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La debacle educativa tras el golpe en Myanmar

Por: Khai Ring

El 1° de febrero de 2021, el ejército birmano derrocó al gobierno elegido democráticamente y detuvo a la Consejera de Estado, Aung San Su Kyi, bajo cargos falsos. En medio de la crisis del Covid-19, los niños y niñas del estado de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las Fuerzas Armadas utilizan las escuelas como bases militares y acosan a las organizaciones educativas no gubernamentales, los padres, maestros y estudiantes ven a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia: “No necesitamos una educación militar esclava”.

 Seis meses después del golpe, la disposición de la Junta Militar para asesinar, mutilar y detener menores continúa siendo estremecedora. Desde junio, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) ha calculado que el número de víctimas menores de 18 años asciende a 72. Once de esas muertes han sido el resultado de heridas en la cabeza producidas por armas de fuego, lo cual indica la presencia de francotiradores en las marchas y protestas.

Más de 1000 niños han sido detenidos y dos fueron condenados a muerte luego de haber sido acusados de matar a un partidario del golpe. Los juicios se llevan a cabo en el marco del Estado de Sitio impuesto en marzo, el cual transfirió poderes ejecutivos y judiciales a los mandos militares regionales. En consecuencia, no se respeta el debido proceso. La AAPP registra dos niños asesinados en el estado Shan, uno en Kayah, uno en Mon y tres en Chin. Sin embargo, probablemente el número de muertes infantiles sea mucho más alto dada la dificultad de recolectar información en zonas habitadas por minorías étnicas, donde las edades de quienes fueron asesinados por la artillería militar y los ataques aéreos continúan sin confirmarse.

Los crímenes cometidos contra los menores son los actos más viscerales y obscenos perpetrados por la Junta Militar y quedarán grabados en la consciencia del Estado. A esto, debemos sumarle los niños desprovistos de atención médica y sin acceso a la educación. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de la Naciones Unidas ha mostrado su preocupación ya que una generación entera de menores se está viendo perjudicada por la crisis.

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Asamblea escolar. En Paletwa, algunas escuelas están cerradas desde 2017 debido al conflicto en curso. Foto: DMG Newsroom
RECHAZO A LA EDUCACIÓN ESTATAL

Chin suele ser descrito como el estado más pobre y menos desarrollado de Myanmar. Aquí, la educación siempre ha sido una preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos. Junto al confinamiento por el Covid-19, el golpe provocó que los niños no tengan clases desde hace más de un año y medio. En el distrito de Paletwa Township, la interrupción educativa y el cierre de escuelas han provocado un fuerte descenso de la educación formal.

Cuando el 1° de junio, el gobierno militar ordenó la reapertura de las escuelas del país, el 90% de los niños no asistieron. Los padres se negaron a enviarlos a las escuelas de la Junta Militar: “No necesitamos una educación militar esclava”. Los docentes permanecieron comprometidos con la huelga nacional y el Movimiento de Desobediencia Civil, y muchas escuelas del estado Chin continuaron ocupadas por las Fuerzas Armadas.

En Chin, la situación de la educación se encuentra estrechamente relacionada a la idea de revolución. De los 9.667 docentes que trabajan en las 1.515 escuelas estatales, más de 4.000 han sido despedidos por la Junta Militar por haberse unido al Movimiento de Desobediencia Civil. Cuando las instituciones educativas abrieron sus puertas, no asistió ningún niño de los municipios de Kanpetlet, Mindat, Tonzang y Thantlang. El rechazo de los docentes y de los habitantes de Chin no es novedoso. El sistema educativo es considerado una imposición colonial: una herramienta de la opresión y de la asimilación cultural denominado “burmanización”.

Las estadísticas de rendimiento educativo en Chin muestran que la educación pública no termina de beneficiar a gran parte de un país que cuenta con 35 idiomas indígenas. La imposibilidad de enseñar en los dialectos maternos, la falta de financiación y una estructura educativa obsoleta han llevado a que las comunidades del estado Chin se encuentren en los niveles más bajos de escolaridad del país. Desde 2015, el porcentaje de aprobados fluctúa entre el 14% y 21%, muy por debajo del promedio nacional ubicado en el 33%.

La idea de que la educación es una esfera clave de la desobediencia civil a un gobierno dominado por la etnia bamar se encuentra fuertemente enraizada. La Fuerza de Defensa Chin en Mindat, una milicia compuesta por indígenas, ha dejado en claro cómo será evaluada la asistencia a la escuela durante el gobierno militar. En este sentido, el Viceministro de Educación del Gobierno “paralelo” de Unidad Nacional, Sai Khaing Myo Tun, declaró que a los docentes que no formen parte de la desobediencia civil les hacía falta “fuerza moral”.

