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¿Sobrevivirá la ciencia de Brasil a Bolsonaro? Recortes, contaminación ideológica y analogías con España

Por:

«It was the best of times, it was the worst of times,

it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,

it was the season of light, it was the season of darkness, (…)»

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019. El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de ‘fake news’ y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la «balburdia» (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra «los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades». Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como «idiotas útiles» a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es «costoso e ineficiente». Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a «…promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento». Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el «gurú» intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, «pero no domina la estructura cultural», por lo que el siguiente paso del proceso debe ser «conquistar las universidades y el pensamiento», lograr la «hegemonía cultural» y «acabar» con la «dictadura mediática» dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros.  Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el ex-astronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/cienciacritica/Sobrevivira-Brasil-Bolsonaro-Recortes-Espana_6_989411072.html

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A 90 días de rebelión social popular y ciudadana, ¿Hacia dónde va el proceso político actual?

Por: Juan Carlos Gómez. 

A tres meses de la rebelión social es un hecho concreto que el gobierno de Sebastián Piñera ha logrado no superarla, pero si instalar e imponer –con diversas dificultades- una salida política institucional a la crisis abierta, el 18-O de 2019. Para, ello ha contado con la activa, eficiente y estratégica participación de la oposición política parlamentaria. Especialmente, de aquella que se manifiesta en la Cámara de Senadores. Aunque, en la Cámara de Diputados, la oposición política, menos compacta que en el Senado, también, le ha brindado los apoyos legislativos necesarios para avanzar en las iniciativas gubernamentales, especialmente, de aquellas destinadas a frenar, obstruir o criminalizar la protesta y la movilización social. Y, sobre todo, para viabilizar la salida político institucional. A pesar de los costos políticos que ella ha tenido para la derecha, por ejemplo, el quiebre interno y conflicto entre los partidos del Chile Vamos, el cual tiene como trasfondo, el ofrecimiento de parte Renovación Nacional, Evopoli y del propio presidente Piñera de ofrendar de manera sacrificial, el bien más preciado de la derecha, especialmente, para la UDI, la Constitución Política de 1980.

La suspensión de su participación, de la UDI, en el Chile Vamos, tuvo como consecuencia en que el principal referente de RN, Andrés Allamand, se retractara de su intención inicial de apoyar el cambio constitucional de la CP80, y en compañía de senadores y diputados de RN, comunico al país que rechazaría, en el plebiscito del 27 de abril, dicha posibilidad. Más tarde la UDI, adopto la misma decisión. En otras palabras, la derecha política, defenderá la continuidad de la CP80. Aunque Evopoli, aún no ha tomado como colectividad una decisión sobre de apoyar o rechazar el cambio constitucional. No obstante, que su presidente Hernán Larraín Matte, planteo que su postura individual es por el Apruebo.

Más allá de estas escaramuzas internas en la coalición de gobierno, la estrategia elaborada para controlar o salir de la crisis política, con todo, ha sido exitosa. El apoyo opositor, ha resultado crucial, para ello. Pues, le ha dado “aire” y “vida” a un gobierno y, sobre todo, a un Presidente, que de acuerdo a la encuesta CEP N° 84, cuenta con un muy bajo nivel de apoyo ciudadano, tan solo, el 6%.

Independientemente, de ese guarismo, la cooperación política entre gobierno y oposición parlamentaria, especialmente, desde el día 15 de noviembre de 2019, ha resultado fundamental y crucial para proteger y defender el sistema en crisis. Entre ambos sectores han construido el muro de defensa que busca evitar el colapso del gobierno como del régimen político y, en última instancia, de la dominación neoliberal. Cabe señalar que el neoliberalismo está amenazado; pero, de ninguna manera, derrumbado. La estrategia del cambio constitucional tiene como objetivo, justamente, evitar la “muerte” del neoliberalismo.

Como ya se ha dicho reiteradamente, la rebelión social popular y ciudadana puso en “jaque” no solo al gobierno de Piñera sino también, a toda la clase política parlamentaria. El rechazo a los partidos políticos y al parlamento, por parte de la ciudadanía es total. Tan solo un 2% y 3% de la ciudadanía tiene confianza en dichas instituciones. Por tanto, la rebelión social estremeció a todo el edificio político institucional.

Ahora bien, la única forma para evitar tanto el colapso del sistema político: estuvo en procurar evitar la división política de las elites en el poder y del poder. Había que impulsar una activa colaboración política de apoyo mutuo. Es lo que impulso el gobierno con el llamado al acuerdo nacional por la paz y contra la violencia. Este no fue dirigido a la ciudadanía sino, justamente, a la elites políticas parlamentarias y partidarias. Especialmente, de los sectores más acordes con el sistema político, principalmente, con los partidos que conformaron la exConcertación y la exNueva Mayoría. Estos, más algunos partidos del Frente Amplio, concurrieron a dicho acuerdo. La firma del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, puso las primeras piedras y pilares del muro de defensa.

