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El cambio ha de ser estructural

Por: Dinorah García Romero

La necesidad es generar procesos capaces de producir un cambio estructural en un organismo que no evidencia posibilidad de recuperación en ninguno de sus componentes.

La sociedad dominicana tiene experiencia sobrada de lo que significa la represión militar y policial. En tiempos de dictaduras y en los períodos democráticos, se repite la misma historia. Son innumerables los casos de violación de los derechos humanos que se pueden nombrar. De igual modo, son incontables los problemas generados por esta represión en los ciudadanos, en las familias y en la sociedad. Abordar estos temas resulta generalmente difícil, por el historial de amenazas y de autoritarismo vigente en las instancias militares y policiales. Los educadores comprometidos con la democracia participativa y la educación crítica no pueden pasar por alto lo que acontece en la cotidianidad social y educativa de la República Dominicana. En esta ocasión, la situación ha de concitar la atención de todos los sectores de la nación. Uno de estos sectores, el educativo, ha de aportar lo mejor de sus talentos y metodologías para contribuir al impulso y ejecución de cambios estructurales en la Policía Nacional. Las reformas se han quedado en cambios cosméticos. Le aplican al problema un barniz; provocan, en el fondo, una acumulación de incidentes irresueltos que, pasado un tiempo, afloran y constituyen un detonante más. Las reformas no han afectado la raíz del problema; por tanto, constituyen una pérdida de tiempo, de recursos y de credibilidad. Hasta la fecha, no se ha visto ningún avance en la Policía Nacional con los intentos de reformas realizadas en otros gobiernos.

El cambio ha de ser estructural para que haya resultados. Urge introducir cambios significativos en las concepciones y en la práctica de la Policía. Para ello es necesario trabajar un cambio cultural, una visión antropológica y social nueva. Una reforma aporta poco en esta dirección. Un cambio estructural no se produce por generación espontánea; implica decisiones de políticas y procesos complejos, pero algún día hay que empezar. Este es el mejor tiempo para hacerlo. Contribuye a ello, el nivel de concientización que ha alcanzado la sociedad, así como el seguimiento sistemático que esta le concede al ejercicio democrático y participativo de la ciudadanía y de las instituciones.

Es conveniente cambiar la lógica y la organización de la Policía Nacional para liberarla de la corrupción, de la cultura del irrespeto a las leyes y de la educación precaria. En toda organización hay excepciones; por ello, no cabe duda de que en el cuerpo policial hay personas con formación respetable y comportamiento cabal. Esta minoría parece que está avasallada por una legión incontrolable en el tiempo, en la forma y en el método. Es insostenible la existencia de la Policía en las condiciones que exhibe cotidianamente: comprometidos con drogas, crímenes, violaciones de derechos y otros. Además, déficit de calidad de vida marcada por la desigualdad de oportunidades e inequidad. Llegó la hora de que la Policía Nacional regrese a la civilización y se aparte de la ferocidad. El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología han de colaborar en procesos encaminados a transformar el organismo policial del país. Los recursos económicos que se inviertan en una transformación sustantiva de la Policía Nacional tendrán una tasa de retorno más efectiva para el país. Los resultados serán más duraderos y consistentes. Las reformas, al ser epidérmicas, dejan un sedimento que permite la reproducción de los males que se pretenden extirpar. La necesidad es generar procesos capaces de producir un cambio estructural en un organismo que no evidencia  posibilidad de recuperación en ninguno de sus componentes. La reforma policial que impulsa el Presidente de la República es importante, pero insuficiente.

Fuente de la información: https://acento.com.do
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La desigualdad limita a mujeres emprendedoras dominicanas y centroamericanas

Por: Servicios De Acento.Com.Do

 

La principal motivación para emprender fue la necesidad de generar ingresos (45 %) y la satisfacción personal (32 %), mientras que sus ingresos son destinados mayoritariamente a la economía familiar.

La dificultad y desigualdad para tener acceso a créditos y el alto costo de la formalización son los principales limitantes que deben enfrentar las mujeres emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana, según un informe presentado este martes en San José, capital de Costa Rica.

El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) presentó el I Monitor de 2022 sobre Empresarialidad Femenina en la Región Centroamericana y República Dominicana, un estudio que recopiló la opinión de 630 mujeres emprendedoras y pequeñas empresarias.

Entre los principales hallazgos se encuentran que el 52 % de las empresarias consultadas expresó que no existen condiciones de igualdad en el acceso al financiamiento y más del 60 % financian sus actividades empresariales con recursos propios, mientras que los altos costos de la formalización (45 %) es otro de los obstáculos que deben enfrentar.

