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Inteligencia artificial: ¿Motor de progreso o herramienta de colonización?

La inteligencia artificial (IA) es un concepto que ha evolucionado considerablemente desde su origen en 1956, cuando John McCarthy acuñó el término durante la Conferencia de Dartmouth. Su propuesta inicial era simular la inteligencia humana en máquinas, pero con el paso del tiempo la IA se ha convertido en algo mucho más amplio y transformador. Hoy en día la IA no solo sugiere canciones o productos, sino que se ha infiltrado en áreas clave de nuestras vidas, como la medicina, el transporte, la educación y la publicidad, jugando un papel crucial en la toma de decisiones personales, empresariales y gubernamentales con capacidad de modelar nuestro entorno e influir en nuestra toma de decisiones.

En este contexto, Latinoamérica se encuentra en una encrucijada: participar activamente en la construcción de su futuro digital o convertirse en un simple receptor de tecnologías desarrolladas en el extranjero. Este es un dilema histórico, en el que el control de la tecnología será crucial para determinar el equilibrio de poder global. La creciente centralización del poder tecnológico plantea una nueva forma de colonización: lo que algunos analistas, como el filósofo Miguel Benasayag, denominan colonización algorítmica. Esta colonización no es física, como las anteriores, pero sí tiene el potencial de subyugar a los pueblos a través de la manipulación de datos, algoritmos y plataformas tecnológicas que configuran sus economías, sus políticas e incluso su identidad cultural. En términos ideológicos, el economista Claudio Scaletta denomina la etapa actual del capitalismo como imperialismo tecnológico.

La IA no es una competencia entre tecnologías, sino la lucha por el control de los datos, los algoritmos y la infraestructura que sustentan las grandes plataformas tecnológicas. Estados Unidos y China libran una encarnizada batalla por la supremacía en este campo. Esta guerra tecnológica es una extensión de la competencia geopolítica, en la que los avances en IA se ven como una forma de garantizar la hegemonía global. El impacto de esta lucha es colosal, tanto para las economías nacionales como para los sistemas políticos globales. Con inversiones millonarias, ambos países se enfrentan en una guerra fría tecnológica que afecta áreas como la infraestructura 5G (en la disputa Google-Huawei) o la industria de los vehículos eléctricos (el reciente impuesto del 100 por ciento sobre los autos eléctricos de China para beneficiar a Tesla). Empresas tecnológicas como Google, Amazon y Microsoft invierten sumas que superan el PBI de muchos países y sin duda lideran la carrera.

Latinoamérica, con limitadas inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y una infraestructura tecnológica desigual, está en clara desventaja frente a estas potencias. Esta dependencia de tecnologías extranjeras no solo amenaza la competitividad económica de la región, sino que también pone en riesgo la privacidad de las personas y la preservación de nuestra identidad cultural. Al depender de plataformas de IA, motores de búsqueda y redes sociales controladas por actores externos, nos convertimos en consumidores pasivos de información y poco a poco perdemos el control sobre nuestras decisiones. Los procesos electorales a nivel global ya se ven influidos por los sesgos de estas plataformas, como se evidenció en la participación de Elon Musk con X (ex-Twitter) en apoyo a Donald Trump.

En el caso de Estados Unidos, las grandes corporaciones como Amazon, Google, Microsoft y Tesla han destinado miles de millones de dólares a la investigación y desarrollo de la IA. Por ejemplo, Microsoft invirtió 24.500 millones de dólares en I+D en 2022, según publicó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2024. Además, Microsoft ha invertido 10.000 millones de dólares en 2023 en la empresa OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. Esto le asegura el uso de GPT-3 y posteriores en todos sus sistemas, como Copilot u Office. Sumas exorbitantes e inalcanzables para empresas que deseen competir en este mercado. Sin embargo, algunas lo intentan. Tal es el caso de la start-up alemana Aleph Alpha, que ha logrado recaudar apenas 500 millones de euros en financiación. Pese a la enorme disparidad en inversión, son varios los que ven a Aleph Alpha como la única empresa europea con capacidades para competir con los gigantes de Estados Unidos y de China.

China, por su parte, ha adoptado también una estrategia agresiva en su desarrollo de IA. Empresas como Baidu, Alibaba y Tencent están a la vanguardia de esta carrera tecnológica y China se ha establecido un objetivo ambicioso: convertirse en el líder mundial en IA para 2030. Sin embargo, de forma paradójica, mientras Estados Unidos intenta limitar el acceso de China a ciertas tecnologías, empresas como Microsoft han contribuido activamente al desarrollo de la industria tecnológica china, como lo demuestra el papel fundamental de Microsoft Research Asia en la incubación de la moderna industria de IA en China. Esto evidencia que, a pesar de la rivalidad de las potencias hegemónicas, las interacciones económicas entre ellas son mucho más complejas y por momentos las corporaciones se posicionan como los reales dueños de la pelota a nivel global.

Europa intenta no quedar atrás, consciente de que posiblemente ya no podrá ponerse a la par de Estados Unidos y de China en desarrollo tecnológico. Quizá por ello es que la estrategia de la Unión Europea se ha centrado fuertemente en la legislación y también en el apoyo a proyectos de pequeñas empresas que puedan crear IA con sesgo europeo, como el caso de Aleph Alpha. La start-up alemana dice tener desarrollos sofisticados, del nivel de OpenAI, pero no centra su desarrollo en el usuario final, sino en gobiernos y grandes corporaciones. Uno de sus últimos movimientos ha sido una alianza estratégica con la estadounidense Hewlett Packard Enterprise. Es que para toda empresa que quiera jugar en las grandes ligas es vital asegurar el acceso a hardware de alta calidad para su centro de datos; aspecto crucial para tener suficiente potencia de la GPU (chips de procesamiento gráfico en placas de video), el bien más preciado para el futuro de la IA generativa. Los analistas Patel y Nishball hablan de «pobres en GPU» o «ricos en GPU» en relación con el acceso o no a la capacidad de procesamiento. Esta capacidad es limitada, por cierto, y tiene en la estadounidense Nvidia casi que el único jugador. Este, a su vez, articula gran parte de su producción con el gigante TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). También la generación de energía es determinante en tanto los centros de datos son inmensos consumidores de electricidad.

La amenaza de la colonización algorítmica

El concepto de colonización
algorítmica
no es meramente una metáfora, sino una realidad con implicaciones profundas.
Los algoritmos que rigen nuestras plataformas digitales no son neutrales. Al contrario, están diseñados y entrenados según valores, intereses y sesgos específicos de sus creadores. Estos valores son, en su mayoría, de origen angloamericano y reflejan una visión del mundo que no necesariamente es representativa de la diversidad cultural, étnica y social de los países del Sur global. Miguel Benasayag, al hablar de este tipo de colonización, argumenta que los algoritmos no solo son herramientas, son fuerzas activas que modelan el mundo y uniformizan las realidades culturales, sociales y políticas, sin tener en cuenta la complejidad local.

