos colectivos, se colocó con mayor relevancia el rol de los docentes. Según explicó Aristimuño, “en el documento original nunca se tuvo la intención de minimizarlo, pero en esa idea de poner en el centro al estudiante y de reivindicar mucho el tema del aprendizaje quedó mucho más mencionado el tema ‘aprendizaje y estudiante’ que ‘enseñanza y docente’. Entonces se le puso más énfasis”.
Empero, Pasturino dijo que “para nada” vio este mayor énfasis en el documento final. En ese sentido, comentó que si bien “el documento está bien hecho” y está “de acuerdo en que se necesita un marco curricular común”, el MCN “es el inicio” para un “alineamiento curricular” del que se está “muy lejos”, porque “los verdaderos actores que van a hacer eso posible son los docentes, y la participación fue pobrísima”.
Contrariamente, Aristimuño reivindicó los espacios de participación que se generaron en el proceso de diseño de la nueva propuesta curricular. De hecho, afirmó que el proceso de construcción del MCN ha sido “muy intenso, de muchísimo trabajo” y cree que “es la primera vez que un proceso de este tipo transcurre con participación de todos los subsistemas al mismo tiempo”. “Eso es muy importante y tiene una complejidad, pero también una gran ventaja, que es la visión integrada de trayectoria del estudiante: lo que queremos lograr”, concluyó.
Parte del proceso previo
El 9 de agosto, en el salón de actos del edificio del Codicen, Aristimuño afirmó en rueda de prensa que ese día se instalaron “las comisiones para elaborar los nuevos programas de la transformación curricular”.
Junto al presidente del Codicen, Robert Silva, y delegados de los subsistemas y de las ATD, se lanzó el comienzo de “un trabajo colectivo de 13 comisiones de programa”, una por cada disciplina, y “un grupo de trabajo sobre autonomía curricular”, según explicó Aristimuño. Se anunció también la representación de los cuatro subsistemas y de las ATD de Primaria, Secundaria y UTU.
Sin embargo, al igual que en ese momento, la mayoría de las ATD continuaron rechazando la propuesta. Las comisiones de programa tuvieron una instancia de discusión del borrador del MCN, que tuvo ciertas idas y vueltas que llevaron a la retirada de las ATD de Secundaria y al pedido de un cuarto intermedio por parte de los demás subsistemas para evaluar cómo continuar con el proceso.
Los representantes de la ATD de Secundaria escribieron en un comunicado que en la segunda jornada de encuentro, realizada el 18 de agosto, las “comisiones no se han conformado” y que, por tanto, la instalación de 13 comisiones y un grupo de autonomía curricular anunciadas por la ANEP no ocurrió. Desde el colectivo de profesores afirmaron que la ANEP “faltó a la verdad” sobre las características del encuentro. Al respecto, Aristimuño volvió a afirmar que las comisiones se conformaron. “Lo que pasa es que la expectativa que ellos tenían, que era llegar y ponerse a trabajar directamente en los programas, no sucedió, porque la forma de trabajo no era esa”, esgrimió.
En cuanto al MCN, desde las ATD de Secundaria manifestaron que en la Asamblea Nacional “se ha laudado el rechazo al mismo por forma y contenido”, por lo que “no corresponde realizar ningún aporte” tal y como “se planteó en la primera jornada”. Asimismo, señalaron que encontraron “contradicciones entre el discurso instaurado en el MCN” y “una asignación presupuestal que muestra un significativo recorte”. Por otro lado, denunciaron que el documento definitivo del MCN no les fue presentado, por lo que trabajaron con base en un “documento en construcción, desconociendo posibles modificaciones”.
Según Julián Mazzoni, el MCN “prácticamente no tiene cambios” y en sus 77 páginas constató 20 “pequeñas modificaciones” y un agregado a propuesta del equipo que lo elaboró.
