República Dominicana

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No perdamos más tiempo

Marisol Vicens Bello

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta pandemia que está provocando una grave recesión económica mundial, deben buscarse remedios para tratar de aliviar el duro impacto sobre las personas, sobre todo las de menores ingresos, la preservación de los empleos y la supervivencia de muchas empresas.

Es mucho lo que se ha discutido sobre el conflictivo proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y no vale la pena abundar pues las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  han desplegado una abundante campaña a la que han logrado sumar múltiples voces alertando sobre sus efectos negativos para la macroeconomía, y es evidente que el gobierno y las autoridades monetarias no permitirán que esto pase.

Sin embargo, hay medidas que pueden y deben realizarse, como la exoneración temporal de aportes a cuentas de pensiones debido a la crisis como han solicitado los empleadores, la cual a pesar de que las AFP expresaron aprobarían aún no se ha dictado, o las relacionadas con beneficios no reclamados del seguro de sobrevivencia por los familiares de afiliados fallecidos del régimen contributivo del SDSS o que han sido denegados por supuestos incumplimiento de requisitos.

En múltiples ocasiones la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) ha llamado la atención sobre el tema de los beneficios no reclamados o denegados, y en parte gracias a esto el Consejo de Seguridad Social (CNSS) aprobó en el 2015 una modificación al contrato de póliza entre las AFP y las aseguradoras para extender el plazo de prescripción para reclamar de 2 a 7 años y la edad límite de cobertura de 60 a 65 años. Y en consonancia con lo que han señalado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la SIPEN ha manifestado que “el derecho a recibir una pensión por sobrevivencia cubierta en la forma exigida por las normas no debe prescribir”, sin embargo, a la fecha el CNSS no se ha pronunciado al respecto.

Aunque importantes medios de comunicación han cifrado el monto no reclamado por familiares de afiliados fallecidos  en más de 1,700 millones de pesos al 2019, la SIPEN no ha dado una cifra oficial, pero el CNSS en su Resolución 457-03 dictada en octubre de 2018 indicó que conforme a auditoría practicada en el 2014 habían “39,386 afiliados fallecidos” con aportes acumulados no reclamados por  la suma de “RD$870,252,453.00”, señalando que el costo para  poder cumplir con los requisitos exigidos,  como es el pago del impuesto sucesoral, a veces superior a lo reclamado constituye una traba y, en este sentido  autorizó a la SIPEN y a su  Gerencia  a realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a fin de que se otorguen facilidades respecto del pago de impuestos, moras y multas, sin que se conozcan  resultados.

También se instruyó a la SIPEN modificar el contrato de afiliación para que se requiera suministrar los datos de contacto de los familiares, lo que sería importante aclarar si se ha hecho, así como a la DIDA, las AFP y las aseguradoras a realizar campañas informativas, que no se han realizado.

Urge pues que la DGII disponga las medidas para facilitar que los familiares reciban los beneficios eximiéndolos de pagos que se lo imposibilitan, que la SIPEN y las AFP hagan todo lo necesario para facilitar los trámites e informar a los beneficiarios de sus derechos y que el CNSS asuma con responsabilidad el seguimiento de estos temas. Si todas las publicaciones realizadas y la atención dedicada al fallido proyecto de ley se hubiesen concentrado en estos puntos que sí son posibles y tienen fundamentos legales, a lo mejor muchas familias de afiliados estarían recibiendo estos beneficios a los que tienen derecho o empleadores estarían exonerados de pagar por el plazo acordado las cotizaciones de pensiones, lo que constituiría un alivio en medio de estas difíciles circunstancias. No perdamos más tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817170-no-perdamos-mas-tiempo/

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-human-woman-adult-hands-3666974/

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El COVID-19 y la “resiliencia educativa” del Ministerio de Educación

Héctor Rodríguez Cruz

Por: Héctor Rodríguez Cruz

La reapertura de las escuelas encabeza las prioridades de los gobiernos de todo el mundo y de sus Ministerios de Educación. Constituye también la preocupación fundamental de alumnos y padres, de los maestros y de otros miembros del personal educativo y de los actores vinculados al sector educativo, debido a la incertidumbre que genera la naturaleza y evolución del COVID-19 y  las decisiones que se mantienen en “suspenso”.