La construcción de este muro de defensa, evito, en primer lugar, la caída del gobierno y del Presidente, al estilo Fernando de la Rúa, 2001, en Argentina. En segundo lugar, dado que el sistema de gobierno predominante en Chile, el presidencialismo reforzado, es, políticamente imposible exigir o demandar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo consiguiente, el gobierno y el parlamento continuaran en ejercicio hasta el año 2022. Tercero, logro introducir una poderosa cuña política al interior del proceso de rebelión ciudadana, al instalar el proceso constituyente. Elaborando y acordando, entre el ejecutivo y el legislativo, una cronología para esos efectos.

Esta cuña, independientemente, del curso que tome la Rebelión Social, en los meses venideros, va dividir a la ciudadanía descontenta, entre aquellos, que tomaran el camino constitucional con la esperanza que se va cambiar la CP80, a la cual se le atribuyen las principales responsabilidades de los problemas que tiene la sociedad neoliberal actual. Y, aquellos, que continuaran la lucha social directa en contra del capitalismo neoliberal. Es más, al interior de los sectores ciudadanos que tomaran la vía constitucional también se va producir una división, que ya es observable, entre los sectores democráticos liberales que aceptan la “hoja de ruta” señalada por el poder constituido y, los sectores democráticos autónomos, que buscan realizar un proceso constituyente popular de manera independiente y autónoma del poder constituido. Este es un fuerte dilema político para los sectores ciudadanos que buscan modificar lo existente.

Sin embargo, esta estrategia política del poder constituido, no fue exitosa del todo, pues, fracaso en detener y contener la Rebelión Social popular y ciudadana. El episodio más significativo de esta fue protagonizado, por las y los estudiantes secundarios: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, organizada, impulsada y realizada por la ACES.

Este boicot puso en alerta y en aviso a la clase política parlamentaria, al gobierno como también a la ciudadanía que la Rebelión Social esta “viva” y en acción. Así, lo demuestran, por otro lado, las diversas acciones colectivas territoriales que se realizan en distintas poblaciones de la Región Metropolitana como de otras ciudades, y los cientos de ciudadanos que se reúnen todos los días viernes en la Plaza Dignidad. Y, todos los datos e informes que señalan que se prepara para una nueva ofensiva política para el mes de marzo.

II.

Como he señalado, la opción implementada en Chile, para evitar la caída de régimen político, ha sido la reconfiguración el bloque dirigente. Pero, a diferencia de otros casos, con un adicional, el ofrecimiento de parte del poder constituido a los sectores sociales y políticos movilizados, la promesa política de cambiar la Constitución Política vigente. Es decir, ofrecer un cambio político-institucional a cambio de paz política. Este cambio tiene como objetivo, no necesariamente, dar solución a los problemas que dieron origen a la Rebelión Social, sino reconstruir el régimen político con el fin de conservar -los sectores dominantes- intacto la estructura de poder social de la sociedad chilena, en otras, palabras el capitalismo neoliberal. Aunque deban cambiar la institucionalidad política.

El cambio constitucional ha sido el “caramelo” o la “zanahoria” que el poder político ha entregado a la ciudadanía para evitar, supuestamente, la radicalidad de la rebelión social. Y, justamente, ese “caramelo” que ha endulzado la actividad política de ciertos sectores de la oposición política como de la ciudadanía, quienes, van aceptando, integrando y, por ende, legitimando el proceso constituyente activado y dirigido por el poder constituido. Mientras que otros sectores sociales y políticos ciudadanos se mantienen en lucha y buscan alterar el calendario y la legitimidad de ese proceso constituyente.

De manera que finalizada la primera quincena del mes de enero del 2020 y a 90 días de rebelión social tenemos el siguiente escenario político.

A.- Se ha establecido una alianza política, en los hechos concretos, entre el gobierno de S. Piñera y el parlamento, especialmente, con los partidos opositores, en defensa no del gobierno sino del sistema político en riesgo por la contundencia de la Rebelión Social.

B.- Establecimiento de un proceso constituyente destinado a modificar la CP80, a fin de reconstruir el régimen político, reconfigurar el bloque dirigente, evitar la división de las elites de poder y en el poder, modificar aspectos menores del proceso de acumulación neoliberal, etc.

