La ONG Acceso a la Justicia manifestó que la condena impuesta a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín representa un «recrudecimiento de la persecución política» en Venezuela.
Según la ONG, la sentencia es parte de un patrón de represión que ya ha sido denunciado y reseñado por los organismos internacionales.
«La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela, que incluso la anterior Alta Comisionada Michelle Bachalet había condenado, como lo contamos meses atrás», afirmó Acceso a la Justicia.
Otras ONG alzan la voz
Este martes 2 de agosto de 2023, varias ONG también se manifestaron en redes sociales para denunciar la condena a 16 años de cárcel por supuesta conspiración y asociación para delinquir a los seis sindicalistas venezolanos detenidos en 2022.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela criticó la sentencia, argumentando que los luchadores sociales fueron condenados por delitos que aseguran no cometieron, y que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.
Por su parte, la organización Provea recordó que los sindicalistas estaban en las calles exigiendo salarios dignos; por ende, dicha sentencia se calificaría como «un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales».
A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió «justicia para los luchadores sociales venezolanos», alegando que luchar por los derechos humanos no debería considerarse un crimen, y pidió la liberación de los sindicalistas.
La situación ha generado preocupación y críticas de diversas organizaciones y actores internacionales, quienes resaltan la importancia de proteger los derechos de los luchadores sociales y garantizar un debido proceso en el sistema judicial venezolano.
¿Quiénes son los detenidos?
De acuerdo con Acceso a la Justicia, cinco de los detenidos tienen en común su militancia o pasado en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, ocupan cargos directivos dentro del partido.
Bandera Roja es una agrupación de extrema izquierda, pero que está en desacuerdo con el actual Gobierno.
Algunos de los detenidos han participado en protestas y han denunciado los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para proteger los derechos de los trabajadores ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó a través de su cuenta en Twitter: «Rechazamos la condena a 16 años de cárcel para los seis luchadores sociales y sindicalistas. Su detención no sólo ocurrió al calor de las protestas por salario, sino que la sentencia se da sin pruebas que demuestren las acusaciones. ¡Alto a la criminalización de las luchas!»
Los seis activistas y sindicalistas se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Todos fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 16 años de prisión a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia a través de sus redes sociales. La ONG denunció que las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.
Los seis se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. El sindicalista Emilio Negrín y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
La única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, señaló que «una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro y toda su comitiva han cometido una vez más un acto contra los derechos humanos, ha sentenciado a seis hombres inocentes y sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión, una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta».
Oropeza acusó a la jueza de «cumplir órdenes» y condenó «a una familia a no estar con sus seres queridos, ha condenado a un país, a conjdenado a un grupo de personas que creemos en la justicia y la libertad, pero no nos va a amilanar». Además, dijo que Venezuela sí necesita intervención de organismos internacionales ante una decisión judicial contra un grupo de hombres que solo pidieron sueldos justos.
El partido La Causa R y su candidato a las primarias, Andrés Velásquez, condenaron estos hechos. La organización calificó la sentencia como «infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida. Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa».
Mientras que la Plataforma Unitaria rechazó «esta nueva violación de los derechos humanos», por un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante 2022″.
Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron la tarde de este martes 1 de agosto que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron condenados a 16 años de prisión.
Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo Onapre, fueron detenidos en julio de 2021 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“El sistema de justicia de Venezuela está viciado”, publicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la condena fue “arbitraria” y detalló que se utilizaron presuntas capturas de WhatsApp para justificar “conspiración”.
“El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, agregó Provea.
Por su parte, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció en su Twitter que la juez Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo “condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso”.
Los seis detenidos se encuentran en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
El envejecimiento es uno de los retos de vida más difícil a los que se enfrentan las personas en cualquier contexto, en especial para quienes que son dependientes, con limitaciones de autocuidado o que se encuentran en condiciones de pobreza y no tienen apoyo de familiares o cercanos, así como tampoco gozan de garantías de sistemas de seguridad social o asistencia sanitaria.
Reflexionar en torno al edadismo desde las políticas de cuidados y pobreza en Venezuela, caso puntual en personas de tercera edad, implica puntualizar lo siguiente:
La protección a de personas adultas es dada en un primer momento por el autocuidado que cada quien puede brindarse cuando se encuentra en condiciones de buena salud física y emocional, en otros casos, por un vínculo de afecto que miembros de la familia le otorga a progenitores que lo ameritan o por el agradecimiento y la solidaridad de terceros, sin embargo, también es cierto que, muchas veces, las personas ancianas se encuentran en un absoluto estado de abandono y soledad y, que es responsabilidad del Estado la creación y aplicación de políticas públicas que tributen al amparo y la provisión de los requerimientos básicos universales relativos a los cuidados y las contingencias de vejez o de la dependencia.