El regreso a las aulas requiere de un marco de políticas y de recursos financieros que permita poner en práctica las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, continuar con el aprendizaje, atender las situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección, el bienestar y la seguridad. Los centros educativos deben asegurar el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos, las medidas sanitarias y seguir procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes.

En muchos países hay presión para la reapertura de las escuelas porque se considera que su cierre no hace sino profundizar la fractura social. Los alumnos provenientes de familias humildes o con problemas económicos son a quienes más negativamente está afectando el confinamiento, pues habitan en viviendas más pequeñas y muchos no disponen de la tecnología adecuada ni de condiciones objetivas para seguir  los cursos desde su casa.

Aquí en el país, a juzgar por los niveles de  controversia y rechazo que han despertado en amplios sectores las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, de febrero a la fecha, tales como la terminación  del año escolar antes de tiempo, al “pase automático curso” de todos los estudiantes sin ser evaluados y  la reapertura incierta de las escuelas, pareciera que el Ministerio “camina lento” y un tanto “perdido”, mostrando una baja capacidad de respuesta para establecer los principales parámetros e instrumentos educativos, técnicos y logísticos para la adaptación de la población  escolar a las circunstancias moldeadas por el COVID-19.

Las escuelas del país están cerradas por el COVID-19. Esta situación genera grandes perturbaciones a los  casi  3 millones  de estudiantes,  200 mil profesores y técnicos del sector público y del sector privado, así como los padres, tutores y suplidores esperan por un “protocolo”, de alcance nacional y local, que garantice la seguridad sanitaria y la “preparación integral” para el reinicio seguro de las actividades escolares. Urge que los niños dominicanos vuelvan a la escuela. Pero han de hacerlo con todas las garantías para su salud, su seguridad y su protección. ¡Más cualquier otra, debe ser la primera prioridad de la educación dominicana en estos momentos!

El COVID-19 encontró a la escuela dominicana pauperizada, acorralada, “confundida” y, quizá, hasta un poco abandonada a su propia suerte. Con muchas carencias y necesidades desatendidas. Si bien es cierto que encontró  cientos de escuelas seguras, vistosas y bien equipadas, también es cierto existen cientos de escuelas a las que el COVID-19 le hará mayores daños. 

Escuelas “enfermas” que funcionan en patios, casonas y almacenes y carecen de las condiciones mínimas  para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación  cuenta con  elevado presupuesto de unos 200 mil millones de pesos, que equivale el 4% del PIB de la nación. Urge dedicar esfuerzos recursos logísticos y financieros a la “liberación” de la escuela dominicana de las cadenas del COVID-19. Pero urge también sanar a tantas muchas de  las taras, incompetencias y perturbaciones generadas por los descuidos e irresponsabilidades de “ayer y de hoy”, y que son el vestigio de una “revolución educativa al revés”.

Para encarar las perturbaciones educativas y sociales y el impacto perturbador del COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, así  como  lograr la apertura exitosa y segura de las escuelas, con  garantías para su salud, su seguridad y su protección públicas y privadas, el Ministerio de Educación,  conjuntamente con otros sectores de la sociedad deberá plantearse a corto plazo la necesidad de la elaboración de un “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas después del COVID-19” que contenga las estrategias preventivas, técnicas y logísticas para “preparar”  a los maestros, a los alumnos, las instalaciones, aulas, laboratorios, los libros de texto baños, comedores, cocina, bibliotecas y sala de TICS,  para la reapertura de las escuelas y  su “nueva normalización”,  con las debidas y rigurosas medidas sanitarias para adecuarse a las nueva realidad de la pandemia y para evitar el contagio, la contaminación, el estrés  y otros efectos contaminantes del proceso aprendizaje-enseñanza, la investigación y la convivencia.

El  “Plan de Resiliencia para la Nueva Escuela  Pública y Privada después del COVID-19”, deberá  el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Educación, los maestros, los estudiantes, los padres, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, las iglesias, las autoridades sanitarias, las alcaldías y las gobernaciones, los empresarios, las universidades regionales y locales, los constructores, los suplidores, los editores de libros de textos, Educación INICIA, Acción Empresarial por la Educa, EDUCA, el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más otros que quieran sumarse.

