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Comunidad internacional se manifiesta a favor de profesionalización magisterial

América Central /Guatemala

Dentro de recomendaciones a nivel internacional emitidas por los organismos encargados de velar por la educación y la niñez, se incluye instar a los mejores estudiantes a convertirse en maestros.

 Integrantes de la comunidad internacional lideradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), manifestaron hoy su apoyo a la decisión de las autoridades nacionales que en 2012 trasladaron la formación docente de primaria al nivel universitario.

 Consideran que ese tipo de acciones son trascendentales para elevar la calidad de la enseñanza, por lo que creen que regresar esta preparación al nivel medio representaría un retroceso en los esfuerzos realizados en los últimos años.

 Su posición fue sustentada en estudios realizados por la Unesco, Preal, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), OEI y el BID en los que se evidencia que el mejoramiento de la calidad educativa se obtiene por medio de profesores bien preparados, “razón por la cual la tendencia internacional es la formación inicial de los docentes en el nivel terciario o superior”.

 La Unesco consideró que Guatemala dio un paso histórico hacia la mejora en la calidad escolar, ya que la formación disciplinar y pedagógica de los docentes incide directamente en la del aprendizaje de los estudiantes.

 Ante esos antecedentes las organizaciones firmantes de un comunicado difundido en las redes sociales, sugirieron a las autoridades guatemaltecas efectuar esfuerzos para mantener o consolidar la formación inicial de los docentes en el nivel universitario.  “También es importante crear la normativa del desarrollo profesional docente y atraer a los mejores estudiantes como futuros formadores de los ciudadanos de la sociedad”, concluyeron.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/29/comunidad-internacional-se-manifiesta-a-favor-de-profesionalizacion-magisterial/

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Educación intercultural en Guatemala, reto para 2018

Centro América/Guatemala/29 Noviembre 2017/Fuente: Prensa Latina

Más libros de textos en idiomas mayas, recursos tecnológicos y formación de docentes constituyen hoy aspiraciones del Ministerio de Educación de Guatemala para promover la formación bilingüe intercultural a las puertas del ciclo lectivo 2018.
El titular de la cartera, Óscar Hugo López, aseguró que el interés gubernamental es que los niños y jóvenes en formación sepan valorar, compartir y establecer relaciones interculturales respetuosas y armónicas.

López reafirmó que el impulso de la educación intercultural es uno de los ejes de su programa de trabajo y busca crear vínculos de respeto ante la diversidad de culturas dentro de la población.

Guatemala cuenta con 22 idiomas mayas y el 42 por ciento de los 17 millones de guatemaltecos se identifica como indígena. Paradójicamente, es este sector el que tiene menor acceso a la educación y las más altas tasas de deserción escolar.

Además de los libros de texto en idiomas mayas, el Ministerio busca la posibilidad de contar con un software especial dirigido a la educación bilingüe intercultural, anunció.

Otro de los esfuerzos va dirigido a la formación de docentes a nivel universitario en carreras de preprimaria y primaria en educación bilingüe, aunque ya cuentan con maestros trabajando en el sistema nacional, puntualizó.

Establecer relaciones interculturales respetuosas, armónicas y de valoración entre los niños y jóvenes es una meta de las autoridades actuales, subrayó López, quien considera que lograrlo ya sería un avance significativo para la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, actualmente de 800 mil a un millón de jóvenes están excluidos del sistema educacional y la calidad de la enseñanza sigue siendo muy cuestionada, incluso a nivel del área centroamericana.

A solo un mes y pocos días de un nuevo curso, la aprobación del presupuesto general de la nación para 2018 pende de un hilo y en él estarían al menos parte de los recursos para implementar una Ley de Alimentación Escolar recién aprobada.

En un país donde el 80 por ciento de su población vive en niveles de pobreza, la deserción continúa siendo talón de Aquiles ante la falta de recursos económicos, alarmantes índices de violencia y de embarazos prematuros.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134616&SEO=educacion-intercultural-en-guatemala-reto-para-2018

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Guatemala: Dictamen del Presupuesto 2018 genera críticas por recortes

Guatemala/27 de Noviembre de 2017/El Peródico

El Icefi considera que el Congreso no debe aprobar el dictamen, mientras que la Comisión plantea que son ajustes con justificaciones claras.

