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El mal nace en la escuela

Por:  Carlos Blanco

El colectivo de los profesores ha tragado el sapo de la pedagogía, y ahora su ruina corporativa es inevitable.

España no tiene futuro. Siento decirlo con estas palabras tan crudas, tan negras y derrotistas. Pero cuanto antes nos hagamos a la idea, antes podremos adoptar medidas que permitan al menos «salvar los trastos». Engañarse con patrioterismos, lucir banderas y eslóganes cuando hay tantos y tan aviesos enemigos no sirve de nada. Hay quienes piensan en recuperar el Peñón o rehacer imperios ultramarinos, cuando lo cierto es que toda una región española -¡españolísima!- como es Cataluña, está hoy ardiendo y desde esos incendios está a punto de iniciar el proceso de balcanización del país.

Éste, como otros males, es un cáncer que nace en la Escuela. La Escuela española, la Educación Primaria, es un fraude y es la semilla del mal de nuestra nación. No querer verlo es ceguera, o por mejor decir, es estupidez. No admitir esta tesis de que el mal de la nación empieza en la primera enseñanza es adoptar una posición suicida. Y el problema no es, única ni principalmente, el grado de adoctrinamiento al que los niños catalanes están llegando, como en la peor de las pesadillas totalitarias, desde hace generaciones. El problema no es, de manera exclusiva, este aberrante «Estado de las Autonomías» que ha entregado la Educación –instrumento de Estado y arma civilizatoria al mismo tiempo- a los mayores sinvergüenzas de la historia de España, gentes que arrancaban prebendas y privilegios del Estado sin ceder ni un ápice en sus pretensiones adoctrinadoras y separatistas (los Pujol, los Mas). Lo cierto es que los «grandes» patriotas y estadistas (Felipe, Aznar, Zapatero) serán juzgados dentro de un siglo con más dureza que los sátrapas regionales, de butifarra, sardana y birretina. En sus manos, las manos de presidentes del gobierno de la nación, estuvo la posibilidad de contener a los sátrapas y a los balcanizadores, en su obligación estaba el ver venir las cosas a largo término. Pues fue en La Moncloa, y no en Palau, donde se comenzó a destripar España.

Y se destripó mucho más, y mucho más gravemente, con las leyes educativas. Lo tremendo no es que no se pueda hablar en español en un colegio de España. Catalán y español siempre han convivido, y la Ley Fundamental establece esta convivencia. Lo tremendo es que ante el fraude de la Primaria estemos –docentes y administradores- deliberando sobre un «lenguaje inclusivo» o poner aseos «unisex», mientras la formación moral e intelectual de los futuros españoles, y no sólo catalanes, se va al inodoro. Se adoctrina siempre que no se educa. Y en España no se educa. Voy a hablar claro: no se educa y no dejan educar desde la LOGSE (1990). Se ha sustituido el magnífico entramado educativo del franquismo tardío por un engendro adoctrinador llamado «sistema educativo español», que sólo sirve para estabular niños y adolescentes, tiranos hoy y esclavos mañana.

En el presente artículo me centraré más en la Enseñanza Primaria. Debo decir bien alto que en la mayor parte de los colegios de nuestro país ya no se enseña. Los maestros, liberados de la responsabilidad de otorgar títulos al terminar sexto curso, que es el último año de Primaria, envían a los niños al Instituto de Secundaria sin hacer ninguna valoración realmente objetiva sobre las posibilidades de seguir estudiando con éxito. Al ser el título de graduado en E.S.O. [Educación Secundaria Obligatoria] el título más bajo que otorga el sistema educativo, expedido en el Instituto y no en la Escuela, ésta ni siquiera se siente obligada a emitir un informe objetivo sobre las capacidades de cada niño que, siendo díscolo, inquieto o torpe, abandonará (con gran alivio para los maestros de Primaria) el colegio de Primaria y se «integrará» en una Secundaria que, amén de obligatoria, es aluvialallí van a parar todos, mezclados y revueltos, como mandan los cánones del pensamiento pedagógico moderno.

En seis años de Primaria, muchos niños no disponen de verdadera experiencia de acercamiento al arte, la belleza, la historia, la ciencia, la moral. Son años «gamificados» (educación lúdica, basada en juegos, excursiones, conexión a internet). Muchos colegios rozan el rizo incorporando tabletas electrónicas, móviles y demás sistemas de «virtualización de la enseñanza» fomentado la tecnoadicción, los problemas visuales, la obesidad, y diversos trastornos psiconeurológicos (trastornos atencionales, hiperactivos, desórdenes en el procesamiento cerebral de la información). Los libros están siendo desterrados de la Enseñanza y, cuando hay lecturas obligatorias, ya no se recomiendan clásicos de la literatura infantil y juvenil sino autores actuales que preparan al niño como adolescente o pre-adulto, iniciándole prematuramente en los temas del sexo, la droga, la violencia. El papel de ciertas obras «literarias», además de charlas y documentales a la hora de crear una erotización de la infancia y una hiperestimulación en conductas cibernéticas, es del todo preocupante, y la Escuela está siendo un agente fundamental en este adoctrinamiento. Se busca (y se logra con notable éxito) un consumista prematuro: alguien fundamentalmente inculto, pero apto para gastar un dinero que él no gana, y que probablemente nunca llegará a ganar con su propio esfuerzo. El niño de Primaria, especialmente quien está agotando la etapa (4º, 5º y 6º), es, gracias a padres irresponsables y a maestros y pedagogos ineptos, un nuevo y terrible bárbaro. El españolito del futuro será –ya es, en muchos casos- un monstruo: alguien que a los doce años ya está «de vuelta» en materia de sexo…es un monstruo. La iniciación precoz en el sexo es el síntoma de que la Civilización europea, cristiana y española está muriendo. Otro tanto se diga del «enganche» o dependencia precoz que los niños sufren con respecto al móvil. Entre los ocho y diez años va creciendo el porcentaje de niños con teléfono móvil dotado de datos para acceder a internet, y con ello, con la posibilidad de acceder a golpe de clic a la más deleznable pornografía y violencia. Es evidente que el haber «liberalizado» de tal manera el acceso a la red desde sus inicios, sin pedir credenciales de edad e identificación (algo que la Policía de todos los Estados podría haber logrado, habiendo voluntad para ello) supone «nuevos yacimientos de negocio»: pedofilia, adoctrinamiento, iniciación en el hiperconsumo.

