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El problema de los salarios en Venezuela

Jorge Forero

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

Artículo enviado por el Autor a OVE

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La educación del mexicano ante la pandemia del Coronavirus

José Carlos Buenaventura

Por: José Carlos Buenaventura1

Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree.

Boaventura de Sousa Santos2

En este texto sostengo que las acciones y comportamientos de las y los mexicanos ante la pandemia del Coronavirus manifiestan la educación que se ha tenido a lo largo de varias décadas en México. Parto de concebir a la educación no sólo como aquella que se imparte en las aulas mexicanas sino como procesos y acciones que transmiten visiones del mundo, cosmovisiones, y se lleva a cabo en múltiples espacios pedagógicos,3 por lo cual construyen comportamientos y pensamientos sobre cómo se debe actuar ante una determinada situación. Ello nos lleva a preguntar: ¿por qué las y los mexicanos se han comportado de determinada manera durante la pandemia de COVID–19?

Las imágenes y noticias muestran que en menos de dos meses el número de contagios y muertes han sido más del doble en México por COVID 19. La nueva normalidad inició en México el 1° de junio de 2020 y al 2 de agosto de 2020 la cifra de muertos se ha triplicado por lo menos. Para el 1° de junio la Secretaría de Salud señalaba que habían fallecido 10,167 personas4, para el día 2 de agosto se cuentan 47,746 fallecidos5. Si comparamos estos dos datos resulta que las muertes en México, en 2 meses, han crecido 369.61%. A partir de estos datos oficiales, podemos decir que en México ha habido, en este periodo de nueva normalidad, un acelerado crecimiento de los muertos e infectados en México. Crecimiento que no se había dado con anterioridad. Ello nos lleva a un panorama de suma preocupación y miedo que se verbaliza en interrogantes: ¿por qué ocurrió esta situación?, ¿por qué en el periodo de sana distancia no ocurrió este crecimiento de la pandemia?, ¿qué podemos hacer con esta situación tan delicada que vivimos en México, ya que algunos especialistas señalan que para el mes de noviembre o diciembre alcanzaremos la cifra de 100 mil muertes?, ¿no seria necesario analizar con cuidado los términos de nueva normalidad y por ende la de la vieja normalidad que se vivía y vive en México?

La pregunta que considero clave y que me da vueltas en la cabeza es: ¿por qué ocurre esto en México? Hay, no obstante, una respuesta generalizada que, más que enfrentar el problema, lo reduce al señalar que el Covid-19 obedece una lógica natural igual en todos los países por lo que no es posible tomar otras medidas, menos que nadie los no especialistas en medicina. O peor aún, se suele pensar que estas interrogantes están orientadas a una crítica al gobierno actual en México; nada más lejos de la genuina preocupación que las motiva.

Hasta el 2 de agosto había 47, 472 muertes, que en términos porcentuales es un aproximado de 0.03% de la población de aproximadamente 127 millones de habitantes,6 se podría pensar que es un mínimo de la población, sin embargo, recordemos que las personas no son números, sino nuestras madres, padres, abuelos, hermanos, amigos, sobrino e hijos, que no pueden ser reducidos a una cifra. Quien ha perdido a alguien por Coronavirus no lo ve como un número más, sino como alguien querido, amado y de su familia. La pérdida produce dolor y una cierta conciencia de lo que está pasando. Por otro lado, quien se contagia y no fallece, la enfermedad se convierte en un desgates de la economía familiar o de la relación familiar, por quién lo cuidará, cómo lo hará y por cuánto tiempo. Recordemos que resguardarse se convirtió para algunos en un proceso de volver a conocer con quién vive: sus padres, su pareja, sus hijos, sus amigos… ahora pasan más tiempo en casa que en el trabajo o en el transporte. Esto trajo cosas tanto buenas como malas, como lo demostró el aumento de la violencia doméstica durante este periodo de cuarentena.7

El porqué de estos aumentos de contagios y de muertes es la pregunta que constantemente aparece. Por un lado, se podría responder que esto es una consecuencia de las incorrectas decisiones del gobierno. Sin duda esto es un factor importante, pero la premisa aquí es reflexionar en ese otro factor no visible a primera mano. El gobierno puede tomar decisiones adecuadas; sin embargo, no así la ciudadanía. Sin negar la responsabilidad del Estado mexicano, pongo sobre la mesa de discusión que la educación que ha recibido el mexicano promedio se ha convertido en uno de los factores que orienta sus decisiones más inmediatas. Una educación que no se reduce a los valores, conocimientos, creencias, mitos, cosmovisiones que se transmiten o se construyen en la escuela; sino que implica todos aquellos factores que se han convertido en elementos educadores de la sociedad mexicana, como son la televisión, la internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, Netflix, películas norteamericanas, las relaciones entre los pares, así como muchos otros elementos, factores y espacios que se convierten en contenidos educativos y espacios pedagógicos, ya que producen determinados comportamientos, mentalidades y pensamientos. Se asume en este espacio que no sólo la escuela educa, sino todo aquello que implique formar al ser humano de determinado modo. En este caso al ser humano como mexicanas y mexicanos.

Y al hablar de las y los mexicanos se hace desde una gran mitificación que los ve como solidarios, fraternos, gentiles y buenas personas; seres de admiración. Mitificación que niega su humanidad y posibilidades de lo que pueden hacer. Si todos los mexicanos son buenos, ¿quiénes son los que agreden, violan y destruyen al otro? Debemos llevar tal mitificación a la problematización de que el mexicano es un ser humano que puede tomar decisiones correctas o incorrectas, pensarlo como un ser que está en constantes procesos formativos y educativos, ya que el ser humano está aprendiendo y se está educando constantemente8. Esta exploración debemos llevarla, a su vez, al terreno pedagógico, ubicando los conocimientos de las y los mexicanos como seres humanos que se educan y forman en diferentes realidades, condiciones y problemas. Si no rompemos con este tipo de mitificaciones no podemos construir otro tipo de procesos educativos que nos permitan modificar nuestro comportamiento, pensamiento y actuar, ya que somos muchas y muchos mexicanos los que somos parte del problema del por qué México tiene determinados problemas tan graves, y cómo intervenimos en la expansión del Covid-19. Hay una parte muy importante que le corresponde de responsabilidad a cada mexicana y mexicano para contagiarse, difundir o curar esta enfermedad. Responsabilidad individual que no deja de estar enclavada en procesos de socialización y colectivos.

Hay varios puntos que podemos poner en discusión a manera de hipótesis en relación al por qué los y las mexicanas nos hemos contagiado y por qué han sido los sectores más pobres los que han sufrido las consecuencias de la pandemia.

