Venezuela

Por: ORPIA.

En el día de hoy 17 de enero de 2019, nosotros, pueblos y comunidades indígenas que formamos parte de las organizaciones de base agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, con el objetivo de discutir sobre los impactos de la minería en la  Amazonía  venezolana y expresar a la opinión pública lo siguiente:

1. La Amazonía venezolana presenta uno de los bosques continuos mejor conservados de la región, con áreas naturales protegidas bajo las figuras de Parques Nacionales (7), Monumentos Naturales, Reservas de Biosfera (2), Reservas forestales (4), Áreas Boscosas Bajo Protección (4), Refugios de Fauna Silvestre (1) y Zonas Protectoras (2); en las que además habitan pueblos indígenas que aportan una riqueza única para la humanidad, en especial por la diversidad étnica-cultural y el respeto a la naturaleza como eje fundamental de los patrones propios y ancestrales de uso de sus territorios. En el caso del estado Amazonas, las áreas ambientales protegidas representan más del 50% del territorio del estado, destacando los Parques Nacionales Parima-Tapirapecó y Duida Marawaka en el Alto Orinoco; el Parque Nacional La Neblina en Rio Negro y el Parque Nacional Yapacana en Atabapo; así como la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, que no solo están destinadas a proteger el ambiente, sino que también garantizan los derechos de los pueblos indígenas que las ocupan.
2. Es importante destacar que la minería está prohibida en el estado Amazonas en particular, mediante el Decreto Presidencial Número 269 del año 1989, que tiene como finalidad preservar y conservar los recursos naturales que se encuentran en la región, como bosques, fauna, flora, cuerpos de agua, además de la diversidad cultural.
3. Nos preocupa seriamente el incremento de la actividad minera en el estado Amazonas, en las regiones y áreas de las cuencas de los ríos Cuao, Sipapo, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, Atacavi, Asita, Atabapo, Alto Ocamo, Cunucunuma, Guainía, Río Negro, Casiquiare, Padamo entre otros, y los grandes impactos que se generan como consecuencia de esta actividad, especialmente ambientales, socioculturales y sanitarios.
4. Igualmente, queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de la República Nicolás Maduro, sobre los impactos de la minería en el estado, especialmente en el Parque Nacional Yapacana. La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados, conflictos interétnicos, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, que afectan directamente a estas comunidades, eventos todos que generan  cambios en los modos de vida de los pueblos indígenas y la economía propia basada en las actividades tradicionales de subsistencia.
5. Por otra parte, desde el año 2013, hemos venido alertando sobre la nueva política minera del Estado venezolano, especialmente sobre el proyecto denominado “Arco Minero del Orinoco” (Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco -ZDEAMO) destinado a la exploración y explotación de diversos minerales en la región Guayana, al sur del Orinoco, ya en ejecución en el estado Bolívar sin un proceso de consulta previa, libre e informada (Art. 120 Constitución), sin estudios de impacto ambiental (Art. 127 y siguientes de la Constitución) y sin que se haya realizado de manera efectiva el proceso de demarcación de hábitats y tierras  indígenas (Art 119 de la Constitución), el cual se encuentra paralizado desde hace varios años. Numerosos sectores ambientalistas, científicos, académicos, indígenas e indigenistas y de derechos humanos, así como estudios calificados, alertan sobre las graves consecuencias e impactos ambientales, sociales, culturales. Este proyecto de minería si bien no se está implementando de manera directa en el estado Amazonas, si trae fuertes impactos en la región debido a la cercanía con el estado Bolívar, y a la interacción entre los diversos actores del proceso minero, especialmente de empresas que pretenden operar desde Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, donde se ha alterado la economía regional. En el caso concreto del sector Parguaza, que depende funcionalmente  al estado Amazonas, en algunos casos se ha producido el desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras.

6.- Queremos significar que tanto la minería legal como la ilegal generan el mismo impacto en los ecosistemas y el ser humano, por tanto la minería, no puede ser considerada por los Estados como una alternativa sustentable. Destacamos que la mayoría de las experiencias de  extracción minera en el mundo han resultado ser ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y deforestación generalizada.

7. Por el presente queremos ratificar que la vocación de nuestra Amazonía está vinculada a modelos de bienestar sostenible desde el punto de vista ambiental, social y cultural, y la preservación de los frágiles ecosistemas amazónicos, especialmente la conservación de los recursos hídricos para el futuro y contribuir a frenar aspectos que impulsan el cambio climático. Por lo tanto, alertamos sobre posibles planes mineros para la región y sus graves consecuencias. Hemos conocido de supuestas “consultas” para tratar de convencer a sectores indígenas y a la opinión pública en general, sobre las “bondades” de la minería vinculadas al desarrollo económico. Estas acciones representan no solo una falacia, sino una evidente contradicción con la vocación natural de la Amazonía. Pretender implementar pequeña minería o minería de empresas bajo el argumento del “orden” es expresamente contrario a lo dispuesto en los planes de desarrollo de la Nación.
8. Por todo lo anterior y ejerciendo nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas venezolanas (Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley de Ambiente, Ley de Aguas, Ley de Biodiversidad, Ley de Ordenamiento Territorial, etc.) y la normativa internacional, suscrita por el Estado venezolano, como el Convenio 169 de la OIT, Convenio de Biodiversidad, Acuerdo de Paris, entre otros, destacamos que:

Desde el año 2012 hemos venido alertando al Estado venezolano y a la opinión pública en general sobre  la gravedad de la situación por el aumento indiscriminado de la actividad minera en la región y sus daños generales. Por lo tanto rechazamos categóricamente la minería como supuesta alternativa para la Amazonía; ya que ésta representa una amenaza para los pueblos y comunidades indígenas, la población en general y los ecosistemas en que habitamos, especialmente por la afectación de los bosques y aguas. Por todo lo expresado anteriormente hacemos un llamado al Estado a que tome medidas urgentes que permitan la preservación ambiental y sociocultural y la relación Ser humano – Naturaleza,  garantizando de este modo el futuro de las nuevas generaciones.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Mujeres Indígenas (OMIDA)

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

Organización Pueblo Indígena Baré de Amazonas (OPIBA)

Fundación indígena Dabukuri

Fuente del documento: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/03/23/organizaciones-indigenas-amazonas-los-impactos-la-mineria-la-region-amazonica-enero-2019/