Por: Edgard Sánchez
Artículos
Ir y venir de las reformas
Por: Carlos Ornelas
De acuerdo con porciones de la literatura internacional sobre reformas educativas, todos los intentos de cambio expresan propósitos preclaros —elevar la calidad de la educación es el dominante en estos años— aunque a veces sus acciones se encaminan a lo contrario. Hay reformas “placebo”, como las califican Mark Ginsburg y Susan Cooper: ofrecen remedios a males detectados, pero son inocuos. Otras son “idílicas” porque hacen propuestas inalcanzables que, sin embargo, generan expectativas en amplios grupos que, al ver frustrados sus anhelos, caen en la desesperanza o en la protesta política. Éstas, según Hans Weiler, provocan legitimidad “compensatoria”, pero de corta duración.
No obstante, en los intentos serios de reforma, los propósitos de cambio se alinean a la identificación clara de fallas, rutinas o prácticas que los reformadores consideran perniciosas para el aprendizaje de los alumnos y diseñan instrumentos —políticos y legales— para afrontar las deficiencias.
Casi siempre, estos tres tipos de reforma siguen un derrotero descendente: de la cúspide del poder político o económico hacia las estructuras del sistema. En aquellas en que los reformadores se aplican tratan de que sus apuestas lleguen a la base del sistema —el salón de clases— y de convencer a los maestros de que modifiquen —al menos en parte— ciertas prácticas.
Ninguna reforma educativa, por muy elevados que sean sus fines y que haya detallado las deficiencias que quiere subsanar, tiene un éxito absoluto —ni aún en plazo largo—, pero tampoco fracasa por completo, siempre deja un sedimento que otros reformistas tomarán en el futuro.
La mayor parte de las reformas educativas que han emprendido los gobiernos de México han sido de superficie. Explico, no llegan a la base del sistema, no alcanzan profundidad. Desde mi perspectiva, sólo tres tocaron a escuelas y maestros y dejaron solera que aún gobierna parte del sistema educativo mexicano. La que lideró José Vasconcelos, el joven, la de los años de la educación socialista, de plazo breve, y la de la unidad nacional cuyo ideólogo e impulsor fue Jaime Torres Bodet.
Dado el diseño y las consecuencias, no implica una reflexión sesuda postular que la Alianza por la calidad de la educación, que firmó el gobierno de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo, fue una reforma placebo. La única derivación fue el crecimiento del poder de ella, su grupo y los líderes de todas las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con efectos graves en la institución de la Secretaría de Educación Pública y sin resultados positivos ni en la organización escolar, ni en la preparación de los docentes ni en el aprendizaje de los alumnos.
Desde su campaña y ahora con la consulta, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, han generado expectativas inmensas: no habrá rechazados en la educación superior, becas para todo mundo, 100 nuevas universidades y crecimiento exponencial de la matrícula. Pero hay dudas de que puedan cumplirse; no es asunto de voluntad política, sino de recursos, diseño y seguimiento correctos. Seis años es un plazo breve.
Lo que sí podrá cumplir, dada la legitimidad del voto y la mayoría de Morena en las cámaras, es repeler ciertas tramas de la reforma del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, corre el riesgo de quedar prisionero de los viejos intereses corporativos y en lugar de una nueva transformación educativa tengamos un retorno al pasado.
EMB anunció la semana pasada en Durango que regresarán a las aulas “los maestros que fueron dados de baja por no asistir a las evaluaciones magisteriales”. Parece que hay voluntad de cumplirle a la CNTE, pero —tal vez— a costa de perjudicar a la niñez.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/ir-y-venir-de-las-reformas/
La propuesta educativa. Profesionalizar todo para garantizar un avance integral del servicio educativo
Por: Miguel Ángel Pérez
El último intento de reforma educativa en nuestro país, terminó por caricaturizar lo que es verdaderamente una reforma educativa integral y estratégica. Los titulares de la SEP en el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvieron muy por debajo de sus propias aspiraciones, el caso más claro es el de Aurelio Nuño, él aspiraba a una reformas educativa como trampolín para garantizar (y encubrir) sus aspiraciones políticas. No le resultó y ahora será un desempleado más del sistema, al igual de tantos priistas que han perdido mucho, a partir de las pasadas elecciones.
Sin embargo las señales que ha mandado lo que será el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son turbias y contradictorias, el debate no está en si la reforma educativa sigue o se anula. El verdadero debate reside en cuáles son las vías y los recursos para garantizar mejoras sustantivas a la calidad educativa que la entidad pública ofrece en este país. En este sentido, la profesionalización de todas las instancias que abarcan el sistema educativo nacional es la clave.
