Las embarazadas deben tener prioridad a la hora de recibir la prueba del COVID-19, y en caso de estar infectadas, tomar precauciones al amamantar a sus bebés. Los expertos recomiendan que se protejan, y aclaran que hasta el momento no hay pruebas de que el virus pueda ser transmitido a través de la leche materna o el líquido amniótico.
Aunque hasta el momento no hay pruebas de que las mujeres embarazadas corran un mayor riesgo de enfermedad grave de coronavirus que la población en general, aunque las transformaciones que viven sus cuerpos y sistemas inmunitarios son un factor de riesgo a las infecciones respiratorias, afirma la Organización Mundial de la Salud.
Por este motivo, considera que es importante que tomen precauciones para protegerse contra el COVID-19 e informen al personal médico sobre eventuales síntomas.
La Organización asegura que tampoco existe evidencia de que una mujer pueda trasmitir el virus a su feto o bebé durante el embarazo el parto, y que por ahora no se ha detectado el microorganismo en muestras de líquido amniótico o leche materna.
En Ambon, Indonesia, una mujer embarazada recibe servicios médicos.
Cuidados médicos en el parto y la lactancia
Todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19, tienen derecho a recibir atención de alta calidad antes, durante y después del parto. Esto incluye atención de salud prenatal, neonatal, postnatal, intraparto y mental.
Una experiencia de parto segura y positiva implica:
• Ser tratada con respeto y dignidad
• Estar acompañada por una persona de su elección durante el parto
• Comunicación clara del personal del servicio de maternidad
• Estrategias adecuadas de alivio del dolor
• Movilidad en el trabajo de parto, de ser posible, y elección de la postura del parto
Según la Organización, si se sospecha o se ha podido confirmar que la embarazada tiene el coronavirus, los trabajadores de la salud deben tomar todas las precauciones adecuadas para reducir su riesgo de infección y el de terceros, incluida la higiene de manos y el uso de indumentaria de protección como guantes, bata y mascarilla médica.
Incluso una mujer infectada, puede seguir amamantando a su bebe y cuidándolo, pero debe tomar las siguientes precauciones:
• Tener una buena higiene respiratoria mientras amamanta a su bebé, usando mascarilla, si hay mascarillas disponibles
• Lavarse las manos antes y después de tocar el bebé
• Limpiar y desinfectar de manera rutinaria las superficies que haya tocado
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UNICEF/Ayene
Bebé en una incubadora neonatal.
¿Cómo protegerse del coronavirus?
Las embarazadas deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para evitar COVID-19 a través de las siguientes recomendaciones:
• Lavándose las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón
• Manteniendo una distancia física con las demás personas, y evitando lugares concurridos
• Evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Teniendo una buena higiene respiratoria. Supone cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. El pañuelo usado debe ser desechado inmediatamente
La Organización recuerda que, si se presentan síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe buscar asistencia médica, pero antes de acudir al centro hay que avisar por teléfono y seguir las instrucciones de su autoridad médica local.
Las mujeres embarazadas y las que hayan dado a luz recientemente, incluidas las afectadas por la COVID-19, deben acudir a sus citas médicas de rutina, y no suspenderlas por la pandemia.
La OMS ha pedido a los países que den prioridad a las embarazadas que presenten síntomas para realizarles las pruebas correspondientes del virus.
También ha indicado que seguirá revisando y actualizando la información y las orientaciones que ofrece a medida que disponga de más datos.
Los docentes hondureños tendrán un apoyo extra por parte de su sindicato en forma de ayudas económicas para mayores y embarazadas, en un esfuerzo solidario del magisterio por paliar la crisis sobrevenida por el cierre de centros educativos.
El sindicato de la educación hondureño COLPROSUMAH, afiliado a la Internacional de la Educación, ha lanzado un programa de solidaridad para con los docentes más vulnerables en el contexto de la crisis provocada por la expansión del COVID-19 en el país. El cierre de centros educativos, que durará inicialmente un mes, es una de las medidas principales adoptadas por el gobierno hondureño para frenar el contagio de la enfermedad, con un impacto sobre las comunidades educativas, los docentes y sus familias. El resto de sectores de actividad del país se encuentran también fuertemente afectados, con un cese casi total de la actividad económica.
