Venezuela

Marta De Sousa (*)

En la actualidad, las políticas y reformas educativas han concedido mayor importancia a la escuela, destacándose la autonomía y la participación escolar como centro de una política educativa que pretende mejorar los resultados de la prestación del servicio educativo, expresados en términos de acceso, eficiencia y calidad; sin embargo, es elevado aún el desconocimiento que persiste en la sociedad venezolana sobre la manera en que deben concebirse el proceso educativo, el cual se expresa mediante las políticas del Estado para alcanzar resultados y sobre la forma de diseñar e implementar planes de mejoramiento.

Las políticas públicas constituyen el puente entre el gobierno y la sociedad para la definición de los lineamientos que permitirían su dirección o establecimiento de las diversas acciones; razón por la cual podrían concebirse como el conjunto de directrices sustentadas en las leyes y planes de desarrollo que posibilitarían emprender acciones en la búsqueda del bienestar, así como la promoción y la garantía de los derechos de los ciudadanos (Salamanca, 1994).

En tal sentido, Escalante y Graffe (2011) señalan que “…las políticas públicas constituyen un conjunto de herramientas que usadas por el Estado pueden mejorar su gestión. Su objeto debe ser la búsqueda del bienestar y la cohesión de la sociedad, para lo cual es de vital importancia que en estas se considere el régimen político en el cual van a ser desarrolladas; así como los límites de las políticas, las posibilidades de aplicación y el significado que tengan para su cumplimiento por parte de los actores que las ejecutan”. (p.5).

De hecho, las políticas públicas de la Educación Universitaria diseñadas e implementadas a favor del crecimiento de la dimensión económica, en el caso venezolano han estado sustentadas, fundamentalmente, en la teoría del capital humano (Schultz, 1972), como principal factor generador del conocimiento, aunque deberían fundamentarse también en el desarrollo del capital social el cual, de acuerdo con Kliksberg (2003), se refiere al clima de confianza, conciencia cívica, actitudes y el grado de asociación que posibiliten sinergias entre los diferentes actores sociales en aras del desarrollo integral. Adicionalmente para la consecución de esto, es necesario tomar en cuenta el uso racional de los recursos materiales existentes en el suelo y el subsuelo, los cuales se convierten junto con los recursos financieros y tecnológicos disponibles en fundamentos tangibles para viabilizar elementos favorables que marcan el Desarrollo Integral de un país.

En este contexto, en Venezuela se propone el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior. En razón de estos objetivos se definen dos componentes del Proyecto: calidad del sistema de educación universitaria y equidad en el acceso y optimización del desempeño de los estudiantes de educación universitaria. Uno de los objetivos del primer componente, se refiere a la necesidad de «brindar a los profesores universitarios del sector público, los incentivos y remuneraciones acordes con su nivel y su desempeño académico, a través de la creación de un sistema nacional de la carrera académica» (CNU/OPSU, 2006).

Al respecto, Parra Sandoval (2008) señala “Es de esperar que la aplicación de esta política, que supone la evaluación permanente de los profesores, encuentre el clima apropiado de recepción…, sino como la oportunidad de conocer mejor las capacidades y ponerlas al servicio de una universidad de calidad” (p.10).

Sin embargo, Parra-Sandoval (ob.cit) al referirse a la implementación de las políticas de educación superior señala:

Se ha planteado un dilema que enfrenta la pertinencia social, tal como el gobierno la concibe en la práctica, y lo que ello significa para la libertad académica. De acuerdo con esto, la producción de conocimiento estará subordinada a la orientación política e ideológica del gobierno, que decide quién, cómo y qué se investiga, en la medida en que regula la posibilidad de financiar la investigación de acuerdo con sus criterios de pertinencia social y su orientación “revolucionaria”. (p.11).

Asimismo, la Ley de Universidades de la República Bolivariana de Venezuela (1970), señala en su artículo 83: “La enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas  a los miembros del personal docente y de investigación”. (p.35)

Se ha ampliado la concepción de comunidad educativa, en lo atinente a los encargados de planear y organizar la prestación del servicio educativo desde la óptica local, regional y nacional, como a los rectores y maestros responsables de la relación directa con los educandos, así como también padres y representantes de éstos; llamados a integrar un todo, a la hora de revelar resultados notables en una sociedad, en proceso de avance, progreso y coordinación con las políticas educativas novedosas que se han están realizando en Venezuela en estos últimos años.

Siendo necesario reflexionar sobre las competencias de los docentes en su rol de investigadores ante  la docencia, para que valoren la investigación en su justa dimensión como una de las fuentes del conocimiento, por lo que será indispensable transmitirlo por iniciativa propia evitando ser repetidores de las metodologías de otros, estando motivados a creer y a demostrar con hechos cual es su posición afectiva frente a la investigación dentro del ámbito educativo.

