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Temer, el abismo y después

Atilio Borón

Por: Atilio Boron

Una visita a Río de Janeiro me dio la oportunidad de conversar con numerosos amigos, militantes sociales y colegas que participaron en el estupendo seminario internacional que organizara la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) junto con otras instituciones académicas, en conmemoración del primer centenario de la Revolución Rusa. De esos fructíferos intercambios con mis interlocutores brota el siguiente diagnóstico sobre la situación brasileña, que me permito compartir con mis lectores.

A fines de agosto de 2016 una gavilla de bandidos del Congreso brasileño –varios de los cuales ya están en la cárcel condenados por delitos de corrupción- perpetró con la complicidad de la prensa canalla –con la Red Globo a la cabeza- y con el auspicio de la clase dominante y de “la embajada” un golpe de Estado que presentaron a la opinión pública como si fuera el resultado de un “juicio político” y depusieron de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff. [1] Esta había derrotado al candidato de la “derecha dura” en el balotaje de noviembre del 2014, Aécio Neves, pero lo hizo en nombre de un gobierno que -en un acto que sólo puede calificarse como suicida- había desmovilizado y desorganizado al instrumento político que lo había instalado en el Palacio del Planalto, el PT. Privada de ese apoyo Dilma no tuvo fuerzas para resistir el chantaje de los mercados y del partido derrotado en las urnas y a la semana de asumir su segundo turno presidencial tuvo que designar un gabinete en el cual los cinco principales cargos quedaron en manos de integrantes del equipo de Neves, lo cual no podía sino terminar por desmoralizar y desarmar ideológica y políticamente quienes un par de meses antes habían ratificado su confianza en ella. La designación del cavernícola economista neoliberal de la Universidad de Chicago Joaquín Levy como ministro de Hacienda marcó la total y definitiva sumisión de su gobierno ante el capital financiero. Por eso, cuando la asociación ilícita que se había apoderado del Congreso brasileño decidió eyectarla de su cargo nadie acudió en su auxilio y las calles y plazas de Brasil quedaron vacías. Un gobierno que había sido electo por más de 54 millones de brasileños fue incapaz de movilizar a unos pocos miles de sus partidarios para detener la conspiración de los mafiosos sentados en las bancas parlamentarias.

Conclusión: la alianza político electoral que el PT sellara con los enemigos de clase, representados sobre todo por el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, surgido en los años de la dictadura y partido del por entonces vicepresidente Michel Temer) y con otras fuerzas políticas de la derecha representantes del agronegocio y los evangélicos más reaccionarios; el continuismo (si bien con algunos atenuantes en materia de política social) del paradigma macroeconómico neoliberal instalado durante el gobierno de Fernando H. Cardoso y la ingenua ilusión de creer que por llegar al gobierno una fuerza política conquista el poder tuvieron el lamentable remate que era de esperar, y Dilma fue su víctima. Una verdadera desgracia, para el pueblo brasileño y para todos los de Nuestra América. Desgracia que no fue el inexorable veredicto del destino sino producto de una acumulación de gruesos errores y extravíos políticos que arrancan desde el primer turno presidencial de Lula. Temas, por otra parte, archiconocidos, por lo que no viene al caso referirlos una vez más en esta breve nota.

Dicho lo anterior, lo más preocupante ahora es la ausencia de una alternativa política para poner fin a un gobierno tan reaccionario como el de Michel Temer. En principio Lula podría triunfar si se procediera a un llamado anticipado a elecciones directas, pero para eso se requeriría una enmienda constitucional que un Congreso corrupto hasta la médula no está dispuesto a aprobar. Recuérdese que el zar de la industria frigorífica mundial, Joesley Batista, afirmó haber comprado en los últimos veinte años la voluntad política de más de 1800 dirigentes políticos entre senadores, diputados federales, estaduales, intendentes y concejales, y no fue el único en hacer aportes para obtener favores legislativos o de las autoridades. Lo que se baraja entonces es la posibilidad de que se designe a un notable de la vida pública brasileña para que concluya el mandato de la fórmula Rousseff-Temer y se convoque a elecciones en octubre del año próximo para elegir al próximo presidente. Hay algunos candidatos, pero el ambicioso Fernando H. Cardoso ya se autopostuló, aunque su nombre suscite intensas polémicas y movilice viejos rencores en su propio partido, el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) y las demás fuerzas de la derecha. Claro que si la presión de la calle alcanzara inéditas cotas de movilización popular no sería imposible que, ante el temor de un derrumbe de la frágil institucionalidad democrática, los delincuentes del Congreso (no todos, porque obviamente hay unas pocas honrosas excepciones) podrían ceder posiciones y habilitar el llamado a elecciones en los próximos meses. Menos probable sería una convocatoria para una nueva asamblea constituyente, tema tabú para los gobiernos de derecha de América Latina. Por supuesto que si tal cosa llegara a ocurrir el aparato judicial brasileño, socio inseparable de la derecha más reaccionaria del país, pergeñaría todo tipo de maniobras leguleyas para inhabilitar a Lula e impedirle postularse para ejercer cualquier cargo público en los próximos diez años y, de ese modo, sacarlo “legalmente” de la competencia electoral. O sea, un “golpe preventivo”.

Suponiendo que el miedo a un desborde pre-insurreccional convenza a la pandilla del Congreso de otorgar luz verde a la enmienda constitucional y se autorice el llamado a elecciones presidenciales anticipadas, lo que quedaría en pie, según mis informantes, es la incógnita acerca de si Lula, en caso de ganar las elecciones, trataría de hacer algo diferente a lo hecho durante su gestión presidencial anterior o si se contentaría con repetir lo actuado en el pasado. Porque si fuera para hacer lo mismo -y cometer los mismos errores que resultaron en la caída de Dilma: sometimiento al gran capital, desmovilización política y sindical, oídos sordos a los reclamos populares- el resultado final podría ser una crisis peor aún que la de estos días y la clausura, por mucho tiempo, de cualquier alternativa de izquierda. Tendría sentido un retorno de Lula si es que se propusiera desmontar el infernal predominio del capital financiero [2] , del agronegocio, de los sectores industriales paulistas agrupados en la FIESP, de la prensa canalla que envilece y envenena día a día a su pueblo y si, además, redefiniera la inserción internacional del Brasil rompiendo su escandalosa dependencia neocolonial de Estados Unidos promovida por Temer. [3] En caso contrario su regreso al Planalto sólo serviría para agudizar las contradicciones que hoy desgarran a la sociedad brasileña. No sería exagerado extender este razonamiento también a un eventual retorno de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Argentina, tema sobre el cual ya nos ocupamos en su momento y volveremos a hacerlo próximamente. En ambos casos la pregunta pertinente es: ¿retornar para hacer qué? Repetir lo bueno, en ambos casos, es urgente y necesario. Pero no lo es menos realizar una profunda autocrítica para evitar caer en los mismos desaciertos que provocaron, tanto en uno como en otro país, desenlaces tan deplorables como la inesperada victoria electoral de Mauricio Macri o el incontestado “golpe blando” de Michel Temer.

