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República Dominicana: Ministerio de Educación recontratará a más de 7 mil maestros y maestras para que impartan docencia en el año escolar 2020-2021

América Central/República Dominicana/07-06-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, anunció este miércoles la recontratación de 7 mil 337 maestros y maestras que fueron contratados para el año escolar 2019-2020 y esta vez continuarán su labor de enseñanza para el ciclo 2020-2021, lo que garantiza que la comunidad educativa tenga los docentes necesarios para la impartición de las clases.

Dichos educadores iniciarán su labor formativa cuando inicie el próximo año lectivo, situación que dependerá del curso que tome la pandemia del COVID-19 en el país.

La inversión dispuesta por el Ministerio de Educación para esos fines es de RD$150, 412,000 que serán desembolsados mensualmente para cubrir los honorarios de los miles de facilitadores que serán recontratados. Esos profesionales iniciaron sus servicios en septiembre de 2019 y el contrato concluye en el mes en curso.

El ministro de Educación informó este miércoles que contrató alrededor de 7,000 profesores y profesoras que aprobaron en el Concurso de Oposición Docente del pasado año, y fueron distribuidos en diferentes planteles escolares a nivel nacional que los requirieron para las labores del año escolar 2019-2020.

“Queremos asegurarnos de que no falten maestros en nuestras aulas, tanto para jornadas presenciales como las alternativas digitales que sean necesarias, por lo que esta noticia lleva tranquilidad a la comunidad educativa, en especial a esos docentes que desconocían su suerte en este tema”, precisó Peña Mirabal.

Dichos docentes continuarán sus labores en las regionales en las que fueron asignados: Barahona cuenta con 290; San Juan de la Maguana 106; Azua 924; San Cristóbal 409; San Pedro de Macorís 263; La Vega 500; San Francisco de Macorís 106; Santiago 285; Valverde Mao 191; Santo Domingo II 1,100 y Puerto Plata 400. Mientras, en Higüey 658; Monte Cristi 778; Nagua 222; Santo Domingo III 672; Cotuí 157; Monte Plata 110 y Bahoruco 166 maestros.

El titular del MINERD aclaró que estos maestros obtuvieron las mejores calificaciones en el Concurso de Oposición Docente de 2019 donde más de 50 mil fueron convocados.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2020/actualidad/8825309-ministerio-de-educacion-recontratara-a-mas-de-7-mil-maestros-y-maestras-para-que-impartan-docencia-en-el-ano-escolar-2020-2021/

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República Dominicana: Talento venezolano puede ser útil para enfrentar la pandemia

Centro América/ República Dominicana/ 02.06.2020/ Fuente: www.elcaribe.com.do.

El 61% de los venezolanos residentes en el país cuenta con estudios superiores

La crisis económica causada por la pandemia que creó el nuevo coronavirus aumenta el desempleo de la población, y afecta con dureza a las comunidades migrantes. Pero, para recuperar la economía se necesita, sobre todo, del talento, la creatividad y los conocimientos de los trabajadores y las trabajadoras.

En República Dominicana, una parte de esos conocimientos y talentos se encuentra en la población migrante y particularmente entre la venezolana. De acuerdo con el estudio “Promoción de medios de vida para población venezolana en República Dominicana”, el 61 % de los venezolanos residentes en el país cuentan con estudios superiores, principalmente en economía, administración, ciencias de la salud; y pedagogía y educación.

En parte, por su formación académica, la mano de obra venezolana no compite, sino que complementa la nacional, según Carmen Moreno, directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

Mientras que la directora del Instituto Nacional de Migración, Florinda Rojas, destacó el potencial de ciertos trabajadores venezolanos para ayudar al país a hacer frente a la crisis causada por el covid-19.