Y los maestros se están cruzando los brazos. Como la evaluación (que incluye calificaciones y decisiones sobre pasar de curso o «promocionar») se ha trivializado hasta extremos grotescos, los maestros del colegio dan el pase al instituto a todos los niños. En vez de firmar unas actas con calificaciones numéricas vinculantes, la pedagogía moderna ha permitido a los maestros informar estúpidamente de esta manera: «progresa adecuadamente», «competencia digital adquirida», «competencia emocional en vías de consolidación». Consecuencia: los niños de doce años llegan al Instituto sin ninguna valoración objetiva acerca de lo que saben y lo que no saben hacer. Es frecuente que los profesores de secundaria reciban unos niños en estado ferino, sin hábitos adquiridos en la Escuela, niños que se levantan de la silla cuando quieren, intervienen en clase o interrumpen cuando les viene en gana, no pongan una tilde, jamás escriben mayúsculas en los nombres propios, exhiban deficiencias en sus capacidades aritméticas, no sepan poner ningún país en el mapa… Lo peor es la carencia de normas y falta de memoria en estas nuevas generaciones de muchachos. Avezados en pulsar teclas en aulas de informática, en hacer «búsquedas» en su propio móvil o duchos en talleres de «inteligencia emocional» y «educación afectivo-sexual», estos niños de ahora no pueden memorizar una sola hoja de apuntes, y, por supuesto, nunca toman apuntes porque éstos están «colgados» en la red o volcados en su tableta digital. De otra parte, está llegando el momento en que los padres que no han solicitado una «adaptación curricular» para su niño van a parecer unos tontos, porque esto equivale a renunciar a las ventajas que supone alcanzar un aprobado o la titulación con el más mínimo esfuerzo. Cualquier niño que acuda a un «especialista» poseerá alguna «diversidad» (las que están más de moda son TDA, TDAH, y toda una suerte de sopa de letras de síndromes y trastornos) si éste «experto» se propone buscarlas. A veces hay una base real: la conexión de niños a dispositivos electrónicos con o sin acceso a la red está generalizada, y la voluntad, facultad que se encuentra en la base de la atención y demás sistemas cognitivos necesarios para la vida escolar, se ve con ello perturbada. Pero otras veces no hay base para tal diagnóstico: es una moda que el propio sistema potencia, porque «la diversidad mola».

«La diversidad mola» y lo mismo que trae ventajas que el orientador decrete la necesidad de «adaptaciones curriculares» (verbigracia: ponérselo más fácil al estudiante), también está trayendo ventajas la promoción del homosexualismo, de la ideología «trans», y de la ideología de género. El sistema educativo español, siguiendo consignas de organismos internacionales que planifican la ingeniería social mundial y una «superación de las barreras naturales», ha optado por la inflación legislativa y la promoción a bombo y platillo de unos sentimientos, comportamientos y dudas que, en un menor, digan lo que digan, no pueden ser definitivos, auténticos ni madurados. No es de recibo que un menor, a quien no le dejan salir de la verja del centro y que tiene que contar con la autorización firmada de los padres para ir con su clase de visita a un Museo que está en la acera de enfrente del Colegio, tenga en cambio, como sujeto, la capacidad para «autodeterminar» su identidad «de género» y que un Colegio o Instituto se ponga patas arriba para acoplarse a esa «autodeterminación».

Hemos perdido el norte, y los maestros y profesores son parte del problema. En un principio, las aberraciones de la LOGSE y demás leyes hijuelas suyas se atribuían a la abstrusa legislación en sí misma, al imperio omnímodo de doctrinas pedagógicas extranjeras y pseudocientíficas, a la ideologización y politización del propio sistema educativo. Pero ya es el momento de poner el dedo en la herida y señalar al colectivo de los docentes como corresponsables de este fracaso, de esta negación de toda posibilidad de hallar salida al suicidio de España.

Para cortar por lo sano, la única posibilidad que nos queda es devolver al maestro y al profesor su soberanía en materia calificadora. Evaluar es duro, es un acto administrativo de gran seriedad y que exige mucha responsabilidad. Pero para hacer esto con objetividad es preciso quitarse de encima las moscas que revolotean en torno al docente. Todo docente que ha tenido que poner las notas tomándose en serio su trabajo puede contar docenas de casos en que todo tipo de moscas aterrorizaron sobre su acta de evaluación: el director, el orientador, el jefe de estudios, el padre influyente, la madre con ascendientes, el inspector y el defensor del pueblo, si me apuran. Todo el que pasa por delante de la nariz del profesor tiene «algo que decir», y la amenaza de reclamaciones y papeleos infernales está siempre pendiente, cual espada de Damocles. Así hemos creado, desde la LOGSE de 1990, varias generaciones de docentes timoratos, aterrorizados, gandules cuyo lema «haz que pase» se ha hecho proverbial. Nadie quiere líos, sólo se piensa en cobrar a fin de mes y escaparse en los puentes y fiestas de guardar, «desconectando» de la Escuela y viviendo con la venda en los ojos. Los maestros y profesores saben que sus decisiones no cuentan con el apoyo de nadie y que lo que predomina es ese lema de Pedro Sánchez: «haz que pase», que el niño gandul y caradura pase de curso, y cuente con unas notas infladas. Llegará el día en que ese niño se haga mayor y el Sistema se lo coma crudo. Carne de cañón para todo género de dependencias, débil ante poderes mundiales de control social, carente de voluntad y capacidad crítica, el niño que ha pasado de curso con «empujoncitos» paternalistas, con buenismo irresponsable, con corrupción inherente al Sistema (por medio de presiones, amenazas o reclamaciones de nota sin fundamento), ese será el futuro votante, consumidor y esclavo. Quedémonos nada más que con esa palabra: esclavo. Un suspenso a tiempo, igual que un bofetón a tiempo, han salvado a millones de españolitos de otros tiempos. Los han salvado de la gilipollez extrema. Pero estos de hoy son otros tiempos. Tiempos en los que la Escuela ya hace décadas que no funciona, y la Escuela ha arrastrado sus males y su «pedagogismo» a los Institutos y a la Universidad.

