El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define como analfabeta a aquella persona de 15 años o más que no sabe leer y escribir un recado. Según la Encuesta Intercensal 2015, el 5.5% de la población mexicana se pudiera considera como analfabeta (INEGI, 2015, p. 32), porcentaje muy inferior al de 1970, cuando 25.8% de la población no sabía leer y escribir. El analfabetismo es una de las expresiones más graves del retraso educativo, pues implica la carencia de habilidades necesarias para ejercer derechos e integrarse al mercado laboral, perpetuando así la ignorancia, la pobreza y la desigualdad social.
La distribución del analfabetismo en nuestro país es desbalanceada. En cuestión de sexo, 6 de cada 10 analfabetas son mujeres. En términos geográficos, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas hay una proporción siete veces mayor de analfabetismo que en Ciudad de México; asimismo, la frecuencia de esta condición es cinco veces mayor en localidades rurales (12.9%) que urbanas (2.5%). En relación a los grupos de población, los más afectados son los indígenas (17.8%), las personas con alguna discapacidad (23.8%) o con alta marginación (19.4%) (INEE, 2017b, p.142). Así pues, hablando en términos generales, el rostro del analfabetismo en México podría ser representado por el de una mujer indígena, con algún tipo de discapacidad, originaria de una población rural de alta marginación.
La notable reducción del analfabetismo sin duda está vinculada a la mejora en la escolarización, sobre todo en el nivel primario: de acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, México (2020) México alcanzó desde 2001 la universalización de la matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad). De este modo, son casi dos décadas en las que todos los mexicanos acceden al nivel educativo en el que se da, en la mayoría de los casos, el aprendizaje formal de la lectura y la escritura.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015, pp. 32-34), el analfabetismo actualmente es casi inexistente entre la población joven de 15 a 29 años (1.2%), mientras que es mayor su proporción en la población de 60 a 74 años (15.7%) o de 75 años y más (28.5%). Lo anterior hace pensar que, por el simple paso del tiempo, será cada vez más raro encontrar personas que no sepan leer y escribir. De seguir con las tendencias actuales, en una o dos décadas el porcentaje de población alfabetizada podría ser casi o igual al 100%, no obstante que a partir del 96% la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) considera ya a los países como plenamente alfabetizados. Lo anterior no elimina la responsabilidad del Estado para eliminar los altos índices de analfabetismo en la población de edad más avanzada.
Considerando el avance importante de la alfabetización en México, resulta alarmante la situación de las personas con discapacidad. Si bien en nuestro país el analfabetismo se refugia principalmente en la población de edad más avanzada, esta condición no se cumple con el subgrupo de población mencionado: el analfabetismo es menor entre las personas de 55 a 64 años (15.5%) que los de 15 a 24 años (24.8%) (INEE, 2017b, p. 142). ¿A qué se debe lo anterior: cayó la escolarización de este grupo o simplemente, en los últimos años, se ha hecho más visible su presencia? Sea cual sea la respuesta, el alto índice de analfabetismo es un reflejo de la lamentable tendencia de la escuela mexicana hacia la inequidad y la exclusión de los más desfavorecidos.
Con la inminente erradicación del analfabetismo absoluto, es decir, la simple incapacidad para leer y escribir un recado, se viene un nuevo desafío: tratar de abatir al analfabetismo funcional, o sea, la imposibilidad de utilizar adecuadamente las habilidades de lectura y escritura en situaciones específicas de la vida. Al respecto, la UNESCO ha indicado que “aún en países con tasas de analfabetismo significativamente menores al 10%, existe un elevado porcentaje de personas con muchas limitaciones para manejar los niveles más básicos de interpretación de textos informativos” (2015, p. 4). De este modo, el reto para México es mayúsculo: de acuerdo a la prueba PISA 2015, 39.8% de estudiantes mexicanos se ubicaron en el nivel más bajo, de seis posibles, en cuanto a desempeño en lectura manifestando habilidades elementales que les permiten apenas localizar información explícita en un texto corto o reconocer la idea principal en escritos con contenidos conocidos (INEE, 2015, p. 74).