El tejido institucional en el seno de la SEP ha tenido un deterioro notablemente significativo (por decir lo menos), para donde volteemos encontramos déficits e incumplimiento de metas. Ya sea Educación básica, Media superior, Superior, Normales, Educación especial, Indígena, etc. El problema reside en que el sistema funciona como una serie de instancias aisladas y desarticuladas entre sí, el sistema no lo es en realidad, sino sólo un concepto, una abstracción o distintas instancias que cada uno funciona por su lado.
Se trata ahora de definir por dónde empezar y trazar una ruta critica para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. En todo ello, el trabajo y las propuestas de los y las docentes son fundamentales para garantizar llegar a buen puerto en las aspiraciones del proyecto educativo para el país.
En este sentido, no sólo se aspira a modificar las formas de administrar y gestionar el curso de acción del propio sistema, también se trata de cambiar para mejorar los contenidos del mismo. La reforma educativa por venir, deberá pensar en realizar profundos cambios desde los cimientos del propio sistema. Por ejemplo ¿cuáles son las preguntas que se hacen desde la educación básica para mejorar la calidad educativa?, ¿cómo presentar una oferta educativa más atractiva y significativa para los jóvenes y adolescentes que asisten a la educación media? ¿Cómo garantizar una mejor formación profesional para garantizar una pronta inserción laboral de los y las egresados de la educación superior?
Las preguntas si bien están planteadas en un plano muy general, están pensadas en que nos ayuden a perfilar de mejor manera los cambios y las distinciones que caracterizan el nuevo rostro de la SEP en el siguiente sexenio.
Las señales que se han lanzado hasta ahora, no dan cuenta de que estamos ante una auténtica aspiración de verdaderos cambios en educación, parece que sólo cambiarán las personas y el estilo de hacer las cosas. El problema de fondo sigue estando presente ante la grava pregunta ¿Cuál es la reforma educativa que nuestro país necesita? Y después de responder seguiría ¿Cuáles serían las primeras acciones y los primeros pasos que se deberán dar para caminar congruentemente en dicha perspectiva?
Profesionalizar el sistema tiene que ver con un compromiso serio de exigirle tanto a las instancias de arriba pero también a las de abajo, de que contribuyan en el cumplimiento de sus tareas específicas. Profesionalizar significa saber hacer bien las cosas en la perspectiva de un proyecto más amplio cuya globalidad está definida en la perspectiva de un proyecto claro que responde socialmente a lo que este país necesita en términos del desarrollo educacional.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-propuesta-educativa-profesionalizar-todo-para-garantizar-un-avance-integral-del-servicio-educativo/
La transformación que Duque propone para Ser Pilo Paga
Por: Semana Educación
El gobierno estudia lanzar un programa de becas en las que el Estado ponga una parte y las universidades otra. Del mismo modo, busca fortalecer el presupuesto de las universidades públicas. El objetivo es que más estudiantes puedan acceder a la educación superior.
El programa Ser Pilo Paga podría vivir en pocos días una transformación inesperada. Después del anuncio de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre la desfinanciación en que encontró esta iniciativa, se creía que la política de becar a los estudiantes menos favorecidos había llegado a su fin. Sin embargo, el presidente Duque entregó un parte de tranquilidad el pasado sábado. Ese día aseguró que mantendría su promesa de campaña de cumplir con los 40.000 jóvenes que lo conforman y además, entregó algunas puntadas de lo que tiene en mente. «Esos muchachos pueden estar tranquilos que van a terminar sus carreras», dijo.
En el Taller Construyendo País, la reunión que el primer mandatario hace cada semana en las regiones, Duque aseguró que existe una necesidad de aumentar más la cobertura de la educación superior. Con esto, el presidente tocaba el corazón a la principal crítica que tuvo el programa bandera de Juan Manuel Santos. Los más duros cuestionamientos se centraron siempre en que este apenas lograba beneficiar a 10.000 estudiantes por año, una cifra muy lejana de las necesidades del país.
El presidente presentó una fórmula diferente para poder becar a los estudiantes.»La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan», aseguró. En esas dos vías está marcada la nueva propuesta que se presentará en un mes. La idea más que eliminar el programa es extenderlo a otros estudiantes y cambiar el sistema de negociación con los centros académicos.
El problema central de la continuidad de Ser Pilo Paga, tal y como lo diseñó la exministra Gina Parody, es la financiación. Según dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en diferentes entrevistas radiales, se necesitan cerca de 2 billones de pesos para financiar a los 39.990 estudiantes que hacen parte de este. Expertos consultados por SEMANA aseguraron que desde antes ya se sabía que el programa era insostenible. Como los jóvenes podían elegir no solo la carrera, sino también la universidad y la ciudad donde querían estudiar, el resultado fue que el 79 por ciento de los muchachos terminaron en las universidades privadas más costosas del país, en las carreras más caras y se concentraron solo en tres ciudades, Bogotá, Medellín y Cali.