La urgencia de encontrar una salida a la crisis es vertiginosa si se toma en cuenta que el nivel de aprobación popular del presidente Michel Temer es inexistente en la medida en que oscila entre un 2 y un 4 por ciento y que los poderes fácticos que dominan Brasil ya han decidido soltarle la mano. [4] ¿De qué lo acusan? No de ser un corrupto, delatado pública e irrefutablemente por la grabación del ya mencionado Joesley Batista. Eso es lo de menos. Su pecado ha sido su ineptitud para sacar las leyes que la derecha necesita: desmontar la legislación laboral procedente del varguismo y el “trabalhismo” brasileño y de los mejores años del PT –restableciendo jornadas laborales de 12 horas e instalando la precarización del trabajo- y establecer un nuevo régimen previsional que requeriría 49 años ininterrumpidos de aportes para acogerse al beneficio jubilatorio con lo que, de hecho, acabarían con la jubilación como derecho para la enorme mayoría de la población brasileña, situación que en los hechos ya existe en algunos países de la región. Pero sería injusto negar la saña antipopular del usurpador: logró aprobar una absurda –e inviable- enmienda constitucional (la PEC 55) que congela el gasto público en educación y salud por los próximos veinte años, hasta el 2036, y al igual que su colega argentino está atacando sin piedad a las universidades públicas algunas de las cuales padecen un retraso salarial de varios meses. [5] En un alarde de incompetencia la Cancillería brasileña, otrora considerada una de las más profesionales del mundo, ofuscada por su patológica obsesión por atacar al presidente Nicolás Maduro cometió un error que sin duda figurará imbatible en el libro de records Guinness. Al referirse al inminente viaje de Temer a Rusia (programado para el 20-21 de Junio) el sitio web de Itamaraty anunció, textualmente, que el presidente se dirigiría a la “República Socialista Soviética de Rusia” para entrevistarse con Vladimir Putin. La increíble gaffe permaneció en pantalla durante 22 minutos hasta que un tsunami de burlas de los críticos del gobierno advirtieron a los funcionarios del ministerio de su grosero error y corrigieron la información. Un botón de muestra de la situación que hoy permea en el gobierno.

El problema es que siendo Temer corrupto e inútil no hay muchos con mejores credenciales que él, y por ahora se lo sostiene a la espera de la aparición de un mesías de una clase dominante profundamente dividida y carente de una alternativa política viable y eficaz, capaz de obtener del Congreso las leyes que otorgarían sello legal a un retroceso en materia de derechos laborales, previsionales y sociales a la época anterior al surgimiento del varguismo en los años treintas del siglo pasado. Buena parte de los dirigentes de sus primeras líneas están procesados o en la cárcel. Por una cruel ironía de la historia la única opción bien podría ser la de uno de los ex funcionarios de la CEPAL y (arrepentidos) fundadores de la teoría de la dependencia y ex profesor de “Metodología Marxista” en los cursos de la FLACSO de Santiago de Chile en 1967, Fernando H. Cardoso. Pero aún cuando tal cosa ocurriera, el nivel de corrupción del Congreso es de tal magnitud que para obtener una ley el eventual sucesor de Temer requeriría poseer algo más que la elegancia discursiva y la sutileza argumentativa de Cardoso. Tendría que reincidir en las tramoyas de rutina y re-editar las prácticas tradicionales del intercambio de favores y la compra de votos, y la situación judicial y el clima de la opinión pública no son para nada propicios para apelar una vez más a tales estrategias.

Por lo tanto lo que parece avecinarse es el derrumbe del sistema político, ya seriamente debilitado y deslegitimado por el sinfín de denuncias y delaciones por actos de corrupción y atribulado por una probable ofensiva popular de inédita envergadura en el país. El paro nacional del 28 de abril tuvo una resonancia como tal vez nunca antes en la historia brasileña, y se vienen nuevas convocatorias. Las fuerzas de izquierda política, incluyendo un sector del ala más radical del propio PT (que había sido marginada por Lula y por Dilma, pese a lo cual en el último congreso del partido tuvo una actuación deslucida que en nada contribuyó a la necesaria autocrítica de la experiencia del gobierno petista) más un enjambre de organizaciones sindicales (principalmente la CUT (Central Única de Trabajadores, dirigida por el PT) y la CTB (Central de los trabajadores y trabajadoras del Brasil, conducida por el PCdoB) y diversos movimientos sociales entre los que sobresalen el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra), los Sin Techo y muchos otros parecen estar dispuestos a librar la batalla decisiva contra el régimen golpista y por la construcción de una genuina democracia. No obstante, allí también se encuentra una división en el campo popular entre quienes tienen como prioridad garantizar la candidatura de Lula en el 2018 y los que pretenden, antes que nada (y desentendiéndose de ese tema) poner coto a la contrarreforma de la derecha. Es un debate muy complicado y es difícil saber como será saldado. Lo único cierto es que si estas fuerzas no ganan la calle nada cambiará en Brasil.

