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Los hijos de la violencia

Fernando Buen Abad Domínguez

9 de agosto día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad.

¿Hay un plan para encubrir los crímenes contra la Humanidad? Sí, se llama Capitalismo.

Quedarse quieto es hacerse cómplice. Ésta no es una denuncia cómoda para tranquilizar conciencias pequeño-burguesas. Es denuncia y es autocrítica. Mientras Trump y sus jaurías criminales reprimen, humillan y encarcelan a familias de “inmigrantes”; todos los Crímenes Estadounidenses se coagulan en las injusticias fronterizas, la inmensa mayoría de nosotros aporta su cuota de ignorancia, indolencia e inutilidad funcionales. Algunos claman a cielo y oran, otros se subliman mentando madres, algunos hacen donativos, limosnas y gestos compungidos. Otros más, alzan los hombros y siguen viendo sus noticiero favorito.

La única solidaridad concreta ocurre desde abajo, de la mano del pueblo que mira en el que sufre sus propios sufrimientos. Para no importunar al magnate de La Casa Blanca, cientos de funcionarios se cosen la boca con hilos de burocracia y silencian lo que les queda de consciencia para que el horror no les quite el sueño. Algunos abogados fabricaron trincheras de “jurisprudencia” a prueba de toda vergüenza, desde ahí pontifican deyecciones leguleyas expelidas por el “Estado de derecho” y los “tratados internacionales”.

Se exhiben muy pulcros para el tecnicismo y muy puntuales para la cobranza. Van y vienen de congreso en congreso, de conferencia en conferencia, de burocracia en burocracia… mientras los niños aprenden, tras las rejas, que viven en un mundo donde ser pobre se castiga, no importa de dónde vengas ni qué edad tengas. Castigo inclemente sin delito, sin juicio sin defensa. “La única forma de salvar la vida de las personas detenidas es su liberación”, dice el periodista Jacob Soboroff, que ingresó a estas cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde, ya en 2008, vio niñas y niños encerrados en jaulas. Soboroff lo relata en su nuevo libro “Separated: Inside an American Tragedy” (Separados: una tragedia estadounidense).

Es uno más de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, convertido en mercancía “mediática”. Mercancía del horror prefabricado por intereses de clase a cuyo servicio está el Estado, para venderla en el mercado de la dominación de una clase sobre otra. Esta vez usando a los niños, sin clemencia, sin defensa, sin piedad. En el alma de esa violencia la complacencia de gobiernos reformistas y oportunistas escupiendo a mansalva discursos legalistas. Se descargan, minuto a minuto, ráfagas de violencia ideológica para esconder la tortura a que son sometidos los más indefensos en el imperio oligarca de la indefensión social. No importa el horario, no importa el tema y no importa el impacto… siempre hay violencia a destajo contra niñas y niños victimados tras las rejas del imperio. Y parece tan “natural”. “Según diferentes cables, en mayo ICE tenía a unos 184 menores, pero los activistas creen que pueden ser más, después de trascender que el gobierno federal está deteniendo a los niños en hoteles de Texas y Arizona antes de deportarlos a sus países de origen.”

Esto no es una arenga contra la solidaridad genuina, es una reflexión contra esa violencia infiltrada en las cabezas de los pueblos para naturalizar todo lo que  el capitalismo impone como modelo para mentalidades dóciles, cómplices de las aberraciones del saqueo y la explotación que reinan planetariamente. “Casi 2.000 niños han sido separados de sus padres desde que el fiscal general, Jeff Sessions, anunció la política que determina que los funcionarios de seguridad interna deriven todos los casos de ingreso ilegal a los EE.UU. para procesamiento.”

Esto es un llamado de atención no sólo sobre el papel que cumple el aparato de Estado y gobiernos gerenciadores de esclavitudes a diestra y siniestra, sino también contra las jaurías de burócratas que, con toda impunidad, violan los derechos humanos. El plan de exterminio contra las “familias de inmigrantes”, desatado por Trump, es una declaración de guerra a la que debemos presentar frentes de lucha de todo tipo y a toda costa. Los niños y las niñas enjaulados no pueden defenderse y menos si encuentran otra forma de violencia agazapada en la indiferencia, la ignorancia y la apatía nuestras.