Que en la calle vemos niños con sexualidad precoz cuando no aberrante: Haz que pase. Que en casa vemos niños tecnoadictos. Haz que pase. Que al niño se le concede un «derecho de autodeterminación». Haz que pase. Que al niño se le imparten charlas adoctrinadoras en lugar de enseñarles a leer, escribir y hacer bien sus cuentas. Haz que pase. Que el maestro y el profesor sean, nada más, que unos «mediadores de aprendizajes», es decir, unos tipos sin prestigio alguno, cuyas decisiones vienen cuestionadas por parte de cualquiera (incluyendo sus propios «compañeros» de profesión)… Haz que pase.

En España dejamos pasar a todo el mundo, y tragamos carros y carretas. Ningún partido político ha dicho palabra sobre este descalabro. Nadie articula ni pergeña una reforma legal que restablezca la autoridad (disciplinaria y calificadora, ambas) al profesorado, ni tampoco nadie ha diseñado un plan para modificar el acceso a la profesión docente. Al menos desde los tiempos de Zapatero, los sindicatos docentes se han convertido en agentes para la admisión masiva de interinos, esto es, de graduados universitarios que nunca han aprobado un examen de oposición en su relajada existencia pero que «por su cara bonita», y por el populismo sindical y autonómico, han visto que se les daba plaza fija de por vida. Y nadie habla de retirar para siempre todas esas asignaturas típicas de «iniciación al turbocapitalismo» (Economía, Administración de Empresas, Iniciación para Emprendedores, Robótica, Informática, Tecnología, Talleres varios…) que quitan tiempo y espacio a la necesaria formación científica y humanística de la persona.

¿Los niños catalanes adoctrinados? ¿Los vascos? Sí, y los castellano-manchegos, y los andaluces, y los extremeños. Adoctrinar es lo opuesto a educar. La revolución en la enseñanza sería volver a hacer dictados, clases magistrales, leer a Cervantes y a Homero, mandar muchas cuentas y ejercicios para hacer cada tarde, poner de rodillas a quien se porte mal, cerrarle la puerta al padre que entre en un Colegio dándole voces al tutor o al mismo director. Revolución sería contar con inspectores formados en las materias específicas y ajenos al populismo (nada hay más populista que darle la razón a unos padres-clientes y quitársela al funcionario, sujeto como está por una nómina y sometido a una autoridad jerárquica).

Me río y me distancio, como de la peste, de una derecha que quiere poner la bandera rojigualda en el Peñón o que clama por detener a Torra, pero elude todas estas cuestiones de que hablo. Me río, y me aparto como si fuera el diablo, de una izquierda que habla de pedagogías «emancipadoras» y prepara, en cambio, a los niños de hoy, para ser perfectos esclavos sin voluntad y sin cacumen en el turbocapitalismo que está ya aquí.

Apéndice:

En contra de la pedagogía.

La pedagogía es una de las pseudociencias más peligrosas y dañinas que han surgido en los últimos tiempos. En un falso saber que, formalmente, se arroga el derecho a recomendar e imponer métodos de enseñanza basándose única y exclusivamente en prejuicios ideológicos. Precisamente al presentarse como «ciencia» y el recibir el interesado respaldo de organismos mundiales encargados de aplicar la ingeniería social (UNESCO, ONU, etc.) y de los partidos y sindicatos, los poderes han hecho de la Pedagogía una peligrosa arma de control social capaz de provocar estragos terribles en la infancia y la juventud. Como recordaba el profesor Ricardo Moreno Castillo en una reciente entrevista [https://latribunadelpaisvasco.com/art/11665/ricardo-moreno-castillo-el-desprecio-por-el-saber-ha-convertido-a-los-alumnos-en-autenticos-analfabetos sólo el desprecio y la envidia hacia el verdadero saber y únicamente el interés por crear un mundo de analfabetos explican el poder cada vez más omnímodo de esta herramienta de control social llamada «pedagogía».

En nombre de la pedagogía han surgido un sinfín de «expertos» en Orientación Escolar, Psicopedagía e Inspección que –salvo contadas y loables excepciones- no hacen sino controlar ideológicamente a los profesores, les coaccionan para que regalen los aprobados, halagan populistamente a los padres y a los chicos zascandiles o introducen burocracia inútil y verborrea en los centros educativos. Todo esto tuvo lugar de manera desatada a partir de la tristemente famosa LOGSE, la llamada «Reforma» de la cual son hijuelas todas las legislaciones posteriores, hasta llegar a la actual LOMCE.

