América Central/Cuba/07-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com
Las clases en las aulas en Cuba deben reanudarse en septiembre, dijo este martes la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, en el espacio estatal Mesa Redonda.
«Teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas, la necesidad de evolucionar a un estado cada vez más favorable y la prioridad que tiene para nosotros los estudiantes, es aconsejable reiniciar las actividades docentes en las instituciones educacionales a partir del mes de septiembre«, afirmó la ministra.
La alta dirigente señaló que el próximo curso también se verá afectado por la pandemia del coronavirus en Cuba y tendrá «menos semanas lectivas que lo habitual». El Ministerio de Educación (MINED) busca soluciones en particular para cumplir con las medidas de aislamiento e higiénico-sanitarias en los centros internos y evitar los hacinamientos.
Desde finales de marzo están cerrados todos los centros educativos en Cuba por el COVID-19 tras las peticiones hechas por muchos ciudadanos en redes sociales. Desde entonces la televisión estatal emite teleclases para los distintos niveles de enseñanza, que seguirán hasta el próximo 12 de junio por los canales Educativo y Tele Rebelde.
En Cuba están abiertos los círculos infantiles para las madres incorporadas a la producción y los servicios, entre ellos trabajadoras de Salud Pública, Comercio y Gastronomía, Agricultura, Educación, Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, señala el sitio oficialista Cubadebate.
Los estudiantes y trabajadores del sector educativo tendrán sus vacaciones como estaba previsto, según orientación del gobernante designado Miguel Díaz-Canel. Más de 4700 empleados del MINED fueron reubicados en los centros de aislamiento habilitados en las escuelas y otros en la producción de alimentos en más de 4 mil hectáreas, agregó la ministra.
El paso de los estudiantes de Secundaria a Preuniversitario será al iniciar el curso escolar, «respetando todos los pasos y derechos de los estudiantes y de sus familias», apunta el citado medio. Los actos de graduación se harán una vez terminado el presente curso respetando las medidas por el COVID-19.
El MINED habilitó desde este lunes el teléfono 78314809 y el e-mail programación.educativa@icrt.cu para despejar dudas a los padres y alumnos sobre el sistema de evaluación.
En Cuba hay 2107 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1830 superaron el COVID-19 y 83 personas fallecieron, según los datos del Ministerio de Salud Pública.
Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-03-u1-e199291-s27061-cuba-reiniciara-clases-aulas-septiembre-segun-ministra
Dos cárceles, incluida la de mayor hacinamiento, han sido cerradas temporalmente de manera que no se permitirán nuevos ingresos a las mismas
Jennifer Ávila para Otras Miradas*
A través de un cuestionario, se realizó una evaluación médica a 70 privados de libertad que compartían módulo con Rafael Herrera, quien tenía 52 años y fue el primer fallecido por COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. La información sobre cómo se contagió y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y está vedada. El Instituto Nacional Penitenciario pone en duda el diagnóstico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realizó tres días después de que él había muerto, el 23 de abril pasado.
Un mes después, en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, a 19 kilómetros de Tegucigalpa, se identificó otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingresó el 30 de abril al recinto, quien fue puesta en cuarentena. Se ha oficializado un cierre temporal de esta prisión y no se admitirán nuevos reclusos, tal como ocurrió con las instalaciones donde falleció Herrera.
Honduras tiene una población penitenciaria de 22 007 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100 000 habitantes y con alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión. El Pozo, está destinado a recluir a los condenados por esos delitos.
El 17 de diciembre de 2019, el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.
Las junta interventora está a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. El coronel de infantería José A. González Maradiaga, es el nuevo director del INP, según el Decreto Ejecutivo PCM-068-2019.
Familiares de los presos políticos de la comunidad de Guapinol en el Valle del Aguán reali-zan una manifestación y recolección de firmas frente al Ministerio Público, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix.
El Pozo está ubicada en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, a 241 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1550 privados de libertad. En los últimos dos años, en esta cárcel se han registrado seis asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el módulo de mínima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la cárcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo año, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtró a medios de comunicación.
Tres cosas destacan de la situación de la población penitenciaria hondureña: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.
La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debió poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la información sobre lo que allí pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a este medio que no sabía cuántas pruebas se hicieron, pero confirmó que sí se habían realizado PCR y que todas habían dado negativo hasta el momento.
Realizamos una solicitud de información en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la Secretaría de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las cárceles en alerta por COVID-19. La institución dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR más la realizada al fallecido y que en la Penitenciaría Nacional de Támara han realizado 13. En el primer caso, 70 privados de libertad más compartían módulo con el fallecido por COVID-19 y, en el segundo caso, Támara cuenta con 7000 privados de libertad.
La vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que los médicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que ellos diseñaron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. «Los privados de libertad no están teniendo contacto con personas externas, no están recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les está sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado allí, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigación», afirma Aguilar.
En contraste con esa posición oficial, la directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretaría aplicó un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro privados de libertad que compartían celda con el fallecido, a un policía militar, al médico, a la enfermera y a una persona de aseo de la clínica del centro penal, todas con resultado negativo.
A pesar de la emergencia sanitaria, y el muerto por coronavirus, la Junta Interventora militar no acata las disposiciones judiciales. El 30 de abril, el Poder Judicial publicó un comunicado en el que denunció que el INP no había acatado una resolución que ordenó la realización de pruebas a todos los privados de libertad para identificar casos de COVID-19.
Después de la muerte de Herrera, el Conaprev visitó El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compartían módulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los policías militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 días antes. Según Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y aseguró que, diez días antes de morir, Herrera fue atendido por un médico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero éste no le dio mayor seguimiento.
El riesgo de contagio en las cárceles es un tema de preocupación para los expertos en América Latina. En las últimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según un estudio de Pedro Rodríguez y Patricia Domínguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisión en la región: «la mayoría en cárceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infección».
Lo anterior describe muy bien la situación de Honduras. En 2019, un informe de Conaprev, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), difundido por el Centro de estudios para la democracia (Cespad), reveló que en El Pozo habían 1804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Policía Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37 % de la población carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves.
Glenda Ayala, abogada directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, revisa resoluciones judiciales, informes de visitas a los centros penales y cuestionarios apli-cados a los recluidos para confirmar su estado de salud. Tegucigalpa, cuatro de mayo 2020. Foto\Jennifer Ávila
El Juzgado de Ejecución Penal informó que la población penal en este presidio es de 1400 personas, 150 menos que su capacidad física. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padecían de tuberculosis y otras enfermedades.
En la última comunicación a inicios de mayo, la vocera del INP insistió, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.