La reducción de Q3.3 millardos en el techo de gasto para el próximo año significaría recortes en los programas escolares, de prevención de la mortalidad materna y la desnutrición infantil, que significarán retrocesos para alcanzar los compromisos que el país ha asumido.

Así lo explicó Ricardo Barrientos, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al exponer que es mejor “no  aprobar el Presupuesto que dictaminó la Comisión de Finanzas” del Congreso, pues los cambios que se hicieron pueden ser perjudiciales.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Adim Maldonado, comentó que los recortes en algunos programas se acordaron porque no se tienen los préstamos aprobados para financiar esos gastos. El diputado también ha señalado que se tienen normas de transparencia del gasto.

Según el análisis del Icefi, se hizo un ajuste en el techo global y se aplicaron recortes sin una referencia a resultados o metas y en el caso del Ministerio de Educación (Mineduc) aunque se aumentan Q449.5 millones para cumplir con la Ley de Alimentación Escolar se reducen en Q426.9 millones los recursos para programas desde preprimaria hasta diversificado y extraescolares. Además se tiene un incremento de Q766.1 millones para administración institucional, monto que podría ser utilizado para compromisos salariales del pacto colectivo del Magisterio.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia es otra de las entidades a las que se les aplicó una disminución de Q50 millones, lo que según Barrientos “es ignorar la tragedia que ocurrió en marzo pasado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción” y profundiza el descuido de los niños institucionalizados.

En el caso de la readecuación en el Ministerio de Salud de acuerdo con Enrique Maldonado, economista sénior del Icefi, se ven afectados los programas de prevención de la mortalidad materna, la desnutrición crónica y la mortalidad infantil y el modelo incluyente de salud. De esta manera se regresa al esquema de equipo e infraestructura, que favorecen el esquema de compras que ha sido cuestionado.

Barrientos lamentó que en el dictamen se incremente el presupuesto del Registro de Información Catastral (RIC) en Q35 millones. El RIC ha sido vinculado en administraciones pasadas a hechos de corrupción.

Además se le hacen recortes al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q1.3 millardos, a la Universidad de San Carlos, Q200 millones, y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Q30 millones.

Maldonado indicó que en el caso del Mineduc se recortó el financiamiento del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que aún está en gestión para el mejoramiento, cobertura y calidad educativa, y que no se pueden cambiar para financiar los programas de alimentación escolar, pues la ley asigna como fuente de financiamiento recursos del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado descartó que en el dictamen se incluya una asignación para cubrir el incremento salarial del Magisterio, y explicó que la asignación del Ministerio de Salud se mantiene como la envió el Ejecutivo, con excepción del programa de recuperación de la salud que tenía Q3.6 millardos y en el dictamen se dejó Q2.9 millardos, pero que en la modificación se respetó el diseño del Ministerio.

El Icefi también señaló que existe un grave problema de transparencia al dejar una “pre autorización” para ampliar el Presupuesto del próximo año, para cubrir las obras de arrastre de 2017 que establezcan los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Agujero fiscal

De acuerdo con Abelardo Medina, economista sénior del Icefi, este año sin las exoneraciones que aplicó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la brecha en los ingresos alcanzaría los Q3 millardos, situación que compromete alcanzar la meta del próximo año. La Comisión de Finanzas mantuvo la meta de Q63 millardos para los ingresos tributarios de 2018 y redujo de Q14.9 millardos a Q12.5 millardos la colocación de Bonos del Tesoro y dejó en Q2.3 millardos los desembolsos de préstamos, es decir Q973 millones menos que lo previsto por el Ministerio de Finanzas. Con ese escenario, “se espera que la recaudación crezca 16 por ciento el próximo año, esa es una situación que nunca se ha dado en la SAT”, dijo Medina.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/23/dictamen-del-presupuesto-2018-genera-criticas-por-recortes/

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Guatemala: Presentación del Informe Mundial de Educación, un compromiso de todos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Guatemala / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: Universidad del Valle de Guatemala

El Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018: Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromiso se presentó en Ciudad de Guatemala el miércoles 25 de octubre de 2017. El informe indica las pruebas más recientes de los progresos alcanzados en Guatemala y el mundo en cuanto a la consecución de las metas relativas a la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los invitados para este evento fueron el Ministro de Educación, M.A Oscar Hugo López, el Dr. Julio Carranza, Director y Representante de la UNESCO en Guatemala, la M. A. Lucía Verdugo, Oficial Nacional de Educación de la UNESCO, el Lic. Francisco Cabrera, Consultor experto en educación y M. A. Jacqueline García de De León, Directora de Estudios de Universidad del Valle de Guatemala.

