En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.
Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda (Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado por sus hijos.
Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como coordinador de la organización Comunidades Unidas.
Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias.
Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa).
“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La Rel, Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el pueblo Lenca.
Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas.
Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad.
“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para sembrar el miedo y bajar la resistencia autentica y legítima de la población de Chinda.
Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS.
Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada.
“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. Hay que parar la impunidad.
Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa territorial”, concluyó Vásquez.
Las cifras de la vergüenza
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”1, Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 150 en la última década.
La historia detrás de uno de los compromisos ambientales más importantes de Costa Rica es como un cuento de hadas legal.
Todo comenzó hace casi 30 años, con un joven que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. Los impactos de los esfuerzos del niño se extienden hasta el día de hoy.
En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.
Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local.
Permitir que el río sea utilizado como vertedero, argumentó, violaba el derecho humano a la vida, que requiere condiciones adecuadas y vías fluviales limpias y protegidas.
La cámara se puso del lado de Chacón un año después y ordenó al municipio limpiar la basura y comenzar a manejar adecuadamente los desechos de los residentes.
Pero la decisión también tuvo un signficado mucho más profundo.
Un medio ambiente limpio y saludable es una base fundamental de la vida humana, al igual que los ecosistemas equilibrados, la biodiversidad y otros elementos de la naturaleza de los que dependen las personas, razonaron los jueces.
Al igual que la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, un medio ambiente sano en todos los aspectos debe considerarse un derecho humano.
Esta notable conclusión no solo estableció un nuevo estándar legal para los tribunales de todo el país. También impulsó la decisión de tallar el derecho humano a un medio ambiente saludable en el ADN legal de Costa Rica durante una reforma constitucional en 1994, recuerda la abogada Patricia Madrigal Cordero.
FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES, El derecho humano a un medio ambiente saludable reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna.
Desde entonces, el derecho constitucional ha ayudado a guiar muchas de las políticas ambientales ampliamente elogiadas, aunque lejos de ser perfectas, de Costa Rica. Además, ha repercutido en el paisaje y la cultura del país.
«Creo que Costa Rica sería diferente si no estableciéramos esa relación entre los derechos humanos y el medio ambiente«, dice Cordero, quien estuvo involucrada en el proceso legislativo de 1994.
El derecho humano a un medio ambiente saludable, que abarca ecosistemas limpios y equilibrados, una rica biodiversidad y un clima estable, reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna, en consonancia con una gran cantidad de evidencia científica que vincula el bienestar humano y el mundo natural.
Las personas dependen de ecosistemas prósperos que limpian el agua y el aire, producen mariscos y polinizadores y absorben gases de efecto invernadero. Reconocer este vínculo legalmente puede fortalecer enormemente los derechos humanos.
Pero igualmente importante, señala Cordero, es que el derecho proporciona una base poderosa para proteger la naturaleza misma.
En una crisis ambiental global que se agrava, algunos académicos han argumentado que el derecho a un ambiente saludable actúa como una vía legal crucial para proteger el mundo natural, tanto al alentar a los gobiernos a aprobar leyes ambientales más estrictas como al permitir que los tribunales responsabilicen a los infractores.
Especialmente cuando se instalan en las constituciones, estos derechos son tomados en serio por muchos sistemas judiciales y se vuelven difíciles de deshacer, creando una fuerza duradera que contrarresta los intereses contra la protección de la naturaleza.
Políticas ambientales más sólidas
Pero aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Hoy en día, muchos países de América Latina están avanzando, mientras que Europa y América del Norte están algo rezagados.
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Aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Desde la primera mención del derecho a un medioambiente saludable en la Declaración de Estocolmo en 1972 –como resultado de la primera gran conferencia ambiental-, unos 110 países lo han reconocido constitucionalmente.
Si bien su impacto varía en todo el mundo, ha creado un poderoso baluarte contra una marea creciente de destrucción ambiental en muchos países, como Costa Rica, Colombia y Sudáfrica, ya que más naciones parecen estar preparadas para seguir su ejemplo.
Por supuesto, reconocer el derecho «no es una varita mágica que podamos usar para resolver todos nuestros desafíos», dice el abogado ambientalista David Boyd,quien es nombrado relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente en las Naciones Unidas.