«La región presenta un ecosistema con importantes tareas pendientes para garantizar condiciones de igualdad que permitan el crecimiento de las mujeres empresarias, pese a que el 63 % consideran que tienen un entorno favorable para el desarrollo de sus emprendimientos», afirmó en la presentación el director ejecutivo de CELIEM, Luis Álvarez.

Según el informe, un alto porcentaje manifestó que en sus países existen programas para el impulso de las mujeres empresarias. Sin embargo, cerca del 40 % expresó que es carente la existencia de políticas públicas que garanticen su sostenibilidad.

Además, los altos costos de formalización y los trámites de tipo legal y administrativo constituyen parte de los principales obstáculos para el impulso de sus emprendimientos, aspecto que coincide con los principales elementos del III Monitor de 2021.

Los datos indican que la principal motivación para emprender fue la necesidad de generar ingresos (45 %) y la satisfacción personal (32 %), mientras que sus ingresos son destinados mayoritariamente a la economía familiar.

Otros de los retos que deben enfrentar al tomar su decisión de iniciar una empresa son la recarga de las responsabilidades de la vida familiar (33 %) y el miedo a fracasar (31 %).

«Pudimos identificar que la orientación está delimitada por su aspiración de mayores oportunidades de ingresos en donde el peso del cuido y la responsabilidad familiar representan un factor determinante para su crecimiento empresarial», explicó Álvarez.

El estudio también evidenció que, al analizar el nivel de involucramiento femenino, existen desafíos relevantes en lograr incrementar el liderazgo, participación y empoderamiento de las mujeres en el sector empresarial.

Por ejemplo, el 63 % de las encuestadas mencionaron que un 40 % de los cargos administrativos en sus empresas son ocupados por mujeres, mientras que solo 15 % recurre a contratación femenina para ejecutar las tareas técnicas y a nivel de cargos directivos.

Pese a que un 64 % de las mujeres son propietarias, solamente el 53 % de ellas ocupan la presidencia de la junta directiva de su negocio.

La encuesta fue realizada del 22 de febrero al 1 de abril de 2022, con una participación de 630 mujeres empresarias de pequeñas y medianas empresas de la región. La recolección fue de forma digital

Fuente de la información e imagen: https://acento.com.do

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Costa Rica: Gobierno invirtió ₡247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos cuatro años

Gobierno invirtió ₡247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos cuatro años

Autor: nitzi.picado.deleon@mep.go.cr

Obras en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita en San José, en el Instituto de Alajuela, en el Liceo Académico Llano de los Ángeles en Corralillo de Cartago, en el IEGB de Limón 2000, en la Escuela Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces, Guanacaste; en la Escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily en Corredores, Puntarenas, y en la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva, Heredia, son un pequeño muestrario de los 582 proyectos de infraestructura educativa realizados por el Gobierno entre el 2018 y el 2022.

Con estas obras se han beneficiado 220.000 estudiantes en todo el país.

En total, la Administración Alvarado Quesada invirtió ₡247.647 millones en centros de educación preescolar, escuelas y colegios.

De ese monto, ₡197.716 millones corresponden a trabajos finalizados, entre obras nuevas, remodelaciones, mantenimiento mayor e intervenciones menores, en todas las provincias: 139 obras se desarrollaron en Alajuela, 117 en Puntarenas, 115 en San José, 75 en Guanacaste, 68 en Limón, 38 en Cartago y 30 en Heredia.

Además, quedan 47 obras en ejecución y hay 39 proyectos en etapa de adjudicación.

“Durante estos cuatro años trabajamos para avanzar en importantes proyectos de infraestructura educativa en todo el país. Tuvimos la claridad de que esta es una inversión en el presente y el futuro de nuestros estudiantes para ofrecerles una educación de calidad. Hicimos un gran esfuerzo porque las necesidades son enormes y nuestros recursos limitados. Tenemos la satisfacción de ver tantas obras finalizadas en todas las provincias para el bien de la niñez, la juventud y el desarrollo de las comunidades”, dijo Carlos Alvarado, presidente de la República.

A lo largo del territorio nacional. Como resultado de este trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP), hubo mejoras y renovaciones en centros educativos de la provincia de San José como el Liceo Napoleón Quesada en Goicoechea (casi ₡5.340 millones), en la Escuela Ramón Bedoya Monge en San Antonio de Puriscal (₡829,4 millones) y en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey (₡773 millones).