El colectivo de los docentes españoles se haya tan dividido, alienado y adocenado, que jamás ha tenido una respuesta ante esta pseudociencia que les controla y que interfiere con su labor profesional: nunca han pasado de las burlas condescendientes y las ironías inocentes a la hora de relacionarse con estos comisarios de su labor académica. La jerga pedagógica llegó a resultar risible cuando al recreo se le hizo llamar «segmento de ocio», a las lecciones o temas a explicar había que llamarlos «bloques de contenido» o «unidades didácticas», etc. Si el peligro de la jerga pedagógica hubiera consistido únicamente en llamar a las cosas de otro modo para que así se quedaran contentos ciertos funcionarios, no habría tiempo que perder en quejas y lamentos. Pero los pedagogos y psicopedagogos, en la medida en que ocupan puestos de dirección y gestión importantes en los centros y en la administración educativa, son capaces de hacer algo peor, ellos pueden dañar gravemente la neutralidad y objetividad de las labores académicas de los profesores. Cualquier profesor, en su ejercicio docente, tanto a la hora de determinar el nivel y rigor de sus lecciones como la justicia y justeza de sus calificaciones, se ha tenido que topar alguna vez en su carrera, al menos desde la LOGSE (1990), con interferencias de orientadores, psicopedagogos e inspectores que manejan la jerga y la pseudociencia de la Pedagogía.

Así las cosas, hoy es habitual que el profesor se inhiba de ser objetivo a la hora de poner las notas de alumnos vagos y maleducados, so pena de enfrentarse con reclamaciones de padres y de advertencias de los propios orientadores y pedagogos, cuando éstos no alientan aquellas. Siempre hay algún criterio pseudocientífico de los pedagogos que sirve para minar la labor del profesor, cuestionando las más sólidas y contrastadas técnicas artesanales de la enseñanza académica. Algunos de los «éxitos» de la pedagogía española son –por ejemplo- el elevado nivel de analfabetismo funcional entre titulados de Educación Secundaria por medio de «hallazgos» como la «promoción automática» (pasar de curso con todas las materias suspensas), las «adaptaciones curriculares» (pedir menos de la décima parte de los contenidos a determinados alumnos supuestamente «distintos» para que aprueben y titulen, sea como sea), los «planes de refuerzo individualizados» (poner en gruesos informes lo que tiene que estudiar un zascandil para así recuperar una asignatura que, sea como fuere, no la va estudiar). Un dato grave en la normativa española en materia educativa es que el cargo de director o jefe de estudios de un centro puede ser ejercido por un orientador escolar del mismo, contraviniendo así la necesaria cercanía de los cargos directivos a las aulas, y siendo «juez y abogado defensor» simultáneamente, en cuanto a decisiones académicas (notas, títulos) referidas a los alumnos. No se entiende que los orientadores (que no dan clase) dirijan los centros en tantas ocasiones, y puedan presionar –sin embargo- en materia de notas, casi siempre en beneficio de los perezosos y gamberros. El colectivo de los profesores ha tragado el sapo de la pedagogía, y ahora su ruina corporativa es inevitable.

Por muchas razones, la sociedad debería posicionarse en contra de la pedagogía. ¿De dónde brota su «ciencia»? ¿Qué fundamento tiene? ¿Por qué al profesor de matemáticas o filosofía le tienen que enseñar cómo ha de trabajar unas personas desconocedoras por completo de éstas u otras especialidades? ¿Hasta cuándo debemos tolerar necedades tales como «aprender a aprender», las «competencias» o los «estándares de aprendizaje»?

Fuente: http://www.tradicionviva.es/2019/12/01/el-mal-nace-en-la-escuela/

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Los diez desafíos de la educación en Colombia para la próxima década

Por: Julián De Zubiría Samper

  • El propósito de esta columna es invitar a reflexionar sobre los diez desafíos establecidos en el Plan Decenal de Educación que deberían incorporarse en los Planes de Desarrollo Nacional, regional y municipal, si en verdad queremos construir la política de Estado en educación de la cual hemos carecido.

En este contexto, no tiene sentido iniciar las “conversaciones” en educación que ha planteado el actual gobierno, sin partir de los acuerdos y planes previos. Solo así podremos construir la política de Estado en educación, de la cual hemos carecido. Analicemos cada uno de los Desafíos.

Para profundizar: https://www.semana.com/opinion/articulo/un-pais-en-busca-de-esperanza-que-todavia-no-ha-aprendido-dialogar-julian-de-zubiria/642445

Primero. Se establece un compromiso gradual y de largo plazo por parte del Estado para hacer efectivo el derecho a la educación en todos los niveles. Se trata de una política seria y responsable para garantizar acceso y permanencia, de manera que se asegure el cumplimiento pleno del derecho. Es particularmente grave el incumplimiento de este derecho en educación inicial y superior para los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que tan solo el 10% del estrato 1 accede a educación superior y que, en el campo es inexistente la educación inicial oficial y, en las ciudades, su acceso es muy limitado, se destinan pocos recursos y la calidad sigue siendo muy baja. En las pruebas PISA de 2018, solo uno de cada tres jóvenes colombianos dijo haber recibido educación inicial y la entidad estima que recibirla eleva en 56 puntos los resultados alcanzados a los 15 años en lectura y matemáticas.

El Sistema General de Participaciones (SGP) determina los recursos que transfiere la Nación, a las entidades territoriales para atender los servicios de educación preescolar, básica y media. En el corto plazo será indispensable una revisión del SGP, dado que en la última década se han debilitado los recursos que el gobierno central transfiere para la educación de los colombianos.

Segundo. El “sistema” actual está por completo desarticulado: la educación inicial y la tecnológica parecen “ruedas sueltas”, al tiempo que entre la básica y la superior se carece de los necesarios puentes comunicantes. El PNDE le apunta a la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. Para lograrlo, tendríamos que articular todos los subsistemas y consolidar las comunidades educativas en el nivel local, regional y nacional.

Tercero: El currículo actual en Colombia es impertinente y está por completo fragmentado. Matemáticas es un buen ejemplo de ello, ya que el área está orientada a garantizar el dominio de algoritmos rutinarios y mecánicos. La casi totalidad de exámenes que hoy se aplican se podrían resolver con la ayuda de Google, lo que implica que no exigen procesos de pensamiento o interpretación de la información.