En la misma línea que han manifestado gremios estudiantiles y sindicatos docentes, recalcaron la falta de intercambio, de construcción colectiva y que, en este caso, “la propuesta de trabajo es magistral, por lo que la participación que considera es únicamente la escucha”. En última instancia, refirieron a “las condiciones” bajo las que fueron citados para trabajar en la elaboración de los programas, algo que se hizo “sin ninguna resolución oficial”, aseguraron. “No tenemos confirmación por parte de las autoridades de la DGES [Dirección General de Educación Secundaria] sobre el descargo de horas, días y formas de trabajo, así como del Codicen para los representantes que trabajan, además, en otros subsistemas o que tienen cargos de más de 20 horas”, lamentaron.
En ese sentido, manifestaron que los docentes faltaron a las clases “sin conocer cómo se resolverá la situación curricular de nuestros estudiantes a una altura del año lectivo que es muy importante, para los aprendizajes significativos, para el entorno pedagógico y para la evaluación del proceso”.
Según dijeron, recién al comienzo de la instancia de análisis recibieron la información sobre los temas y el cronograma de trabajo que se realizaría durante las jornadas. Por todos estos puntos, en el comunicado esbozado el día de la reunión plantearon a los organizadores que para seguir presentes sería “necesario replantear la forma de trabajo, dado lo acotado del tiempo”, y por ello hicieron dos solicitudes: que se respete “la citación al trabajo por asignaturas con los equipos que fueron publicados en su momento” y que se proporcione “información durante el trabajo para que los representantes conozcan el alcance de la propuesta de las autoridades”. Tales condiciones debían ser cumplidas para garantizar su permanencia, pero como no fue así, abandonaron el encuentro.
Eso llevó a que la delegación de las ATD de Primaria y de UTU pidieran un cuarto intermedio y también analicen retirarse. “Frente a eso, que les desarmaría todo el encuentro, acceden a cambiar de cierta manera el trabajo, pero igual nunca dan los planes, los contenidos: todavía no sabemos realmente qué es lo que se va a incorporar y sacar”, dijo a la diaria Edith Silveira, profesora y vocera de la lista 202 de la ATD de Secundaria.
En ese marco, Silveira dijo que “el gobierno tiene la obligación de consultar a las ATD sobre cualquier tipo de plan o programa” y que todo el proceso debe terminar en una ATD a nivel nacional, por más que tomen o no en cuenta la resolución final. “Lo que está en disputa ahora es que el gobierno quiere plantear esto como un gran acuerdo del ámbito educativo, más extenso, porque lleva a Ceibal, Unicef, las cámaras empresariales, pero no están consiguiendo el acuerdo de los docentes y cada vez más está produciéndose esa fractura”, sentenció.
Desde la Mesa Permanente de la otra lista de la ATD nacional de Secundaria, la 302, se manifestaron en una línea similar, en acuerdo con las listas independientes departamentales de Rivera. A través de un comunicado, esos colectivos aseguraron que la reforma educativa basada en el MCN es una “concepción mercantilista de la formación de los estudiantes” y que las consultas que se les han hecho “se han realizado con márgenes de tiempo que no garantizan los procesos de análisis, de estudio responsable y debate enriquecedor”. Por otro lado, entendieron que las consultas para el proceso de trabajo deben incluir “otras organizaciones, como las inspecciones de asignaturas y las salas por asignaturas liceales”.
Negociación con la CSEU
En una instancia bipartita realizada esta semana, desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay plantearon al Codicen de la ANEP la necesidad de contar con ámbitos “pesados” y “serios” de negociación sobre la transformación educativa. Así lo explicó Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, en un mensaje a las filiales del sindicato que fue difundido por Twitter. Según amplió, la próxima semana habrá una reunión y el organismo llevará una respuesta. De todas formas, más allá de planteos similares realizados en las últimas semanas desde gremios estudiantiles en formación en educación, autoridades de ANEP y del gobierno nacional han manifestado que la reforma sigue en curso y no están dispuestos a detener ni enlentecer su marcha.
Fuente de la Información: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/8/tras-aprobacion-de-marco-curricular-sin-votos-docentes-la-reforma-continua-su-marcha-en-anep-mientras-se-procesa-elaboracion-de-planes-y-programas/
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