“Este documento expone propuestas para la formulación de políticas públicas y/o programas que permitirían identificar a inmigrantes venezolanos calificados e incorporarlos en áreas o actividades en las cuales pudieran aportar sus habilidades y conocimientos para ayudarnos a responder adecuadamente a la crisis de salud que la COVID-19 ha creado”, dijo la funcionaria durante la presentación del informe en un encuentro virtual, donde se enfatizó la necesidad de que los migrantes se incorporen a la economía mediante el trabajo decente y el empleo digno.

Posibles aportes en salud y educación

De acuerdo con el estudio, la formación en ciencias de la salud y particularmente en enfermería podría ayudar a reducir el déficit de enfermeras y enfermeros que existe en el país, si se agilizan los procesos de regularización migratoria.

“República Dominicana tiene apenas 14 de los 23 profesionales de la salud (médicos, enfermeros y parteros) por cada 10,000 habitantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto obedece no a un déficit de médicos sino de profesionales en enfermería. Por lo que se recomienda la creación de programa de flexibilización de procesos migratorios y facilidades en la reválida académica en la práctica de enfermería”, se indica en el estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Además, migrantes venezolanos bilingües, con formación en medicina o enfermería, podrían tener oportunidades de trabajo en el turismo de salud, que, de acuerdo con el documento, se encuentra en expansión. “Los empresarios entrevistados del sector turístico mostraron interés en contratar venezolanos, ya que valoran su formación académica y servicio al cliente, además les permite hacer frente a dos de sus principales retos en materia de gestión humana: la atracción de talento (ya que el personal calificado en su mayoría no es originario de los polos turísticos) y la rotación de personal. En lo relativo a la atracción de talento, los nacionales venezolanos han manifestado no tener inconvenientes en reubicarse cuando se trate de un empleo digno y considere regularización migratoria y además tienden a tener una rotación menor al promedio de mercado”, de acuerdo con el documento.

En el estudio también se destaca que el sistema educativo dominicano puede beneficiarse de profesionales que fortalecerían el trabajo de los docentes nacionales con prácticas innovadoras para fortalecer el aprendizaje de niños y niñas.

“En Venezuela la educación básica tiene prácticas no existentes en RD, tales como la participación permanente de especialistas en Educación Especial como soporte al docente”, se indica en el informe.

Dificultades para la regularización

Pero la regularización del estatus migratorio es un proceso difícil para la comunidad venezolana en la República Dominicana. El 77 % de los venezolanos encuestados para este estudio se encuentra en una situación migratoria irregular, y obtener residencia dominicana es complejo y costoso. Para solicitar visa de trabajo, los venezolanos deben viajar a su país e iniciar trámites en un consulado dominicano.

“Esto, en el caso de las personas que ya se encuentran en territorio dominicano, incrementa al costo del trámite, el costo del pasaje aéreo, penalidades por estadía tardía e incluso costos para acelerar trámites en Venezuela”, se informa en el reporte.

Además, la República Dominicana puede negar la visa al solicitante, e incluso si se obtiene visa, no hay garantías de que se permitirá el ingreso del migrante.

“No hay garantías de que aun con la visa de trabajo su ingreso al país sea permitido por las autoridades migratorias”, de acuerdo con el estudio.

Por otra parte, tanto la inseguridad que rodea al trámite como el costo de este, que ronda los US$1,221 por persona, desestimula a potenciales empleadores de pagar el proceso a los migrantes.
Tanto el estatus migratorio irregular como las dificultades para obtener documentos pone a la población venezolana en riesgo de sufrir abusos del empresariado.

“Se han documentado casos de empleadores que aprovechan la irregularidad migratoria de los trabajadores venezolanos para incumplir sus obligaciones patronales. Esto a pesar de que el Código de Trabajo Dominicano (Ley 16-92) garantiza la protección de todos los trabajadores en territorio nacional, independientemente de la existencia de un contrato, su nacionalidad o estatus migratorio”, según el estudio.

Por otra parte, aunque muchos venezolanos trabajan por cuenta propia, han mostrado poco interés en desarrollar emprendimientos formales porque “existe una percepción de alto riesgo al iniciar un negocio en República Dominicana sin un socio local, dado el desconocimiento del mercado, pocos contactos de negocios y limitaciones para acceder a financiamiento”, de acuerdo con el informe.