Esta mirada es compartida por las organizaciones de la sociedad civil de Chin, tal como lo refleja el líder Salai Tuan Min: “A partir del golpe, todas las actividades llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil se han detenido. Algunos de los docentes se encuentran en huelga, otros con órdenes de arresto y algunos se están escapando. Como el lugar donde residen en las comunidades no es seguro, tratan de esconderse y escapar para salvar sus vidas. La educación es bastante secundaria comparado con esto”.

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Niños comiendo en un campamento para desplazados en el municipio de Mindat. Foto: Comité de Gestión de Mindat.
UNA BRECHA EDUCATIVA INTERGENERACIONAL

El 1° de agosto se cumplieron seis meses del golpe. Mientras las escuelas continúan siendo utilizadas por el ejército birmano como bases militares, los docentes debieron darse a la fuga y, los pueblos y aldeas han sido evacuadas. Asimismo, el Covid-19 está arrasando los municipios del norte. Ante la ausencia de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil de Chin contabilizan alrededor de 80 personas fallecidas desde agosto y más de 2.000 contagios desde febrero. Auxiliar con respiradores a los casos más graves se ha convertido en un desafío debido al deteriorado sistema de salud y las dificultades de acceso humanitario.

La falta de educación impacta psicológicamente en los niños indígenas y en el desarrollo de la región a largo plazo. Durante el asedio al pueblo de Mindat en mayo y junio, el ejército birmano utilizó las escuelas como base; atacó la infraestructura civil y bombardeó casas; detuvo y disparó arbitrariamente a la población; utilizó civiles como escudos humanos; y cortó el suministro eléctrico y de agua del pueblo. Todas estas acciones produjeron el desplazamiento de más de 10.000 personas.

El investigador de políticas educativas en Myanmar Salai Thawngsan señala: “Aquellos que deberían estar en las escuelas están huyendo y escondiéndose para salvar sus vidas. Sus opiniones podrán cambiar, pero será difícil hacer que piensen en regresar a la escuela como antes. Nunca volverán a ver a la educación como una actividad normal. Ven a la educación y la asistencia a las instalaciones escolares como un modo de apoyar las actividades militares”.

Mientras en Chin no abundan los recursos naturales, las reformas a las políticas de titularidad de tierras y el cambio climático han perjudicado los métodos tradicionales de sustento como la rotación de cultivos. Por lo tanto, el pueblo Chin había comenzado a ver a la educación como una herramienta de ascenso social y una estrategia de desarrollo local. “El estado Chin no es como otros lugares. Obstruir la educación es una forma de destruir nuestro futuro. Sin educación es difícil sobrevivir en Chin. En el pasado, el pueblo podía recurrir a la rotación de cultivos. En cambio, los jóvenes no tienen el conocimiento tradicional. ¿Qué podrán hacer sin educación?”, se pregunta Salai Thawngsan. La preocupación es que por el conflicto, la falta de educación y la imposibilidad de vivir de la tierra como lo hicieron sus padres, las nuevas generaciones migren hacia Malasia, Tailandia o India.

¿UN NUEVO AMANECER?

El gobierno paralelo ha diseñado un programa educativo domiciliario para aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas administradas por la Junta Militar. El programa va a existir en dos formatos, virtual y presencial, con el objetivo de alcanzar un mayor número de estudiantes. A largo plazo, se está diseñando un nuevo plan curricular que se apoya en la idea de una democracia federal, en oposición al actual sistema unitario del gobierno militar. El plan educativo también mantiene el pago de salarios a aquellos docentes que son parte del Movimiento de Desobediencia Civil.

No obstante, Salai Thawngsan sostiene que la utilización de plataformas virtuales, las clases por Zoom y los materiales descargables propuestos por el gobierno paralelo no funcionarán en el estado Chin ya que la conectividad a internet es muy baja y la disponibilidad de electricidad es limitada: “No tenemos una red de contención para la educación. Tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, pero no pueden trabajar. Al mismo tiempo, la conectividad es muy precaria, lo cual hace que la situación sea peor que en otras partes del país. Si bien el foco del gobierno paralelo es la virtualidad y la tecnología, en el estado Chin es muy difícil el acceso”.

Actualmente, el Consejo Consultivo Nacional de Chin, conformado por organizaciones que se oponen a la Junta Militar, no ha mostrado un plan para solucionar la crisis educativa. Junto al gobierno paralelo, debe enfocarse en el aprendizaje en regiones remotas y, reforzar los diálogos con los docentes y la sociedad civil. “Cada comunidad del estado Chin necesita pensar cómo educar a sus niños. De lo contrario, no habrá esperanza para el futuro. Incluso la comunidad religiosa debe priorizar este objetivo. No podremos hacerlo en cada aldea, pero necesitamos seleccionar lugares donde las aldeas puedan tener un acceso seguro”, señala Thawngsan.

