Los educadores de Herrera, Los Santos y Coclé reiteraron el llamado a huelga general para el próximo 18 de julio, de no llegar a un acuerdo con el Gobierno de los aspectos pactados en las mesas de diálogo.
Ya los educadores chiricanos decidieron apoyar el llamado.
Reunidos en el auditorio del Centro Regional Universitario de Azuero, los docentes señalaron que han sido suficientemente pacientes con el Gobierno, con el cual no han podido llegar a un acuerdo, a pesar de que desde hace dos años se encuentran dialogando sobre diferentes aspectos, sin ningún resultado concreto.
Yadira Pino, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, quien llegó a la asamblea para apoyar a los docentes herreranos, indicó que el gremio ha demostrado contar con capacidad de diálogo, ya que han dado oportunidades al Gobierno para que otorguen las respuestas, sin ningún avance.
«Hemos sido bastante pacientes y aunque se ha llegado a consensos, la ministra de Educación y el presidente han engañado y mentido a la dirigencia magisterial», indicó Pino.
Entre tanto, los docentes de Coclé reunidos en asamblea general en el Instituto Profesional y Técnico Leonila Pinzón de Grimaldo, de Penonomé, decidieron apoyar la decisión de los docentes del país de anunciar una huelga para el lunes 18 de julio si hasta ese día no hay una respuesta del Meduca para que se les dé el 6% en educación.
Indican que no solo es el ajuste salarial, sino también el mejoramiento del sistema educativo.
Un 90% de los docentes de Los Santos se sumaron al movimiento.
Reunidos en el colegio Manuel María Tejada Roca, los docentes de diferentes gremios magisteriales aprobaron esta medida que busca resolver los problemas que está confrontando el sector educativo.
Queja
Pino: “Hemos sido bastante pacientes y aunque se ha llegado a consensos, la ministra de Educación y el presidente han engañado a la dirigencia”.
El istmo cuenta con 252 investigadores que laboran en jornadas completas, según la encuesta de Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas (2013). De estos, 115 son hombres, mientras que 137, mujeres.
Panamá, además de ser una nación con una matriz económica de servicios, es un país que cuenta con una comunidad que apuesta por el desarrollo de la innovación, la tecnología y la ciencia.
A la fecha, el istmo cuenta con 252 investigadores que laboran en jornadas completas, según la encuesta de Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas (2013). De estos, 115 son hombres, mientras que 137 son mujeres.
Ello arroja que el país cuenta con 0.15 investigadores por cada mil habitantes, afirma el médico y científico Jorge Motta, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
De estos, un total de 107 científicos, entre profesionales y estudiantes, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, un mecanismo que funciona desde 2008, que respalda e incentiva la labor científica.
Sin embargo, el mundo cuenta con un promedio de 7 millones de científicos, según datos de la Unesco. De estos, la mayoría (94%) labora en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur y la India.
Para Motta, la cantidad de científicos con los que cuenta el país debería ser mayor. Esta cifra es, en sus palabras, “insuficiente si queremos desarrollar nuestras universidades como centros de generación de conocimiento y elevar nuestra capacidad como sociedad en ciencia, tecnología e innovación”.
Si se compara el número de científicos per cápita, esta cifra es relativamente baja con respecto a otros países, por lo que el país necesita contar con más científicos, recalca el médico y científico Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
“Además de un número mayor de científicos, es importante tener la infraestructura necesaria para que se desarrolle la investigación. Las universidades públicas y privadas deben hacer mucha más investigación. Las empresas deben realizar más investigación. Además, se necesita una cultura gubernamental que apoye la investigación y una utilización de los resultados de las investigaciones en las decisiones políticas y de gestión pública”, recalca Sosa.
Por otro lado, las ingenierías y las ciencias básicas, como matemáticas, química y física, son algunas áreas científicas que necesitan contar con más recurso humano trabajando en ellas en el istmo, considera Motta.
¿Qué estudian nuestros científicos?
Son diversas las áreas de la ciencia en las que están inmersos los científicos locales.
El 30% investiga en el campo de las Ciencias Naturales y Exactas; el 27% en las Ciencias Sociales; el 22%, en las Ciencias Médicas; el 11%, en Ingeniería y Tecnología; y el 2%, en Humanidades, menciona Motta.