El hecho de que universidades privadas como Los Andes, la Javeriana y la Sabana se quedaran con el mayor número de “pilos”, como se les llama a los jóvenes del programa, hizo que esos recursos que el Estado destinaba para ese fin nunca llegaran a las universidades públicas, y también disminuyó el dinero que estas últimas recibían del Estado. El 50 por ciento del presupuesto de la nación terminó en la bolsa de Ser Pilo Paga.
Un modelo que logre integrar tanto a las universidades públicas como a las privadas será la apuesta del nuevo gobierno. Se están estudiando sistemas como los que existen en otros países, en los que el Estado financia un monto, pero las universidades ponen una contrapartida. Gracias a Ser Pilo Paga algunos centros educativos privados recibieron un número muy alto de estudiantes becados por la Nación. En los primeros años, la Universidad de la Salle, la Javeriana y la Universidad del Norte contaban con más de mil alumnos por año. Mientras Los Andes, por ejemplo, cerca de 600 estudiantes, que representaban la tercera parte de todos los que ingresaban allí. Aunque algunas de estas pusieron ayudas para la manutención de los estudiantes, el grueso de los gastos corría por cuenta del Estado.
Otras universidades fueron más cautas y limitaron el número. Algunos rectores consultados por SEMANA sostuvieron que como no había seguridad de que el programa estuviera financiado por muchos años, decidieron ser prudentes para que luego, en caso de que este se acabara, los presupuestos de las instituciones no se afectaran. Los directivos cuentan que cada año el gobierno los llamaba a preguntarles si era posible que la universidad pusiera una parte, pero que esas ayudas nunca se pudieron concretar. «Estos programas se usan en el mundo, pero en Colombia -a diferencia de lo que sucede en otros países- no tuvieron cofinanciación. Si el Estado estaba pagando 40.000 estudiantes, por lo menos se esperaría que las universidades pusieran el 50 por ciento del valor de la matrícula», explica Julián de Zubiría, rector del colegio Alberto Merani.
Más allá de los costos el programa sí representó una verdadera revolución social para quienes fueron beneficiarios. Por primera vez, miles de jóvenes de los lugares más apartados del país lograron llegar a universidades de elite que sin la estrategia de Ser Pilo Paga, ni siquiera habrían podido soñar. Con esto, se logró reducir la brecha de inequidad, hubo un valor agregado del intercambio cultural y se aumentaron las probabilidades del 30 al 70 por ciento de que jóvenes de escasos recursos llegaran a universidades como Los Andes. Las historias de jóvenes de veredas, muchas golpeadas por el conflicto armado, entrando a estos centros académicos conmovieron al país.
El rector de la Universidad Icesi de Cali, Francisco Piedrahita, asegura que el programa «no es tan costoso como lo pintan» y que su desempeño no puede verse solo en números presupuestales. Agrega que «dejaron que el programa se difamara cuando era un éxito y que sufriera todo tipo de ataques. Lamentablemente el éxito, como en todo, solo se ve con el tiempo. En unos años se sabrá qué significó llevar a la universidad a estos estudiantes».
Sin embargo, para muchos, entrar a la universidad no debería ser un privilegio de los más pilos, sino de muchos más. Francisco Cajiao, exrector de la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital, le dijo a SEMANA: “A mí también me gustaría que fueran a estudiar a Londres a Nueva York, pero tenemos que ver cuántos jóvenes tenemos y cómo repartimos la plata. El programa no podía basarse únicamente en el mérito”. Cajiao agregó que hoy la cobertura en educación superior en Colombia es solo del 35 por ciento, un porcentaje muy bajo en comparación con otros países de América Latina que tienen coberturas del 50 por ciento o más. Entre estos están Chile que ha logrado una cobertura del 87 por ciento.
Según los expertos consultados, para que el país llegue a una cobertura similar necesitaría abrir al menos 600.000 cupos más. Ese cambio, sin embargo, no sucede de la noche a la mañana. Para que una universidad pueda abrir 1.000 cupos necesita renovar su infraestructura y contratar casi que una nueva planta docente. Victoria Elena González Mantilla, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, le dijo a SEMANA que celebra la decisión del presidente de fortalecer las universidades públicas. Sin embargo, se pregunta ¿cómo lo va a hacer cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, redujo el presupuesto de esta cartera en 33 por ciento? “Genera preocupación es que terminen por no subsidiar al grupo pequeño de estudiosos, y que por otro lado, tampoco se pueda hacer inversión en la universidad pública por los recortes que ha anunciado el gobierno”, agrega.