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Honduras lleva ya dos meses de estado de sitio por la emergencia sanitaria. Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las cárceles en este país. A eso se suman los 2000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detención, sin las condiciones ni controles adecuados.
El viernes 15 de mayo, se anunció el primer caso de coronavirus en la cárcel en Támara, razón por la cual la Junta Interventora del INP anunció el cierre temporal del centro para evitar la propagación del COVID-19.
Mediante comunicado en medios de comunicación, las autoridades penitenciarias reportaron que un privado de libertad con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los últimos dos meses que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciaría Nacional es la prisión con mayor hacinamiento, con 7000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.
Antes de que este caso fuera conocido, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad publicó un comunicado expresando su preocupación por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.
«En Támara están sin agua, las personas que atienden son médicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminofén, no se pueden tomar las medidas de higiene. Además, están proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo está porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qué tipo de control se está llevando con estas personas», explica Delma Carolina Rubí, presidenta de la asociación de familiares.
El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según el organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya habían cumplido su pena, 32 menores con revisión de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.
En general, la situación de salud de la población penitenciaria es otro foco de preocupación. Durante una inspección que realizó Conaprev a nivel nacional, se determinó que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privación de libertad ya quedó sin efecto y podrían ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de Támara, explica Ayala. Conaprev solicitó también que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberación o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos técnicos para dar trámite a esos beneficios. También identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco años, quienes podrían sustituir la prisión con trabajo comunitario o pago de multa, según el mismo organismo de defensa de derechos humanos.
Retén militar en la entrada a la aldea de Támara donde se encuentran la Penitenciaría Nacional, la Penitenciaría Nacional Femenina y el Centro para menores infractores Rena-ciendo. Las visitas están canceladas y no hay paso para nadie después de este retén.Te-gucigalpa, 5 de mayo de 2020. Foto\Jennifer Ávila
La vocera del INP asegura que «las excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resolución ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resolución, la envía al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie».
La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial: «Todavía el miércoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se habían ido los de preliberación porque el director se había negado a cumplir esto. Prácticamente se le coaccionó y se le dijo que si no lo hacía lo denunciaríamos por violación de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial ¿cuál sería la actitud correcta de una comisión interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar».
Mientras esa resolución no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberación y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos años y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia.
Uno de los casos más destacados en ese sentido es el del ambientalista Jeremías Martínez, judicializado por tentativa de usurpación de espacios públicos y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, una empresa instalada en un área protegida en el norte.
Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Martínez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberación.En los últimos 10 años, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.
Con la pandemia, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras, una organización de sociedad civil que promueve y defiende los derechos humanos localmente, presentó un habeas corpus correctivo con la finalidad de lograr la excarcelación de personas consideradas presos políticos, entre ellas aquellas por conflictos ambientales, pero no hubo respuesta por parte de las instancias jurisdiccionales.
Juana Zúniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compañeros esté enfermo en la cárcel, están preocupados por lo que les pueda pasar. Después de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que están. «La situación es cada vez más difícil: siete meses con los compañeros presos, tenemos hijos pequeños y no tenemos una respuesta para saber cómo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visitáramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan allí en la cárcel. Solo hemos sabido que les visitó un doctor y ha estado pendiente de ellos», cuenta Zúniga.
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en conferencia de prensa en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario, Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2019. Foto\Martín Cálix.
El poder de los militares
A pesar de estar demostrado que es erróneo medir la seguridad a través del número de personas encarceladas, se siguen llenando las prisiones de personas para demostrar el éxito de una política de seguridad. Los gobiernos han sabido justificar sus políticas de «mano dura» y de encarcelación masiva, aunque el sistema de justicia sea ineficaz. En plena pandemia, los arrestos han continuado.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones más agresivas de militarización que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hernández impulsó al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las cárceles de máxima seguridad estén llenas.
El jefe de la FNAMP es el teniente coronel Amílcar Hernández, quien en comparecencia de prensa junto al gobernante, detalló las operaciones que han realizado durante la emergencia por coronavirus en el país, en las cuales uno de los resultados son las capturas. El alto oficial dijo que «hubo 144 detenidos, de los cuales el 100 % son personas que han quedado presas porque han sido judicializados de manera correcta cada una».
Las consecuencias de la militarización, además del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuración del sistema penitenciario. Esta época de pandemia y el caso específico de las cárceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poderío militar.
Ayala tiene cuatro años en la dirección del Conaprev que, desde su creación en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarización del sistema penitenciario. «Hoy recibí un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la información que hay en el expediente clínico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resolución judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser él (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente debía enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde allí partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el ámbito penitenciario», explica Ayala.
Las Fuerzas Armadas, tras la transición de la época de golpes de Estado militares en la década de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se abolió el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.
Las políticas de «mano dura» han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora está en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba las penas por el delito de asociación ilícita, además que incluía descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portación de tatuajes era una de ellas. A esto se le llamó Ley Antimaras y fue en esa época en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte público. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien llegó al poder con una campaña que se titulaba «Puño firme», por estar dirigida a tener «cero tolerancia» a delitos como el de asociación ilícita. En 2013 Hernández asumió la presidencia del país y entregó la seguridad pública al Ejército.
A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto político, lo que contribuyó a su reelección en 2017, a pesar de existir una prohibición constitucional. Él mismo estudió en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado que derribó a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, «Tony» Hernández, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades públicas, a la institución militar.
Hernández intentó, en su primer mandato, elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la de policía. La reforma no pasó, pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad pública y de algunas áreas del sistema de justicia como las prisiones.
«El que le demos potestades al Ejército para que detenga, investigue y cuide, eso es definitivamente catastrófico y contrario a la convención contra la tortura y protocolos facultativos. Una de las cuestiones que hemos visto con preocupación es el tema de la criminalización inclusive como institución defensora de derechos humanos porque el personal que está dirigiendo lo mira a uno como el enemigo (…) En las últimas intervenciones que he tenido con el señor responsable de la Fuerza Antimaras y Pandillas le digo: prácticamente usted me está diciendo que soy parte de la organización delictiva por preguntar qué trato le está dando al detenido», explica Ayala, directora del Conaprev.
Los abusos de derechos humanos están entre los principales cuestionamientos. «¿Hay tortura en Honduras? Sí hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni rótulos y que allí se llevan a las personas para interrogar y después se presentan ante un juez. La detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero ¿qué dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscalía de derechos humanos? brillan por su ausencia», concluyó la defensora.