Existe un refrán que se ha popularizado en las redes sociales: “La noche es más oscura antes del amanecer”. Aunque el país parezca estar en su hora más oscura, la comunidad educativa debe estar preparada para el retorno de la democracia. La sociedad post-golpe debe cumplir la promesa de “no dejar a nadie atrás” y permitir que los niños accedan a nuevas oportunidades a través de la educación.

Khai Ring, de la etnia Chin, es Director de Investigación y Políticas de una organización de la sociedad civil enfocada en la educación. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de políticas públicas y el aprendizaje basado en las lenguas maternas indígenas.

Fuente de la información e imagen: https://www.iwgia.org

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Los Karen en la encrucijada birmana


Por: Angelo Nero


En 1947, el general Aung San, líder de la lucha por la independencia birmana contra los colonizadores británicos –padre de la carismática premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi- firmaba un acuerdo con los líderes de las tres principales etnias del país, pero lejos de poner las bases para la convivencia de las 135 etnias reconocidas oficialmente por el estado, iniciaron una sucesión de conflictos armados que han llegado hasta nuestros días.

A pesar de las férreas dictaduras militares que han dirigido Myanmar –como se denomina oficialmente el país desde 1989-, el grupo mayoritario, un 70 % de la población, los bamar, de confesión budista, que ocupan la mayor parte de la administración, el ejército –denominado Tatmadaw- y el gobierno –que a menudo ha sido lo mismo-, no han conseguido doblegar a los pueblos más combativos, que ocupan las zonas fronterizas más ricas en recursos naturales, y que se han visto marginadas por el poder a lo largo de la historia del país asiático.

Los Shan, que forman el segundo grupo étnico, pero también los Kachim, Arakan, Zomi, Chin y Wa, crearon sus propios ejércitos de liberación nacional y organizaciones políticas de muy variada orientación, aunque los más persistentes en la lucha, desde 1948, han sido los Karen, a través de la Unión Nacional Karen (KNU), reacios a los múltiple e inestables acuerdos de paz a los que han sido forzados los sucesivos gobiernos birmanos.

A la cuestión étnica se le añadió, en 2012, un conflicto religioso entre los rakhine, budistas, y una minoría musulmana, los rohingyas, no reconocida como etnia oficial, y que ni siquiera el gobierno de la Liga Nacional por la Democracia, que lideró el país desde 2015, de Aung San Suu Kyi, y que ha derivado en una catástrofe humanitaria que muchos analistas han calificado abiertamente como genocidio.

El estado Karen está separado de la vecina Tailandia por varios ríos que crean una frontera natural, aunque fácilmente franqueable, y la densidad de sus bosques ofrece un buen refugio natural a la guerrilla que lucha por la autodeterminación de los Karen, para los que una solución federal, como la propuesta en el acuerdo de Panglong de 1947 es cada vez menos viable.

Los Karen son el tercer grupo étnico del país, y su movimiento de resistencia está dividido en varios grupos, el principal es el Ejército de Liberación Karen (KNLA), brazo militar del KNU, de mayoría cristiana,  y una escisión surgida en 1994, el Ejército Budista de Karen Democrática (DBKA), obviamente de esa confesión religiosa.

Han sido frecuentes las alianzas entre los grupos insurgentes, en 2010 la KNU firmó un acuerdo con el Partido Progresista Nacional Karenni (KNPP), el Frente Nacional Chin (CNF), la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), el Partido Nuevo Estado de Mon (NMSP), y el Ejército del Norte del Estado de Shan (SSA-N), aunque tampoco han faltado enfrentamientos puntuales entre ellos, como los que enfrentó a los Mon con los Karen. En 2015 la KNU también firmó un Acuerdo Nacional de Cesación de Fuego, junto a ocho grupos armados, con la llegada del proceso democratizador.

Desde el 1 de febrero de este año en curso, los militares han vuelto a tomar el control total del país, reprimiendo sangrientamente las manifestaciones de protesta –se habla ya de más de 600 muertos- después de que las urnas le dieran masivamente la espalda en el noviembre pasado, otorgándole la victoria a la Liga Nacional por la Democracia. Esto ha motivado que las tensiones entre el KNU y otros grupos insurgentes hayan aumentado a raíz del golpe de estado.

El 27 de marzo una brigada del KNLA tomó una base del ejército birmano en la frontera con Tailandia, lo que provocó el bombardeo aéreo de varias aldeas karen, lo que hace temer que la actual crisis birmana pueda derivar en un conflicto abierto con las guerrillas que, como esta, ya han mostrado su apoyo al movimiento de desobediencia civica y a las protestas de Rangún. El temor a nuevos bombardeos ha llevado a que más de 10.000 karen huyeran de sus pueblos y se escondieran en la selva, mientras que alrededor de 3.000, según la ONG Human Rights Watch, han buscado refugio en la vecina Tailandia.