Medidas de solidaridad sindical
COLPROSUMAH ha establecido un programa de bonos a personas mayores de 58 años y otro programa de bonos destinado a madres recientes o a embarazadas que se encuentren en el último trimestre. Además, se ha lanzado un programa de créditos para afiliados y otro de asistencia para cubrir gastos médicos de aquellos afiliados que se contagien con COVID-19. En este marco de acciones de solidaridad el sindicato también distribuirá alimentos entre personas afiliadas afectadas.
Las acciones sobre el terreno para asistir a afiliados y afiliadas se completarán con una campaña mediática en la que se insta a los afiliados y afiliadas a respetar el aislamiento. Las comunicaciones tienen lugar mediante grupos de WhatsApp y un programa diario de radio.
El sindicato está además negociando con el gobierno la prórroga de los contratos de docentes interinos, que finalizaban en el mes de marzo, para que sean reconducidos hasta el mes de mayo.
La primavera de 2019 vio a estudiantes de secundaria en Suecia, Europa y en todo el mundo ir a la huelga desde la escuela como protesta contra la inacción política ante la crisis climática global. A medida que los jóvenes de la Generación Greta ingresan a la educación superior hoy en día, las universidades deben responder a la demanda de una educación que esté directamente involucrada y sea relevante para los desafíos de sostenibilidad que nuestras sociedades enfrentan colectivamente.
Sus preguntas requieren que revisemos el concepto y el significado de la internacionalización de la educación superior, pidiendo, en la práctica, un vínculo más explícito con la Agenda 2030, es decir, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4.7. Esto significa una educación equitativa e inclusiva, como se establece en el ODS 4, y que desarrolla una comprensión más amplia de la diversidad cultural y enmarca la sostenibilidad a través del compromiso global.
Más específicamente, el objetivo ODS 4.7 establece que debemos «asegurarnos de que todos los alumnos adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, a través de la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible ”.
Las sinergias potenciales entre el ODS 4 y la internacionalización de la educación superior parecerían estar alineadas con la definición de Hans de Wit et al 2015: “… un proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, funciones y entrega de educación postsecundaria, para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal, y para hacer una contribución significativa a la sociedad «.
En muchos aspectos, la «contribución significativa» de la educación superior internacional actual depende de su capacidad para contribuir a la implementación del ODS 4. De hecho, cuando se hace bien, la ‘internacionalización en el hogar’ y la ‘internacionalización del currículo’ ayudan a desarrollar más campus inclusivos integrando perspectivas internacionales, interculturales y globales en el currículo y los servicios de apoyo.
La diversidad de grupos multilingües y multiculturales trae múltiples visiones del mundo. Además, ahora existe, a través de la educación superior internacional, un cuerpo de conocimiento y reflexión sobre cómo tales competencias podrían ser reconocidas y evaluadas. Enmarcado de esta manera, es evidente que el ODS 4 tiene mucho que ganar con la educación superior internacional.
La necesidad de currículos balanceados
Cuando se trata de infundir el desarrollo sostenible en el plan de estudios, la educación superior a menudo se ha centrado en la educación instrumental , que tiene como objetivo desarrollar conocimientos y competencias específicas, por ejemplo, para la crisis climática y las energías renovables, en lugar de en la educación emancipadora que tiene como objetivo desarrollar un Conjunto de habilidades para ciudadanos autónomos, responsables y reflexivos.
Sin embargo, la naturaleza emancipadora del ODS 4, y más específicamente el ODS 4.7, tiene como objetivo desarrollar competencias para el desarrollo sostenible que puedan conectarse de manera útil con la educación superior internacional, acercándose a lo que Emmanuel Jean Francois ha denominado ‘ciudadanía glocal’. educación comprometida globalmente pero integrada localmente.
Dicho plan de estudios requiere un cambio en las modalidades de la educación superior hacia pedagogías transformadoras orientadas a la acción, enfoques pluralistas basados en la práctica que cultiven una apertura a diversas normas y valores, pero que sean equilibrados y apropiados para cada disciplina y contexto de aprendizaje.
Esto plantea la pregunta: ¿están preparados los profesores universitarios para esto? Si no, ¿cómo serán entrenados y por quién?
La necesidad de un desarrollo profesional continuo.
Para lograr el ODS 4.7 se requiere la integración de la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible en las políticas educativas nacionales, los planes de estudio, la educación del profesorado y la evaluación de los estudiantes.