No obstante, el entorno social facilita la integración de los trabajadores venezolanos, ya que hay pocas manifestaciones de discriminación y xenofobia. Según el estudio, esto ocurre porque “las comunidades venezolana y dominicana comparten importantes lazos culturales, lo que ha permitido una fácil adaptación de ambas partes”.

El estudio se hizo a partir de una encuesta en la que se obtuvieron más de 900 respuestas de personas venezolanas o de origen venezolano. Además, se hicieron entrevistas a representantes del Ministerio del Trabajo (MT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Organización Internacional de las Migraciones y de la Fundación de la Comunidad Venezolana en República Dominicana (FUNCOVERD). También se consultaron 18 empresarios y ejecutivos de gestión humana.

Adicionalmente se hicieron grupos focales en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, en los que participación 62 profesionales venezolanos, se informa en el estudio.

Recomendaciones

Para facilitar la incorporación de la fuerza de trabajo venezolana a la economía nacional, en el estudio se sugiere:

  • Modificar el proceso de obtención de visa de trabajo, permitiendo cambio de estatus migratorio sin salir del país.
  • Crear portales informativos describiendo: a) proceso de regularización migratoria, b) revalidación académica, c) básicos de leyes laborales dominicanas.
  • Crear una base de datos de programas académicos en universidades venezolanas, de tal modo que se elimine la necesidad de legalización y apostilla de notas.
  • Revisar y mejorar los procesos de reválida académica.
  • Crear un programa especial que permita a los empleadores contratar trabajadores venezolanos por un período de tres meses sin necesidad de un visado de trabajo; finalizado este período el empleador tendrá la certeza de que el desempeño del trabajador justifica la inversión y permitiría la capitalización de los trabajadores para financiar y conseguir los documentos requeridos en Venezuela.

Fuente de la noticia: https://www.elcaribe.com.do/2020/06/01/talento-venezolano-puede-ser-util-para-enfrentar-la-pandemia/#

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Escuelas y universidades: ¿Abrirlas o mantenerlas cerradas?

Por:  Héctor Rodríguez Cruz 

 

La epidemia del COVID-19 se ha dejado sentir más profundamente en la vida cotidiana a nivel mundial, intensificando las perturbaciones y daños a la educación de más de 360 millones de estudiantes en todo el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Por su importancia e impacto, en todos los países del mundo el tema se ha convertido en un asunto de “seguridad nacional”.  ¡Aquí deberá suceder lo mismo!

La abrumadora preocupación está más que justificada porque las escuelas y universidades brindan una estructura y soporte para las familias, comunidades y economías enteras. ¡El efecto de cerrarlas durante días, semanas y meses podría tener repercusiones incalculables en los estudiantes, profesores, padres y las sociedades en general!

Sobre  la apertura de las escuelas y universidades del país, se tienen más preguntas que respuestas. Pero unas y otras gozan de igual  importancia porque impulsan la reflexión que deberá aportar pautas para tomar la mejor decisión, que no puede ser, como tampoco puede serlo en los demás sectores, producto de un decreto, una autorización presidencial o de una medida unilateral de las instituciones educativas. La responsabilidad de su apertura debe ser producto de la decisión concertada del gobierno, las autoridades educativas y todos los sectores del país. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo, en este sentido no estamos partiendo de cero.  Resultan alentadores los esfuerzos logísticos y financieros que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia. En el marco de su “Plan Nacional  Orientación Preventivo del COVID-19”, fueron distribuidos unos tres millones de brochures y otros materiales gráficos informativos en las 18 regionales y  los 122 distritos escolares del país. También hizo la transferencia de cerca de 380 millones de pesos a los centros educativos, colegios católicos, politécnicos y a las juntas de regionales y distritos escolares, para que dispusieran de los recursos necesarios en el plan preventivo.