85 organizaciones de la sociedad civil karen emitieron un comunicado el 14 de febrero, pidiendo a todos los grupos armados Karen, el KNU/KNLA, el Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA), al Consejo de Paz y la Fuerza de la Guardia Fronteriza de Karen, a no cooperar con el líderes golpistas militares. Saw Thuebee, portavoz de la alianza de la sociedad civil, dijo que su carta es un llamado a una posición unida entre los grupos armados karen.

“Queremos que todos los grupos armados karen se unan para proteger a la gente. Este es el momento para que trabajen juntos y con otros grupos de alianzas étnicas, fuerzas democráticas y la comunidad internacional. Esto conducirá a cambios significativos en la situación política del país y para el establecimiento de la autodeterminación”.

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Huelga general: Miles de manifestantes paralizan Birmania pese a las amenazas de la junta militar

Son las protestas más masivas desde que el ejército dio un golpe de Estado hace tres semanas.

Miles de sanitarios, profesores, estudiantes, empleados de banca, ingenieros, operarios de fábrica, cocineros o dependientes -entre muchos otros gremios- respondieron este lunes en masa al llamamiento a una huega general para protestar contra el golpe de Estado perpetrado por el ejército birmano hace tres semanas.

Las protestas, que consiguieron paralizar el país, son las más numerosas desde la asonada, y se produjeron tras un fin de semana en el que murieron dos manifestantes por los disparos de la policía. La tercera fallecida hasta la fecha durante las movilizaciones es una joven de 20 años cuyo funeral congregó a miles de personas este domingo en Rangún para rendirle homenaje.

Los activistas calificaron a la jornada de hoy como la “revolución de los cinco doses”. Es una referencia a la fecha (22-2-2021), que compararon con la del 8 de agosto de 1988 (8-8-88), día en el que los militares respondieron al levantamiento de los estudiantes a favor de la democracia con una brutal represión que dejó decenas de muertos y heridos.

Desde primera hora de la mañana, grandes multitudes se dieron cita en las principales arterias de Rangún (capital económica), Naypyidaw (capital política), Mandalay y otras muchas localidades, en las que sus comercios y otros negocios amanecieron cerrados. Entre sus principales reclamos, la liberación de los presos políticos, incluida la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y el restablecimiento del sistema democrático alterado de golpe por la asonada.

“Salimos hoy a la calle para unirnos a las protestas y luchar hasta lograr la victoria. Estamos preocupados por la represión, pero seguiremos adelante. Estamos muy enfadados”, relató uno de los presentes a la agencia France Press. A media tarde, tan solo se tenía noticia de una veintena de arrestos en las inmediaciones de la capital, Naypyidaw.

Los manifestantes tomaron las calles pese a la violencia policial el sábado y la advertencia lanzada anoche por la junta militar para evitar que la gente saliera en masa.

“Los manifestantes están ahora incitando a la gente, especialmente a adolescentes y jóvenes emocionados, a un camino de confrontación en el que sufrirán la pérdida de la vida”, decía su comunicado, emitido por la televisión estatal birmana.

In this image taken from MRTV video, part of a public announcement from the State Administration Council warning against the general strike planned Feb. 22 appears on screen in English text during the MRTV evening news bulletin that aired late Sunday, Feb. 21, 2021 in Myanmar. A call for a Monday general strike by demonstrators in Myanmar protesting the militaryâ#{emoji}128;#{emoji}153;s Feb. 1 seizure of power has been met by the ruling junta with a thinly veiled threat to use lethal force, raising the possibility of major clashes. (MRTV video via AP)

Imagen de la advertencia emitida el domingo por los militares

/ AP

El relator especial de la ONU en Birmania, Tom Andrews, se mostró preocupado por este mensaje “amenazante” y advirtió a la junta militar de que, a diferencia de lo que pasó durante las sangrientas revueltas de 1988, las acciones de las fuerzas de seguridad ahora están siendo grabadas y registradas, por lo que tendrán que asumir su responsabilidad por lo que suceda.

Pese a que por ahora los militares han gestionado con más tacto del habitual las protestas, historiadores como Thant Myint-U creen que el espacio para resolver el conflicto de forma pacífica se está cerrando. “El resultado de las próximas semanas estará determinado por solo dos cosas: la voluntad de un ejército que ha aplastado muchas protestas antes y el coraje, la habilidad y la determinación de los manifestantes”, reflexionó en Twitter.