De estos, el 53% hacen sus investigaciones en instituciones gubernamentales.
El 22% las llevan a cabo en instituciones que imparten la educación superior. El 12% de nuestros científicos ejerce la profesión en instituciones extranjeras, el 7% en empresas privadas, y el 6 en organizaciones no gubernamentales.
Instituciones como el ICGES, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, la Senacyt, así como la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Marítima Internacional, son las más destacadas en materia de ciencia e innovación en el país.
ICGES
Cerca de 200 profesionales se encargan del desarrollo de los estudios científicos en el ICGES, señala el doctor Sosa.
De ellos, añade, unos 30 son científicos que han sido autores principales de investigaciones que han sido publicadas en revistas científicas internacionales, mientras que el resto son asistentes de investigación y técnicos.
De estos, algunos son investigadores y otros asistentes de investigación y técnicos.
En el caso del ICGES, por ejemplo, se efectúan investigaciones en enfermedades transmisibles (como influenza, hantavirus, arbovirus, como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, y las encefalitis virales; el virus de inumodeficiencia humana, virus respiratorios misceláneos, malaria, chagas, leishmania), enumera el doctor Sosa.
En el campo de las enfermedades no transmisibles, el ICGES se hace cargo de estudios sobre depresión, obesidad y diabetes, así como investigaciones sobre el costo de los medicamentos, tabaquismo, resistencia bacteriana, enfermedad cardiovascular y cáncer.
INDICASAT
Por su parte, el Indicasat cuenta con 25 investigadores de planta y 15 investigadores asociados, indica la científica del instituto Marisín Pecchio.
Allí se desarrollan diversas áreas de investigación, entre las que están la química de productos naturales, biotecnología, inmunología, neurociencias, farmacología, toxicología, parasitología, genómica, metabolómica, proteómica, enfermedades infecciosas, ecología y bioingeniería, biomateriales, entre otras.
El Indicasat también hace ensayos clínicos que se llevan a cabo en colaboración con industrias farmacéuticas que desarrollan fármacos y vacunas, añade.
VALOR
Para el doctor Sosa, la investigación y la innovación son los únicos mecanismos confiables de mejora continua, y los científicos son parte esencial de este proceso.
“El desarrollo humano integral requiere innovación, mejor salud, mejor educación, y muchos de estos aspectos se fortalecen con la investigación. ¿Cómo podemos saber si una intervención sanitaria funciona si no la estudiamos? Sin la investigación, el progreso del conocimiento no ocurre”, se cuestiona el doctor Sosa, y recalca que los países que han logrado mayor desarrollo y crecimiento.
El pedido de la Iglesia Católica panameña de que la ley sobre la educación sexual como asignatura escolar retorne a un primer debate, fue rechazada por considerar que es tema del Estado laico.
La creciente discusión social entró en una nueva fase por la solicitud de la Conferencia Episcopal a la Asamblea Nacional, sobre la cual Rossana Uribe, de la Asociación para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), consideró que no se debe mezclar un asunto educativo con la injerencia de la religión.
«El Estado es laico, la educación debe serlo también, dejando la formación religiosa para los padres o los colegios que están bajo un modelo de cualquier religión. Los obispos no tienen el poder legal para determinar lo que suceda con un proyecto de ley», dijo al diario La Prensa.
De esta forma, la Iglesia ofreció un espaldarazo a los padres que se pronuncian en contra de la Ley, y utilizan como argumento un supuesto elemento aparecido en una guía escolar sobre enseñanzas del concepto de género y sexo para infantes pequeños.
La organización Alianza Panameña por la Vida y Familia, la cual lidera la oposición al tema, ratificó la convocatoria de una marcha para el próximo 13 de julio, para protestar contra el cuerpo legal que atenta contra sus hijos, según voceras de esa agrupación social.
En cambio, el proyecto de ley no particulariza en el contenido de la materia, sino es el marco legal para su establecimiento, según argumentó en los medios de prensa el diputado y médico Crispiano Adames, promotor de la iniciativa.
«La educación será científica, no sexista, que promueva la igualdad, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres, y considerando los aspectos afectivos, biológicos, fisiológicos y éticos», señala el texto en análisis, el tercero que desde el 2008 se lleva al Parlamento.