En la alfabetización son evidentes dos desafíos para el Sistema Educativo Mexicano. Primeramente, integrar a los grupos más marginados para poder darles habilidades tan básicas como la lectura y la escritura; el logro de esto pudiera representar una base mínima para pensar en la escuela como un espacio que promueva la justicia social y que sea palanca del progreso especialmente de los más desfavorecidos. En segundo lugar, se deberá transitar a enfocar los esfuerzos hacia aspectos cualitativos de la alfabetización: logrado el abatimiento del analfabetismo absoluto, se deberá concentrar en el funcional; ya no bastará entonces la mera ampliación de la cobertura educativa, sino que se deberán atender asuntos de corte pedagógico y de las condiciones en las que los alumnos efectúan el aprendizaje. Dicho de otra forma y aludiendo a la definición del INEGI, la meta ya no será únicamente formar alumnos que sean capaces de leer y escribir un recado, sino de emplear estas habilidades de manera exitosa para promover su bienestar. Ya no sólo importará cuántas personas leen, sino cómo leen.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Facebook: El Profe Rogelio
REFERENCIAS
INEE (2017a). México en PISA 2015. México: autor.
INEE (2017b). Panorama Educativo de México 2016. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor.
INEGI (2015). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Estados Unidos Mexicanos. México: autor.
UNESCO (2015). Alfabetización y Sociedades Sostenibles: convertir la visión de la alfabetización para 2030 en acción en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Nota-conceptual-alfabetizacion.pdf (Consultado el 16 de julio de 2020).
SNIEG. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años). Disponible en: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=1&gen=264&d=n (Consultado el 16 de julio de 2020).
Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y Lydiette Carrión
Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.
La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.
La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Problemas globales, partos riesgosos
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.
A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.
En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
La violencia obstétrica existe, pero no se nombra
A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.
El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.
El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.
De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.
En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden discutir el tema”, sostuvo.
Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.
Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.
Es notable la existencia de un clima intelectual donde persiste un miedo a no enfadar. Pero el enfado es un estado de insatisfacción o disgusto proveniente de un sentimiento de que la fuente de mi enfado me amenaza o perjudica.
La cultura de la libertad, o el hábito de promover el debate abierto y la actitud crítica, examinando de modo racional los argumentos, suele ser combatida por los movimientos fundamentalistas, los populismos políticos y las tradiciones de pensamiento autoritario.
Pero en las últimas décadas, desde las filas del pensamiento liberal emerge una actitud que también amenaza la cultura de la libertad. Se trata de una actitud mojigata que, en nombre de los ideales de justicia y equidad, pretende instaurar la cultura de la clausura, un hábito de perseguir a las personas que muestren cualquier desviación intelectual de lo que determinados grupos dictaminan como correcto.
Las redes sociales, espacios donde circulan de manera libre los más diversos contenidos, se han convertido, gracias a la cultura de la clausura, en mecanismos para el intento de censura.
La cultura de la clausura ha provocado cazerías de brujas en el mundo de las instituciones democráticas. Por esto, hoy día muchos artistas, escritores y librepensadores deben cuidarse de que sus obras no hieran las sensibilidades de un grupo que cargue con una historia de exclusiones sociales, sino quiere ser marginado económica, social y políticamente.
La primera parte del pronunciamiento no es significativo, simplemente es una falacia de argumento ad hominem. Pero la segunda parte sí nos dice mucho de lo que está en juego y da argumentos favorables a los autores de la carta. El director dice no haberla firmado porque… “iba a enfadar a la gente que supuestamente quería apelar”.
Precisamente, esa es la cuestión. Es notable la existencia de un clima intelectual donde persiste un miedo a no enfadar. Pero el enfado es un estado de insatisfacción o disgusto proveniente de un sentimiento de que la fuente de mi enfado me amenaza o perjudica. Y, como es obvio, creer que algo nos perjudica no lo convierte objetivamente en una fuente de daño, ni para nosotros, ni para el interés común.
En una sociedad democrática, el debate intersubjetivo es el que evalúa el prejuicio que puede causar una idea o una acción, no un grupo particular. Esa es una de las diferencias básicas con las dictaduras. En estas, una camarilla se arroja el derecho de decidir por todos sobre que obras e ideas deben circular y prohibirse.
