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La universidad española, una institución franquista

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Por: Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Este injusto sistema será erradicado, como la lacra que es, de las futuras universidades Canarias, una vez consigamos librarnos del yugo del colonialismo y procedamos con la descolonización e independencia de nuestra patria.

Lamentablemente las universidades españolas siguen siendo instrumentos del régimen franquista, heredado por la monarquía  borbónica que, mediante prebendas, mantiene cautivas las citadas instituciones para que contribuyan a apuntalar el caduco  régimen monárquico y colonial español.

Prebenda número uno:  el salario del profesorado al servicio de la franquista institución es de los mejores remunerados dentro del funcionariado, aunque no produzcan absolutamente nada como, desgraciadamente, es el caso en la mayoría de las ocasiones, limitándose a impartir sus clases más o menos magistrales. Además, los jugosos presupuestos de las universidades, financiadas fundamentalmente con los impuestos detraídos a la clase trabajadora, cuyos hijos siguen mayoritariamente sin acceder a los estudios universitarios, incluyen suculentas partidas destinadas a viajes del profesorado que, en el mejor de los casos, justifican con su asistencia a un congreso en los más recónditos lugares del planeta y cuyas ponencias, si las hubiera o hubiese, en contadísimas ocasiones finalizan en publicación alguna reconocida por los estándares internacionales para valorar el factor de impacto de las mismas.

Como ejemplo basta echar un vistazo al  shangairanking, en el cual, figurando en primer lugar la universidad de Harvard con una puntuación de 100, la primera universidad española que aparece es la de Barcelona, en el puesto 175, muy alejada de la universidad de Utah en el puesto número 100 y con una puntuación de 25.4. Las universidades franquistas españolas en Canarias (La Laguna y Las Palmas), ni siquiera se asoman al listado de las 500 primeras universidades, lo que dio lugar a que el actual rector de La Laguna,  Antonio Martinón (el mismo que reprimiera violentamente manifestaciones estudiantiles cuando era delegado del gobierno en la colonia) hiciera públicas declaraciones, sin ponerse colorado ni nada, en las que abogaba porque esa institución avanzará cien puesto en el shangairanking, a sabiendas de que ese avance se conseguía aumentando su índice aproximadamente un O.1 por ciento ¡pues ni por esas!

El mismo rector ha lamentado recientemente la disminución del número de estudiantes universitarios, después de haberlos apaleado hasta la extenuación, que masivamente han optado por dar la espalda a la represiva institución.

Prebendas número dos: mientras los hijos de los trabajadores siguen viendo vetadas sus aspiraciones universitarias, los hijos de los profesores siguen disfrutando de enseñanza gratuita al reconocerles la administración “el derecho” a matrícula gratuita, que el final se traduce en que serán los que ocuparán los puestos universitarios, aunque aún se desconoce el motivo (asunto científico de primera magnitud) por el cual los retoños del personal se transforman en auténticos genios nada más pisar la franquista institución, génesis de la crónica endogamia de la universidad española.

Prebenda número tres: prebendas varias. Dijimos anteriormente que el régimen monárquico y colonial agasaja a sus acólitos para, manteniéndolos cautivos, utilizarlos a sí servicio, ese es el motivo por el que las universidades franquistas mantienen, entre otros servicios, las asesorías jurídicas, cuya función es asesorar a los órganos de gobierno de las universidades, asesoramiento del que, en consecuencia, quedan excluidos los estudiantes universitarios, lo que no ocurriría si se tratase  de un sistema democrático.

Los damnificados. Los auténticos damnificados de estas represivas instituciones son los alumnos y alumnas, que siguen sufriendo los desmanes de un sistema que tiene la sartén por el mango y también la propia sartén: las clases se siguen impartiendo como siempre, sin que la metodología haya variado ni un ápice, profesores y profesores con sus amarillos apuntes, ahora pasados a incomprensibles power points, evaluados a base de los clásicos exámenes, como siempre, con el agravante de que los mismos se han extendido inclusive a las prácticas en las asignaturas experimentales.

Los damnificados y desesperados estudiantes, impotentes para rebelarse debido a  la alienación producida por el obsoleto sistema, se encuentran totalmente desamparados, incluso para revisar ese tristísimo instrumento de evaluación que utiliza el profesorado, el examen, que incluso se niegan a revisar y si alguno osa reclamar no le facilitan ni una simple fotocopia del mismo que ayude a argumentar su reclamación, en cuyo caso sugerimos recurrir a la sentencia número 918/2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso contencioso-administrativo número 1405/1998), que por primera vez dio la razón a una alumna que solicitaba fotocopia de su examen para argumentar su reclamación sentencia ejemplar en la que el Tribunal anuló la denegación que había hecho el rector de la universidad del Barcelona. Sugerimos asimismo bregar duramente hasta erradicar este sofocante sistema.