Tragedias y políticas de seguridad
La tragedia carcelaria más grande de América Latina ocurrió en Honduras. En 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua cobró la vida de 361 privados de libertad y una mujer que estaba en visita conyugal. Pero esta no fue la primera vez que una cárcel se quemó y cobró cientos de vidas. En 2003 y 2004 ocurrieron incendios en cárceles del norte de Honduras. En La Ceiba murieron 68 y en el centro penal de San Pedro Sula 107 privados de libertad. Por este último caso, Honduras fue condenado en la CIDH en abril de 2012 en la sentencia del caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Otros motines en ese mismo período dejaron más muertos.
El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un motín el jefe de presos Mario Henríquez. Don Mario y los doce presos de su círculo más cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que terminó de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese motín fue trasladado a Támara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que tenían los presos en los centros penales. En 2017, la cárcel de San Pedro Sula fue cerrada. Según el presidente Hernández, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, los índices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.
El abogado Carlos Paz, de la organización Cáritas Honduras ―una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)―, asegura que no hubo un cambio sustancial en las históricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Según el jurista, hay 8761 reos por encima de la máxima capacidad de los penales. «Algunos establecimientos como los de Puerto Cortés o Támara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emitió una declaración en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la óptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro país, la óptica desde donde se acentúan las acciones es desde la corrupción e impunidad», explica Paz.
Cáritas de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la cárcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparación a las víctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH señaló como presuntas víctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estarían detenidos preventivamente con base únicamente en el delito de asociación ilícita. Se identificó como víctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.
Un manifestante sostiene un cartel en una protesta frente al Ministerio Público por la libe-ración de los presos políticos, Tegucigalpa, 8 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix.
La garantía de no repetición es una de las partes esenciales del fallo, así como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el país, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenzó el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Según Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comité contra la Tortura de que un proceso de desmilitarización se iniciaría en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó cinco instalaciones penitenciarias y advirtió en un informe que «el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis».
Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compañeras enfermas con diabetes y tuberculosis, además de las carencias tras la cancelación de visitas. «Antes nosotras sobrevivimos porque venían nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque está con esa cosa de que no pueden salir a ningún lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higiénico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aquí hay un montón de enfermas, diabéticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al día, a veces nos bañamos con eso. Aquí no ha venido nadie de la secretaría de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aquí, pero sigue sin haber medicina», dicen los mensajes.
Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represión. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las cárceles, «sería catastrófico».
El INP rechaza los cuestionamientos. La versión oficial es que en Ilama hay diez médicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situación, están permanentes.
«En todos los centros penitenciarios hay personal médico para cubrir las 24 horas del día. También se ha contratado personal de enfermería. Es falso que no hay agua en Támara, en PNFAS hay agua potable todos los días. Si no hubiera, esas mujeres no tendrían llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad están conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares», expresó la vocera del sistema carcelario.
Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque tenían mascarillas, pude notar la risa de los policías en la entrada del Instituto Penitenciario cuando pedí ver al jefe militar después de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . «El coronel no tiene tiempo», me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera respondería a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pasó.
A lo largo de casi seis décadas, millones de personas de diferentes continentes se han beneficiado con la ayuda médica cubana.
Esa lucha por la salud y la vida en otras partes del mundo tuvo la chispa inicial el 23 de mayo de 1963, cuando salió desde Cuba hacia la recién liberada República de Argelia la primera brigada internacionalista cubana.
De sus 55 integrantes iniciales, que en total llegaron a 57 contando a otros dos jefes de brigada que rotaron en esa etapa y a un médico que se les integró, ya solo quedan vivos una decena. El tiempo pasa implacable por nuestras vidas y no ofrece perdón.
Por eso me resultó muy agradable localizar al doctor Pablo Resik Habid, quien fungió como jefe de esa primera brigada médica, aunque se incorporó unos meses más tarde, en enero de 1964, a solicitud del entonces ministro de Salud, José Ramón Machado Ventura.
Resik, que nació en Santa Clara el 21 de octubre de 1930, terminó la carrera de medicina en 1957, dos años antes del triunfo de la Revolución. Tras graduarse laboró como anestesiólogo en varios hospitales. Desde el triunfo de la Revolución se incorporó a trabajar en la organización de la Salud Pública, y cuando partió hacia Argelia era subdirector de Asistencia Médica de La Habana.
A pesar del largo tiempo transcurrido, Resik mantiene muy claros sus recuerdos de aquella epopeya, los que narra con soltura.
La situación de Cuba en 1963 no era muy halagüeña, explica, pues de los 6 000 médicos existentes antes de la Revolución, ya había emigrado la mitad, entre ellos muchos profesores de la única escuela de medicina. Se habían iniciado las agresiones militares, políticas y económicas de Estados Unidos contra la Isla y eran momentos difíciles. Pero la situación de Argelia era peor, pues tras zafarse de las cadenas del colonialismo, se quedó prácticamente sin médicos y con su economía desbaratada.
La decisión de Fidel y del gobierno fue genial, agrega, y demuestra la sensibilidad y la valentía política desde los inicios de la Revolución. Hoy, 57 años después, comprendo y valoro más estos principios.
Debo significar que aquella misión se estableció bajo el concepto de la voluntariedad, pues nadie fue presionado ni obligado a participar, concepto que ha primado en todas las misiones internacionalistas. Muchos más de los que fuimos estaban dispuestos a cumplir con la tarea.
La brigada se conformó sobre la base de las necesidades más urgentes planteadas por las autoridades argelinas. Fueron 54 compañeros, 42 hombres y 12 mujeres (posteriormente se integró uno más para hacer el cómputo de 55). O sea, 29 médicos de variadas especialidades; 14 enfermeros; 7 técnicos (RX, optometría, laboratorio, anestesia) y 4 estomatólogos.
Viajamos hacia Argelia en un antiguo avión Britania. Al frente iban el doctor José Ramón Machado Ventura, entonces ministro de Salud Pública, y el doctor Gerald Simon, quien era viceministro de ese organismo. Después de ubicar a los internacionalistas, Machado regresa y Simon permanece allá para acabar de asentar los coloboradores. Más tarde fue sustituido por el doctor Mario Escalona, ya fallecido, quien se mantuvo hasta enero de 1964, cuando yo viajo a Argelia en avión, vía Gander, y me hago cargo del destacamento. Esa primera misión regresa a mediados de 1964 y yo me quedo hasta agosto para ubicar a la segunda delegación.
Al preguntarle cómo evaluaría esa misión después de 57 años, inmediatamente responde: Siempre digo que dejamos atrás la gran patria: Cuba y la pequeña familia. Y allá formamos una pequeña patria, con todos los cubanos que estuvimos, y una enorme familia porque, constantemente, todos nos preocupábamos por todos.