Habría que decidir que, en lugar de enseñar 15 asignaturas desarticuladas, trabajáramos en todas en torno a las mismas competencias esenciales: pensar, convivir y comunicarnos. Algo análogo a lo que hizo Chile en su reforma curricular de 1998 o lo que tiene establecido Finlandia desde el año 2020.  Debe ser un lineamiento general que respete la autonomía y que sea pertinente para el joven, la época y el contexto. El último lineamiento curricular en Colombia hizo exactamente lo contrario. Se llamaron los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y nos retrocedieron en educación unos 50 años al abandonar el concepto de competencias y al volver a prescribir de manera específica y fragmentada lo que había que trabajar. Ojalá ninguna institución educativa tenga en cuenta los DBA en su trabajo curricular.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-que-es-necesario-ensenar-hoy-en-el-colegio/527540

Cuarto. Las Facultades de educación no están haciendo bien la tarea, porque no desarrollan en sus egresados las competencias que ellos van a desarrollar en sus estudiantes. Es triste reconocerlo, pero los egresados de estas facultades siguen siendo los profesionales con más bajos niveles de lectura crítica y razonamiento numérico. Mientras eso continúe, será imposible alcanzar altos niveles de lectura y pensamiento matemático en los estudiantes. El problema es todavía más grave si se tiene en cuenta que sabemos por múltiples investigaciones, que las maestrías y los doctorados no elevan la calidad de los docentes de la educación básica. Por paradójico que parezca, no son mejores maestros los magíster y doctores. La explicación es sencilla: con un sistema tan desarticulado como el que hemos creado, las universidades no tienen claro qué es lo que hay que hacer en los colegios y cómo hacerlo.

En consecuencia, necesitamos una profunda reestructuración en los procesos de formación de los docentes, de manera que se garantice que los docentes universitarios acompañen los procesos innovadores en los colegios, fortalezcan la articulación entre los dos niveles y nos ayuden a que la formación que reciben esté centrada en consolidar en ellos las competencias que requieren para evaluar y para favorecer el desarrollo integral de sus estudiantes.

Quinto. En la práctica educativa se cumple el dicho: “Cada maestrito con su librito”. Eso pasa porque el modelo pedagógico sigue siendo rutinario, mecánico y memorístico. Equivocadamente la escuela ha creído que su finalidad esencial es la de transmitir múltiples informaciones específicas, impertinentes y desarticuladas.  El Desafío que tenemos en frente es impulsar la transformación pedagógica, de manera que aseguremos que los jóvenes en la escuela aprendan a pensar, leer, escribir y convivir. Esto no se podrá lograr sin un cambio curricular (Desafío 3) y sin un cambio en la formación docente (Desafío 4). Tampoco sin un profundo cambio en el modelo pedagógico vigente. Necesitamos impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento y que se centre en el desarrollo integral y no en la transmisión de informaciones.

Debe llamarse la atención sobre los intentos que han sucedido en el Congreso para limitar la libertad de cátedra, pues van exactamente en sentido contrario a la finalidad esencial de la educación. Necesitamos –como decía García Márquez–: “Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos”.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/debemos-limitar-la-libertad-de-catedra-por-julian-de-zubiria-samper/602133

Sexto. Las tecnologías llegaron al mundo para quedarse. Necesitamos aprender a utilizarlas inteligentemente y no prohibirlas como equivocadamente están intentando hacer en los colegios algunos congresistas, que más parecen expresar las voces del siglo XIX que las del XXI. En consecuencia, la nación tiene que impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, de manera que se fortalezca el desarrollo para la vida.

Séptimo. En La Habana y en Cartagena se firmaron unos acuerdos esenciales, pero la educación sigue siendo el único camino para alcanzar la paz. La intolerancia, la ira y el odio, han sido el alimento de todas las guerras. Se necesita un área de Comprensiones humanas que consolide la empatía, la comprensión de sí mismo, de los otros y del contexto, para fortalecer la tolerancia. Este trabajo tiene que ser llevado a cabo por todos los docentes y en todas las asignaturas. Precisamente por eso, mejorar la convivencia debe ser una competencia transversal en todas las escuelas.

Octavo. El fin último de la educación es ampliar la movilidad y disminuir las brechas sociales. Por el completo abandono en el que ha permanecido la educación rural, en Colombia, ha pasado exactamente lo contrario. Es así que, durante los dos periodos de Álvaro Uribe, se duplicó la brecha que existía en los resultados de las pruebas SABER entre los colegios privados y los oficiales rurales y si bien logró cerrarse durante el primer periodo de Juan Manuel Santos, volvió a aumentarse para el segundo. En la práctica esto significa que hemos creado un sistema educativo que aumenta las inequidades, en lugar de disminuirlas.

Mantenemos una deuda histórica acumulada de abandono de la educación rural, lo que nos obliga a la implementación de programas dirigidos a universalizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a nivel rural y garantizar la educación de calidad, de la cual han carecido niños y jóvenes en el campo. Para ello tendremos que cualificar la formación, la pertinencia, llevar a cabo ajustes curriculares, generalizar textos y generar beneficios especiales a los docentes, entre otros. Dicho apoyo también será condición necesaria para fortalecer la paz.

Noveno. Contrario a lo que han insistido los últimos gobiernos, la inversión en educación en Colombia es similar a la que teníamos veinte años atrás. Lo que efectivamente ha sucedido, es que, gracias a las gigantescas movilizaciones estudiantiles, los recursos para las universidades oficiales, que se debilitaron significativamente entre 1992 y el año 2017, recuperaron una buena parte del terreno perdido. Por eso el PNDE establece que, la importancia otorgada por el Estado a la educación se debe medir por la participación de la inversión en educación en el PIB y en el gasto general del Gobierno. Para 2018 dicha inversión fue del 4.5% del PIB, la misma que habíamos alcanzado en 1997. Si queremos cumplir con los desafíos anteriores e impulsar el desarrollo nacional, tenemos que comprometernos como sociedad en aumentarla.