Este fenómeno tiene implicancias directas sobre la autodeterminación de los países. La creciente dependencia de tecnologías extranjeras plantea preguntas sobre cómo se pueden preservar las identidades locales y cómo se puede garantizar que las decisiones tomadas por algoritmos reflejen una pluralidad de perspectivas. Un ejemplo claro de esto son los sesgos que existen en los sistemas de IA utilizados en los procesos electorales. Los algoritmos empleados por plataformas como Facebook, Google y X pueden influir en la opinión pública, exacerbando desigualdades existentes, como las de género, raza o clase. Además, los datos personales que se recogen y procesan sin el consentimiento adecuado pueden ser utilizados para manipular decisiones y comportamientos, agravando la opresión de los pueblos.

También es preocupación de analistas y de gobernantes el potencial uso indebido de la IA. Los riesgos surgen de la posibilidad de que agentes malintencionados utilicen sistemas avanzados de IA para fines dañinos o que incluso los propios sistemas de IA, al actuar de manera autónoma, persigan objetivos contrarios a los intereses humanos. Esto podría manifestarse en forma de ciberataques, desarrollo de tecnologías estratégicas para obtener ventajas competitivas en el ámbito militar o civil, o la manipulación de usuarios a través de técnicas de persuasión o desinformación. La pérdida de empleos por automatización, especialmente en tareas de baja cualificación, la concentración de poder económico en grandes corporaciones de IA, la perpetuación de sesgos en algoritmos y la dificultad para distinguir información verdadera de falsa son algunas de las problemáticas identificadas. Un informe de Goldman Sachs, de 2023, señaló que la IA podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo y podría aumentar el valor anual total de los bienes y servicios producidos a nivel mundial en un 7 por ciento.

Regulación de la IA: primeros pasos y desafíos para Latinoamérica

En el ámbito global la regulación de la IA también avanza de forma desigual. En la Unión Europea se ha propuesto la Ley de Inteligencia Artificial, que establece normas claras sobre cómo debe desarrollarse y utilizarse esta tecnología. Esta legislación prohíbe aplicaciones de IA que presenten riesgos inaceptables y exige transparencia y responsabilidad por parte de los proveedores. Europa está tratando de equilibrar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas con la protección de los derechos de los ciudadanos y la autonomía política de los Estados miembros. La creación de marcos regulatorios como estos es crucial no solo para proteger a los ciudadanos, sino también para garantizar que la tecnología sea usada de forma ética y responsable.

Sin embargo, en Latinoamérica, el ritmo de la regulación es más lento. Aunque algunos países han comenzado a explorar la regulación de la IA, la región sigue siendo muy dependiente de las tecnologías extranjeras, lo que dificulta la implementación de políticas nacionales autónomas. En Brasil, el Plan de Inteligencia Artificial 2024-2028 establece principios éticos, medidas de capacitación laboral y estrategias para proteger los derechos humanos. Argentina, por su parte, ha iniciado el desarrollo de una ley sobre IA, siguiendo el modelo europeo, mientras que otros países, como Chile y México, también están avanzando en la creación de marcos legales para regular la IA.

Sin embargo, el desafío no es solo técnico o legislativo, sino también económico. La región carece de la infraestructura necesaria para desarrollar IA de manera autónoma. Las brechas en inversión y en capacidades de investigación y desarrollo limitan la posibilidad de que Latinoamérica se convierta en un jugador importante en el campo de la IA. En este sentido, países como Brasil están tratando de seguir el ejemplo de Europa, pero necesitan mucho más apoyo en términos de recursos financieros y humanos.

La brecha de inversión en tecnología: desafío para el Sur global

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Sur global en la carrera por la IA es la disparidad en la inversión. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China invierten miles de millones de dólares en I+D, superando incluso el PBI total de varios países latinoamericanos. Por ejemplo, la española Statista toma datos de Nasdaq e informa que en 2020 Alphabet (Google) destinó 27.600 millones de dólares a I+D. En el informe de OMPI de 2024 se da cuenta de que la cifra aumentó en 2022 a 39.500 millones de dólares. Según las mismas fuentes, Amazon invirtió 43.000 millones de dólares en I+D en 2020 y esta cifra aumentó a 73.200 millones de dólares en 2022. Huawei, en China, invierte de forma sostenida cerca de 23.000 millones de dólares en iguales períodos.

Esta brecha en la inversión es un reflejo de la desigualdad global en el acceso a recursos tecnológicos. Las grandes potencias tienen el capital necesario para desarrollar tecnologías de punta, mientras que los países del Sur global deben depender de alianzas y colaboraciones con estos actores para acceder a las herramientas y a las plataformas más avanzadas. Además, la falta de infraestructura propia de computación de alto rendimiento y de acceso a componentes clave como las GPU coloca a la región en una posición de enorme desventaja.

En este contexto, iniciativas como la creación de centros de datos regionales, propuesta por el grupo de ciberseguridad del Mercosur del año 2014, o el desarrollo de infraestructura local de telecomunicaciones, como el proyecto Anillo de Fibra Óptica del Sur firmado en marzo de 2012 por los ministros de comunicaciones de los países miembros de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y en el que participó el Banco Interamericano de Desarrollo con propuestas de financiamiento, adquieren una nueva relevancia. Estas iniciativas no solo tienen un valor estratégico en términos de soberanía tecnológica, sino que también se presentan como una forma de reducir la dependencia de actores externos y fomentar el desarrollo de capacidades locales.

¿Un futuro de progreso o de desigualdad?

La IA tiene el potencial de transformar nuestras sociedades; nadie lo duda. La forma en que se implemente y regule va a determinar si este proceso beneficiará a toda la humanidad o si, por el contrario, exacerbará las desigualdades globales. La clave para asegurar un futuro de progreso radica en la capacidad de los países del Sur global para tomar decisiones soberanas en el ámbito digital. Esto implica desarrollar políticas propias de IA, invertir en infraestructura y fomentar la investigación científica local.

Si Latinoamérica se embarca en la elaboración de políticas propias de IA, no solo protegería su identidad cultural, sino que también tendría la posibilidad de diseñar modelos de desarrollo económico basados en sus necesidades y prioridades locales. Esto podría abrir nuevas oportunidades en áreas como la educación digital, la medicina personalizada y el desarrollo de energías renovables, sectores que podrían ser impulsados por soluciones tecnológicas creadas y controladas de manera independiente.

Tal vez una importante pregunta sea: ¿queremos un futuro en el que la IA sirva como motor de progreso humano o uno en el que las grandes potencias utilicen esta tecnología para consolidar su dominio? Es probable que aún estemos a tiempo de responderla y de actuar en consecuencia.

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Monagas: Migraciones, cómo detener la ola infinita

Migraciones, cómo detener la ola infinita

Fuentes: Rebelión

Desde hace ya más de una década uno de los mayores problemas europeos es el arribo de miles de refugiados provenientes fundamentalmente de África, Medio Oriente y Asia, ya no solo expulsados de sus países por la pobreza, sino y fundamentalmente por la violencia.

Ambos factores, nadie puede discutir que no responden a una responsabilidad exclusiva tanto de Europa como de los Estados Unidos. Sus políticas de expolio, que han generado cientos de millones de pobres cuya única oportunidad es probar suerte en las ficticias sociedades de bienestar, y derivado de aquello, para poder seguir manteniendo los beneficios de la explotación de los infinitos recursos naturales de sus súbditos, se impone una salvaje represión a cualquier intento de modificar esta ecuación.