En la provincia de Limón se efectuaron importantes obras en 68 instituciones, entre ellas el CTP de Guácimo (unos ₡1.690 millones), el IEGB de Limón 2000 (₡1.567 millones), la Escuela La Teresa en Pococí (casi ₡728 millones) y la escuela de Hone Creek (₡344,9 millones).

Las escuelas Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces con una inversión de ₡1.789 millones, María Marín Galagarza en Santa Cruz con ₡792 millones y de Cartagena con ₡502,7 millones muestran el avance en Guanacaste.

En Heredia se transformó la infraestructura  en el CTP del Este en Santo Domingo (₡750,6 millones), la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva (₡532,8 millones), el IPEC Barva (₡483,7 millones) y el Liceo Rural Durán Ocampo en Puerto Viejo de Sarapiquí (₡413,5 millones), mientras que en la provincia de Alajuela quedaron las mejoras y obras nuevas en el Instituto de Alajuela (₡4.380,7 millones), el CTP de Upala (₡1.974 millones), la Escuela Sarchí Norte (₡557,6 millones) y Escuela Enrique Riba Morella en Pilas (₡874,6 millones), entre muchas.

Además, en la provincia de Cartago se invirtió en las escuelas Eduardo Peralta Jiménez en Tucurrique (₡786,7 millones) y Jesús Jiménez (₡590 millones) y el Colegio Nocturno de Cartago (más de ₡1.015 millones), y en Puntarenas en instituciones como la escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily (₡1.281,6 millones), escuela Guayacán en Laurel (₡645,4 millones) el Liceo Rural de Salitre en Buenos Aires (₡620 millones) y el Liceo Rural El Progreso en Comte Burica (₡561 millones).

Cambios necesarios. Además, se avanzó en la agilización de  los procesos constructivos en el MEP con el fin de atender las grandes necesidades en materia de infraestructura educativa que vienen desde hace décadas y las limitaciones de presupuesto para los requerimientos de tantos centros de estudio.

 Steven González Cortés, ministro de Educación Pública, dijo que la reorganización de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) planteó un nuevo modelo de trabajo enfocado en proyectos que busquen optimizar los procesos constructivos con acciones administrativas más ágiles y modernas. “Modernizar los procesos de la DIE permitirá satisfacer la demanda de las poblaciones y será un camino sistemático que busque aplicar técnicas e instrumentos que mejoren la gestión”, aseveró el jerarca.

Entre los grandes avances en este ámbito están:

Modificación del artículo 145 de la Ley de Contratación Administrativa en 2020. Permitió a la Proveeduría Institucional del MEP, contratar obras constructivas de alta cuantía por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). De esta forma, hay mayor control del gasto y del proceso como tal.

Agilización de procesos. Se creó una lista de empresas precalificadas, tanto para obra constructiva como para el diseño de planos. Esta es una de las formas de agilizar procesos, al permitir que las contrataciones se hagan por paquetes y en determinadas zonas, lo cual facilitará el plan de acción. En este momento, el MEP se encuentra a la espera de la aprobación de dicha lista por parte de la Contraloría General de la República.

Creación del Departamento de Mantenimiento. Aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la creación de esta dependencia permitirá disminuir los riesgos asociados al deterioro de las plantas físicas y reducir el número de órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. En la actualidad, la estructura está sujeta a contenido presupuestario, detalló el ministro de Educación.

Atención de solicitudes de infraestructura. Catalina Salas, directora de la DIE, se refirió a los avances en la gestión de los macroprocesos para atender las solicitudes de infraestructura educativa de los centros educativos.

Mencionó que, a partir del decreto ejecutivo 38170-MEP, un cambio significativo es que la Dirección de Planificación Institucional (DPI) del MEP, ha venido trabajando con la DIE en establecer una estrategia de atención de dichas solicitudes involucrando a parte importante de la estructura administrativa regional que tiene el MEP distribuida a lo largo y ancho del país.

Según dicha estrategia, las solicitudes deben ser avaladas inicialmente por el supervisor de circuito, quien, a su vez, las traslada a la Dirección Regional para su validación. Luego, la DPI usaría una serie de variables de evaluación para trasladarle a la DIE un listado priorizado de solicitudes por atender en materia de infraestructura educativa.