«Es un catalizador para mejores acciones», agrega.
De hecho, algunas de las investigaciones de Boyd han revelado que los países con derecho a un medio ambiente saludable -u otros mandatos ambientales- en sus constituciones, tienden a tener políticas ambientales más sólidas en general.
También es más probable que obtengan mejores resultados en las métricas de desarrollo sostenible, según estudios del economista Chris Jeffords de la Universidad de Indiana en Pensilvania.
Dicho esto, Jeffords advierte que es complicado analizar la causa y el efecto: ¿son los derechos en sí mismos los que conducen a estos beneficios, o es más probable que los países ambientalmente progresistas adopten tales derechos?
En el caso de Costa Rica, la respuesta parece ser un poco de ambos.
Aunque el programa de políticas y legislación ambiental comenzó mucho antes de 1994 en el país, las protecciones ambientales se han vuelto más sólidas desde que se introdujo formalmente el derecho constitucional, explica Cordero, quien además se desempeñó como viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica de 2014 a 2018.
Además de obtener el 98% de su energía de fuentes renovables, Costa Rica ha protegido una cuarta parte de su tierra como parques o reservas nacionales y ha reforestado vastas franjas de tierra que alguna vez estuvo degradada.
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Costa Rica obtiene el 98% de su energía de fuentes renovables.
A lo largo de los años, el tribunal constitucional del país ha escuchado cientos de casos relacionados con el derecho, a menudo encontrando violaciones, dice Cordero.
Ha dictaminado que la matanza de tortugas marinas verdes en peligro de extinción es inconstitucional, así como la tala del almendro de montaña, que es utilizado por el gran guacamayo verde en peligro crítico de extinción,ilegalizando efectivamente ambas prácticas.
La moratoria del país sobre la exploración petrolera y la minería a cielo abierto también se remonta a demandas por el derecho a un medio ambiente saludable, agrega Cordero.
Una carta de triunfo en los tribunales
Casos similares se han presentado en muchos otros países latinoamericanos que han abrazado el derecho, como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, dice César Rodríguez-Garavito, experto internacional en derechos humanos y derecho ambiental de la Universidad de Nueva York.
Allí, Rodríguez-Garavito dice que tales leyes también han moldeado la forma en que los periodistas enmarcan los problemas ambientales, como algo a lo que la gente tiene derecho, en lugar de una sola consideración política, y han empoderado a los movimientos de justicia social para movilizar al público, lo que en sí mismo puede disuadir potenciales infractores.
En los tribunales, los derechos humanos actúan como cartas de triunfo, generando argumentos legales más poderosos sobre otras consideraciones, como la libertad económica.
Y en algunas jurisdicciones, como Colombia, «si se puede demostrar que un derecho fundamental está en juego, básicamente se puede acelerar el caso en los tribunales. Así que eso se hace para decisiones mucho más rápidas», agrega.
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Costa Rica ha dictaminado que la matanza de ciertos animales en peligro de extinción es inconstitucional y, por lo tanto, ilegal.
Como mínimo, el derecho a un medio ambiente saludable ha ayudado a ralentizar los procesos de destrucción del hábitat, argumenta Rodríguez-Garavito.
Esto, particularmente durante el auge de las materias primas de la década de 2000, que empujó el precio de los metales a niveles sin precedentes, produciendo una presión casi insuperable para abrir las selvas tropicales y otros ecosistemas delicados a la minería.
«Si no hubiera habido una fuerte protección constitucional, apuesto a que tanto los derechos ambientales como los derechos de los pueblos indígenas habrían sido básicamente eliminados», dice Rodríguez-Garavito.
Por supuesto, esto no significa que la naturaleza esté suficientemente protegida en América del Sur: la deforestación continúa y la región sigue siendo la más mortífera para los activistas ambientales. Al igual que con otros derechos humanos, «hay una brecha en la implementación», señala.
Esa brecha también existe en Sudáfrica, donde el derecho se encuentra enclavado en su famosa y progresista constitución de 1996. Pero el país sigue siendo marcadamente desigual, tiene algunos de los aires más contaminados del mundo y muchas comunidades padecen enfermedades respiratorias.