Los maltratados estudiantes recurrieron masivamente a ficticios salvadores, como fue el caso de Podemos en la elecciones del 20 de diciembre de 2015, organización a la que también han optado por dar la espalda ante la constatación de que los podemitas eran una parte integrante de la misma casta que tratan de combatir

Este injusto sistema será erradicado, como la lacra que es, de las futuras universidades Canarias, una vez consigamos librarnos del yugo del colonialismo y procedamos con la descolonización e independencia  de nuestra patria.

Fuente: http://kaosenlared.net/la-universidad-espanola-una-institucion-franquista/

 

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Urgencias, incertidumbres e incongruencias en la educación

Vicente Diaz

Por: Vicente Díaz 

Iniciamos un nuevo curso escolar en un sistema educativo atribulado por la presencia de viejas y nuevas urgencias, así como por la aparición de nuevas incertidumbres y preocupantes incongruencias.

Sabemos que la educación es un bien público que nos concierne a todos, que nuestro futuro depende en buena medida de su calidad y que, precisamente por eso, no puede administrarse desde planteamientos políticos e ideológicos particulares, sino que debiera ser la sociedad en su conjunto, en su multiplicidad de tendencias ideológicas y culturales, quien se ocupara de él, evitando su modelación cíclica en función de los vaivenes electorales. Así pues, sabemos de la urgencia de alcanzar el pacto inteligente que precisa nuestro sistema educativo, a fin de abordar, cuanto antes, la mejora de algunos indicadores educativos esenciales en la sociedad del aprendizaje: la mejora del abandono educativo prematuro de nuestros jóvenes, elevar la tasa de graduación en secundaria postobligatoria de nuestra población activa…. Una urgencia tan encallada como la conformación del nuevo Gobierno.

Sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de graduado en la ESO será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Sabemos también que “la evaluación final de ESO correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos”, por tanto, no condicionará la titulación en la ESO. Sabemos que dicha exigencia es una excepción en los sistemas educativos europeos. Y sabemos también que el título de la ESO obtenido en el presente curso, tanto por la opción de Enseñanzas Académicas como por la de Enseñanzas Aplicadas, resultará válido para proseguir estudios en la Secundaria Postobligatoria en cualquiera de sus modalidades. Pues bien, si todo ello es así y la prueba final de la ESO de 2017 ni tiene ni validez académica, ni está previsto que sirva de pilotaje para convocatorias posteriores, al tiempo que tendrá un coste significativo (deberán ser profesores externos a cada centro quienes las corrijan), ¿para qué hacerla? Resulta incongruente, inconsistente e innecesaria. Así es que estará plenamente justificada la objeción de la misma, en tanto en cuanto se puede abordar la sustitución de la LOMCE por el nuevo marco normativo que precisa la educación española.

También sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Igualmente sabemos que “la evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller”. Del mismo modo, sabemos que “el titular del Ministerio de Educación establecerá, antes del 30 de noviembre de 2016, las características, el diseño y los contenidos de la prueba final de Bachillerato”, cuya realización material corresponderá a las Administraciones educativas autonómicas. Asimismo, sabemos que esa prueba final de Bachillerato se referirá a cinco materias troncales generales (una de ellas vinculada a una modalidad de Bachillerato), dos materias troncales de opción elegidas por el alumno (según la modalidad de Bachillerato cursada), una materia específica también a elección del alumno y Lengua Valenciana y Literatura.

Es urgente clarificar los procedimientos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Pero nuestros estudiantes de 2º de Bachillerato, y sus profesores, han comenzado el curso desconociendo dichas características, así como la vinculación (y ponderación) de las modalidades de Bachillerato y de las diversas materias cursadas por aquellos con los diferentes Grados universitarios. Una evidencia de la incertidumbre en la que se halla sumido nuestro sistema educativo y de la irresponsabilidad de quienes la han generado. Una incertidumbre que ha de sumarse a la que afecta a los Técnicos Superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, desconocedores igualmente del procedimiento de admisión que hayan de superar para acceder a los estudios universitarios para el curso 2017-2018.

Tamaña incertidumbre exige la máxima urgencia en la clarificación de los procedimientos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades. Así pues, resulta imprescindible y de extraordinaria urgencia: a) hacer visible cuanto antes (por supuesto antes de Navidad) las características concretas de las pruebas de cada una de las materias; b) definir la adscripción de las materias troncales de cada modalidad de Bachillerato, y en su caso de las materias específicas que corresponda, a las ramas de conocimiento en las que figuran ordenadas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (por cierto, una adscripción que debiera ser válida para todas las universidades públicas españolas, como ocurría con la PAU del 2008), y c) determinar la ponderación de las materias de Bachillerato para el procedimiento de admisión a la Universidad para el curso 2017-2018.