El temor de la burguesía brasileña y sus jefes en el corazón del imperio es muy grande, porque la pertinaz recesión económica y la crisis de legitimidad que arrastra a toda la clase política, al empresariado, a los gobiernos estaduales y locales es de tal magnitud que las fórmulas tradicionales del compromiso de las oligarquías partidarias y el “jeitinho” politiquero que todo lo resolvía son dispositivos muy desgastados y demasiado débiles, que difícilmente podrían ser exitosos frente a una amenaza de la magnitud que tiene la que se yergue en la vereda de enfrente. Molecularmente se está constituyendo en Brasil lo que Lenin denominara una “situación revolucionaria”: los de arriba ya no pueden seguir dominando como antes y los de abajo (por lo menos un sector importante de ellos) no quieren seguir siendo dominados. Que esta situación desemboque en una salida revolucionaria requiere de una combinación de condiciones objetivas y subjetivas que el revolucionario ruso jamás concebía de manera mecánica o lineal, y que todo indica que aún no parecen haber madurado lo suficientemente en Brasil. Pero, sin llegar al extremo revolucionario, el desenlace de la actual crisis podría producir una radical modificación en la correlación de fuerzas que hoy opone a burgueses y proletarios, estos últimos definidos teniendo en cuenta las grandes transformaciones que el capitalismo contemporáneo operó sobre la estructura y la morfología del universo asalariado. [6] Más allá de esto, se impone aquí una vieja verdad: la solución de la crisis política brasileña no brotará del rodaje de las instituciones del Estado, de los acuerdos parlamentarios o las sentencias de los jueces sino de la dinámica del conflicto clasista, del protagonismo de la calle. Es decir, de la movilización popular y la voluntad de lucha de las clases y capas populares resueltas a poner fin al ajuste y redefinir el rumbo de la sociedad brasileña. Sólo ellas podrán resolver el endemoniado entramado de corrupción, venalidad y latrocinio que caracteriza a la clase política brasileña. Tarea difícil, muy difícil pero no imposible. Ojalá que las clases y capas populares tengan la clarividencia para discernir las vías de solución a la crisis, la organización que convierta su fuerza potencial en fuerza política real, y el valor para lanzarse a esa necesaria empresa de transformación revolucionaria y regeneración ética que tanto necesita el gran país sudamericano.

Notas:

[1] Para quienes tengan dudas acerca del protagonismo de Washington basta con recordar que quien se desempeñó como embajadora de EEUU a lo largo de toda la farsa del “juicio político” fue nada menos que Liliana Ayalde, quien también ocupara ese cargo cuando se fraguó el golpe de Estado en contra de Fernando Lugo en Paraguay. Lo que se dice, una “experta” en demoliciones de gobiernos progresistas y en articular las coaliciones necesarias para garantizar el éxito de sus planes golpistas. Regresó a su país una vez consumada la defenestración de Dilma. Ahora es nada menos que la jefa civil del Comando Sur.

[2] Téngase en cuenta que en el año fiscal 2016 el 43.9% del presupuesto federal de Brasil se destinó al pago de los intereses y la amortización parcial de la deuda pública. Consultar: http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2017/05/31/panfleto-explicativo-consulta-nacional/ El endeudamiento del sector público y el pago de exorbitantes tasas de interés concretaron una fenomenal transferencia de ingresos a favor del capital financiero, enemigo jurado del gobierno petista.

[3] Un ejemplo: la invitación de Temer a que EEUU participe, por primera vez en su historia, en un ejercicio militar conjunto en la Triple Frontera Amazónica (Brasil, Colombia y Perú). La Amazonía había siempre estado celosamente resguardada de cualquier presencia estadounidense. Ya no más. Ver http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39826017 así como el texto de Silvina Romano y Amílcar Salas Oroño, “Brasil y el Cono Sur en la Geopolítica Estadounidense”, disponible en http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/

[4] El 2% lo asegura “nossapolitica.net/2017/06” y el 4 % surge de una encuesta de Barómetro Político realizada por la Consultora IPSOS y que señala que el 92% de los entrevistados dicen que el gobierno avanza por un rumbo equivocado, el 75% lo califica como malo o pésimo mientras que apenas un 4% asegura que es un gobierno bueno u óptimo.

[5] La «congelación» es una medida absurda y ridícula. La población total del Brasil en 2016 era de 206 millones de personas. En veinte años más se incrementará en casi treinta millones, llegando a 234 millones para los que habrá que disponer de los mismos fondos “congelados” en materia de salud y educación del año 2016. Es decir, no más escuelas ni hospitales ni dispensarios médicos, y a repartir entre esta acrecentada población los fondos que había en el 2016. Lo que se llama una “bomba de tiempo” político. En lo que hace al retraso salarial los docentes y el personal administrativo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) están recién ahora cobrando sus sueldos de marzo, y fraccionados.

[6] Sobre este tema resulta imprescindible consultar la obra de Ricardo Romero Laullón y Arantxa Tirado Sánchez, La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición forzada (Madrid:AKAL, 2016)

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228358

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Los normalistas, la educación pública y México

Francisco Lemus

Por: Francisco Lemus 

Una de las muy escasas oportunidades para salir de la marginación la representan las escuelas Normales rurales, que para muchas familias campesinas son la posibilidad de que sus hijos puedan aspirar a una vida mejor. Primero despojados de oportunidades en la marginación del campo, ahora en las aulas de clase gracias a las contrarreformas neoliberales.

La historia de las Normales rurales en México ha estado marcada por la lucha social, desde su nacimiento, con el proyecto de educación socialista, hasta el auge de las acciones guerrilleras en la década de los 70.

Esto las convierte en una amenaza viviente para el Estado que preferiría que los Normalistas se integraran a la apatía que caracteriza en este momento a la mayor parte de los estudiantes.

Pero aún en los momentos en que los estudiantes han buscado hacerse escuchar hay algo que distingue a los normalistas. El ejemplo más notable es el del movimiento #YoSoy132, al que bastó una acción represiva por parte del gobierno federal el 1º de diciembre de 2012 para desmovilizarlo y sumarlo a las luchas del pasado.

Una historia de lucha no se puede subestimar tan fácilmente, y a pesar de sus errores tácticos y estratégicos, hay que reconocer que los normalistas han tenido el temple de salir una y otra vez después de las acciones represivas del Estado, ya sea mediante el gobierno federal, estatal y a veces hasta municipal.

El gobierno federal sabe que tiene en ellos y en los profesores sindicalizados a sus adversarios más fuertes en su plan de llevar a cabo una contrarreforma que le ponga fin de una vez por todas a la idea de educación pública que México ha tenido hasta ahora, para entonces poder seguir con otros contrincantes menores en número y en organización: los estudiantes y profesores universitarios.

