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Guatemala: Los cepos morales

Los cepos morales

Carolina Vásquez Araya

El Diccionario de la Lengua Española, en su versión actualizada al 2021, define el honor -entre otras acepciones- como “Buena opinión granjeada por la honestidad y el recato en las mujeres”. Desde este enunciado viene implícito un estereotipo discriminatorio, mediante el cual se demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura con respecto a su sexualidad y su relación con los demás. Esta visión de las expectativas sociales hacia la sexualidad femenina es proyectado como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal, desde la cual se legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.

El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por esta dudosa concepción del “honor”, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.

Bajo la excusa de la cultura y la tradición, en todo el mundo se cometen los más abominables abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es una cuestión de poder patriarcal y sus perpetradores terminan siendo protegidos por un marco jurídico en cuya nebulosa legal se amparan los crímenes sexuales. El nivel de impunidad en esos delitos cometidos, por lo general, por hombres cercanos a sus víctimas, es una auténtica forma de tortura. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado, arcaico y distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas por un crimen sexual contra alguna de sus integrantes, sufrirían ostracismo y marginación por parte del resto de su comunidad. Un castigo no solo injusto, sino marcado por un profundo desprecio por la naturaleza femenina.

El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.

Tampoco es aceptable -de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice- condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.

El honor, como el mismo DRAE lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en nuestros países –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro alrededor del mundo- ubican el concepto de honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.

Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala. La des-satanización de la naturaleza femenina es una obligación moral de las sociedades y también una deuda histórica. Los credos religiosos, cuyos principios insisten en discriminar a la mujer, deben experimentar una revisión de fondo y corregir las aberraciones conceptuales cuya fuerza tanto daño sigue ocasionando en más de la mitad de la población.

El concepto de honor no puede residir en la discriminación, castigo ni marginación.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Fuente de la Información: https://iberoamericasocial.com/los-cepos-morales/

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Panamá investiga denuncia de esterilización a mujeres indígenas

Las cirugías se habrían sido practicado en un hospital público y sin consentimiento de las afectadas.

El Gobierno de Panamá y la Defensoría del Pueblo informaron este viernes el inicio de investigaciones sobre posibles esterilizaciones a mujeres indígenas, las cuales habrían sido realizadas en un hospital público y sin consentimiento de ellas.

A través de un comunicado, el Ejecutivo dio a conocer que «el Ministerio de Salud inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos» para esterilización «sin el debido consentimiento de los pacientes».

El texto añade que la cartera también solicitará información a las autoridades sanitarias de la comarca indígena Ngäbe-Buglé y en la provincia Bocas del Toro, al noroeste del istmo.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo informó la creación de una comisión de derechos humanos para profundizar en el tema.

Además, la vicepresidenta del Parlamento, Kayra Harding, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

La apertura de las pesquisas se concretó luego de que el pasado martes, durante la sesión de la comisión parlamentaria de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, la diputada suplente Walkiria Chandler se refirió a la visita que junto a otros legisladores hizo en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, en Bocas del Toro.

Durante la misma recibieron denuncias de una docena de mujeres que, tras dar a luz en un hospital lejano, nombrado El Silencio, despertaron y constataron que habían sido esterilizadas sin su consentimiento.

De acuerdo con medios de prensa, tras recibir las denuncias los asambleístas redactaron un informe y solicitaron que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre (quien no se encuentra en el país), compareciera ante la comisión, pero este no se presentó pese a tener conocimiento.

En la sesión de la citada comisión también participó la ministra interina de Salud, Ivette Berríos, quien en lugar de atender la preocupación refirió que Chandler no disponía de pruebas y que todo obedecía a una conspiración política.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/panama-investiga-denuncia-esterilizacion-mujeres-indigenas-20220218-0023.html

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Costa Rica destina 7,5 % del PIB a la infancia, según estudio de Unicef

El Estado de Costa Rica destinó durante el 2020 alrededor del 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la atención de los menores de edad, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo reveló que un 81 % de estos recursos se destinaron en forma directa, con becas, comedores escolares y hospitales, mientras que un 19 % fue de forma indirecta, a través de bonos de vivienda, cuidados prenatales y otros del entorno protector.

La mayoría del gasto público se dirigió hacia las personas entre los 12 y 17 años con un 39 % del gasto total; seguido por el gasto recibido por personas entre los 6 y 11 años (37 %) y por último, el gasto en personas menores de 5 años (24 %). Además un 52 % del gasto fue hacia hombres y un 48 % hacia mujeres.

«Invertir en la infancia es una forma estratégica de reconstruir el país social y económicamente durante y después de la pandemia. Estos datos nos muestran la importancia de contar de forma permanente con este tipo de análisis, para enfrentar los desafíos y cerrar las brechas presupuestarias para que cada niño, niña y adolescente pueda contar la protección de todos sus derechos y desarrollar todo su potencial», dijo la representante de Unicef, Patricia Portela.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Del total de recursos directos, un 49 % se invierten en educación por medio de entidades como el Ministerio de Educación Pública, seguido de salud en donde se destina el 28 %, por medio de las acciones, en su mayoría realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

En el área de protección social se destina el 12 %, en donde se destacan las iniciativas de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, que entre sus acciones, buscan brindar protección a las personas menores de edad.