La misión tuvo una profunda significación en cuatro aspectos. El humano: al dar esa ayuda con un sentido de fraternidad, de humanismo, comprender la necesidad que tenía ese pueblo y brindarle nuestro aporte desinteresado. A mí me dejó con una gran satisfacción interna, con la felicidad de dar, que es mucho mayor que la de recibir. El político: conociendo a Argelia y su situación, pudimos comprender en la práctica lo que fue el colonialismo para las grandes masas del pueblo argelino. El cultural: pues para muchos de los participantes resultó la primera salida al exterior, y aprendimos cosas en un medio muy diferente al nuestro, con un clima desértico, sahariano. Diferencias culturales relativas al idioma, la comida, costumbres, religión, hábitos. El científico: nos ayudó a completar nuestra formación profesional, pues trabajamos en un medio extraño, con tremendas dificultades, sin las posibilidades técnicas que teníamos en Cuba, y con enfermedades nuevas que no conocíamos.
Por eso, concluye Resik, aun me emociono mucho al recordar cómo lloraban los habitantes argelinos cuando regresaron los primeros integrantes de la brigada internacionalista.
Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/05/31/la-chispa-de-las-brigadas-medicas-cubanas-0
La crisis asociada al coronavirus genera el congelamiento de la economía monetaria y la sobreexigencia de la economía no monetaria y doméstica. El covid-19 evidencia la desigualdad en las tareas domésticas entre varones y mujeres y demuestra la falta de sistemas públicos de cuidado. En esta entrevista, Juliana Martínez Franzoni, reconocida académica e intelectual, afirma que es el momento de proponer un nuevo modelo de cuidados para lograr igualdad y justicia.
El covid-19 no es solo una crisis sanitaria, sino que afecta diversos ámbitos de la vida social. ¿Cuál es, según su opinión, el alcance de esta crisis? ¿Qué dimensiones involucra?
Si bien esta crisis empezó siendo sanitaria, rápidamente se volvió social, política y económica. No hay orden de la vida que esta crisis no haya tocado. Es, además, una crisis planetaria cuyos alcances aún no podemos comprender adecuadamente.
Aunque la respuesta inicial a la crisis se produjo a través de los sistemas sanitarios, la única manera de hacerle frente es reduciendo la demanda sobre los hospitales, cortando las cadenas de contagio para que no se desborden. Eso ha llevado al distanciamiento social y al congelamiento de la economía monetaria. Subrayo la palabra «monetaria» porque, por el contrario, la economía no monetaria, la que tiene lugar de manera no remunerada, principalmente en el ámbito doméstico, está a tope y más exigida que nunca.
El congelamiento de las economías monetarias lleva rápidamente a la suspensión de contratos laborales, la reducción de jornadas, la pérdida de la capacidad de la gente de generar ingresos. Esa es una amenaza muy seria a nuestras formas de vida. Estamos lidiando con una situación que implica el virus, pero también el hambre y la posibilidad de estallido social producto de ello. Es una bomba de tiempo que está a la vuelta de la esquina en diferentes lugares del planeta. Me parece sumamente importante tener presente que estamos frente a un triple reto: el virus, el hambre y el estallido social. Eso tiene consecuencias para regímenes democráticos frágiles, como los que tenemos en América Latina.
No todos los países están en el mismo momento en relación con ese triple reto ni tienen las mismas condiciones para afrontarlo. Ecuador es un triste ejemplo de lo que puede suceder si no se actúa rápidamente. No estamos todos en el mismo barco. Hace poco, un usuario colocó una frase interesante al respecto en las redes sociales: «no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar y hay unas personas en yate, otras personas en bote, otras personas en salvavidas, otras personas nadando con todas sus fuerzas». Y alguien agregaba: «algunas personas están nadando con todas sus fuerzas empujando los botes de otros».
La crisis sanitaria se asienta, por ende, en una tremenda desigualdad previa y la potencia de una manera que todavía no podemos aquilatar. Entre esas desigualdades, la de género y la socioeconómica constituyen clivajes importantes de desigualdad. A ellas se agregan otras muchas desigualdades vinculadas a la etnia o a la migración.
Usted asegura que la economía no monetaria está más exigida que nunca. Ella se realiza, en buena medida, «puertas adentro», en los espacios domésticos, y es un ámbito poco instalado en la conversación política y económica sobre la crisis. ¿Qué está pasando en las familias y, específicamente, qué está pasando con las necesidades de cuidados que habitualmente se satisfacen allí a través del trabajo de las mujeres?
El distanciamiento físico obligatorio y la reclusión en el ámbito doméstico de la ciudadanía genera dos cambios fundamentales. Uno es el desplome de los ingresos y, más aún en los trabajos más precarios e informales. Recordemos que las mujeres se encuentran desproporcionadamente ubicadas en ese tipo de trabajos.
El otro cambio involucra dimensiones de la vida que normalmente tienen lugar fuera del ámbito doméstico, como la escuela, el centro de salud, el apoyo psicológico, la recreación, y que ahora se concentran en ese ámbito doméstico. Eso tiene una implicancia directa en la vida de las mujeres, que están aún más sobrecargadas. Esto no es algo nuevo, sino que se exacerba con el covid-19. Las mujeres hacemos malabarismos trabajando, cuidando, siendo maestras, psicólogas y doctoras. Aunque en el escenario previo las mujeres ya éramos malabaristas, en este momento esa situación se expresa de manera absoluta.
Hace tiempo que, desde una perspectiva feminista, buscamos calcular cuánto se produce de manera no monetaria (no remunerada) como proporción del PIB en los diversos países. Hoy sabemos que el trabajo doméstico y de cuidados que tiene lugar en las familias de forma no remunerada equivale a entre 15% y 25% de todo lo que se produce en una sociedad. El grueso de ese trabajo lo hacemos las mujeres. Por cada punto del PIB que invierte el Estado, las mujeres aportamos una contraparte no monetaria. Por ejemplo: si tienes una escuela pública, alguien tiene que llevar a la niña a la escuela, buscarla, traerla, hacer las tareas con ella y apoyarla. Y si llevas a un niño a la doctora, hay que administrar medicina, tomar la temperatura, etc.
No tenemos la medida de cuánto esta crisis está aumentando ese aporte no monetario fundamental, pero ese trabajo se ha disparado. Tenemos una espiral de demanda de cuidado que se satisface principalmente con el trabajo de mujeres. La economista feminista Nancy Folber decía hace unos días que si los gobiernos se preocuparan por el déficit de cuidado solo una fracción de lo que están preocupados por el déficit fiscal que genera esta crisis, estaríamos en mucha mejor forma para transformar esta situación y para honrar las demandas de cuidado con un esfuerzo más colectivo, más masculinizado y evitando que sean solo las mujeres las que satisfagan esas demandas.