El “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas”  deberá ir acompañado  del “Programa Aulas Felices”, para  potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los profesores; para promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias. Tendrá dos componentes: La Atención Plena o “mindfulness” y la Educación de las “24 fortalezas personales” (Peterson y Seligman, 2004), agrupadas en torno a 6 virtudes y a otras competencias vinculadas, tales como creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje y perspectiva; valentía, perseverancia, integridad ; amor, amabilidad e inteligencia social; ciudadanía, sentido de la justicia y liderazgo; capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autocontrol; y la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad.

De cara a la construcción de la “nueva educación pública y privada después del COVID-19”, y por tanto, del “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” y el “Programa Aulas Felices”, el Ministro de Educación puede revestirse de autoritario “cacique” de una tribu morada, con sus propios rituales partidarios y sin mezclarse con otros en su “territorio”.  O bien, en el líder resiliente,  aglutinador, inclusivo, dialógico, y democrático de la educación dominicana, que ennoblece la oportunidad de hacer posible el derecho de todos los dominicanos a una educación de calidad. Como una oportunidad de ser “ministro” (minister/ “el que sirve”), de “servir” a los dominicanos desde su Ministerio para construir desde la familia y desde la escuela  un país libre, transparente, justo y democrático.    

Que lo decida el Ministro. Es tiempo de “bajar las hachas” y “levantar las banderas del diálogo y la concordia” para ganarle la batalla al COVID-19, en nombre de la Patria educativa.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817597-el-covid-19-y-la-resiliencia-educativa-del-ministerio-de-educacion/

Imagen: https://pixabay.com/images/search/escuelas/

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Represión y censura

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz 

Dos noticias aparentemente inconexas coincidieron el pasado 4 de mayo. La primera: Profesores de Derecho se pronuncian sobre restricciones a la libertad y uso de la fuerza durante emergencia, se refiere a la postura de unos abogados docentes sobre los abusos de las fuerzas policiales cuando hacen cumplir las órdenes oficiales del confinamiento. La segunda, La ONU urge a proteger la libertad de prensa durante la pandemia  informa sobre las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre los peligros de las restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Ambas informaciones son dos caras de un mismo problema: los límites del estado de excepción dentro de una sociedad democrática.

La actitud autoritaria valida el daño a la dignidad de las personas bajo la excusa de la protección ciudadana. Los dos mecanismos emblemáticos de los Estados autoritarios para llevar a cabo dicha “protección” son la represión y la censura. Mediante la primera, se emplea el daño fisico y psicológico contra el cuerpo humano para disuadir a la ciudadanía de emplear los espacios físicos como escenario para movilizaciones que debiliten el control político. Mediante la segunda, se cierran los medios de acceso a los significados que los ciudadanos necesitan para interpretar sus experiencias sociales, en otras palabras, se lleva a cabo un silenciamiento hermenéutico.

Lo que caracteriza a los Estados autoritarios es la normativización de prácticas que, en el seno de una sociedad democrática, se ejecutan dentro de ciertos límites, en circunstancias excepcionales (peligro de salud pública, posibilidad de disolución política), durante un período muy limitado de tiempo y siempre como producto de un debate parlamentario previo que les otorgan legitimidad.

Recalco el hecho de que dichas prácticas se hacen dentro de unos límites, es decir, a pesar de las circunstancias excepcionales, el Estado de una sociedad democrática debe intentar ejercer las acciones especiales dentro de unos límites establecidos por el respeto al marco constitucional, a los derechos humanos y a la naturaleza dialogante de una sociedad abierta.

Por tanto, no es aceptable que, bajo la excusa de la pandemia del COVID-19, un Estado permita el uso desproporcional de la fuerza física contra la ciudadanía, el abuso de poder, o infrinja castigos no contemplados en la ley para las infracciones ciudadanas.

Como inaceptable resulta, también, el intento de ocultar información y distorsionarla, o entorpecer el trabajo de quienes tienen la función de proporcionarla. La información fidedigna y el acceso abierto a la lectura de los significados sociales constituyen los recursos más eficientes con que cuenta una sociedad democrática para resolver las situaciones problemáticas.

Fuente:  https://acento.com.do/2020/opinion/8814259-represion-y-censura/

Imagen: https://pixabay.com/photos/censorship-limitations-610101/

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República Dominicana: Niños y niñas del CAID con atención a distancia a través de Telegram

Noticias

América Central/República Dominicana/10-05-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), recinto Santo Domingo Oeste, inició un canal de comunicación vía Telegram entre los terapeutas y los usuarios activos, a través del cual se facilita información y recomendaciones de gran utilidad a las familias.