Estas dos últimas urgencias debieran clarificarse, incluso, para antes del 31 de octubre del presente año, al tiempo que se extiende dicha clarificación a los procedimientos de admisión de los citados titulados en FP, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas.

Una hoja de ruta y un calendario que no olvida la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley de educación, aprobada a partir del pacto inteligente y responsable que la educación española necesita. Pero, mientras tanto, deberíamos entre todos (no es suficiente acuerdos parciales entre unas cuantas Universidades y/o comunidades autónomas  mirando hacia la anterior PAU) hacer frente a las incertidumbres, incongruencias y urgencias que he señalado. Para ello, nos vendría bien recordar aquellas palabras que Antonio Machado (y su Juan de Mairena): “Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au dessus de la mêlée”. Y las circunstancias de nuestros estudiantes de Bachillerato nos lo exigen.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/19/opinion/1474287590_561146.html

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El sexismo público educativo: cambiarlo sin oportunismo idealista

Iván Salinas

Por: Iván Salinas

«La crisis de la educación pública hay que enfrentarla desde cimientos más radicales que los que ofrece nuestro tiempo, pero también sobre condiciones materiales más adecuadas. La acogida de la demanda por una educación no sexista debiese apuntar hacia el cuestionamiento de la existencia de la educación particular pagada, y también de la particular financiada con fondos públicos (hoy mayoría del sistema)».

Asumiendo el ejercicio mental –el ideal liberal- de que todos somos iguales ante la ley, se vería muy injusto que un individuo tuviere más privilegios que otro cuando se enfrenta a la institucionalidad, al derecho. De allí que lo público, lo que se ajusta al contrato social que asume tal “igualdad ante la ley” tenga que ser enjuiciado por el incumplimiento de tal ideal.

Una niña de 11 años envió una carta a la Presidenta de la República pidiendo entrar al Instituto Nacional. Lo hace con la racionalidad obvia de quien siente vulnerado un derecho: el derecho a recibir la educación que reciben los estudiantes del Instituto Nacional, que son individuos con pene, con más de 200 años de tradición de ser educados así, entre otros que igualmente tienen pene. Esa gran diferencia biológica es inaceptable como excusa para negar el derecho, y abre un flanco muy necesario de debate sobre la posibilidad de pensar una educación pública inclusiva, y no sexista. Bien por el debate, y ojalá que se profundice.

La izquierda criolla actual, como es razonable y esperable, ha actuado condenando la segregación por género. Es una demanda de años, pero que ha adquirido más notoriedad a partir de los movimientos estudiantiles del 2006 y gracias al incansable y crecientemente organizado movimiento feminista chileno. Sin embargo, en todo esto hay una precaución que debe tomarse, y debe tomarse en serio si es que se buscan cambios serios.

Una pregunta de fondo que debemos hacernos sobre el espacio escolar es sobre su sentido de inclusión social. Por diseño, en Chile sabemos que las escuelas más que inclusión social lo que hacen es separar socialmente a quienes en ellas ingresan. El prolífico filósofo educativo John Dewey solía decir que la escuela no es un lugar en el que se prepara para la vida, sino más bien es la vida misma. Y hoy en Chile esa certeza filosófica tiene una profunda expresión material: niñas y niños pasan muchísimo tiempo en la escuela, donde comparten, hacen sus amigas y amigos, aprenden lo que les enseñan y lo que no les enseñan, y generan sus relaciones y afectos de largo plazo. Una escuela segregada es una receta para crear comunidades segregadas, y en Chile esas comunidades se definen por la plata que tiene tu familia (o cualquier otro marcador social que quepa en la nueva legalidad del voucher refundado de la Nueva Mayoría).

Hace unos años salió un estudio que hizo el mismo diario que publicó la carta de la niña que quiere entrar al Instituto Nacional. El estudio decía que la mayoría de los gerentes en Chile había egresado de colegios privados. No se trataba de una mayoría relativa: el 84% de los gerentes de las empresas que venden más de US$80 millones por año eran egresados de colegios privados. La otra cifra: el 50% de los gerentes había egresado de solo cinco colegios privados donde la mensualidad supera el sueldo mínimo: El Verbo Divino, Sagrados Corazones de Manquehue, Saint George, San Ignacio, y Tabancura. El primero es, por cierto, católico y sexista. De esta lista también egresan una gran cantidad de políticos actuales, según la misma fuente. Si asumimos la noción Deweyana de que la escuela es la vida, podemos asumir que la política y los negocios en Chile están controlados por un mismo sector social que crece segregado y separado de la educación pública. El sexismo en esta segregación es rampante en la educación a la cual el Estado no puede intervenir pero de la cual egresan sus dirigentes políticos. Bonito corolario de la “libertad de enseñanza”: que viva para el poder, que se norme para el resto.