«Es una tarea ineludible del Estado garantizar el disfrute de los derechos de las personas menores de edad. Es así como la información que provee este estudio busca servir de base para el análisis y seguimiento de las políticas públicas y objetivos sociales establecidos», manifestó la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez.

Con respecto a la inversión por derechos de la niñez y la adolescencia, la mayor proporción se destina al derecho de desarrollo, que representa el 54 % del gasto total; seguido de supervivencia con un 37 %.

Según explica la investigación esto es debido a que el país dirige gran parte de sus esfuerzos y recursos a fortalecer el sistema educativo y de salud para que la población cuente con servicios de fácil acceso y calidad.

Los derechos, cuyas áreas están recibiendo una menor asignación, son protección con 9 % del gasto total dirigido a las personas menores de edad y un 0,4 % en el tema de participación.

El documento es realizado por el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con 66 instituciones públicas y el acompañamiento de Unicef y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-infancia_costa-rica-destina-7-5—del-pib-a-la-infancia–seg%C3%BAn-estudio-de-unicef/47354974

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El Salvador: Sindicatos de docentes dicen que ministra Hananía debe presentar las pruebas de los ilícitos que señala

América Central/El Salvador/18-02-2022/Autora: Evelia Hernández/Fuente: www.elsalvador.com

Desde el seno de algunas gremiales señalan que si la titular de Educación no denuncia los casos de venta de plazas que dice conocer, estaría cayendo en un ilícito.

El secretario general de Simeduco, Daniel Rodríguez, afirmó ayer que la Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, trata de frenar a las gremiales docentes con amenazas de que va a presentar documentos en la que vincula a sindicatos de profesores con irregularidades en la contratación de docentes.

“Nosotros le decimos a la señora ministra que presente las pruebas, porque ella siempre tiene ese problema que hace aseveraciones con respecto a ilícitos que se están desarrollando por parte de los docentes. En agosto de 2019 manifestó que los directores, por ejemplo, teníamos chanchullos con los proveedores de servicios de paquetes escolares. Nosotros como Simeduco le pedimos que presente las respectivas denuncias a la Fiscalía y solo presentó 30 avisos (que) para 5,000 escuelas no es significativo”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que la titular de Educación ha venido refiriéndose a ellos con expresiones peyorativas hasta el grado de ofenderlos de que no saben leer ni escribir.

El dirigente sindical dijo que si la ministra Hananía de Varela tiene los documentos, que denuncie a los sindicatos que han vendido y comprado plazas, dado que ellos como Simeduco se consideran libres de señalamientos, puesto que no se han prestado para ese tipo de cosas.

Según indicó, la titular de Educación debe presentar pruebas en todas las áreas y en este contexto incluso dar cuentas del porqué un hijo de ella está como Ministro de Gobernación.

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El profesor Daniel Rodríguez, secretario general deL Simeduco, presentó hoy un recurso para que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional el Decreto Legislativo No. 69, que abrió el camino para que el Ministerio de Educación contrate a docentes por Ley de Salario. Imagen de carácter ilustrativo y no comercial/ Cortesía

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Honduras: Se profundiza violencia contra personas LGBTI

POR: GIORGIO TRUCCHI 

Jonathan Martínez, César Zúñiga y María Fernanda Martínez fueron asesinados el pasado 2 de febrero en San Pedro Sula y La Libertad. Ya son 5 las personas sexo-género diversas asesinadas en lo que va del año.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Martínez y César Zúñiga, que eran pareja, fueron ultimados de varios balazos por desconocidos vistiendo uniformes de la policía militar.

La misma noche fue asesinada con saña la joven María Fernanda Martínez, quien recibió más de diez disparos y una piedra en la cabeza.

En el mes de enero había sido asesinada en Tegucigalpa Thalía Rodríguez, reconocida activista por los derechos de las mujeres trans.

Según el Observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas, los ataques en Honduras contra la comunidad LGBTI han dejado un saldo de 28 personas asesinadas el año pasado, 405 en los últimos 13 años. Más del 90 por ciento ha quedado en la impunidad.

Los tres asesinatos del 2 de febrero fueron condenados por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La Oficina expresa su preocupación frente a los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas LGBTI en el país.

El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por estos crímenes, y la no repetición de los hechos”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La Oacnudh instó a las autoridades a “realizar investigaciones prontas que incluyan la línea de investigación de crimen de odio”.

Fuente de  la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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La universidad en la ciencia que ha salvado a Cuba

Cuba fue el único país del mundo que abrió su sistema educacional con todo su personal docente, sus niños y sus estudiantes vacunados contra la COVID-19, y, después de inmunizada masivamente su población pediátrica, no ha muerto ni un solo niño por la enfermedad.