La educación pública y gratuita tenía un fin en la era del modelo de sustitución de importaciones, generar mano de obra capacitada para inversionistas nacionales o extranjeros, ahora que es más negocio vender servicios, se ha decretado que la educación, aún esa que genera obreros, debe ser un bien de mercado, y quien “se esfuerce” debe ser quien acceda a ella.

El normalista asume, hoy más que nunca, que para poder sobrevivir tendrá que enfrentarse al Estado para el que es un estorbo. No sólo reconoce que es el heredero de una lucha de casi 100 años, también reconoce que para el Estado sus padres y abuelos fueron instrumentos y ahora son estorbos, que si no luchan van a desaparecer no sólo figurativamente, también físicamente.

El problema es que el resto de la sociedad se niega a aceptar que si los normalistas desaparecen, y con ellos el modelo de educación pública, las repercusiones en el aumento del costo de la vida y los retrocesos en la vida democrática del país no se harán esperar, afectando a los sectores más precarios que, vale aclarar, son ya más del 60 por ciento de los mexicanos.

La retirada del Estado mexicano de sus obligaciones sociales sólo puede dar pie a pensar que prefiere tener un país cada vez más desfragmentado, con altos índices de pobreza y delincuencia, que empezar a reconstruir condiciones para un verdadero desarrollo nacional.

Fuente:  http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc25390

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Airear los armarios, educar para la vida

Jesús Generelo

Por: Jesús Generelo

Mientras la inmensa mayoría de los adolescentes aprende a socializar viviendo su vida sentimental y sexual, los adolescentes LGTB aprenden a disimular, a construirse una máscara con la que protegerse de la injuria.

Empecemos con una obviedad: en cada centro educativo, en cada aula, existe la diversidad sexual. Hay alumnas/os lesbianas, gais, bisexuales, trans, algunos tienen dudas, otras se cuestionan su sexualidad o su género, otros más proceden de familias homoparentales… Según diversos estudios, este colectivo diverso supone el 12% del alumnado.

Parece, por tanto, razonable que el sistema atienda esta diversidad y garantice que nadie sufra por ella, deba ocultarla o viva en el temor a ser descubierto, a no ser aceptado, o a sufrir insultos, agresiones, acoso. Para ello, la diversidad sexual, de género y familiar, debe ser mencionada, visibilizada, no escondida ni relegada al cajón de los susurros, de los secretos o de los rumores. Porque los silencios también son educativos, y hacen vivir la vida desde la vergüenza y la baja autoestima, algo que ningún menor sufre sin pagar un alto precio.

Nadie puede crecer sin referentes. Son imprescindibles para desarrollar una identidad. Es preciso verse reflejado en espejos, saber que existen posibilidades, que no se está solo en el universo. Esto es algo elemental que ninguna persona que se dedique a la enseñanza puede obviar. Sin embargo, a la minoría LGTB se le niega sistemáticamente ese derecho. O, lo que es peor, se le ofrece un espejo deformante, donde su realidad, sus emociones y sentimientos, están manipulados por el prejuicio o por ese silencio ominoso.

Las personas LGTB aprenden a saber quiénes son a través del insulto. La injuria es su comienzo, su descubrimiento. Porque el insulto “maricón”, el miedo a ese calificativo, antecede a la conciencia de serlo. Ese insulto, o ese miedo a ser insultado, acompaña al desarrollo de cualquiera de estos chicos y chicas. Por eso, mientras la inmensa mayoría de los adolescentes aprende a socializar viviendo su vida sentimental y sexual, los adolescentes LGTB aprenden a disimular, a construirse una máscara con la que protegerse de la injuria.

La homofobia (o LGTBfobia, si queremos ser más incluyentes y denominar las diferentes formas específicas que adquiere: lesbofobia, transfobia, bifobia, plumofobia…) tiene unas características muy especiales que la hacen especialmente dañina:

  • Es invisible, puesto que afecta a un colectivo que, la inmensa mayoría de las veces, es indetectable. La idea de que se puede identificar a todas las personas LGTB es, sencillamente, una ingenuidad.
  • Al ser invisible, precisamente, no se cuenta con el apoyo de la familia. La familia media practica, sin ni siquiera saberlo, la presunción de heterosexualidad y, por supuesto, de cisexualidad. Pocas veces se plantea la posibilidad de que un hijo o hija sea gay, bisexual, lesbiana o, desde luego, transexual o transgénero.
  • El estigma es contagioso. Quien se aproxima a una persona LGTB o se interesa por la diversidad sexual, de género o familiar, es susceptible de recibir sobre sí el mismo estigma.
  • La discriminación está normalizada. Quienes la sufren aprenden a normalizarla como algo implícito a su condición, e incluso a culpabilizarse por ser así, de esta manera “errónea”, “viciosa” o “pecaminosa”.
  • La discriminación se extiende en un continuo sin fin. Puede empezar en el terreno familiar, continuar en la escuela y seguir entre los amigos, el club deportivo, la parroquia, etc.
  • La injuria no solo llega con el insulto dirigido a cada persona, sino que el insulto que se oye permanentemente, cada día, es un aviso para navegantes de que en algún momento caerá sobre su cabeza.

Estas circunstancias contribuyen, junto a los prejuicios personales y sociales, qué duda cabe, a que las y los educadores ignoren con frecuencia la existencia del alumnado -y el profesorado, no conviene olvidarlo- LGTB y, por consiguiente, la situación difícil que puede estar viviendo. Sorprende la cantidad de profesorado que todavía afirma que en su centro no hay homosexuales y que, por tanto, no hay homofobia. Lo único que prueba su ignorancia es que la homofobia, precisamente, está tan extendida y es tan profunda que la diversidad sexual, de género y familiar es incapaz de visibilizarse mínimamente.

Esa homofobia, además, esconde situaciones que se repiten con terrible frecuencia. Diversas investigaciones nos muestran que un amplio porcentaje del alumnado LGTB sufre acoso escolar. De hecho,la principal causa de bullying en nuestro país es la orientación sexual y/o la identidad de género. Entre quienes sufren este acoso, el riesgo de suicidio es entre 3 y 5 veces superior al de sus compañeros no LGTB.