A raíz de la suspensión de los servicios de manera presencial, por el período de emergencia y el toque de queda en el país, dispuestos por el presidente Danilo Medina para frenar el ritmo de contagio del coronavirus (COVID-19), el centro ha desarrollado una modalidad a distancia para llegar a sus beneficiarios.

El director del CAID Santo Domingo Oeste, doctor Moisés Taveras, señaló que esta modalidad da respuesta a la necesidad de las familias y al compromiso institucional de continuar brindando servicio de calidad, con el mismo amor de siempre, como dice la primera dama Cándida Montilla de Medina y de acuerdo a lo que permita la realidad que actualmente vive el país.

“Para el CAID el bienestar de nuestros usuarios ha sido siempre nuestra prioridad, por esta razón durante la situación actual por el coronavirus hemos buscado alternativas para continuar brindando acompañamiento a nuestros niños y sus familias”, indicó el doctor Taveras.

Agregó que en adición a la información general compartida, en horarios establecidos, las familias pueden interactuar con los profesionales de los diferentes servicios del centro para un acompañamiento más directo.

El CAID, principal iniciativa de la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, ha democratizado el acceso de los niños y niñas de cero a doce años de edad, con Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista (TEA) y parálisis cerebral, a atenciones especializadas.

 

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2020/salud/8815348-ninos-y-ninas-del-caid-con-atencion-a-distancia-a-traves-de-telegram/

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Reaprendiendo a vivir

Marisol Vicens Bello

Por: Marisol Vicens Bello

Nuestro país al igual que los demás del mundo está encarando la pandemia del coronavirus, lo que nos ha permitido beneficiarnos de las experiencias de otros, y debería servirnos de aprendizaje en múltiples aspectos.

Aunque todavía es más lo que se desconoce que lo que se conoce del letal y altamente contagioso virus del SARS-Cov-2, hay un hecho cierto y es que hasta tanto no se haya aprobado y puesto en venta una vacuna efectiva contra este, tendremos que aprender a vivir con este enemigo invisible.

La cronología de su propagación nos facilita seguir en tiempo real qué ha dado resultado y qué no en países más avanzados y cómo el manejo de la enfermedad del covid-19 ha ido evolucionando positivamente con la utilización de distintos medicamentos destinados a otros fines que han demostrado alguna efectividad en estos casos.

Pero también nos ha permitido advertir las posibles diferencias que podrían existir en su impacto en países desarrollados versus países como el nuestro, en los que un porcentaje de la población desgraciadamente vive en condiciones deplorables que los hace desarrollar mayor resistencia y donde de alguna manera todos hemos convivido en distintos grados con falta de higiene o debidas condiciones de salubridad de las aguas, del sistema de depósito de los residuos sólidos, de los mercados, del transporte público.

Si bien la prioridad de las autoridades debe ser seguir trabajando incansablemente para garantizar la protección de la salud de nuestra población y tratar en cuanto sea posible de evitar una escalada en los casos disponiendo efectivas medidas de aislamiento, concomitantemente debe velar porque haya la debida sincronización entre la evolución de la enfermedad y la reducción de las medidas de confinamiento conforme mejoren las condiciones permitiendo una reinserción gradual. 

Múltiples países ya han hecho públicos sus planes previendo distintas etapas, y diversas prestigiosas organizaciones han presentado sus propuestas, y en general hay bastante coincidencia entre medidas de protección, orden de prioridad e identificación de los últimos que ingresarán debido a sus vulnerabilidades, describiendo detalladamente lo que se puede hacer en cada etapa, quiénes pueden hacerlo y cómo deben hacerlo, tomando en consideración las necesidades de todos los sectores. Pero el éxito del confinamiento y de su desescalada reside en el debido cumplimiento de las medidas y en la rigurosidad con que se exija imponiendo las sanciones correspondientes.

Y ahí precisamente es que estamos fallando, pues conforme han ido transcurriendo los más de 40 días que lleva el confinamiento unos han cumplido, otros han incumplido sin mayores consecuencias,  mientras algunos  salen de sus casas sin justo motivo o desafían las restricciones una vez pasa la patrulla policial, y otros tantos se están cansando de cumplir, lo que ha ido relajando las medidas antes de que se haya ordenado oficialmente una gradualidad, y se está operando una especie de estado de sálvese quien pueda en el que muchos han optado por abrir las puertas traseras de sus negocios o volver  a buscársela a las calles.