La apuesta del bloque dominante es producir los menores cambios posibles en la estructura económica del país, integrando algunos “derechos sociales”, sin que estos modifiquen lo sustantivo del patrón de acumulación. Sin cambiar ni modificar la forma de Estado-nación. Impensado será, por ejemplo, el establecimiento de un Estado Plurinacional, ni tampoco instalar, en vez, de la democracia liberal-representativa la democracia social participativa u otra. El proceso de cambio constitucional diseñado entre los partidos de gobierno y la oposición, posee, límites y fronteras muy altas, que impedirán un cambio político histórico y profundo de las estructuras del poder social actualmente vigente.

Aunque los partidos de la alianza Chile Vamos, han presentado ciertas fisuras como la señalada entorno a apoyar el cambio constitucional de la CP80, lo cierto, es que están preparados para enfrentar los dos escenarios posibles de concretarse: a) que gane la opción Apruebo y Convención Constitucional 100% compuesta por ciudadanos; y b) que gane la opción No Apruebo. Por cierto, de ganar esta última opción, sería un triunfo notable de la clase dominante y dirigente. La única posibilidad que se produzca es que los sectores más conservadores de la oposición, especialmente, de la Democracia Cristiana, de los sectores sociales ciudadanos, especialmente, los “no políticos” (sectores evangélicos, exmilitares y mayores de 50 años), apoyen el no apruebo. Aquí hay una apuesta, que no es posible soslayar ni considerar en los análisis. Tanto RN y la UDI, han convocado a sus bases a rechazar el cambio constitucional. Lo mismo ha realizado los grupos más de extrema derecha vinculados al Partido Republicano de J. A. Kast.

C.- La configuración de actores políticos y sociales que se preparan a participar activamente el proceso constituyente. Por un lado, la Democracia Cristiana, levanta su movimiento #YoApruebo, bajo la dirección de la mítica y simbólica figura de Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, presentado como un tenaz opositor al CP80. Y, que supuestamente, fue asesinado por la dictadura cívico-militar por esa postura. Obviando, el hecho que más allá de la postura de Frei Montalva, fue el primer presidente de la democracia protegida, el DC, Patricio Aylwin (1990-1994) quién planteo en 1984, o sea, cuatro años más tarde de la aprobación de la CP80 y a dos años del “asesinato” de Frei Montalva, que había que dejar de discutir la “legitimidad” de esa constitución y aceptarla de hecho. Lo que permitió que dicha Constitución continuara su vida útil hasta el día de hoy. Esta opción busca representar, por cierto, a la ciudadanía moderada, pro-sistema, que rechaza la violencia social y política que se ha manifestado en la Rebelión social. La campaña apunta a las y los ciudadanos de la clase media y los sectores adultos.

Por otro lado, el 19 de enero se configuró un segundo conglomerado de partidos y organizaciones sociales el Comando Chile Digno. Cuyo fin último será participar activamente en el proceso constituyente convocando por el poder constituido, para votar Apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Este conglomerado conformado por varios partidos y agrupaciones políticas como el PRO (Progresistas), el Partido Comunista de Chile, Federal Regionalista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y otras organizaciones sociales. Su ciudadanía objetivo serán las bases militantes de estos partidos compuestas por sectores medios estudiantiles, pobladores, trabajadores, etcétera.

Cabe señalar que también se han ido conformando y organizando algunos nuevos partidos políticos, señalados como instrumentales, con la intención de participación a los independientes en el plebiscito de 26-A; tales como, el Partido por la Dignidad; el Movimiento por una Constituyente Ciudadana, entre otros.

Estos son sectores sociales y políticos vinculados a la oposición política institucional al gobierno de S. Piñera. Pero, no necesariamente, son sectores anti-sistema. Su posición es bastante ambigua, tanto frente a la institucionalidad como a la Rebelión social.

Estos conglomerados estarían convocando entre el 68 o 70% de las y los ciudadanos que desde octubre a la fecha no han participado en las manifestaciones ni tocando una cacerola, ni asistiendo a una marcha.

D.- Por otro lado, a lo largo y ancho de la sociedad popular se ha ido configurando cada día con mayor fuerza la idea de impulsar un proceso constituyente directo que concluya en la formación de una Asamblea Plurinacional Constituyente Autoconvocada. Tal vez, la más importante de estas organizaciones ciudadanas sea la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).

Consideramos que esta iniciativa introduce una inflexión política al interior de la demanda por una Asamblea Constituyente que la ciudadanía nacional ha venido planteando desde hace algunos años. Y, quiebra con la idea que la noción liberal o socialdemócrata que algunos sectores han venido hegemonizando. El surgimiento de la CAT que se reconoce como “hijas de la rebelión popular”, por lo tanto, eso marca el fin de esa hegemonía. E, inicia la lucha por conducir no la rebelión social, sino el movimiento social hacia una Asamblea Constituyente Autónoma, ACA.