  1. Hay un nivel de población en México que no valora el papel de las ciencias en la comprensión de los procesos de salud-enfermedad, ya que el sistema educativo en las anteriores décadas impidió que se desarrollara una visión científica sobre la salud. La escuela básica se convirtió en una guardería, donde los contenidos educativos no eran lo esencial, sino pasar de grado a los estudiantes para sostener que se daba cobertura nacional, aunque ello no implicara tener saber; ello se veía reflejado en las pruebas PISA y ENLACE donde las y los mexicanos carecían de las competencias para leer y escribir. Sin saber leer y escribir no se puede valorar la ciencia ni comprenderla.

  2. Existe en algunas mexicanas y mexicanos la negación de los problemas sociales, culturales y económicos. Parecería que con no hablar de ellos no existen. Por ejemplo, se niega constantemente que existan problemas de violencia, agresiones sexuales, violación, desnutrición, se difunde la idea: “no te metas en problemas”, como una idea que niega, esconde y justifica los problemas graves que se viven en la cotidianidad. Esta negación del problema fue uno de los mecanismos que utilizaron muchas familias mexicanas para no tomar las medidas necesarias ante la pandemia de COVID 19; muchos señalaban que tal virus no existía, que era un plan macabro del gobierno. El problema fue que muchos de los que negaban y no creían se han infectado, siguen infectándose y hasta han muerto.

  3. Otro punto es que se ha educado tanto a mexicanas como mexicanos en una cultura de la violencia,9 que niega al otro, se niega su voz, su dolor, su preocupación. Se tilda que se debe de aguantar el dolor y que no se puede hacer nada. Además, de que esta cultura de la violencia transmite ideas de indolencia, por ejemplo: “mientras no me pase a mí, qué me importa, que ni de mi familia es”.

  4. Otro punto es que la educación mexicana formó consumistas en las últimas décadas, lo cual implicó que lo más importante era volver a tener una normalidad como consumistas, aunque aquello que consumieran no fuera verdaderamente necesario para la manutención y continuación de la vida. Era necesario salir de las casas para ir a comprar cosas innecesarias y muchas veces inservibles. El problema de haber formado consumidores es que se manejan a partir de principios individualistas, egoístas y muchas veces a partir de la ignorancia de la realidad. Ejes pedagógicos que hoy en día atentan contra la vida humana. Al consumista no le importa el otro, la otra o la naturaleza; sólo busca satisfacer su necesidad psicológica de sentir emociones en el momento en que está comprando determinado producto, ya no es el producto en sí mismo, sino la sensación y emoción que se produce en el momento de comprar. Un consumismo emocional de la negación de la realidad en la que vivimos, una realidad de extensión y continuación de una epidemia mundial.

  5. Varios de los comportamientos de las personas responden a contenidos transmitidos por medios virtuales, de la información, la comunicación, que ha producido subjetividades indolentes. Por ello es necesario analizar con mayor cuidado todos los productos culturales que estamos consumiendo para ubicar qué cosmovisión y comportamiento está transmitiendo, ya que estos productos, como películas, música, ropa y otros, no son neutrales, sino que son elementos que forman parte de entramados complejos que producen determinado tipo de ideas y acciones, en otras palabras, estos productos culturales influyen directamente en la formación de los seres humanos.

Ante la preocupación sobre el aumento de contagios proyectado para los meses de noviembre y diciembre [100 mil muertos y miles de contagiados], lo que nos queda a las educadores y maestros es todo menos quedarnos esperando a que los que se tengan que morir, mueran, a ver los datos estadísticos con las manos cruzadas o plantear ideas que pueden ser correctas, pero también incorrectas. En este sentido, proponemos regresar a una discusión que para nada es nueva o novedosa sobre crear una cultura de la prevención, haciendo acciones para que los resultados o proyecciones más funestos del coronavirus no se repitan en otras circunstancias. Prevenir, lo cual se dice fácil; sin embargo, en México sólo se ha utilizado para impulsar ciertas campañas sobre ciertos temas que no han tenido repercusión en las últimas décadas; por ejemplo, campañas para prevenir la violencia de género, que, como señalan distintos movimientos feministas, ha habido contradictoriamente un gran aumento de la violencia de género. En el caso del coronavirus no sólo nos debemos quedar en las medidas básicas sanitarias y de sana distancia, sino en proceso de reeducación, sensibilización y de análisis de nuestras circunstancias cotidianas y de otros problemas que están relacionados con la pandemia que estamos viviendo.

Tenemos que tomar muy enserio una “cultura de la prevención” frente a una “cultura del conformismo”, “del ya no se puede hacer nada,” “él ya qué”, que constantemente responden muchos mexicanos ante la imposibilidad de tener herramientas, conocimientos o instrumentos para poder tomar otro tipo de decisiones antes su salud, su vida y circunstancias. Una cultura de la prevención como instrumentos de la ciencia, las humanidades, las filosofías de los pueblos para evitar un daño o perjuicio, tomando y haciendo con anticipación ciertas acciones para lograr determinados objetivos.10 Esta cultura preventiva como articulación de saberes, conocimientos y creencias; y no como articulación de miedo, ignorancia y negación de uno mismo como es lo que nos ha estado ocurriendo a lo largo de esta pandemia, no hay que esperar que nos toque o el ya que, no hay que pensar que dios así lo quiso, sino que ayúdate que dios te ayudará. Esa cultura de la prevención como una ayuda a uno mismo y al otro, que, aunque no sea de tu familia es un ser humano que es parte de tu realidad y de tu salud. Necesitamos que los otros estén sanos y bien para que conservemos nuestra salud y vida.

La educación que necesitamos construir actualmente frente a esta gran pandemia debe estar basada en una cultura de la prevención, lo cual va a ser difícil en México, ya que la prevención se ha visto como algo menor o no importante, o como un gasto innecesario. Hoy tenemos como docente la necesidad de pensar en otros términos la prevención y al mismo tiempo sacarla del baúl del olvido y ponerla por delante en los problemas de salud que tenemos en México. Pero no sólo con el Coronavirus, sino también en los demás problemas que podemos evitar si pensamos en volvernos a educar todas y todos, para que las generaciones futuras no sigan teniendo los mismos problemas que hoy en día tenemos.

1 Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica: construcción de discursos y prácticas. Agradezco las correcciones y sugerencias de David Elías Hernández, Miriam Isabel Arciniega, Mauro Jarquín, José Ángel Gil y a Osmar Gómez.