Fuente: https://rebelion.org/los-hijos-de-la-violencia/

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Hacia la normalización del autocuidado de los docentes

María Acaso

Los profesionales deben desarrollar estrategias de protección ante los malestares de la escuela, la universidad, los museos o cualquier otro escenario donde la educación suceda

María Acaso

Desde hace unos años, el término cuidado ha pasado de ser usado de manera excepcional a ser usado de manera repetida en muchos y muy variados contextos. Partiendo de una acepción médica y del entorno de lo corporal, lo que entendemos por “cuidados” se ha ido extendiendo a campos donde con anterioridad era poco o nada utilizado, como el arte contemporáneo, la arquitectura o la ecología. Resulta desgraciadamente ejemplificador lo que ocurre cuando tecleamos en Google cuidados + mujeres o cuidados + hombres: mientras que en el primer caso las imágenes hacen casi todas ellas referencia a procesos de crianza, en el segundo caso las imágenes hacen referencia al autocuidado corporal, en concreto al cuidado de la piel, el afeitado y consejos de belleza masculina. Es decir, cuando cuidan las mujeres, cuidan de los demás, y cuando cuidan los hombres, se cuidan a ellos mismos.

El término se amplía desde las acciones que realizamos en beneficio de nuestra salud física hasta los beneficios de nuestra salud mental y es rescatado por las teóricas feministas, quienes expanden el significado comenzando a hablar del autocuidado como una estrategia política de resistencia ante una vida en malestar. Todas las fuentes feministas insisten en la importancia de que los pensamientos entorno al autocuidado se desliguen explícitamente de la idea de que cuidarse a una misma es un ejercicio que podríamos calificar de egoísta.

En el terreno de la educación, los cuidados ya se entienden como un proceso necesario, especialmente hacia los estudiantes, como se refiere el colectivo Zemos 98 en su texto Pedagogía de los cuidados, pero lo que todavía no encontramos normalizada es la idea del autocuidado docente.

Cuando hablamos de autocuidados docentes, podemos hablar de cuando las profesionales de la educación nos cuidamos a nosotras mismas tanto a nivel físico como a nivel mental y desarrollamos estrategias de protección ante los malestares de la escuela, la universidad, los museos o cualquier otro escenario donde la educación suceda.

Estrategias que pueden ser infinitas como ser capaces de decir no ante la sobrecarga laboral, destinar parte del tiempo escolar a actividades aparentemente improductivas y alejadas del currículum (como compartir con los estudiantes el proceso de transformar y hacer más agradable el espacio de aprendizaje), o aprender a realizar actividades más allá del ámbito de la educación, disfrutando experiencias que repercutan en nuestro bienestar personal, como no hacer nada, ir a un concierto, leer una novela o hacer una cena lenta.

En un escenario vital donde los quehaceres de profesoras han quedado profundamente alterados por las consecuencias de la covid-19, quizá sea el mejor momento para demandar la necesidad de potenciar y normalizar los autocuidados docentes, tanto a las administraciones educativas, como a la comunidad escolar como a nosotras mismas.

En los próximos meses, entender estos autocuidados como acciones tan necesarias como el aumento de los salarios o la formación continua va a ser importante porque si no nos autocuidamos los y las profesionales que llevamos a cabo las acciones sobre las que se sostiene la vida, esa vida quedará destruida y no será posible ni siquiera cuidar a los otros.

María Acaso es investigadora en arte y educación

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-08-05/hacia-la-normalizacion-del-autocuidado-de-los-docentes.html

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Televisión y educación bancaria

Miguel Ángel Rodríguez 1 comentario

Miguel Ángel Rodríguez

Desde 1950 la televisión privada modela la política cultural de las emociones del pueblo de México. Pablo Latapí solía decir que lo que la escuela teje, por las mañanas, lo desteje la programación vepertina y nocturna de una televisión sensiblera, gimoteante, sufridora, chabacana, misógina, homófoba y clasista. En realidad, si pasamos revista a los programas humorísticos y a las propias telenovelas, también se puede concluir el ejercicio de una política discriminadora y racista en las cadenas privadas de telecomunicación.