En cuanto a la idea que los estudiantes paguen una parte del dinero y que las universidades paguen otra, Dustin Tahisin Gomez, docente investigador de varias universidades y estudiante del doctorado en agrociencias de la Universidad de la Salle, explicó que después de terminar la carrera los jóvenes podrían devolver el 50 por ciento de lo que costó su educación para crear una bolsa de recursos para financiar la matrícula de las generaciones. Según él, también será necesario buscar que el sector privado se involucre realmente con la academia.
Lo que viene en las próximas semanas no será fácil. El gobierno comenzará a estudiar modelos y a formular propuestas. En este momento hay un equipo dedicado a este asunto que comienza por definir un nuevo nombre para ese programa. Se ha hablado de llamarlo «Todos somos pilos», pero la fórmula no convence a algunos que sienten que evoca un poco de espejo retrovisor. Se espera que el borrador se presente después de que los bachilleres presenten sus pruebas de Estado.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/ivan-duque-programa-de-educacion-reemplazaria-a-ser-pilo-paga/582553
Las propuestas de López Obrador para cambiar el modelo educativo en México
Por: Meritxell Freixas Martorell
Poco más de dos meses han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México con unos resultados que superaron todas las expectativas. El candidato de la izquierda mexicana (coalición Morena) todavía no ha asumido su nuevo cargo -lo hará el próximo 1 de diciembre-, pero desde su triunfo electoral ha repetido en varias ocasiones que cuando eso ocurra anulará la Reforma Educativa impulsada por el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto.
En la primera comparecencia conjunta entre presidentes celebrada en el Palacio Nacional el pasado 21 de agosto, el electo aseguró ante su futuro antecesor que “en su momento, en tiempo y forma, vamos a cancelar la reforma educativa y daremos a conocer un plan distinto”.
El actual mandatario, de tendencia centroderechista (PRI), instauró un programa para poner fin a un sistema educativo de casi 60 años. Desde 2012 y en diferentes etapas, se propuso mejorar los indicadores educativos del país, que hasta día de hoy siguen siendo muy desalentadores.
México es el país de la OCDE que más dinero destina a la educación, más del 5% de su PIB, pero es el que peores resultados obtiene debido a que el grueso de los gastos, el 86%, es para pagar los salarios de más de dos millones de maestros que enseñan a 36 millones de alumnos en 260.000 escuelas.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 el 17,4% de la población mexicana no alcanzó el nivel educativo considerado básico (secundaria), lo que corresponde a un total de 21,3 millones de adultos y jóvenes de entre 13 y 15 años. Además, sólo el 30% de los jóvenes llega a educación superior.
Evaluación docente “punitiva”
La Reforma de Peña Nieto se basó en tres pilares fundamentales: modernizar los contenidos educativos, mejorar la infraestructura en las escuelas y profesionalizar a los profesores a través de un sistema de méritos. Esta última ha sido, sin duda, una de las piedras en el zapato del presidente hasta hoy.
El 3 de septiembre el presidente ofreció un balance oficial de su gestión, ad portas de traspasar el cargo. En su sexto y último Informe de Gobierno, declaró que cuando llegó al poder había un sistema “discrecional, injusto e ineficiente”, que no reconocía a los maestros, porque “el clientelismo había sustituido al mérito”.
Pero, según él, todo cambió con sus nuevas reglas para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes: “Hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación son los únicos criterios que determinan el desarrollo profesional de los maestros”, aseguró.
El sistema de evaluación de los docentes es obligatorio para todos los profesionales que resulten elegidos a través de un proceso de selección aleatorio. Aquellos que se niegan a realizar las pruebas son suspendidos de salario o cesados del lugar de trabajo. Desde su anuncio, el gremio ha mostrado una oposición muy mayoritaria a la iniciativa y, en algunos estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, incluso frontal. En 2016, la ola de protestas de los profesores en estas regiones dejó varios muertos y cientos de heridos.
Las pruebas, que se deben realizar cada cuatro años, permiten “promocionarse en la función”, es decir, obtener reconocimiento (económico) o mayor número de horas lectivas (con su respectivo aumento salarial); conseguir “reconocimiento en el servicio”, que significa llegar a ejercer como tutor o asesor técnico pedagógico; o permanecer y conservar el puesto de trabajo.
Contra este sistema de pruebas se ha posicionado desde el principio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización sindical que se creó como alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina en número de afiliados y cercano al actual Ejecutivo. Con una clara apuesta por dignificar el trabajo docente, la CNTE ha dado la pelea de forma perseverante contra la Reforma Educativa de Peña Nieto.