Para mantener la explotación de esas infinitas riquezas naturales, desde petróleo y oro hasta elementos más raros y escasos como el coltán, el litio o el uranio, se ha recurrido a los libretos colonialistas de siempre: exacerbar las diferencias étnicas, tribales y religiosas para generar guerras civiles y, si aquello llegara a fallar, directamente invadir, con la excusa de preservar la vida y los bienes de sus ciudadanos, que viven a miles de kilómetros de esas regiones y de cuyas situaciones ni se enteran.

Si bien el flujo migratorio hacia Europa desde sus antiguas colonias es una problemática que tiene más de 70 años, podríamos aventurar que ha sido la guerra de liberación de Argelia 1954-1962 la chispa de arranque para la llegada de grandes oleadas de magrebíes, no solo a Francia, sino que se propalaron a otros países. Aunque a 15 años de ese afectado artificio que ha sido la Primavera Árabe inventada por Estados Unidos y la Unión Europea (U.E.) y cuyas consecuencias se siguen extendiendo en tiempo y espacio, la oleada de refugiados ha trepado a números que ponen en riesgo sus propias economías.

Para detener este fenómeno, la Unión Europea ha establecido acuerdos, fundamentalmente económicos, con los diferentes países de la cuenca sur del Mediterráneo, a los que hay que agregar a Turquía, o como le guste llamarse ahora.

Con estos multimillonarios paquetes de miles de millones de euros, esas naciones deben evitar, a como dé lugar, la llegada de esos flujos. Ya sea encerrándolos en campos de concentración u obligándolos a retornar por donde llegaron, librados a su suerte.

Un dato que expone el éxito del plan antimigratorio de la UE es el que aporta Italia, que dice que 66.317 personas llegaron a Italia en 2024, menos de la mitad del número de 2023.

En la información nada dice de los 2.200 ahogados a lo largo del año pasado, que se suman a los 25.500 muertos desde el 2014, según números de Naciones Unidas.

Estas cifras solo se refieren al Mediterráneo, por lo que hay que tener en cuenta a los ahogados y desaparecidos, que también suelen ser muy frecuentes, en lo que se conoce como “la Ruta Atlántica”, mucho más peligrosa que la mediterránea, ya que desde Marruecos, República saharaui, Mauritania, Senegal y Gambia, los migrantes buscan alcanzar el archipiélago de Canarias (España) en travesías en alta mar de hasta 1,600 kilómetros, produciéndose decenas de naufragios cada año.

De la aplicación del protocolo de expulsión y desentendimiento es un especialista el presidente tunecino Kaïs Saïed, para lo que se excusa con la estrambótica “teoría del gran reemplazo”, una creación, ¡cuando no!, de un francés, el autodenominado intelectual Renaud Camus, un fascista esperpéntico. (Ver: La teoría del gran reemplazo a la tunecina)

En el marco de estas acciones contra los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que los primeros días de enero llegaron a la ciudad de Dirkou (Níger), a 1300 kilómetros al norte de Niamey y a poco más de 400 de la frontera libia, 770 personas, todas nigerinas, en varias camionetas. La más importante de esas deportaciones se había registrado en julio último, cuando 400 nigerinos, los llegados a Dirkou, lo hicieron en pésimas condiciones físicas tras un viaje de varios días a través del desierto con una letal variación de temperatura. Alguno de los recién llegados informó de peleas e incluso de que varios “pasajeros” cayeron de los camiones, habiendo quedado perdidos o muertos en el desierto.

No solo en Libia, sino en el resto de los países sobornados por la UE, se practican periódicas razzias para capturar migrantes y expulsarlos fuera de sus fronteras.

En particular, este grupo proveniente de Libia había sido capturado y mantenido detenido hace más de un mes. Esta ha sido la mayor deportación de personas a Níger hasta la fecha. Mientras que la UE mira claro para otro lado, porque para eso paga.

Ellos partieron de la ciudad de Sabha, provincia de Fezan, a cerca de 700 kilómetros al sur de Trípoli y a casi 500 de la frontera con Níger. En Fezan hasta hace poco se remataban como esclavos los migrantes detenidos, nada dice que no siga sucediendo.

Fezan, al igual que la mayor parte de Libia, en el contexto de la guerra civil que no se resuelve desde 2011, se encuentra bajo el mando del general Khalifa Haftar, patrón del Ejército Nacional Libio, uno de los grandes animadores del conflicto libio. Los otros son las milicias autónomas que se juntan bajo el paraguas de Trípoli, que responde directamente a Naciones Unidas.

Otras rutas hacia la felicidad

Según se ha conocido, el año pasado hubo una nueva de 14 horas en vuelos chárter, más o menos legales, más o menos no, desde el aeropuerto de Benina de la ciudad de Bengasi, la más grande del este libio, al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua (Nicaragua), que solo podrían pagar inmigrantes asiáticos, en su mayoría de origen indio, que pretenden llegar a Estados Unidos. Ya en diciembre de 2023, mientras hacía una escala técnica, fue detenido en el aeropuerto de París-Vatry (Marne) un avión con más de 300 ciudadanos indios a bordo, sospechado de trata de personas.

Con los pies clavados en el desierto, unos 30.000 migrantes nigerios fueron rechazados y enviados inmediatamente al otro lado de la frontera, en proximidades de la ciudad nigerina de Assamaka, donde se encuentra un centro de tránsito de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los llegados a Assamaka refieren que la policía argelina, tras llevarlos al otro lado de la frontera, solos, sin mapas, ni celulares, ni agua, ni víveres, les señalaron el horizonte diciéndoles que caminando derecho, encontrarían la ciudad. Una práctica utilizada por todas las policías a la hora de expulsar migrantes,

Esta es la mayor cifra registrada en estos últimos años. Se cree que este número está vinculado a los cambios políticos producidos en Níger tras el golpe de Estado en julio de 2023. Dicho cambio ha puesto al país en el ojo de la atención internacional, ya que, junto a Burkina Faso y Mali, ha pasado a conformar la Alianza del Sahel, una organización decididamente enfrentada a los intereses occidentales, protagonista de un importante vuelco hacia Rusia, China e Irán. El año pasado fueron deportados por Argelia unos  27.000 extranjeros.

Desde 2014, tras la expansión y primeros resultados de la Primavera Árabe, y la llegada a la región de las khatibas entonces solo vinculadas a al-Qaeda, comenzaron a fluir hacia Argelia miles de migrantes de diversos países africanos buscando llegar a Europa.

Los expatriados llegados a Assamaka dicen haber sido secuestrados en diversas ciudades argelinas, en sus propias viviendas, lugares de trabajo e incluso al borde de la frontera con Túnez, para reagruparlos en la ciudad de Tamanrasset, sur de Argelia, antes de ser trasladados en camiones a Níger.

Los planes para intentar detener las olas migratorias están condenados al fracaso, de no revertir Estados Unidos y Europa sus políticas de explotación y agresión, lo que ha generado esta ola infinita de desangelados que intentan cambiar sus vidas arriesgándolo todo.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/migraciones-como-detener-la-ola-infinita/

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Feminismos descoloniales

Feminismos descoloniales latinoamericanos para principiantes es una breve introducción a las nociones básicas de decolonialidad (descolonialidad o giro decolonial) y a los feminismos descoloniales.