El miedo y la retractación pública de algunos firmantes de la carta, provocado por las presiones de los grupos “heridos”, es un ejemplo del peligro advertido en el documento. Una sociedad democrática queda lesionada de muerte cuando grupos que la constituyen provocan despidos, autocensuras, silenciamientos o retractaciones forzozas contra aquellos que no piensan de la misma manera.
No importa lo escandalosa, infame o dañina que nos parezca una idea. Es en medio del debate crítico donde la misma debe ser invalidada permitiéndole a sus defensores el derecho a la réplica. Como escribió Voltaire: «Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo»
En este momento hay que prestar una atención particular a nuestros niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Es el papel de las escuelas, de las Ongs, de las juntas de vecinos, que apenas se lograba en la normalidad. Ahora, estas frágiles barreras han sido en parte desmanteladas.
El cambio va, no hay dudas. Se siente en el aire, en los ánimos, en la prensa, en las redes. El “se van” se está haciendo realidad. Sin embargo, la persistencia del coronavirus y los amigos desaparecidos aguan la fiesta.
Más que aires festivos, se sienten las preocupaciones por la complejidad y la gravedad del momento en el cual nos encontramos y por la responsabilidad en el futuro de nuestro país de cada uno de los ciudadanos que conformamos la República Dominicana.
Ahora se trata de hacer coincidir los sueños de un adecentamiento de la vida política, de una economía más equitativa, de una educación inclusiva, de salud para todos y todas justo en el momento que la pandemia de la Covid-19 va a alterarpor su triple impacto en la salud, la educación y la generación de ingresos las “hojas de ruta” de los países comprometidos con alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dentro de este marco, la educación dominicana en la cual se han invertido tantas luchas, esperanzas y fondos públicos sin que se hayan aun cosechado los frutos de estos esfuerzos, se perfila como una de las principales víctimas de la crisis sanitaria y de la crisis económica que la acompaña.
Para el inicio del año escolar 2020/21 pasa forzosamente a un segundo plano el clamor de la sociedad a favor de una educación pública de calidad basada en competencias, la capacitación del magisterio, y otros reclamos que parecían impostergables.
La pandemia exige soluciones inmediatas y pospone el cambio realplanteado por el recién designado ministro de Educación Roberto Fulcar, quien propugna por una educación de calidad basada en un sistema de enseñanza horizontal que promueva el análisis, el razonamiento y la creatividad en ruptura con la educación tradicional dominicana que se ha caracterizado por un estilo pedagógico autoritario, vertical.
En el sistema educativo del “cambio” todos los actores poseen iguales derechos, se fomenta la participación para la formación de ciudadanos que aporten al desarrollo socio económico, cívico y democrático individual y colectivo.
Sin embargo, en la emergencia actual la comunidad educativa trabaja con incertidumbres, planificaciones móviles, segmentaciones, aperturas diferenciadas según los sectores.
No se sabe, con las opiniones que circulan, si se pospondrá el regreso a clase para enero con los riegos de deserción y marginalización de los más vulnerables, o si se trabajará à la carte según las escuelas y zonas afectadas del país.
En este caso, se deben esquivar los escollos de modelos híbridos entre los sectores público y privado; entre docencia presencial o semi presencial, de presencia alternada y virtual;entre quienes tienen acceso o no a las TICs; ritmos que, además, no toman en cuenta las obligaciones laborales de padres que salen a trabajar diariamente.
¿Cómo ser más inclusivos, cuando la educación en tiempo de pandemia refuerza las desigualdades, la deserción escolar, las brechas sociales y digitales, al igual que el trabajo infantil?
En Villas Agrícolas, los directores de escuelas públicas trabajan sobre la hipótesis de clases con la presencia de veinte alumnos por aula, que asistirían dos días la primera semana y tres días la semana siguiente y sobre la base de dos tandas diarias.
Sin embargo, la Sociedad Dominicana de Pediatría (SDP) sugirió que los grupos deberían ser de hasta quince alumnos, sometidos a vigilancia constante, cuidando el distanciamiento y la higiene, con una “estructura muy cuidadosa” para la supervisión del estudiantado.
Sabemos de antemano que muchos de estos lineamientos son casi imposibles de poner en práctica en un sinnúmero de sectores donde hay menos agua que nunca, donde las familias no tienen recursos suficientes para dotar a sus hijos de mascarillas eficaces y donde no se puede garantizar la ausencia de contactos físicos.