Lo que sigue ahora de cara a la apertura resulta ser más complejo, amplio, delicado y costoso. Requerirá  duplicar, o más, los esfuerzos técnicos, logísticos y colaborativos y los recursos financieros. No se trata de una simple “apertura de las puertas”,  sino de la “reconstrucción” mancomunada de “la nueva normalidad” de la educación dominicana. Pongamos en “pause” las urgencias, prejuicios, intereses particulares y autoritarismos. ¡Constituyámonos en una “comunidad pensante y dialogante” para proteger la salud en las aulas y elaborar un  vigoroso plan resiliente para su apertura!

Para todo el país la apertura de las actividades educativas, tiene una dimensión comparable a la apertura de las  actividades económicas.  Se trata de la defensa del derecho a la salud en el aula de una población educativa de  más de 5 millones compuesta por estudiantes, profesores, investigadores, laboratoristas, bibliotecarios, personal administrativo, personal de limpieza, de apoyo al almuerzo escolar, animadores culturales y deportivos;  padres, madres, tutores y amigos de la escuela, así como grupos empresariales, religiosos y comunitarios comprometidos con una educación de calidad para todos los dominicanos. 

No se trata simplemente de volver al  segundo “dulce  hogar” con las manos en los bolsillos, sin planes ni proyectos de vida. De lo que se trata es de regresar con esperanza al templo de la sabiduría donde se  forman  los hombres y mujeres para construir una sociedad digna, justa, transparente, solidaria y democrática.  De lo que es   volver a aprender y vivir la “nueva realidad” de la educación dominicana,  pero sin miedo al contagio y a la muerte que trae el COVID-19. ¡Se trata de volver a las escuelas y universidades garantizando la salud en el aula de la mitad de la población  dominicana!

Por eso es esencial que las escuelas y universidades del país reabran sus puertas con todas las garantías para asegurar la salud en el aula y de que todas las autoridades educativas trabajen para hacerlo posible y que cada comunidad educativa, los sectores económico y social,  cada uno de sus miembros, se haga responsable de las medidas necesarias para una vuelta a las aulas con todas las garantías sanitarias, higiénicas, de salud y seguridad. ¡Aquellas escuelas y universidades que no estén en condiciones para garantizarlas, mejor será que permanezcan cerradas hasta puedan hacerlo!

La estrategia para la apertura de las escuelas y universidades deberá ser por etapas. Debe enfocarse en la metodología  de  una estrategia “progresiva y escalonada”.  El proceso debe cumplir con los criterios y requisitos de claridad, seguridad y certidumbre; y privilegiar siempre la salud y la vida. En algunas zonas y poblaciones  con alta letalidad y alto riesgo de contaminación se dificultará más la apertura. Así, la apertura de las escuelas y universidades de estas zonas sólo podrá realizarse cuando las condiciones sanitarias se lo permitan.  ¡Por eso, no todas podrán abrir al mismo tiempo!

La apertura puede realizarse siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”: rojo, anaranjado, amarillo y verde. ¡El rojo representa las mayores restricciones y el verde la apertura de todas las actividades! El anaranjado permite realizar más actividades esenciales. Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades, pero con máximo cuidado. El semáforo amarillo implica una ampliación de las actividades sin restricción, podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, pero con restricciones en espacios abiertos y cerrados.

Según este paradigma las escuelas y universidades en color rojo, es decir, de  zonas geográficas y poblaciones muy afectadas por el COVID-19, no podrán abrir.   Aquellas en color verde, situadas en zonas no afectadas y poco afectadas por el COVID-19, podrán abrir sin restricciones. Las situadas en las franjas anaranjadas y amarillas podrán abrir con restricciones y riesgos calculados. Todos los “colores” deben ir acompañados y administrados  por “protocolos y guías” para el cumplimiento de la medidas de prevención y control del COVID-19.