El indígena y el afrodescendiente, cuando aparecían en la programación, eran reducidos, casi siempre, a desempeñar el papel de patiño, bufón o sirviente pícaro: un ser sin voz propia. La narrativa contaba la historia de una supremacía racial blancay rica, quizá por ello los cuatro representantes de las cadenas televisoras firmantes del acuerdo, prósperos empresarios, encajan en ese estereotipo.

La televisión privada destrozó cualquier pretensión del sistema educativo mexicano por formar estudiantes críticos, reflexivos, autónomos. En sentido contrario a la idea kantiana de la Ilustración, más bien contribuyó a construir mentalidades y disposiciones afectivas sin el ímpetu y el temple necesarios para ejercer la crítica y, mucho menos aún, la autocrítica; por el contrario, las programaciones norteamericanas exaltaban la violencia y el éxito a cualquier precio, las telenovelas negaban la voluntad de vida, para premiar la servidumbre de la protagonista con una boda lujosa y con muchos hijos. Eran las virtudes platónicas de las mujeres, que siempre, después de un largo, lacrimógeno y aburrido calvario, triunfaban sobre las rudas villanas del horario de lujo.

Una política cultural de las emociones que concluye en dejar todo en la mano invisible de Dios, él sabe por qué unos, los menos, son ricos, rubios y sanos y, otros, la enorme mayoría de los mexicanos, son pobres, prietos y enfermos. Así se modeló la moral del rebaño, la moral de la servidumbre, la cobardía y la pereza de pensar por uno mismo.

Por ello es que resulta un cólico hepático –como el que sufrió mi admirado Manuel Gil Antón–, escuchar a Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Televisa, solicitar, desde Palacio Nacional, en la firma de concertación de las televisoras privadas con la Secretaría de Educación Pública, el agradecimiento de los mexicanos por los 70 años de entretenimiento y diversión. Y, por si fuera poco, en este tiempo oscuro nos harán el favor de darnos también la educación.  ¿Por qué, cómo, uno se pregunta, el empresario más poderoso de la televisión mexicana subestima de tal manera ofensiva la inteligencia y la memoria histórica de la ciudadanía mexicana?

Considero que en estos momentos es muy pronto para saber qué contenidos educativos se transmitirán por televisión, cuáles por plataformas digitales, Facebook, What’s App, etc., hasta las heroicas jornadas de los profesores de México que en cadenas humanas, «muy bien controladas» – me dicen una profesora de la Sierra Morena y una pareja de docentes de la Mixteca– llevan y traen las planeaciones didácticas y los trabajos de los estudiantes e incluso los visitan en sus casas, para motivarlos a no abandonar la escuela.

En materia educativa, como en casi todas las áreas del conocimiento, la pandemia desnuda, desfundamenta verdades de granito, por eso el mundo está invirtiendo tanto dinero en una vacuna contra el Covid-19, porque el virus mostró la fragilidad del soberbio espíritu científico – que sometido a la verdad de la técnica se olvidó de la verdad del ser. Cada vez es más claro que la destrucción de la naturaleza por el progreso técnico es el origen de una respuesta tan violenta de ésta contra la humanidad. Hoy, 5 de agosto, aparece un estudio científico en la prestigiada revista Nature en la que un equipo de investigadores de la University College London (UCL) descubrió, como resultado de 184 estudios en el mundo que analizaron 6 mil 801 grupos ecológicos y más de siete mil especies, entre las cuales 376 albergan agentes biológicos patógenos, capaces de transmitir alguna infección a la biología de los seres humanos, que las transformación de las tierras para el cultivo beneficia a muchos de esos patógenos que son potenciales pandemias para la humanidad. Ese es el destino del mundo bajo el dominio de la verdad de la técnica.

Con todo, hay un fundamento que no debe ser olvidado en este tremor universal del género humano: el cuidado del ser: la dignidad. En ese sentido tiene razón Manuel Gil Antón cuando observa con agudeza, recordando al maestro Paulo Freire, que estamos frente al riesgo de ingresar al circuito de la educación bancaria si dejamos todo el proceso educativo en la televisión.