A menos que las personas vayan a los tribunales, «no verás que se cumple ese derecho», dice Pooven Moodley, abogado de derechos humanos de Natural Justice, una organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades locales en África para brindar apoyo legal en cuestiones de justicia ambiental.
Si bien hasta ahora no muchas comunidades han acudido a los tribunales, está comenzando a suceder cada vez más, dice.
«Es absolutamente clave, porque es algo a lo que podemos referirnos, algo que podemos (usar) para desafiar otras leyes o prácticas, ya sea por parte de los gobiernos o del sector privado», agrega Moodley.
A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales, tal vez porque las personas, en particular los grupos políticamente marginados, aún desconocen sus derechos o no pueden permitirse el costoso proceso legal, explica Kiji Vukikomoala, abogado que coordina la Asociación de Derecho Ambiental de Fiji.
Pero su organización ha visto un reciente aumento en el interés de las comunidades que buscan llevar estos asuntos a los tribunales.
«A medida que aumenten los impactos…creo que muchos más de nuestros ciudadanos pensarán en poner en cuestión estos temas», dice.
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A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales.
Moldear la mentalidad hacia la naturaleza
Hasta ahora, el derecho humano mediambiental probablemente ha tenido el mayor impacto en América Latina y otros países como India y Filipinas, donde los tribunales han tendido a ser más proactivos que los gobiernos para reparar el daño ambiental, dice Rodríguez-Garavito.
Europa, por otro lado, ha sido más lenta. En el puñado de países europeos que han adoptado el concepto, parece tener menos impacto en los tribunales.
Esto se puede explicar porque sus políticas ambientales son generalmente más fuertes, dice Laurence Gay, un experto en derechos humanos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en Aix, de la Universidad de Marsella.
En Eslovenia, por ejemplo, un país con abundante vegetación y amplios programas de reciclaje, el derecho puede haber influido en algunas de las políticas ambientales del país.
Pero su principal efecto ha sido moldear la mentalidad del país hacia la naturaleza, como lo demuestra su sistema educativo, que incluye amplios planes de estudio sobre sostenibilidad, dice la embajadora Sabina Stadler Repnik,representante permanente ante la ONU en Ginebra.
«La parte educativa de este derecho, creo, es más importante (y donde) podemos obtener logros más a largo plazo que simplemente acudir a los tribunales y litigar durante años y años», señala.
En algunos países europeos, cuando por primera vez se adoptaron estas legislaciones, muchos jueces debatieron inicialmente si los derechos ambientales constitucionales eran meros manifiestos políticos, dice Gay.
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La extracción de materiales deja profundas huellas en la tierra.
Pero cada vez más, «los jueces de más y más países tienden a rechazar tales posiciones y a reconocer sus efectos vinculantes».
Por ejemplo, en una demanda climática de alto perfil en Noruega, los grupos ambientalistas argumentaron que permitir la extracción de petróleo en el Ártico era inconstitucional.
La Corte Suprema dictaminó que el Estado tenía la obligación de proteger a los ciudadanos de los daños ambientales.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que los permisos de perforación aún no infringían el derecho, en parte porque el Estado no debería ser responsable de las emisiones del petróleo que exporta.
Francia, sin embargo, ha dado un paso más.
La ley de «deber de vigilancia», introducida en 2017, responsabiliza a las empresas de prevenir las violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente en todas sus cadenas de suministro, explica Sebastién Mabile, abogado medioambiental de la firma de servicios legales Seattle Avocats.
Evidentemente, el derecho a un medio ambiente saludable requiere algunos ingredientes adicionales para funcionar bien, entre ellos, la voluntad de hacer cumplir la ley.
Además necesita de sistemas judiciales libres de influencia política, algo de lo que no gozan la totalidad de los 110 países que cuentan con este derecho en sus constituciones.
Los derechos humanos son más efectivos cuando se combinan con otros derechos constitucionales y leyes que facilitan a las personas acudir a los tribunales y obtener información sobre sus derechos, agrega Jeffords.
Y la protección ambiental tiene que ir de la mano con otros derechos humanos, agrega Moodley, señalando a los gobiernos que han desalojado a las comunidades indígenas de las áreas protegidas en nombre de la conservación.
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En los últimos años, miles de personas se han manifestado alrededor del mundo pidiendo cambios en la política ambiental.