El informe muestra los diversos protagonistas en la rendición de cuentas en el ámbito de la educación. Abarca a los países que no están acostumbrados al concepto, en los que no se cuestionan las violaciones del derecho a la educación y también aquellos países en los que la rendición de cuentas se ha convertido en un fin en sí misma, en lugar de un medio para alcanzar aprendizajes a lo largo de toda la vida para todos, es decir una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Enfatiza que la educación es una responsabilidad compartida. Corresponde desempeñar un papel responsable a gobiernos, instituciones, docentes, padres, estudiantes, organizaciones internacionales, sector privado que ofrece estos servicios, sociedad civil, medios de comunicación, entre otros. Recalca la importancia en la trasparencia y la disponibilidad de la información. Exhorta a manejar los datos con prudencia, porque explica que hay que evitar los sistemas de rendición de cuentas en los que se da importancia desproporcionada a resultados definidos de forma restringida y a sanciones punitivas.

Es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances.

Fuente de la Noticia:

http://www.uvg.edu.gt/eventos/informeMundial.html

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Presupuesto, educación y el desafío de Guatemala

Guatemala / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Isabel Soto Mayedo / Fuente: Siglo 21

Guatemala transpira juventud: cerca del 70% de su población tiene menos de 30 años y la mayor parte de sus habitantes estará por debajo de los 24 en 2032. Pero en estos momentos, de 800 mil a un millón de jóvenes están excluidos del sistema educacional o del mercado laboral, incluso de ambos.

Un repaso a las estadísticas y la alarma es mayor. Planes presupuestarios y estrategias estatales poco o nada consideran esos datos, mientras continúa la controversia en torno a la urgencia de revertir lo que para algunos especialistas cobra rango de tragedia en el terreno educacional.

Según el Programa Estado de la Región, en Centroamérica existen alrededor de 98,000 centros educativos y la mayoría de estos están en Guatemala. Sin embargo, el país de mayores niveles de exclusión social de la región también posee el más bajo nivel de inclusión educativa plena. Asimismo, es considerado el territorio donde existen los peores índices de escolaridad en esta zona geográfica y donde la calidad de la enseñanza es muy cuestionada.

Paralelo a esto, los niveles de deserción continúan siendo sumamente elevados, por la falta de recursos económicos, los elevados índices de violencia, los embarazos prematuros y otras causas que provocan el desinterés de los más jóvenes en proseguir estudios.

En 2015 cerca de la mitad de la población estudiantil guatemalteca estaba alejada de las aulas, es decir, unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, y los especialistas concuerdan en que ello está emparentado con que este es el país centroamericano en el cual el Estado invierte menos en educación.

La investigación Más y mejor educación en Guatemala (2008-2021) ¿Cuánto nos cuesta?, desarrollada por especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), mostró que en 2014 la inversión del Estado en la educación pública fue de apenas 3% del Producto Interno Bruto (PIB), para un promedio de 600 dólares anuales por persona en edad escolar. Mientras, Costa Rica invirtió 7.4, Honduras 7, y El Salvador 3.8, por sólo citar algunos ejemplos.

La transición demográfica y el período de bono demográfico, durante el cual los países tienen cantidades crecientes de población en edad laboral, constituye una oportunidad irrepetible para impulsar el desarrollo y frente a la necesidad de ampliar con rapidez la cobertura educativa, se hace imperativo elevar la inversión.

EDUCACIÓN EN EL PRESUPUESTO

A pesar de eso el plan de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 sugiere la escasa comprensión de los impactos de tan compleja realidad. De los Q14 mil 612 millones contemplados para el Ministerio de Educación (MINEDUC) 75 % irá al pago de salarios (Q11 mil millones), 3.2% a infraestructura, y 10% a programas de apoyo. Los Q897 millones aumentados, con relación al año anterior, apenas alcanzarían para financiar la Ley de alimentación escolar.

Además, hay que considerar que, si bien esa cartera de Gobierno es la que recibe mayor cantidad de recursos, igual es la que mayor cantidad de personas emplea y muchas de ellas son beneficiadas por salarios elevados, a tono con la vigencia de acuerdos o pactos colectivos de trabajo que sobreviven sujetos a la polémica. Por otra parte, de las 134 mil personas inscritas como trabajadores de la entidad, nueve mil cumplen funciones administrativas.