 

Fuente de la Información: https://www.mep.go.cr/noticias/gobierno-invirtio-%E2%82%A1247647-millones-infraestructura-educativa-ultimos-cuatro-anos

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Nicaragua: MINED y UNAN- Managua realizan congreso “Buenas Prácticas de Educación Inclusiva”

MINED y UNAN- Managua realizan congreso “Buenas Prácticas de Educación Inclusiva”

Con la participación de Especialistas cubanos, se realizó este sábado 7 de mayo, el congreso Buenas Prácticas de Educación Inclusiva, que tiene como propósito fortalecer conocimientos, capacidades para diseñar y ejecutar proyectos escolares que promuevan la inclusión de Estudiantes con discapacidad.

En el congreso de manera presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua), participaron asesores pedagógicos, docentes y directores de centros educativos, que cursan estudios de Maestría en Discapacidad con Énfasis en Educación Inclusiva.

Susana Rugama, directora de Educación Especial del MINED, explicó que este el Primer grupo de profesional que se formación de manera especializada, para atener con calidad a los niños y niñas de los centros educativos, siendo coherentes con el modelo de educación, desarrollado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que se centra en el ser humano.

Indicó que en total son 37 docentes, los que se están especializando, a los que además motivo para seguir adelante en su formación, que finalizará en el año 2023.

Por su parte el Dr. Santiago Borjes, en el congreso abordo el tema: Construyendo Prácticas Inclusivas Miradas Pedagógicas.

El Dr. Jacomino Mendoza, también de origen cubano sirvió de facilitador de esta actividad pedagógica, donde los protagonistas compartieron experiencias educativas exitosas inclusivas en la práctica laboral en sus territorios.

 

Fuente de la Información; https://www.mined.gob.ni/mined-y-unan-managua-realizan-congreso-buenas-practicas-de-educacion-inclusiva/

 

 

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Severo golpe a la educación superior en Nicaragua

En el último semestre, ocho universidades privadas de Nicaragua fueron clausuradas permanentemente por el gobierno del presidente Daniel Ortega y sus bienes confiscados. Además, se canceló el permiso de operación de siete universidades extranjeras y se reformaron las leyes de educación superior.

La justificación oficial para la medida es que estas instituciones privadas no cumplieron con el requisito de informar detalles de su estado financiero, exigido a todas las organizaciones sin fines de lucro.

Las universidades afectadas sostienen que intentaron entregar sus informes fiscales al Ministerio de Gobernación dentro del plazo establecido, pero este se negó a recibirlos.

En opinión de los afectados, las medidas, dictadas por la legislativa Asamblea Nacional, son inconstitucionales y ponen fin a la autonomía universitaria.

“Están matando a las universidades en Nicaragua”, dice a SciDev.Net el químico Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM), que sigue abierta. “Todo este espectáculo lo hacen con el objetivo final de callar las voces críticas en la sociedad”, precisa.

Medina es uno de los más de 200 000 nicaragüenses (3 % de la población), que viven en el exilio. El científico salió del país en julio pasado cuando muchos de sus amigos cercanos y estudiantes fueron detenidos por su posición contraria al gobierno de Ortega, quien tiene 15 años consecutivos en el poder.

La tensión entre la academia y el gobierno se agravó desde abril de 2018, cuando estudiantes de todo el país salieron a las calles para protestar contra reformas sociales. El gobierno respondió con una ola de represión sin precedentes.

En un par de meses, más de 150 estudiantes fueron expulsados de universidades públicas, más de 300 personas asesinadas por la policía y más de mil detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expulsada del país el pasado 19 de abril.

“Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”: Helena Nader.

Cerca de 18 000 estudiantes han sido afectados con el cierre de las universidades, dos en diciembre 2021 y seis en febrero 2022.

Entre ellas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), conocida por su escuela de formación de enfermeras, y la Universidad Paulo Freire, que tenía carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Las instituciones cerradas mantenían posiciones en defensa de los estudiantes y contra la violencia y las detenciones de la policía.

“Evidentemente estamos cerrados porque hemos tomado una posición muy clara sobre el gobierno, que está en guerra contra el país, los estudiantes, las universidades y todos los que no son cómplices”, señala Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.

Meza está exiliado en Costa Rica desde el día siguiente del anuncio del cierre en febrero para evitar ser encarcelado por comentarios contrarios a la decisión del gobierno.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo público que coordina la política nacional de educación superior, tomó el control de los bienes de las universidades canceladas y anunció la apertura de tres nuevas universidades públicas para dar continuidad a los programas académicos.