Décimo. El PNDE hace propio el principio del investigador español Bernardo Herradón: “Los países no investigan porque son ricos, sino que son ricos porque investigan”. Como lo prueban cientos de testimonios en los últimos dos siglos, la investigación es condición para impulsar el desarrollo nacional. De allí que una condición para que alcancemos el desarrollo será la de fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles del sistema. La segunda Misión de Sabios es un buen precedente, siempre y cuando no pase lo que ya sucedió con la primera: los gobiernos siguen sin tener en cuenta sus recomendaciones formuladas dos décadas atrás.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/presupuesto-para-investigacion-cientifica-en-colombia/517070

En últimas, de lo que se trata es de formular una política de Estado en educación de largo aliento, que garantice un Acuerdo Nacional, una revisión del Sistema General de Participaciones y una profunda reforma pedagógica al currículo, al sistema de formación y al modelo pedagógico. Que ayude a construir la paz y el desarrollo nacional. Si garantizamos que el PNDE se incorpore a los planes de desarrollo nacionales, regionales y municipales, si creamos una Comisión Nacional de Educación y si todos trabajamos en esa dirección, lo podremos lograr.  Ese es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad para la década 2020-2029.

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España: ¿Están los niños preparados para leer y escribir antes de los 6 años?

Por: Carlota Fominaya

Dos de cada tres maestros, en contra de adelantar contenidos al periodo no obligatorio de Educación Infantil.

Los maestros de segundo ciclo de infantil —un periodo educativo que comprende desde los tres años hasta los seis— alertan de la «pre-primarización» de esta etapa, a la que acceden muchos niños en estos días. «Se está convirtiendo en una preparatoria para la escuela primaria, hecho muy negativo que afecta al desarrollo cognitivo y socio-emocional del niño», denuncian uno de cada tres profesores en el estudio de opinión realizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEI-WAECE.

Durante este periodo educativo, «que no es obligatorio en nuestro país», recuerdan desde esta institución, «a muchos niños de cinco años se les exige saber leer, escribir al dictado, y hacer sumas y restas, una situación bien distinta a la de los países nórdicos en los que nos miramos, donde a esa edad están todavía jugando y aprendiendo a relacionarse con los demás y no es hasta mucho más tarde cuando empiezan a tomar contacto con las letras y los números», explican.

Adelantar etapas

En España, sin embargo, prosiguen los docentes del informe, «las exigencias curriculares, así como las sociales y familiares, hace que los maestros se vean obligados a dar prioridad a unas áreas frente a otras». De hecho, según el estudio, el 83 por ciento afirman dedicar más tiempo a la lectorescritura, la lógico-matemática y el aprendizaje de un segundo idioma, cuando en realidad afirman querer (y no poder) centrarse en los aspectos emocionales y en la educación de valores.

Tendencia escolar

Las exigencias educativas, añaden desde AMEI-WAECE, «hacen que la etapa de infantil sea un adelantamiento de contenidos para llegar a primaria con unas competencias que no tienen en cuenta el ritmo ni el momento evolutivo especial de estas edades». Así lo corrobora la psicopedagoga Yolanda Cortés, colaboradora del portal Hablemos de Neurociencia, para quien existe una idea bastante extendida socialmente, de que la mejor estrategia educativa es iniciar cuanto antes determinados aprendizajes. «La tendencia escolar está orientada básicamente a prepararlos para la etapa siguiente. Pero para escribir en un papel, los niños han de ser capaces de coordinar y controlar los movimientos de sus dedos, y la corteza motora del cerebro, que controla la coordinación de las manos y los dedos, generalmente, no está desarrollada del todo, al menos hasta los cinco años de edad. De hecho, este desarrollo prosigue a lo largo de la enseñanza Primaria».

Empezar más tarde

Habrá niños, prosigue Cortés, «que no puedan seguir este ritmo acelerado, para los que tales planteamientos de “cuanto antes mejor” constituyan un flaco favor: en vez de salir fortalecidos y seguros de sí mismos, acaban la etapa con una incipiente sensación de impotencia y, probablemente, catalogados como problemáticos». Estos niños, prosigue Cortés, «necesitan más de ese empujón, pues quizá no estén listos para la comprensión lectora cuando empiezan a ir a la escuela. Tal vez su cerebro se desarrolle más lentamente. Si a estos niños se les da otra oportunidad para aprender a leer a una edad más tardía, pongamos que a los 7 años, la cosa puede funcionar».

En otros países, señala esta psicopedagoga, «como Dinamarca, o Finlandia, los niños no comienzan a ir a la escuela hasta los 7 años, lo cual facilita que los niños que aún no están preparados, lo estén y aprendan a leer sin presiones, sin tener que seguir al tran tran el ritmo de otros, con bloqueos emocionales. No hay tanta prisa. Les estamos obligando a crecer más rápido de lo que se merecen. Hay cosas que simplemente han de cocerse a fuego lento para que el resultado sea el esperado, y se convierta en un proceso hecho de forma natural y con calma». Para Pilu Hernández Dopico, esto se traduce en un «llamamiento a administraciones y familias: más lecciones de vida en esta etapa, más sentimientos, más juegos cooperativos, más arena, y más saltar en los charcos y ensuciarse. En definitiva, más niños y menos catedráticos en educación infantil, que ya tendrán tiempo de llegar donde quieran».

Respetar los ritmos del menor

Por fortuna, señala la colaboradora de Hablemos de Neurociencia, «ya hay pedagogías alternativas donde el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños respeta el ritmo de cada uno de ellos, tanto con el alumno que ha nacido en enero, como con el que lo ha hecho en diciembre, porque de lo que se trata es de enseñar la lecto escritura de una manera lo más cercana y natural posible». Lo más importante, concluye esta experta, «es respetar siempre la individualidad de cada menor. Si reciben respeto del adulto, ganan confianza en sí mismos, y eso es más importante que cualquier otro proceso de aprendizaje. Esto no quiere decir que no podamos llevar las letras a infantil, al contrario. Las letras y los números tienen que estar presentes en las aulas, lo que tenemos que hacer es cuidar el modo».