La educación bancaria concibe solo un lado activo de los procesos de enseñanza y aprendizaje: el profesor que sabe y transmite, es él quien deposita los conocimientos, en este caso los contenidos de los programas de estudio por televisión, a las y los estudiantes, recipientes vacíos que reciben pasivamente, y durante varias horas al día, el discurso de los sabios de la aldea. En ese proceso los conocimientos se memorizan y «regurgitan» mecánicamente. Como monos y máquinas sin sentido, los estudiantes son privados de la facultad de cuestionar e, incluso, dudar, y someter a la crítica, los fundamentos y principios de las ciencias y las humanidades. La educación bancaria forma seres humanos a la mano, siempre a la disposición de los poderosos, seres domesticados: “Sí señor, a sus órdenes …”

Eso significa, piensa Gil Antón, arrancarles de cuajo la dignidad, porque les arrebatan la posibilidad de ser ellos mismos, de alcanzar a distinguir la voz propia. La crítica es una pasión antes que un concepto o un pensamiento, el magisterio mexicano mostró esa pasión en los hechos, cuando nadie en el mundo sabía cómo superar la pandemia sin suspender los procesos educativos, ellos, las profesoras y los profesores, se organizaron para evitar que la nave se fuera a pique, ese fue un hecho en la Sierra Norte, en la baja Mixteca, Sierra Negra y en las grandes ciudades de Puebla –mis fuentes primigenias de aprendizaje e información–, pero es necesario enfatizarlo, los docentes escribieron esta hazaña en todo el país.

Por ello creo que es el mejor momento para impulsar una campaña de pensamiento crítico en el sistema educativo nacional, aprovechemos las fisuras de la verdad de la técnica para promover el cuidado del ser, la solidaridad, los afectos: la comprensión de los otros, que somos nosotros mismos.

Después de todo poco se puede argumentar en favor de los fundamentos de la ciencia, de la verdad de la técnica que mueve los resortes internos de la educación, la economía y la política del mundo, si somos incapaces de salvar el sentido de la existencia, el derecho a la búsqueda de la voz propia entre nuestros estudiantes y profesores, entre los mexicanos.

Y sí, no queda la menor duda, es necesario desplazar la verdad fría de la técnica, y, para ello, necesitamos consultar, escuchar a los que saben, al magisterio de México, que enfrentó con valentía e imaginación, con pasión crítica, a la bestia coronada en el primer round, pues se convirtieron en el dique que hizo posible la permanencia mayoritaria de los estudiantes en las aulas, de no ser por ellos el abandono escolar hubiese alcanzado magnitudes catastróficas para el sistema educativo nacional.

¿Será posible que el dispositivo (televisión) mute su naturaleza domesticadora por una segunda naturaleza, la crítica, sin morir en el intento…?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/television-y-educacion-bancaria/

Imagen tomada de https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/la-television-educativa-frente-los-millenials-y-los-zs

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Regreso a clases: a la misma hora y en el mismo canal

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Pocos mensajes del secretario de Educación habían generado tanta expectativa como el que realizó el pasado 3 de agosto en la conferencia presidencial matutina. El anuncio principal, además de aludir a la fecha de inicio del ciclo escolar y su modalidad a distancia, fue la concertación de una alianza con cuatro cadenas televisivas de alcance nacional, lo que permitirá, solo por ese medio, llegar a más del 90% de las familias mexicanas, aunado a otras vías que, según el optimismo de las autoridades, harán posible un acceso prácticamente universal a la educación remota. De acuerdo a lo expresado por el secretario y el mismo presidente de la República, se infiere que en esta ocasión la televisión tendrá un papel con mucho mayor protagonismo que la edición pasada de la estrategia Aprende en casa.

Si bien no se pretende minimizar el acuerdo con las televisoras, tampoco sería adecuado maximizar su importancia: seguramente contribuirá a solucionar el importante problema de acceso a la oferta educativa, pero nada más. Debe decirse que el problema de la educación a distancia va mucho más allá del acceso a un dispositivo. En la edición pasada de Aprende en casa, algunos de los programas televisivos mostraron deficiencias importantes en términos didácticos: enciclopedismo, saturación de preguntas y respuestas al alumnado, mal uso de las explicaciones, incumplimiento de los enfoques de enseñanza, etc. No es casualidad que muchos docentes hayan desdeñado su uso. De manera alarmante, estos aspectos no han sido mencionados en los discursos de las autoridades educativas. ¿Se espera un cambio significativo en la calidad de los programas educativos por televisión? Es una incógnita aún.