Si bien es cierto que la política a favor de la adultez mayor desde la perspectiva legislativa está contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 80, donde el Estado en armonía con la familia garantiza el derecho y la protección del último período de la vida al igual que en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual estipula el bienestar como factor elemental para las y los ancianos, también es cierto que, a pesar de esta procuración en ordenamientos jurídico y programas sociales de beneficio a la longevidad, su cobertura no tiene el impacto necesario que amerita.
En orden político vivimos en un descontrol desmedido. Las adversidades y la lucha por llegar al poder o por mantenerse en el mismo ha desatado una crisis de gobernanza con una polarización nacional extrema, sin logro de entendimiento, la intervención extrajera se suma desde los intereses por el dominio geoeconómico nacional, el bloqueo, las sanciones, el robo exacerbado del erario público, el desinterés por la inversión en las instituciones públicas, la mala voluntad de quienes gobiernan, entre otros aspectos dañinos, se han conjugado para el deterioro progresivo de la calidad de vida.
Un ejemplo está en el hecho de que, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2020, tiempo de pandemia “más de 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave, cifra que representa a un tercio de la población”. Acercando la situación al tiempo presente, para el 2023 se devela un escenariomucho más caótico desde el estudio desarrollado por el economista Arthur Okun con base en indicadores de inflación, pobreza y empleo, donde se posiciona a Venezuela como la segunda economía «más miserable» del mundo.
El tema de la no correspondencia con preceptos de un gobierno socialistas, al menos desde los últimos 9 años en los cuales las y los venezolanos hemos experimentado desde la mala gobernanza el quebrantamiento de derechos laborales a través de la aplicación de política regresiva en lo laboral entre lo que se menciona: la desaparición del seguro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) el desmejoramiento de tablas salariales, la rebaja de pago por prima por profesionalización o como trabajadores de zonas rurales, el incremento del valor de los servicios básicos, el alto costo de la canasta básica que para el mes de mayo del año en curso estuvo en 533,29$ dólares según el Centro de Documentación y Análisis para las y los Trabajadores (CENDA), el salario mínimo anclado en 130 bs que al cambio no es superior a 5,45 dólares al mes, los sueldo de los profesionales en un tope de 50 dólares mensuales en la Administración Pública, la bonificación sin incidencia en sueldos y salarios y la negativa a firmas de nuevas Convenciones Colectivas que beneficien a las y los trabajadores, entre otros asuntos, contrasta con situaciones como Cuba, país con 60 años de bloqueo y un salario mayor que el de Venezuela, o con Haití que a pesar de un PIB inferior a nuestro, sus ciudadanos gozan de mejor paga, tal como quedó demostrado en el informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América Latina (2021)
Muy por el contrario, a diario se aprecia en las redes sociales o en las noticias del día, el buen vivir y los lujos que exhiben altos funcionarios y políticos del partido de gobierno, mientras que al pueblo se le ha llevado a una vida encarecida y en pobreza, sin mayores posibilidades de estabilidad, por lo que tales políticas públicas contempladas y presumidas difícilmente se pueden considerar de estímulo al bienestar común.
El salario deprimido que se goza conduce a una vejez atrapada en el drama y en las necesidades no cubiertas, incrementando la sumisión y la inestabilidad. La ancianidad se declina en términos de pérdidas y de carencias a subsanar, que a su vez se convierte en una enfermedad social. Una vez que se produce el cese laboral por vejez o años de servicios cumplidos en la Administración Pública, los pagos por prestación de servicios son ínfimos, recibidos a futuro y devaluados.
Muy a pesar del cese de actividades (jubilación) la cual ocurre a los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, es posible que las personas se consideren aun actas para prestar su conocimiento en otras instituciones y poder devengar un poco mas de dinero, no obstante, cuando les es contratada o dada la oportunidad de incorporarse en trabajos posteriores, debido a sus edades existe una mayor explotación y desprotección en la dimensión laboral , lo que les deja expuestos no solo a la privación económica, sino también a otros derechos como la salud, posibilidad de pagar vivienda, recreación, el ocio y descanso, entre otros. De hecho, los seguros médicos que pueden ser pagados de forma privada no otorgan mayores beneficios de cobertura después de los 60 años.