Para presentar al lector que se asoma por primera vez al tema la decolonialidad, Karina Ochoa resume brevemente el argumento central que han ido elaborando, entre otros, Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Ramón Grossfógel.

El argumento (en el sentido racional y en el sentido narrativo) es más o menos así: La historia que nos han enseñado escolarmente y desde los centros productores y divulgadores de saber-poder es una historia centrada en Europa. Aunque la llamemos historia universal o mundial, en realidad es la historia de Europa, y en ella, los otros continentes, con sus pueblos, culturas y civilizaciones aparecen de manera marginal, secundaria, dependiente. En Europa se fragua la luz de la modernidad (Grecia clásica, Renacimiento, Iluminismo) y desde ella es llevada al mundo conforme Europa lo va “descubriendo”, y por supuesto, conquistando, colonizando y modernizando.

Sin embargo, incluso la presencia de la civilización musulmana es ya un indicio poderoso para cuestionar esa centralidad de Europa, pues el mismo año que España recupera Granada, el último reducto de la presencia del Islam en la península, es 1492, el año del arribo de Cristóbal Colón a lo que ahora desde la denominación impuesta Europa llamamos “América”. La reconquista española se convierte en conquista y Europa puede construir la noción de su yo, su eurocentralidad: luego la irá imponiendo narrativa y epistemológicamente a los pueblos conquistados, colonizados y algunos exterminados en América, África, Asia y Oceanía.

El poder moderno es colonial y eso implica, también, racializado: se clasifica a la humanidad según el grado de blanquitud, por lo cual los blancos (caucásicos) son vistos como seres humanos plenos, normales, y los pueblos y culturas donde el color de la piel es no blanco serán vistos como humanos disminuidos, lo cual sirve como coartada para su sojuzgamiento, dominación y saqueo, explotación y en ocasiones genocidio.

Sin embargo, no sólo la racialización es una de las herramientas o recursos de la dominación colonial: la otra es la discriminación por género, a partir de la imposición como normal o natural de la estructura binaria heterosexual: hombre mujer, excluyente de la diversidad amorosa y sexogenérica: las mujeres son sometidas mediante el recurso a su género y además su racialización.

Karina Ochoa reconoce que son muchas las mujeres que están produciendo reflexiones, discusiones, estudios, debates, análisis, reflexiones y propuestas desde feminismos descoloniales, pero por la brevedad y el carácter introductorio del trabajo solamente retoma algunas ideas de la feminista argentina María Lugones.

Es a partir de ella que muestra la profunda e indisoluble imbricación en la realidad de la dominación colonial, la racialización, la opresión de género, la imposición de la norma heterosexual y la exclusión de la diversidad sexogenérica y sus recíprocos reforzamientos.

De manera que quedarse solamente en un feminismo de mujeres blancas y además de las clases altas, burguesas, oprimidas por los hombres blancos, pero pertenecientes a una clase y clasificación racial opresora de las demás mujeres y hombres es insuficiente.

El giro decolonial y el giro feminista pueden leer conjuntamente la opresión de género, la racial, la colonial: la modernidad europea ha impuesto ese complejo sistema de opresiones que se retroalimentan y refuerzan, por lo cual, enfrentar una sola opresión a la vez no es posible. Se tiene que asumir que esas opresiones se enfrentan juntas.

Pongamos un ejemplo: la actriz Gal Gadot declaró correctamente que si no se es feminista entonces se es sexista:  no aceptar la liberación de las mujeres es aceptar la permanencia de su opresión y eso es sexismo, pero ella es una mujer blanca, es ciudadana de Israel, orgullosa de haber hecho su servicio militar y, al asumir la supremacía del Estado que le da ciudadanía, asume la opresión colonial y el apartheid contra las mujeres, niñas y ancianas palestinas:  el feminismo por sí solo no es suficiente, si no se asume antirracista y anticolonial.

Maria Lugones, por supuesto no es la única feminista descolonial, se basa en otras mujeres feministas descoloniales como la nigeriana Oyeronque Oyewumi (La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género) y la cherokee Paula Gunn Allen.

Asimismo, en su breve conclusión, Karina Ochoa da una lista más amplia de autoras que están participando en la construcción de conocimientos y análisis de la opresión colonial y patriarcal, especialmente en Nuestramérica, como llama, usando un nombre que usó José Martí, a América Latina, o Abya Yala, como la llaman los kuna de Panamá.

Karina Ochoa Muñoz, Feminismos descoloniales latinoamericanos para principiantes, Material de lectura 1, Vindictas, Pensadoras feministas latinoamericanas, UNAM, México, 2021.

Fuente de la información:  https://zapateando.wordpress.com

Fotografía: Red de Migración

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Educación y prevención de la violencia contra la mujer

 

¿Es correcto que 1 de cada 4 adolescentes mujeres hayan sido maltratadas por sus parejas varones? Como si esto no es demasiado, 736 millones de mujeres en el mundo han padecido violencia física al menos una vez en su vida, según las Naciones Unidas. Ante este agravio de lesa humanidad, que no permite la construcción de una familia como célula de toda sociedad, es necesario cultivar una educación que sensibilice el sentimiento y la mente, eso que muchos llaman el sentipensar para vivir mejor.

A lo largo del 2023, 51,100 mujeres fueron liquidadas por sus parejas o familiares en todo el mundo. En Perú, 121 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año 2024. A pesar de los derechos humanos, copiosos leyes y marchas globales que buscan reducir las brechas de género, la violencia contra la mujer continúa creciendo, afectando a 3 de cada 9 mujeres a nivel global.

Desde 1981, la ONU celebra el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, destaca la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza. Ella agrega, involucrar a toda la sociedad en la protección de las víctimas, denunciar toda violencia psicológica y el acoso digital, y fomentar la participación de las mujeres en la política y en los espacios de poder.

En este desafío global, las universidades juegan un papel crucial en la erradicación de la violencia contra las mujeres al investigar sus causas y soluciones, así como en la recolección de datos y la elaboración de la estadística real de la violencia de género. Los mismos que los gobiernos pueden utilizar de manera estratégica para tomar decisiones informadas y reducir la violencia contra las mujeres, como la de endurecer los castigos contra los homicidas. Además, la educación básica tiene la misión de empoderar a las mujeres, fortaleciendo su resiliencia, autoestima y educación financiera, lo que les permitirá superar adversidades, y acceder a mejores oportunidades laborales.

Finalmente, es inaceptable que millones de mujeres sufran violencia. Según la ONU, se registran 140 feminicidios al día, por lo que es necesario promover una educación basada en el respeto e igualdad, a fin de asegurar un futuro donde todas las mujeres vivan con dignidad y libre de agresiones.

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCPC.

Fotografía: UDG

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

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Proyecto 163, una lesión al pueblo panameño

Por: Nelva Reyes Barahona

Hace 38 años, en 1986, se intenta sin éxito introducir las primeras reformas negativas a la CSS. El Dr. Mauro Zúñiga, secretario general de la Amoacss y diversos grupos organizados de la sociedad civil impidieron que la reforma fructificara.