Pero Meza asegura a SciDev.Net que a muchos estudiantes no les es posible continuar los estudios en las nuevas universidades porque sus certificados académicos no son reconocidos y otros, en proceso de graduación, no consiguen obtener sus diplomas.

“El gobierno no está teniendo la capacidad para absorber tantos estudiantes afectados” indica desde el exilio.

Añade que los rectores de las nuevas universidades creadas han rechazado a la mayoría de docentes de las universidades clausuradas aduciendo que han sido catalogados como “adversos a la ideología del régimen” y no serán incorporados a las nuevas instituciones.

Muchos estudiantes también tendrán que abandonar la vida académica, según Meza, por temor a represalias por su participación en las protestas contra el gobierno.

Explica que algunas universidades privadas hoy cerradas, como la Paulo Freire, habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.

Todo el poder al CNU

Además del cierre de universidades, el 6 de abril el gobierno de Ortega también aumentó el poder del CNU, que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores.

“Se canceló la autonomía universitaria en Nicaragua”, sentencia Meza. “El principio fundamental de la educación superior es la libertad de cátedra para alimentar en el estudiante un sentido crítico”.

SciDev.Net buscó insistentemente la versión del CNU, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.

Diversos científicos consultados por SciDev.Net, que viven en Nicaragua y prefirieron no identificarse por temor a represalias, creen que con la medida se intensificarán las dificultades para conducir investigaciones científicas en áreas contrarias a los intereses del régimen, como por ejemplo estudios sobre la pandemia de covid-19, frecuentemente minimizada por el gobierno, y estudios del impacto ambiental de la ya aprobada construcción de un megacanal que unirá el atlántico al pacífico.

Desde el anuncio del proyecto, diversos investigadores fueron despedidos por hablar contra esa construcción. Hace dos años, la Academia de Ciencias de Nicaragua tuvo un apoyo gubernamental de US$ 150.000, cancelado después de organizar un fórum de discusión científica sobre el canal.

“Es extremadamente grave”, añade la doctora en derecho Maria Luisa Acosta, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, en el exilio desde 2018. “Tenemos un país en que el estado nos va a decir qué pensar, cómo pensar y en qué áreas tenemos que trabajar”, comenta a SciDev.Net.

Las reformas en las leyes también despojaron, en marzo, del presupuesto constitucional a la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más antiguas de Nicaragua y considerada uno de los últimos centros de libertad de expresión. El fondo, que ya había sido reducido en US$ 7 millones en los últimos cuatro años, se utilizaba para financiar más de cuatro mil becas a estudiantes sin medios financieros.

Las colaboraciones internacionales en ciencia también están perjudicadas. Además de cancelar los permisos de instituciones extranjeras que ofrecían cursos y tenían proyectos de investigaciones científicas, el gobierno aprobó en octubre de 2020 una ley que obliga a los nicaragüenses que trabajan en organizaciones internacionales a identificarse como “agentes extranjeros”.

Pero los agentes extranjeros son perseguidos por el gobierno, afirman los investigadores.

La bióloga molecular Helena Nader, copresidenta de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, informó que la institución está preparando un documento que se enviará al Consejo Internacional de Ciencias para buscar apoyo a los académicos de Nicaragua. “Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”, afirmó Nader a SciDev.Net.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/05/severo-golpe-a-la-educacion-superior-en-nicaragua/

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El Salvador: La educación llega por primera vez al caserío El Trigalito, en Chalatenango

América Central/El Salvador/06-05-2022/Autora: Lissette Lemus/Fuente: www.elsalvador.com

La niñez de este caserío de Dulce Nombre de María, Chalatenango, tiene un aula integrada. La comunidad necesita apoyo para la construcción de la escuela.

El sueño de los habitantes del caserío de Dulce Nombre de María, Chalatenango, es tener acceso a su propia escuela. Video EDH/ Nohemí Angel

El temor invadió a los padres de familia en el caserío El Trigalito después que una niña murió tras caer en una quebrada en 2008 y un niño fue asesinado en 2018. Ambos hechos ocurrieron cuando los menores iban camino a la escuela.

Esa fue la razón, por la que muchas familias no enviaran a sus hijos a estudiar y las que sí tenían que ingeniárselas para que sus niños y niñas no corrieran peligro.

Delmy Ábrego tuvo que dejar con sus abuelos maternos a su hijo Edwin cuando tenía 6 años, para que tuviera acceso a educación de Parvularia el año pasado.

“Fue difícil, pero nos consolaba que él no lloraba cuando nos veníamos”, dice Delmy.