Por eso es indispensable que la aprobación de la nueva extensión del estado de emergencia sirva para que las autoridades presenten el plan de desescalada del confinamiento debidamente coordinado a nivel nacional y de reinserción gradual de los sectores y su cronograma de aplicación, plan que  debe incluir las medidas económicas que deben ser aprobadas mediante leyes o decretos para mitigar el duro impacto de la crisis y la preservación de los empleos, así como las sanciones que se aplicarían por incumplimiento.

En medio de la incertidumbre de esta terrible crisis sanitaria, hay dos cosas ciertas, que tendremos que reaprender a vivir en nuestra nueva normalidad que ya no será más estado de emergencia, y que habrá una gran recesión económica.  Por eso los ciudadanos debemos conocer cuanto antes las medidas y acciones que serán aplicadas, así como el horizonte que nos espera.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8812045-reaprendiendo-a-vivir/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/syringe-shot-medicine-bottle-1884758/

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El COVID-19 puede favorecer los autoritarismos y debilitar las democracias: una mirada al C5i

Héctor Rodríguez Cruz

Por: Héctor Rodríguez Cruz

Dedicado a Rogelio Delgado Bogaert, Alfonso Moreno Martínez y Fonchy Lockward. Tres  grandes demócratas. Tres políticos íntegros.

El COVID-19 representa una seria amenaza para la salud de millones de dominicanos y también para la democracia dominicana. Esta pandemia no sólo exige poner atención a las alarmas sanitarias, sino también a las alarmas políticas, electorales y democráticas. Ambas amenazas deben ser  atendidas eficientemente.

Ambas tareas han de asumirse con sentido democrático y no autoritario. Los caminos autoritarios tienen en común el déficit democrático, es decir la imposición y decisiones sin sustento en el  parecer de la ciudadanía. La globalización del coronavirus ha puesto al descubierto las carencias democráticas de algunos países alrededor del mundo.  ¡Y el nuestro se inscribe entre ellos!

El COVID-19 también ha puesto a la vista de todos la capacidad de respuesta de las estructuras institucionales e infraestructuras sanitarias de una serie de países donde las privatizaciones llevaron a una contaminación significativa del sistema público de salud.  Nuestro país no ha sido la excepción, ha sido víctima de las mismas ambiciones de los mercaderes que asaltaron  la salud pública y esto debilita el deber democrático de garantizar  servicios de salud a todos los ciudadanos. 

El COVID-19 encontró a nuestro país con un sistema de salud colapsado, abandonado  y disminuido por las fuerzas salvajes de la privatización, que deja sin protección sanitaria a millones de dominicanos y principalmente a los más necesitados.

Otra gran tragedia del Sistema Nacional de Salud  es que dispone de un presupuesto insuficiente equivalente a un  2% del PIB, pese a que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, END,  contempla una asignación equivalente al 4% del PIB a partir del 2020. La Conferencia Permanente de Partidos Politicos de América Latina y el Caribe, COPPPAL, que agrupa a más de 60 partidos de 29 países de América Latina, en su reciente asamblea realizada en Panamá, recomienda que se destine de manera inmediata y permanente el 6% del PIB, tanto para afrontar el presente del COVID-19  como  el “después” del COVID-19”.

El COVID-19 también encontró al país con un sistema democrático y electoral colapsado, confuso y con visibles rasgos de autoritarismo gerencial. El trauma electoral del 16-F, que condujo a  la nebulosa suspensión de las elecciones municipales programadas para el 16 de febrero del 2020, así  como  el “secretismo” entrampado y anodino que viene adoptando la JCE en la preparación de las próximas elecciones presidenciales y congresuales, ponen de manifiesto el alto nivel de riesgo y  letalidad a que está expuesta la democracia  dominicana.

El COVID-19 parece haber sido hecho a la medida de los gobiernos y políticos autoritarios que han proliferado en los últimos años. Mientras muchos de ellos no creyeron inicialmente en la gravedad de la pandemia, ahora les podría servir para recortar libertades democráticas, dar papeles y funciones protagónicos a los militares y policías en el manejo y control del COVID-19, así como hacer uso discrecional de presupuestos, préstamos, bonos  y donaciones; cerrar la frontera a la migración y exaltar el nacionalismo patológico frente a la cooperación entre países.