Mirna Santiago, miembro de la dirección política de la organización sindical y maestra de educación preescolar, asegura que la “evaluación punitiva es la columna vertebral” de la Reforma, y que opera “a través de exámenes estandarizados a alumnos y maestros para medir conocimientos en el marco de un proceso de mercantilización que deshumaniza y cosifica”.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública, durante el mandato de Peña Nieto, 637.000 profesores han participado en evaluaciones de desempeño docente. Por su parte, la CNTE cifra en 586 personas cesadas en 2015 por negarse a examinarse, mientras que el mes pasado, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, fueron despedidos 17 maestros más por la misma razón.
Defensores y detractores
Han trascendido pocos detalles de los planes de López Obrador en materia educativa, más allá de acabar con la Reforma. Tampoco ha explicado cómo llevará a cabo este proceso. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre de la evaluación docente, la única parte que el nuevo presidente quiere mantener. Eso sí, quitándole el “componente punitivo”. “Queremos tener a un maestro que esté pensando en que los niños mejoren, y no puede estar siendo hostigado por la autoridad educativa, no puede estar pensando en su evaluación”, ha anticipado el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
Pero esta idea no convence a todo el sector. Entre los que más rechazo han mostrado a la decisión de anular la Reforma Educativa, en general, y modificar la evaluación docente, en particular, destaca la organización Mexicanos Primero, vinculada a empresarios de élite que en estos años se ha volcado a favor del programa reformista.
Su presidente ejecutivo, David Calderón explica a El Diario de la Educación que López Obrador cancelará “los mecanismos que permiten atender con mejores condiciones, con la compensación de justicia necesaria, a los alumnos de las zonas más pobres”, en referencia a la eliminación de los castigos por malos resultados en las pruebas. Para él, “la solución no es que los maestros no tengan exigencias, por el contrario, necesitan el máximo apoyo, compensaciones salariales y profesionales”. El director considera que si “ya el capital cultural de las familias más pobres no alcanza para que [sus niños] tengan oportunidades paralelas a los de las grandes ciudades, menos las van a conseguir con maestros que no saben cerrarles la brecha en cuanto a los aprendizajes y habilidades deseadas”.
Calderón también opina que es una “grave omisión” que el mandatario electo no se haya referido a políticas dirigidas a la primera infancia. Además, rebate el enfoque de las políticas educativas para jóvenes que se vienen. En esta línea, López Obrador ha planteado ampliar la cobertura de la educación universitaria y repartir becas a todos los jóvenes del país que se incorporen a empresas y organizaciones para desarrollar una formación temporal.
Para el director, esto es una “introducción temprana al subsidio para toda la vida” y “un incentivo a la dependencia”. Según él, López Obrador tiene que ir más allá de una solución temporal y lo invitó a buscar un “diseño más propositivo y sólido” que supere su promesa de campaña “de ofrecer becas indiscriminadamente”. En su opinión, estos “pequeños depósitos mitigan la pobreza y frustración, pero no son sustentables en el tiempo”.
Desde el otro lado de la cancha, la CNTE celebra que finalmente se reviertan las medidas que contempla la Reforma, cuya implementación necesitó incluso modificar la Constitución, y se muestra confiada ante eventuales “transformaciones” al sistema educativo del país. A la vez, pero, duda de que ese nuevo escenario pueda ser “real” si, al frente de la Secretaría de Educación, López Obrador ha designado a Moctezuma, un personaje vinculado a la Reforma del gobierno anterior.
Por ahora, la CNTE será uno de los actores clave de la Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, otro de los anuncios del nuevo presidente. Maestros, estudiantes, familias, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas participarán de 32 foros en distintos estados para diseñar el programa que guiará los próximos años en materia educativa.
Mirna Santiago observa el desafío con esperanza, pero también con determinación: “Enfrentaremos al nuevo gobierno con organización, movilización y disciplina, dando continuidad a la lucha y haciendo valer nuestras propuestas de educación emancipadora que ya se llevan a la práctica en las aulas desde hace años”, concluye.
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/10/las-propuestas-de-lopez-obrador-para-cambiar-el-modelo-educativo-en-mexico/
El victimismo y el folclorismo postergan las luchas indígenas
Por: Ollantay Itzamná
Cuando observamos los empinados caminos de los pueblos indígenas en países con poblaciones mayoritariamente indígenas, como Bolivia y Guatemala, constatamos que los siglos de historias de sufrimientos son muy similares. Incluso bajo el colonialismo interno de estados republicanos bicentenarios.