Es necesario que reflexionemos sobre lo que están viviendo las mujeres que antes de la pandemia estaban exigidas y ahora lo están mucho más. Al mismo tiempo, debemos pensar qué está sucediendo con esas mujeres que estaban generando ingresos y que ahora ven desplomadas sus estrategias para ello. Y debemos pensar también qué está pasando con las que están ubicadas en los trabajos de mayor exposición, los ahora considerados servicios esenciales (comercio, supermercados, alimentos, sistema de salud) y tienen que atender muchísimas demandas de cuidado en sus hogares, a la vez que sostener los ingresos en su bolsillo.
Durante el siglo XX se produjo lo que algunos han llamado una revolución silenciosa: la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. A la vez, se ha dicho que ello no modificó los órdenes familiares, sino que la división sexual del trabajo dentro de los hogares continuó siendo básicamente la misma. ¿Fue así? ¿Esta crisis podría empujar algún cambio dentro de los órdenes familiares?
La brecha de participación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres es de 18 horas semanales. Eso dicen las mediciones de los países que están relativamente mejor, porque son los reportados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esa brecha baja a 11 horas en los países del sur de Europa, a seis horas en los países anglosajones y a 3,5 horas en los países nórdicos.
Las mujeres hemos sido muy flexibles para adaptarnos a la jornada laboral remunerada y mantaner el trabajo no remunerado. Sin embargo, el ejercicio de la masculinidad en el ámbito doméstico ha cambiado muy poco. Eso no quiere decir que no haya hombres que lo hagan, sino que el ejercicio de las masculinidades en relación con el trabajo doméstico y de cuidados no ha cambiado lo suficiente para reflejarse en las estadísticas. Es así desde el Río Grande hasta Ushuaia, en todos los regímenes políticos, en Estados de Bienestar fuertes o débiles, y no tiene grandes variaciones en los distintos momentos del ciclo de vida.
El uso del tiempo masculino en el hogar es el recurso más democráticamente repartido en toda la región. Mientras las mujeres mostramos una profunda desigualdad entre nosotras, asociadas a los niveles de educación formal y a los niveles de ingresos (cuanto mayores son, menos horas se emplean en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado), entre los hombres hay una enorme homogeneidad.
En la década de 1990 perdimos millones de empleos e ingresos masculinos. Mientras los hombres salían de la industria y la agricultura, a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, se las contrataba en la maquinaria textil y en los servicios con trabajos precarizados. Hubo una pérdida de la vigencia social y económica del modelo patriarcal tradicional, en el que el hombre ponía el dinero en la mesa y eso significaba un nivel de protección a la familia, aunque fuera desigual. Ese cambio, lejos de implicar un involucramiento de los hombres en el ámbito doméstico, lo que hizo fue agravar los tipos de relaciones patriarcales violentas. Eso se expresa claramente en casos como el de Ciudad Juárez.
Habiendo sido así, ¿por qué tendríamos que esperar un cambio ahora? No podemos esperar que la mera pérdida de vigencia del papel proveedor de los hombres se traduzca en una ampliación de su dimensión cuidadora. Para que eso suceda se requiere una intervención deliberada del Estado y de otros actores de la sociedad, dándole forma, nombrando y creando incentivos para que eso ocurra. Al mismo tiempo, es necesario prevenir los efectos nocivos que puede generar la actual situación.
Las decisiones sobre cómo se enfrenta esta crisis no deberían dejar fuera a las mujeres. A la vez, las enormes demandas y retos que tenemos en materia de cuidado no deberían dejar fuera a los hombres. Se necesitan mensajes más claros y más fuertes que reconcilien masculinidad y cuidado. No podemos esperar que esos cambios se produzcan por generación espontánea. Estamos rodeadas de un tipo de masculinidad altamente «cuidado-dependiente». Estoy hablando de hombres de entre 15 y 60 años que en su cabeza son extremadamente autónomos, pero en su práctica no tienen la posibilidad de resolver cosas básicas para la sostenibilidad de su vida. En un momento de altísima demanda de cuidado, necesitamos tener más manos cuidando. Este es un momento en el que, en nombre de la solidaridad frente a la crisis, podríamos apelar a esa reorganización.
Parte del asunto es acercarse a los cuidados como una invitación a transformarse y a revincularse con muchos aspectos importantes de la vida. Eso podría generar, de hecho, situaciones en las que todos ganan. Lo que no me imagino es que esto ocurra solo de manera espontánea. Se requieren estrategias, políticas, alianzas (ojalá amplias) y demostrar que este tema toca muchas de las causas de la crisis y también muchas de las posibles soluciones.
¿Cómo puede operar el Estado sobre esas desigualdades existentes entre las propias mujeres? ¿Cómo pueden aportar otros actores sociales para paliar esas diferencias?
Las mujeres nunca antes habíamos sido tan desiguales entre nosotras en América Latina. Las brechas entre hombres y mujeres en términos de cuidados atraviesan todas las clases sociales. La violencia de género atraviesa todas las clases sociales. Pero los recursos con que las mujeres contamos para hacerles frente a estos escenarios son marcadamente desiguales. En una crisis como la que estamos atravesando, eso se exacerba. Por lo tanto, para poder dar pasos decididos para transformar la crisis en una oportunidad que nos permita ser mejores, necesitamos intervenciones diferenciadas para lograr incidir en los distintos escenarios.
El piso para poder tener esta conversación tiene al menos dos componentes: asegurar el ingreso básico en el bolsillo de todas las personas en este momento y garantizar el acceso universal a los servicios básicos.
Muchos de los gobiernos tienen poco espacio fiscal y poca capacidad de hacer cosas. Eso es así si damos por sentado que el 1% constituido por quienes poseen los mayores ingresos no va a contribuir. En cambio, si nos planteamos que esta situación se resuelve para toda la sociedad o no se resuelve para nadie, entonces el escenario puede ser otro. El peligro de no entenderlo así es claro. Tenemos el ejemplo de Singapur, que fue un caso exitoso. Allí se había controlado la situación de diseminación del virus, pero «olvidaron» a la población migrante. La población migrante estaba contagiada y, de repente, el país perdió control de la situación. Ese ejemplo nos alerta acerca de que en este escenario nadie puede quedar excluido porque con que una persona quede excluida todo el ciclo vuelve a empezar.
Los cuidados son parte de una conversación más amplia sobre el papel del Estado. Antes o después tenemos que pasar por el tema del financiamiento y tenemos que elegir si se va a priorizar la austeridad o la solidaridad. Si priorizamos la solidaridad, el 1% que no ha estado contribuyendo tendrá que contribuir.