2 Boaventura de Sousa Santos, La cruel pedagogía del virus, Buenos Aires, CLACSO, 2020, p. 65.

3 Carlos Lenkersdorf señalaba: “Las cosmovisiones, a nuestro juicio, representan los ‘carriles’ en los cuales nos movemos al percibir la realidad y al relacionarnos con ella. Corresponde, un poco y hasta cierto grado, a las presuposiciones de nuestra manera de percepción y comportamiento en el contexto en cual nos encontramos. (…) Escogimos los términos de “carriles” y “encarrilar” para señalar el efecto de las cosmovisiones. En el contexto social se está produciendo una predisposición que afecta a los hablantes de manera tal que perciben la realidad y se relacionan con ella conforme moldes aceptados por las sociedades correspondientes.” Carlos Lenkersdorf, Cosmovisiones, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p.26.

4 Dato consultado en: https://coronavirus.gob.mx/2020/06/01/conferencia-1-de-junio-2/, el sábado 2 de agosto de 2020, a las 13:14 p.m.

5 Dato consultado en: https://coronavirus.gob.mx/2020/08/02/conferencia-2-de-agosto/, el sábado 2 de agosto de 2020, a las 13:28 p.m.

7 Consulta realizada en: https://www.jornada.com.mx/2020/05/19/politica/012n3pol, el domingo 2 de agosto de 2020, a las 14:16 p.m.

8 Esta pregunta de ¿Quiénes son los mexicanos? lo han trabajado autores tan importantes como Samuel Ramos en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, otro autor ha sido Octavio Paz, El laberinto de la Soledad, así como otras y otros que han construido la Filosofía Mexicana.

9 A la cultura de la violencia se concibe como un sistema o totalidad que transmite y reproduce relaciones sociales violentas en diferentes niveles de la realidad socio-histórica: individual, familiar, escolar, estatal, nacional, internacional, global, etc., por lo cual al hablar de una cultura de la violencia, no se piensa como un sinónimo de cultura étnica, ni nacional, sino como una cultura transnacional que tiene diferentes formas de concreción en los niveles de la vida cotidiana, dicha cultura se produce de forma consiente e inconsciente, se cultiva por diferentes actores con el objetivo de producirla o no producirla.

10 Se toma “prevención” de “prevenir”. Entre algunas definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española son: 1 Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin; 2 Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Consultado en: https://dle.rae.es/prevenir, el domingo 2 de agosto de 2020, a las 17:07 p.m.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/la-educacion-del-mexicano-ante-la-pandemia-del-coronavirus/

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Educación en América Latina: la hora de los gobiernos locales

Otto Granados

Por: Otto Granados

Seguir avanzando en el ámbito escolar en la región requiere abrirse a nuevos mecanismos y experimentar para hacer más participativas las decisiones, comprender mejor las necesidades de las diversas geografías y gestionar de manera más eficaz la profesionalización de los docentes

En las últimas décadas, diversos países de América Latina y el Caribe (ALC) han emprendido reformas educativas de carácter sistémico y estructural orientadas a la calidad. Desde que en el siglo pasado se ejecutaron políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de alfabetización, infraestructura y escolaridad, llamadas también “reformas de acceso”, se han registrado avances que, en pleno siglo XXI, deben ser profundizados para que la educación de calidad sea una palanca de la mayor relevancia para el crecimiento, la innovación y la productividad de las economías de la región. Esto supone abrirse a nuevos mecanismos y experimentos sobre cómo hacer más participativas las decisiones educativas a nivel local, cómo comprender mejor las necesidades de las diversas geografías, cómo liderar con éxito una escuela y cómo gestionar de manera más eficaz la profesionalización de los docentes. O, dicho de otra forma, la conducción nacional ¿sigue siendo funcional para operar instituciones y políticas educativas con la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación para desempeñar su papel en entornos locales cambiantes e impredecibles? Parece que no.

Los procesos de descentralización o regionalización en diversos campos se volvieron algo más o menos común en ALC. En países con sistemas federales muy arraigados históricamente, regímenes políticos presidencialistas, burocracias centralizadas y una diversidad geográfica, cultural, étnica y lingüística particularmente compleja y persistente, la descentralización de la educación constituyó, hasta entonces, el hecho más significativo. La combinación de diversos instrumentos dio por resultado progresos en materia de provisión del servicio, cobertura e infraestructura escolar, pero también una concentración del poder político y presupuestario y, por supuesto, de las decisiones en diversos capítulos de la política educativa.

Con la apertura económica y la modernización del Estado, entre otras cosas, los países se dieron cuenta de que en las reformas de acceso lo relevante era la cobertura y no la calidad, y emprendieron procesos de descentralización educativa hacia los niveles subnacionales de gobierno considerando, por un lado, hacer copartícipes a los gobiernos locales de esta responsabilidad y, por otro, para llevar el hecho educativo más cerca de las comunidades donde éste se produce.

Sería inexacto, sin embargo, atribuir exclusivamente a la centralización los rezagos educativos, pues nadie discute sus resortes fundacionales, pero es evidente que algunos de ellos no se explican sin sus excesos: la presencia férrea de un sistema que ahogó casi por completo la creatividad de los actores locales del proceso educativo, produjo distorsiones muy serias en la asignación de recursos financieros, procreó una pesada burocracia y tejió inevitablemente un andamiaje corporativo, y en muchos casos corrupto, con los sindicatos, que en varios países de ALC llevó a la colonización de los propios ministerios de Educación y, por tanto, de la formulación y ejecución de muchas decisiones.

Intereses creados

La cantidad de intereses creados en torno a esa estructura reflejan también, por otro lado, las enormes resistencias para digerir la descentralización, las variadas formas de implementarla, los resultados heterogéneos y, sobre todo, el escepticismo e incluso la relativa oposición con que fue recibida por las autoridades subnacionales así como la carencia de una política explícita para desarrollar capacidades a nivel local para gestionar esta responsabilidad mayúscula. Más aún: quizá con excepciones, los Gobiernos centrales se reservaron el control del presupuesto educativo nacional, la relación política con los sindicatos y las políticas de ingreso, promoción y permanencia de los docentes, lo cual explica que normalmente hicieran poco por impulsar reformas sistémicas.

Hubo otros dos elementos que inhibieron el pleno arraigo de la descentralización: la falta de un verdadero compromiso político de los Gobiernos subnacionales para hacerse cargo del servicio educativo con todo lo que ello implica, y el riesgo de que el proceso mismo, que ha tenido sin duda avances, reprodujera a nivel local las malas prácticas nacionales. Las razones son varias pero destaca que los incentivos más importantes en favor de la descentralización, entre ellos redistribuir el poder, aumentar la eficiencia del servicio y mejorar los aprendizajes, entraron en conflicto directo con los intereses políticos de los Gobiernos centrales y locales y de otros agentes opuestos al cambio. De hecho, en algunos países, parecen estar resurgiendo tendencias hacia la recentralización de la gestión educativa.