Pero, la actitud y las inconclusas historias emancipatorias emprendidas por dichos pueblos son diferentes en estos dos países. Los pueblos andino amazónico de Bolivia avanzan en el ejercicio y defensa de sus derechos sociopolíticos y económicos, mientras en Guatemala, en buena medida, los pueblos indígenas aún no logran dar el salto de los derechos culturales (culturalismo) hacia el ejercicio de los derechos políticos (para disputar y ejercer poder).
La explicación de intelectuales indígenas y no indígenas sobre este atasco culturalista es: hay miedo en los pueblos indígenas, fruto de la guerra interna, para transitar hacia los derechos políticos. Aunque, en los hechos, en las comunidades indígenas en resistencia se constata todo, menos miedo.
¿Por qué los pueblos indígenas de Bolivia dieron saltos significativos en sus agendas emancipatorias, y en Guatemala aún no ocurre ello?
Rol de la memoria histórica de las luchas
En Bolivia, el siglo XVIII estuvo encumbrado por la rebelión encabezada de la pareja legendaria de Túpac Katari-Bartolina Sisa; el siglo XIX, con Zárate Villka, y continuas sublevaciones indígenas; el siglo XX, con el movimiento indianista/katarista (que sistematizó y socializó la agenda política indígena); el siglo XXI con el movimiento indígena-campesino que construye el Estado Plurinacional.
En Guatemala, no están registradas o debidamente registradas las revueltas o sublevaciones indígenas en la historia. Las luchas del pueblo quiché, mam, q’echí… son prácticamente desconocidas.
Aunque, sí existe, en Guatemala, literatura sobre la dimensión cultural de los sucesos históricos (sobre todo antropología rescatista o culturalista). Estos esfuerzos de investigaciones culturalistas fueron o son financiados, en buena medida, por cooperación internacional (como la USAID) o universidades privadas como la Universidad del Valle (con una intencionalidad política definida).
Rol del “academisismo” indígena.
Para inicios del presente siglo, la población indígena en Bolivia estaba absolutamente excluida de la academia. Por eso, en un foro continental, en la ciudad de Antigua, Guatemala, una quechua boliviana, hace algunos años atrás, desafiaba a indígenas guatemaltecos en los siguientes términos: Nosotras, sin títulos universitarios, hicimos los cambios en Bolivia. Aquí en Guatemala Uds. tiene bastantes profesionales indígenas…”. Y, efectivamente, en Guatemala hay más cantidad de indígenas profesionales que en Bolivia
Pero, por las condiciones coloniales, el o la indígena, cuanto más títulos o grados académicos posee, más doctrinero/a de la colonización se vuelve. En Guatemala existen muchos profesionales indígenas, pero, en su mayoría, desterritorializados y “despolitizados”, compitiendo entre sí por ventanillas en el Estado etnofágico y/o en la cooperación u ONG “apolíticos”. A ellos/as, casi nunca se los mira ni en las calles, ni en las comunidades ejerciendo el derecho a la resistencia creativa, junto a los suyos.
Por eso, mientras profesionales indígenas ejecutan proyectos sobre derechos culturales, los pueblos y comunidades indígenas debaten y plantean restitución de sus territorios, autodeterminación, Estado Plurinacional, proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
En buena cuenta, el culturalismo y la victimización son más rentables económicamente para muchos/as indígenas graduadas y posgraduadas que impulsar procesos de cambios estructurales y profundos en el país.
Rol de la cooperación internacional culturalista y apolítica
Los Acuerdos de Paz cultivó la proliferación de ONG, becas de estudio para indígenas, etc. Pero, todo estaba orientado al culturalismo o al afianzamiento del libre mercado. Consecuencia de ello tenemos ingentes cantidades de ONG indígena o no, aún ejecutando proyectos centrados exclusivamente en “derechos culturales”. Nunca para el ejercicio de derechos políticos (porque las ONG y sus profesionales tienen que ser apolíticos)
Las agencias de cooperación, las ONG, las universidades privadas y el Estado cooptaron, casi en su totalidad a los profesionales indígenas. Y lo más difícil, grandes sectores del mundo indígena aún cree que los profesionales son portadores de verdad y benignidad para los pueblos. Así, el colonialismo interno estatal ya no requiere de doctrineros mestizos para controlar a los pueblos indígenas.
Bolivia tuvo la dicha de no tener Acuerdos de Paz, ni contar con cooperación en las dimensiones que Guatemala tuvo. El Bolivia, el sistema neoliberal se impuso, sin el aceite de los Acuerdos de Paz, y los pueblos indígenas se sublevaron sin mayores distracciones culturalistas.
Rol del pentecostalismo indigenista
Guatemala aventaja a Bolivia, no sólo en la megadiversidad de trajes e idiomas indígenas, sino también en la cantidad de “guías espirituales”. Pero, estos guías, en su gran mayoría, también son “apolíticos”. Únicamente se ocupan de la dimensión espiritual de la realidad. Espiritualismo, en otros términos.
