Este 28 de julio fue aprobada la reforma al artículo cuarto de la constitución política local de Veracruz, proyecto que “protege” la vida desde la concepción. Esta propuesta fue enviada por el gobernador Javier Duarte. Fue aprobaba con la mayoría de votos en el congreso mientras a las afueras se encontraban grupos religiosos y pro vida.

La reforma a dicho artículo establece que las únicas causales por las cuales se permitirá a una mujer interrumpir el embarazo –hasta las 12 semanas–- serán por violación o por el riesgo de muerte de la mujer o malformaciones en el feto, pero sólo en caso de que esto sea comprobable y al menos dos médicos estén de acuerdo con dicha interrupción.

Mientras, el Estado –de la mano de la Iglesia– reclama hipócritamente defender el derecho a la vida desde su concepción y hasta la muerte natural, ignora a las madres que buscan desesperadamente a sus hijas, víctimas de la trata; o a las que buscan justicia por sus hijas asesinadas. También deja de lado que Veracruz ocupa el cuarto lugar en el país en muertes de mujeres por abortos clandestinos: según Agencia del Golfo, por año se realizan 31,620 abortos clandestinos en la entidad, que conllevan riesgo de vida para las mujeres. A esto se suma que, anualmente, en promedio 450 niñas de 10 a 14 años son madres. La gestación a esa edad también puede poner en riesgo sus vidas.

Duarte, aliado con la Iglesia, con esta reforma a la constitución veracruzana legitima una forma de violencia contra las mujeres y pretende privarlas del derecho a decidir sobre sus cuerpos, a ser sujetos de su vida, bajo amenaza de criminalización y cárcel. En la misma entidad donde los hijos del poder presumen violaciones a jovencitas y permanecen en la impunidad, como fue el caso de los Porkys.

Lo que no dice el proyecto es que las mujeres de la clase alta no tendrán ningún problema si desean realizarse una interrupción del embarazo, ya que tienen las posibilidades de pagar clínicas privadas y salir del país si es necesario; mientras que las mujeres trabajadoras y las más empobrecidas mueren a causa de abortos clandestinos mal practicados o viven con las consecuencias de éstos.

Hasta los funcionarios de la ONU en México criticaron la reforma antiaborto del gobernador Javier Duarte. En el comunicado emitido declaran que “la restricción [para las mujeres] en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es particularmente reprobable considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, desde sus Observaciones Finales en relación a México adoptadas en 2012, externó su preocupación por que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos.”

El Estado criminaliza y no garantiza educación sexual

Ante la medida, las protestas y el repudio de las mujeres en la entidad se han hecho escuchar, expresando que legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar, mientras que penalizarlos sí criminaliza a las mujeres más vulnerables de la entidad.

Que el aborto esté penalizado no impide que se realice en la clandestinidad, además de que los precios por practicarlo se elevan y se ejerce en condiciones insalubres. Mientras las ganancias que la ilegalidad genera son inmensas, las consecuencias las sufren miles de mujeres de escasos recursos, algunas muriendo por hemorragias, otras con secuelas irreversibles, algunas más encarceladas por reformas como la que ahora aprueban en el Congreso de Veracruz.

A esta situación le antecede la problemática de no garantizar la educación sexual real: en México los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años sin el uso de ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Mientras el gobierno se lava las manos con falsos programas a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), niega a miles de jóvenes la oportunidad de acceder a una verdadera educación sexual que debe ser garantizada desde la educación primaria.

Sin una educación sexual real y libre, a la par de garantizar el acceso irrestricto de anticonceptivos, es imposible que cesen los casos de embarazos no planeados y por lo tanto a abortos clandestinos -que bajo la actual criminalización- atacan directamente la vida de miles de mujeres.

Por el derecho a decidir

La reforma antiaborto en Veracruz se da poco tiempo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara dar lugar al amparo presentado por Patricia, una joven universitaria veracruzana, que fue hostigada en el Instituto Mexicano del Seguro Social por haber interrumpido un embarazo.

Ante esta situación, es necesario que todas las mujeres que tomaron las calles el pasado 24 de abril, levanten un gran movimiento nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito e irrestricto en todo el país.

Para que nadie decida sobre el cuerpo de la mujer, ni el Estado, ni la Iglesia ni la moral conservadora, además de la lucha por el derecho a decidir, se debe pelear porque se imparta educación sexual desde los niveles básicos de educación, que los anticonceptivos estén al alcance y disposición de todas, además de que sea distribuidos de manera gratuita y segura.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.mx/Veracruz-avanza-la-criminalizacion-a-las-mujeres-por-decidir-sobre-su-cuerpo?id_rubrique=1714