Las escuelas y las universidades del país no pueden detenerse durante el COVID-19, ya que constituyen una parte esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, la resiliencia en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población. ¡Pero el COVID-19 no puede dejarse  suelto, hay que prevenirlo y controlarlo!

Para evitar contagio y muertes en las aulas debido al COVID-19,  y facilitar su pronta apertura aboguemos por la estrategia de la  “apertura escalonada y progresiva” de las escuelas y universidades, siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”.  Hasta ahora nos hemos centrado en la acción inmediata, en la atención de las “urgencias”, en la improvisación  y en el exceso de un optimismo  que da ánimos y reconforta en medio del desconcierto  pero, cuanto antes, hemos de dar paso a la “planificación”  y  la “preparación” de la “nueva realidad” de la educación dominicana. 

Es conveniente que el COVID-19  encuentre a las escuelas y universidades del país abiertas. ¡Pero sólo aquellas que llenen las condiciones para estar abiertas! Las que puedan garantizar y defender la salud y la vida de los más de 5 millones que componen la comunidad educativa nacional.  Las que no lo estén deberán ajustarse a un programa para adecuarse para la apertura. No nos dejemos contagiar  por  el espíritu conformista del “todo va a salir bien”. Hagámoslo posible. ¡Hagamoslo juntos!

Fuente:  https://acento.com.do/2020/opinion/8819100-escuelas-y-universidades-abrirlas-o-mantenerlas-cerradas/

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Después de la pandemia

Por: Miguel Guerrero

Antes de la situación en la que el mundo  se encuentra por el COVID-19, se escuchaban quejas sobre la situación económica del país, en el sentido de que estábamos en crisis. La percepción era evidencia de un pesimismo en ciertos sectores influyentes de nuestra vida económica, cuya valoración del quehacer nacional se basa muchas veces en la marcha de sus propios negocios. A mi modo de ver, no vivíamos una crisis económica, pues cada día se abrían nuevas operaciones industriales, el turismo estaba en auge y la actividad comercial a todas luces se expandía con la apertura de nuevos y gigantescos  centros comerciales.

Nuestro problema no era de esa índole ni el país estuvo nunca bajo amenaza de una recesión. La verdadera crisis era, y ahora lo será mucho más, de carácter social, con tasas de desigualdad preocupantes dentro de un proceso de concentración de recursos reducido a círculos de pequeñas élites económicas muy creativas con un control creciente de la riqueza nacional. Buena parte de los nuevos y florecientes negocios  de las últimas dos o tres décadas provienen de esos grupos, sin que se hayan generado cambios importantes en la estructura social, debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social que no los promueve.

Será a partir de esta pandemia que tendremos la amenaza de una crisis económica verdadera, por lo que será necesario estimular el consumo y la inversión interna tanto pública como privada para evitarla, reduciendo los niveles angustiantes de pobreza y marginalidad. La continuidad de las políticas económicas adoptadas antes y durante la pandemia será esencial al mantenimiento de nuestra estabilidad económica y financiera.

Los cambios radicales en esos planes y políticas ahuyentarían la inversión y destruirían la indispensable confianza en la solidez de nuestro potencial que ha sido el sostén de nuestro crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8813088-despues-de-la-pandemia/

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No perdamos más tiempo

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta pandemia que está provocando una grave recesión económica mundial, deben buscarse remedios para tratar de aliviar el duro impacto sobre las personas, sobre todo las de menores ingresos, la preservación de los empleos y la supervivencia de muchas empresas.

Es mucho lo que se ha discutido sobre el conflictivo proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y no vale la pena abundar pues las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  han desplegado una abundante campaña a la que han logrado sumar múltiples voces alertando sobre sus efectos negativos para la macroeconomía, y es evidente que el gobierno y las autoridades monetarias no permitirán que esto pase.

Sin embargo, hay medidas que pueden y deben realizarse, como la exoneración temporal de aportes a cuentas de pensiones debido a la crisis como han solicitado los empleadores, la cual a pesar de que las AFP expresaron aprobarían aún no se ha dictado, o las relacionadas con beneficios no reclamados del seguro de sobrevivencia por los familiares de afiliados fallecidos del régimen contributivo del SDSS o que han sido denegados por supuestos incumplimiento de requisitos.