En Bolivia, los yatires (sacerdotes andinos, en aymara) para ejercer su labor no requieren de la credencial oficial emitida por el Estado. En Guatemala, sí. Por eso, en Bolivia, en las protestas y movilizaciones indígenas casi nunca faltan ceremonias performativas y ofrendas a la Madre Tierra (también como signo de protesta o celebración). En Guatemala, el espiritualismo o pentecostalismo apolítico permea a indígenas y cristianos casi por igual.
Aquí o allá, sin una espiritualidad y mística transformadora, cualquier intento de cambios profundos será siempre más difícil.
América Latina amenazada con retroceder
En ningún otro continente hay, en las últimas tres décadas, cambios tan significativos como en América Latina y el Caribe. Son grandes los desafíos que se presentan en los 33 países, con 600 millones de habitantes.
Después del fracaso del TLCAN (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y Chile como asociado), y el rechazo de la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) por la mayoría de los países del Continente, éste inició su recorrido por un camino propio. América Latina y el Caribe alcanzaron, al fin, su mayoría de edad.
Muchos factores contribuyeron a este avance. Primero, la resistencia de la Revolución Cubana, que no sucumbió frente a las agresiones de EEUU ni como consecuencia de la caída del Muro de Berlín y del fracaso de la Unión Soviética.
Vino luego el rechazo electoral a los candidatos que encarnaban la propuesta neoliberal y la victoria de aquellos identificados con las demandas populares, en especial de los más pobres: Chávez, Daniel Ortega, Lula, Bachelet, Kirchner, Mujica, Correa, Morales, etc. Varios organismos fueron creados para fortalecer la integración continental: Alba, Celac, Telesur, Unasur, Caricom, Aladi, Parlatino, Sica, etc.
Muchas dificultades, sin embargo, se configuran en el horizonte. En esta economía globalizada y hegemonizada por el capitalismo neoliberal, la crisis de monedas fuertes, como el dólar y el euro, afecta negativamente a los países del continente. Aunque hay avances en el combate a la pobreza extrema, aún hoy la región alberga millones de miserables; los salarios pagados a los trabajadores son bajos frente a los costos inflacionarios de las necesidades vitales; la desigualdad social crece vertiginosamente (de los 15 países más desiguales del mundo, 10 se encuentran en el Continente).
En Europa, donde la crisis económica desempleó a más de 30 millones de personas, la mayoría jóvenes, ya no hay una izquierda capaz de proponer alternativas. El Muro de Berlín se derrumbó sobre la cabeza de partidos y militantes de izquierda, casi todos cooptados por el neoliberalismo. Y ahora, los atentados terroristas refuerzan la xenofobia, la política de puertas cerradas a los refugiados, y los partidos de derecha que defienden una “Europa para los europeos” y un Estado policial.
En los países de Celac, la histórica dependencia de sus economías al mercado externo da indicios de una crisis que tiende a agravarse. Los índices de crecimiento del PIB caen; la inflación resurge; y se agravan la desindustrialización y el éxodo rural con la consiguiente expansión del latifundio.
El ‘pobretariado’
No basta con tener discursos y políticas progresistas si no encuentran correspondencia y adecuación en los programas económicos. Y nuestras economías siguen bajo presión de países metropolitanos; de organismos completamente controlados por los dueños del sistema (FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.); de un sistema de tarifas, en particular del precio de los alimentos, intrínsecamente injusto, y según el cual los beneficios privados del mercado tienen más importancia que la vida de las personas.
El Banco Mundial (BM) alerta que 241 millones de latinoamericanos pueden caer en la pobreza. Es lo que Bauman llamó precarización y yo, ‘pobretariado’. Estos 241 millones ni son pobres, ni pueden ser considerados de clase media. Y constituyen el 38% de la población del continente, en la que se consideran pobres todos los que se ven obligados a sobrevivir con menos de 4 dólares al día.
Hoy, la mitad de la población adulta de América Latina vive del trabajo informal, debido a la crisis económica que afecta a países emergentes como Brasil, México, Argentina y Venezuela.
Desde que los españoles y los portugueses llegaron a nuestra tierra natal, la economía continental depende de la exportación de productos primarios, hoy conocidos como materias primas. Sin embargo, los grandes importadores, como China y Europa Occidental, dan señales de declive.
Hoy, se consideran pobres, en América Latina, 167 millones de personas, y 71 millones son miserables (sobreviven con un máximo de US $ 1 por día). En Brasil, la miseria ya alcanza el 12% de la población, y se agrava por el ajuste fiscal del gobierno golpista de Temer, que afecta a las políticas sociales e inhibe el crecimiento del PIB.