Por todo ello, los centros educativos deben asumir que incluir la diversidad sexual, de género y familiar es una necesidad pedagógica de primer orden, imprescindible para mantener una mínima convivencia y para no dejar en la cuneta a un porcentaje importante del alumnado. Y ha de hacerse tanto longitudinalmente (desde infantil a la universidad) como transversalmente (atravesando, como enseñanza en valores que es, todas las materias. Ha de incluirse en el Proyecto Educativo del Centro y en los planes de convivencia. Y, fundamentalmente, ha de acabarse con la presunción de heterosexualidad y de cisexualidad.

Ya hay numerosos centros por toda España que están realizando muy buenas prácticas. Lógicamente, en estos centros aflora con facilidad un importante número de alumnado LGTB. Cada vez se cuenta con mejores materiales y recursos. En este sentido, cabe destacar la guía Abrazar la Diversidad, publicada por el Instituto de la Mujer y de la Igualdad de oportunidades y que recoge alrededor de 200 recursos pedagógicos de todo tipo disponibles online.

Además, numerosas asociaciones LGTB por toda España colaboran dando talleres, formando profesorado, asistiendo, informando a AMPA, etc. Entre esos proyectos, el más importante es el RedEduca de FELGTB.

Ya no cabe ninguna excusa para dejar al alumnado LGTB solo ante el peligro. Es una deuda pendiente y no admite más demora. [6 CCAA (Cataluña, Extremadura, Madrid, Baleares, Murcia y Navarra) tienen leyes de Igualdad LGTBI que obligan a introducir la diversidad sexual, de género y familiar en el currículo educativo. Una ley similar a nivel estatal se encuentra en trámite parlamentario y, previsiblemente, entrará en vigor en unos meses].

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/06/28/airear-los-armarios-educar-para-la-vida/

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Educando ciudadanía 2030

Federico Buyolo García

Por: Federico Buyolo

Para transformar el mundo debemos transformarnos, y esto sólo será posible a través de una educación humanista basada en un desarrollo sostenible

¿Es posible transformar el mundo sin transformar la sociedad? ¿Es posible transformar la sociedad sin transformar la educación? ¿Es posible cumplir la Agenda 2030 sin contar con la aportación de la ciudadanía? Posiblemente todas estas preguntas tienen la misma respuesta: no es posible.

Sin embargo, sí es posible transformar el mundo si somos capaces de construir una sociedad comprometida de personas libres y éticas que trabajen juntas por un desarrollo sostenible basado en la justicia social. Para ello es necesario apostar por una educación humanista transformadora que dote a las personas de las competencias necesarias para ser la palanca de cambio que transforme el mundo actual en el futuro que queremos.

Ya hemos definido a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, cual es el camino que debemos emprender para hacer sostenible nuestro planeta, acabar con las desigualdades sociales y generar una economía ética. No podemos aducir que no sabemos cuales son los fines, las estrategias y las políticas que hemos de implementar para lograr un desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 es algo más que un compendio de buenos propósitos, es una iniciativa que al contrario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fue diseñada por un grupo de expertos, ha sido el fruto de las aportaciones y diálogo de millones de personas, instituciones, organismos, empresas y líderes de todos los países y ámbitos sociales, económico y medioambientales, que nos permite entender que el camino a seguir nace irremediablemente de la colaboración y cooperación de todos.

Sin duda alguna los estados nación, las regiones y los municipios tienen el papel más importante en la consecución de la Agenda 2030, pero no es menos cierto que sin la aportación de la sociedad civil será imposible transformar el mundo en que vivimos. La Agenda 2030 no puede ser entendida como un compendio de políticas, sino como una agenda transformadora que tiene en las personas su principal eje impulsor del cambio. Hemos de dar un paso más. La aportación de la ciudadanía no puede quedarse exclusivamente en el diseño de la misma, sino que han de ser actores principales en el seguimiento, implementación y evaluación de las actuaciones a desarrollar.

No podemos ver el futuro como un mar oscuro, sino como una oportunidad para rediseñarlo en base a un desarrollo sostenible que permita que nadie se quede atrás y para ello necesitamos tener una ciudadanía informada y formada.

La educación no puede ser vista solamente como un elemento de promoción económica, sino como un instrumento de fortalecimiento de las capacidades de las personas con el fin de integrar los fines de la educación: personal, cultural y social.

Una educación que sobrepase el marco normativo y formal y se configure, como un eje vertebrado de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida centrado en: el “yo individual”, en la relación con la cultura con la que convivo y además en el fortalecimiento de las relaciones intersubjetivas que me permitan, junto a otros “yo”, transformar la sociedad en la que vivimos. Un modelo educativo de humanismo transformador basado en el bien común.

Para que se pueda llegar a cabo este modelo de educación humanista de desarrollo sostenible, donde los fines educativos se centran en las personas y en su relación con el entorno cultural y hacia un modelo de transformación sostenible, debemos dotar a las personas de las competencias y capacidades necesarias para liderar su propio desarrollo personal, cultural y social.

En 1996 Jacques Delors presentó un informe a las Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI titulado La educación encierra un tesoro, donde establecía los cuatro pilares sobre los que se debía sustentar la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Hoy lejos de pensar que estos pilares están obsoletos, podemos decir que más que nunca estos están a la vanguardia de la educación. Cuatro pilares que han de transformarse en las competencias necesarias para el desarrollo de una educación ciudadana 2030.

Aprender a conocer las bases del desarrollo sostenible y sus cinco esferas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Un aprendizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos, sino que se trata de fortalecer capacidades para saber, comprender, profundizar y conectar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y medioambiental.

Aprender a hacer a través de la adquisición de las habilidades necesarias para que la persona pueda ser partícipe en la transformación cultural. Actitudes que van más allá de las meras competencias manuales, sino que las personas han de disponer de las capacidades necesarias para afrontar con garantías su futuro, al mismo tiempo que contribuyen a un desarrollo global.

Aprender a ser personas éticas desde una visión humanística, desarrollando la personalidad con una visión amplia, integradora e inclusiva. Un aprendizaje que vaya desde la responsabilidad personal al enriquecimiento social y cultural de un bien común. Sin personas éticas será imposible construir sociedad inclusivas.

Aprender a vivir juntos, porque es indispensable saber que las diferencias nos hacen plurales y esa integración de nuestra diversidad nos hace personas. Los retos futuros son globales y locales y por ello debemos general alianzas que nos permitan buscar e implementar soluciones globales a problemas locales y soluciones locales a problemas globales.