Sin embargo, cuando se utilizan correctamente, como en América Latina, los derechos constitucionales pueden proteger los derechos humanos y la naturaleza, y sin obstaculizar el desarrollo económico; Costa Rica se considera un país de ingresos medianos altos, y sus principales exportaciones son la electrónica, el software y el ecoturismo.
Más países están considerando adoptar pronto el derecho a un medio ambiente saludable, ya sea en sus constituciones o en la legislación general, incluidos Argelia, Gambia, Chile, Canadá y Escocia.
Pero algunos de los más ricos del mundo, como el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, aún no lo han considerado oficialmente.
Mientras tanto, Boyd todavía aboga por el reconocimiento a nivel de la ONU, lo que podría obligar a más países a reconocerlo y fortalecerlo, y crear formas de hacer que los países rindan cuentas en el escenario internacional.
A menudo se dice que los derechos humanos tienen sus raíces en los errores.
La Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948 surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, sus autores no podían prever una crisis ambiental global, ni una gran cantidad de investigaciones científicas que demostraran la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.
Pero se podría decir que estos documentos están destinados a evolucionar y adaptarse a las nuevas amenazas para las personas.
«Si continuamos por el camino en el que estamos, entonces estaremos en serios problemas desde la perspectiva de los derechos humanos», dice Boyd.
«Debemos dar un paso adelante y tomar las acciones que sabemos que son necesarias y factibles para proteger y restaurar este hermoso planeta nuestro», concluye.
Gabriela, la estudiante de sexto grado que desapareció en colonia La Cima 4
Sería la segunda estudiante de un mismo centro escolar reportada como desaparecida este mes. La Fiscalía registra el doble de desaparecidos en primeros meses de este año.
Gabriela, de 13 años, fue a visitar a un familiar a la colonia La Cima 4 el pasado 2 de marzo, y desde entonces su madre no sabe nada de ella.
María Guadalupe Ramírez comenta que su hija salió a las 8 de la noche de la casa de su tío, a quien había ido a visitar, pero nunca regresó a su vivienda.
La madre intentó llamarle al celular en varias ocasiones, pero este había sido apagado.
Según indican sus redes sociales, WhatsApp y Facebook, Gabriela realizó su última conexión a las 8:04 de la noche, exactamente la hora que salió de la colonia La Cima 4, al sur de San Salvador, hacia la colonia El Paraíso, donde vive con su familia.
“Yo fui a poner la denuncia a los seis días, pero hasta ahora no me han dado ninguna información sobre ella”, comenta la madre de Gabriela, quien vende en la calle Arce.
Gabriela es la segunda hija, de los cuatro que tiene Guadalupe, y la describe como una niña amigable que le gustaba pasar en casas y ayudar en las tareas del hogar.
Según comenta su madre, Gabriela estudiaba sexto grado en el centro escolar Monseñor Basilio Plantier, localizado en el barrio San Esteban, en San Salvador. Por el momento, las clases las recibía desde casa.
Gabriela sería la segunda alumna reportada como desaparecida de ese centro de estudios, pues desde el 3 de marzo también se encuentra desaparecido el estudiante de séptimo grado Jordin S., de 17 años.
La madre de Gabriela ha contactado a las mejores amigas de su hija, pero ninguna sabe nada de la niña desde ese día.
Ella guarda la esperanza de encontrar con vida a su hija y con el fin de que la información de su desaparición llegue a más personas, Guadalupe y su familia han colocado carteles con fotos e información de Gabriela en los postes del alumbrado eléctrico sobre la calle Arce, en el centro de San Salvador, lugar donde comercializan diferentes productos para ganarse la vida
Fiscalía registra el doble de desaparecidos en primeros meses del año
El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que febrero se convirtió en el mes con más desaparecidos. Al 9 de marzo había 226 casos, mientras que en 2020 fueron 106.
Las autoridades policiales han insistido que las desapariciones de personas han tenido una reducción significativa, pero según las cifras de la Fiscalía, ese tipo de casos aumentaron en los dos primeros meses de este año con respecto al mismo período de 2020.
Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad ciudadana, sostiene que “la desaparición es el delito más grave que está afectando a la sociedad salvadoreña”.