Usted ha mencionado que reubicar a los cuidados como eje del análisis político tiene que ser un acto de voluntad minuciosamente planificado desde los gobiernos y los distintos actores políticos. ¿Qué tipo de políticas específicas serían imaginables para gestionar este déficit de cuidado en la crisis y tras ella?
Una autora estadounidense, la sindicalista Jane F. McAlevey, ha escrito recientemente un libro, No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age[Sin atajos: organización para el poder en una nueva era dorada], que recoge su experiencia de trabajo organizativo. Ella insiste en la necesidad de tener estrategias simultáneas de organización, movilización e incidencia, y en la necesidad de saber cuándo hay que poner más energía en la organización propia, en el nosotros, en el nosotras, cuándo en la movilización y cuándo en la incidencia.
Partiendo de eso, creo que algunas de las cosas que hay que hacer tienen como interlocutor al Estado y otras tienen que ver más con la movilización, las organizaciones, los múltiples nosotros y nosotras que hay en la región. En todos esos niveles puede haber un lugar para esta agenda y para llevarla adelante de una manera positiva, democrática, inspiradora. Una manera, en definitiva, que nos conecte con asuntos muy profundos que tienen que ver con el sentido de estar vivos, de habitar este planeta.
En esa línea necesitamos consolidar esta idea de que debemos cuidar a quienes nos cuidan y que cuidar es un asunto de la sociedad y no solo de las familias ni de las mujeres. Pero no podemos cuidar a quienes nos cuidan sin tener una agenda que permita crear condiciones de infraestructura básica para la vida. ¿Cómo están haciendo hoy millones de personas en nuestra región, sin agua potable o viviendo en condiciones de hacinamiento? Es un reto incorporar los cuidados como parte de los pisos de protección social y no como si fueran dos cosas distintas.
Deberíamos pensar que más que una excepción, la crisis va a ser por mucho tiempo una regla, una normalidad, una nueva normalidad. Un ejemplo concreto: el rezago escolar que ya hoy tienen niños y niñas que van a los sistemas públicos de la región va a tardar años en recuperarse; la desnutrición infantil que se ha generado en las últimas semanas no la hemos medido todavía, pero se piensa que va a tener consecuencias muy importantes, al igual que la mortalidad materna de mujeres que no están pudiendo llegar a un servicio de salud para parir con seguridad. Necesitamos crear amortiguadores de esta amplificación de la desigualdad. Los cuidados son parte de eso. Necesitamos asegurar servicios básicos que incluyen agua, conexión a internet, electricidad y cuidados redistribuidos entre mujeres y hombres y entre prácticas familiares y extrafamiliares.
Los cambios que está revelando la crisis también agudizan conservadurismos. De hecho, en algunos países de la región hay quienes argumentan que, debido a la mayor precarización, es necesario reducir o postergar las pensiones de padres no convivientes. están en juego las responsabilidades parentales en el caso de algunos hombres. ¿Esa puede ser también una línea de disputa? ¿Qué riesgos tiene un repliegue de esas responsabilidades?
Ese es un gran tema. Acabo de participar de un estudio donde analizamos un tipo de organizaciones de padres que ha crecido en su poder político e incidencia en toda la región (aunque estudiamos los casos de Chile, Uruguay y Costa Rica). Estos grupos tienen una agenda fuertemente antifeminista y reactiva a los avances del Estado para proteger a las mujeres en el ámbito doméstico. Mostramos que en los países donde se ampliaron los derechos paternos, por ejemplo, en materia de tenencia de hijos e hijas, ha sido de la mano de estas organizaciones. Por el contrario, donde se ampliaron los deberes paternos, por ejemplo, en materia de pensiones alimentarias, ha sido de la mano de actores estatales que en buena medida reflejan agendas feministas o articulaciones feministas. Entonces, el actor político actualmente más visible, vocal y en ascenso, posicionando una conversación sobre paternidad, no es el que ayudaría a promover una masculinidad igualitaria y cuidadora. No quiere decir que no haya otras expresiones organizadas de hombres que sí están buscando promover una masculinidad igualitaria y cuidadora, pero sí que las que hoy tienen más poder y capacidad de incidencia no son esas.
Evidentemente, la crisis puede afectar a las mujeres vulnerando su bienestar económico y/o su autonomía económica. Son dos cosas relacionadas pero distintas. Una mujer puede tener más autonomía económica y menos bienestar o puede tener más bienestar y menos autonomía, o puede tener más de las dos cosas. Por ejemplo, cuando una mujer es pareja de un hombre en una relación heterosexual donde él aporta muchos ingresos y ella trabaja en su casa, puede tener un bienestar altísimo con muy baja autonomía. Si esa mujer se separa y empieza a vender productos de puerta a puerta, seguramente su bienestar económico será menor pero su autonomía económica aumentará. Necesitamos que las mujeres tengan tanto bienestar como autonomía.
Lo primero que necesitamos asegurar es que estas madres y estas mujeres tengan un ingreso. A veces desde una postura feminista reclamamos que los padres ejerzan su papel y podemos muchas veces forzar a mujeres que no querían depender de esos hombres a hacerlo. En el marco de esta crisis, necesitamos vincular la discusión de las pensiones alimentarias parentales a ese ingreso básico ciudadano que todas las personas deberían tener asegurado.
En el marco de esta crisis resulta central proteger el empleo, pero dentro de un objetivo mayor: proteger el ingreso. Todas las personas, incluyendo a esas madres, deben tener lo suficiente para la canasta alimentaria mínima. Eso no quiere decir que debemos dejar a esos padres sin ninguna responsabilidad. Hay que pensar la manera de que honren esas responsabilidades los que puedan y los que no puedan ahora y puedan después, lo hagan. Mi punto es que no podemos condicionar la subsistencia de la madre y los hijos e hijas a la pensión alimenticia del padre.
Finalmente, quisiera que habláramos de otro ámbito de los cuidados que es central: los cuidados remunerados. ¿Deben ser repensados, disputados y recolocados dentro de la trama política?
Definitivamente. Un servicio esencial como son los cuidados no debería ser explotado. En este momento tenemos una crisis del trabajo de hogares particulares en toda la región. Más de 25% de las mujeres ocupadas trabaja en casa de otras mujeres y hombres. Se trata de trabajos muy precarios. La razón por la que podemos privatizar tanta demanda de cuidados es porque se paga mal, se paga poco y hay mucha desprotección. ¿Qué debería ocurrir con esos puestos de trabajo? Es todo un interrogante, porque la mayor parte de estas mujeres trabajadoras están deseando que todo esto acabe para volver ahí debido a que no tienen opciones.