Durante el ciclo escolar pasado, la televisión, erróneamente, trató de abarcar la mayor parte de los contenidos escolares. En el pecado llevó la penitencia. La experiencia dejó como moraleja que es necesaria una selección muy cuidadosa de los aprendizajes que se buscan desarrollar a través de la pantalla, pues no deben ser ignoradas sus evidentes limitaciones: sería inútil tratar de abordar contenidos que requieren forzosamente de interacciones presenciales con materiales didácticos, compañeros o maestros, o incluso que necesitan varias sesiones para afianzarse. Para evitar que el alumno se convierta en un simple depositario de un concepto o un dominador mecánico de alguna habilidad, se insiste en la cuidadosa elección de los aprendizajes a desarrollar. En ese sentido, la expresión del presidente de la República, en torno a que los alumnos aprenderán “igual que si fueran a la escuela” resulta por demás preocupante, justamente por aludir a uno de los problemas pedagógicos más importantes de la experiencia pasada: buscar transferir la dinámica escolar al hogar.

Tras la conferencia, da la impresión que fueron ignoradas diversas posturas críticas en torno a la estrategia educativa a distancia del ciclo anterior. En este sentido, hubiera sido conveniente, antes de la presentación de la segunda edición de Aprende en casa, un análisis exhaustivo del primer ejercicio.  En esta labor sin duda habría sido relevante la participación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), para que, en su función de conciencia crítica del sistema educativo, emitiera alguna valoración de aspectos puntuales de la experiencia educativa a distancia, máxime cuando ya transcurrieron más de dos meses del fin del primer ejercicio de la estrategia.

Salvo el mayor alcance televisivo, no se advirtieron en el mensaje del secretario de Educación modificaciones sustanciales en torno a la oferta educativa a distancia, pese a que dispuso de varios minutos para poder al menos mencionarlas. Ya en conferencia vespertina, cuando una reportera pidió su valoración sobre la primera edición de Aprende en casa, el secretario se limitó a mencionar las cifras de docentes capacitados (habría que revisar la naturaleza de tal preparación), los millones de cuentas de correo electrónico creadas y el alto porcentaje, según sus fuentes, de comunicación entre alumnos y docentes: lo pedagógico, parece, ha pasado a segundo plano. Ojalá, en el tiempo que queda para arrancar el ciclo escolar, que es poco, se pueda preparar adecuadamente, poniendo énfasis en lo pedagógico, una experiencia que se vislumbra incluso más complicada que la anterior.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/regreso-a-clases-a-la-misma-hora-y-en-el-mismo-canal/

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Las competencias digitales marcan el paso de los nuevos títulos de Formación Profesional

Nacho Meneses

Por: Nacho Meneses

La reforma de la FP, que será más flexible y personalizable, contempla una mejora de las habilidades digitales en todos los sectores y un fuerte aumento del número de estudiantes

Reducir el impacto de la crisis económica a través de una profunda transformación de la Formación Profesional, de manera que pueda responder rápidamente a las necesidades del mercado laboral en todos sus sectores. Ese es uno de los principales objetivos del Plan Estratégico de Formación Profesional, cuya segunda fase fue presentada la semana pasada por Pedro Sánchez en La Moncloa. Un programa de modernización que contempla no solo la actualización de los estudios ya existentes y la creación de hasta 80 titulaciones nuevas, a través de recorridos completos y cursos de especialización, sino también una profunda transformación que ampliará el número de plazas ofertadas en 200.000 hasta 2023 y flexibilizará el acceso a la Formación Profesional de estudiantes, trabajadores y desempleados.