La propuesta es enfática y establece que «el Estado tendrá la responsabilidad de diseñar programas, a fin de que la educación sea impartida a todo el personal administrativo, docente y educando, así como a los padres, madres, tutores o acudientes en los centros educativos de la República de Panamá».
Pero, los obispos panameños señalaron en su comunicado que los padres tienen el deber y el derecho de ser «los primeros y principales e insustituibles educadores de sus hijos, también en el plano sexual y moral», según el rotativo La Estrella.
El texto eclesiástico solicitó que «teniendo en cuenta las interrogantes e inquietudes que el proyecto ha suscitado en amplios sectores de la sociedad, hacemos un respetuoso llamado para que esta iniciativa sea bajada a primer debate».
Y respaldan su pedido «con el fin de escuchar las propuestas de los distintos sectores y lograr los consensos necesarios que permitan una educación sexual profunda e integral».
Como parte del debate, quienes defienden establecer la asignatura argumentan que los sectores contrarios a su aplicación crearon confusiones, pues sin conocer el contenido de la Ley la atacan, confundiéndola con la supuesta guía docente, cuyo texto se filtró y autoridades educacionales aseguraron que es un primer borrador.
Al exponer los motivos, Adames argumentó en el proyecto: «Existe en nuestro país un grave problema de salud pública, descomposición social e inequidad económica, que afecta mayormente a la niñez, la juventud y a la población adolescente».
Como datos que respaldan la situación, cifras oficiales confirman que el 75 por ciento de los infantes panameños nacen en hogares sin uniones estables; una de cada cinco embarazadas es adolescente y en el 70 por ciento de los casos sus padres son menores de 20 años, además el VIH-Sida es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad.
Frente a esa realidad admitida por todos, quienes se colocan en la acera opuesta aspiran a una educación en la que «los padres sean los educadores de sus hijos», en perfecta consonancia con la Iglesia Católica, o tal vez, como dicen determinadas voces, sean su eco.
Si para algunos el debate resulta la «defensa de una moral burguesa en crisis», otros la catalogan de construcción social «tapizada de mitos religiosos, machistas, androcentristas, misóginos y patriarcales».
Aunque data de ocho años, casi el debate recién se reinicia con posiciones encontradas y en extremos opuestos, pero cuando los elefantes pelean, el más sufrido es el césped: 32 adolescentes se embarazan diariamente en Panamá.
Centro América/Panamá/10 Julio 2016/Fuente: TVN/Autor: REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS
La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) pidió este viernes 8 de julio, que el proyecto de Ley de Educación Sexual se baje a primer debate y se someta a consultas.
En un comunicado, la Iglesia Católica Panameña dejó claro que “la educación sexual debe ser en el marco del amor, los valores y la dignidad” y no se debe reducir a “simples recomendaciones para cuidarse y practicar el sexo seguro”.
La CEP pidió que la educación sexual sea positiva y adecuada a la edad.
El proyecto de Ley 61 busca incluir en los programas educativos la formación sobre educación sexual y reproductiva.
La iniciativa ha generado opiniones encontradas entre diversos sectores de la sociedad panameña.
La CEP reiteró que los padres tienen un pilar fundamental en esas guías y no pueden “aceptar experimentos que han fracasado en otros lugares”.
Con relación a este tema, la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de la Niñez y Adolescencia (Odena) también se reunieron en una mesa de trabajo con representantes de gremios médicos, psicólogos y psiquiatras, para analizar el proyecto de Ley 61, por lo que se espera una posición formal del tema.
Un Canal para todos
En tanto, la CEP destacó que es primordial lograr que el Canal de Panamá sea para todos y que los beneficios lleguen también a los campesinos.
El pasado 26 de junio, Panamá inauguró su Canal ampliado por lo que muchos sectores, al igual que la Iglesia Católica esperan que los aportes contribuyan para el desarrollo de todos los panameños.
Redes sociales responsables
Además solicitaron que el uso de las redes sociales se haga de manera responsable y sirva para hacer crecer a una sociedad sana y con respeto por la dignidad humana.