En suma, ¿cómo evitar desandar el camino o, en otras palabras, cómo formular y ejecutar procesos de segunda generación que aprovechen los progresos logrados, empoderen a los actores locales y desarrollen nuevas capacidades para gestionar la educación? Se trata, en concreto, de discutir un nuevo y amplio arreglo descentralizador en materia educativa.

Desarrollo sostenible

El primer aspecto tiene que ver con el papel de los gobiernos locales. Hasta antes de la descentralización, los estados habían rehuido asumir la función educativa pues ésta era, a juicio de sus dirigentes, una fuente de problemas más que un abanico de oportunidades. La descentralización ha obligado a los líderes locales a aceptar, por lo menos en teoría, que la educación es fundamental para un desarrollo sostenible e integral de sus comunidades y regiones, que el impulso a otros sectores, como la economía y la industria, se retroalimentan positivamente de los avances educativos, que es viable encarar los problemas de distribución del ingreso mediante una buena oferta educativa de calidad, y que incluso, en el mediano plazo, la educación puede ser también una buena inversión política. Sin embargo, en la heterogeneidad geográfica, cultural y política de países como México, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia o Colombia, por ejemplo, este es un escenario todavía frágil en las provincias, departamentos o estados.

En segundo término, los padres de familia, los organismos intermedios o los gremios empresariales han empezado a interesarse más vivamente en la educación. Sin llegar todavía a mecanismos vinculantes de carácter institucional y permanente, se percibe, en algunas regiones de ALC, un mayor sentido crítico del desempeño de los profesores y las escuelas, pero aún subsisten prácticas de manipulación de padres de familia por parte de directivos escolares y sindicales, especialmente para apoyar reclamos salariales.

En tercer lugar, administrar localmente el sistema educativo hace factible introducir innovaciones que, con estructuras excesivamente centralizadas, es casi imposible. Planear por ejemplo nuevos diseños para la infraestructura escolar; experimentar con contenidos curriculares adaptados al espacio local o adoptados directamente de buenas prácticas internacionales; formular programas de actualización para maestros distintos y más audaces a los de carácter central; aprovechar más eficientemente los recursos financieros, entre otras acciones, son posibles cuando las autoridades locales cuentan con un adecuado espacio institucional, presupuestario y político para instrumentarlas, en estrecha cercanía con su propia comunidad educativa.

Un nuevo arreglo

Un nuevo arreglo debiera incentivar a los Gobiernos subnacionales a destinar mayores recursos propios para la educación y a presionar por nuevas fórmulas de asignación. Como las transferencias centrales tienen una estructura muy rígida y son limitadas o incluso discrecionales, los Gobiernos interesados en la educación y decididos a introducir proyectos innovadores, con altas tasas de retorno para la economía local, deben ir explorando fórmulas fiscales imaginativas (destinar parte de los impuestos locales como el de la propiedad o del impuesto al valor agregado a educación), mayor participación privada en la gestión de escuelas públicas, emisión de papel en mercados bursátiles etiquetado a financiamiento educativo, o integración de fondos nacionales que premien a las regiones con mejor desempeño educativo, de manera que pueda irse creando un sistema de incentivos diferenciados y competitivos que combinen virtuosamente cobertura, calidad e inclusión.

A medio plazo, un arreglo de este tipo obligará a los Gobiernos nacionales a profundizar programas compensatorios para determinados Estados o regiones, pues el éxito de unos y el fracaso de otros muy probablemente tenderá a acentuar disparidades y desequilibrios. De otra manera, las regiones que mejor funcionen van a seguir produciendo un capital humano de alta calidad, van a tener un mejor desempeño económico, indicadores sociales más balanceados e ingreso per cápita más alto, en oposición a los que exhiban mayor atraso y que, por ende, no lograrán salir del círculo vicioso y estarán más cerca de ser estados fallidos, como de hecho ya sucede en algunos países. Pero esto supone una oportunidad también para los ministerios nacionales porque podrán concentrar mucho mejor sus energías y recursos en las áreas que más los necesiten, y dejar que el resto desarrolle más capacidades propias y vaya entrando a la edad adulta en la gestión de los sistemas educativos.

Finalmente, será inevitable una reforma que deje a los ministerios nacionales de Educación única y exclusivamente con atribuciones normativas, transfiera más competencias a las regiones, y encuentre fórmulas para aislarlos de los ciclos políticos y partidistas, a semejanza de los procesos que orientan en muchos países las políticas monetarias, comerciales o de competencia, por ejemplo, de tal manera que aseguren razonablemente la continuidad de los líderes, las políticas y las reformas educativas a mediano y largo plazo, más allá de los períodos de gobierno.

Todo parece sugerir, en suma, que en materia educativa ha llegado una nueva hora para los gobiernos locales.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-07-13/educacion-en-america-latina-la-hora-de-los-gobiernos-locales.html

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La receta de Uruguay para el reabrir las escuelas

Meritxell Freixas Martorell

Por: Meritxell Freixas Martorell

  • El país sudamericano aplica un “estricto” protocolo que se basa en la no obligatoriedad de asistir a clase y cuidar la distancia social en las aulas y el recreo.

Después de casi cuatro meses con escuelas e institutos cerrados y con las plataformas virtuales como único soporte a la docencia, Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en retornar a las clases presenciales. El regreso se dio tras un proceso gradual iniciado con las escuelas rurales a finales de abril y que se completó a principios de julio, cuando también se reactivaron los centros públicos y privados de educación primaria, secundaria y técnica.

Junto con la construcción, el sector educativo fue de los primeros del país en incorporarse a la “nueva normalidad”, tras un intenso debate público, la discusión de protocolos y la tensión entre autoridades, direcciones de centros educativos y sindicatos. Una decisión que respondió al buen manejo que, hasta ahora, el país ha hecho de la pandemia. Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, hasta la fecha, se registran 1.200 casos y 34 fallecidos. Las medidas tomadas tempranamente por el gobierno de Luis Lacalle Pou junto con varias condiciones estructurales, como unos sistemas educativo y sanitario públicos robustos, permitieron gestionar la crisis sanitaria sin necesidad de declarar la cuarentena obligatoria.