Por todo ello debemos de fomentar el aprendizaje basado en la premisa de que nadie puede quedar atrás y eso sólo es posible si trabajamos desde una visión humanista y apostamos por una educación transformadora vinculada al desarrollo sostenible.

Transformar nuestro mundo es mucho más que aplicar un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad a través de la generación de alianzas para la paz. Es ante todo una acción en pro de la generación de una nueva ciudadanía informada, formada y activa que construya un mundo basado en la justicia social.

Para transformar el mundo debemos transformar la sociedad, y esto sólo será posible a través de una educación basada en un desarrollo sostenible.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/22/planeta_futuro/1498141393_073612.html

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Agricultura familiar: políticas públicas y la alimentación saludable en las escuelas

Rute Pina

Por: Rute Pina

Frente Brasil Popular apuesta por un presupuesto de US$ 600 millones para que el gobierno garantice productos sin veneno

A la hora del recreo, cerca de 40 mil alumnos de escuelas públicas del estado de Pernambuco [costa norte de Brasil] comen diariamente pastel de yuca, de zanahoria, de chocolate — producidos sin manteca ni leche — o pan de calabaza, de remolacha o de sésamo. Los alimentos son hechos con la producción libre de agrotóxicos del Asentamiento Normandía, en Caruaru, municipio situado en el agreste pernambucano.

Mauriceia Matias, asentada del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), es una de las ocho mujeres que están frente al colectivo de pasteleras, creado a partir de una demanda del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).

La iniciativa, además de empoderar a esas mujeres financieramente, garantiza, por otro lado, la alimentación saludable de niños y adolescentes de escuelas públicas. El consumo de agrotóxicos, cuya media por habitante en Brasil es de 5,2 litros de veneno por año, es también la regla en la merienda escolar.

Un estudio hecho en 2015 en la red municipal de Rio de Janeiro, por la organización no-gubernamental Greenpeace, apuntó altos niveles de contaminación por agro tóxicos en los productos del proveedor de alimentos para escuelas. Cerca de 60% de las muestras presentaron residuos de pesticidas, incluyendo el tradicional arroz con frijol. Aparte de eso, 45% del total analizado estaba fuera de conformidad con la legislación y hubo casos de residuos de agrotóxicos que son ilegales en Brasil.

La compra de alimentos de la agricultura familiar para la alimentación escolar es una exigencia de la Ley Federal 11.947, de 2009, que define 30% de los recursos pasados por el gobierno federal para el PNAE. Pero apenas dos capitales brasileñas, São Paulo (SP) y Porto Alegre (RS), tienen una política de transición hacia merienda escolar orgánica.

Modelo

Además del PNAE, otra acción elogiada en el área y que puede revertir el cuadro de consumo de agrotóxicos en escuelas y reparticiones públicas es el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), creado en 2003 y que atiende a más de 400 mil agricultores familiares por año.

Desde que comenzó, el objetivo del programa es colocar a disposición alimentos para combatir el hambre, además de garantizar una renta a los pequeños productores. El PAA promueve el acceso al mercado público a precios justos con compras institucionales en escuelas, guarderías, hospitales, restaurantes comunitarios y otros órganos de los gobiernos estatales y federal.

De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2014, el programa contribuyó significativamente para la exclusión de Brasil del Mapa del Hambre de las Naciones Unidas. Entre 2003 y 2015, fue el responsable de la adquisición de cerca de US$ 2 mil millones en alimentos de la agricultura familiar en todo el país.

Sin embargo, el PAA, cuyo presupuesto ya había sido reducido año a año, se desestabilizó con la extinción del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario (MDA) — ahora Secretaría Especial de Agricultura Familiar y de Desarrollo Agrario dentro del Ministerio de la Casa Civil — con el gobierno del presidente golpista Michel Temer (PMDB).

En 2017, el presupuesto del PAA se redujo 30% en comparación al año anterior. En 2016, fueron destinados US$ 150 millones para el programa, frente a US$ 102 millones este año.

Milton Fornazieri, del sector nacional de producción del MST, lamenta el debilitamiento del PAA y del PNAE, que el considera programas «estructurantes» de la reforma agraria. Según él, el acceso al crédito y al mercado son las mayores barreras de producción que los sin tierra enfrentan después de conquistar un asentamiento.

El afirma que la desestructuración del programa acarreó la desorganización de la producción de pequeños agricultores y tornó el acceso al crédito «cada vez más inexistente para los asentados de la reforma agraria».

Según Fornazieri, la compra anticipada de alimentos también fortalece la diversificación de la producción, aparte de evitar que se acentúe el proceso de éxodo rural. “Con propuestas como PAA y el PNAE, garantizamos que los hijos [de los sin-tierra] se queden en las áreas de asentamiento y desarrollen la producción dentro del lote de cada uno», dijo.

Propuestas

El Plan Popular de Emergencia, lanzado por el Frente Brasil Popular (FBP) -formado por más de 80 organizaciones-, que tiene como objetivo presentar propuestas para restablecer el orden constitucional del país, defiende la ampliación de políticas públicas asociadas con la inmediata expropiación de tierras para reforma agraria. El Frente reúne movimientos populares, como el MST, adicionalmente centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y partidos políticos.

Entre las 77 acciones que el documento presenta en torno a diez temas, el plan prevé destinar UD$ 600 millones anuales para el PAA para garantizar compras gubernamentales a agricultores familiares y campesinos.

El dirigente nacional del MST, João Pedro Stedile, defiende además que la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), órgano que gerencia el PAA, sea potencializada, se vuelva una referencia como “una gran compañía de abastecimiento de alimentos saludables para el pueblo brasileño”.

Según Stedile, con la inyección de recursos en el programa, inmediatamente millares de campesinos pasarían a producir con garantía de entrega de la producción. “Dos billones de reales, que no es nada en Brasil, seria una cambio sorprendente”, dijo el dirigente.

En el eje de la reforma agraria, Stedile pondera además que el Plan incluye otras propuestas concretas e inmediatas para resolver problemas urgentes de los trabajadores del campo, como la construcción de un plan de vivienda rural y la implementación de un Programa Nacional de Reducción del Uso de Agro tóxicos, que, aliado al PAA, puede auxiliar en la reducción del consumo de veneno en Brasil, país campeón mundial en el uso de agro tóxicos.