Así lo recordó este martes Yuri Valdés Balbín, director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas, para fundamentar cómo hay una participación decisiva de las universidades en los resultados que muestra el archipiélago contra la COVID-19.

Al intervenir en el Congreso Internacional Universidad 2022, el diputado a la Asamblea Nacional y Héroe del Trabajo de la República de Cuba, explicó que, desde un inicio, se entendió, por el país y por la comunidad científica, que íbamos a tener que responder a la urgencia con las capacidades que teníamos: una industria de vacunas de más de 30 años de experiencia, y antecendentes exitosos de las relaciones de esta industria con la universidad.

Relató que, en la década de los 80, las vacunas no funcionaban en niños menores de dos años, hasta que en 1987 un laboratorio de la Universidad de La Habana obtuvo la primera que resolvía ese problema, y otro laboratorio de la misma institución, el de Antígenos Sintéticos, en 1989 empezó un proyecto de una vacuna conjugada. «Hablamos de un conocimiento que se gestó en una universidad y que, después, se puso en función de un problema de salud».

Puso el ejemplo de la vacuna conjugada Quimi-Him (contra  el haemophilus influenzae tipo B), a partir del diseño gestado en la universidad, y que luego se insertó en una formulación pentavalente.

Mencionó también la vacuna Quimi-Vio (contra el Streptococcus pneumoniae), que nos concede soberanía para combatir las enfermedades producidas por una bacteria considerada «asesina de niños».

La capacidad tecnológica surgida de nuestras universidades ha demostrado que somos capaces de hacer ciencia con impacto social y generar repercusión económica, dijo Valdés Balbín y, argumentó cómo la respuesta cubana a la COVID-19 ha sido otra muestra de ello.

Una expresión contundente es la tercera posición a nivel mundial que ocupa la Mayor de las Antillas en cobertura de vacunación, según el sitio web de referencia internacional Our World in Data; un resultado exaltado en Twitter, este martes, por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «Fue difícil llegar hasta ahí, pero lo logramos en medio de las peores circunstancias. La dificultad, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, se convirtió en oportunidad», escribió.

Fuente: https://www.granma.cu/cuba/2022-02-08/la-universidad-en-la-ciencia-que-ha-salvado-a-cuba-08-02-2022-23-02-22

 

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Docentes se movilizan en Puerto Rico exigiendo justicia salarial

«Las trabajadoras en lucha marcan el ritmo de esa otra vida que buscamos construir: digna y plena”, precisó la Colectiva Feminista.

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que el sector de los bomberos no ha recibido un incremento de su salario en los últimos 12 años.

Organizaciones, gremios y movimientos puertorriqueños se movilizaron este miércoles para exigir justicia salarial y retiro digno para los maestros, luego que el gobernador Pedro R. Pierluisi negara la posibilidad de la protesta.

Por su parte, la Colectiva Feminista declaró que la manifestación fue convocada por las maestras, los distintos gremios, sindicatos, trabajadoras y pueblo indignado reclamando un retiro digno y un aumento salarial.

“Hoy marchamos porque con cada desprecio a las trabajadoras, con cada salario de miseria y con cada recorte en servicios esenciales, nos expulsan del país y lo vacían para que sea el paraíso de otros”, denunció la colectiva feminista.

A la movilización gremial se sumó la Gran Marcha de la Indignación los miembros del Negociado de Bomberos, policías y alguaciles que arribaron hasta la actual residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, La Fortaleza.

“Mientras que el gobernador Pierluisi demuestra su enajenación ante los efectos que tienen las políticas de miseria de su gobierno y sus allegados, políticas que asfixian a las trabajadoras y que nos expulsan del archipiélago, las maestras y trabajadoras en lucha, en cambio, marcan el ritmo de esa otra vida que buscamos construir: una vida digna y plena”, remarcó la organización de mujeres, las cuales defienden que las mujeres constituyen 80.5 por ciento de los maestros del país.

Colectiva Feminista alertó que “las maestras, así como todas las trabajadoras que además de ejercer una profesión asumen las labores fundamentales de cuidados y mantenimiento de la vida, y que se asumen hoy y siempre confrontando a un estado que las piensa y trata como desechables, no están para aceptar las migajas temporales de un gobierno parasitario que les debe (nos debe) todo”.

Medios locales indicaron que las dirigentes de El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), Mercedes Martínez y Migdalia Santiago, fueron recibidas este miércoles en la sede del gobernador pero este no estuvo presente.

Dichas plataformas también advierten que el sector de los bomberos no ha recibido un incremento de su salario en los últimos 12 años. Por otro lado a partir del 1 de julio, los docentes recibirán una bonificación de 1.000 dólares mensuales hasta 2024, aunque para el profesorado no representa una garantía a largo plazo.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-docentes-movilizan-exigiendo-justicia-salarial-20220209-0041.html

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