La infraestructura de telecomunicaciones uruguaya, que cuenta con un despliegue de la fibra óptica en prácticamente todo el país, permitió el acceso al trabajo virtual en prácticamente todo el territorio. Además, hace varios años se implementó el plan Ceibal para el fomento de las nuevas tecnologías de la información en todas las escuelas que, sin saberlo, preparó al país para enfrentar la crisis. “Se priorizó mantener el vínculo con los niños a través de las plataformas del plan Ceibal, WhatsApp o con visitas a los hogares, y así alcanzamos una vinculación en torno al 95% de la matrícula escolar de los niños de 3 a 12 años”, explica Pablo Caggiani, docente y miembro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, un órgano dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) encargado de las competencias educativas de estas etapas.

Hace casi más de un mes que el proceso de retorno progresivo y gradual concluyó. Los colegios ahora vuelven a estar cerrados, pero esta vez por vacaciones. Alumnos y docentes se toman un respiro mientras transcurren las semanas más frías del año, que en contexto de pandemia dificultan la aplicación de protocolos y exponen a grandes y pequeños a todo tipo de enfermedades, más allá del coronavirus. Un tiempo de descanso que también se aprovecha para evaluar las primeras semanas del retorno.

Un protocolo “estricto”

«El retorno a clases es voluntario. Estamos convencidos de que el riesgo es mínimo y tiene que existir la voluntad de los padres para decidir si los niños participan o no», declaró Lacalle Pou cuando anunció el regreso a la presencialidad.

La Administración Nacional de Salud Pública se encargó de redactar un protocolo con más de 20 artículos que los centros educativos aplican con especial atención en mantener el distanciamiento físico en el aula y el patio. Para ello, cada curso fue dividido en dos grupos y la asistencia presencial, que no es obligatoria, se redujo a dos días a la semana y a un máximo de cuatro horas, y se combina con el aprendizaje online. Los horarios de entrada y salida a clase y al recreo son escalonados y los centros cuentan con alcohol gel, sistemas de ventilación, desinfección de materiales de uso común y uso obligatorio de alfombra sanitaria y mascarillas (para los alumnos de secundaria).

“La aplicación de un protocolo estricto quedó en manos de los directores de cada centro, que son quienes tienen que garantizar las condiciones para su cumplimiento”, señala Antonio Romano, profesor universitario del Instituto de Educación y exdirector de Planificación de la ANEP. “Es una presencialidad bastante compleja y muy diferente de la escuela que se dejó en marzo”, añade Pablo Caggiani.

Entre los criterios para definir el retorno a clases se consideraron aspectos como la desigualdad, la adaptación a los horarios de las familias y mantener la virtualidad para aquellos niños y niñas que no participan de forma presencial. “El promedio de asistencia a más de un mes del retorno ha sido muy bajo. La gente toma precauciones y una de ellas es no mandar a los niños a la escuela”, indica José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Según datos del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), en la primera semana, solo el 48% de los niños convocados asistieron a las escuelas públicas. Un porcentaje que se elevó a un rango entre el 60% y 70% siete días después.

Dificultades e inconvenientes

“Los niños tenían muchas expectativas de volver a la escuela para encontrarse con sus amigos, pero la forma como esto ha ocurrido no ha estado bien y no les hemos consultado”, opina Antonio Romano. El docente enumera algunos “inconvenientes” del regreso a la presencialidad, como la desconexión de muchos estudiantes y familias tras permanecer tanto tiempo en casa –”se desvincularon de la propuesta escolar”, precisa–; las dificultades para las escuelas de barrios más pobres; o los problemas prácticos para la implementación del protocolo: “Exige ventilación, pero estamos en pleno invierno”, apunta. “El primer día de clase había cuatro grados y teníamos las ventanas abiertas mientras los estudiantes se congelaban sentados en sus bancos con las mascarillas puestas”, recuerda Alejandra, profesora de secundaria y orientadora pedagógica. La docente, que terminó enferma después de estos primeros días de clase, insiste: “Tuve que mandar mensajes a los padres para avisarles que mandaran a los niños como si fueran a estar a la intemperie y quietos”. A su parecer, “hay una enorme improvisación porque las directivas no han sido claras” y “las formas de implementación están alejadas de la realidad”.

“Hemos tenido que hacer una ingeniería de reacondicionamiento de las escuelas para que los niños pudieran mantener las distancias dentro de las aulas”, exclama Elbia Pereira, secretaria general de Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria o FUM-TEC, que reúne 25.000 afiliados docentes y no docentes de todo el país. La dirigente sindical destaca el “doble esfuerzo” de los docentes, que llevan a cabo el trabajo presencial y virtual, lo que conlleva una sobrecarga laboral importante.

Desde el punto de vista pedagógico, Pereira considera que los aprendizajes “son muy dispares y distintos” comparados con la etapa previa a la pandemia. Por eso, opina que “no se deben comparar resultados” y es tajante en su conclusión: “Nada sustituye la presencialidad del docente en el aula”.

Hasta ahora, ningún centro escolar de Uruguay se ha visto obligado a cerrar por contagios de COVID-19 y solo han interrumpido nuevamente las clases los colegios con presencia de focos comunitarios cerca. Sin brotes en los centros educativos y considerando la necesidad de mantener la escuela presencial, el gobierno apuesta ahora por aumentar los días y extender los horarios de docencia después de las vacaciones de invierno. “Cuando las familias entienden que los centros cuentan con las medidas de higiene necesarias y que los funcionarios proceden con mucha responsabilidad, se logra que los estudiantes vuelvan”, dijo Robert Silva, autoridad de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). A partir del 3 de agosto el país dará un paso más para normalizar la rutina escolar que el virus puso a prueba.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/08/05/la-receta-de-uruguay-para-el-reabrir-las-escuelas/

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Se nos mueren las abuelitas

Elisabeth de Puig

Por: Elisabeth De Puig 

8 de cada 10 muertes relacionadas con el covid-19 notificadas en los Estados Unidos ocurrieron entre adultos de 65 años de edad o más y en República Dominicana el promedio de edad de los fallecidos es de 66 años.

En Europa, como en otros países, muchos abuelos se han desesperado porque no les dejaban ver a sus nietos. Según los sectores y clases sociales, la cuarentena y las situaciones que se han producido en las relaciones entre abuelos y nietos han sido diferentes. En las clases medias y altas de nuestro país, donde las abuelas generalmente no viven con sus hijos, el distanciamiento social y el toque de queda han cambiado la forma de relacionarse con los nietos, así como los beneficios para ambos partes de esta relación cercana.