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/06/23/agricultura-familiar-politicas-publicas-y-la-alimentacion-saludable-en-las-escuelas/

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Movimientos estudiantiles: el poder de los jóvenes

Revista Semana Educación

Por: Semana Educación

Los estudiantes han logrado generar cambios de gran magnitud en la estructura política y educativa de Colombia. Estos son los que cambiaron el transcurso de la historia.

Desde hace décadas, los jóvenes han abanderado las luchas a favor de la transformación del sistema educativo y social en el país. “La injerencia de los estudiantes en los cambios políticos y colectivos nacionales ha sido y seguirá siendo de gran valor”, recalcó el jurista Alejandro Venegas Franco en un encuentro del movimiento estudiantil en la Universidad del Rosario.

Una influencia que no ha mermado con el paso de los años. En 2016, la capacidad de movilización de estos jóvenes se hizo especialmente notoria tras la victoria del No en el referendo por los acuerdos de paz. Su incidencia y liderazgo en la convocatoria de las marchas por la paz, que inundaron el país, evidenció que el movimiento estudiantil todavía está vigente.

Protestas históricas

Los comuneros de la UIS

En 1964, Colombia entera fue testigo de cómo la determinación de 28 alumnos sin mayores pretensiones que las de reivindicar ciertas insatisfacciones con el manejo de la Universidad Industrial de Santander (UIS) por parte de las directivas, fueron capaces de catalizar el descontento de miles de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Los jóvenes salieron en la mañana del 7 de julio de ese año desde Bucaramanga, con el objetivo de recorrer casi 500 kilómetros a pie, hasta la capital del país. Un éxodo que fue cobrando fuerza a medida que la caminata sumaba pasos y departamentos. Por donde pasaban, los lugareños de Santander, Boyacá y Cundinamarca se agolpaban a los pies del asfalto para apoyar su causa. La prensa local empezó a hacer eco de la noticia y obligó a los grandes medios nacionales a registrar el hecho entre sus páginas. A ellos se les empezó a conocer como los ‘Comuneros del siglo XX’ y a su peregrinaje, la ‘Marcha del Triunfo’.

El 21 de julio alcanzaron la tan ansiada plaza capitalina. De acuerdo con el estudio La marcha de los estudiantes, 1964. Un hito del  movimiento estudiantil en Colombia, elaborado por el profesor Álvaro Acevedo Tarazona, cerca de 500.000 personas los recibieron en las inmediaciones de ese enclave icónico con flores y pañuelos blancos.

A su regreso a Bucaramanga, y tras largas conversaciones entre los representantes de los estudiantes de la UIS y las directivas, se levantó la huelga estudiantil que ya sumaba dos meses y que había sido el detonante de la movilización de los 28 jóvenes. Se acordó dar mayor representación de las asambleas estudiantiles en la toma de decisiones; mejoramiento de la calidad y eficiencia del profesorado; respeto a la libertad de cátedra y expresión y una reforma de los estatutos generales de la universidad, entre otros.

Abanderados del cambio

Los historiadores indican que el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia. No solo porque involucró a casi todas las universidades públicas y privadas, sino porque fue la primera vez que una protesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna: “Por una educación nacional, científica y de masas”.

Aunque las protestas iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato, el 26 de febrero, de 20 personas en la Universidad del Valle, durante una manifestación reprimida por el Ejército. A partir de ese momento, se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las grandes universidades del país como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena.

La fuerte represión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todo el territorio que se materializó en la elaboración del Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, fruto de intensas discusiones ideológicas.

El documento sentó las bases de las reivindicaciones estudiantiles y las aspiraciones políticas y educativas. Constaba de seis puntos, el más importante, el que hablaba de abolir los Consejos Superiores Universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero (sectores extrauniversitarios), y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno.

El gobierno, por su parte, expidió el 25 de junio el Decreto 1259, por el cual le otorgó a los rectores las facultades que antes tenían las demás autoridades universitarias. De acuerdo con los profesores Miguel Ángel Pardo y Miguel Ángel Urrego, la arbitrariedad de los rectores fue denominada como “autonomía universitaria”.

Los desencuentros y el paro continuaron hasta el mes de septiembre, cuando el Estado y los estudiantes llegaron a un acuerdo por el que se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972. A pesar de la brevedad de los logros, el movimiento estudiantil del 71 evidenció el poder de convocatoria de la juventud para presionar a los entes gubernamentales.

El movimiento de la constituyente

Tras el asesinato del aspirante a la presidencia Luis Carlos Galán, el 11 de marzo de 1990 los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes en el Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Concejo, Alcaldías y juntas administradoras locales.

En total, seis papeletas. Pero faltaba una adicional, o eso consideraron un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas que propusieron la inclusión de la séptima con la leyenda “Voto por Colombia. Sí a una Asamblea Constituyente”. Pretendían el planteamiento de una reforma constitucional que contemplara, por un lado, los nuevos desafíos en derechos y aseguramiento de  la paz en el país y, por otro, la puesta en marcha de una democracia participativa.

Cuenta el columnista de El Espectador Óscar Alarcón que los periódicos publicaron la papeleta entre sus páginas para que el ciudadano la recortara y la introdujera en la urna. Así, la consulta logró el apoyo de unas dos millones de personas, aunque la Registraduría no las reconoció como válidas.

Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el  gobierno finalmente legalizara esta papeleta por decreto y se facultara a la Organización Electoral para contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. La victoria del Sí precipitó una nueva Constitución, la del 91 y el derrocamiento de una Carta Magna que había quedado obsoleta.

Resurrección estudiantil

Tras 20 años sin apenas injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma, planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia.

Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron la movilización de los estudiantes fueron los siguientes: consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas.

Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas.

La primera fue la del 7 de abril que unió a estudiantes, profesores y sindicatos en torno a varias demandas como mejores condiciones salariales para los docentes, pensionados y empleados; mejoras en derechos laborales y sindicales y rechazo a la reforma que se pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.

El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió radicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura y formulara una nueva reforma con el beneplácito de todos los sectores afectados.

Finalmente, el 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas de clase.