Que la educación pública hoy represente el 38% de la matrícula escolar también representa una limitación al Estado y su capacidad de hacer realidad modificaciones ultra necesarias en la inclusión social de grupos históricamente oprimidos. Si a los 11 años una niña escribiera a la presidenta queriendo entrar al Verbo Divino, acusando la extremadamente evidente desigualdad que no solo se debe al sexo, sino también a la cuna, quizá estaríamos hablando de otro conflicto: uno inexistente y sin posibilidad de expresión mediática. Pero como ocurre con el baluarte de la educación pública, un liceo emblemático, la cosa toma otro cariz. El liberalismo del “buen sentir” se toma la palabra y se une a una izquierda que se lanza, idealista como el liberalismo mismo, a “normar” el deber ser de esa educación pública, una que quizá no han vivido. Allí está la trampa de asumir como imposición una demanda que debiese surgir desde la organización de sus actores centrales: la comunidad escolar.

Pero hay limitaciones obvia a las capacidades actuales de las comunidades escolares en la educación pública. El abandono sostenido de parte de gobierno tras gobierno, la precarización de sus docentes (puestos hoy a competir entre ellos y con colegios desde donde salen los gerentes de Chile), su financiamiento-voucher(o continuo desangramiento del Estado hacia los privados), el despojo del profesionalismo pedagógico (a través de su formación entregada al mercado, la constante responsabilización de la calidad educativa, y la externalización privada de la mejora escolar mediante asesorías técnicas educativas), se cuentan entre las limitantes estructurales para el desarrollo de capacidades en la comunidad escolar. Nuestra educación pública debe reconstruirse, de eso no hay duda. La izquierda está llamada a contribuir a esa reconstrucción. Pero para eso, es relevante tomar en su peso el contexto histórico y las posibilidades de desarrollo y éxito de una demanda tan racional y necesaria como la educación no sexista.

El sexismo en la educación pública tiene que acabarse. Pero para eso no es necesario poner al Instituto Nacional o los liceos emblemáticos como blanco. Las balas de los enemigos de la educación pública disparan contra tales blancos, generando una onda expansiva difícil de detener cuando la izquierda se asume tras esas balas. Lo que necesitamos es educación pública en serio, fortalecida, bien financiada, que permita que los proyectos educativos acojan demandas de educación integral, no sexista, con modernización y sentido, en comunidad y en colaboración. No queremos más competencia, ni entre las escuelas por estudiantes-voucher, ni entre los docentes por un sueldo decente. La izquierda podría tener eso en su centro para evitar el oportunismo de usar al Instituto Nacional, o cualquier liceo emblemático, como el blanco perfecto de autodestrucción cultural y política.

La crisis de la educación pública hay que enfrentarla desde cimientos más radicales que los que ofrece nuestro tiempo, pero también sobre condiciones materiales más adecuadas. La acogida de la demanda por una educación no sexista debiese apuntar hacia el cuestionamiento de la existencia de la educación particular pagada, y también de la particular financiada con fondos públicos (hoy mayoría del sistema). Emanciparse de la opresión también implica emanciparse de sus formas de procesar los conflictos. Discutamos cómo hacemos una educación pública no sexista, pero no hagamos que sea la izquierda la que termine sepultando a la educación pública sumándose con oportunismo a los idealistas del mercado.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/28/el-sexismo-publico-educativo-cambiarlo-sin-oportunismo-idealista/

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El plebiscito en Colombia: una oportunidad perdida

Atilio Borón

Por: Atilio Borón

El resultado del plebiscito colombiano reveló la profundidad de la polarización que, desde el fondo de su historia, caracteriza a la sociedad colombiana. También, la grave crisis de su arcaico sistema político incapaz de suscitar la participación ciudadana que ante un plebiscito fundacional -¡nada menos que para poner fin a una guerra de más de medio siglo!- que apenas si logró que una de cada tres personas habilitadas para votar acudiera a las urnas, una tasa de participación inferior a la ya de por si habitualmente baja que caracteriza a la política colombiana. La del día de ayer fue la mayor abstención en los últimos veintidós años y su resultado fue tan ajustado que hizo que la victoria del NO, como hubiera ocurrido ante un eventual triunfo del SI, sea más un dato estadístico que un rotundo hecho político. Los partidarios del SI habían dicho que lo que se necesitaba para consolidar la paz era una amplia victoria, que no bastaba simplemente con superar en votos a los partidarios del NO. Lo mismo cabe decir de sus oponentes. Pero nadie logró ese objetivo, porque la diferencia de un 0.5 % a favor del NO podría sociológicamente ser considerada como un error estadístico y que un nuevo recuento de votos podría eventualmente llegar a revertir.