Por cierto, que el objetivo central de este movimiento social será impugnar el proceso constituyente estatista. Aunque, la CAT, ha dispuesto que serán las y los ciudadanos los que van dirimir el qué hacer con “el proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril”.

El surgimiento de esta propuesta popular es claramente anti partidos políticos tradicionales y parlamentarios. Dice relación con la división en la ciudadanía descontenta con las formas políticas de la democracia protegida, el sistema económico neoliberal, etcétera. Y, probablemente, las diversas asambleas territoriales estén compuestas por ciudadanos que en los últimos años han rechazado, a través de su abstención electoral, las diversas ofertas y programas políticos que los partidos políticos del orden han presentado.

E.- Por último, en este cuadro estaría incompleto si no contempláramos en nuestro análisis el rol de los sectores rebeldes, especialmente, de aquellos sectores que se identifican con la 1° línea y el “ejercito” de ciudadanos rebeldes que actúan en la Plaza Dignidad desde el 18 O hasta la actualidad.

Estos sectores son los antisistema y anticapitalistas. No tienen ninguna lealtad ni fidelidad con el sistema social que durante décadas los margino y los condeno a una vida sin sentido. Hoy, el estallido social del 18-O les ha dado una razón de estar y de ser. Son vistos y reconocidos. Son considerados e inclusive protegidos, etcétera. El enfrentamiento con los “pacos”, con los organismos policiales del Estado, les mantiene “en lucha”. Lucha que no están dispuestos a deponer. Aunque no tengan claro el objetivo final de ella.

Difícilmente, este actor acepte participar en el plebiscito de abril, pero, tampoco, en el proceso constituyente popular autoconvocado, pues, este último también es conformar una institucionalidad política que a la larga termina por oprimirlos y disciplinarlos. Ellos son la libertad en acto y en potencia. Por esa razón, no los veo participando en un orden institucional, como será, el proceso constituyente popular. Pero, si serán centrales en, una posible, radicalización del proceso de Rebelión Social. De no producirse esa radicalidad, este sector, ira viendo menguada su fuerza. Y, en la medida que cualesquiera de los dos procesos constituyente, se vaya institucionalizando, los rebeldes dejaran de der actores políticos estratégicos como lo han sido hasta ahora. Por cierto, que no van desaparecer, sino, como tantas veces en el pasado, las y los rebeldes pasaran a ocupar la retaguardia. Volverán a caminar detrás, de los actores institucionalizados. En conclusión, este actor social y político, abrió la coyuntura critica actual, pero, no serán los que la cierren. Salvo, que las expectativas de la ciudadanía depositadas en la solución constitucional resulten un fraude, un engaño, o una artimaña del poder constituido para mantener las estructuras de dominación neoliberal.

A 90 días del “estallido social” los actores sociales y políticos han comenzado a ordenarse en torno a la solución constitucional de la crisis abierta por la rebelión social.

El problema central que hoy evidencia la coyuntura critica es que el gobierno de Sebastián Piñera, sigue gobernando, sigue tomando decisiones que influyen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, lo hace, con el apoyo de la oposición parlamentaria.

Más allá del cuadro situacional que hemos delineado en este texto, el problema central que tienen los actores sociales y políticos que miran con recelo la acción gubernamental es qué hacer con Piñera y su gobierno. Exigir su renuncia, significaría incrementar la movilización social, a través de la desobediencia civil, la paralización del proceso económico por medio de una huelga general y aumentar los niveles de la violencia social y política, entre otras acciones colectivas. El punto, es que solo los grupos rebeldes estarían dispuestos a asumir esas tareas. Pues, mayoritariamente, la ciudadanía optaría por no impulsar la radicalidad de la rebelión social.

Por esa razón, considero equivocado sostener que el gobierno de Piñera, dejó de gobernar o funcionar. La tarea principal que hoy se han trazado es sostener y defender el neoliberalismo. No están inmovilizados, ni derrotados, están atrincherados en los espacios del poder. Para vencerlos y derrotarlos, hay expulsarlos de esos espacios. Hasta ahora, solo la primera línea, estarían por impulsar y apoyar esa misión histórica y política. No hay que esperar a marzo y menos abril, para ello, hay que hacerlo, ya.

Fuente de artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264833

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La educación y un carro compartido

Por: Ricardo Braginski.

En medio de la campaña electoral y para forzar el debate educativo, una ONG les pidió a los candidatos que presentaran sus propuestas para el área. De los seis presidenciables que competían tras las PASO, el único equipo que no lo hizo fue el de Alberto Fernández. En el debate, además, el candidato -hoy presidente- no puntualizó en ninguna idea concreta para el área de educación. Sólo habló de la necesidad de subir el presupuesto, que viene cayendo fuerte -por parte de Nación y de las provincias- desde el año 2016.