Presión internacional

La Unión Europea anuncia que también impondrá sanciones a los golpistas

Mientras, la presión contra los golpistas sigue creciendo en el extranjero. Tras las sanciones anunciadas en días previos por Estados Unidos, Canadá o Reino Unido contra los generales responsables del levantamiento militar, este lunes fue la Unión Europea la que dijo estar lista para imponer sus propias sanciones a la cúpula golpista.

Además, pidieron que rebajen la crispación mediante “la restauración del gobierno civil legítimo y la apertura del parlamento recién elegido”. Sin embargo, no parece que los militares estén por la labor de seguir sus mandatos, y siguen justificando que la asonada era necesaria para corregir el pucherazo que dicen que hubo -sin presentar pruebas- en los comicios celebrados en noviembre, en el que arrasó el partido de Suu Kyi.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20210222/6257759/manifestantes-birmania-huelga-general-protestas-junta-militar.html
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Myanmar: nuevo proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación y el acceso en todo el país

Asia/Birmania/Myanmar/moderndiplomacy.eu

Washington, 3 de marzo de 2020 – La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial aprobó hoy un proyecto para mejorar el acceso y la calidad de la educación básica en todo el país en Myanmar. El proyecto, financiado por un crédito de US $ 100 millones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), se implementará durante cuatro años escolares.

El proyecto de Acceso inclusivo y educación de calidad (IAQE) adopta un enfoque nacional y centrado, que abarca todos los estados y regiones y apoya programas para llegar a las escuelas de todo el país, al tiempo que pone mayor énfasis en la inclusión social y el apoyo a las áreas afectadas por conflictos. Más del 70 por ciento de la financiación se canalizará a los municipios más desfavorecidos de Myanmar, con un enfoque particular en las escuelas y maestros con menor rendimiento dentro de estos municipios.

El proyecto se basa y amplía el alcance geográfico del trabajo realizado en el marco del Proyecto de descentralización de fondos para escuelas en curso, respaldado por el Banco Mundial desde 2014. Hasta la fecha, ese proyecto ha reducido la carga de las tarifas para los padres y tutores de más de 9 millones estudiantes a través de fondos directos a todas las escuelas del Ministerio de Educación para sus operaciones, y ha otorgado estipendios a más de 200,000 estudiantes pobres y desfavorecidos, ayudándoles a permanecer inscritos en la escuela intermedia y secundaria.

Sin embargo, a nivel nacional, sigue habiendo grandes brechas en el nivel educativo y el acceso. Alrededor de un tercio de los estudiantes en el nivel de grado 3 no pueden leer con fluidez con comprensión o resolver problemas matemáticos básicos apropiados para su edad, y la mayoría de los estudiantes continúan abandonando antes de los catorce años. Además, los resultados educativos están distribuidos de manera desigual y son particularmente pobres para los niños de entornos sociales y económicos desfavorecidos, grupos étnicos minoritarios y en comunidades que viven en zonas afectadas por conflictos.

  «Brindar una educación de calidad para todos será fundamental para reducir la pobreza, fomentar el capital humano y construir un futuro más pacífico y próspero para todo el país», dijo Gevorg Sargsyan, Director Interino de País del Banco Mundial para Myanmar . «Será particularmente importante llegar a los niños que han abandonado la escuela, los niños migrantes y los desplazados internos, y traerlos de regreso a la escuela, por eso el nuevo proyecto pone un énfasis especial en llegar a los niños más marginados».

  El proyecto IAQE también apoyará el fortalecimiento de la eficiencia del sistema educativo, incluso a través de una mejor gestión de recursos humanos y financieros públicos y apoyo técnico al Ministerio de Educación, y supervisará de cerca la implementación en todo el país.

  Además del crédito de la AIF por US $ 100 millones, el proyecto IAQE contará con el apoyo de US $ 70 millones de la Alianza Global para la Educación y US $ 10 millones de la Comisión Europea.

Fuente: https://moderndiplomacy.eu/2020/03/07/myanmar-new-project-aims-to-improve-education-quality-and-access-across-country/

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Unicef alarmada por situación de niños rohinyás en Myanmar

Asia/Birmania/13 Enero 2018/Fuente: Prensa Latina 
La portavoz de la Unicef en Ginebra, Marixie Mercado, denunció hoy las pésimas condiciones de vida de los niños rohinyás en Rakhine, Myanmar, donde carecen del acceso a servicios de salud y educación.
En el centro de Rakhine, más de 120 mil rohinyás quedaron varados en campamentos desde 2012, y cerca de 200 mil viven en aldeas donde su libertad de movimiento y acceso a servicios básicos está cada vez más restringida, precisó la funcionaria.

Según Mercado, la Unicef y sus socios humanitarios todavía no conocen bien la verdadera situación de los niños de esa minoría musulmana en Myanmar y todo ello, debido en gran medida, a la imposibilidad de llegar a muchos lugares.