Fuente e imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-estan-ninos-preparados-para-leer-y-escribir-antes-6-anos-201909180157_noticia.html

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Contribuciones de la CNTE a la educación

Por: Hugo Aboites

uando en 1946 el presidente Ávila Camacho decide eliminar el proyecto de educación del cardenismo y borrar de la Constitución la palabra socialista (toda la educación que imparta el Estado será socialista decía el artículo 3), ya en 1943 había establecido un dispositivo de control de los maestros: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además, había reducido a la mitad los ingresos reales de las y los profesores, y sólo cuarenta años más tarde recuperarían su nivel original. En contraste, el gasto educativo anual en esos años (1945-1982) dio un salto extraordinario y pasó de 500 a 25 mil millones (pesos de 1970). Y también, en el mismo periodo, el número de maestros creció de 15 mil a más de 600 mil (Aboites, H. El salario del educador en México: 1925-1982 Revista Coyoacán Núm. 16, 1984). Los maestros pasaron así de ser protagonistas y aliados en un proyecto nacional de educación, sustentado en una miríada de normales rurales, a ser una masa empobrecida y subordinada al servicio del Estado y obligada a responder a un nuevo proyecto de armonía social que ocultaba la desigualdad y sometimiento de la mayoría de la población.

En otras palabras, el gobierno de Ávila Camacho rompe con el proyecto originalmente impulsado por el cardenismo, pero para poder hacerlo, primero rompe con los maestros. A partir de entonces, acosados por el cacicazgo sindical y los bajos salarios, marchan y protestan, pero son desdeñados, como en 1954 cuando, sin traje ni corbata, llenan el patio de la SEP y son descritos por el aristócrata secretario como un grupo de enchamarrados de uñas enlutadas. Díaz Ordaz decide ir más lejos y cierra cerca de la mitad de las normales rurales del país, y en el 68 y en los setentas, maestras y maestros no dejaron de ser sometidos a la represión contra estudiantes y sectores populares y al abuso del caciquismo sindical. El movimiento magisterial aprendió así a luchar y fortalecerse y, al resistirse y rebelarse, hizo tres grandes contribuciones a la educación del país. La primera, al fundarse la CNTE en 1979, demostrar que ya entonces era perfectamente posible deslindarse del SNTE y del charrismo y caciquismo sindical. La segunda, luego y ahora, demostrar que es posible la construcción de espacios de autonomía en la educación (proyectos alternativos en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y otros). Y, la tercera, que a pesar de las más difíciles condiciones, es posible traducir tanto la independencia sindical como la autonomía en el motor de una de las más poderosas movilizaciones en educación del pasado siglo y en el florecimiento de proyectos educativos que apuntan a enraizar profundamente a la educación en la diversidad regional, enfrentando las necesidades y manifestaciones diversas de desigualdad y sometimiento del país. Con esto ha hecho una enorme contribución para el futuro de la educación en México: ha dejado claro que si se quiere hacer prosperar a la educación mexicana se requiere de la independencia organizativa de sus maestros, de una real autonomía educativa a escala regional y de una profunda disposición a luchar por mantener y ampliar esos espacios. Sólo así podrá construirse una educación desde la visión de los que sufren desde hace décadas por un país que la corrupción, la colonización interna y la visión neoliberal no han dejado que surja con toda su potencialidad.

Dotado de estos antecedentes, la CNTE se enfrenta hoy a la oportunidad de aprovechar lo que las y los maestros contribuyeron a crear: un sexenio de mitigación de la vieja intención de eliminar al magisterio y su proyecto democrático social independiente y autónomo. Si bien el nuevo gobierno ha reconocido la independencia de la CNTE y negociado algunos temas periféricos, todavía no ha reconocido su autonomía educativa y mantiene una visión que está rezagada respecto de los avances que en consciencia y en demandas se volvieron ya inaceptables desde el sexenio pasado. A pesar de seis años de muertes y represión por la calidad y la excelencia, por las evaluaciones centralistas y clasificadoras a maestros y escuelas, todo esto sigue como referente constitucional y legal, y amenazan con convertirse en el asidero de un futuro retroceso a manos de nuevos y ambiguos gobiernos. Son visiones del pasado esencialmente inadecuadas para construir la educación libertaria y regional que necesitan los mexicanos. Y lo mismo la propuesta de una nueva escuela mexicana.

Hoy, la CNTE todavía puede hacer otra importante contribución: señalar a propios y extraños que esa mezcolanza de bonitas intenciones y fórmulas del pasado no sacará a flote a la educación mexicana. Y mostrar que sólo una conducción de maestros, estudiantes y comunidades será capaz de revitalizarla.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/12/21/opinion/015a2pol

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¿Qué profesor cambió tu vida? Una reflexión sobre la manera de ser de los docentes

Por: Andrea Giraldez

Todos tenemos un profesor que, para bien o para mal, cambió en algo el rumbo de nuestras vidas. En mi listado hay, afortunadamente, unos cuantos del primer grupo y, por qué no decirlo, algunos del segundo. También hay muchos que pasaron desapercibidos.

¿Qué profesor cambió tu vida?

Hoy me gustaría hablar de los primeros y de algunas cosas que podríamos hacer para asemejarnos a una de esas profesoras o uno de esos profesores que fueron tan importantes. ¿Puedes recordar cuál fue el tuyo? ¿Qué hacía que fuese especial? Si es posible, interrumpe unos pocos minutos la lectura para responder a estas preguntas; es importante que lo hagas.