Si bien el cambio curricular es esencial, no será efectivo ni sostenible si no está respaldado por un sólido desarrollo profesional continuo para el personal académico y administrativo.
Será crucial para el personal académico reflexionar sobre el adagio «pensar globalmente, enseñar local» e implementar actividades de enseñanza y aprendizaje donde lo global debe ser localmente significativo para todos los actores involucrados a fin de ser significativo y perspicaz.
Los programas de desarrollo profesional continuo deben diseñarse en función de las competencias, actitudes y valores que las universidades esperan desarrollar en sus estudiantes, permitiendo que los propios instructores salgan de sus zonas de confort de manera segura mientras cuestionan sus propias formas de pensar, ser y hacer.
Hoy, las instituciones deberían reflexionar sobre lo siguiente:
• ¿Qué significa para un graduado ser un ‘ciudadano de sostenibilidad’ en una disciplina dada? ¿Cuáles son las competencias para capacitarse y por qué?
• ¿Cómo los entornos locales, nacionales y / o universitarios configuran la forma en que los maestros brindan educación inclusiva y equitativa para todos?
• ¿Cómo podrían los desarrolladores educativos diseñar mejor programas efectivos de desarrollo profesional continuo y qué metodologías de enseñanza son las más adecuadas cuando?
Está claro que la ciudadanía global requiere que tanto los docentes como los estudiantes sean éticos, responsables y abiertos para convertirse en promotores activos de sociedades más pacíficas, tolerantes, inclusivas, seguras y sostenibles. Esta no es una pregunta fácil: significa remodelar nuestra idea del papel que debe desempeñar la educación superior en un mundo en constante cambio.
La ciudadanía global necesariamente nos desafía sobre cómo podemos apoyar, capacitar y desarrollar al personal docente, de manera efectiva y seria, para que, a su vez, nuestros estudiantes hagan una contribución significativa a la sociedad.
Karin Båge es desarrolladora educativa en el Instituto Karolinska, Suecia;Natalie Jellinek es desarrolladora educativa en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU);Joanne Pagèze es vicepresidenta de internacionalización, Universidad de Burdeos, Francia;Jennifer Valcke es desarrolladora educativa en el Instituto Karolinska en Suecia y Thushari Welikala es profesora titular de educación superior, Instituto de Educación Médica y Biomédica, St George’s, Universidad de Londres, Reino Unido.Este artículo se basa en una sesión sobre ‘Formación del profesorado: Semillas para competencias transformadoras’, que se celebró en la segunda Conferencia Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación Superior y Acción Científica, organizada por la Red Global Universitaria para la Innovación (GUNi) el 5- 6 de marzo en Barcelona, España.
En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita
La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE.
Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.
De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.
Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.
¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.
“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”
Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.
También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.
Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.
Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.
Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.
Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.
¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.
La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.
Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.
¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.
Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.
En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.
Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.
“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”
Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.
La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.
¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro – La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.
Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/
La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad le cuestan a República Dominicana 1.961 millones de dólares al año, valor que equivale al 2,6 % del producto interno bruto (PIB), según un informe de las Naciones Unidas.
El informe, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), calcula que la desnutrición y el sobrepeso generan cargas adicionales en educación y salud, así como en pérdida de productividad laboral.
El problema más costoso es el sobrepeso y la obesidad, que le cuestan 1.461 millones de dólares al erario público, al incrementar el gasto en la atención de enfermedades como diabetes e hipertensión, así como el costo asociado a la pérdida de productividad por el incremento del ausentismo laboral.
La desnutrición, que ha presentado en las últimas décadas una sostenida tendencia a la baja, tiene un sobrecoste de 499,7 millones, porque supone un aumento en los gastos en salud, así como por su efecto pernicioso en la educación de los niños y en su futura productividad laboral.
«La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad limitan el óptimo desarrollo de los individuos y el bienestar de las comunidades, impactando negativamente sobre la productividad y el crecimiento económico», dijo el director del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, en un comunicado.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, subrayó que la malnutrición y el sobrepeso afectan «de manera creciente» a la población pobre y vulnerable de América Latina y el Caribe, «lo que la convierte en un factor más» de desigualdad en la región.
El sobrepeso afecta al 32,5 % de los dominicanos y la obesidad, al 27,8 % de la población, según el estudio, que se basa en datos de 2017.