Ninguna de las cinco instalaciones de atención primaria de salud apoyados por la Unicef funciona ahora y tampoco hay suficiente agua limpia o alimentos, detalló.

Del mismo modo, agregó, no se pudo continuar el tratamiento con los niños que sufren desnutrición aguda severa y 12 centros de tratamiento terapéutico para pacientes ambulatorios están cerrados porque fueron saqueados, destruidos o el personal no puede acceder a ellos.

Otras localidades como Maungdow muestran cicatrices de la violencia reciente: extensas áreas han sido arrasadas por excavadoras, la mayoría de las tiendas están cerradas, hay escasas personas en las calles, muy pocas mujeres y aún menos niños, expuso la fuente.

De una población de 440 mil rohinyás, solo quedan en Maungdow unos 60 mil, según estadísticas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Los niños en las áreas rurales están casi totalmente aislados y les resulta extremadamente difícil abandonar los campamentos para recibir tratamiento médico, indicó la portavoz y asesora de Unicef en Ginebra.

El permiso para viajar en busca de asistencia médica solo se otorga cuando hay una justificación certificada por un médico y esa autorización cuesta un dinero que la mayoría de las personas en los campamentos no pueden pagar, ahondó Mercado.

‘Una vez que están en un hospital, los rohinyás están confinados a un área restringida y no se le permite el contacto externo. Como resultado, las personas recurren a los curanderos tradicionales, a los médicos no entrenados o se automedican.’

Además, la restricción de movimiento afectan las posibilidades de recibir enseñanza y las condiciones de los campamentos de los desplazados empeoran cada día, alertó la Unicef

Los menores de esa etnia necesitan una solución política al problema de la identidad legal y la ciudadanía. Urge respetar la Convención sobre los Derechos del Niño y garantiza sus derechos a la salud, la educación y las oportunidades de aprender, recalcó la portavoz.

Estos niños rohinyás se han visto profundamente afectados por años de violencia y división comunitaria, y muchos fueron separados de sus familias o perdieron a sus padres debido a las agresiones.

La asesora de Unicef realizó una visita a Myanmar del 6 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018, tiempo en el que visitó varias localidades y pudo constatar la situación sobre el terreno.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143547&SEO=unicef-alarmada-por-situacion-de-ninos-rohinyas-en-myanmar
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Myanmar: Las limpiezas étnicas no son cuentos del pasado

Myanmar/Diciembre de 2017/Autor: Mateo Guerrero Guerrero/Fuente: El Espectador

La discriminación contra la minoría musulmana en Myanmar ya había producido varios desplazamientos y masacres desde 1948. Este año, la historia se repitió y nadie pudo hacer nada para evitarlo.

Esta es la historia de un genocidio anunciado. “El Ejército le prendió fuego a mi casa. Dentro estaban mi suegra, de edad avanzada, y mi cuñada, que tenía dificultades mentales. Las quemaron vivas. No pudimos salir con ellas cuando los militares llegaron al pueblo”, dice una de las mujeres rohinyás que prestaron su testimonio para el informe que en febrero de este año publicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese momento faltaban seis meses para que los crímenes contra los rohinyás, la minoría étnica y religiosa que habitaba la provincia de Rakhine, al norte de Myanmar, protagonizara los titulares de prensa.

“Mis dos hermanas, de ocho y diez años, estaban huyendo porque vieron venir al Ejército. Las mataron, pero no a tiros; las cortaron con cuchillos”, dijo para el mismo informe la sobreviviente de un caso de violación colectiva, una niña de 14 años proveniente del mismo pueblo que, según Human Rights Watch, junto con otros cinco asentamientos habitados por rohinyás, ya tenían 820 edificios destruidos por cuenta del Ejército en noviembre de 2016.

Lejos de Myanmar, el nombre que adoptó tras su independencia la antigua Birmania, es fácil imaginar que la crisis empezó el 25 de agosto de este año, cuando los insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ERSA) desencajaron la reputación de las autoridades del país al asestarles un golpe sorpresa a 30 estaciones de policía.

Tras un vistazo apresurado, también es posible pensar que la ira desbordada fue la principal causa de la violencia en contra de la minoría musulmana que nutre las filas del ERSA. Las cifras de la crisis, que hablan de 6.700 muertos y 650.000 personas desplazadas en menos de cinco meses, piden explicaciones más allá de una venganza ciega.

Una historia que se repite

El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas no fue la única alerta temprana. Durante meses, organizaciones como el Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio o la comunidad de académicos de la International State Crime Initiative venían advirtiendo del riesgo de que la población rohinyá fuera víctima de crímenes atroces a gran escala. No sería la primera vez.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los rohinyás pelearon codo a codo con los británicos para repeler al Imperio japonés en el sudeste asiático. A cambio, la corona inglesa prometió el fin del dominio colonial y la creación de un Estado independiente.