Fuente de la Información: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gabriela-estudiante-desaparecida-cima-cuatro-san-salvador/819674/2021/
El Ministerio de Educación evalúa hoy la posibilidad de establecer la educación básica obligatoria en Panamá desde prekínder hasta duodécimo grado para evitar que el 60 por ciento de los estudiantes abandonen la escuela.
En entrevista con el diario La Estrellas de Panamá, la titular del ramo, Maruja Gorday, aseguró que para ello trabajan en la elaboración de un proyecto de ley, con el cual buscan evadir la deserción de más de 14 mil alumnos cada año y aportar competitividad internacional al país.
Precisó que la idea es presentar la propuesta en el mes de marzo ante la Asamblea Nacional, la cual contempla otros aspectos como políticas de equidad digital, trayectorias educativas, modalidades flexibles y un plan de servicio básico.
Se refirió a regiones como la fronteriza provincia de Darién, donde solo hay tres escuelas de nivel medio, y al nombramiento de 400 docentes para cubrir la demanda de planteles multigrado de primaria.
Al hablar de la atención a la primera infancia, la ministra de Educación reconoció la falta de centros encargados del aprendizaje de los más pequeños, que en el caso de las comarcas de difícil acceso es de apenas un 20 por ciento, mientras que en el área urbana la cobertura es del 60 por ciento.
De igual forma, ofreció detalles sobre el programa de aprendizaje acelerado para los 10 mil 563 estudiantes que no terminaron sus estudios, el cual incluye dos ciclos escolares con materias priorizadas en un año lectivo, modalidad actualmente presente en algunas naciones de la región.
Sobre el retorno a las aulas, Gorday aseguró que será un proceso gradual, progresivo y semipresencial a partir del segundo trimestre, tal y como en este momento ocurre en el 20 por ciento de las escuelas del área.
La víspera, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que sostuvo conversaciones con la titular de Educación y todos los sectores involucrados en la enseñanza para evaluar la posibilidad de reanudar las clases presenciales.
‘No queremos cometer errores, puesto que en otros países han abierto los planteles y se han convertido en una fuente de contagio como ocurrió en la India’, afirmó Sucre al justificar la cautela.
No obstante, adelantó que algunos colegios han abierto paulatinamente tras consensuar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias y educativas con el objetivo de salvaguardar la salud de estudiantes, padres y maestros.
Dos días después de la confirmación del primer caso positivo a la Covid-19, el 9 de marzo de 2020, Panamá cerró los centros docentes para evitar la propagación de la enfermedad y desde entonces la enseñanza ha sido a distancia, proceso que a juicio de la Unicef es el más largo del mundo.
Actualmente la legislación establece que la educación básica obligatoria en la nación istmeña es hasta noveno grado.
América Central/Puerto Rico/19-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr
Solo estaban permitidos los de primero a tercero, educación especial y cuarto año.
La designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, anunció cambios sobre los grupos que se permiten a tomar clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, COVID-19.
De acuerdo con la funcionaria en entrevista con WKAQ, de la próxima semana, cuando van a estar aumentando la cantidad de escuelas recibiendo estudiantes, permitirán dos grados adicionales.
“Ahora vamos a estar ampliando, si esta semana ocurre sin ningún incidente, ampliar los cuarto y quinto grados que pueden entonces entrar a esta fase”, comentó Aponte.
Según indicó la designada, actualmente hay unas 129 escuelas certificadas para ofrecer clases presenciales, y alrededor de 115 ya han comenzando o lo estarán a partir del lunes.
Desde que los estudiantes comenzaron a tener la opción de ir al plantel, Aponte dijo que están asistiendo entre unos 2 mil a 2,500 alumnos diariamente.
Cuando se anunció la reapertura de las escuelas, el Departamento informó que solo estarían asistiendo los grados de primero a tercero, cuarto año y de educación especial. Los estudiantes volvieron el pasado 10 de marzo.
Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/03/18/mas-estudiantes-a-las-escuelas-educacion-amplia-grados-con-clases-presenciales.html
América Central/19-03-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
En Centroamérica hay 12 millones de niños y niñas fuera de las aulas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los mnistros de Educación de la Región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) expresaron apoyo a la educación presencial con la reapertura de las escuelas de manera prioritaria.