La generación de la paz

Después de la victoria del No en el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, la incertidumbre política y las reacciones en contra del resultado se tomaron las redes sociales, que se consolidaron como el nuevo escenario desde donde miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar.

Fue entonces cuando un  grupo de universitarios canalizó todo ese enfado y frustración en torno al movimiento estudiantil que desde las movilizaciones de 2011 estaba aplacado y disperso. Con una clara vocación social y política, estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá, como la Nacional y los Andes, convocaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema: “Queremos la paz”.

El éxito de este llamado estudiantil, promovido por jóvenes que soñaban con ser la primera generación de colombianos que no viviría más el conflicto armado, precipitó que los estudiantes de 30 universidades de todo el país se unieran a esta causa y replicaran la iniciativa y las marchas en sus respectivas ciudades. Juntos elaboraron un manifiesto con siete planteamientos, entre ellos, que las víctimas debían ser el centro de los acuerdos, el cese del fuego se debía mantener y se debía acabar con la polarización, las mentiras y la manipulación que entorpecían el proceso.

Lo más significativo de este movimiento de estudiantes es que logró unir a una gran número de colombianos de diferentes procedencias, estratos socioeconómicos e incluso inclinaciones políticas en torno a una demanda común, al margen de si en el referendo habían votado por el Sí, por el No, eran abstencionistas o indecisos.

Fue el primer paso para trazar el camino hacia la reconciliación nacional y el preámbulo de la implementación de los acuerdos de paz con los que se inauguró una etapa histórica para Colombia: la del fin del conflicto armado.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/movimientos-estudiantiles-historicos-en-colombia/529694

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La fiebre con los rankings

Tomás Escudero Escorza

Por: Tomas Escudero Escorza

Un riesgo para la calidad global de las instituciones universitarias

Al final del siglo XX, respondiendo a la presión sociopolítica y mediática, se inicia la elaboración de rankings internacionales de Universidades por parte de grupos y organismos, a menudo privados, comparando una supuesta valoración de su calidad, agregando los datos de un conjunto limitado de indicadores de naturaleza diversa, relativos a cada institución, seleccionados por sus autores, siempre por razones de mensurabilidad.

En este siglo, se han multiplicado los rankings, con diversidad en cuanto a indicadores seleccionados y ámbitos de incidencia. Aunque la referencia más reconocida son los rankings internacionales que pretenden hablar de la calidad global institucional. Entre los más famosos en este sentido, podemos citar como ejemplos el Shanghai, el Times Higher Education, y el Quacqarelli-Symonds.

Esta fiebre por los rankings ha disminuido y absorbido en parte los procesos deevaluación institucional promovidos por los sistemas universitarios a finales del siglo pasado, para asegurar la calidad institucional global y potenciar la planificación de su mejora. Por ello, es obligado preguntarse si los rankings están teniendo utilidad en el logro de dicho objetivo.

El diagnóstico parcial de los rankings es poco útil para planificar la mejora institucional global. Sin embargo, el mayor problema no es éste, sino su utilización incorrecta, pues hay un gran riesgo de que el deseo obsesivo de mejorar la posición en los rankings limite la preocupación y el intento de mejora a sus indicadores, desatendiendo la mejora del resto de aspectos relevantes, por supuesto muy numerosos y a menudo no mensurables, que condicionan y definen la globalidad de la calidad institucional universitaria. Este problema está rebajando la necesaria atención de algunas áreas académicas como, por ejemplo, las Ciencias Sociales, las Artes y las Humanidades, y de tareas universitarias claves como, por ejemplo, facetas relevantes de la docencia y el desarrollo y mejora del entorno social.

Pero es que en el propio terreno de la investigación y la productividad investigadora, máximo ámbito de medición de los rankings, y en la productividad académica en general, se está produciendo desatención de temáticas y ámbitos de trabajo relevantes, cuya publicación no encaja fácilmente en el tipo de publicaciones que contabilizan los rankings. Por lo tanto, ni siquiera en el ámbito de la investigación, los rankings están suponiendo un mecanismo para una mejora global de la misma, pues su análisis se limita a determinadas áreas, facetas y aproximaciones, generando menos atención a otras también importantes.

Otro tema preocupante son las decisiones pensando exclusivamente en la mejora de las puntuaciones en los rankings, al margen de si ello mejora la calidad de la propia institución. Un ejemplo en este sentido, recogido por la literatura de evaluación de los rankings, son las decisiones de algunos sistemas y universidades con el tema de la internacionalización, muy valorada por algunos rankings, favoreciendo procesos que aumentan las puntuaciones en dicho sentido, pero que no aseguran la mejora institucional. En concreto, en algunos sistemas e instituciones se fomenta el aumento de estudiantes extranjeros simplemente incentivando su matrícula con ayudas económicas y en otros se aumenta el registro de profesores extranjeros para que aparezcan en trabajos sin que tengan presencia física en la universidad correspondiente. En este terreno, como en todos, los números solos cuentan poco, pues hay que estudiar su significado y valor en el contexto.

Un ejemplo reciente de este problemático enfoque en nuestro sistema universitario podría ser el controvertido nuevo sistema de méritos propuesto para la acreditación de titulares y catedráticos universitarios, donde da la impresión de que más que en el fortalecimiento de la calidad global del profesorado universitario, se incide preferentemente en los méritos de aportación positiva a los rankings.

Lógicamente, los rankings, además de ser una herramienta de marketing para la captación de estudiantes y determinados contratos, están fortaleciendo algunas facetas de la actividad universitaria, pero lo descrito anteriormente nos indica que no son un mecanismo para la mejora global de la educación superior en el mundo y de sus instituciones responsables, pues están potenciando cierta pérdida de interés por algunos ámbitos relevantes de su calidad.

Por lo anterior, resulta obligado desear que la fiebre por los rankings de las Universidades desemboque en una interpretación científicamente correcta de sus significados, que se contextualicen adecuadamente y que no se perjudique a facetas importantes de la calidad universitaria. Esperamos que los responsables políticos y académicos terminen siendo conscientes de este problema y actúen en consecuencia con decisiones orientadas a la mejora global de la calidad de sus universidades y no solamente de aquellos aspectos que inciden en su posición relativa en los rankings.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/23/opinion/1498226306_209367.html

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