En múltiples ocasiones la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) ha llamado la atención sobre el tema de los beneficios no reclamados o denegados, y en parte gracias a esto el Consejo de Seguridad Social (CNSS) aprobó en el 2015 una modificación al contrato de póliza entre las AFP y las aseguradoras para extender el plazo de prescripción para reclamar de 2 a 7 años y la edad límite de cobertura de 60 a 65 años. Y en consonancia con lo que han señalado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la SIPEN ha manifestado que “el derecho a recibir una pensión por sobrevivencia cubierta en la forma exigida por las normas no debe prescribir”, sin embargo, a la fecha el CNSS no se ha pronunciado al respecto.

Aunque importantes medios de comunicación han cifrado el monto no reclamado por familiares de afiliados fallecidos  en más de 1,700 millones de pesos al 2019, la SIPEN no ha dado una cifra oficial, pero el CNSS en su Resolución 457-03 dictada en octubre de 2018 indicó que conforme a auditoría practicada en el 2014 habían “39,386 afiliados fallecidos” con aportes acumulados no reclamados por  la suma de “RD$870,252,453.00”, señalando que el costo para  poder cumplir con los requisitos exigidos,  como es el pago del impuesto sucesoral, a veces superior a lo reclamado constituye una traba y, en este sentido  autorizó a la SIPEN y a su  Gerencia  a realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a fin de que se otorguen facilidades respecto del pago de impuestos, moras y multas, sin que se conozcan  resultados.

También se instruyó a la SIPEN modificar el contrato de afiliación para que se requiera suministrar los datos de contacto de los familiares, lo que sería importante aclarar si se ha hecho, así como a la DIDA, las AFP y las aseguradoras a realizar campañas informativas, que no se han realizado.

Urge pues que la DGII disponga las medidas para facilitar que los familiares reciban los beneficios eximiéndolos de pagos que se lo imposibilitan, que la SIPEN y las AFP hagan todo lo necesario para facilitar los trámites e informar a los beneficiarios de sus derechos y que el CNSS asuma con responsabilidad el seguimiento de estos temas. Si todas las publicaciones realizadas y la atención dedicada al fallido proyecto de ley se hubiesen concentrado en estos puntos que sí son posibles y tienen fundamentos legales, a lo mejor muchas familias de afiliados estarían recibiendo estos beneficios a los que tienen derecho o empleadores estarían exonerados de pagar por el plazo acordado las cotizaciones de pensiones, lo que constituiría un alivio en medio de estas difíciles circunstancias. No perdamos más tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817170-no-perdamos-mas-tiempo/

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El COVID-19 y la “resiliencia educativa” del Ministerio de Educación

Por: Héctor Rodríguez Cruz

La reapertura de las escuelas encabeza las prioridades de los gobiernos de todo el mundo y de sus Ministerios de Educación. Constituye también la preocupación fundamental de alumnos y padres, de los maestros y de otros miembros del personal educativo y de los actores vinculados al sector educativo, debido a la incertidumbre que genera la naturaleza y evolución del COVID-19 y  las decisiones que se mantienen en “suspenso”.

El regreso a las aulas requiere de un marco de políticas y de recursos financieros que permita poner en práctica las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, continuar con el aprendizaje, atender las situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección, el bienestar y la seguridad. Los centros educativos deben asegurar el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos, las medidas sanitarias y seguir procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes.

En muchos países hay presión para la reapertura de las escuelas porque se considera que su cierre no hace sino profundizar la fractura social. Los alumnos provenientes de familias humildes o con problemas económicos son a quienes más negativamente está afectando el confinamiento, pues habitan en viviendas más pequeñas y muchos no disponen de la tecnología adecuada ni de condiciones objetivas para seguir  los cursos desde su casa.

