Asia

Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras

El lema del 6º Foro Mundial del Agua (FMA), Marsella 2012, proclama ¡Es tiempo de soluciones! Este objetivo se enmarca, además, en el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (2005-2015). Pero la necesidad de dar soluciones a la grave situación de deterioro de los ecosistemas hídricos y el injusto acceso al agua y saneamiento lleva más tiempo aún en la agenda internacional. En este Decenio se quiere priorizar la puesta en marcha de medidas ya contempladas en el Programa 21, aprobado en Río en 1992, y en el Plan de Acción de Johannesburgo de 2002. Llevan más de 20 años implementando las políticas que ahora proclama el FMA y que son, en resumen, el sector privado como modelo a seguir y el mercado como única solución. Además, tenemos los resultados, solo el 0,3% de las nuevas conexiones de agua a nivel mundial han sido realizadas por el sector privado, esta es su eficiencia. Las recetas del FMA han fracasado, solo buscan el beneficio de las corporaciones transnacionales e impulsan el concepto del agua como mercancía.

Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la ilegitimidad del FMA al ser organizado por las grandes corporaciones del agua, agrupadas en el World Water Council, y no por los estados al amparo de las Naciones Unidas. Un Foro legítimo sería aquel que ponga en el centro del debate la construcción de un acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Tendría, también, el deber de abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios que, al fin y al cabo, benefician a unos pocos y condenan a los ecosistemas y a demasiados millones de personas.

No se puede perder más tiempo, es la hora de la sociedad civil, es la hora de escuchar y construir desde la ciudadanía y para la ciudadanía, debemos avanzar hacia una mayor justicia social y ambiental en el agua. Las organizaciones sociales, ambientales, ONG, sindicatos, etc. han reclamado durante años el reconocimiento del acceso universal a una fuente segura de agua y al saneamiento como derecho humano, implementado con gestión pública, participación y control social. Esta propuesta ha sido bloqueada repetidamente por el FMA y, especialmente, por aquellos países que trabajan para los intereses de las principales empresas transnacionales del agua. A pesar del bloqueo, y a iniciativa de Bolivia, con el apoyo de distintos países [1], la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Por fin, y en pleno siglo XXI, se daba un paso más a nivel internacional: se reconocía que el agua es un derecho básico para la vida y la dignidad de las personas. La implementación de este derecho es lo que ahora está en cuestión, ¿podemos dejar al mercado y a las grandes corporaciones que decidan sobre cómo y quién debe garantizar un derecho humano?, ¿es coherente por parte del Gobierno español reconocer el derecho humano al agua en Naciones Unidas e impulsar políticas de mercantilización del agua en España?

La globalización neoliberal está poniendo en manos de grandes empresas transnacionales el control de las fuentes de agua para la actividad extractiva, ya sea minería o explotación de hidrocarburos, para la agroindustria, para las grandes presas hidroeléctricas, para la industria turística, etc. Este dominio está dejando sin fuentes de agua y sin ecosistemas hídricos a una parte importante de la población rural, especialmente en los países del Sur global. Por otro lado, los tímidos logros conseguidos en el Norte están cada vez más en riesgo. Pero el agua no sólo tiene interés como medio de producción, también tiene un elevado valor económico, tanto en su faceta de objeto de consumo, y de ahí el crecimiento de las compañías embotelladoras de agua, como en la gestión del abastecimiento y el saneamiento.

La privatización de los servicios de abastecimiento urbano se impulsó desde la década de los ochenta en los países del Sur. Los argumentos para esta medida, que se calificaba como técnica, se basaban en la eficiencia, transparencia, la inversión y transferencia de tecnología que aportaban las empresas de capital privado frente a la supuesta inoperancia del sector público. Además, por si había algún gobierno reticente, esta política se imponía desde las Instituciones Financieras Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediante los Planes de Ajuste Estructural para el pago de las deudas que atenazaban a estos gobiernos en la citada década de los ochenta. El resultado, después de más de 30 años de experiencia, es que las ventajas de la gestión privada han sido inexistentes, el mismo Banco Mundial lo reconoció en el Foro Mundial del Agua de México en 2006, pero las sigue promoviendo.

Utilizar un bien básico para la vida como un producto de mercado, y que una empresa obtenga con ello el máximo beneficio, genera impactos tremendos sobre las mayorías sociales que viven por debajo del umbral de la pobreza. La respuesta por parte de esta población fue un rechazo contundente a estas políticas: en América Latina, Suez, Bechtel y otras grandes corporaciones privadas del agua fueron expulsadas, se rescindieron sus contratos por incumplimiento, se han incluido artículos en diversas constituciones donde se reconoce el derecho humano al agua y su gestión se indica que debe ser pública. En Europa, Francia ha iniciado un proceso de retorno a la gestión pública en grandes ciudades, por ejemplo Paris y Grenoble. En Holanda, tal y como recoge su legislación, toda la gestión del agua debe ser pública, fuera de lógicas mercantiles.

Mientras el mundo empieza a responder a estas políticas fallidas de privatización, el Estado español las impulsa. Maude Marlow definió el agua como el oro azul, en estos momentos, es la mejor calificación que se puede dar a este bien común en España. No tanto por el valor económico que tiene su control estratégico en los regadíos y las hidroeléctricas, que también, sino porque la venta de su gestión pública en abastecimientos urbanos a operadores privados está sirviendo para saldar las abultadas deudas de los gobiernos municipales. Deudas que no tienen que ver, en absoluto, con la gestión del agua sino más bien con la falta de ingresos de los municipios. A grandes rasgos, la historia que sucedió en los países del Sur se repite aquí, se venden los servicios públicos de agua y saneamiento como parte de las políticas de ajuste para reducir la deuda de los municipios. En León, Avilés, Lugo, Jerez, Madrid, etc. se ha vendido, o se está en proceso de vender, este servicio con el fin de obtener una buena inyección de liquidez a costa de mercantilizar un servicio público básico para la población. Los servicios públicos son un legado de la ciudadanía a los responsables por un corto período de tiempo, no tienen la legitimidad para dilapidar un patrimonio que no les pertenece.

A medida que crece la ola privatizadora, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, también está creciendo la oposición social. Se están creando plataformas y redes muy activas que multiplican esfuerzos para informar y movilizar a la ciudadanía contra la mercantilización del agua y por el derecho humano al agua y al saneamiento. Ejemplos como el de Italia, donde a través de un referéndum se ha conseguido frenar la privatización del abastecimiento a poblaciones, representan una victoria que alienta al resto de luchas. La movilización social no sólo genera una resistencia frente a la privatización, también construye propuestas que permitirían hacer realidad que el derecho humano al agua se garantizara en condiciones de igualdad y no discriminación. El primer paso es la incorporación del derecho humano al agua, y la obligatoriedad de la gestión pública del abastecimiento y saneamiento urbano, en la Ley de Aguas española.

La amenaza que supone perder el control público sobre el agua hace necesario informar y formar para la acción. Así, conocer lo que supone el reconocimiento del derecho humano al agua, recordar los aprendizajes de las nefastas consecuencias de la gestión privada en América Latina y la actual ola privatizadora en Europa son factores clave para fortalecer una creciente movilización social. Eso es precisamente lo que persigue esta publicación, avanzar hacia la conservación de los ecosistemas hídricos y la justicia social en el acceso al agua potable y saneamiento. Lo que está en juego es una gestión 100% pública que priorice la función social y ambiental del agua y que promueva la gestión democrática del agua como un bien común.