El Dr. Zúñiga señalaba que la CSS es un espejo de la sociedad. Esto significa que “si vivimos en un país: con tasas de desempleo bajas; con salarios reales altos; con inclusión importante del trabajo informal a la CSS,’’ habrá aumento de los ingresos a la institución y la misma podrá responder a sus retos económicos, aumentando los beneficios de la población asegurada de forma sostenible.

Posteriormente, en la década de los 90, la aplicación de las medidas económicas neoliberales con la privatización (Irhe-Intel), los puertos, ingenios, entre otras acciones aplicadas, agudizaron la situación económica del país y por ende de la CSS. Sin una correspondencia con el modelo económico que se desarrolla, los gobiernos a lo largo del tiempo han impuesto reformas como:

1. Paramétricas contempladas en: disminución del monto de las pensiones; aumento de la edad de jubilación; aumento de la cantidad de cuotas; y disminución de la calidad de los servicios médicos.

2. Privatización de la Caja de Seguro Social: estableciendo una relación individual entre los asegurados “clientes” y la institución; favoreciendo solo a los asegurados de altos ingresos; y externalización de los servicios de la CSS.

La sociedad panameña, trabajadores, maestros, profesionales y la ciudadanía en general, han resistido a los distintos Gobiernos, desde los militares, para impedir la privatización de la CSS.

En el 2005 comienza la privatización con las cuentas individuales, medida esta que ha sido un rotundo fracaso en los países en los que se ha implementado y de igual manera en Panamá no podemos continuar con esa receta cuando ya fracasó. Actualmente, se discute una propuesta del Ejecutivo que plantea las cuentas individuales, (privatización), se elimina la tasa de reemplazo, o sea el 60 % del salario que se paga de la pensión.

Ahora, el anteproyecto de ley 163 en su artículo 62, dice, se modifica el artículo 101 de la ley 51 del 2005 para que quede así: artículo 101, recursos de la CSS, para cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la institución y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, y de invalidez, vejez, y muerte, estarán constituidos por los siguientes ingresos. Se establecen 28 literales y el literal 21 dice lo siguiente: los montos que según la reglamentación vigente de la CSS sean pagados por los dependientes de los asegurados para cubrir las prestaciones en salud de riesgo de enfermedad y maternidad. O sea que el beneficiario tendrá que pagar su atención en la CSS.

La propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) plantea lo siguiente: el Beneficio Definido de una taza de reemplazo básica del 60% del salario, que se mantenga; la edad de retiro de mujeres a los 57 y hombres a los 62, y la mayor cobertura de toda la clase trabajadora, incluyendo a los trabajadores informales; la vuelta en su totalidad al Sistema Solidario.

Demandamos:

1. Que se retorne al sistema solidario de Beneficio Definido.

2. Que se mantenga la administración pública de las reservas.

3. Incrementar los rendimientos de las inversiones, y transformar las inversiones directas y en proyectos de desarrollo nacional.

4. Que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional con la seguridad social y aumente el gasto Público en Pensiones.

5. Que se facilite la incorporación de los trabajadores informales.

6. Que se establezca una pensión mínima por el orden del costo de la Canasta Básica Alimenticia.

7. Que las pensiones sean indexadas para que recuperen su poder de compra.

8. Que se cobre y aumente la penalización de la evasión y mora de las cuotas por parte de los empresarios.

9. Extender la pensión de viudez a 10 años en vez de 5.

Mención especial merece la mujer panameña, porque el Proyecto 163 violenta sus derechos al no reconocer el valioso aporte que hace la mujer a la sociedad:

• Hay más de 73 mil mujeres que son receptoras del programa 120 a los 65, programa de muy bajo monto ya que debiería ser de B/.400, que cubra la Canasta de Alimentos.

• Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres y se incrementa en el caso de mujeres jóvenes; en las campesinas, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

• Las mujeres protagonizan alrededor del 74% del total de los contratos a tiempo parcial.

• Acceden a trabajos de baja calificación y menor remuneración, a pesar de tener mayor nivel de estudios académico.

• No se reconoce el trabajo no-remunerado que realizan las mujeres en los hogares, entre ellos: Cuidado de personas dependientes (niños, enfermos, adultos mayores), tareas domésticas, entre otras.

• Sufren interrupciones reiteradas de su carrera laboral debido a la maternidad y tareas de cuidados en el hogar.

• Por esto las mujeres participan menos en la vida laboral y acumulan menor densidad de cotizaciones.

• Se utilizan tablas de mayor esperanza de vida discriminatorias a las mujeres, no es lo mismo la esperanza de vida de una mujer rural que una del área urbana y depende del trabajo que realice.

• Las adultas mayores, como resultado de la desigualdad, viven condiciones de mayor pobreza, en viudez, soledad y peores condiciones de vida.

«Las Revueltas»: la importancia del feminismo en las escuelas

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Fim da escala 6×1 e antiprodutivismo ecossocialista

Por: Gustavo Seferian

“Olhar a realidade de frente; não procurar a linha de menor resistência; chamar as coisas pelo seu nome; dizer a verdade às massas, por mais amarga que seja; não temer obstáculos; ser rigoroso nas pequenas como nas grandes coisas; ousar quando chegar a hora da ação: tais são as regras da IV Internacional. Ela mostrou que sabe ir contra a corrente. A próxima onda histórica conduzi-la-á a seu ápice.”

(Leon Trotsky, Programa de Transição)

Nas últimas semanas, o Brasil se viu tomado nas redes e nas ruas por importantes movimentações contra o que veio a ser chamado de «escala 6×1» de trabalho. O tema – em seus aspectos estruturais, históricos e conjunturais – foi muito bem abordada pelo camarada Afrânio Castelo no texto «Fim da escala 6×1 – Reduzir a jornada e organizar as e os trabalhadores precarizados», o que nos economiza muita energia em sua caracterização e importância.
Afinal, sabemos que nossas energias, assim como a Terra, são marcadas pela finitude, daí que beber de boas referências e não repetir o já dito se faz fundamental. Nos lançamos a incorporar mais alguns elementos a essa discussão e acúmulo coletivo, tomada a perspectiva ecossocialista.

Este texto é escrito em um momento em que a proposta de autoria da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) já conta com a assinatura de 231 deputados e deputadas, dos mais diversos espectros políticos, ultrapassando a exigência de 171 endossos de parlamentares para tramitação no Congresso Nacional. Antes disso, atos pautando o fim da escala 6×1 encheram as ruas do país no dia 15 de novembro, tendo sido sobretudo animados pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), juntamente com diversos segmentos da classe trabalhadora organizada. Agora, uma greve dos trabalhadores da Pepsi, no interior de São Paulo, reivindica a redução da jornada, na trilha do debate da 6×1.