“Ahora mismo, en todos los planes que se están haciendo de ayuda a determinados sectores, como puede ser el automovilístico, el de comercio… hay un eje de formación profesional, porque no se puede relanzar un sector si no garantizamos una recualificación de los profesionales de ese mismo sector. Y eso solamente se puede hacer desde una FP muy ligada a las necesidades del sector, que sea muy dinámica, potente y flexible, y que esté actualizada”, sostiene Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. “Además, hay que pensar no solo en el sistema educativo, sino también en los desempleados y en los ocupados. La formación ha de ser accesible para cualquiera, independientemente de su situación. Unos necesitarán una formación ajustada a las necesidades de su puesto de trabajo y otros mejorar su itinerario de formación, su empleabilidad o sus condiciones de trabajo”.

En muchos casos, la renovación del catálogo de FP vendrá a través de los llamados cursos de especialización, estudios de postgrado que permitirán a los estudiantes que ya han adquirido una formación más generalista, de técnico o técnico superior, completar su formación especializándose en aspectos demandados por el mercado de trabajo, en el que hay déficit de estos profesionales. Se trata, en definitiva, de dotar a la Formación Profesional de una mayor flexibilidad y capacidad de reacción ante la demanda existente, de “ponerse más en contacto con esa realidad inmediata y cambiante, con las necesidades de las empresas. Es más fácil, de alguna manera, dar respuesta a lo que nos están pidiendo desde los sectores productivos mediante cursos de especialización que cambiando un título entero”, argumenta Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa.

A pesar de que la figura de los cursos de especialización está aprobada desde 2011, no se habían desarrollado hasta ahora. Los dos primeros, en Cultivos Celulares y en Audiodescripción y Subtitulación, llegaron en 2019; cinco más ya han sido aprobados en abril de este año y otros siete, ya en diseño, verán la luz entre 2020 y 2021. “Sobre todo, vamos a tender hacia los sectores emergentes, que se ven radicalmente transformados por la digitalización, pero trabajaremos todos los sectores productivos, porque todos ellos se están actualizando. Por ejemplo, también se ha publicado un curso de especialización en panadería y bollería artesanal”, explica Sanz.

La digitalización, clave en todos los ámbitos

¿Cuáles son esos sectores emergentes? Familias profesionales como informática y comunicaciones, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, edificación y obra civil, industrias alimentarias o instalación y mantenimiento son solo algunas de las que concentrarán las nuevas titulaciones de Formación Profesional, que tendrán un enfoque digital muy marcado: “Nos hemos centrado mucho en la digitalización, porque es uno de los ámbitos que más rémora tienen en el mercado de trabajo en España, y en el que existe una mayor dificultad para encontrar profesionales”, cuenta Sanz.

Así, en el curso 2020-2021, las comunidades autónomas podrán ofertar, por ejemplo, cursos de especialización relacionados con la fabricación inteligente, la digitalización del mantenimiento industrial, la ciberseguridad, los videojuegos o la señalización y telecomunicaciones ferroviarias. Y en 2021-2022 llegarán, entre otras, las especializaciones en implementación de infraestructuras 5G, fabricación aditiva en 3D, materiales compuestos, vehículos eléctricos, instalación y mantenimiento de infraestructuras eléctricas e inteligencia artificial (IA) y big data.

“Nadie estará ajeno a lo que supone la IA y el big data”, afirma Sanz. “La digitalización va a transformar absolutamente todos los sectores productivos, incluida la agricultura: no podemos pensar en una agricultura extensiva en los mismos términos que hace unos años, porque el sector se ha transformado con el uso de drones y otras tecnologías que sus profesionales deben conocer”. En hostelería y turismo, ha cambiado todo lo relacionado con las reservas y el tratamiento de las opiniones de los clientes y su fidelización; en sanidad, desde la gestión de información hasta el tratamiento y la propia relación con el paciente; a la vez que factores como las redes sociales son cada vez más relevantes. El plan de modernización de la FP anunciado recientemente contempla, además, la incorporación de un módulo formativo de digitalización aplicada a cada sector productivo para todos los títulos del catálogo.

“En el fondo, de lo que estamos hablando es de un cambio productivo y un nuevo modelo económico y tecnológico, y necesitamos que la FP (tanto la básica como, especialmente, la de grado medio y superior) se actualice para dar respuesta a lo que las empresas nos están pidiendo”, sostiene García Domínguez.