El COVID-19 coincide también con la tendencia global a contar con menos democracias. Desde 2006, según el Instituto Freedom House, con sede en Washington D.C., unos 64 países son menos democráticos mientras que sólo 37 gozan de más libertades. Las estadísticas e indicadores nacionales e internacionales  colocan al país entre los primeros. El declive autoritario proviene de gobernantes, legisladores y políticos que alegan que se deben limitar ciertas libertades para centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo.

La presencia de efectivos militares y policiales haciendo tareas civiles durante la pandemia genera inquietudes, especialmente en países como el nuestro donde los militares y policías tienen influencia sobre el poder político y viceversa. Según explica Augusto Varas, presidente de la “Fundación Equitas” de Chile,  y experto en cuestiones militares: «Una vez que las fuerzas armadas y policiales salen de sus marcos institucionales es muy difícil que retornen a los mismos, ya que su desprofesionalización las ha convertido en otra cosa”.

Los excesos cometidos por los militares y policías de aqui en el control de la movilidad durante la cuarentena, del toque de queda y el uso de mascarillas, acompañados de apresamientos en condiciones de riesgo, demuestran que algunos de ellos proceden al margen de lo previsto en la Constitución de República, en su propia Ley Orgánica y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan la seguridad de todos los ciudadanos, todo el tiempo y especialmente en situaciones de crisis, catástrofe y emergencia como el COVID-19, que está produciendo cientos de muertos y miles de infectados y serias afectaciones económicas y sociales.

Ante el miedo, la inseguridad,  la incertidumbre y sufrimientos la gran mayoría de los dominicanos requiere que se tomen medidas ejecutivas, rápidas, efectivas y atinadas por parte del gobierno y de las autoridades de salud. Sin embargo, las prioridades del gobierno y de las autoridades parecen no coincidir con las necesidades de las comunidades, los ciudadanos y los gremios médicos,  de enfermeras y bioanalistas del país.

Los gobiernos y políticos con tendencias autoritarias argumentan que ante la peligrosidad del COVID-19  conviene tener “mano fuerte” y favorecen un “poder fuerte centralizado”, y limitar los otros poderes, la libertad de circulación y el poder de expresarse ampliamente y libremente  en nombre de la defensa de  la “salud del pueblo”.

En este escenario, el gobierno del presidente Danilo Medina y la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del COVID-19, se proponen utilizar la “tecnología” para el control del COVID-19. Sin embargo, diversos expertos y organizaciones de derechos humanos alertan que la privacidad de los ciudadanos se podría ver violada, y que la información que hoy se recoge para detener la pandemia, mañana podría ser utilizada para el control político.

Relacionado con este tema, el afamado historiador hebreo Yuval Noah Harari escribió recientemente que la tecnología que se está usando en Corea del Sur, Singapur y Taiwán para seguir la pista de los móviles, reconocimiento facial a través de cámaras, y datos sobre temperatura corporal, podría servir para fines represivos en el futuro.  Dijo que enfrentamos el dilema entre “la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano”.

Señala, además, que los actuales gobiernos y políticos populistas atacan, mienten y desacreditan a la ciencia, generando climas de incertidumbre que sirven para promover regímenes autoritarios y poco democráticos. Cuestiones fundamentales para que la salida del COVID-19 no sea la entrada en una crisis de la democracia.

Ojalá que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad, (drones) e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i), inaugurado recientemente por el presidente Danilo Medina, y que “recopilará datos de afectados del COVID-19 y velará por la seguridad nacional”,  no se convierta en  un centro de “seguridades militares y estratégicas” para favorecer el autoritarismo y reducir la democracia en nuestro país, sino todo lo contrario. Sin embargo, más allá de la inquietud, tranquiliza saber que los militares y policías son los verdaderos guardianes de la Constitución, la democracia y  estado de derecho. ¡Por encima de todo!

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8810274-el-covid-19-puede-favorecer-los-autoritarismos-y-debilitar-las-democracias-una-mirada-al-c5i/

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/rank-squad-russian-police-officers-on-1465485161?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fautoritarismo%2F

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Derechos de la niñez y coronavirus

Elisabeth de Puig

Por: Elisabeth de Puig

El coronavirus trae cada día su carga de hipótesis y contra hipótesis, de nuevas medidas, de opiniones y contra opiniones, Ivermectin versus Hidroxicloroquina, inmunización o no inmunización, estrategias diversas de lucha. Al final vemos un mundo doblegado por un enemigo invisible, preso dentro de una gigantesca telaraña que provoca situaciones imprevisibles y que, al mismo tiempo, nos desvela nuestras fragilidades individuales y colectivas.