Indicaron que aunque consideran urgente las clases presenciales, debe de hacerse de manera gradual en todos los niveles para aquellos países que aún no lo han hecho.
Resaltaron que entre 11 y 12 millones de estudiantes centroamericanos aún no han regresado a clases presenciales debido a que sus escuelas permanecen cerradas.
Explicaron que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más afectada por el prolongado cierre de escuelas, 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar completo en todo el mundo se encuentran en la región.
Subrayaron que aproximadamente el 60% de todas las personas estudiantes de América Latina y el Caribe aún no ha tenido acceso a clases presenciales.
«A través de esta declaración instamos a que en todos los países se faciliten diálogos con las organizaciones de docentes, los padres y madres de familia y los y las estudiantes en apoyo al proceso de reapertura segura y gradual de las escuelas, y se fortalezca la coordinación entre los sectores de Educación y Salud”, dijo Giselle Cruz Maduro, presidenta Protempore de la CECC/SICA y Ministra de Educación Pública de Costa Rica.
Advirtieron que cuanto más tiempo permanezcan cerradas las instituciones educativas, menos probable será que las personas estudiantes más vulnerables vuelvan a clase, incluidas las personas con discapacidad, migrantes o pertenecientes a comunidades indígenas.
Asimismo, para Jean Gough, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, manifestó hoy es un día de esperanza para millones de niños y niñas que todavía se encuentran fuera de las aulas.
Por primera vez, todos los Ministros de Educación de Educación de la Región SICA se comprometen con la urgente reapertura de las escuelas.
Agregó que “UNICEF está comprometido en apoyar y guiar su implementación. Es evidente que cada día más de cierre de las escuelas pone más en riesgo la educación de los niños y las niñas, especialmente de aquellos que no tienen acceso a internet y no cuentan con el apoyo de sus padres y madres en la casa. Centroamérica no puede perder un segundo año escolar sin clases presenciales”
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/ministros-de-educacion-region-sica-apoyan-regreso-a-educacion-presencial-8924188.html
La Organización Mundial de la Salud expone en un informe tajante el cúmulo de fallos. Describe cómo los gobiernos y las organizaciones de salud pública de todo el mundo han sido lentos e ineficaces a la hora de responder al coronavirus. Sorprende la torpeza de muchos países occidentales.
Sin preparación
El informe, elaborado por un grupo de expertos,icomienza afirmando que el mundo no estaba preparado para esta pandemia. Sin embargo, durante décadas se había predicho que era inevitable una pandemia viral de este tipo.
Hace cinco años la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que había una necesidad urgente de investigar más sobre los coronavirus. Para los gigantes farmacéuticos esa investigación no era rentable en aquel momento y, por lo tanto, apenas se realizó. El afán de lucro primó sobre el interés general.
Ignorar las advertencias
Entonces llegó la pandemia. A principios de enero de 2020 se descubrió un nuevo coronavirus en Wuhan. El 24 de enero quedó claro que este virus podía transmitirse de persona a persona y que además era muy contagioso. Una semana después, el 30 de enero, la OMS declaró una emergencia médica internacional.
Algunos países no esperaron a esa declaración y pasaron inmediatamente a la acción. Así es como Vietnam ya introdujo el distanciamiento social y el endurecimiento de los controles fronterizos desde mediados de enero. Ya el 12 de enero (¡!) Taiwán envió a dos epidemiólogos a Wuhan para estudiar el virus. Desde principios de febrero en muchos aeropuertos de África se examinó sistemáticamente a los viajeros extranjeros
Tanto la OMS como otros organismos emitieron repetidas advertencias señalando la gravedad de la situación. Pero la mayoría de los países occidentales pensaban que eran inmunes. “Demasiados países desatendieron esa señal”, dice el informe.ii
Los países occidentales sólo tomaron medidas reales a partir de mediados de marzo, después del desplome de los mercados bursátiles (el 12 de marzo). Según el grupo de expertos, “solo unos pocos países aprovecharon plenamente la información disponible para responder ante las pruebas de una epidemia emergente”.