A revitalização de tão importante luta histórica dos trabalhadores e trabalhadores do Brasil e de todo o mundo resgata agenda que se via, ao menos desde o golpe de 2016, interditada em nosso país. Basta lembrar que as disputas por essa pauta se colocavam até então quase que exclusivamente por alguns sindicatos e poucas centrais sindicais, tendo sua principal síntese a PEC 89/2015. Esta PEC propunha a redução da jornada semanal, em âmbito constitucional, de 44 horas para 40, recobrando tema que teve amplo debate no âmbito da Constituinte, em 1987. Às vésperas do golpe, em janeiro de 2016, a PEC 89/2015 foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, tendo então parecer favorável à sua tramitação aprovado. A inflexão conjuntural que impôs uma série de contrarreformas às classes trabalhadoras – das quais tem destaque as trabalhistas, instituídas pelas leis 13.429 e 13.467/2016 – inibiu essa pauta e outras importantes demandas, como o PL Gabriela Leite, sobre regulamentação da prostituição, na época também objeto de ampla discussão.
A proposta hoje colocada em pauta é mais arrojada e radical do que aquela: reduzir a jornada para 36 horas semanais máximas e impor que, ao menos, três dias de descanso semanais ocorram revela uma marca mais progressiva e que, transicionalmente, vem alcançando ampla acolhida da população trabalhadora brasileira.
Todavia, ampliar perspectivas políticas e assumir uma postura radical, ecológica e socialista para a abordagem da jornada de trabalho é tarefa de todos os revolucionários de nosso tempo, sobretudo diante da urgência de transformação social posta pela atual conjuntura.
Redução de jornada e produtividade
São infindas as posições públicas que, ao sair em defesa da redução da jornada e de pôr fim à escala 6×1, anunciam que a medida traria não apenas benefícios a quem trabalha, mas uma maior produtividade dos trabalhadores e trabalhadoras, que, mais contentes e não exauridos com a redução da jornada de trabalho, se empenhariam plenamente às atividades de trabalho. Ou seja, não trariam impactos aos exploradores, seria em verdade até mais benéfica a quem extrai o mais-valor. Até mesmo parlamentares da esquerda, do próprio PSOL, saíram em defesa desse discurso[1].
Sequer colocamos em questão se há alguma demonstração histórica ou científica de que a redução da jornada implica em majoração da produtividade de quem trabalha. O ponto crucial é: deve ser esse um argumento da esquerda revolucionária na defesa da redução da jornada de trabalho?
Nossa resposta é um triplo NÃO.
Primeiramente, em razão de não competir ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, ou aos seus representantes institucionais, a satisfação argumentativa e concreta do interesse do capital, sobretudo em um contexto que já é de soterramento, em todos os seus sentidos, da vida pela mercadoria. O incremento de produtividade na atual ordem social capitalista só visa uma única finalidade: a promoção ainda maior do lucro obtido pelas classes proprietárias, por meio da apropriação de riquezas naturais e da intensificação da exploração do trabalho. Ou seja, uma ainda mais significativa sujeição das nossas vidas à socialização pelo mercado, que hoje tem na produção de supérfluos, na volatilidade dos “valores de uso” e na descartabilidade sua tônica fundamental.
Ademais, o aumento da produtividade pautado no empenho dos próprios trabalhadores – e não na recomposição de métodos organizacionais ou implementação técnica que intensifique a capacidade das forças produtivas – encontra uma contradição irresolúvel: é drenando nossas energias, limitadas e preciosíssimas no destinar de tantas dimensões de nossa vida, que esse “aumento de produtividade” se fiará.
A apologia à exaustão, ao adoecimento, ao limitar de nossas potências em um mundo extralaboral seguirão como marcas fundantes do processo de exploração. Mesmo que objetivamente as jornadas sejam menores, essas dinâmicas nocivas seguirão caso a produtividade seja mantida ou aumentada.
Se há, todavia, uma intenção de mobilização desse argumento para convencer setores patronais, há de se convir que compete não a nós, mas aos arautos dos próprios proprietários, conscientes dessas pretensas benesses, fazê-lo. Esta mediação pode ter alguma serventia em debates públicos travados no âmbito parlamentar ou na interlocução patronal, todavia reclama ser pautada por sujeitos outros, que não os porta-vozes de nossa própria classe.
Em segundo lugar, a ideia de incremento de produtividade é, em si, base de sustentação à lógica produtivista que leva hoje o mundo a um colapso climático. O produtivismo, que tem seu principal vetor a organização social pautada pelos interesses e finalidades da mercadoria, alcança todos os desenhos relacionais que nos últimos séculos se vivenciaram sob o capitalismo, lançando de mesmo modo seus tentáculos nas malfadadas experiências pós-revolucionárias do século XX – naquilo que Daniel Bensaïd chamou de “socialismo realmente inexistente”. Estas, após experienciarem suas degenerações contrarrevolucionárias, pautadas em uma perspectiva de crescimento econômico burocraticamente controlado e sem distribuição da riqueza social, evidenciaram seus limites. A nós cabe percebê-los como lições de como não impulsionar nossas lutas e construções, afirmando, ao contrário, um horizonte ecossocialista.
A “produtividade” reveste os discursos que buscam justificar a predação natural e do trabalho posta pelo neoextrativismo em todas as suas dimensões. O exemplificam o uso de veneno e fertilizantes artificiais para a produção do agronegócio, a informatização e virtualização de nossas vidas, ensejando crescentes ondas de desemprego e sub-empregabilidade, dentre outras mazelas.
Hoje, a tônica hegemônica de (des)organização da vida pautada pelo capital contamina – ideológica e materialmente – o conjunto de nossa classe, ao apontar que nossa realização pessoal se efetiva pela aquisição de bens materiais. A lógica retroalimenta o imperativo da produção mercantil pela própria produção, sem que a efetiva atenção aos bens indispensáveis a uma boa vida seja conferida à população trabalhadora como um todo.
Impor a esta tônica um freio é nossa tarefa fundamental. E isso não passa pela corrosão da capacidade de acesso a bens materiais por parte da classe trabalhadora.
Assim, por fim, é preciso ter em conta que a redução da jornada com manutenção de salários é o principal elemento para minoração do poderio econômico das classes proprietárias, sobretudo de suas frações que diretamente encontram na extração do mais-valor sua abjeta sustentação. Sequer precisamos recorrer às importantes formulações que se voltam ao trato do mais-valor absoluto, trabalhado por Marx a partir da seção III de seu O Capital, e suas derivações diretas, que passam pelo trato do mais-valor relativo na seção subsequente. Basta a nós perceber que, em um quadro de coisas que perdura, sendo o mesmo o quinhão percebido pelos trabalhadores e trabalhadoras na partilha da riqueza social, sem que se produza o mesmo, nossa posição relativa enquanto classe se favorece. Ou ainda, para que seja produzido o mesmo, mais trabalhadores e trabalhadoras deverão ser contratados, majorando nossa participação nessa mesma partilha e reduzindo a desocupação endêmica hoje existente.
Não há uma “necessária” situação de que para a redução da jornada se efetive com benefícios a toda sociedade, inclusive às classes proprietárias.
Tudo isso se coloca na necessidade de que percebamos que, enfim, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil se engaja em uma luta progressiva, e não apenas de contenção de agendas regressivas que lhe são impostas. Daí reconhecer, plenamente, que esta medida nos trará favor é indispensável.
Demanda transicional e o “reino da liberdade”
A redução da jornada de trabalho é reforma indispensável, tática e potencializadora do processo de auto-organização da classe trabalhadora. Mas não basta por si só. Assumi-la como parte constitutiva de uma agenda de outras lutas é fundamental, amarrando-se a embates com vistas à construção de efetivos tempos «livres» aos trabalhadores e trabalhadoras.
O modo como o tema assumiu os horizontes de vida de milhões de brasileiros coloca o quanto a pauta, já há muito assim abordada em seus aspectos de fundo, tem um caráter transicional. A síntese de enfrentamento à “escala 6×1” mostrou a eloquência necessária para, qual rastilho de pólvora, tomar explosivamente o conjunto da população brasileira.
Ela é, todavia – qual Marx pronunciou e tão bem debateu Michael Löwy, inicialmente só[2] e posteriormente com Olivier Besancenot[3] –, a porta de saída do “reino da necessidade” e o abrir para o “reino da liberdade”?
Por certo é sua principal fissura. Mas compete a essa demanda uma articulação mais ampla capaz de conferir sentidos políticos ainda mais profundos a essa reivindicação histórica.
Passa, por um lado, pela combinação da redução da jornada e a revogação de outras tantas contrarreformas trabalhistas que se deram no último período e que possibilitam, juridicamente, jornadas aviltantes, seja pelo próprio referendar legal, seja pela negociação coletiva ou individual, ainda em alguma medida “tolerada” pela redação proposta à mudança constitucional hoje proposta.
É bem sabido, para ficar em um único exemplo, que a normalização da jornada 12×36 se constituiu um ataque sem precedentes a diversos segmentos da classe trabalhadora, estendendo tal prática tão comum a algumas frações da classe – trabalhadores da vigilância, saúde, segurança, asseio etc. – a outros tantos setores. Esses trabalhadores e trabalhadoras, a rigor, já gozam de 3 a 4 dias de folga na semana, mas cumprem jornadas descomunais nos demais dias. Isso quando não conjugam, pela própria natureza de trabalho, dois vínculos em mesma escala, trabalhando em um ritmo alternado que não lhes possibilita sequer um dia de descanso semanal para gozar de uma renda minimamente digna para si e para os seus.
Outro aspecto passa pela luta por tempos livres de efetiva qualidade. Um primado que nos guia, enquanto ecossocialistas, é a desconsideração da lida com a vida a partir de elementos meramente quantitativos – quais os postos pela métrica cartesiana do capital –, para que possamos incidir diretamente em aspectos qualitativos de nossa existência. Desse modo, o embate ao enredar da indústria cultural nociva à plenipotência de nossos seres, do entorpecimento de nossas aberturas sensíveis, da homogeneização pasteurizada dos desejos e das vidas, da interdição de nossos momentos de gozo pleno das individualidades e diferenças por meio de atividades de descanso, lúdicas, estéticas, recreativas e eróticas, conforme o desejo de quem convém, é tão importante quanto a ampliação do número de horas livres do trabalho por dia e semana.
Mais horas fora do trabalho não podem se compatibilizar com tantas horas de transporte entre a residência e o labor. Ou pelo deleite estético marcado exclusivamente pelo compasso do mercado. Ou ainda com ambições de vida mediadas pelo jogo do tigrinho.
Daí que a redução da jornada de trabalho deve ser necessariamente o plantar de um novo horizonte de existência da humanidade, radicalmente humanista, socialista e harmônico com o restante da natureza.
A lei e a realidade
Entre a lei e a realidade, há um abismo. E esse se preenche – e só poderá se preencher – pela política.
O embate hoje colocado tem uma mediação institucional e normativa explícita: estamos a tratar de uma disputa pela alteração do texto Constitucional naquilo que alcança a jornada normal de trabalho. E a textualidade normativa pode se alterar, podemos ter uma vitória importante com a alteração da redação do texto que segue desde o processo Constituinte originário inalterado, mas de nada nos servirá se este não se reverter em uma inflexão concreta na vida da classe trabalhadora.
E a garantia para que isso ocorra é integralmente política.