Es prematuro brindar una explicación acabada de lo ocurrido. Habría que contar con información más pormenorizada que por el momento no está disponible. Pero no deja de ser sorprendente que el anhelo de la paz, que era algo que cualquiera que haya visitado Colombia podía percibir a flor de piel en la gran mayoría de su población, no se haya traducido en votos para ratificar esa voluntad pacifista y refundacional de un país sumido en un interminable baño de sangre. En lugar de ello la ciudadanía reaccionó con irresponsable indiferencia ante la convocatoria para respaldar los acuerdos trabajosamente conseguidos en La Habana. ¿Por qué? Algunas hipótesis deberían apuntar, en primer lugar, a la baja credibilidad que tienen en Colombia las instituciones políticas, corroídas desde largo tiempo por la tradición oligárquica, la penetración del narcotráfico y el papel del paramilitarismo. Este déficit de credibilidad se expresa en una retracción del electorado, tanto más importante cuanto más alejadas se encontraran de las zonas calientes del conflicto armado las regiones en las cuales el NO triunfó con holgura. En cambio, aquellos departamentos que fueron teatro de operaciones de los enfrentamientos se manifestaron mayoritariamente a favor del SI. Para decirlo en otros términos: allí donde los horrores de la guerra eran experimentados sin mediaciones y en carne propia –principalmente las regiones agrarias y campesinas- la opción por el SI triunfó de manera aplastante. Tal es el caso del Cauca, con el 68 % votando por el SI; el Chocó, con 80 % por el SI; Putumayo, 66 % por el SI; Vaupes, 78 % por el SI. En cambio, en los distritos urbanos en donde la guerra era apenas una noticia que divulgaban los medios, satanizando de manera implacable a la insurgencia, quienes acudieron a las urnas lo hicieron para manifestar su rechazo a los acuerdos de paz.

Lo anterior remite a una segunda consideración: la debilidad del esfuerzo educativo hecho por el gobierno colombiano para explicar los acuerdos y sus positivas consecuencias para el futuro del país. Esta falencia había sido señalada por diversos observadores y protagonistas de la vida política de ese país, pero su llamado de atención al presidente Juan M. Santos fue desoído. El confiado optimismo que primaba en los círculos gubernamentales (y también en algunos sectores cercanos a las FARC-EP) unido a la imprudebte confianza puesta en los pronósticos de las encuestas -que, una vez más, fracasaron escandalosamente- hizo que se subestimara la gravitación de los enemigos de la paz y la eficacia de la campaña basada en el visceral rechazo a los acuerdos promovida por el uribismo. El papel desempeñado por la derecha vinculada al paramilitarismo y los medios de comunicación, mismos que reprodujeron sin cesar las acusaciones de “traición” dirigidas al presidente Santos, galvanizaron un núcleo duro opuesto a la ratificación de los acuerdos que pese a ser minoritario en el conjunto de la población logró prevalecer porque sus adherentes acudieron masivamente a las urnas, mientras que sólo una parte de los que sí la querían se atrevieron a desafiar las inclemencias del tiempo y fueron a votar. Persuasiva resultó ser pues la “campaña de terror” orquestada por la derecha, que en sus ominosas caricaturas presentaba al comandante Timoshenko ya investido con la banda presidencial y presto a imponer la dictadura de los “terroristas” sobre una población indefensa y sumida en la ignorancia, misma que encontró en el voto por el NO el antídoto necesario para conjurar tan pavorosa amenaza.

En suma: es imposible abstraerse de la sensación de frustración que provoca este resultado. Como se dijo una y mil veces, la paz en Colombia es la paz en América Latina. Tremenda responsabilidad le cabe a las FARC-EP ante este deplorable resultado electoral. La sensatez demostrada por la guerrilla en las arduas negociaciones de La Habana deberá ahora pasar por una nueva prueba de fuego. Y es de esperar que la tentación de retomar la lucha armada ante el desaire electoral sea neutralizada por una actitud reflexiva y responsable que, desgraciadamente, no tuvo la ciudadanía colombiana. Las declaraciones del comandante Timoshenko ratificando que ahora las armas de la insurgencia son las palabras permiten albergar una semilla de esperanza. Lo mismo las manifestaciones de la dirigencia del ELN y la alocución del presidente Santos poco después de conocidos los resultados del plebiscito. Ojalá que así sea y que esta guerra de más de medio siglo, que a lo largo de estos años tuvo un costo equivalente a casi la mitad del PBI actual de Colombia; que despojó de sus tierras y desplazó de sus hogares a casi siete millones de campesinos; que produjo 265.000 muertes oficialmente registradas; que victimizó por la vía indirecta a dos millones y medio de menores de edad; que esa pesadilla, en suma, que ha enlutado a la entrañable Colombia pueda hundirse definitivamente en el pasado para abrir esas grandes alamedas evocadas por el heroico presidente Salvador Allende por donde habrán de pasar los hombres y las mujeres de Colombia para construir una sociedad mejor . Ayer se perdió una inmejorable oportunidad para avanzar por el camino de la paz. Habrá otras, sin duda alguna.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=217461