«El estudio da cuenta de la manera en que interactúan las brechas sociales con el desarrollo económico, y la necesidad de invertir para cautelar el ejercicio de los derechos de las personas en el marco de un modelo de desarrollo sostenible en la región», agregó Bárcena.
El coste del 2,6 % del PIB sitúa a República Dominicana en la línea de México (2,3 %), país donde se presentó el informe en 2017, pero en mejor lugar que países con mayores problemas de desnutrición como Ecuador (4,3 %) o El Salvador (6,8 %).
El PMA y la CEPAL presentaron los resultados de este informe con el Gobierno de República Dominicana, a través del programa Progresando con Solidaridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública.
Fuente de la reseña: https://www.laprensagrafica.com/salud/Desnutricion-y-obesidad-le-cuestan-el-26-del-PIB-a-Republica-Dominicana-20200321-0058.html
Centro América/ Guatemala/ 23.03.2020/ Fuente: www.prensalibre.com.
Prensa, radio y televisión serán los medios por los cuales el Ministerio de Educación hará llegar a los estudiantes del sector público material para que puedan continuar con el aprendizaje en casa, mientras dure la cuarentena. Los colegios se valen de herramientas digitales para mantener al día a sus alumnos.
La pandemia del nuevo coronavirus ha llevado a la interrupción educativa alrededor del mundo. Más de un centenar de países tomaron la decisión de alejar a la población estudiantil de los establecimientos educativos para contener el virus. Son 850 millones de niños y jóvenes que no pueden asistir a clases, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Guatemala se sumó a la suspensión de clases en los centros educativos públicos y privados, donde hay cerca de 4.1 millones de estudiantes inscritos en los niveles de preprimaria hasta diversificado.
Este lunes se cumple una semana de que las escuelas y colegios lucen desiertos. El Ministerio de Educación (Mineduc) pone en marcha medidas para evitar que los escolares vean interrumpido su aprendizaje, sin embargo, el reto está en lograr que las áreas rurales también sean alcanzadas.
Se tenía previsto entregar guías de estudio a los padres de familia para que continuaran con el aprendizaje de los niños en casa durante los 21 días de cuarentena. Estas serían distribuidas en las escuelas, sin embargo, provocaría aglomeraciones en los centros, lo cual representa un riesgo de contagio.
Para evitarlo, el Mineduc trabaja ahora en material de las áreas de Matemática, Comunicación y Lenguaje, que serán difundidos a partir de este lunes a través de los medios de comunicación masiva.
“Esta semana salimos con la primera unidad de aprendizaje para los primeros cinco días de clases”, indica la ministra de Educación, Claudia Ruiz.
Se trabajarán unidades pedagógicas por semana para los estudiantes según su edad y el grado escolar que cursan. El contenido será en formato de cápsulas educativas y un mismo material se difundirá a través de la prensa, la radio y la televisión, también se compartirá por medios digitales.
El Mineduc ya cuenta con dos horas de espacio en el Canal de Gobierno y con tiempo de aire en la radio TGW -aún se coordinan los horarios- y se espera lograr alianzas con otros medios de comunicación para hacer llegar el material a los estudiantes y maestros.
Además, la cartera prepara material con la síntesis del contenido que se publicará en los medios de comunicación, el cual se entregará a los maestros cuando vuelvan al ambiente escolar, este les servirá para repasar con los estudiantes las competencias que se trabajen a distancia.
“Tenemos que ser creativos para poder llegar a los niños de la manera que podamos, y que el sistema educativo no se quede parado. A la ves estamos trabajando cápsulas con apoyo psicosocial para las familias”, dice la ministra.
Los retos en el área rural
Unesco menciona que interrumpir el aprendizaje pone en evidencia las desventajas de los estudiantes poco favorecidos, que tienen menos oportunidades educativas fuera de la escuela.
En las áreas rurales el acceso a la prensa, la televisión y la radio es limitado, lo que complicará que los estudiantes reciban los contenidos que el Mineduc compartirá.
De esa cuenta, los niños que están en comunidades alejadas tendrán que ser atendidos cuando se incorporen de nuevo a las aulas. Técnicos del Mineduc trabajan en unidades didácticas especiales que serán trasladadas a los maestros cuando se reanuden las clases.
En el reinicio del ciclo escolar, los docentes tendrán que usar ese contenido para desarrollar las competencias que los niños no alcanzaron durante la cuarentena. A los estudiantes se les entregará ese material impreso.
