Se estima que la población educativa involucrada en tales episodios llega al diez por ciento, sobre la base de una matrícula de dos millones cien mil alumnos.
La crisis de los colegios y escuelas bajo el acecho de los pandilleros se vive principalmente en la capital. Según el reporte de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, en la lista de incursiones de la Policía Militar estarían unas cuatro decenas de colegios que se encuentran bajo riesgo.
En la lista sobresalen los institutos: Hibueras, Jesús Aguilar Paz, Polivalente Germania, Gabriela Núñez, San José del Pedregal, Técnico Honduras, Jesús Milla Selva, José Pineda Gómez, Técnico Los Pinos, Luis Bográn, Nimia Baquedano, Rafael Pineda Ponce, Nueva Suyapa, Blanca Adriana Ponce y Héctor Pineda Hugarte.
Como ya se ha informado ampliamente, las intervenciones han iniciado en los institutos Central y Saúl Zelaya Jiménez.
Al menos en papeles, la situación está controlada. Los funcionarios del ramo aseguran que están coordinadas las acciones de reforzamiento de la seguridad en los centros de enseñanza con más incidencia de las actividades punibles.
Sin embargo, la realidad es más cruda de lo que se ha descrito. Lo que ha trascendido es que las asociaciones ilícitas han ampliado el reclutamiento de estudiantes y extendido sus actividades de narcomenudeo en los establecimientos educativos.
Las investigaciones señalan, de la misma manera, que la situación se ha agravado al punto que los padres de familia están amenazados por sus propios hijos enredados en dichos menesteres y tales estudiantes, a su vez, viven bajo presión de las agrupaciones delictivas.
La condición de Honduras de país signatario de convenios sobre los derechos de los menores, impide que los estudiantes miembros de organizaciones ilegales sean expulsados. Solamente pueden ser objeto de suspensiones y traslados, porque se les considera “infractores”.
El drama de las instituciones de enseñanza sitiadas por sociedades de delincuentes y criminales se ha profundizado paulatinamente, según lo destacado en un informe levantado hace algunos años por la empresa privada en lugares donde funcionaba un programa de becarios.
Este documento fundamentado en datos proporcionados en ese entonces por la Dirección General de Investigación Criminal, revelaba que las instituciones más expuestas eran “La Fraternidad” en la aldea Yaguacire; “Ronaldo Roll” en la colonia Ramón Amaya Amador; y “Alba Nora Gúnera”, del sector de Arnulfo Cantarero López.
También estaban en la lista las escuelas “David Corea” y “Óscar Flores”, ubicadas en las colonias Nueva Australia e Izaguirre, además de la escuela “3 de Octubre” y el “Centro Básico Herman Herrera”, situados en las zonas de Santa Rosa y Los Pinos.
Las autoridades habían establecido hace seis años que particularmente en dichas instituciones y sectores habitacionales se presentaba una alta incidencia de tráfico de drogas, asalto a mano armada y extorsión.
El año pasado, el propio ministro de Educación, Marlon Escoto, había revelado que las escuelas del país estaban saturadas por unos 30,000 integrantes de maras y pandillas.
Y expertos en la problemática de la juventud y la niñez como es el caso del reverendo, Mario Fumero, del Proyecto Victoria, han alertado sobre el incremento vertiginoso en el consumo de drogas no sólo en los centros públicos, sino en los establecimientos privados.
Información procesada por autoridades del ramo, destacan que por lo menos el cuatro por ciento de la población estudiantil, más de 80 mil educandos, se han ausentado de las aulas por causa de la delincuencia y criminalidad.
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