Aquí en el país, a juzgar por los niveles de  controversia y rechazo que han despertado en amplios sectores las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, de febrero a la fecha, tales como la terminación  del año escolar antes de tiempo, al “pase automático curso” de todos los estudiantes sin ser evaluados y  la reapertura incierta de las escuelas, pareciera que el Ministerio “camina lento” y un tanto “perdido”, mostrando una baja capacidad de respuesta para establecer los principales parámetros e instrumentos educativos, técnicos y logísticos para la adaptación de la población  escolar a las circunstancias moldeadas por el COVID-19.

Las escuelas del país están cerradas por el COVID-19. Esta situación genera grandes perturbaciones a los  casi  3 millones  de estudiantes,  200 mil profesores y técnicos del sector público y del sector privado, así como los padres, tutores y suplidores esperan por un “protocolo”, de alcance nacional y local, que garantice la seguridad sanitaria y la “preparación integral” para el reinicio seguro de las actividades escolares. Urge que los niños dominicanos vuelvan a la escuela. Pero han de hacerlo con todas las garantías para su salud, su seguridad y su protección. ¡Más cualquier otra, debe ser la primera prioridad de la educación dominicana en estos momentos!

El COVID-19 encontró a la escuela dominicana pauperizada, acorralada, “confundida” y, quizá, hasta un poco abandonada a su propia suerte. Con muchas carencias y necesidades desatendidas. Si bien es cierto que encontró  cientos de escuelas seguras, vistosas y bien equipadas, también es cierto existen cientos de escuelas a las que el COVID-19 le hará mayores daños. 

Escuelas “enfermas” que funcionan en patios, casonas y almacenes y carecen de las condiciones mínimas  para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación  cuenta con  elevado presupuesto de unos 200 mil millones de pesos, que equivale el 4% del PIB de la nación. Urge dedicar esfuerzos recursos logísticos y financieros a la “liberación” de la escuela dominicana de las cadenas del COVID-19. Pero urge también sanar a tantas muchas de  las taras, incompetencias y perturbaciones generadas por los descuidos e irresponsabilidades de “ayer y de hoy”, y que son el vestigio de una “revolución educativa al revés”.

Para encarar las perturbaciones educativas y sociales y el impacto perturbador del COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, así  como  lograr la apertura exitosa y segura de las escuelas, con  garantías para su salud, su seguridad y su protección públicas y privadas, el Ministerio de Educación,  conjuntamente con otros sectores de la sociedad deberá plantearse a corto plazo la necesidad de la elaboración de un “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas después del COVID-19” que contenga las estrategias preventivas, técnicas y logísticas para “preparar”  a los maestros, a los alumnos, las instalaciones, aulas, laboratorios, los libros de texto baños, comedores, cocina, bibliotecas y sala de TICS,  para la reapertura de las escuelas y  su “nueva normalización”,  con las debidas y rigurosas medidas sanitarias para adecuarse a las nueva realidad de la pandemia y para evitar el contagio, la contaminación, el estrés  y otros efectos contaminantes del proceso aprendizaje-enseñanza, la investigación y la convivencia.

El  “Plan de Resiliencia para la Nueva Escuela  Pública y Privada después del COVID-19”, deberá  el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Educación, los maestros, los estudiantes, los padres, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, las iglesias, las autoridades sanitarias, las alcaldías y las gobernaciones, los empresarios, las universidades regionales y locales, los constructores, los suplidores, los editores de libros de textos, Educación INICIA, Acción Empresarial por la Educa, EDUCA, el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más otros que quieran sumarse.

El “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas”  deberá ir acompañado  del “Programa Aulas Felices”, para  potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los profesores; para promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias. Tendrá dos componentes: La Atención Plena o “mindfulness” y la Educación de las “24 fortalezas personales” (Peterson y Seligman, 2004), agrupadas en torno a 6 virtudes y a otras competencias vinculadas, tales como creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje y perspectiva; valentía, perseverancia, integridad ; amor, amabilidad e inteligencia social; ciudadanía, sentido de la justicia y liderazgo; capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autocontrol; y la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad.