Ahora que el carro empezó a andar, no queda más que mirar cómo se acomodan los melones. Y, sobre todo basándose en las declaraciones oficiales, el panorama parece auspicioso. El nuevo gobierno pone el foco en las inequidades, en trasformar a la educación en una herramienta que logre “romper las desigualdades” de origen de los chicos argentinos.

Y para eso, los principales objetivos apuntan a universalizar la educación inicial (en el país, solo la mitad de los jardines tiene sala de 3 y tienen menos acceso justamente los chicos que más los necesitan); así como avanzar en la jornada extendida para cada vez más estudiantes: hoy llega a apenas el 14% de los alumnos de la primaria, es decir que el 86% de ellos va sólo 4 horas por día a la escuela. La ampliación del jardín y de las horas debieran ser, claro está, con criterios de calidad educativa.

El problema es que sólo para estas dos medidas (también se está avanzando en la entrega de libros y computadoras) se necesita plata. Y mucha. Y se requiere no sólo que la ponga el Gobierno nacional sino, principalmente, que abran la billetera las administraciones provinciales.

¿Cómo se va a lograr esto? Según dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta a Clarín, se hará con “la construcción de consensos con todos los actores, incluyendo las 24 jurisdicciones, el sector de los maestros, las principales referencias pedagógicas y las universidades nacionales”. Es decir, con diálogo. Se puede entender que será con acuerdos, con decisiones compartidas.

Pero además del diálogo -tan necesario-, quizás se pueda incluir una herramienta más. Por ley, hoy tenemos que el 6% del PBI consolidado -Nación más provincias- tiene que ir a educación. Y por el impuestazo, ahora el Estado tendrá más recursos. ¿Qué tal si fijamos concretamente -sobre la base de datos objetivos de la realidad de cada distrito- cuáles serán las metas y los plazos de inversión en educación de cada uno de ellos?

Ahora que tenemos una buena dirección para el carro, estaría bueno que cada uno -y de acuerdo a sus posibilidades- tire de él en forma pareja.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/educacion-carro-compartido_0_3DAcs6cs.html

 

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La educación pública necesita del apoyo de los alcaldes y gobernadores

Por: Ángel Pérez. 

  • De acuerdo con Martha Nussbaum sigue siendo un deber del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades para el desarrollo humano, tales como una educación integral, que ella considera esenciales para alcanzar una vida en libertad, donde se pueda elegir y actuar para conseguir objetivos y metas que permitan una vida digna.

En Colombia el compromiso político y social con la educación pública sigue siendo débil, sin desconocer los notables avances en cobertura escolar, bienestar de los estudiantes y disminución de la deserción, durante los últimos veinte años. Es evidente, no hemos sido capaces de construir un sistema educativo que ayude a cerrar brechas, como las diferencias entre los costos de la canasta educativa que tiene la educación pública y la privada de buena calidad, y más grave, cuando se comparan los resultados de calidad que logran unos y otros en la educación básica y media y el posterior destino de los estudiantes; brechas que se agravan cuando se compara entre regiones o entre la educación rural y urbana.

Para solo mencionar el caso de Bogotá donde la matrícula en el sector privado representa el 40% del total de los estudiantes de la educación básica y media. En el año 2017 de 34.986 estudiantes que terminaron el grado once, en los colegios privados, el 60% ingresó en el año 2018 a la educación superior; esta cifra disminuye para quienes terminaron el bachillerato en los colegios oficiales, para los mismos años, egresaron 46.237 bachilleres y solo el 40% de ellos fue a la educación superior, con énfasis en el Sena. Estos datos demuestran que en la capital la condición de ser bachiller no ayuda a disminuir brechas entre los jóvenes; en el resto del país esta situación es más crítica.

Por fortuna, las grandes ciudades y los departamentos con mayor población estudiantil eligieron alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación; además, ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y otras cuentan con secretarios de educación y equipos directivos que conocen el sector, ellos tendrán cuatro años para ayudar a cerrar las brechas que promueve el sistema educativo, de manera especial el bajo acceso de los niños más pobres a la educación inicial, la exigencia de incrementar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público hasta la educación superior y el reto de cerrar las brechas de calidad.

Contar con alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación por todo el país es un hecho nuevo y sin duda puede ser una oportunidad para millones de niños y adolescentes que asisten o están por fuera de la educación básica y media, niveles educativos donde los nuevos gobernantes son responsables de la gestión educativa e inciden de manera directa. De entrada, va a ser interesante observar su comportamiento frente a reformas acordadas por el gobierno nacional con Fecode, como el ajuste al Sistema General de Participaciones, fuente principal de los recursos para financiar la educación pública; hacen falta recursos, pero también se requieren acciones para mejorar las decisiones de gasto y los resultados.