En las sociedades contemporáneas se espera que padre y madre sean personas adultas capaces de asumir el cuidado, la protección y la educación de los hijos. Dentro de este marco las abuelas cumplen papeles complementarios en las relaciones con sus nietos. Les proporcionan un amor pleno, puro e incondicional que deja huellas imborrables en el alma. Con paciencia y ternura trasmiten valores, y hacen sentir a los niños una pertenencia al grupo familiar que les da seguridad y autoestima

Abuelita

En República Dominicana la jefatura de hogar recae, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en un 35.3% sobre la mujer. Dentro de este grupo hay situaciones menos visibilizadas, como son: la ausencia de ambos padres, sea por separación o divorcio, migración, muerte de uno de los cónyuges o padres vivos que abandonan el hogar. 

En estos casos son las abuelas las que siguen en pie de lucha y asumen el rol de madres sustitutas, llevando el peso de varias generaciones a cuestas. Son, en su mayoría, abuelas de sectores vulnerables; las hay en toda la geografía nacional, con creces en las áreas de mayor migración. Gracias a su sacrificio, las madres emigran para buscar el sostén económico de las familias.

Las abuelas son mujeres luchadoras, sometidas a muchas tensiones y envejecidas antes de tiempo.Hablo de estas abuelitas de cabellos grises, porque abuelas las hay de todas las edades en una sociedad donde las niñas paren en la adolescencia. En muchos casos,las funciones maternas asumidas por las abuelas están relacionadas con experiencias familiares y personales: muchas fueron madres solteras que asumieron el cuidado de sus hijos sin la participación del padre.

Sus aportes tienen un fuerte impacto social y su rol está enraizado en los orígenes indígenas y africanos del pueblo dominicano que hacen de la familia una familia matrifocal, y de la figura materna un eje fundamental de la sociedad.

Abuelita

De repente las abuelitas de nuestros barrios se están muriendo; las que vemos a las salidas de las escuelas peleando con sus tumultuosos nietos, buscando un lavado o un planchado para completar las remesas, a veces desfasadas con la tecnología y la movida rápida de la juventud.

Mujeres con muchas necesidades de salud no resueltas, a menudo desgastadas, que no saben mucho de lo que es la prevención, que hablan de “vientos” y otras enfermedades y se sanan con botellas más que con medicamentos demasiado costosos.

Estas figuras de nuestros barrios han sido las primeras víctimas de la covid-19 y de la falta de responsabilidad de un importante sector de la población. Es así que en Villas Agrícolas se nos van las abuelitas, memorias del sector con sus vivencias, sus historias, su ternura.

Las calles, los callejones y las parteatrás están en luto: para dar solo algunos ejemplos, los callejones de los Chismosos, 21, Obrero, Caliente así como Villa Linda, y la calle Félix Evaristo Mejía han pagado su cuota al coronavirus y están de luto.

Abuelita

Oliva Aguaro de Félix, “Mamacita”; Carolina Guzmán, “Mama Caro”; Flor María Brea, doña Chela; Estherbina Heredia, doña Mabela; Carmen Dolores Germán Rosario, doña Carmen; Rosa Gilda Canela; María Altagracia Polonia Rodríguez; Juana Figueroa Pola, doña Maisita; Guillermina Feliz de la Rosa, doña Mimina, y Corina Linares, madres, abuelas, bisabuelas, hermanas, tías, vecinas, todas personas afanosas, solidarias, valiosas y pilares de la comunidad. Ellas quedarán para siempre como parte intrínseca de las estampas de Villas Agrícolas, de su historia y de su cultura barrial.

Es tarea de todosestimular el reconocimiento social de las abuelas, dando relevancia a estas mujeres que extienden el rol de madres a períodos de sus vidas en que deberían estar disfrutando logros personales postergados y merecer atenciones especiales.

Fuente e imagen: https://acento.com.do/opinion/se-nos-mueren-las-abuelitas-8843385.html

 

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De la política de estímulos hacia la Ley General de Educación Superior

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

 

En la segunda mitad de los noventas se inició el diseño e implementación de nuevos instrumentos de política de educación superior. Primero sobre la base de la concertación entre SEP y Anuies desarrollada en la década previa y posteriormente bajo el control de la autoridad educativa federal. Se inicia la transición con la puesta en marcha de tres instrumentos con recursos financieros: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES, 1990), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 1996) y los programas de estímulos al desempeño del personal docente (1999) en las universidades públicas. El propósito declarado de la triada era brindar a las universidades públicas los recursos de infraestructura material y humana para procesos y proyectos de superación académica y mejora administrativa.

Faltaba, sin embargo, el eslabón que aglutinara esos. Este llegaría al inicio del periodo gubernamental de Vicente Fox Quezada, con la formulación del Programa Nacional de Educación 2001-2006. En la coyuntura tendría la Anuies un papel relevante como instancia promotora de la política de educación superior en ese y el siguiente periodo gubernamental, es decir durante los sexenios en que Acción Nacional tuvo en sus manos la presidencia de la República.

En 1999, en preparación a las elecciones federales, la Anuies formuló y presentó a los candidatos presidenciales el documento titulado “La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1999. La propuesta de recogía, en lo fundamental, los planteamientos de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, aquella emanada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Dicha agenda insistía en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza y reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

Palabras claves de entonces: cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Así, el documento de Anuies proponía, por primera vez, metas e indicadores proyectados para el sexenio por venir y hacia el escenario de 2020 sobre cobertura, proporción del posgrado en el tipo educativo superior, financiamiento requerido, el cierre de brechas interestatales, el nivel de estudios deseable para la planta académica, entre otros aspectos. Dicho documento planteaba también un objetivo referido a la coordinación del sistema que señalaba, textualmente: “En el año 2001 transformar la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), dándole sustento jurídico como organismo para la concertación de políticas nacionales en el campo de la educación superior, con representación plural de todos los sectores involucrados.”

La agenda Anuies se trasladaría al Programa Nacional de Educación del sexenio por intermedio del Equipo de Transición en Materia Educativa del presidente electo. Salvo dos puntos de importancia: la pérdida de centralidad de la propuesta de coordinación, y un marcado énfasis en la planeación estratégica como base de los proyectos de desarrollo. Para llevar a cabo ese propósito se habría de construir un nuevo instrumento: el Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIFI) y su complemento en el posgrado, el PIFOP.

Durante el sexenio de Fox, también en el del presidente Calderón, las instituciones debían contar con estos programas para tener acceso a los fondos extraordinarios. Como el modelo generó resultados positivos para la gestión del subsistema universitario, más temprano que tarde el número de fondos concursables se incrementó para atender, a través de ellos, diversos aspectos de la problemática de las instituciones. Según Javier Mendoza Rojas, “mientras en el año 2000 solamente existían el FOMES, el PROMEP y el Fondo de Aportaciones Múltiples, en 2010 operaron diez fondos de financiamiento dirigidos a las universidades públicas estatales” (en: “Una aproximación al análisis de los fondos de financiamiento extraordinario para las universidades públicas estatales”, UNAM-DGEI, 2015). Posteriormente, la cantidad de fondos se incrementaría al incorporar recursos para los subsistemas de educación superior tecnológica y educación normal.