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El lucro, algo más que dinero

Taeli Gómez Francisco

Por: Taeli Gómez Francisco

Cuando se habla del lucro en Educación Superior y se emiten opiniones como “lo sabíamos…difícil que cambie”, la presencia de una frustración insuperable se hace inminente.  “La inversión privada colabora con el aumento de cobertura y calidad”, connota una ignorancia interesada. Pero si el Estado contribuye con ello, es un abuso a un país entero.

En el contexto de la discusión sobre la Reforma Educacional, no han faltado las Comisiones legislativas que dan cuanta del cómo se lucra, sumado a investigaciones científicas y periodísticas que evidencian quiénes lo hacen y cómo se gastan las ganancias.Y ahora último, estableciéndose pruebas irrefutables de cómo se negociarían los sueños de familias enteras en la bolsa de EE.UU. Ante eso no queda más que decir que el conocimiento nos hace responsables.

El lucro como ganancia o provecho que se saca de algo, según la RAE, es inmanente al sistema económico actual, sin embargo, cabe preguntarse ¿todo es susceptible de ser un negocio? o ¿con todo se puede lucrar?

En ese sentido, ¿la formación de seres humanos puede ser susceptible de ser fuente de ganancia? De paso, ¿las ilusiones, la responsabilidad social, también? Además ¿todas las personas pueden generar lucro,o a lo menos existen restricciones legales y/o éticas que se lo impiden?

Desde esta perspectiva no resulta extravagante la relación de procesos penales- educación superior,  educación superior-capitales internacionales, profesionales jóvenes-cesantía, modelos educativos-competencias-productividad.

En este contexto, a pesar que el lucro en las universidades no está tipificado como delito en el Código Penal, parece estar escrito en la conciencia social como ilegítimo.

Ahora bien, ante la pregunta sobre las consecuencias a las que se expone un país que ha dejado de identificar a la Educación Superior con la formación de profesionales, y que por el contrario, la asocia a números, ranking, estadísticas, mercantilización y lucro, convoca a una reflexión profunda. El filósofo de la complejidad Edgar Morin, propone, para la formación de un pensamiento complejo, un principio que denomina hologramático, el cual sucintamente señala, que en la parte está inscrito el todo, como por ejemplo,en el  ADN, está la información de una persona.

En este mismo sentido, si para José Martí “educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente”,para  una Educación Superior sustentada en el negocio-lucro el proceso educativo por mínimo que sea, está afectado por la competitividad y obtención de dividendos.

Así, los docentes exigidos a realizar publicaciones en revistas indexadas y proyectos financiables, porque ello favorece la entrada de recursos y se valoran como capital productivo; la creación de carreras y programas de pos grado se crean no para fortalecer  las demandas solventes; la investigación para suministrar a una aplicación interesada y por último, el aula en actividad desprovista de estética, reflexión y pausa.

En última instancia, estamos en presencia de una nueva cultura educativa que promueve competencia, ausencia de responsabilidad social, ética utilitarista y lo que es peor aún, una alienación que separa al humano del humano y a éste de su cuerpo natural, y lo vuelve un medio de ganancia. Un ADN de una generación futura, en peligro de extinción.

Fuente: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/el-lucro-algo-mas-que-dinero/2016-09-06/064737.html

Imagen: http://www.mercado.com.ar/notas/mercado-plus/8020272/8-de-cada-10–optan-por-educacin-privada

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Propuestas para una ley de educación

Juan Pablo Casiello

Por: Juan Pablo Casiello

El mes pasado publicamos un texto en estas mismas columnas en donde valorábamos el debate por una ley provincial de educación, hacíamos un diagnóstico crítico de la situación educativa y terminábamos reclamando que «como maestros y profesores que sostenemos día a día la escuela pública, queremos ser auténticos protagonistas en la construcción de una nueva perspectiva para la escuela pública santafesina.»

Hasta ahora han tomado la delantera los legisladores -ya hay cuatro proyectos ingresados en la Cámara de Diputados- y el Ministerio de Educación que ha convocado a algunos foros regionales (en las ciudades de Rafaela, Cañada de Gómez y Tostado) adonde ha llevado su propuesta general.