Todos los gobiernos progresistas que hoy se congregan en la Celac, saben que fueron elegidos por los movimientos sociales y por los segmentos más pobres que constituyen la mayoría de la población. Sin embargo, ¿hay un efectivo trabajo de organizar los segmentos populares? ¿Los movimientos sociales son protagonistas de políticas de gobiernos o meros beneficiarios de programas de carácter asistencialista y no emancipatorio de combate a la pobreza?
¿Cómo los gobiernos democráticos populares de América Latina tratan a los segmentos de la población beneficiados por las políticas sociales? ¿Hay un empeño de intensa alfabetización política de la población o se disemina una mentalidad consumista?
Individualismo y el conservadurismo
Es innegable que el nivel de exclusión y miseria causado por el neoliberalismo exige medidas urgentes que no escapan al mero asistencialismo. Sin embargo, tal asistencialismo se restringe al acceso a beneficios personales (bono financiero, escuela, atención médica, crédito facilitado, dotación de productos básicos, etc.), sin que haya complementación con procesos pedagógicos de formación y organización políticas.
Se crean, así, reductos electorales, sin adhesión a un proyecto político alternativo al capitalismo. Se dan beneficios sin suscitar esperanza. Se promueve el acceso al consumo, sin propiciar el surgimiento de nuevos protagonistas sociales y políticos. Y lo que es más grave: sin percibir que, en el seno del actual sistema consumista, cuyas mercancías reciclables están impregnadas de fetiche que valoran al consumidor y no al ciudadano. El capitalismo post neoliberal introduce “valores” – como la competitividad y la mercantilización de todos los aspectos de la vida y de la naturaleza, reforzando el individualismo y el conservadurismo.
Nuestros gobiernos progresistas, en sus múltiples contradicciones, critican al capitalismo financiero y al mismo tiempo promueven la bancarización de los segmentos más pobres, a través de tarjetas de acceso a beneficios monetarios, a pensiones y salarios, y de la facilidad de crédito, a pesar de la dificultad de pagar los intereses y la liquidación de las deudas.
El peligro es fortalecer, en el imaginario social, la idea de que el capitalismo es perenne (“La historia acabó”, proclamó Francis Fukuyama), y que sin él no puede haber proceso verdaderamente democrático y civilizatorio. Lo que significa demonizar y excluir, aunque por la fuerza, todos los que no aceptan esa “obviedad” son considerados terroristas, enemigos de la democracia, subversivos o fundamentalistas.
Esta lógica se refuerza cuando, en campañas electorales, los candidatos de izquierda acentúan, enfáticamente, con la confianza en el mercado, la atracción de inversiones extranjeras, la garantía de que los empresarios y banqueros traerán mayores ganancias, etc.
¿Hacia reformas estructurales?
Por un siglo la lógica de la izquierda latinoamericana jamás se enfrentó a la idea de superar el capitalismo por etapas. Este es un dato nuevo, que exige mucho análisis para implementar políticas que impidan que los actuales procesos democráticos populares sean revertidos por el gran capital y por sus representantes políticos de derecha.
Este desafío no puede depender sólo de los gobiernos. Se extiende a los movimientos sociales y a los partidos progresistas que, cuanto antes, necesitan actuar como “intelectuales orgánicos”, socializando el debate sobre avances y contradicciones, dificultades y propuestas, para ensanchar siempre más el imaginario centrado en la liberación del pueblo y en la conquista de un modelo de sociedad post-capitalista, verdaderamente emancipatorio.
La cabeza piensa donde pisan los pies. Nuestros gobiernos progresistas corren el serio riesgo de verse sucumbidos por la contradicción entre política de izquierda y economía de derecha, si no movilizan al pueblo para implementar reformas estructurales. Y el principio del violín, que se aferra con la izquierda y se toca con la derecha…
Como decía Onelio Cardozo, las personas tienen “hambre de pan y de belleza”. La primera es saciable; la segunda, inagotable. Eso significa que el deseo humano, que es infinito, sólo dejará de ser rehén del consumismo y del hedonismo –tentáculos del neoliberalismo– si ha saciado su hambre de belleza, o sea, de sentido de existencia.
Esto no se alcanza apenas con más frijoles en el plato y más dinero en el bolsillo. Será un sí, si existe una formación capaz de imprimir en cada ciudadano y ciudadana, la convicción de que vale la pena vivir y morir para que todos tengan vida, y vida en abundancia, como dijo Jesús (Juan 10, 10). (Traducción CEAAL).
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/193879
Fotografía: Alai