El modelo, sin embargo, comenzó a desgastarse por dos razones. La primera por la disminución del monto destinado. Durante la segunda década del siglo se observa una disminución gradual pero sostenida de este mecanismo de financiamiento hasta llegar, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, a su práctica extinción. Una segunda razón es que el instrumento de planeación asociado alcanzó un nivel de saturación prácticamente insostenible. Lo que inicialmente era un mecanismo de planeación institucional se convirtió en otro que buscaba incidir en todos los aspectos de la gestión universitaria con un alto nivel de desagregación: el plan de la institución, el de sus dependencias académicas, el correspondiente a las unidades administrativas e incluso el de cada uno de los cuerpos académicos apoyados. No pocas autoridades y especialistas hacían notar que esa política estaba comprometiendo, en aspectos relevantes, los principios de la autonomía.

Un saldo negativo fue la dependencia económica de las IES de estos fondos. Se estima que, en su punto más alto, los recursos extraordinarios alcanzaron una cuarta parte del subsidio público total disponible para las universidades públicas de los estados. Como, en su mayor parte, eran recursos no regularizables, el sostenimiento de las inversiones provocó fuertes déficit en un número importante de ellas.

Es esta la encrucijada en que, con el cambio de sexenio y de enfoque de política universitaria, inicia el debate sobre la Ley General de Educación Superior. Veremos las soluciones que se proponen.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/de-la-politica-de-estimulos-hacia-la-ley-general-de-educacion-superior/

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La insolidaridad, el principal virus del Mercado Común Europeo

Eduardo Camín

Por: Eduardo Camín

 

El 2020 está siendo un año oscuro para la Unión Europea (UE), en parte a raíz de la llegada del Covid-19 a suelo comunitario, y también con el resurgimiento de antiguos resentimientos supuestamente ya enterrados, en un contexto político donde crece el euroescepticismo, consumado en el famoso Brexit por el Reino Unido, uno de los estados mas poderosos.

La realidad sigue estando marcada por un descontento generalizado, bajo el manto del inquietante resurgir del fascismo, que ponen en jaque el futuro del proyecto europeo. Estamos presenciando lo que podría ser la crisis más grave experimentada por la UE desde el desastre financiero del año 2008, donde vuelve a evidenciarse la fractura norte-sur.El coronavirus pone a prueba a las instituciones europeas | El ...

Por otra parte, como así lo anticipa –entre otros– el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países de la UE sufrirán este año una profunda recesión a causa de la Covid 19: ¡no vaya a ser que sea por causa del capitalismo!

Durante la primera semana de marzo, los casos de Covid-19 incrementaron alarmantemente por toda Europa y los países adoptaron una estrategia de respuesta totalmente unilateral, implantando medidas sin ningún tipo de coordinación.

Mientras que en Italia pedían mascarillas y respiradores, en Alemania, Francia y República Checa vetaban la exportación de material sanitario incluso a los miembros del club, lo cual sería entendible dada la situación si no fuera porque por aquel entonces Italia ya contaba con 4.000 casos mientras que estos tres países juntos sumaban tan solo 870.

Gracias a las presiones de Bruselas, esta prohibición se corrigió. Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quién apuesta sin complejos por la unidad y la solidaridad como estrategia para enfrentar la crisis, no dudó en afirmar que “demasiados optaron por un ‘todo para mí’ en un primer momento”.

Sin embargo, pasado el primer estado de la crisis, los gobiernos se muestran incapaces de adoptar una estrategia común y coordinada de salida de la crisis, como evidencia, los fracasos en las fallidas cumbres europeas, con la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo.

Bajo el fuego cruzado de la insolidaridad de los países ricos del norte amenazan el proyecto político europeo y descargan sobre el Banco Central Europeo (BCE) la tarea de preservar la economía y la eurozona.

Austria acusa al sur de ser "sistemas quebrados" mientras Holanda ...Las visiones de Alemania, Países Bajos y Austria sólo respaldan las medidas económicas que necesitan sus países, pero no las que requiere el conjunto de la UE para superar de forma equilibrada la grave crisis socioeconómica actual.

La política de austeridad impuesta desde Berlín ahogó la economía europea durante una década, dividió a la UE, agravó la desigualdad y la precariedad y alimentó la ultraderecha. Ahora una respuesta europea inadecuada puede disparar el descontento social y desestabilizar gravemente la UE.

El confinamiento ha causado una rápida caída del producto interior bruto (PIB) y una pérdida de ingresos en millones de familias en la UE, pese a los planes nacionales de ayuda.

La OCDE señala que los indicadores económicos registraron una abrupta caída en el primer trimestre y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avisa que la perdida masiva de horas de trabajo en este segundo trimestre equivaldrá a 15 millones de empleos a jornada completa.

Transcurridos apenas el primer semestre del año, la UE no solo ha visto cómo uno de sus miembros más poderosos abandonaba el barco, sino cómo sus estados miembros hacían frente a la pandemia global a duras penas, con un sistema sanitario que, hacia agua por todas partes, además de que un nuevo conato de crisis migratoria en el Egeo supuso otro golpe, evidenciando la ineficacia e insostenibilidad del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).

A primera vista se puede pensar que no existe una correlación entre la criticada respuesta de Bruselas a la actual crisis sanitaria y el evidente colapso de la migración. Sin embargo, comparten mucho más de lo que parece, pues ambos son síntomas del virus real: la insolidaridad.

La política de asilo y migración siempre ha sido objeto de discusión y es el perfecto reflejo de la crisis de gobernanza que evidencia la incapacidad y la lentitud en la toma de decisiones en las instituciones europeas intergubernamentales.

Al fin y al cabo, son estas las que bloquean las propuestas de reforma en materia de asilo impulsadas por la Comisión, reproduciéndose esta misma dinámica en la respuesta al Covid-19. Mientras las instituciones supranacionales intentan tomar medidas en pro de la supervivencia de la Unión, los mandatarios siguen atascados en posiciones individualistas.

El fundamental problema del proyecto europeo sigue siendo la persistencia de tendencias nacionalistas, obteniendo como resultado un rompecabezas donde cada Estado vela por sus propios intereses, fracasando una y otra vez, el ideal de identidad europea que tanto se intenta fomentar desde las instituciones.

Crisis de (des) confianza

Alemania, Países Bajos y Austria respaldaron suspender las normas de déficit y deuda del pacto de estabilidad porque sus masivos planes nacionales iban a violar esas reglas.