En nuestro caso —recogiendo algunas discusiones colectivas- elegimos en esta ocasión entrar al debate a través de tres preguntas, tres temas que son sin duda polémicos y a la vez centrales en la construcción de un nuevo proyecto educativo para Santa Fe.

¿Quién gobierna la educación? No aparece como un aspecto en discusión y sin embargo creemos que es central. No tenemos pretensión de novedad; como vamos a ver el tema viene por lo menos del siglo XIX. Nosotros partimos de considerar que se debe modificar el esquema según el cual el Poder Ejecutivo a través del ministerio correspondiente tiene el monopolio absoluto del gobierno de la educación. Ya la ley fundacional de la educación en la Argentina, la 1.420, establecía el funcionamiento de un Consejo Nacional de Educación para la «dirección y administración de las escuelas públicas». Actualmente, en varias jurisdicciones existe un Consejo Provincial de Educación que es el que gobierna el sistema educativo de esas provincias, con diversos métodos de elección de sus miembros y de relación con el Poder Ejecutivo. Algunos de los proyectos presentados recogen este tema y proponen la creación de Consejos, pero le otorgan un poder muy limitado, en general con carácter consultivo o asesor. Proponemos en cambio la creación de un Consejo cuyos miembros representen a los distintos sectores involucrados (docentes, comunidad educativa, etc.) y que tenga el gobierno efectivo de la educación.

Se trata de asumir la necesidad de un cambio, de democratizar a fondo el sistema y de pensar mecanismos que apuesten a su efectivo autogobierno. Aspiramos a recoger nuestras mejores tradiciones educativas, la de la Ley 1420, la de la Reforma Universitaria de 1918 y su continuidad en planteos como el de la Convención Internacional de Maestros que en 1928 agrupó en Buenos Aires a los mejor de la intelectualidad educativa de toda la región y entre sus conclusiones propuso «el gobierno democrático de la educación por padres, maestros y profesores elegidos libremente por estos» así como «la autonomía económica, administrativa y técnica de los consejos escolares.» Algunas décadas después, en su histórico congreso fundacional de Huerta Grande, la Ctera definirá en el punto 5º de su declaración de principios que «el docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación a través de su organización gremial».

¿Qué presupuesto educativo? Garantizar el derecho a la educación de todos los santafesinos significa un esfuerzo presupuestario muy importante. En la actualidad, Educación es el área que cuenta con mayores fondos llevándose alrededor de un tercio de los recursos totales del Estado provincial. Sin embargo, cualquier observador serio del sistema educativo reconocerá la insuficiencia de los fondos asignados. Insuficiencia que se expresa en bajos salarios, falta de inversión en infraestructura (construcción y mantenimiento de escuelas), faltante de cargos, de material didáctico, etcétera. Los proyectos de ley presentados y el «decálogo de derechos» que propone el ministerio implican la necesidad de un aumento muy importante de los fondos destinados a las escuelas. Algunos proyectos plantean un crecimiento presupuestario pero que creemos que siguen estando muy lejos de las necesidades.

Consideramos indispensable establecer algunos cambios estructurales si de veras queremos que los derechos enunciados en la futura ley no sean mera letra muerta y efectivamente lleguen a cada ciudadano santafesino. Junto con acordar con que se eleve la proporción de los fondos destinados a educación, proponemos sumar otras tres líneas de trabajo:

a) Cambiar la matriz impositiva provincial aumentando los aportes de los sectores más favorecidos de la economía (inmobiliario rural, de barrios privados y de departamentos desocupados, tributos a las grandes cerealeras, etcétera)

b) Acabar con el subsidio a la educación privada que hoy se lleva más de un 25 por ciento del gasto educativo total.

c) Comprometer al Estado nacional a que eleve en forma sustancial su compromiso con sostener la educación en cada una de las provincias.

La educación privada. Entramos acá en un debate difícil por los intereses que están en juego. Un debate que es presupuestario (por la importante carga que señalábamos representa para el Estado provincial los subsidios a este sistema) pero que es también político e ideológico. Los distintos proyectos presentados se enmarcan en la ley nacional de educación Nº26.206 y en este punto incluso vuelven a escribir el artículo 10º que establece que «el Estado nacional no suscribirá tratados (ELLIPSIS_CHARACTER) que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública». Pero la realidad es que en estos 10 años transcurridos desde la sanción de la ley, la educación privada y la mercantilización de la educación no han parado de crecer. Desde el nivel inicial hasta la educación universitaria, año a año florecen nuevas entidades privadas que venden el servicio educativo a quien pueda pagarlo y sacan importantes ganancias. Y muchas veces con subsidios del Estado. Pero queremos ir al fondo de la discusión. Creemos necesario retomar el debate que se dio en nuestro país a finales de los años 50 entre «educación libre o laica». No acordamos con que la educación siga colaborando con la desigualdad social y la escuela privada es un abono permanente en ese camino. Creemos que la ley debe establecer un sistema educativo estatal único, laico y gratuito.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/propuestas-una-ley-educacion-n1246741.html