En el contexto universitario, el asumir el rol de investigador trae consigo diversidad de formas de abordarlos, es decir, supone tomar conciencia de las diferencias que poseen los alumnos; estas discrepancias se basan en las capacidades, los estilos de aprendizaje, las estrategias cognitivas, las experiencias y los conocimientos previos, la motivación, la atención, el ajuste emocional y social, entre otras. La tarea de los psicólogos y los pedagogos es fundamental para que en el ámbito universitario sea capaz de atender adecuadamente a la diversidad. El orientador es un asesor para el desarrollo de la calidad de la atención a las unidades de desarrollo y bienestar estudiantil, ya que se prestan a optimizar el desarrollo y el crecimiento de las individualidades de sus alumnos.

En la estructura de la competencia profesional participan, por tanto, formaciones psicológicas cognitivas (hábitos, habilidades), motivacionales (interés profesional, valores, ideales, la autovaloración), afectivas(emociones, sentimientos) que en su funcionamiento se integran en la regulación de la actuación profesional del sujeto en la que participan recursos personológicos tales como: la perspectiva temporal, la perseverancia, la flexibilidad, la reflexión personalizada, y la posición activa que asume el sujeto en la actuación profesional.

La finalidad del docente-investigador es proporcionar una interpretación integral y disciplinada, cuya intención es impresionar a personas con mente clara, incluidas aquellas cuyas preconcepciones o preferencias estén en contra de los resultados. Es más, la información obtenida sirve para quienes indaguen o interpreten en forma independiente. Cuyo propósito fundamental es recoger información pertinente y válida para emitir juicios de valor, orientados a la toma de decisiones de mejora y de cambio. En cuanto a la toma de decisiones como actitud investigativa se refiere a reflexionar sobre la conveniencia o necesidad de continuar la indagación a través del detectar los puntos débiles y fuertes de la investigación como base para su modificación, expansión o reducción. (Pérez Serrano,  2000).

Es por ello que la formación docente en un país como Venezuela es de vital importancia para el desarrollo de su gente. Para así poder contribuir con el desarrollo integral local y nacional, la universidad tiene el compromiso de formar un profesional altamente competente que responda a las exigencias del entorno. Para lograr esto hay que adaptar los programas de estudios a las exigencias de las sociedad y esta la razón de ser del trabajo realizado.

También, avanzar hacia un enfoque de formación basada en competencias más que en conocimientos, desde la perspectiva teórica se transformaría de manera radical los roles de los estudiantes y profesores, buscando un acercamiento más comprensivo de construcción colectiva y formando a profesionales capaces de adaptarse a nuevas situaciones.

Finalmente, el tema de las políticas públicas y su impacto en el desarrollo y condiciones de la profesión académica no han sido abordados a profundidad, es por ello que se debe dar la importancia que merece si se desea una educación universitaria de calidad, fomentando la investigación en la formación inicial de docentes como una manera de reorientar la reflexión.

Referencias

CNU/OPSU, (2006). Informe sobre Educación Superior en América Latina y El Caribe. (2000-2005) La metamorfosis de la Educación Superior. Primera edición. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). Venezuela.

Escalante Moreno, A. y Graffe, G. (2011). Políticas Públicas de Educación Universitaria para el Desarrollo Integral de Venezuela: Hacia una Aproximación Conceptual. Universidad Central de Venezuela. Docencia Universitaria, Volumen XII N° 1, Saprol-UCV. Disponible: file: ///H: /Doctorado/Sociopolítica/Políticas%20Públicas% 20 en%20 EDU. %20 Superior.pdf. [Consulta:2014-07-07].

Kliksberg, B. (2003). Capital Social y Cultura. Claves olvidadas del desarrollo. En Jarmillo, F. y Szquer, M. T. (Editores) (2003). Capital social. Clave para una agenda integral de desarrollo. Caracas: Corporación Andina de Fomento – CAF.

Ley de Universidades (1970). República Bolivariana de Venezuela.

Parra Sandoval (2008). Los cambios en las políticas de Educación Superior Venezolana y la profesión académica. Las políticas de educación superior en Venezuela ¿En busca del tiempo perdido?. Perfiles118horizontes 1/16/08.

Salamanca, L. (1994). La política pública como la ciencia de la intervención del gobierno en la vida social. El estado de la cuestión en la literatura. Politeia, 17 (pp.223-282).

Schultz; T. W. (1972). Inversión en capital humano. En Blaug, M. (1972). Economía de la educación. Madrid: Tecnos.

 

(*)Marta De Sousa

contacto: dsousamarta@gmail.com

La autora forma parte del  Doctorado Latinoamericano en Educación Políticas Públicas y Profesión Docente.

El presente es un artículo inedito, publicado con el consentimiento de la autora.

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