No podemos olvidar que nuestros niños y niñas son turbulentos, habrán estado semi enjaulados durante meses, habrán estado sometidos sin escapatoria a la violencia intrafamiliar que caracteriza nuestros sectores marginados y al miedo de una pandemia que“pica cerca”.
¿En un esquema de vuelta a la escuela alternada, cómo hacerle frente a la idiosincrasia de nuestros niños y niñas obviando el contacto físico que nos caracteriza como pueblo?
¿Cómo atender nuestros chiquitines con sus necesidades afectivas, miedos y hambre de cariño y protección, tomando en cuenta el miedo legítimo de los docentes?
Si en años anteriores faltaban cupos en varios sectores de la zona norte de Santo Domingo se hace evidente que la situación actual no favorece la inscripción de todos los estudiantes.
Los padres y alumnos del liceo Manuel Aurelio Tavárez Justo informaron que en el liceo las autoridades educativas les dijeron que el Distrito Escolar sólo aprobó cupos para 80 estudiantes de nuevo ingreso, lo que ha dejado a la mayoría de los niños y niñas de la vecina Escuela España sin inscripción.
En este momento hay que prestar una atención particular a nuestros niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Es el papel de las escuelas, de las Ongs, de las juntas de vecinos, que apenasse lograba en la normalidad.Ahora, estas frágiles barreras han sido en parte desmanteladas.
Les daré como ejemplo el de Carina, de 11 años, y de su hermanito Jean, de 9, quienes viven en situación de extrema pobreza. Estaban escolarizados por la mañana en una escuela de la Zurza y en la tarde acudían a la Fundacion Abriendo Camino. Solo les quedaban los sábados y domingos para trabajar vendiendo guineos y maíz asado para llevar el peso a su casa.
Hoy en día, para ellos como para muchos otros no hay educación virtual. Venden mascarillas desde la mañana hasta tarde en la noche. Andan cada uno por su lado, en zonas aldeañas al Mercado de la Duarte, sin ningún tipo de protección “porque las mascarillas son caras”.
Pasan el día entero en la calle en medio del molote, donde piden para su comida para no gastar el producto de su venta. Como ellos hay cientos de niños, niñas y adolescentes tirados a la calle por las circunstancias, a pesar de los riesgos de contagio y de abusos.
En este contexto, queda claro que no hay decisiones que puedan resolver todos los problemas y satisfacer todas las necesidades. El cambio va peroen difíciles circunstancias.
Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec. A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.
A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.
Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.
El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.
El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.
El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.
En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.
Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.
Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.
Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.
Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/
El 6 de julio 2020, 18 meses después de que iniciara labores el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE). Dicho Plan remarca diferencias con las políticas sectoriales anteriores, cuyas desviaciones y corruptelas, financieras y éticas, denuncia conforme con una narrativa de oposición entre el pasado y el presente. Alineado con el discurso presidencial, el PSE plantea como su eje principal la inclusión de colectivos vulnerables, en condiciones de calidad e interculturalidad, con el propósito de no dejar a nadie atrás, como lo recomienda la UNESCO, y, asimismo, de no dejar a nadie fuera (PSE: 199).
En esa cruzada en pro de la igualdad educativa, participan todos los niveles. En el superior, los objetivos centrales son expandir la matricula e instalar instituciones, públicas y gratuitas, en entidades con brechas de atención (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo). Se localizaran preferentemente en municipios con alta marginalidad para mejorar los grados de accesibilidad de la población a las infraestructuras.
En consecuencia, la estrategia prioritaria 1.6 está enfocada a “garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación media superior y superior como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral”. Recomienda para ello: hacer un uso más intensivo de las TIC para suministrar servicios educativos a usuarios no tradicionales en modalidades mixtas/no escolarizadas; otorgar becas y apoyos a quienes carecen de medios financieros para cursar estudios superiores; ampliar los cupos en los establecimientos preexistentes; revisar los mecanismos de selección y admisión de estudiantes pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos en sus oportunidades de acceso; armonizar los planes de crecimiento de matrícula de las entidades federativas y de los subsistemas universitario, tecnológico y educación normal y crear “universidades públicas de vocación comunitaria y sostenibles” (PSE: 217)
A su vez, procurar ensanchar la cobertura de un 39.7% del grupo de edad a un 49% y suministrar una educación social-, cultural- y laboralmente pertinente obligará las instituciones a diferenciar las medidas pedagógicas de atención a los colectivos en dificultad para reducir sus tasas de deserción, por ahora superiores a la tasa promedio nacional. Implicará revalorar las labores docentes con respecto de las de investigación y rescatar la figura del profesor universitario dedicado de tiempo completo a la enseñanza. Supondrá impulsar la carrera docente en educación superior, reclutando a gran escala a académicos y garantizando que adquieran competencias pedagógicas, indispensables para instrumentar la anunciada transformación curricular, cuyos contenidos específicos se requeriría, por cierto, precisar.
