Por: Francesca Gargallo Celentani
Hablar de violencia en México es como hablar de la cuerda en casa del ahorcado. El tema se soslaya, seguramente no se saca a relucir en una plática familiar, menos en época de pandemia o frente a unas anheladas vacaciones. Pero está siempre ahí, es el oxígeno de un aire rarefacto que, cuando las y los familiares de personas desaparecidas y las madres y feministas contra el feminicidio sacan a relucir, indigna, asusta y revela que ha afectado a la casi totalidad de las personas que viven en México. 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, un incremento del 1.7% anual de los feminicidios, una parte del territorio controlada por la delincuencia, secuestros, extorsiones, trata de personas, persecución en las comunidades indígenas, preocupa a quien la ve crecer por la impunidad que brinda la omisión en la procuración de justicia.
En el medio de una zona violenta que va del sur de Estados Unidos a Nicaragua, con una frontera enorme con el primer consumidor de drogas del mundo, un territorio que muchos desplazados en las últimas décadas dejaron despoblado y por tanto apto para la “cocina” de drogas y el escondite de personas tratadas, México es también un país que está en el ojo de los intereses estadounidenses y, por tanto, es constantemente monitoreado.
En su frontera sur, sin embargo, están tres de los países más violentos del mundo de donde la población huye por violencia política de Estado y empresas que actúan como instituciones, violencia económica y violencia colectiva y territorial de pandillas. Con estos comparte violencias identificables: las violencias feminicidas y transfeminicidas y la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Las y los dirigentes comunitarios son particularmente vulnerables. Si bien la mitad de las 212 personas defensoras del agua y la tierra asesinadas en el último año lo fueron en Colombia y Filipinas, Honduras, Guatemala y México les siguen. Corrupción, impunidad y machismo tienen mucho que ver. Los intereses sobre la tierra y los recursos naturales responden a la demanda de los consumidores y cada vez son más pesados. Minería, agronegocios, represas, termoeléctricas o la explotación de madera buscan entrar cada vez a nuevos territorios, en los cuales las empresas, de acuerdo con políticos corruptos, usan todos los medios, entre ellos los de la delincuencia organizada, para imponer sus proyectos o castigar a los dirigentes que se lo impiden.
La violencia contra las mujeres no es menos brutal y se entrecruzan en toda la región. El 6 de abril se reabrirá el juicio contra David Castillo, mandatario del asesinato de la dirigente lenca, feminista comunitaria y defensora ambiental Berta Cáceres. Durante cinco años, los tribunales hondureños lo protegieron postergando la presentación de pruebas, que lo hunden. La pregunta que flota en el aire es ¿quién estaba detrás del mandante? ¿Acaso la poderosa familia Atala, dueña de la empresa que logró concesiones ilegales sobre el río Gualcarque que Berta Cáceres y el pueblo lenca defendieron? Los mandantes no siempre se mandan solos.
En las ciudades mexicanas es imposible no percibir la rabia que despierta la violencia regional entre cada vez más jóvenes que se organizan. En particular, la violencia policial y parapolicial contra las mujeres en México ha generado respuestas internacionales, no solo insospechados y tendenciosos apoyos de fuerzas políticas disímbolas que esperan, sosteniendo las protestas públicas de las feministas, golpear al gobierno. Pero es imposible recuperar el feminismo por la derecha. Frente al hecho que la policía de una ciudad como Aguascalientes, pequeña capital de un pequeño estado ganadero e industrial a 500 kilómetros al noroeste de la capital, el 8 de marzo persiguió montada en motocicleta, como moderno cuerpo de vaqueros, y armada de palo a 6.000 manifestantes que se defendieron con las cruces con los nombres de las 90 víctimas de feminicidio del Estado, parece caricaturesco frente a que cinco meses antes, el 10 de noviembre de 2020, la policía de Cancún, ciudad turística a 2.350 kilómetros al sureste de la capital, disolvió a tiros una manifestación espontánea contra dos feminicidios ocurridos durante el fin de semana.
Meses después, a pocos kilómetros de ahí, en la playa de Tulum asesinaron a Victoria Salazar, una refugiada salvadoreña a la que sometieron hasta asesinarla. La policía de Jalisco tortura a las mujeres presas según patrones de violencia sexual y de género que maximizan el daño, haciéndolo irreversible. El recuento de la violencia policíaca, negada hasta la evidencia, en ocasiones usando el pretexto de que las policías que se envían a las manifestaciones son “también” mujeres es enorme. Amenazas de violación, intimidación, tocamientos, insultos, golpes, intentos de desnudamientos acompañan casi siempre las persecuciones y detenciones de mujeres.
Las feministas lo saben. De hecho, el cambio en las formas de las manifestaciones urbanas en agosto de 2019 se debió a agresiones policiacas a mujeres en una patrulla y en un museo. Entonces estalló la rabia: Si te dañan, lo rompo todo. Me defienden mis amigas, no la policía. Violan mujeres, protegen monumentos. ¡Si fuera policía, yo lo abortaría! Estas consignas y muchas más son la directamente dirigidas a la policía. Las feministas saben también que, a pesar de ello, a la policía se le reclama un trabajo: la procuración de justicia, pues la violencia golpea en muchos más frentes: parejas y ex parejas, transeúntes, agentes del crimen organizado, compañeros y maestros de escuela…
Fuente: https://desinformemonos.org/violencia-feminicida-y-ambiental/
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