La particularidad de la agenda sobre cuidados es que, al mismo tiempo, es una agenda de protección social y una agenda de mercado laboral (tanto de oferta como de demanda). Entonces, nos permite ir desde lo que transcurre en la familia hasta los sectores de la economía que deberían priorizarse, valorarse y protegerse. Una parte importante de los sectores productivos y de las formas de trabajo ya están modificadas con la crisis y se van a modificar más. Necesitamos que la agenda sobre los cuidados se instale en esa conversación. Los cuidados son una gran oportunidad para dinamizar la economía y para apostar a una economía distinta, centrada en las personas, pero necesitamos considerarlos como un trabajo valioso, visibilizarlo, remunerarlo, protegerlo. Este es el momento. Las perspectivas no son fáciles, pero tenemos que estar a la altura del reto y dar esta pelea.
Juliana Martínez Franzoni es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Sus campos de investigación abarcan la política social comparada, las desigualdades ecónomicas, sociales y de género en América Latina. Es editora de Social Politics, Oxford Journals.
Fuente e imagen: https://nuso.org./articulo/pensar-los-cuidados-en-medio-de-la-gran-pandemia/
Centro América/ Panamá/ 02.06.2020/ Fuente: www.critica.com.pa.
La Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI) impulsa la primera parte del proyecto ‘Educación Vial, Comunicación y Actualización del Reglamento de Tránsito’ con el fin de promover la creación de bici-carriles integrados en las calles de la ciudad capital y otras partes del país.
Paola Carretero, Directora de Comunicación de la Federación Panameña de Ciclismo, y líder del movimiento ‘Panamá en Bici’, indicó que entre los objetivos está también dejar una cultura de educación vial. “A veces nos detenemos pensando que solo eso pasa en otros países, que en Panamá no se va a mover nadie en bici, pero hay que abrir nuestra mente e imitar lo bueno de otros países (…); hay que comunicar las cosas como son, tenemos que empezar a respetarnos en la calle, a darle paso al ciclista, todo tal cual lo dice el reglamento de tránsito”, dijo.
Carretero sostiene que el transporte en bicicleta ayudaría a evitar contagios de COVID-19, además de ser beneficioso para la salud y el cuidado del medio ambiente.
“No vamos a parar con este proyecto, la pandemia nos dijo: es ahora o nunca y vamos con todo”, afirmó.
Indicó que la creación de ciclo-carriles ayudará a las personas a llegar a sus casas u oficinas seguros. Resaltó que en el área de la Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), específicamente por donde están las universidades (USMA, Latina, ISAE, UIP), quieren hacer un carril para bicicleta, ya que hay espacios amplios.
Advirtió que hay que actualizar el reglamento de tránsito y comunicar sobre ello a los panameños.
Para Carretero ahora más que nunca es el momento de promover que la gente se mueva en bicicleta, e instó a que las mismas empresas deben flexibilizar un poco el protocolo de vestimenta para alentar a sus empleados o colaboradores a transportarse en bici.
“Muchas personas laboran a poca distancia de sus trabajos y eso no implica que vas a pasar mucho tiempo en la bicicleta o a sudar mucho”, manifestó.
“El transporte colectivo se va a reducir hasta en 40%, debemos evitar los contagios, además de eso hay que pensar en las personas que ganan salario mínimo, que después de esta situación van a estar bastante limitadas (económicamente) para (gastar) en transporte público o un taxi”, acotó.
“Hoy en día es legal moverse (por las calles) en bici, lo que pasa es que hay desinformación, cuando yo me muevo en bici muchas personas me gritan: ‘vete a la acera o a la ciclo vía’, porque no saben que yo puedo estar allí (en la calle)”, contó.
“La primera fase es educar a las personas, luego actualizar el reglamento de tránsito, porque está muy arcaico en el tema de la bicicleta. Panamá es el único país, si no me equivoco, que le pide placa a la bicicleta”, sentenció Carretero.
Fuente de la noticia: https://www.critica.com.pa/deportes/promueven-uso-de-la-bicicleta-para-cuidarse-del-covid-19-580281
Centro América/ República Dominicana/ 02.06.2020/ Fuente: www.elcaribe.com.do.
El 61% de los venezolanos residentes en el país cuenta con estudios superiores
La crisis económica causada por la pandemia que creó el nuevo coronavirus aumenta el desempleo de la población, y afecta con dureza a las comunidades migrantes. Pero, para recuperar la economía se necesita, sobre todo, del talento, la creatividad y los conocimientos de los trabajadores y las trabajadoras.
En República Dominicana, una parte de esos conocimientos y talentos se encuentra en la población migrante y particularmente entre la venezolana. De acuerdo con el estudio “Promoción de medios de vida para población venezolana en República Dominicana”, el 61 % de los venezolanos residentes en el país cuentan con estudios superiores, principalmente en economía, administración, ciencias de la salud; y pedagogía y educación.
En parte, por su formación académica, la mano de obra venezolana no compite, sino que complementa la nacional, según Carmen Moreno, directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Mientras que la directora del Instituto Nacional de Migración, Florinda Rojas, destacó el potencial de ciertos trabajadores venezolanos para ayudar al país a hacer frente a la crisis causada por el covid-19.
“Este documento expone propuestas para la formulación de políticas públicas y/o programas que permitirían identificar a inmigrantes venezolanos calificados e incorporarlos en áreas o actividades en las cuales pudieran aportar sus habilidades y conocimientos para ayudarnos a responder adecuadamente a la crisis de salud que la COVID-19 ha creado”, dijo la funcionaria durante la presentación del informe en un encuentro virtual, donde se enfatizó la necesidad de que los migrantes se incorporen a la economía mediante el trabajo decente y el empleo digno.
Posibles aportes en salud y educación
De acuerdo con el estudio, la formación en ciencias de la salud y particularmente en enfermería podría ayudar a reducir el déficit de enfermeras y enfermeros que existe en el país, si se agilizan los procesos de regularización migratoria.
“República Dominicana tiene apenas 14 de los 23 profesionales de la salud (médicos, enfermeros y parteros) por cada 10,000 habitantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto obedece no a un déficit de médicos sino de profesionales en enfermería. Por lo que se recomienda la creación de programa de flexibilización de procesos migratorios y facilidades en la reválida académica en la práctica de enfermería”, se indica en el estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Además, migrantes venezolanos bilingües, con formación en medicina o enfermería, podrían tener oportunidades de trabajo en el turismo de salud, que, de acuerdo con el documento, se encuentra en expansión. “Los empresarios entrevistados del sector turístico mostraron interés en contratar venezolanos, ya que valoran su formación académica y servicio al cliente, además les permite hacer frente a dos de sus principales retos en materia de gestión humana: la atracción de talento (ya que el personal calificado en su mayoría no es originario de los polos turísticos) y la rotación de personal. En lo relativo a la atracción de talento, los nacionales venezolanos han manifestado no tener inconvenientes en reubicarse cuando se trate de un empleo digno y considere regularización migratoria y además tienden a tener una rotación menor al promedio de mercado”, de acuerdo con el documento.