Un tiempo precioso perdido
De este modo, se perdió un tiempo especialmente valioso, al menos un mes y medio. Sin embargo, cada día cuenta en el inicio de una epidemia. En la fase inicial de la primera ola, es decir, antes de que se impusieran las medidas de protección, el virus se multiplicó por diez cada diez días. Es decir, si los gobiernos occidentales hubieran intervenido diez días antes, la tasa de infección (la curva) y el número de muertos habrían sido diez veces menores.
Debido a esta reacción tardía las salas de la UCI se llenaron rápidamente a expensas de otros pacientes que requerían operaciones urgentes, lo que también incrementó el número total de muertes. La consecuencia queda clara en el gráfico.iiiRichard Horton, redactor en jefe de la célebre revista médica The Lancet, concluye que la mayoría de las muertes por COVID en Bélgica se podrían haber evitado.
El informe también reprocha a las autoridades sanitarias su lentitud a la hora de responder a los primeros indicios de que personas sin síntomas también podrían difundir el nuevo coronavirus. Sin embargo, informes de China y Alemania ya habían documentado este fenómeno en una fase temprana. Pero las principales autoridades sanitarias, incluida la propia Organización Mundial de la Salud, dieron consejos contradictorios y a veces engañosos.
Políticas torpes
La mayoría de los gobiernos occidentales se negaron a aprender de las experiencias de los países que habían sido los primeros en verse afectados. Medidas evidentes como el distanciamiento social o el uso de mascarillas se convirtieron en nuestras regiones en temas de debate político. Se descartaron los confinamientos porque no encajaban con nuestros “valores occidentales”… hasta que, por supuesto, no tuvimos otra opción.
En muchos países faltaron suministros esenciales al principio de la pandemia, como mascarillas, ropa protectora, oxígeno, respiradores, etc. El libre mercado no es aparentemente eficiente para hacer frente a una crisis sanitaria imprevista. Años y años de austeridad neoliberal también hicieron que faltara personal sanitario (suficientemente formado): quedó dolorosamente claro en nuestras residencias para personas mayores.
Salvo excepciones, los gobiernos no han logrado establecer un sistema eficaz de pruebas, detección y aislamiento necesario para controlar el COVID-19. En Bélgica este sistema aún no está a punto.
No hay confianza en el gobierno
En Occidente la desconfianza de la población hacia sus gobiernos era ya bastante elevada. La torpeza de las políticas relacionadas con el COVID no hizo más que aumentar esta falta de confianza. Sin embargo, esa confianza es esencial para lograr buenos resultados en una lucha contra una pandemia, algo que también nos enseñan las experiencias de los países asiáticos.
Como resultado de esta desconfianza, se reduce el cumplimiento de las medidas, proliferan las teorías conspirativas y abundan las ideas erróneas. Lo primero lleva a más infecciones y a una prolongación de las medidas de seguridad. Los otros dos factores hacen que las dudas sobre las vacunas sean alarmantes en muchos países.
El informe de la OMS lo resume así: “En algunos países la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve un déficit de confianza entre las personas, las instituciones y sus líderes. La falta de confianza también ha alimentado ‘la infodemia’iv y ha creado un círculo vicioso de desinformación y respuestas inadecuadas. Ese profundo déficit de confianza en combinación con el uso que se hace de las redes sociales […] y las repercusiones que esto conlleva muestran también el fracaso de una respuesta analógica [medios clásicos, n.d.r.] en una era digital”.
¿Tu dinero o tu vida?
Según el informe, los gobiernos se guiaron y se guían demasiado por consideraciones económicas, con la idea de que unas medidas demasiado estrictas perjudicarían demasiado a la economía. Un error.
“Una observación del Grupo previa a la realización de su estudio es que los resultados económicos han sido mejores en aquellos países que han aplicado debidamente medidas estrictas de control de la salud pública, que son, a su vez, los países en los que también se han registrado unos resultados sanitarios […] sustancialmente mejores que los resultados de los demás. El mismo patrón parece aplicarse al ritmo de recuperación: aquellas medidas de salud pública más estrictas vienen acompañadas de recuperaciones económicas más sólidas.”
La falta de una política firme ha provocado meses de (semi)confinamientos e incertidumbre en los mercados, lo que el año pasado costó a la economía mundial un 7%, es decir, 6 billiones de dólares. “Este es claramente un caso en el que la inversión de unos miles de millones puede suponer un ahorro de billones”, concluye el informe.