“No tenemos otra forma de llegar a ellos, lamentablemente somos un país con muchos desafíos en el tema la tecnología, con la electricidad, pero trataremos de llegar a la mayor cantidad de niños. Son 2.5 millones, entre preprimaria y primaria”, dice Claudia Ruiz, ministra de Educación.
Una preocupación de la cartera son los niños que cursan el primer grado de primaria, pues al concluir este nivel los estudiantes deben leer con fluidez y comprender lo que leen, según el Currículo Nacional Base (CBN).
La interrupción de las clases debilitará este proceso que de por sí no se consigue. Un estudio desarrollado por la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Mineduc, publicado en el 2018, desveló que solo uno de cada diez niños en el sector oficial logró ese nivel de desempeño.
“Ahorita cualquier esfuerzo que hagamos es bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados, pero si estamos preparando estrategias curriculares especiales para poder llegar a aquellos niños de las comunidades rurales”, agrega Ruiz.
Quienes tienen acceso a internet, en la página del Ministerio aparecen publicadas gruías de autoaprendizaje para estudiantes y guías especiales para los maestros, que tienen todas las competencias que se requieren por niveles, esto les permitirá mantenerse al día mientras dure esta emergencia.
No se tiene claridad de cuántos días podría durar la suspensión del ciclo lectivo, por lo que Ruiz no descarta que tanto establecimientos públicos como el sector privado tengan que reponer días de clases para alcanzar los 180 requeridos.
Incertidumbre entre los docentes
Maestros de Huehuetenango dicen desconocer estos planes del Mineduc. Hasta ahora lo que saben es que las escuelas abrirán hasta después de Semana Santa.
“A los patojos no les avisaron nada, pues el mensaje (del presidente Alejandro Giammattei) fue el viernes y el lunes ya no llegó nadie”, menciona uno de los docentes. Fue por cadenas de mensajes en redes sociales que algunos lograron comunicarse con los padres de familia para que no enviaran a sus hijos a estudiar.
En Santa Rosa sucede los mismo, los docentes no tienen información de parte del ministerio sobre lo qué deben de hacer para que sus estudiantes continúen aprendiendo durante los días de la cuarentena.
“No hay clases por 21 días, los maestros estamos en nuestras casas y no sabemos nada del Mineduc. Nosotros, de plano, trabajaremos hasta noviembre, tal como está la situación del coronavirus”, señala una docente.
A los educadores les preocupa que durante estas semanas tenían que hacer las evaluaciones del primer bimestre. Hay incertidumbre de lo que pasará con el proceso de enseñanza, y de que funcione la difusión de las capsulas educativas a través de los medios de comunicación, principalmente en las áreas rurales.
“Lo de la radio no funcionará porque (los niños) no escuchan ese medio, además no tienen la cultura de leer”, agregan.
Días sin alimentación escolar
Unicef señala que muchos niños dependen de la comida escolar gratuita para una nutrición saludable, y cuando las escuelas cierran, la nutrición se ve comprometida.
En Guatemala, la alimentación escolar es un beneficio que los estudiantes del sector público de preprimaria y primaria reciben en las aulas. Son 2.5 millos de niños que durante esta cuarentena ya no tendrán ese plato de comida, que para muchos hogares de escasos recursos representa una ayuda para saciar el hambre de sus hijos.
La intención del Mineduc es que el programa continúe en medio de esta crisis, y según Ruiz, trabajan en una propuesta que se espera sea aprobada por las autoridades de gobierno, para que el beneficio llegue a los niños durante el cierre de las escuelas.
Medidas en establecimientos privados
Los establecimientos privados de todos los niveles educativos deben presentar a las Direcciones Departamentales el plan de cómo trabajarán con sus estudiantes para que no pierdan días de clases por la cuarentena.
Hasta ahora muchos se han valido de plataformas digitales o de las redes sociales para compartir el contenido que sus alumnos deben desarrollar mientras permanezcan aislados en sus casas por disposición gubernamental. La intención es que no se atrasen en el aprendizaje para no reponer días de clases al final del ciclo electivo.
Aunque no todos tienen la capacidad de hacerlo. Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, indica que para los colegios pequeños puede representar un reto hacerlo, porque no cuenta con servicio de banda ancha para enviar la información y conectarse con sus estudiantes, pero pueden asignarles tareas para que las entreguen al reanudarse las clases, pues se debe seguir con el proceso educativo.