Fuente de la noticia:http://www.tvn-2.com/nacionales/proyecto-Educacion-Sexual-ley-conferencia-episcopal_0_4524297558.html
Fuente de la imagen: http://www.panamaamerica.com.pa/sites/default/files/imagenes/2016/07/08/obispos_0.jpg
Ministerio de Educación de Panamá/08 de julio de 2016
Con la finalidad de crear espacios de intercambio para el aprendizaje sobre la educación y el uso de nuevas tegnologías, SUMARSE, organizó el Foro: “Sector privado y educación, Un Laborartorio para la Transformación”, en el cual participaron estudiantes, líderes de opinión, reprsentantes del Gobierno, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada.
El Viceministro de Educación, Carlos Staff, quien formó parte de este panel se refirió a la educación como un bien público que requiere de la sociedad en su conjunto, y de allí la importancia de las alianzas público – privadas para contribuir a mejorar la calidad de la educación en Panamá.
Este Foro dio a conocer dos iniciativas del sector privado que vinculan educación y tegnología implementadas a nivel nacional e internacional como lo son: Samsung Smart School y las Aulas Fundación Telefónica que presentan soluciones integrales de educación sobre la base de nuevas tecnologías que contribuyen a fortalecer el proceso de aprendizaje en las aulas escolares.
Por su parte, Mónica Chirino de Telefonica Panamá dijo que “las aulas Fundación Telefónica, son proyectos de inclusión digital que promueve el uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta esencial para mejorar la calidad educativa y darle seguimiento a los docentes de escuelas públicas a través de la plataforma educativa avalados por el Ministerio de Educación.
Cabe destacar que Samsung Smart School tambien es un proyecto importante que trata de aulas inteligentes equipadas con mecanismos tegnológicos de última generación que enriquecen la enseñanza los métodos de enseñanza complementando la formación académica de los estudiantes que participan del programa en un entorno interactivo y eficiente.
Pese a todos los problemas que sufre nuestro sistema educativo, los padres panameños hacen un esfuerzo diario para que sus hijos asistan a la escuela.
¿Por qué lo hacen? Porque saben que la educación hace la diferencia entre acceder a una mejor calidad de vida y forma ciudadanos cabales. Porque la educación es sinónimo de mayor información y orientación razonada para la vida. La educación no es conocimiento muerto. Y confiamos en que el sistema y los educadores, pese a todas las debilidades, pueden darles esos conocimientos a nuestros hijos que nosotros no les podemos suplir en casa.
Si eso es así, para que nuestros hijos aprendan a sumar y restar, a escribir, cívica, historia o biología, ¿por qué no habría de serlo para la educación sexual científica, acorde con la edad y maduración del niño o adolescente?
¿Por qué algunas personas se escandalizan y lanzan anatemas cuando se habla de establecer programas de educación sexual en las escuelas públicas? ¿Incluso inventan mentiras, hablan de guías educativas basadas en poses sexuales, que los maestros enseñarán técnicas e incentivarán a los alumnos a tener sexo, a ser homosexuales, que los libros de texto serán ejemplares de Playboy?
¡Cuánta locura! ¿A quién se le puede ocurrir que el Ministerio de Educación va a organizar orgías en las escuelas? Es como si alguien se opusiera a que se enseñe química porque los maestros van a fabricar bombas en las aulas. Tanta vehemencia revela que las personas que así actúan, algunas de ellas vinculadas a ciertas iglesias, pero que no expresan la posición oficial de ellas, sienten un gran tabú sobre el sexo. Les da miedo hablar de sexo, y es probable que sientan vergüenza de su propia sexualidad.
Si esas personas se escandalizan con la sola mención de la palabra, me pregunto: ¿Cómo piensan asumir solos la educación sexual dentro de su hogar? Creo que tengo la respuesta: toda su educación sexual se reducirá a decir: “Como salgas preñada, ya verás” o “como lo hagas vas a arder en el infierno».
La prueba de que es una falacia el argumento de que la educación sexual solo deben darla los padres está en que hasta hoy ha sido así, ya que el tema está ausente de la educación formal, y ha fracasado. Lo dicen las estadísticas: una encuesta de la Defensoría del Pueblo revela que el 31.7% de las chicas y el 40.7% de los chicos panameños tuvo su primera experiencia sexual antes de los 15 años.