La maestra debe viajar desde Chalatenango y quedarse toda la semana en la comunidad. Foto EDH/ Lissette Lemus

Edwin forma parte del grupo de 15 niñas y niños beneficiados con un aula improvisada en la ermita de la Virgen de los Remedios.

Los residentes también ya iniciaron el proceso para tener un permiso y la codificación por parte del Ministerio de Educación, lo cual podría tardar más de un año.

En el interior la ermita ha sido divida en dos partes, una para el servicio religioso y otra para las clases. Foto EDH/ Lissette Lemus

Mientras tanto, cuando llega la hora del recreo los niños y niñas deben organizarse porque solo tienen una pelota y dos aros de hula -hula para jugar durante el recreo, los cuales les han sido prestados por los maestros de una escuela de otro cantón.

“Los estudiantes de la otra escuela preguntan cuándo se les van a regresar los aros de hula-hula, pero ahorita es lo único que ellos tienen para jugar”, comenta una madre de familia.

Foto/ Lissette Lemus
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Guatem-mata, un mensaje no tan subliminal

Por: Vásquez Araya Carolina

Hay metidas de pata y hay actos fallidos. No confundir.

Para explicar el extraño encabezado de esta columna, debo señalar que se refiere a la más reciente actuación de la secretaría de comunicación de la presidencia de la república de Guatemala en donde algún genio del diseño tuvo la ocurrencia de crear un logotipo engañoso en donde se lee, claramente: Guatemmata. Es decir, un intento torpe por imprimir la idea de Giammatei (la doble mm) en la identidad del país.

No está demás decir que este es solo un ejemplo mas de la incapacidad de quienes rodean a ese proyecto de dictador propio de una república bananera. Lo que llama la atención de este paso en falso, es la veracidad implícita en ese logotipo. En Guatemala, efectivamente, el Estado y su gobierno, matan. Matan a sus niñas, niños y adolescentes; matan cualquier oportunidad de desarrollo; extinguen a una justicia endeble y engañosa por medio de un sistema de corrupción nunca antes visto apoyado por todos los poderes del Estado y, desde las sombras, por el sector empresarial organizado aliado con organizaciones criminales. Y también a quienes luchan por proteger su tierra y su democracia.

Imposible dejar de señalar lo que ocurre actualmente en Guatemala. Un país abandonado por la comunidad internacional pero, aún peor: abandonado por sus habitantes de las áreas urbanas, divorciados de sus coterráneos del sector rural a partir de estrategias divisionistas cargadas de racismo.

Guatemala es el ejemplo de lo que un país no debe ser. Sus mejores ciudadanos son ferozmente hostigados y se les obliga a abandonar su patria para sobrevivir. Periodistas y comunicadores éticos, afanados en una lucha sin tregua por investigar y difundir la verdadera tragedia en esta nación castigada, sufren toda clase de acosos y amenazas, se les impide el acceso a la información pública, se les persigue y, como si eso fuera poco, desde su más altas instancias el sector político organiza una masiva campaña de desinformación, a la cual algunos medios de comunicación se unen sin dudarlo, haciendo uso de los abundantes fondos del Estado.

Delincuentes procesados por delitos de alto impacto -muchos vinculados al poder económico- se han refugiado en un sistema jurídico desmantelado a propósito y poblado de jueces y magistrados corruptos, con el propósito de criminalizar a los pocos juristas probos que van quedando y evadir así la acción de la justicia.

En medio de esta descomposición extrema, resulta sospechoso el silencio de la comunidad internacional. Sugiere que el colapso de un país tercermundista podría resultar beneficioso para sus empresas dedicadas a saquear recursos naturales, a sus planes de expansión económica o a la mas que obvia oportunidad de incidir en sus políticas internas. Porque así es como funcionan las dinámicas del poder y también el colonialismo solapado bajo planes de desarrollo.

El creador del nuevo logotipo para Guatemala ha hecho, sin querer queriendo, una de esas revelaciones inconscientes que suelen definirse como un acto fallido. En la verdad no hay engaño y ese país abundante en recursos y riqueza, pero gobernado por una pandilla de empresarios, políticos, narcotraficantes y militares corruptos, es ahora el ejemplo más lamentable de cómo es posible saquear a una nación ante un mundo impávido, manteniendo divididos a sus ciudadanos para conservar la impunidad absoluta sobre sus crímenes.

El colapso de un país tercermundista ante la pasiva mirada del mundo.

elquintopatio@gmail.com @carvasar

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

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