Ante la pregunta ¿cómo garantizar que los colegios cumplan con mantener a sus estudiantes al día con la práctica de enseñanza? Brown dice que hacer una supervisión directa a cada establecimiento es un reto, y la instrucción es informar al Mineduc lo que están haciendo para continuar con las clases en casa.
Para mitigar el impacto
La Unesco plantea varios puntos a considerar para evitar el impacto que la interrupción del ciclo escolar puede tener en los estudiantes, y para que que las autoridades educativas de cada país tomen en cuenta y se anticipen con acciones oportunas:
El aumento de la deserción escolar es un desafío, pues se debe garantizar que los niños y jóvenes regresen a las aulas después de que pase esta emergencia. En Guatemala el año pasado desertaron de las aulas 207 mil 540 estudiantes.
Las escuelas son centros de actividad social e interacción humana y cuando las escuelas cierran, muchos niños y jóvenes pierden el contacto social que es esencial para el aprendizaje y el desarrollo, lo que Unesco recomienda tomar en cuenta.
Con el cierre de las escuelas, es a los papás a quienes se les pide guiar a sus hijos en el aprendizaje en casa, pero para padres con educación y recursos limitados esto se dificulta, un punto a considerar.
Entre la comunidad educativa hay acceso desigual a los portales de aprendizaje digital, pues no todos tienen a su alcance la tecnología o la conectividad a internet, y se convierte en un obstáculo para el aprendizaje.
Fuente de la noticia: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/mineduc-difunde-guias-de-estudio-para-no-atrasar-ciclo-escolar/
Los países de Mesoamérica, entre ellos El Salvador, viven un «efecto embudo» en sus sistemas educativos, es decir que a medida que los niños y jóvenes crecen, son cada vez menos los que van a la escuela y adquieren los conocimientos y habilidades específicas de cada nivel educativo.
De acuerdo con una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la educación primaria se ha casi universalizado. «Sin embargo, ir a la escuela es condición necesaria, pero no suficiente para que los niños aprendan», puesto que solo el 46 % del total de infantes logra los «aprendizajes mínimos».
«En cinco de los ocho países con datos hay más niños que asisten a la escuela y no aprenden que niños aprendiendo en la escuela», dice la publicación.
El «efecto embudo» se hace evidente en la transición de la primaria a la educación secundaria, puesto que un tercio de los jóvenes queda excluido del sistema, en la gran mayoría de los casos porque abandona la escuela. Este porcentaje varía según países: desde 14 % en México hasta 57 % en Honduras. En El Salvador el 41 % no cursa la secundaria, y de los que sí lo hacen, el 44 % no la termina.
«El problema del abandono escolar es masivo y afecta a prácticamente todas las regiones del país… La exclusión también se hace notar en los aprendizajes. El porcentaje de jóvenes que cursa la secundaria y aprende lo mínimo es de 16 %, comparado con 43 % que no aprende lo mínimo a pesar de cursar la secundaria».
Según las estimaciones, de los 623,101 jóvenes de entre 20 y 24 años que viven en El Salvador, solo 87,234 terminan la secundaria con los aprendizajes mínimos esperados; 261,702 termina la secundaria sin lograr los aprendizajes mínimos, y 274,164 no termina la secundaria.
En El Salvador entre los problemas asociados a esta brecha educativa, están la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado laboral.
El país «sufre altos niveles de violencia, que se reflejan en que 23 % de los jóvenes que asisten a la escuela dice ser víctima de burlas, acosos o golpes», dice el BID, mientras que la pobreza «opera como otro filtro de exclusión», puesto que muchos jóvenes optan por realizar tareas domésticas en el hogar o salen a buscar trabajo remunerado en vez de estudiar.
Esto, abonado al desempleo juvenil, explica por qué 23 % de los jóvenes de El Salvador son categorizados como «ninis», es decir que ni estudian, ni trabajan.
«En Mesoamérica, el 11 % de la población migra de sus países; en El Salvador el porcentaje llega al 25 %. Las caravanas de miles de jóvenes marchando hacia el norte en busca de mejores oportunidades de vida sugieren que la migración también puede estar jugando su parte en el abandono escolar», afirma el estudio.
Fuente de la Información: https://www.laprensagrafica.com/economia/El-embudo-del-sistema-educativo-en-Mesoamerica-20200322-0055.html
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