Formación ‘online’ para la España rural

Otra de las iniciativas incluidas en el nuevo plan estratégico pretende potenciar el impacto de la Formación Profesional en la España vacía multiplicando las Aulas Mentor, que ofrecen formación en línea no reglada dirigida a personas mayores de 18 años en núcleos rurales, hasta llegar a los 3.000 municipios. Una opción de bajo coste (24 € al mes) cuya mayor virtud es que funcionan en cualquier núcleo de población, por pequeño que este sea: “Nos permiten llegar a municipios donde no hay ofertas de formación y donde las personas, fundamentalmente adultas, tendrían que trasladarse poder acceder a cualquier tipo de educación que no sea online”, explica Sanz. De esta manera, es posible cursar cualquier módulo o contenido de FP que sea luego acreditable a través de un proceso de acreditación de competencias.

Nuevos títulos de enseñanzas deportivas

No todas las titulaciones que se han incorporado al catálogo de la Formación Profesional tienen que ver con la digitalización. Así, el pasado mes de febrero aprobó el título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que desarrolla la competencia de organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media montaña, terrenos nevados y cavidades de baja dificultad, entre otros. Asimismo, en noviembre de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la creación de cinco títulos de enseñanzas deportivas relacionados con la actividad física al aire libre:

  • Técnico Deportivo en Barrancos (grado medio), que desarrolla la competencia de diseñar itinerarios y conducir a deportistas y usuarios por barrancos, media montaña estival y vías ferratas equipadas.
  • Técnico Deportivo (grado medio) y Técnico Deportivo Superior en Escalada. El primero capacita al estudiante para adaptar, dirigir y dinamizar la iniciación y perfeccionamiento técnico de la escalada deportiva en roca, rocódromos o estructuras artificiales; mientras que el segundo caso está orientado hacia la escalada de alto nivel.
  • Técnico Deportivo en Media Montaña (grado medio) y Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña (grado superior). El primero se orienta al diseño de itinerarios, la guía y dinamización de deportistas y usuarios por terrenos de media montaña; el segundo enseña el diseño de itinerarios en condiciones de alta montaña, incluyendo técnicas específicas de progresión en terreno nevado y hielo.
  • Técnico Superior en Termalismo y Bienestar, aplicando protocolos de hidrocinesia, técnicas hidrotermales, masajes estéticos y programas de acondicionamiento físico en el agua.

Una formación modular, flexible y práctica

Para Sanz, la gran ventaja de la Formación Profesional, que no se ha explotado hasta ahora, es su carácter modular, de tal manera que se pueda personalizar el itinerario educativo dependiendo de los intereses particulares de cada alumno o profesional. Algo que hoy en día no es posible, pero que sí contemplará la futura ley de Formación Profesional, actualmente en fase de elaboración. Esta oferta modular permitirá, en función de las necesidades educativas o laborales, matricularse en uno o varios módulos, sin tener que cursar todos los que integran un título o curso de especialización, y así servir para responder rápidamente a las necesidades específicas de las empresas.

Se trata, en definitiva, de favorecer el desarrollo de una Formación Profesional que sea accesible tanto para los estudiantes como para los ocupados y desempleados, que pueden querer formarse poco a poco, “y que esa formación pueda ir sumándose en una mochila formativa al ritmo que cada uno pueda, y que al final pueda conseguir una titulación. Eso favorecerá una adaptación mejor y más ágil a las necesidades del mercado, donde los perfiles más demandados son mucho más mixtos”, explica Sanz, que recuerda que la tasa de desempleo juvenil entre los titulados de FP es de solo el 7,35 %, frente al 35 % en general.

A su vez, García Domínguez recuerda también hay familias profesionales que tienen mucho trabajo, pero baja demanda por parte de los estudiantes, como pueden ser aquellas relacionadas con el mantenimiento, frío y calor, electricidad y electrónica o producción industrial: “Las empresas siguen buscando esos técnicos, y en muchos casos no los encuentran, por lo que tienen que hacer formación propia o contratar a gente con menor capacitación. Es importante que mostremos a la sociedad y a las familias que, dentro de los títulos que ya tenemos, hay mucho trabajo”.