Lo expuesto nos remite a reconocer a la cultura que caracteriza a los sistemas de gobierno autoritarios, a un Estado patriarcal y a una sociedad machista que margina y maltrata en actos incoherentes al bienestar social a sus ciudadanos (as), donde lastimosamente las mujeres se encuentran en mayor detrimento. No sólo debe procurar el cuido de su carga familiar y las labores domesticas de manera inequitativa, sino que, en la mayoría de los casos son la que menos atención y más desprecios reciben al entrar a las edades prolongadas donde se les estigmatiza como sujetos sin derechos.
En consecuencia, se hace necesaria impulsar voces y voluntades por la visibilización y atención a esta problemática que exige el cumplimiento de la estructura de la seguridad social de la base jurídico-normativo que rige al país, puesto que, no materializan la protección social conducente a elevar los niveles de vida independiente de la población incluida la de tercera edad.
Son necesarias políticas progresivas el envejecimiento en retirada y el envejecimiento activo donde se mire a las y los jubilados como seres útiles. Esto implica además, la implantación de acciones específicas, y es a partir de herramientas de evaluación que los gestores del gobierno conjuntamente con representación de este sector social deben procurar: consultas geriátricas, instituciones medicalizadas, el sano ocio y la recreación, asignaciones económicas justas, para que los cuerpos desgastados por la edad puedan alcanzar niveles de vida digna y el estímulo a la autonomía personal de las personas dependientes.
Para eso es importante luchar contra el desconocimiento, el desinterés y menos precio que se le brinda a ese sector de la población, lo que se conoce como edadismo. Es imprescindible trascender la visión convencional de que la vejez es una etapa de lo obsoleto e inservible y considerar a los cuidados como procesos que permiten y sustentan la autonomía de las personas el mayor tiempo posible.
Nos encontramos ante la necesidad de políticas de inversión que posibilite la vivencia y el establecimiento de la vejez activa, y sociedades que se transforman para adaptarse a poblaciones de mayor ciclo vital atendiendo las necesidades y derechos de quienes permanecen trabajando por más tiempo así como de quienes dejan dejan de estar activos en el mercado laboral.
Referencias
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Extraoficial N.36.860. Caracas https://finanzasdigital.com/canasta-alimentaria-familiar-de-mayo-2023-se-situo-en-us-52329/
Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf) https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/381852
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2008). Decreto N. 6266. Caracas
El director de la Escuela de Educación de la UCAB, Carlos Calatrava, presume que en el año escolar 2023-2024 se profundizará la crisis educativa venezolana, como consecuencia de los errores e improvisaciones del Ministerio de Educación.
Caracas. Yris Nieto, madre de Valeria y Jhoan, estudiantes de bachillerato, considera que la educación que reciben sus hijos está por debajo de la calidad que deberían tener en tercero y cuarto año.
Valeria reafirmó lo expuesto por su madre. No tuvo profesor de Física, Matemática y Ciencias durante todo el año escolar 2022-203.
“Yo no tengo ningún conocimiento de Física y, aunque he tratado de aprender por mi cuenta, se me dificulta. En Matemáticas a duras penas sé multiplicar y hacer propiedades”.
Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que la mayoría de los estudiantes de la educación oficial y privada no están preparados para avanzar a un próximo año escolar.
Foto: Luis Morllo
“El sistema de educación arrastra más de 15 años continuos de ausencia de políticas ciertas en materia curricular y didáctica. Más de 80 % de las escuelas de este país no están ofreciendo calidad de la educación”.
En el informe Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, realizado por la Escuela de Educación de la UCAB, se documentó un déficit en áreas académicas como habilidad verbal y Matemáticas. Esta conclusión es el resultado de pruebas aplicadas a 1600 estudiantes de bachillerato.
Valeria contó que su aprendizaje decayó, sobre todo, durante la pandemia de COVID-19, cuando duró más de seis meses sin recibir clases. Sin embargo, ya venía con deficiencias en materias como Física y Matemática por la falta de profesores.
“Ningún estudiante está llegando a las competencias requeridas, ya que los promedios nacionales pasaron de 9.44 puntos, en una escala de 0 a 20, en 2021 a 8.21 en habilidad matemática para 2022. Ni siquiera se está llegando a la calificación mínima aprobatoria de 10 puntos”, detalló Calatrava.