Como tantas otras veces, la promesa se cumplió a medias y, en lugar de restablecer las fronteras del antiguo reino de Arakán, que durante siglos fue la última frontera de la expansión del islam por Asia, las comunidades musulmanas que pelearon para tener su propio país tuvieron que conformarse con convertirse en una minoría étnica y religiosa en el interior de Myanmar, la nación que surgió tras la guerra y que aún hoy sigue siendo gobernada por representantes de su abrumadora mayoría budista.

En el año 2000, Human Rights Wahtch publicó un informe que demuestra que los ingredientes de la crisis humanitaria de hoy estaban servidos desde 1948.

Desde que Myanmar empezó a dar sus primeros pasos, el gobierno insistió en que los rohinyás eran inmigrantes ilegales. Como consecuencia, a lo largo de los años se les ha negado la posibilidad de servir como funcionarios públicos, acceder al sistema de educación o incluso movilizarse libremente por el país.

También desde el comienzo, la discriminación provocó el surgimiento de grupos insurgentes e independentistas que, en una de sus primeras y anecdóticas encarnaciones, estaban dirigidos por un tal Cassim, quien, tras ser capturado en Bangladés en 1950, dejó a sus tropas libres para dedicarse al robo y el contrabando de arroz.

La historia de insurgencia y marginalización regresó con una cara más reconocible en la década de los 70, cuando las autoridades migratorias y el ejército birmano comenzaron una operación que se conoció como Nagamin. La palabra se traduce como “rey dragón” y el programa al que estaba asignada provocó que, para mayo del 78, cerca de 200.000 rohinyás huyeran del país. Como hoy, la excusa fue la lucha contra el terrorismo y el destino exactamente el mismo: Bangladés.

La Cruz Roja no tardó en quedarse corta para atender a tanta gente y Naciones Unidas tuvo que intervenir con trece campos de refugiados. Mientras tanto, los gobiernos de Birmania y Bangladés acordaron la repatriación de los rohinyás, que sólo empezaban a cruzar la frontera cuando los refugios dejaron de recibir fondos y las raciones de comida a escasear.

Entre 1991 y 1992, el desplazamiento masivo de los 70 se volvió a repetir, esta vez con cerca de 250.000 y con la particularidad de que, en esa ocasión, Human Rights Watch reportó que el gobierno de Bangladés fue menos tolerante y empezó a realizar deportaciones forzadas.

Nada habría permitido prever las proporciones de la reciente escalada de violencia hasta 2012. En junio de ese año, los medios de comunicación birmanos reportaron la captura de tres hombres rohinyás relacionados con la violación y el asesinato de Ma Thida Htwe, una costurera de 27 años.

Poco después, un bus que iba por el municipio costero de Taungup fue detenido por un grupo de 300 budistas enardecidos. Esa noche, diez miembros de la minoría musulmana fueron linchados tras ser arrancados de los asientos en los que viajaban. Tres días más tarde, en un hecho sin precedentes que habla de la gravedad de la situación, el gobierno militar anunció la creación de un comité para investigar “los actos ilegales y anarquistas” que habían tenido lugar en la provincia de Rakhine. El Grupo Internacional de Crisis de Naciones Unidas también intervino para recomendarle al gobierno birmano que la mejor forma para evitar un rebrote de violencia era ponerle fin a la discriminación de los rohinyás. Eso no pasó.

Lo que no aprendemos de la historia

El 9 de octubre de 2016, varias personas armadas con palos, cuchillos y explosivos caseros asaltaron tres estaciones de policía en el norte de Myanmar. Decían que eran miembros del Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe, en árabe). La violencia contra los rohinyás se desató.

“Los soldados me daban puños y patadas mientras gritaban ‘dile a Alá que venga a salvarte’”, se lee en otro de los muchos testimonios que la ONU recogió en su informe de febrero, cuando las alertas sobre un posible genocidio apenas empezaban a sonar.

El 25 de agosto, rebautizados como Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ERSA), los insurgentes que desafiaron con cuchillos a las autoridades de Myanmar regresaron con ametralladoras y multiplicaron por diez el número de estaciones atacadas en octubre. El ejército birmano no se quedó atrás y rompió su propio récord de desplazados y víctimas mortales. La ONU definió los hechos como un caso clásico de limpieza étnica.

“He estado en República Centroafricana en dos ocasiones, en Congo, en Níger, en Honduras, en México, pero nunca he trabajado en una crisis tan grande y tan dura como esta”, dice María Simón, coordinadora de la misión de Médicos Sin Fronteras en Chittagong, la región al sur de Bangladés que ha recibido el grueso de desplazados provenientes de Myanmar.