En 2012 hubo 15 mil 206 nacimientos de madres menores de 20 años, 4% de ellas entre 11 y 14 años de edad. En 2013 asistieron a control prenatal 17 mil 843 menores. Entre enero y febrero de 2015, del total de embarazadas que asistió a control, unas 5 mil 542 mujeres, el 31%, eran menores de entre 10 y 19 años de edad.
Esos que se niegan a la educación sexual como parte de la escolaridad, y que erróneamente creen que ellos, como padres, son los únicos que educan a sus hijos en ese tema, no se dan cuenta de que quien en verdad está educando a sus hijos en sexualidad son los medios de comunicación, las telenovelas, el internet y, lo que es peor, los amigos del barrio.
Cada quien es libre de profesar la fe que quiera creer. Lo que no es admisible desde la modernidad es que pretenda imponer sus criterios al conjunto de la sociedad por la vía de las políticas estatales. El Estado tiene el deber de proporcionar educación integral a la niñez y juventud en todos los ámbitos básicos para la vida.
Ya es hora de que ese precepto se cumpla para la educación sexual, un aspecto esencial para el desarrollo de una sociedad sana, libre de prejuicios, de mitos y tabúes, que lo único que han fomentado son ciudadanos traumatizados, cargados de falsas culpas e inseguros.
Los vientos de huelga regresan al sector educativo, luego de que el Gobierno reconociera que se le va a hacer difícil cumplir con el aumento de 300 dólares que se acordó con los educadores para el próximo año.
La ministra de Educación, Marcela Paredes, afirmó que en la pasada administración se ofreció a los maestros y profesores un aumento salarial significativo, pero dijo que también se asumieron compromisos a futuro, que ahora la administración Varela no está segura de poder cumplir.
En este sentido, se limitó a replicar lo que ya ha dicho el presidente Varela, en cuanto a que dichas exigencias salariales representarían unos 200 millones de dólares adicionales en planilla.
En las próximas dos semanas, los docentes realizarán asambleas generales en el país.
«Yo solo puedo decir que se van a hacer las evaluaciones financieras», se limitó a decir, sin comprometerse. Y planteó que, además de pedir, los docentes también tienen que aportar.
«Necesitamos docentes dispuestos a ser evaluados, dispuestos a ser capacitados todo el año en horas contrarias a su jornada, para hacer actividades de mejoramiento… debe ser un acuerdo de dos vías», pidió Paredes de Vásquez.
El presidente Juan Carlos Varela se reunió la semana pasada con los dirigentes docentes y les pidió un plazo hasta el 30 de octubre para ver si les podía dar el incremento salarial.
Esto no los dejó convencidos y señalaron que si no obtienen una respuesta afirmativa al 15 de julio, el lunes 18 iniciarán una huelga nacional, que sería respaldada por 12 gremios.
«Eso es un compromiso de Estado firmado en 2014», destacó Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), quien planteó que cuando el Estado adquiere compromisos financieros con entidades internacionales, el que le sigue no entra no a discutir si va a pagar o no porque la deuda fue adquirida.
En las postrimerías de su periodo, la ministra Lucy Molinar firmó un decreto mediante el cual se aumenta 900 dólares a los educadores, en tres pagos efectivos cada tres años, condicionados a la entrega de un plan de mejoras por los centros educativos.
El primer ajuste de 300 dólares todavía no se les ha hecho efectivo a todos los educadores, advirtió Sánchez, quien precisó que a los profesores que laboran en las escuelas nocturnas aún se les adeuda el primer incremento.
En un reciente consejo de Gabinete, la ministra consideró necesario modificar la disposición legal y condicionar el ajuste a que el maestro o profesor labore ocho horas diarias, con la aplicación de la jornada extendida, que sea capacitado todo el año escolar y no solamente en verano, y que pase por un proceso de evaluación del desempeño individual.
Las agrupaciones ya comenzaron a movilizarse, y adicional a la marcha del jueves, el pasado viernes realizaron una asamblea general en Veraguas y para mañana tienen programada otra en Colón.
«De no haber respuesta, el lunes 18 entramos en una huelga nacional», reiteró el secretario general de la Asoprof.
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