O texto normativo não é, e jamais poderia ser, autossuficiente e determinante da realidade social pelas suas próprias forças e expressões.

Não é e nem poderá ser autoexecutável.

A história de nossa classe é pródiga em exemplos, e a preocupação não é recente: resgatemos a memória, esse novembro ainda mais vivaz, das apostas dos trabalhadores e trabalhadoras da CSN em 1988, que, amparados no recém aprovado texto Constitucional, levantaram-se em greve e tiveram como resposta às suas mobilizações, já na então recém-nascida Nova República, a ação do Exército Brasileiro, responsável pelo assassinato por coronhadas e fuzilamento de três operários.

A conquista no plano jurídico é fundamental, importante, e pode cumprir um papel tático, caso assim mobilizada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Ela cristaliza um estágio da correlação de forças e de uma esperada “normalidade” dentro da ordem social do capital. Ela pode e deve ser alicerce para novos referenciais protetivos ao conjunto da classe, mas não pode ser percebida enquanto meta final, objetivo último, conquista que traga qualquer suficiência aos nossos interesses enquanto classe.

Jornada mínima, jornada máxima: contradições do trabalho por tarefa e plataformização do trabalho

É bem-sucedido o texto do camarada Afrânio no que se refere à denúncia de diversos aspectos que envolvem o trabalho sob plataformas[2]. Fato é que, muito embora não hegemônica na contemporaneidade, a exploração do trabalho nestas condições expressa um avanço crescente e tendencialmente dominante sobre as demais formas de organização do trabalho na contemporaneidade.

Isso traz consigo alguns pontos que reclamam nossa atenção: o debate todo da “escala 6×1” só tem aplicabilidade ao componente CLTizado da classe que se assalaria, parcela esta que, dados os marcos de precarização e uberização – ou “ifooderização”, como ouvi certa vez e me pareceu ainda mais eloquente – do trabalho, mostra-se cada vez mais diminuta, ao menos proporcionalmente, no conjunto da classe trabalhadora, especialmente em países como o Brasil, já marcados pela informalidade.

Os dilemas postos a essa parcela da classe ultraprecarizada acabam sendo outros: a garantia de uma jornada mínima para trabalhadores intermitentes, de direitos mínimos para o descanso a quem trabalha por tarefa – condição formal do assalariamento da massa maioria dos plataformizados – e salvaguarda de pagamento de salário mínimo adequado pelo trabalho em uma jornada minimamente humana. Tais questões se abrem como desafios que, do mesmo modo, temos que articular com o tão importante embate pela redução da jornada de trabalho.

Novos sujeitos em luta e revitalização do movimento sindical, ou QUEM TEM MEDO DO VAT?

O despontar do VAT enquanto movimento social coloca na ordem do dia o recobrar de uma velha constatação: o movimento sindical – forma por excelência que os trabalhadores e trabalhadoras encontraram para promover seus interesses no seio da ordem social capitalista – é um movimento social. E mais: um movimento social irredutível ao sindicato enquanto instituição, independendo da sua existência – ainda que se potencialize no seu conformar, desde que amparado em premissas de liberdade, autonomia, independência e democracia classistas.