El plan de modernización pretende también impulsar la creación de aulas de emprendimiento en un total de 1.850 centros de Formación Profesional en toda España, con la intención de ofrecer a los estudiantes asesoramiento y recursos que faciliten el arranque de sus proyectos, la conversión de aulas de FP en espacios de tecnología aplicada y la creación de la plataforma FPConecta para la relación e intercambio entre centros de FP, empresas, interlocutores sociales y administraciones educativas.

Fuente: https://elpais.com/economia/2020/07/29/actualidad/1596033901_851202.html

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La pandemia que nos define

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

Las relaciones de poder se consolidan en medio de un ambiente fuera de control.

De manera paralela a los efectos del Covid-19, una de las consecuencias del confinamiento obligado es el incremento de actos de violencia contra niños, niñas y mujeres. Sin embargo, las agresiones perpetradas desde el machismo y la misoginia constituyen una conducta normalizada a partir de una educación con sesgo sexista y un sistema que ampara a los agresores por una visión deformada de la justicia; por lo tanto –aunque esta pandemia ha empeorado la situación- esas conductas han existido desde siempre. Los ejemplos abundan, pero ni así logran llegar a la conciencia de la sociedad, dado que esta todavía considera la violencia machista como “un asunto privado” y da vuelta la cara para no saber.

En esta lucha sin cuartel, emprendida por quienes comprenden a cabalidad cuál es el alcance de los estereotipos insertos en la conciencia colectiva, las iniciativas por un cambio de paradigmas se estrellan contra la indiferencia de una sociedad convencida de que el reparto del poder es un tema cerrado. De modo instintivo adjudican la autoridad en quienes han concentrado el control sobre diferentes aspectos de la vida económica, política y social, sin pararse a pensar en la desigualdad implícita en ese sistema que margina los derechos de más de la mitad de la ciudadanía.

Los esfuerzos por transformar las bases sobre las cuales se erige todo un estilo de vida, no suelen ser bienvenidos cuando amenazan con echar abajo todo un conjunto de estereotipos, normas y formas de relación entre sexos. Tampoco es fácil alcanzar logros sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, en cuyos ámbitos se suele sellar el destino de las víctimas de violaciones, agresiones y asesinatos, dándose por hecho la existencia de una causal que exime al victimario y también una culpa que justifica la agresión contra la víctima. Los niveles de impunidad en crímenes de feminicidio, por lo tanto, reafirman la indefensión de las mujeres al no ser castigados.

Para comenzar a transformar las relaciones humanas, primero es preciso derribar un sólido entarimado de valores y normas definidas desde una masculinidad mal entendida, la cual privilegia el poder por sobre la equidad. Impreso en códigos y doctrinas religiosas desde siempre y en todo el mundo, se impuso una jerarquía ilegítima, cuyo principal propósito ha sido mantener la jurisdicción sobre la condición femenina de reproductora de la especie y, para ello, restarle toda posibilidad de independencia y ejercicio de su plena libertad. Así, incluso en las sociedades más desarrolladas del planeta, para eliminar restricciones sobre el derecho de la mujer sobre asuntos relacionados con su cuerpo y con su vida, los resultados de esas batallas tienen apenas medio siglo.

La situación de vulnerabilidad de niños, niñas y mujeres en el contexto de la actual pandemia, por lo tanto, reside en las limitaciones impuestas por los códigos establecidos para la conformación de la familia y su repartición de poderes. Millones de mujeres, privadas del derecho de gozar de iguales derechos que su pareja tanto en el aspecto económico como por los sesgos legales del contrato matrimonial o de convivencia, están sujetas a tolerar una relación de violencia que en muchos casos acaba con la muerte.

En este escenario de pandemia sobre pandemia, el papel de las instituciones –incluida la prensa- debe ser asumir la responsabilidad de velar por la seguridad de niños, niñas y mujeres, aboliendo de paso los paradigmas del injusto y mal concebido sistema patriarcal.

Fuente: https://rebelion.org/la-pandemia-que-nos-define/

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El problema de los salarios en Venezuela

Jorge Forero

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

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