Por su parte, Jhoan considera que las clases que recibe no son suficiente, en alusión a que solo va dos veces por semana al colegio. Dijo que en tres horas les dan solo tres materias y en estas no se incluye Matemática.
“Solo he visto matemática en un lapso y eso fue el año pasado (2022), siempre los profesores terminan yéndose”.
Foto: Luis Morillo
Sin brecha educacional
En una prueba realizada por la UCAB, a través de la plataforma quizizz, se encontró que existen casi tres puntos de diferencia en la educación que brindan los colegios privados y públicos. El promedio fue de 9,80 de 20 puntos, en contraste a las instituciones públicas en las que el índice fue de 7,87.
No obstante, Calatrava aseguró que no hay brechas entre la educación privada y la gestionada por el Estado en este año escolar que termina. “En términos de rendimiento y los análisis que hemos publicado, se confirma que no hay diferencia en la calidad de educación ofrecida en ambos tipos de escuela. La única diferencia es que en las escuelas privadas sí hay una presión de las instituciones por cumplir con el calendario escolar completo”.
Al contrario de sus hijos, Yris considera que sus sobrinos están más preparados y esto se debe a que estudian en un colegio privado.
“Los profesores se van a los colegios privados porque reciben mejor salario y mejores condiciones”, alegó.
Calatrava recordó que la educación privada no escapa de la realidad de precariedad, pues está integrada al mismo sistema, comparten los mismos educadores, sirven a la misma sociedad y cumplen las directrices de las autoridades educativas del país.
Nivel académico inadecuado
Recientemente, Valeria, hija de Yris, le dijo que ya no quería estudiar porque en el colegio no aprende lo correspondiente a su edad. “Me dijo: me cambias de colegio o me pagas un curso de uñas, porque ya no tengo motivación de seguir en este liceo”.
Calatrava explicó que cuando la niñez y la adolescencia no reciben educación de calidad lo demuestran en las mediciones sobre el rendimiento y, además, las deficiencias educativas no le permiten explotar su potencial y no logran sacar todo el potencial a su personalidad.
Agregó que los estudiantes de bachillerato salieron muy mal de este año escolar, alertó que los índices son muy bajos para la educación. “Los adolescentes no están formados para la vida, menos para afrontar los retos de la vida adulta. No demuestran niveles mínimos de competencia para afrontar la universidad”.
Tareas dirigidas como alternativa
El Observatorio de Educación de la organización FundaRedes apunta que en los últimos años se ha evidenciado el deterioro de la calidad educativa en Venezuela, además de un aumento de la deserción escolar y el éxodo docente.
A esto se suma la deficiencia del contenido que se imparte. Ante estas disfuncionalidades, padres y representantes se han visto en la obligación de recurrir a las tareas dirigidas, una opción en la que muchos ven como una alternativa ante la crisis educativa.
Foto: Luis Morillo
Mariela Castellano, madre de Yusbeli, estudiante de primer año, aseguró que en la escuela a la que asiste su hija hay muchas fallas en materias como Matemática y Física. El horario de clases se reduce a cuatro horas semanales, por lo que decidió pagarle tareas dirigidas desde la pandemia de COVID-19.
“Tomé la decisión de pagarle tres horas diarias a mi hija en tareas dirigidas. Pago $6 semanales, pero son necesarios. Yo soy una mujer con solo tercer año y no es mucho lo que puedo enseñarle a mi hija. Para mí ha sido una alternativa ante la precaria educación que esta recibiendo en la escuela”, contó la mujer de 40 años.
Aunque las tareas dirigidas no son nuevas en el país, estos lugares han tomado mayor popularidad desde que las competencias académicas no se alcanzan en las escuelas. Así lo demostró la ONG Un Estado de Derecho, cuando en 2022 publicó que 40 % de los niños y niñas en edad escolar, entre 6 y 16 años, acuden a estos centros alternativos
Por su parte, Calatrava insistió en que los refuerzos académicos no tienen tanta efectividad en el aprendizaje de la niñez y la adolescencia, porque son acciones de complemento. “Para que sean totalmente eficientes se requiere que ocurra a cabalidad aquello que debe reforzarse. Es decir, la asistencia plena a la jornada diaria en la escuela, en la totalidad de días hábiles del calendario escolar”.