Las especificidades nacionales juegan un papel de primer rango en la gestión de la crisis del Coronavirus. Se ha debatido ampliamente acerca de la respuesta china y oriental a la pandemia, así como la de los países europeos, diferenciando a los latinos de los nórdicos.

Francia habría encarado de manera reactiva la crisis mientras Alemania lo habría hecho de forma preventiva y proactiva. Estas diferencias ponen en tela de juicio la organización política y los sistemas sanitarios de cada país. 

La pandemia ha tocado las puertas del Caribe y de América Latina con un desfase que permite descubrir algunas pistas en las experiencias vividas por los países que nos han precedido en el infortunio. A pesar de esta ventaja la CEPAL prevé graves estragos en América Latina y el Caribe, al igual que estos se anuncian para África.

En República Dominicana, después de 5 semanas de confinamiento y de un toque de queda que comienza a las 5 de la tarde, se siente una presión a favor de la reanudación de las actividades comerciales.

Fuerza es de darnos cuenta que el instinto natural de conservación no se expresa de la misma manera en todos los sectores de la sociedad. Pagamos y pagaremos muy caro el precio de las grandes desigualdades sociales que nos caracterizan, fruto de años de corrupción, de laxismo institucional, de falta de educación formal, de la pobre educación en ciudadanía y, por ende, de la poca capacidad crítica que mantiene nuestra gente en postración permanente.

Prueba de lo último es la insólita peregrinación que terminó el domingo pasado en la provincia de Puerto Plata y que amontonó centenares de personas con apoyo de la Policía y del 911 en plena cuarentena.

Frente a este cuadro bastante desolador, nuestra población infantil de sectores vulnerables se encuentra más desamparada que nunca. Las suspensiones de clases y el aislamiento físico han implicado que muchos menores deben estar encerrados en sus casas, en contextos en que pueden estar expuestos a situaciones de maltrato o de riesgo.

Las escuelas, ongs, iglesias son como mallas de retención que protegen a la niñez en situación de vulnerabilidad.  Con el aislamiento los niños, niñas y adolescentes enfrentan situaciones de mayor vulneración y desprotección.

La presente crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis mayor de los derechos de los niños, aún más cuando estos no se están respetado a cabalidad como sucede en nuestro país.

La sociedad debe unirse para exigir a las nuevas autoridades electas proteger la salud, que se proporcione agua, saneamiento e higiene a los sectores vulnerables tomando en cuenta que solo el 52.5% de los hogares recibe agua del acueducto dentro de la vivienda y un 23.6% de una llave en el patio según la última encuesta Enhogar 2017.

También se trata de facilitar el aprendizaje de los niños; ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijos; proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, lo mismo que de proteger a los niños migrantes.

Por la experiencia de anteriores aislamientos, sabemos que los niños y niñas que no van a la escuela durante largos periodos de tiempo tienen menos probabilidades de regresar cuando se reanudan las clases.

El cierre de las escuelas también elimina el acceso a programas de nutrición escolar y, con ello, dispara las tasas de desnutrición y malnutrición. Durante las últimas semanas se ha constatado un aumento considerable de los casos de dengue y malaria.

No nos podemos cegar. Las medidas de confinamiento solo aumentan la fractura social. El imposible acceso a las redes y las malas condiciones de vida van a incrementar la brecha escolar que hay en nuestro país entre las escuelas privadas de las clases altas y medias y las escuelas públicas y privadas de los barrios desfavorecidos, y dentro de estos mismos sectores la brecha entre quienes tienen acceso a internet y quienes no lo tienen.

Estas brechas no cierran con curitas, pero las crisis ofrecen oportunidades para subsanar algunas problemáticas. Cual sea el gobierno que tengamos en el próximo cuatrienio, el plan de recuperación nacional que será necesariamente emprendido tendrá que ver con todos los rubros y asignaturas impostergables como la atención primaria, programas de empleos, fuentes de trabajo, lucha contra la violencia y la inclusión. Se impone un nuevo plan para la niñez dominicana.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8810989-derechos-de-la-ninez-y-coronavirus/

Image:  ludi en Pixabay

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