Mientras, las autoridades del MINEDUC insisten en su interés de mejorar la calidad y la cobertura educativa, mas investigadores del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) advierten que los fondos con que cuentan para esos esfuerzos están muy por debajo de lo requerido, debido al deterioro acumulado.

Esto impide resolver problemas añejos en esa rama elemental para el desarrollo de la nación y contribuye a alimentar el círculo vicioso en el cual se reproduce el flagelo de la pobreza, que pende sobre casi el 60 por ciento de la población cual espada de Damocles.

171123 PRESUPUESTO EDUCACIÓN
RUMBO INCIERTO

La brecha en la cobertura educativa del Estado, unido a la proclividad de algunas familias de empujar a sus hijas e hijos a trabajar desde edades tempranas para garantizar el sustento en medio de la miseria reinante, redunda cada año en la expulsión del sistema educativo de cientos de infantes, adolescentes y jóvenes.

En Guatemala las escuelas públicas para los niveles primario y secundario son escasas, y buena parte de las existentes presentan techos, puertas o paredes rotas; carecen de mobiliario y de útiles necesarios para la impartición de las clases, así como de suficiente cantidad de maestros. Peor ocurre en los locales que sirven como tales en zonas rurales, sin cumplir con los requerimientos pedagógicos elementales, sin sanitarios apropiados y hasta con pedazos de tablas en las rodillas de los educandos por mesas, o de piedras o bloques por pupitres.

“Aproximadamente, de 20 mil edificios, el 25 por ciento está en condición de bastante daño, y de ese 25 por ciento, unas mil 700 escuelas tienen problemas serios en techos, pisos, sanitarios y ventanales”, reconoció el titular del Mineduc, Oscar Hugo López, al inaugurar el curso lectivo en enero de 2017.

A su vez admitió la ausencia de un censo de infraestructura escolar y la falta de capacidad del Estado para atender toda la educación en el país, ya que el 80 por ciento del básico y diversificado está en manos privadas y solo el 20 por ciento lo maneja esa cartera.

En medio de este panorama, las limitadas inversiones en infraestructura, maestros y materiales, así como las políticas educativas implementadas hasta la fecha sólo centraron su atención en contener la crisis, sin alternativas claras, en desmedro de la atención a la calidad de la enseñanza.

Pensum y programas desactualizados surten el efecto de una nube que ensombrece lo poco que en materia educativa pueden alcanzar los empeñados en vencer los primeros años escolares, quienes suelen salir con conocimientos insuficientes para enfrentar el desafío de cualquier carrera profesional.

OPINIONES

Al intervenir en un conversatorio sobre el tema, auspiciado por el Programa Estado de la Región, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), el viceministro técnico de la rama, Héctor Canto, destacó las acciones realizadas por el MINEDUC, en las diferentes áreas, con tal de avanzar hacia el cambio soñado en materia educativa. Sin embargo, reconoció que no se adelantó lo suficiente en las metas de cobertura previstas.

“El tema presupuestario es la principal limitante”

“El tema presupuestario es la principal limitante”, declaró el funcionario y recordó que en torno a la educación existe una corresponsabilidad. Esta debe importar a toda la población, pero “no todos ven la educación como un problema”, enfatizó.

En tanto, la vicepresidenta de la junta directiva de Empresarios por la Educación, Inés Torrebiarte, aseveró que en este país todos tienen interés en la transformación del sistema de enseñanza, sólo que “diferimos en el camino, en el cómo lograrlo”.

“Las competencias que necesitamos para el futuro, no las está dando el sistema educativo y nos están sobrepasando los países vecinos”, lamentó y reconoció la necesidad de que la empresa privada aporte más con vistas a resolver la problemática, porque “con el modelo actual, nunca tendremos los resultados que esperamos”.

Torrebiarte aseguró que los “empresarios queremos un modelo distinto, que responda más a los intereses de las niñas y los niños, y de todos los sectores en Guatemala”.