Del mismo modo, estos países aspiran a beneficiarse del Fondo de 100.000 millones de euros para financiar las suspensiones temporales de empleo propuesto por la Comisión Europea y de la línea de crédito de 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sostener a las empresas mediante créditos baratos. No obstante, esas medidas son insuficientes para salir de la crisis.

En efecto el Comisario Breton estima que hay que movilizar 1,6 mil millones de euros para reactivar la economía de la UE, lo que implicará “planes nacionales equivalentes al 10% del PIB”, con la consiguiente necesidad de emisiones de deuda pública. Por ello, urge consensuar un sistema europeo que garantice una financiación barata de esa deuda y que no hunda a los estados con cargas insostenibles.

El economista Thomas Piketty señala que “el endeudamiento público sin recurso a eurobonos es una bomba de relojería”, que expondrá a los países a una crisis de confianza en el futuro sobre su sostenibilidad.

Cumbre del coronavirus: Holanda exige a España e Italia reformas ...Alemania, Países Bajos y Austria rechazan cualquier emisión común de deuda para financiar la salida europea de la crisis, porque creen que eso encarecería el coste de sus emisiones nacionales. De momento, Alemania tiene previsto emitir 156.000 millones de nueva deuda para paliar los efectos inmediatos de la crisis, sin contar la financiación futura del posterior plan de reactivación.

La otra opción de una financiación común a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad queda bloqueada en la práctica por la insistencia, en especial de Países Bajos y Austria, de exigir condiciones para autorizar esos créditos, algo inaceptable para los demás países del sur europeo tras la experiencia de los draconianos planes de rescate.
Norte- Sur los puntos cardinales de la discordia

Aunque desde Bruselas se han apoyado diferentes medidas para favorecer la recuperación económica, los estados del sur, más azotados por la pandemia, han expresado su sentimiento de abandono por el resto del club europeo al presenciar la falta de contundencia en la respuesta de la Unión.

Resulta ilustrativo el crispado Consejo Europeo celebrado el pasado 26 de marzo, donde se hizo evidente la brecha norte-sur. Por un lado, el primer ministro italiano Giuseppe Conte y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, con el apoyo de Emmanuel Macron (Francia) y Antonio Santos da Costa (Portugal), apuestan por un plan Marshall europeo que incluiría la mutualización de la deuda, los famosos Coronabonos.

Mientras, Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia se muestran reticentes a la creación de un instrumento para compartir los costes macroeconómicos. Los apestados de Europa - elEconomista.es

La pandemia ha resucitado los estereotipos sobre la división entre los “despilfarradores” del sur y los “ insensibles” norteños, y, en este contexto, resultan esclarecedoras las primeras declaraciones del ministro de finanzas holandés preguntándose por qué otros gobiernos no disponen de colchón fiscal para enfrentar la crisis financiera.

Asimismo pidió que la UE lleve a cabo una investigación al respecto, comentarios que por otra parte el primer ministro portugués Costa no tardó en calificar como “repugnantes, de miras estrechas y una amenaza para el futuro de la UE”.

Alemania, Países Bajos y Austria confían en poder recuperarse más rápido que España, Italia y Francia, donde los servicios y el turismo, los sectores más dañados por la crisis, tienen mucho mayor peso en el PIB. Los tres países soslayan que la mayoría de sus exportaciones van a otros países de la UE (Alemania 59%, Holanda 74% y Austria 71%) y que sin una recuperación global europea resultará más difícil la recuperación individual.

La falta de solidaridad contrasta con el hecho de que Alemania y Países Bajos son los dos países que mas se han beneficiado de la introducción del Euro, mientras que Italia, Francia y España han sufrido un elevado coste económico, según el estudio elaborado por el think tan’ alemán Centro de Política Europea.

España e Italia bloquean por insuficiente el plan de choque ...El informe indica que Alemania se ha beneficiado de una prosperidad acumulada gracias a la introducción del euro de 1,89 billones de 1999 al 2017 y Holanda de otros 346.000 millones, lo que equivale a 23.000 euros por cada alemán y 21.000 por cada holandés.

Por el contrario, Italia ha sufrido una perdida de prosperidad a causa de la introducción del euro de 4, 32 billones en el mismo periodo, Francia de 3,59 billones y España de 224.000 millones, lo que equivale a 73.600 euros por cada italiano, 56.000 por cada francés y 5.000 por cada español.

En medio de la crisis generada por la Covid-19, Europa debe hacer frente al ‘match ball’ del gobierno de Boris Johnson, al cual se le agota la prorroga del periodo de transición tras el Brexit, más allá del próximo 31 de diciembre y que le va dando largas al asunto. De todas formas, en algún momento habrá un acuerdo, aunque sea de mínimos en esta parodia europeísta, pero las heridas seguirán abiertas entre los puntos cardinales de la discordia.

La globalización entre mascarillas

Se vive una transición delicada e incierta en la cuna del capitalismo globalizador, en crisis aguda, a una forma social aún más bestial, feroz, cruel y despiadada del mismo sistema mundial capitalista, en la cual se han fracturado las barreras sociales que encarrilaban e institucionalizaban los poderes destructores del capital.  Esta es la realidad, en plena contradicción con las loables necesidades de cumplir los objetivos y el egoísmo que los ampara.

Las contradicciones se mantienen, no solo con el advenimiento y desarrollo del capitalismo, sino que permuta las causas que la generaron en el pasado, preserva algunas y crea nuevas maneras de vivir y sufrir la pobreza.Alemania-Holanda vs España-Italia: cinco claves para entender la ...

Esta contradicción sigue intacta, pero hay quienes creen que los males del capitalismo pueden superarse mediante la promoción de la libre competencia, la apertura de sus mercados y la colección de tratados comerciales. Desafortunadamente para sus sueños de gloria ocurre que el capitalismo tiende a la concentración y centralización del capital.

No hay que llamarse a engaños, la UE sigue inmersa en un capitalismo que genera caos y desintegra las sociedades para reordenarlas bajo su mando despótico. Es decir, destruye y construye al mismo tiempo. Separa vínculos para volver a reunir, bajo su dominación y control.  Por lo tanto, el capitalismo no es sólo una variable del caos y desorden. También es orden, un orden cada día más opresivo y depredador.

El contrato social de la globalización entre mascarillas se hunde en las turbias aguas del desencanto, de las promesas sin mañana, porque afuera llueve con furia y todo lo inunda bajo la insidiosa presencia de un virus.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/07/20/la-insolidaridad-el-principal-virus-del-mercado-comun-europeo/

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