Lo anterior no soslaya la responsabilidad que tienen las entidades territoriales para destinar recursos propios para subsanar debilidades del sistema educativo oficial, por ejemplo, los programas de inclusión para estudiantes con discapacidades, o reconocer que en preescolar y en primaria los niños no reciben clases de inglés y luego cuando llegan a secundaria tienen solo 2 o 3 horas a la semana, en algunas ocasiones con docentes sin la preparación adecuada; resultado: el bilingüismo o el fortalecimiento de un segundo idioma es otra brecha que se genera entre los estudiantes la educación pública y la educación privada de buena calidad.

Alcaldes, gobernadores y secretarios de educación deben ser conscientes de que el país requiere valorizar la educación pública; los colegios públicos no pueden ser referentes de mal clima escolar y de mala calidad, además de sitios con entornos inseguros y hasta ilegales (el microtráfico acecha las instituciones escolares en las grandes ciudades), donde algunos profesores son víctimas de amenazas, extorsiones y hasta de traslados obligatorios por seguridad. Los nuevos gobernantes tienen cuatro años para cambiar esta situación, los colegios oficiales deben ser bonitos, aseados, con accesos pavimentados y con infraestructuras seguras y diseñadas para el proceso educativo, donde no existan excusas para promover y desarrollar un ambiente educativo para la calidad, pero sobre todo deben contar con los maestros suficientes y en el aula; es increíble que por temas normativos y exigencias sin fin, para remplazar en un colegio a un maestro incapacitado, una secretaría se puede demorar hasta 3 meses o más en proveer el remplazo ¿y los niños qué? Bien gracias, sin maestro, rector defiéndase como pueda. Al final le caemos a los colegios y a la educación oficial por no producir los resultados esperados, por favor ¿cuánto daño causa que un niño esté un mes o más sin profesor?

En este sentido, recomiendo que la gestión de las secretarías de educación se diseñe y se enfoque en apoyar a los colegios, en atender sus necesidades y en fortalecer sus prioridades de cambio e innovación, esta decisión debe producir mejores resultados que políticas de intervención hechas desde los despachos gubernamentales, sin ninguna consideración con la cultura institucional de los colegios y sus demandas.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-educacion-publica-necesita-del-apoyo-de-los-alcaldes-y-gobernadores-por-angel-perez-martinez/281173

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Ante el llamado a la Paritaria Nacional Docente

Por: Alberto Croce

El ministerio de Educación de la Nación, a través de su ministro Nicolás Trotta, ha anunciado la realización inminente del comienzo de la paritaria nacional docente.

Lo primero que sentimos ante esta noticia es una profunda alegría porque ha sido un reclamo que hemos acompañado de todas las maneras posibles: En las calles, con banderas y marchas, en las reuniones del consejo de políticas educativas, en convenciones internacionales, en decenas de pronunciamientos, reuniones, asambleas, aulas…
Un gran reconocimiento a les compañeres de los sindicatos docentes de todo el país que sostuvieron esta convicción, no por conveniencias personales o corporativas, sino por convicción y perspectiva de política pública y defensa del derecho a la educación.

Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación hemos acompañado esta lucha con la convicción de que la educación argentina requiere de este espacio institucional para fortalecerse y profundizarse.

La Paritaria Nacional, como lo han dicho los referentes gremiales cada vez que han podido tener un micrófono, no es solo para luchar por salarios dignos (aunque esta sea una causa importantísima). También por acordar condiciones que permitan que la educación de calidad no sea un discurso hueco y banal.

En particular, como venimos luchando desde la CADE, por una infraestructura y equipamiento escolar que permita el trabajo y las propuestas pedagógicas que estamos impulsando y alentando. Por eso hemos propuesto la Ley VTE (de Verificación Técnica Escolar) como una herramienta ordenada a esta finalidad.

Creemos que la paritaria hoy tiene que ser un espacio para que los sindicatos docentes acerquen sus propuestas respecto de los comedores escolares, de la formación docente y, en general, sobre los nuevos desafíos que la educación nos presenta.

Pero hay otras cuestiones que creemos también tienen que estar sobre esas mesas de negociación.

Ojalá se converse allí de la necesaria participación de los estudiantes y de las familias en el debate educativo nacional. Siempre hemos sostenido que, en perspectiva de política pública, la educación también debe ser tema de debate con estos y otros actores comprometidos con la educación. Se debe hablar de todas las formas de educación de gestión social, cooperativa, popular, que hoy existen en Argentina y que garantizan -o intentan hacerlo- el derecho a la educación de miles de ciudadanxs por todo el país, en los bachilleratos populares, en los centros de apoyo escolar, en las bibliotecas, los centros culturales, los jardines maternales… por nombrar a algunos.