Estamos en un punto en el cual requerimos reformar la educación a partir de una política de Estado y no desde la visión de un ministro o de un determinado grupo social, concordaron participantes en la cita. Pero para que estas iniciativas destinadas a solucionar rezagos educativos tengan los resultados deseados, son necesarias dos condiciones: diálogo productivo, y hablar de impuestos, opinó el co-director de PRODESSA, Federico Roncal, quien cree imprescindible “hacer una reforma profunda del sistema tributario, porque Guatemala no puede seguir siendo el paraíso fiscal ni el país de América Latina con menor carga tributaria dedicada a educación”.

“La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en un plan concreto de metas de ampliación de cobertura establecidas, porque no se puede ampliar de forma tan violenta y repentina, pero sí tiene que haber un plan muy claro con recursos asignados y con evaluaciones periódicas para ampliar cobertura y dotar de recursos a los centros educativos. Creo que la reforma financiera y luego llegar a consenso nacional sobre los planes para implementar la reforma es lo que nadie se ha atrevido a hacer después de la firma de la paz”, subrayó.

Roncal calificó a la educación en Guatemala como tragedia, “porque la sociedad en conjunto sabe que está pasando y que son dos cosas: un gran sector de la población no está yendo a estudiar porque no tiene oportunidad, que son casi todos los jóvenes que son el 60 por ciento y no hacemos nada. Otro problema es que los que sí van a estudiar, los niños, no están aprendiendo, están saliendo de sexto primaria sin saber leer ni escribir correctamente, sin manejar conocimientos o competencias de cálculo básicas”.

La existencia de muchas universidades privadas es otra cuestión sujeta a la polémica. De acuerdo con Roncal, ello responde a la existencia de “un grupo que lucra muchísimo, y que tiene bastante influencia sobre el sector educación, porque encontró que la educación superior es un buen negocio”.

Por su parte, el director del ICEFI, Jonathan Menkos, defendió que “la gran mayoría de los ciudadanos, funcionarios, académicos y empresarios guatemaltecos estamos conscientes de que la educación es uno de los pilares más importantes para la construcción de un desarrollo sostenible”.

Empero, recordó los múltiples retos por enfrentar e instó a “responder con acciones, compromisos y recursos a preguntas sobre cómo vamos a llevar a todas las niñas, niños y adolescentes a las escuelas, honrando sus culturas particulares; qué valores y competencias queremos que estudien y desarrollen para que la sociedad no tenga únicamente buenos trabajadores, sino también buenos inventores, grandes artistas y filósofos, buenos deportistas e, incluso, qué valores y competencias debemos promover para contar con políticos que estén a la altura de nuestros tiempos”.

Fuente del Artículo:

http://s21.gt/2017/11/23/presupuesto-educacion-desafio-guatemala/

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El sistema de educación en Guatemala y el magisterio

Centroamérica/Guatemala/ 25.11.207/ Fuente: www.prensalibre.com.

La Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del  Ministerio de Educación, el reglamento de esta ley, la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, y otras leyes y disposiciones de carácter general,  ponen énfasis, con excelente reiteración, en que  uno de los fines de la educación en Guatemala es la enseñanza y estudio de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos la conozcan,  la utilicen para la defensa de los derechos individualmente considerados, colectivamente para los demás,  y contribuyan a que el orden constitucional sea la fuerza pura del desenvolvimiento de la  vida social.

Por eso la Constitución declara de utilidad y necesidad pública la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República, de los Derechos Humanos y de los convenios internacionales ratificados por Guatemala; de lo cual se infiere que los guatemaltecos deben conocer la Constitución y respetarla cuando actúen como funcionarios, empleados públicos, dignatarios o jueces, y cuando procedan en cualquier otra actividad humana.

Sin embargo, para los asuntos que hoy nos ocupan, es notorio que la obligación del cumplimiento de la ley fundamental estuvo ausente en 2012 cuando la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación decidieron suprimir ilegalmente la carrera magisterial y sustituirla por un bachillerato con orientación educativa.

Según el acuerdo 246-2017 publicado en el Diario de Centro América “es obligatorio” que los aspirantes a docentes de primaria “cursen carrera a nivel universitario”; acuerdo que inexplicablemente el actual ministro defiende y por lo tanto hace suya la idea de “obligatoriedad” de la educación superior; criterio que, afortunadamente, no es compartido por la administración de justicia, porque la Constitución, claro está, no admite que la educación universitaria sea obligatoria para los docentes. Y lo expresa en el Artículo 74, así: “Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley”.

Como puede observarse, la ley fundamental pone un límite a la obligatoriedad de la educación: la educación básica. Y, ¿qué es la educación básica en Guatemala?