Difícilmente, uno discrepa de esas prioridades. Es urgente que el sistema de educación superior mejore su equidad y eficiencia, imparta contenidos relevantes e incremente sus tasas de egreso. Lo anterior no debe, sin embargo, disimular que el Programa no aporta respuestas claras sobre cómo reunir los medios indispensables al éxito de esos propósitos.
El principal interrogante concierne la suficiencia de recursos. El PSE, en el apartado de desglose de los compromisos, insertó sistemáticamente la advertencia de que su consecución depende de la obtención de un presupuesto acorde a la meta. Esa leyenda contradice el principio de que cualquier programa oficial, guía de la acción pública, debe contar con un presupuesto de ejecución adecuado a sus objetivos. La indefinición sobre los amarres financieros del PSE preocupa cuanto más que la austeridad a toda costa, impuesta por el gobierno desde 2019, y las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19, en 2020, afectaron negativamente las tareas rutinarias del sistema educativo y genera serias dudas sobre la viabilidad de cualquier proyecto de transformación.
Otras cuestiones son políticas. Aunque el PSE reitera su respecto a la autonomía de las universidades en lo que refiere a diseño de planes y programas y a selección de los aspirantes, los lineamientos expresados al respecto así como otras propuestas (gratuidad de los servicios educativos cuando muchas instituciones públicas cobran derechos de inscripción y cuotas, por ejemplo) constituyen motivos potenciales de tirantez entre la Secretaría de Educación Pública y los establecimientos.
Unos asuntos más son instrumentales. El PSE inserta, entre las tareas imprescindibles para mejorar el funcionamiento del sistema de educación superior, el producir una información sobre perfiles, condiciones y resultados de los distintos sectores que lo integran y el contar con una burocracia que tenga mayores niveles de capacitación y sea menos fiscalizadora de las labores académicas. No obstante, no identifica cómo concretar ambas expectativas, repitámoslo, fundamentales para recuperar la funcionalidad de un sistema, lastrado por una regulación hipertrofiada y por dispositivos de gestión confusos y, a veces, incompatibles.
Finalmente, el PSE es parco en el análisis de las dos iniciativas que, a la fecha, han constituido las marcas distintivas de la política gubernamental de educación superior: si bien señala que los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, establecidos en el PND 2019-2024, son prioritarios (PSE: 198), no abunda ni en sus ventajas, ni en sus limitaciones.
En suma, en educación superior, el PSE es un documento diagnóstico y aspiracional. Es generoso, pero no es operacional, en contradicción con lo que se espera de un documento de esa índole. Están desdibujados las rutas de acción y los apoyos indispensables, si se quiere transitar de una retórica sobre un futuro promisorio a una dinámica inminente de cambio pautado y medible, es decir con resultados que, aunque modestos, se comprueben ya, es decir a partir de 2021 (no de 2040). Y, en vísperas de otra década perdida, en el país y en la región, las cuestiones del “cómo” y del “con qué” no son intrascendentes sino cruciales.
«No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es liberador.«
Hugo Chávez
“Me indigna la gente que no se implica. Callar es una forma de colaborar”
Dario Fo
Se cumplen 19 años desde que la mano de un soldado italiano, a las órdenes de las economías más industrializadas del planeta, apretó el gatillo de su arma reglamentaria para arrebatar en un instante la vida al militante y simpatizante antiglobalización Carlo Giuliani. Casi 7000 días en los que el sistema capitalista mundial ha logrado pasar una y otra vez por encima del cadáver del anticapitalismo, sin apenas encontrarse en su labor oposición política organizada.