A cisão entre “velhos” e “novos” movimentos sociais, tão cara ao academicismo pós-moderno e aos desamparados da experiência histórica, tomba por terra ante a constatação daquilo que irrompe longe do que a ossificação do sindicato de Estado no nosso país, e que traz consigo inúmeros reclamos tão radicais da luta histórica do movimento sindical, seja de fato algo de muito “velho”.
Ainda que protagonizado por jovens, negros e negras, LGBTs, ocupantes dos postos de trabalho mais precários – mas ainda assim CLTizados -, o movimento por certo tira da zona de conforto alguns setores de uma esquerda que se esforça em gastar suas energias se digladiando com a realidade. Foram eloquentes alguns discursos de “dirigentes” sindicais e partidários que, em ilegítimo sinal de desconfiança, colocaram reticência quanto ao processo, suas lideranças, em patética disposição demarcatória para disputa de protagonismos.
Afinal, quem tem medo do VAT? São aqueles que, por certo descolados da classe e engessados em certa modelagem institucionalista e burocrática do fazer sindical, operam na desconfiança em detrimento da esperança e do estímulo diante dos exercícios de criatividade e ebulição de nossa classe.
Como tudo que brota nessa ordem, também o VAT não é isento de contradições. Vemos, porém, seu processo organizativo com grandes esperanças quanto à recolocação de pautas classistas, ofensivas, que não se dissociam de demandas antirracistas, feministas, antilgbtfóbicas, anticapacitistas e, qual reclamamos, radicalmente ecológicas em sua conformação.

O tema não é “onda que passou”, como disse deputado bolsonarista, sobrinho de um dos maiores crápulas do período ditatorial empresarial-militar[4]. É dever do movimento sindical classista, autônomo e independente, se somar a estas lutas, que não são apenas de uma fração ou segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de toda a nossa classe.

[1]  CNN. Escala 6×1 tira o direito de ter uma vida com qualidade, diz Boulos. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/escala-6×1-tira-o-direito-de-ter-uma-vida-com-qualidade-diz-boulos/

BRASIL DE FATO. Erika Hilton: ato pelo fim da escala 6×1 mostra que país ‘precisa avançar em uma escala mais humana’ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=U_1CqHMKnGc

BRASIL DE FATO. Redução de jornada aumenta produtividade e beneficia também as empresas, diz Sâmia Bomfim sobre PEC do fim da escala 6×1. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2024/11/12/reducao-de-jornada-aumenta-produtividade-e-beneficia-tambem-as-empresas-diz-samia-bomfim-sobre-pec-do-fim-da-escala-6×1

[2] A redução da jornada de trabalho é a condição do reino da liberdade», em LÖWY, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. 2a ed.. São Paulo: Boitempo, 2012.

[3] La journée de travail ou le “règne de la liberté”. Paris: Fayard, 2018.

[4] https://bsbaltafrequencia.com.br/politica/pec-6×1-foi-onde-passou-avalia-presidente-da-fpe-34137/

https://www.insurgenciard.org/post/fim-da-escala-6×1-e-antiprodutivismo-ecossocialista

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Japón juega con fuego produciendo el temido hidrógeno rojo: ahora está empujando a México

Japón juega con fuego produciendo el temido hidrógeno rojo: ahora está empujando a México

En la búsqueda global por fuentes de energía más limpias y sostenibles, el hidrógeno ha emergido como una alternativa prometedora. Sin embargo, no todo el hidrógeno es igual; su clasificación por colores indica el método de producción y su impacto ambiental.

Recientemente, Japón ha centrado su atención en el hidrógeno rojo, producido a partir de energía nuclear, y está promoviendo su adopción en países como México.

¿Qué es el hidrógeno rojo y por qué es controvertido?

El hidrógeno rojo se obtiene mediante procesos que utilizan la energía nuclear, aprovechando las altas temperaturas generadas por los reactores para la producción de vapor en la electrólisis o el reformado de metano con vapor. Este método ofrece varias ventajas:

  1. Eficiencia energética: La producción de hidrógeno rojo puede ser más eficiente que otros métodos debido a la utilización de calor residual de los reactores nucleares.
  2. Potencial inagotable: Mientras se siga explotando la energía nuclear, el hidrógeno rojo puede considerarse prácticamente inagotable.
  3. Sustituto del gas natural: Además de alimentar motores de hidrógeno, puede reemplazar al gas natural en diversas aplicaciones, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Sin embargo, la producción de hidrógeno rojo no está exenta de controversias. La energía nuclear, aunque libre de emisiones de carbono durante su operación, conlleva riesgos asociados a la gestión de residuos radiactivos y la posibilidad de accidentes nucleares.

La apuesta de Japón por el hidrógeno rojo y su influencia en México

Japón, un país con una larga historia de confianza en la energía nuclear, está liderando la inversión en hidrógeno rojo. Aunque ya cuenta con la planta de hidrógeno verde más grande del mundo en Fukushima, el hidrógeno verde sigue siendo caro y menos competitivo. Por eso, el país busca diversificar sus tecnologías energéticas y reducir costos con esta nueva alternativa.

En este contexto, Japón ha mostrado interés en colaborar con México para impulsar la producción y uso de hidrógeno limpio. Durante el Foro de hidrógeno limpio Japón-México, celebrado en Ciudad de México, expertos japoneses destacaron el potencial de México para desarrollar proyectos de hidrógeno, aprovechando su ubicación geográfica y recursos naturales. Nobuhiro Nakajima, director general de JETRO México, afirmó que México tiene un gran potencial para desarrollar proyectos de hidrógeno, la ventaja geográfica y los recursos naturales lo hacen muy propicio para convertirse en líder mundial tanto en producción como en su uso.

Implicaciones para México: oportunidades y desafíos

La colaboración con Japón en el ámbito del hidrógeno limpio presenta tanto oportunidades como desafíos para México:

  • Desarrollo tecnológico: La alianza con Japón podría facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos en la producción de hidrógeno, posicionando a México como un actor clave en el mercado energético global.
  • Inversión extranjera: La participación de empresas japonesas podría atraer inversiones significativas en infraestructura y proyectos relacionados con el hidrógeno, generando empleo y crecimiento económico.
  • Desafíos ambientales y sociales: La adopción del hidrógeno rojo implicaría considerar la construcción de plantas nucleares, lo que conlleva debates sobre seguridad, gestión de residuos y aceptación pública.

¿Es el hidrógeno rojo la solución adecuada para México?

Si bien el hidrógeno rojo ofrece ventajas en términos de eficiencia y disponibilidad, es esencial que México evalúe cuidadosamente su adopción.

La energía nuclear ha sido un tema sensible en el país, y cualquier iniciativa en este sentido requeriría un análisis profundo de los riesgos, beneficios y la opinión pública.

México cuenta con un potencial significativo para la producción de hidrógeno verde, aprovechando sus abundantes recursos renovables como la energía solar y eólica. Fomentar el desarrollo de estas fuentes podría alinearse mejor con los objetivos de sostenibilidad y aceptación social.

Fuente de la Información Social: https://www.ecoportal.net/energia/hidrogeno-japon-juega-con-fuego/

 

 

 

 

 

 

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