Imagen: http://www.noticiasdemendoza.com/mendoza/108-2/41954-hoy-realizan-consulta-masiva-por-la-ley-provincial-de-educacion

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Que todas las verdades se toquen

Manuel Rosenbluth y Valentina Zúñiga

Por: Manuel Rosenbluth y Valentina Zúniga

Se dice que la educación es el espacio donde todas las verdades se tocan. Sin embargo, vemos como la mercantilización de nuestra educación ha producido una segregación socioeconómica que no permite que las instituciones de educación superior puedan ser un punto de encuentro para las diferentes verdades que componen nuestro país.

Este año, tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con Madres y Padres Universitarios de la U. de Chile (MAPAU). En conjunto con la vicepresidencia de la FECh y MAPAU, participamos de la organización del II Congreso Nacional de Madres y Padres Universitarios, trabajo que aportó en la discusión de problemáticas comunes y que acordó la presentación de un proyecto de ley sobre protección y no discriminación a la maternidad y paternidad estudiantil.

Así, con mucha alegría de poder haber sido parte de este proceso, vemos con esperanza que la entrega de este proyecto de ley pueda cambiar las condiciones en las cuales deben desenvolverse miles de estudiantes que hoy se encuentran realizando labores múltiples: criar, estudiar y luchar día a día por poder construir un camino que permita un futuro mejor.

El trabajo apunta al reconocimiento de dichas labores por parte y como responsabilidad de las instituciones educativas.

Hay quienes podrían decir que es un proyecto menor, que es dirigido solo a un porcentaje de los estudiantes. Sin embargo, creemos que este proyecto no sólo viene a abrir un espacio a un grupo de estudiantes que presentan mayores tasas de deserción sino que abre un espacio para todos los estudiantes que por diferentes razones, no son estudiantes el 100% de su tiempo. En el caso de los estudiantes madres o padres, termina prácticamente siendo dicotómico el terminar de buena forma los estudios y ser una madre o padre presente.

Este proyecto de ley viene a poner sobre la mesa el modelo de estudiante que hoy tiene mayor probabilidad de éxito por los criterios de mercado que rigen a las instituciones educativas: un estudiante que sale a los 18 años de la enseñanza media, que entra a la universidad, que se dedica solamente a sus estudios, que egresa, posteriormente trabaja y comienza el desarrollo de la opción de vida que este desea.

Creemos que esta es una barrera que debe romperse: estudiantes que son madres o padres o que legítimamente quieran desarrollarse como estos durante su periodo de estudios, estudiantes que tienen el cuidado de otras corresponsabilidades (familiares, parientes u otros), estudiantes que trabajan tanto por necesidad como por opción, deportistas, líderes sociales no pueden estar decidiendo entre llevar adelante sus estudios y desenvolverse legítimamente en otras áreas de su vida.

Es por esto que creemos que las instituciones educativas deben comenzar a dar un giro en torno a cómo se materializa el derecho a la educación con realidades que hoy son parte de nuestra sociedad, no desde el punto de vista de brindar ayuda sino desde el punto de vista del ejercicio del derecho y de la no discriminación a realidades que son distintas.

El modelo neoliberal de educación no solamente arrasó con la educación pública ni se quedó en la mera segregación económica: hay alternativas de vida que difícilmente pueden encontrar un espacio para el desarrollo digno de los derechos que todos y todas deberíamos tener, en este caso, el derecho a la educación.

Seguiremos incansablemente trabajando por dar este primer paso respecto al proyecto de ley de protección y no discriminación de la maternidad y paternidad estudiantil, porque sabemos que su significado y también estamos conscientes de que avanza en cambiar la forma en la que entendemos el modelo educativo chileno.

Invitamos a todas y todos los parlamentarios a pronunciarse y a aprobar este proyecto de ley. No aceptaremos un rechazo como respuesta desde ningún sector, porque creemos que hoy los estudiantes padres y madres deben tener igualdad de oportunidades y porque la forma en que se ha llevado adelante este proceso es un ejemplo.

Un proyecto creado desde la organización estudiantil es muestra de que los estudiantes no estamos para dejar todo igual sino que estamos para cambiarlo todo. Avanzamos con proactividad, trabajo y propuestas concretas. Construyamos esa universidad donde todas las verdades se tocan.

Fuente: http://www.eldinamo.cl/blog/que-todas-las-verdades-se-toquen/

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