El Consejo de Políticas Educativas, que depende del Consejo Federal de Educación y que instaura la Ley de Educación Nacional, es el espacio adecuado para posibilitar estos debates y escuchar a todxs con la atención que dicha escucha exige. La Paritaria Nacional debe pedir que se convoque y se active dicha institución.

Hay otras cuestiones que deben estar hoy en esta agenda con cierta urgencia: Mencionaré, a modo de ejemplo, cuatro de ellas:

La primera es la Educación Sexual Integral. La ESI no puede quedar librada a voluntades individuales porque es una “urgencia nacional” en muchísimos sentidos.

La segunda es la Educación Ambiental. No alcanza con una educación para el reciclaje. Hace falta una educación para la ética del cuidado de la “casa común”.

La tercera es la perspectiva federal de la educación. ¿Qué implica lo federal en la educación y cuál es el lugar del ministerio nacional como garante de derechos, igualador de oportunidades y coordinador de proyectos que confluyen en uno nacional y colectivo?

La cuarta es la necesidad de una Ley de Financiamiento Educativo que garantice la inversión del 6% del PBI para la educación básica y obligatoria, consolidando así las condiciones necesarias para posibilitar el derecho a la educación.

Celebramos esta convocatoria y esperamos que, en el marco de todas las complejidades que sabemos que hoy debe atravesar nuestro país, tanto los representantes docentes como los funcionarios de nuestro gobierno nacional puedan llegar a decisiones justas, valientes y comprometidas con el derecho a la educación, que es el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país.

Fuente: https://albertocesarcroce.wordpress.com/2020/01/27/ante-el-llamado-a-la-paritaria-nacional-docente/

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Únase a la consulta sobre el Informe GEM 2021 sobre actores no estatales en educación

Por Informe GEM REPORT

Estamos extendiendo la consulta en línea y las expresiones de interés para el Informe GEM 2021 sobre actores no estatales en educación hasta el 31 de enero de 2020. La nota conceptual para el Informe ahora está disponible en inglés / francés / español y en ruso . El chino y el árabe seguirán pronto.

Sus puntos de vista en esta etapa de nuestro proceso de informe son vitales para garantizar que tengamos una comprensión tan amplia de sus requisitos al investigar este tema, que sepamos de la investigación existente ya disponible y de expertos en el tema que podrían contribuir al Informe a medida que se desarrolla.

Consulta en linea:

Nos gustaría invitar a los lectores a:

  • Proporcionar retroalimentación sustancial a las líneas de investigación propuestas en la nota conceptual
  • Recomendar ejemplos interesantes de todo el mundo que ilustren los diferentes roles que desempeñan los actores no estatales en los diferentes sistemas educativos.
  • Recomendar áreas potenciales de nuevas investigaciones basadas en fuentes de datos cuantitativos y cualitativos ya establecidos o no explorados previamente.

No dude en proporcionar también comentarios sobre la forma y el enfoque de la sección de monitoreo del informe.

Para compartir sus comentarios con el equipo del Informe GEM, publíquelos como un comentario directo en la página web de consultas o envíe un correo electrónico a gemreport@unesco.org con ‘Consulta de informes 2021’ como encabezado de asunto.

Convocatoria de manifestaciones de interés:

Estamos invitando contribuciones para el desarrollo del Informe 2021, incluso a través de:

  • Sugerencias de documentos en 10 áreas seleccionadas por el equipo del Informe GEM (ver más abajo); y
  • Sugerencias de ideas en otras áreas para investigaciones nuevas, inéditas, basadas en fuentes de datos cuantitativos y cualitativos ya establecidos o no explorados previamente, que podrían ser esenciales para el Informe 2021 GEM

consulta

Fuente: https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/01/20/join-the-consultation-on-the-2021-gem-report-on-non-state-actors-in-education/

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Torreón y Columbine: violencia y seguridad

Por: Mauro Jarquín Ramírez

La vestimenta del agresor no es la única semejanza entre las tragedias de Torreón y Columbine. Ambas ocurrieron en colegios de excelencia académica; las dos gozaron de una cobertura mediática excepcional; comparten además ser el último eslabón de la larga cadena de violencias que México y Estados Unidos reproducen en sus sistemas educativos y por igual generaron como respuesta políticas de seguridad en el espacio escolar.

Para poder encontrar soluciones a los problemas de violencia que vive nuestro sistema educativo, es importante revisar las experiencias previas de otros actos trágicos, más allá de la espectacularidad con la cual ha sido tratado el tema por ciertos medios de comunicación y autoridades. El asesinato de personas al interior de una escuela es de hecho un síntoma, sumamente doloroso, de una desfavorable condición sistémica que, constituida por varias expresiones de violencia (sexo-genérica, étnica, clasista, etcétera) se ha desplegado a lo largo y ancho de nuestro sistema educativo, en todos los niveles.

