Centro América

Por: Emilio Nieves Torres

El reciente plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal el 27 de mayo de 2020 incluye un control directo del Departamento de Educación y la imposición de una reforma educativa. El Plan Fiscal no hace referencia a la Ley 85 de 2018 que recoge la visión de reforma educativa de la actual administración gubernamental. Por el contrario, pretende imponer política pública en el Departamento de Educación.

Para el inicio del próximo año escolar 2020-2021, la JCF le exige al DE crear un plan post COVID-19 de regreso a la escuela y un Task Force para reabrir las escuelas y para la educación a distancia. Es decir que el plan elaborado por el Secretario de Educación y discutido con algunos sindicatos, está sujeto a lo que establezca la Junta. Incluso le señala al Departamento de Educación que hay que hacer reformas curriculares y superar la barrera digital educativa.

La Junta pretende imponer su reforma educativa en la cual establece como prioridad la enseñanza de inglés porque, bajo su filosofía, el trabajador que domina el idioma inglés tiene mejor salario. Con esta premisa discriminatoria, asigna $1.5 millones para adiestramientos a maestros de inglés. Es decir, la Junta se inserta en la política pública del DE para impulsar como prioridad la enseñanza de inglés, como si no fuera parte del currículo la enseñanza del inglés y español. Desconocen o se resisten a aceptar que la defensa de nuestro vernáculo no está sujeto a los dólares, sino a nuestra cultura. Están inconformes con la realidad de que solo el 20% de la población es bilingüe. La verdad es que, si hay que utilizar inglés en asuntos laborales, el puertorriqueño lo asume con éxito. Pero parece que el mensaje de la Junta al gobierno es que, si han fracasado en el proceso de asimilación, ellos van a establecer la ruta.

Por otro lado, la Junta promueve el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), lo cual excluye las bellas artes como plantea el DE con el enfoque STEAM. No conforme con esto, para establecer el control absoluto de la educación pública, le exige al Departamento de Educación definir sus metas y un plan estratégico a 5 años (2022 al 2027) el cual tiene que ser discutido con la Junta.

Ante estas intenciones y otros señalamientos que hace la Junta al DE, ¿cuál va a ser la postura del Secretario de Educación y la Gobernadora ante la intervención de la Junta para establecer política pública? No es suficiente demandar en el Tribunal a la Junta y simultáneamente someterse a la misma. Hay que confrontar a la Junta.

Junta y bipartidismo coinciden en la visión neoliberal de la educación

El Plan Fiscal aprobado establece como filosofía educativa la visión neoliberal. En esto coinciden con el bipartidismo. Indica que en los grados de kínder a duodécimo los estudiantes deben desarrollar las destrezas necesarias para lograr una economía autosuficiente y que se integren a la fuerza laboral. Esto puede parecer correcto. Incluso podemos pensar que es la filosofía que nos conduce a un país autosuficiente e independiente. Sin embargo, se fundamenta en la visión individualista en la cual se descarta la visión comunitaria en la que se forjan los principios de participación democrática, solidaridad y resiliencia. La Junta y el bipartidismo en su ejecución excluyen la dimensión social de la educación. Ignoran la visión constructivista y liberadora de la educación en la cual el estudiante desarrolla conocimientos a través de procesos de construcción social activa. Tampoco les importa implantar el “derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” (Constitución de PR Art 2, sección 5)

También coinciden en la visión neoliberal en la cual se promueve la competencia entre escuelas y se utilizan fondos federales para justificar la federalización y la privatización de la educación. La Junta promueve en su plan fiscal la competencia entre escuelas ofreciendo $100,000 a 70 escuelas (10 de cada región educativa) que desarrollen un proyecto de innovación educativa. Este incentivo niega el esfuerzo que desarrollan todas las escuelas (con las limitaciones particulares) e intenta imponer la visión neoliberal de que compitan y sobreviva el más fuerte. Hay escuelas que tienen unos proyectos innovadores porque son escuelas especializadas o las condiciones económicas que rodean la escuela le son favorables. Todas las escuelas pueden desarrollar proyectos de innovación educativa, pero las limitaciones administrativas, tecnológicas y socioeconómicas impiden competir en igualdad de condiciones. Además, las escuelas no existen para competir, sino para educar y compartir las experiencias exitosas. Sin embargo, la Junta, por su naturaleza estrictamente fiscal, pretende imponer medidas neoliberales creando las condiciones para cerrar o privatizar escuelas.