En los campos de refugiados habita el equivalente a la población de una ciudad del tamaño de Cúcuta y a Simón se le van los días gestionando al personal médico y la llegada de camiones llenos de agua y alimentos que buscan que la crisis no se agrave por motivos sanitarios.

Con el fantasma de una epidemia a cuestas, la médica se sorprende por el modo en que, entre los campamentos hechos con plástico y bambú a lado y lado de las carreteras, los rohinyás no dan su brazo a torcer.

“Hay escuelas que están funcionando, hay pequeños mercados con tiendas, incluso hay una peluquería. La gente se adapta al medio y continúa con su vida, pese a que las condiciones son muy complicadas”, dice. Además destaca la política de fronteras abiertas que el gobierno de Bangladés ha tenido durante la crisis.

Para Tasleem Shakur, profesor de geografía humana en la Universidad de Edge Hill (Reino Unido), la actitud del gobierno bangladesí es producto de sus aprendizajes históricos. En 1971, cuando Bangladés se desangraba en una guerra de independencia que dejó 10 millones de refugiados en el extranjero y el genocidio de 3 millones de personas, ellos mismos fueron receptores del tipo de ayuda que ahora necesitan los rohinyás.

A pesar de eso, y siguiendo el mismo derrotero de otras crisis protagonizadas por los rohinyás, los gobiernos de Myanmar y Bangladés ya firmaron un acuerdo de repatriación a finales de noviembre. La idea es, por un lado, librar a Bangladés de la inmensa carga que supone la llegada de un número tan grande de refugiados y, por otro lado, permitirle a Myanmar limpiar un poco su reputación internacional. El acuerdo llega sin un compromiso claro para ponerle fin a la discriminación que sufren los rohinyás en Myanmar. En pocas palabras, hicieron todo para que nada cambie. El problema es que esta vez el precio de que todo vuelva a la “normalidad” es mucho mayor.

Con el genocidio y el desplazamiento de este año, la causa rohinyá atrajo la atención de organizaciones yihadistas. El pasado 27 de octubre, Abu Syed al-Ansari, líder del brazo armado de Al Qaeda en India, publicó un video en el que llamaba a pelear la guerra santa contra Myanmar.

Otra fuente de preocupación es el debilitamiento del Estado Islámico en Oriente Medio, lo que desde ya se ha traducido en un incremento de sus operaciones en el sudeste asiático, como ocurrió en Filipinas a finales de mayo. Ante la amenaza inminente, vale la pena preguntarse si el gobierno y el ejército de Myanmar van a seguir utilizando la misma excusa que han transmitido en inglés y birmano a través de sus medios oficiales: que todo es un caso de noticias falsas y que las fuerzas armadas no tienen nada que ver en lo que está pasando.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-limpiezas-etnicas-no-son-cuentos-del-pasado-articulo-728742

 

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Unicef pone el foco en la desnutrición de 2,2 millones de niños birmanos

Birmania/01 junio 2017/Fuente: Mundiario

El informe de Unicef señala que al menos el 30 por ciento de los niños de Birmania sufren de desnutrición moderada o severa por lo que requieren de ayuda humanitaria.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó de que alrededor de 2,2 millones de niños en Birmania están afectados por la violencia y necesitan ayuda humanitaria, por lo que piden al Gobierno terminar las violaciones de sus derechos, como su uso para ser soldados.

El Gobierno de Birmania adoptó desde el 2010 políticas sociales y económicas que han comenzado a fortalecer los sistemas de salud, educación y protección de los niños, según mostró el informe de Unicef.

Dicho informe indica que más de la mitad de todos los niños birmanos viven por debajo del límite de pobreza, también señaló que a pesar de estos progresos en la administración birmana, más de 150 niños menores de cinco años mueren cada día en el país y al menos un 30 por ciento sufre desnutrición moderada o severa. También señala este informe que Birmania podría gozar de un futuro más próspero y estable si se invirtieran  parte de los beneficios financieros que ha logrado en el reciente crecimiento económico en la juventud de la región .

Birmania afronta un auténtico reto para garantizar que todos los niños, estén donde estén, no solo los de áreas urbanas, se beneficien del rápido desarrollo del país

Justin Forsyth, director ejecutivo adjunto de Unicef, señaló que «Birmania afronta un auténtico reto para garantizar que todos los niños, estén donde estén, no solo los de áreas urbanas, se beneficien del rápido desarrollo del país».

Diferentes organismos internacionales tienen bajo la lupa al estado de Rajine, ya que a raíz de los conflictos surgidos entre las comunidades en 2012 un aproximado de 120.000 personas  se han  visto obligadas a desplazarse y vivir en campamentos de refugiados .

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/unicef-2-2-millones-ninos-birmanos-requieren-ayuda-humanitaria/20170524183903089830.html

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