Tomar esto en consideración nos permite superar ciertas posiciones idealistas que consideran a la escuela como un espacio impoluto, autónomo de la vida social en la cual se encuentra inmersa. Un espacio que, en todo caso, debe ser protegido de amenazas externas que puedan generarle un daño determinado. Tal perspectiva es el punto de partida de distintas políticas de carácter inmunitario que, en la búsqueda de preservar la armonía en los espacios escolares, asientan el problema de violencia escolar, circunscribiéndola únicamente a agentes peligrosos, que representan una amenaza a la comunidad educativa. Es por ello que la primera aproximación a la tragedia de Torreón se realizó en función de la presunta inspiración de un videojuego hacia el asesinato, para después señalar un acto de 20 años atrás.

Tal lógica es, a todas luces, equivocada. La escuela no es un espacio libre de violencia. La escuela vive y reproduce un amplio abanico de violencias en el bullying, el ciberacoso, el autoritarismo docente, el trato de las familias hacia los estudiantes, el currículum oculto de los planteles, etcétera. En distintos sentidos, es la escuela misma la que desarrolla y reproduce la violencia que ha derivado en grandes tragedias como Columbine y Torreón. ¿Acaso no recordamos los casos de acoso sexual en escuelas primarias? ¿O el sistemático bullying del que son objeto miles y miles de estudiantes en las más distintas condiciones socioeconómicas?

Reconocer esta realidad no es culpar a la escuela de los males de nuestra sociedad. Al contrario, nos invita a reconocer la gran dificultad que tienen los planteles educativos en atender prácticas plenamente institucionalizadas en el entorno en el cual se encuentran. Esto nos permite impulsar un enfoque de prevención de la violencia que ponga por delante el bienestar de los estudiantes y no únicamente su seguridad. Después de Columbine, las políticas de seguridad tomaron un nuevo aire, ya que habían sido llevadas a cabo desde los años 80 bajo el lema de tolerancia cero, el cual partía de la idea de que la mejor forma de disminuir el crimen en las escuelas era el señalamiento y la punitividad. En este contexto, se impulsaron políticas de control y disciplinamiento del espacio escolar enfocadas a incrementar la seguridad en los planteles, por ejemplo, con la contratación de servicios de seguridad privados, la revisión de mochila con rayos X y cámaras, entre otros. No obstante, la evidencia empírica nunca mostró resultado claro sobre su efectividad; de hecho, efectos negativos se hicieron patentes, tanto a escala de la integridad de los estudiantes, como en el rubro de su desempeño académico. Ello sin tomar en consideración el gasto incremental que dichas políticas representaron para algunas escuelas, con el fortalecimiento de un redituable mercado de seguridad privada escolar.

Ante la tragedia de Torreón, es comprensible que la respuesta inmediata del gobierno sea revivir el programa Mochila segura, debido a que, pese a su costo e ineficiencia señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, permite generar una sensación de seguridad a muchas angustiadas familias, bombardeadas por el espectáculo mediático. Lo que no se entiende es cómo, a más de un año de inicio de su gestión, la actual Secretaría de Educación Pública no haya desarrollado un programa nacional de pacificación escolar, que consista en construir paulatinamente y de manera transversal el bienestar necesario para atender la diversidad de casos de violencia en las escuelas.

Impulsar un programa de esta naturaleza requerirá más que hacer de las familias y el profesorado los policías de las escuelas; se necesita formación docente, atención sicológica en los planteles educativos, programas sólidos de educación para la no violencia, que tendrían como antecedente el Proyecto de Educación para la Paz y Derechos Humanos impulsado por Pablo Latapí a finales de la década de los 80. Estas políticas podrían armonizarse con los trabajos del fantasmal Consejo para la Construcción de la Paz, presente en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ausente en el trabajo cotidiano.

Construir paz desde las escuelas requiere de una auténtica política de Estado.

Por cierto, hace algunos meses la SEP invitó a empresarios cerveceros de Constellation Brands a deliberar sobre el futuro educativo de nuestra nación, y participaron en el Laboratorio Educativo de Aspen Institute y Méxicos Posibles. En días recientes, contra las denuncias ciudadanas y el riesgo ecológico, se ha anunciado que dicha cervecera, en Mexicali, va, ya que no representa peligro alguno al abasto de agua. Habrá que recordarle al gobierno que anteponer los intereses privados a los del pueblo no es necesariamente procurar la paz

* Profesor FFL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/opinion/013a1pol

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay

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