Hijo de un sindicalista de la Confederación General Italiana de Trabajadores, Carlo no era ningún mártir, ni tan siquiera un héroe o un aguerrido combatiente urbano dispuesto a liderar una lucha suicida contra un sistema autoritario. Carlo Giuliani no era nada de eso, ni de lejos, pero sí era un orgulloso hijo de la clase obrera. Un militante concienciado de la lucha que se estaba desarrollando sin piedad para los suyos y que aquel julio de 2001 la cumbre del G8 en Génova había trasladado directamente a sus calles. Un joven que alentado por los disturbios, las cargas policiales y las detenciones indiscriminadas de muchos de sus compañeros y compañeras, decidió renunciar a un plácido día de playa y a su ocio individual, para plantar batalla a un sistema injusto en las calles de una ciudad tomada por fuerzas policiales y ricos dirigentes, apartados de los pueblos a los que dicen representar por la imposición de la violencia.
No nos engañemos, puesto que no existen motivos para hacerlo. Cuando Carlo Giuliani decidió esa mañana de julio de 2001 acudir a la manifestación del movimiento antiglobalización Tute Bianche en Génova, lo hizo plenamente consciente de que tarde o temprano la violencia de los carabinieri haría su aparición en unas calles tomadas por y para la puesta en escena del músculo del sistema capitalista. Bajo las túnicas blancas y los cuerpos acolchados de sus compañeros, la fuerza de un bloque unido por su pertenencia a una misma clase social, suponía la última línea de defensa posible que todos aquellos jóvenes de una generación sin futuro, podían llegar a plantar frente a un sistema impuesto por la fuerza arrolladora de unos dirigentes supuestamente democráticos que sin embargo desde los sucesos acaecidos en la contracumbre de la OMC en Seattle de 1999, no dudaban en identificar al movimiento anticapitalista como su más firme enemigo.
La violencia, las barricadas y la rabia de los manifestantes en las calles, no se trataba pues de un mero alto de rebeldía, sino de un indispensable ejercicio de autodefensa y supervivencia. Nunca, por tanto, debería atreverse un militante de izquierda a condenar a aquellos que ante la ignominia del sistema se deciden a plantarle cara con sus cuerpos desnudos. Nunca puede ser interpretada como violenta la respuesta del pueblo desesperado contra un gobierno autoritario.
El asalto de las fuerzas del «orden» a la escuela Díaz, las cargas policiales, las detenciones arbitrarias, el sellado de la ciudad para sus habitantes y al descontento e incluso la muerte de Carlo Giuliani y la profanación de su cuerpo por el vehículo policial que cobijaba a sus asesinos, todo ello formó parte de un mismo mensaje destinado a quienes pese a la continua y disparatada exhibición de fuerza de la globalización neoliberal, se decidieron una y otra vez a plantarle cara en las calles: oponerse al sistema, te puede costar la vida. Tú vida no va a cambiar nada. Un único mensaje para el pueblo, el miedo.
«Las balas no van a detenernos«, afirmaba ante las cámaras en su regreso a España desde Génova un joven activista Pablo Iglesias, hoy convertido en todo un Vicepresidente del gobierno. Las balas no van a detenernos, resuena hoy en mi cabeza mientras recuerdo las imágenes del asesinato de un joven militante italiano y leo en nuestros periódicos los últimos apuntes de una madrugada de intensas negociaciones en la que el Plan anticrisis de la UE, amenaza directamente con sumir al Sur de Europa de nuevo en el austericidio neoliberal. Casi 7000 días han pasado desde el asesinato de Carlo Giuliani, 19 años en los que sin saber muy bien si por miedo o impotencia, nos hemos acostumbrado únicamente a recordar y a llorar a nuestros mártires, mientras el sistema capitalista sigue pasando impunemente una y otra vez sobre su memoria, sus sueños y nuestros cuerpos. Hoy, por desgracia, lejos queda ya la obligatoriedad de la rabia anticapitalista en el seno de nuestras filas. Lejos queda la creencia generalizada en una posible victoria final.
Por todo ello, descansa en paz Carlo. Nuestro mejor homenaje compañero, será sin duda alguna, lograr reactivar tu lucha.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/semilla-de-rabia-y-victoria/
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