Foto: Luis Morillo
Deserción en aumento
En 2022, el personal docente protestó a nivel nacional, por más de ocho meses, para exigir la conformación de una mesa de resolución de conflictos a escala nacional y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que restringe varios beneficios y las contrataciones colectivas. Por los bajos sueldos, tras la aplicación del citado instructivo, muchos profesores y docentes abandonaron las aulas y quienes quedan lo hacen por vocación.
Otro de los motivos de las movilizaciones durante 2022 fue la falta de políticas públicas, poco presupuesto para el sistema educativo y problemas con la infraestructura. Conforme con los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de 574 protestas realizadas en el último septiembre, 324 correspondieron a manifestaciones docentes.
Las manifestaciones del gremio de docentes se extendieron hasta principios de este 2023.
Según Calatrava, la deserción docente en las escuelas públicas empeoró en el año escolar 2022-2023, en comparación con años periodos anteriores. “Los docentes dedicados a las Ciencias resultan más complejos de conseguir durante este año por los precarios sueldos”.
Foto referencial: Tairy Gamboa
En 2021, el Diagnóstico Educativo Venezolano (DEV 2021), indicaba que el número de docentes alcanzó 502.700 maestros. Es decir, 166.000 profesores menos que los 699.000 que trabajaban en las escuelas y liceos en 2018.
Sin embargo, Calatrava dijo que el país tiene un déficit de más de 60 % de docentes para las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales; 50 % para Ciencias Sociales y casi el mismo porcentaje para Castellano y Literatura. En total, para el año escolar 2022-2023 hubo casi 100.000 docentes menos.
“Sin maestros no hay escuela, ni educación y para cuidar a la educación, hay que cuidar a los maestros”, enfatizó.
Foto: Manuel Díaz
Qué se espera para el año escolar 2023-2024
El director de la escuela de Educación en la UCAB expresó su preocupación por el deterioro del sistema educativo venezolano. En ese sentido, aseguró que se vive una época marcada por la ausencia de reconocimiento por parte de la sociedad, así como el olvido por parte de patrones y sindicatos del mejoramiento del salario y las condiciones de trabajo.
Calatrava compartió a Cronica.Uno sus perspectivas sobre el venidero año escolar:
Aumento de la deserción escolar en los tres niveles obligatorios
Disminución del número de docentes activos, ya con mayor incidencia en Educación Inicial y Primaria
Pérdida definitiva de centros escolares por el estado de ruina de la planta física escolar
Desconocimiento del presupuesto público asignado al sector educativo
Profundización de la negativa de los sectores empresariales en apoyar a la educación y al maestro.
A pocos días de cumplirse seis meses de protestas y exigencias salariales, el magisterio zuliano convocó a los maestros y jubilados del sector educativo a una “megaconcentración”, en respuesta a los engaños y el silencio que ha mantenido el patrono al no darle una respuesta a los docentes en cuanto a sus peticiones.
Durante una reunión conformada por la Coalición Sindical Magisterial del estado Zulia, realizada este martes 4 de julio, los representantes decidieron no rendirse, y seguir tomando acciones de calle hasta que su clamor sea escuchado.
Aunque se darán los detalles de esta concentración en los próximos días, el magisterio planea esperar el pago del Bono vacacional y recreacional para así dar pie a la manifestación, informó a Versión Final el presidente del Colegio de Licenciados en Educación (Clev), seccional Zulia, Rafael Rincón.
El profesor invitó no solo a los maestros, sino también al personal administrativo y obrero de las escuelas públicas a unirse a esta marcha, ya que ellos también se han visto afectados ante el “miserable” sueldo que reciben y las decadentes condiciones estructurales en las que se encuentran los centros educativos.
Después que se produzca el pago del Bono vacacional para los (docentes) activos y Bono recreacional para los jubilados, estaremos con montos en la mano protestando”, aseguró Rincón.
Sobre el pago de estas compensaciones salariales, el presidente del Clev-Zulia rechazó el monto que será pagado, ya que este no fue aumentado y, tras el incremento del dólar, el bono quedó devaluado.
Recordó que años atrás con el Bono vacacional, los maestros disfrutaban de viajes y paseos recreativos; pero ahora la realidad es otra, ya que este no cubre ni una cuarta parte de la CanastaAlimentaria o de las necesidades que necesita cubrir una familia venezolana.
Finalmente, en una conversación con Versión Final manifestó que «estamos diseñando las estrategias y acciones sindicales» para tomar decisiones antes de que inicie el nuevo año escolar 2023-2024, ya que sin firma del contrato colectivo y reivindicaciones salariales se niegan a rendirse en las calles.
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