En el estudio también se destaca que el sistema educativo dominicano puede beneficiarse de profesionales que fortalecerían el trabajo de los docentes nacionales con prácticas innovadoras para fortalecer el aprendizaje de niños y niñas.
“En Venezuela la educación básica tiene prácticas no existentes en RD, tales como la participación permanente de especialistas en Educación Especial como soporte al docente”, se indica en el informe.
Dificultades para la regularización
Pero la regularización del estatus migratorio es un proceso difícil para la comunidad venezolana en la República Dominicana. El 77 % de los venezolanos encuestados para este estudio se encuentra en una situación migratoria irregular, y obtener residencia dominicana es complejo y costoso. Para solicitar visa de trabajo, los venezolanos deben viajar a su país e iniciar trámites en un consulado dominicano.
“Esto, en el caso de las personas que ya se encuentran en territorio dominicano, incrementa al costo del trámite, el costo del pasaje aéreo, penalidades por estadía tardía e incluso costos para acelerar trámites en Venezuela”, se informa en el reporte.
Además, la República Dominicana puede negar la visa al solicitante, e incluso si se obtiene visa, no hay garantías de que se permitirá el ingreso del migrante.
“No hay garantías de que aun con la visa de trabajo su ingreso al país sea permitido por las autoridades migratorias”, de acuerdo con el estudio.
Por otra parte, tanto la inseguridad que rodea al trámite como el costo de este, que ronda los US$1,221 por persona, desestimula a potenciales empleadores de pagar el proceso a los migrantes.
Tanto el estatus migratorio irregular como las dificultades para obtener documentos pone a la población venezolana en riesgo de sufrir abusos del empresariado.
“Se han documentado casos de empleadores que aprovechan la irregularidad migratoria de los trabajadores venezolanos para incumplir sus obligaciones patronales. Esto a pesar de que el Código de Trabajo Dominicano (Ley 16-92) garantiza la protección de todos los trabajadores en territorio nacional, independientemente de la existencia de un contrato, su nacionalidad o estatus migratorio”, según el estudio.
Por otra parte, aunque muchos venezolanos trabajan por cuenta propia, han mostrado poco interés en desarrollar emprendimientos formales porque “existe una percepción de alto riesgo al iniciar un negocio en República Dominicana sin un socio local, dado el desconocimiento del mercado, pocos contactos de negocios y limitaciones para acceder a financiamiento”, de acuerdo con el informe.
No obstante, el entorno social facilita la integración de los trabajadores venezolanos, ya que hay pocas manifestaciones de discriminación y xenofobia. Según el estudio, esto ocurre porque “las comunidades venezolana y dominicana comparten importantes lazos culturales, lo que ha permitido una fácil adaptación de ambas partes”.
El estudio se hizo a partir de una encuesta en la que se obtuvieron más de 900 respuestas de personas venezolanas o de origen venezolano. Además, se hicieron entrevistas a representantes del Ministerio del Trabajo (MT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Organización Internacional de las Migraciones y de la Fundación de la Comunidad Venezolana en República Dominicana (FUNCOVERD). También se consultaron 18 empresarios y ejecutivos de gestión humana.
Adicionalmente se hicieron grupos focales en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, en los que participación 62 profesionales venezolanos, se informa en el estudio.
Recomendaciones
Para facilitar la incorporación de la fuerza de trabajo venezolana a la economía nacional, en el estudio se sugiere:
Modificar el proceso de obtención de visa de trabajo, permitiendo cambio de estatus migratorio sin salir del país.
Crear portales informativos describiendo: a) proceso de regularización migratoria, b) revalidación académica, c) básicos de leyes laborales dominicanas.
Crear una base de datos de programas académicos en universidades venezolanas, de tal modo que se elimine la necesidad de legalización y apostilla de notas.
Revisar y mejorar los procesos de reválida académica.
Crear un programa especial que permita a los empleadores contratar trabajadores venezolanos por un período de tres meses sin necesidad de un visado de trabajo; finalizado este período el empleador tendrá la certeza de que el desempeño del trabajador justifica la inversión y permitiría la capitalización de los trabajadores para financiar y conseguir los documentos requeridos en Venezuela.
Fuente de la noticia: https://www.elcaribe.com.do/2020/06/01/talento-venezolano-puede-ser-util-para-enfrentar-la-pandemia/#
Centro América/ Puerto Rico/ 02.06.2020/ Fuente: www.metro.pr.
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la organización sindical UNETE anunciarán mañana una nueva protesta contra el Departamento de Educación (DE), luego de que declararan como excedentes a cientos de educadores en toda la Isla.
El lunes al mediodía dichas organizaciones darán detalles de la movilización que tendrá como motivo, además, exigirle al DE planes claros sobre cómo operará el sistema público de enseñanza desde el próximo año académico y en medio de la emergencia por la pandemia que continúa.
“Están improvisando. Ni siquiera sabemos si vamos o no a regresar”, dijo a Metro la presidenta de UNETE, Liza Fournier Córdova.
Los docentes también reclaman que no hay al momento alternativas concretas para continuar con la educación a distancia y que ni siquiera les han entregado los equipos necesarios, pues les pusieron como condición previa tomar talleres de capacitación para los cuales, según denuncian, no se han establecido fechas concretas.
En cuanto a la posibilidad de que se decida retomar las clases presenciales en los planteles, la líder magisterial indicó que el DE tampoco ha establecido las reglas del juego. “Yo me pregunto cómo voy a poder dar clases con 20 y hasta 30 estudiantes de primer y segundo grado, sin que se quiten las mascarillas”, señaló Fournier, reprochando que el DE pretende mantener grupos de entre 20 y 30 estudiantes, lo que haría prácticamente imposible el cumplir con el distanciamiento social requerido en medio de la emergencia del Covid-19.
“Nosotros no nos estamos negando a dar clases ni a volver a las escuelas. Lo que queremos es regresar a trabajar con las medidas y equipos necesarios”, añadió la maestra.
Sobre la declaración de maestros excedentes, la líder magisterial indicó que el panorama es incierto debido a que el DE no le ha enviado carta a los maestros directamente, sino que se les enviaron notificaciones a los directores escolares. “Les enviaron una carta a los directores diciendo ‘estos son los maestros con los que cuentas para organizarte’”, dijo Fournier.
“Estamos a ciegas”, enfatizó la docente.
Fuente de la noticia: https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/31/maestros-convocaran-protesta-departamento-educacion.html
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