La debacle de las vacunas
En el pasado Tedros, Secretario General de la OMS, había expresado en repetidas ocasiones su enfado por el comportamiento acaparador de los países ricos con respecto a las vacunas. Mientras que los países ricos tendrán suficientes dosis este año para vacunar a sus ciudadanos de tres a cinco veces, una gran proporción de la población de los países más pobres no verá ninguna dosis.
El informe de la OMS es especialmente tajante al respecto: “No será posible aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las vacunas si se deja que los criterios para determinar quién accede a ellas vengan dictados por el poder económico y los estrechos intereses nacionales […]. No podemos permitir que arraigue el principio de que resulta aceptable que los países de ingresos altos puedan vacunar al 100 % de su población, mientras los países más pobres deben arreglárselas con una cobertura de apenas el 20 %. El hecho de que una persona haya ido a nacer en Liberia, en Nueva Zelanda o en cualquier otro lugar no debería ser el factor que determine su lugar en la lista de las vacunación”.
Gráfico: ¿Cuándo se podrá disponer ampliamente de las vacunas contra el coronavirus?
El nacionalismo de las vacunas también es miope. En palabras de Tedros: “Cuanto más esperemos a proporcionar vacunas, pruebas y tratamientos a todos los países, más rápido se afianzará el virus, más cepas surgirán, más probable será que las vacunas actuales sean ineficaces y más difícil será la recuperación de todos los países. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo.”
El informe confirma esta opinión: “Solo la aplicación de principios de universalidad y equidad podrá hacer que el mundo salga unido de esta crisis”.
Mea culpa
El panel también hace autocrítica. La propia OMS no emprendió reformas fundamentales para prepararse para una pandemia. Pero el problema es más profundo. A la institución “le ha faltado poder para hacer el trabajo que se espera de ella”. Funciona sobre la base del consenso de los gobiernos nacionales y no tiene poder para hacer cumplir las normas. Según el informe, existe una enorme diferencia entre lo que se espera de la organización y la cantidad de dinero que recibe.
Todo esto “ha dejado al mundo peligrosamente expuesto, como demuestra la pandemia de COVID-19. Las consecuencias de esta pandemia deben servir para aprovechar una de esas oportunidades que se presentan una sola vez por generación: la de que los Estados miembros reconozcan como algo que redunda en beneficio común el hecho de que el sistema internacional disponga de un conjunto de herramientas debidamente reforzadas para cumplir firmes funciones de alerta de pandemia y contención de brotes”.
* * *
La coronapandemia es la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años. Todas las crisis ponen a prueba la resistencia y la preparación de una sociedad. Para la mayoría de los países occidentales los resultados de esta prueba son devastadores.
Esperemos que esto nos ayude a deshacernos de nuestro obstinado sentimiento de superioridad hacia el resto del mundo. Pero más importante aún es que aprovechemos esta crisis para reflexionar detenidamente sobre dónde y por qué salieron mal las cosas, y qué se necesita para evitar una debacle semejante en el futuro.
El informe de la OMS confirma los análisis de Richard Horton, Michel Collon y otros.v Es sorprendente que los principales medios de comunicación no cubran o apenas cubran estas voces y se nieguen a abrir el debate fundamental sobre las políticas del COVID. Todavía queda mucho trabajo por hacer.
i El informe se presentó el 19 de enero. Fue preparado por un Panel de la Organización Mundial de la Salud, encabezado por Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda y por Ellen Johnson Sirleaf, exresidenta de Liberia. El texto completo se puede leer aquí.
ii Por supuesto, el informe no habla explícitamente del fracaso de los «países occidentales». Pero si se consideran los países a los que se aplican las críticas del informe, se llega automáticamente a esa conclusión.
iv El término ‘infodemia’ procede de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una abundancia de información, tanto on line como off line, con el objetivo de imponer una visión dominante. “Incluye los intentos intencionados de difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover agendas alternativas de grupos o individuos.”
v Richard Horton, ‘La catástrofe de COVID-19. What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again’, Polity 2020; Michel Collon, ‘Planète Malade – Enquête & Entretiens’, Investig’Action 2020.
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