A esto se añade que el organismo federal separó $71.5 millones del presupuesto entrante para pagar incentivos a empleados públicos y agencias si cumplen los requisitos que determine la Junta. En el caso del Departamento de Educación, impone un incentivo de $1,500 a directores escolares y $5,000 por escuela si cumplen con reportar mensualmente la asistencia de maestros y estudiantes. Esta es una información inherente al funcionamiento de las escuelas que no requiere de bonificaciones, sino de medidas que reduzcan o eliminen las deficiencias administrativas y tecnológicas que afectan el salario de los trabajadores y que impiden un registro de asistencia efectivo para maestros y estudiantes.

Esta repartición de dinero representa el intento de la Junta de justificar su intención de establecer política pública y de generar opinión pública a su favor, ante el evidente rechazo del pueblo a su política de austeridad.

Reto a los defensores de la educación pública  

Todo esto representa un enorme reto para las organizaciones magisteriales y las comunidades escolares en defensa de la escuela pública y su autonomía administrativa, docente y fiscal.

Estas medidas de la Junta no atienden los problemas fundamentales que han incidido en el aprovechamiento académico de los estudiantes: centralización, politización y burocratización del sistema educativo. Por otro lado, la estrategia del bipartidismo ha sido la federalización y la privatización. La Junta coincide con esta estrategia y busca darle continuidad.

La federalización consiste en definir un currículo que responda a la visión federal y neoliberal de medir el proceso educativo exclusivamente a base del idioma (español e inglés) y las matemáticas. Las ciencias, la historia, las bellas artes, la salud, los cursos vocacionales, la educación física, entre otros no se miden con las pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas, META, PISA). El éxito o fracaso de un sistema educativo se ha medido con dos criterios que impone la visión neoliberal: idioma y matemática. Este es el mayor fraude con el que tenemos que romper para definir nuestra filosofía educativa y nuestro currículo para luego medir resultados de forma integral, sin estar atados a fondos federales cuyos beneficiarios principales no son los estudiantes, sino las compañías privadas.

La privatización de escuelas públicas se ha traído a Puerto Rico mediante dos estrategias fracasadas en los Estados Unidos: escuelas charter y vales educativos. La ironía es que el argumento principal para justificarlas es que las escuelas y colegios funcionan de forma autónoma y eso mejora el aprovechamiento académico. Precisamente lo que establecía la derogada Ley 149 de 1999 era la implantación de la autonomía escolar: administrativa, docente y fiscal. La resistencia a este cambio vino de las estructuras gubernamentales y sus representantes políticos en las regiones educativas y distritos escolares.

La otra ironía es que, aunque las leyes aprobadas reconocen al maestro como el principal recurso, es el menos escuchado. Tenemos impulsar las propuestas de maestras(os) que reclaman la autonomía docente que permite construir currículo con los estudiantes, crear y elaborar propuestas de desarrollo social, cultural y económico; la autonomía administrativa para tomar las decisiones de organización escolar que mejor respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y su comunidad; la autonomía fiscal para una sana y transparente administración de los fondos que responda a las prioridades de la comunidad escolar.

Las organizaciones magisteriales, las comunidades escolares y el pueblo tenemos que rescatar la educación publica realizando las acciones pertinentes. Una de ellas es exigir a todos los candidatos a puestos públicos a que asuman posición ante la Junta de Control Fiscal. O la sacan o se someten a su voluntad de gobernar en Puerto Rico. No hay espacio para términos medios o tibios.

Fuente: https://www.claridadpuertorico.com/a-combatir-el-control-y-reforma-educativa-de-la-junta-fiscal/