De cara a la construcción de la “nueva educación pública y privada después del COVID-19”, y por tanto, del “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” y el “Programa Aulas Felices”, el Ministro de Educación puede revestirse de autoritario “cacique” de una tribu morada, con sus propios rituales partidarios y sin mezclarse con otros en su “territorio”.  O bien, en el líder resiliente,  aglutinador, inclusivo, dialógico, y democrático de la educación dominicana, que ennoblece la oportunidad de hacer posible el derecho de todos los dominicanos a una educación de calidad. Como una oportunidad de ser “ministro” (minister/ “el que sirve”), de “servir” a los dominicanos desde su Ministerio para construir desde la familia y desde la escuela  un país libre, transparente, justo y democrático.    

Que lo decida el Ministro. Es tiempo de “bajar las hachas” y “levantar las banderas del diálogo y la concordia” para ganarle la batalla al COVID-19, en nombre de la Patria educativa.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817597-el-covid-19-y-la-resiliencia-educativa-del-ministerio-de-educacion/

Imagen: https://pixabay.com/images/search/escuelas/

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Represión y censura

Por: Leonardo Díaz 

Dos noticias aparentemente inconexas coincidieron el pasado 4 de mayo. La primera: Profesores de Derecho se pronuncian sobre restricciones a la libertad y uso de la fuerza durante emergencia, se refiere a la postura de unos abogados docentes sobre los abusos de las fuerzas policiales cuando hacen cumplir las órdenes oficiales del confinamiento. La segunda, La ONU urge a proteger la libertad de prensa durante la pandemia  informa sobre las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre los peligros de las restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Ambas informaciones son dos caras de un mismo problema: los límites del estado de excepción dentro de una sociedad democrática.

La actitud autoritaria valida el daño a la dignidad de las personas bajo la excusa de la protección ciudadana. Los dos mecanismos emblemáticos de los Estados autoritarios para llevar a cabo dicha “protección” son la represión y la censura. Mediante la primera, se emplea el daño fisico y psicológico contra el cuerpo humano para disuadir a la ciudadanía de emplear los espacios físicos como escenario para movilizaciones que debiliten el control político. Mediante la segunda, se cierran los medios de acceso a los significados que los ciudadanos necesitan para interpretar sus experiencias sociales, en otras palabras, se lleva a cabo un silenciamiento hermenéutico.

Lo que caracteriza a los Estados autoritarios es la normativización de prácticas que, en el seno de una sociedad democrática, se ejecutan dentro de ciertos límites, en circunstancias excepcionales (peligro de salud pública, posibilidad de disolución política), durante un período muy limitado de tiempo y siempre como producto de un debate parlamentario previo que les otorgan legitimidad.

Recalco el hecho de que dichas prácticas se hacen dentro de unos límites, es decir, a pesar de las circunstancias excepcionales, el Estado de una sociedad democrática debe intentar ejercer las acciones especiales dentro de unos límites establecidos por el respeto al marco constitucional, a los derechos humanos y a la naturaleza dialogante de una sociedad abierta.

Por tanto, no es aceptable que, bajo la excusa de la pandemia del COVID-19, un Estado permita el uso desproporcional de la fuerza física contra la ciudadanía, el abuso de poder, o infrinja castigos no contemplados en la ley para las infracciones ciudadanas.

Como inaceptable resulta, también, el intento de ocultar información y distorsionarla, o entorpecer el trabajo de quienes tienen la función de proporcionarla. La información fidedigna y el acceso abierto a la lectura de los significados sociales constituyen los recursos más eficientes con que cuenta una sociedad democrática para resolver las situaciones problemáticas.

Fuente:  https://acento.com.do/2020/opinion/8814259-represion-y-censura/

Imagen: https://pixabay.com/photos/censorship-limitations-610101/

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