En ausencia de una clara definición local, la Unesco, la define así: “comprende un ciclo básico o de formación general, de tres años de duración, y un ciclo diversificado o de formación profesional, cuya duración es de dos o tres años según la carrera elegida. Al finalizar con éxito el primer ciclo se otorga un diploma de estudios y al finalizar el segundo, se otorga un título que permite practicar la profesión e ingresar a la universidad. Entre las opciones que se ofrecen a los estudiantes en el ciclo diversificado están el bachillerato de ciencias y letras, de dos años de duración, y las formaciones que conducen al título de perito comercial, industrial, agrícola, técnico, así como la formación docente, todas de tres años de duración. El ciclo básico de la educación media es legalmente obligatorio, aunque la falta de suficientes establecimientos a este nivel constituye una limitación sensible. El ciclo diversificado es optativo”.

Naturalmente, nadie se sorprenda de que esas agresiones al sentimiento constitucional se produzcan en un país donde muchos funcionarios y dignatarios en lugar de estudiar las leyes y aplicarlas, como es su deber, se especializan en violarlas.

La obligación de estudiar en la Universidad es totalmente inconstitucional.

Fuente de la noticia: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-sistema-de-educacion-en-guatemala-y-el-magisterio

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El sistema de educación en Guatemala y el magisterio

Por: Prensa Libre/Luis Morales Chúa/24-11-2017

La Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, el reglamento de esta ley, la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, y otras leyes y disposiciones de carácter general, ponen énfasis, con excelente reiteración, en que uno de los fines de la educación en Guatemala es la enseñanza y estudio de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos la conozcan, la utilicen para la defensa de los derechos individualmente considerados, colectivamente para los demás, y contribuyan a que el orden constitucional sea la fuerza pura del desenvolvimiento de la vida social.

Por eso la Constitución declara de utilidad y necesidad pública la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República, de los Derechos Humanos y de los convenios internacionales ratificados por Guatemala; de lo cual se infiere que los guatemaltecos deben conocer la Constitución y respetarla cuando actúen como funcionarios, empleados públicos, dignatarios o jueces, y cuando procedan en cualquier otra actividad humana.

Sin embargo, para los asuntos que hoy nos ocupan, es notorio que la obligación del cumplimiento de la ley fundamental estuvo ausente en 2012 cuando la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación decidieron suprimir ilegalmente la carrera magisterial y sustituirla por un bachillerato con orientación educativa.

Según el acuerdo 246-2017 publicado en el Diario de Centro América “es obligatorio” que los aspirantes a docentes de primaria “cursen carrera a nivel universitario”; acuerdo que inexplicablemente el actual ministro defiende y por lo tanto hace suya la idea de “obligatoriedad” de la educación superior; criterio que, afortunadamente, no es compartido por la administración de justicia, porque la Constitución, claro está, no admite que la educación universitaria sea obligatoria para los docentes. Y lo expresa en el Artículo 74, así: “Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley”.

Como puede observarse, la ley fundamental pone un límite a la obligatoriedad de la educación: la educación básica. Y, ¿qué es la educación básica en Guatemala?

En ausencia de una clara definición local, la Unesco, la define así: “comprende un ciclo básico o de formación general, de tres años de duración, y un ciclo diversificado o de formación profesional, cuya duración es de dos o tres años según la carrera elegida. Al finalizar con éxito el primer ciclo se otorga un diploma de estudios y al finalizar el segundo, se otorga un título que permite practicar la profesión e ingresar a la universidad. Entre las opciones que se ofrecen a los estudiantes en el ciclo diversificado están el bachillerato de ciencias y letras, de dos años de duración, y las formaciones que conducen al título de perito comercial, industrial, agrícola, técnico, así como la formación docente, todas de tres años de duración. El ciclo básico de la educación media es legalmente obligatorio, aunque la falta de suficientes establecimientos a este nivel constituye una limitación sensible. El ciclo diversificado es optativo”.

Naturalmente, nadie se sorprenda de que esas agresiones al sentimiento constitucional se produzcan en un país donde muchos funcionarios y dignatarios en lugar de estudiar las leyes y aplicarlas, como es su deber, se especializan en violarlas.

La obligación de estudiar en la Universidad es totalmente inconstitucional.

*Fuente:http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-sistema-de-educacion-en-guatemala-y-el-magisterio

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