Cuando formulo las mismas preguntas a algunos de los estudiantes y docentes con los que trabajo, invariablemente se mencionan cualidades tales como la pasión por enseñar, la humildad, la curiosidad, la generosidad y la manera en que esa profesora o ese profesor les miraba y escuchaba, cómo confiaba en sus posibilidades o cómo, de alguna manera, les hacía sentir importantes y les transmitía, de un modo u otro, este mensaje: tú vales.

¿Deberían ser estas cualidades inherentes a la profesión docente?

¿Deberíamos, al menos, aspirar a que todos los docentes las tuviesen en mayor o menor medida? Y en caso de que así fuese: ¿cómo podríamos conseguirlo?

La formación de los docentes no puede quedarse, como se queda, en las cuestiones disciplinares y técnicas de la enseñanza

Mi respuesta a las dos primeras preguntas es que sí. Ser docente supone mucho más que dominar una materia y conocer y aplicar metodologías innovadoras. Esto es necesario, pero insuficiente. Permíteme explicarlo con una analogía. Imagina a un joven que va a una autoescuela para aprender a conducir. Allí aprende las normas de tráfico y las cuestiones prácticas que le acreditarán como conductor. Una vez obtenido el carnet, nuestro joven conductor sale a la calle con su coche, y desde el punto de vista técnico su pericia es indiscutible. Sin embargo, una observación más atenta nos deja ver que en cuanto puede se salta los pasos de peatones poniendo en peligro la vida de los viandantes, no respeta los límites de velocidad o le cuesta controlar su ira ante cualquier incidente y es fácil verle insultando a otros conductores. ¿Subirías en su coche? Y aún más, ¿confiarías a tus hijos para que ese conductor les llevase a algún sitio?

«A los docentes se nos exigen muchas cosas, a veces demasiadas, pero justamente no se nos exige algo fundamental para educar: ser buenas personas»

“Los docentes deberían pasar una ITV”

Del mismo modo que aprender a conducir debería ser algo más que memorizar las normas de tráfico y aprender la técnica para llevar el coche, la formación de los docentes no puede quedarse, como se queda, en las cuestiones disciplinares y técnicas de la enseñanza. No hay, ni en las Facultades de Educación ni en las oposiciones, nada que garantice que un profesor cuente con estas cualidades que parecen tan importantes. En el caso de las facultades, a través de actividades (que no materias) de desarrollo personal (sí, personal) de los estudiantes, podríamos ayudar a desarrollar algunas habilidades psico-sociales fundamentales. En el caso de las oposiciones, tal como se hace en la mayoría de las empresas a través de los departamentos de Recursos Humanos, aseguraríamos que quienes acceden a la carrera docente son las personas más idóneas. Y, puesto que hablamos de algo que no se adquiere de una vez por todas, sino que requiere de una práctica continuada, el superar la oposición no supondría una garantía de por vida, sino que cada tanto, recurriendo nuevamente a los coches, deberíamos pasar una ITV.

Rita Pierson

 

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/que-profesor-cambio-tu-vida/70852.html

 

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“Descabronizar” el planeta

“Descabronizar” el planeta

El mayor cambio que se vive hoy en al ambiente es el de la Igualdad, tanto que los pilares sobre los que se levanta la estructura de nuestra sociedad se están derritiendo. Y como sucede con el cambio climático, hay quien lo niega para no enfrentarse a la verdad incómoda que amenaza su poder y privilegios.

El ejemplo lo tenemos cerca, en la Cumbre del Clima celebrada estos días en Madrid, una de las propuestas más destacadas es la de “descarbonizar” el planeta para disminuir las emisiones de carbono, especialmente en forma de dióxido de carbono. Un concepto novedoso, ese de “descarbonizar”, cuya validez ha sido aceptada por la Fundéu al ser construido a partir de la palabra “carbono”.

El machismo por su parte ha intoxicado la convivencia social y democrática con la emisión de sus malos humos y sus gajes tóxicos a lo largo de toda la historia, tanto que ha contaminado el aire que respiramos y ha impregnado con el hollín de su ceniza las miradas e identidades, para establecer con sus emisiones una especie de clima regulado por el termostato de sus intereses.

Ante esta situación el razonamiento es sencillo, si “descarbonizar” es reducir las emisiones de carbono, y “cabrón”, tal y como recoge la primera acepción del Diccionario de la RAE, es quien “hace malas pasadas o resulta molesto“descabronizar” es reducir la realización y emisión al ambiente de esas malas conductas y molestias que, incluso, llegan hasta la violencia. Un comportamiento característico del machismo para lograr imponer la desigualdad con la que defender sus privilegios, y para someter a las mujeres a los espacios y funciones que la cultura machista ha decidido.

El machismo es tóxico, y el ambiente milenario de “encabronamiento” que genera es el responsable de las olas de acaloramiento público y privado, de las inundaciones de la intimidad, y de las DANAS (“Depresiones Afectivas en los Niveles del Amor”) cíclicas que aparecen de manera sorpresiva con todo su daño y destrucción.  Por lo tanto, la solución a esos problemas sociales pasa por actuar sobre ese ambiente tóxico, no sólo sobre el resultado de sus catástrofes.

El problema es más serio de lo que parece, por eso quienes “emiten” la violencia machista buscan negarla, si no fuera tan grave no se molestarían en intentarlo. La OMS (2013) recoge que el 30’1% de las mujeres del planeta sufrirán en algún momento de sus vidas violencia por parte de sus parejas o exparejas, y Naciones Unidas (2015) indica que entre 40.000 y 45.000 mujeres son asesinadas en el planeta cada año en el contexto de las relaciones de pareja y familia. Por su parte, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, 2014) concluye en su informe que el 20% de las mujeres de la UE han sufrido violencia física en las relaciones de pareja, el 43% violencia psicológica, el 6% violencia sexual y el 55% acoso sexual. Y si nos acercamos a nuestras costas, las Macroencuestas (2011, 2015) y los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género nos indican que cada año unas 600.000 mujeres son maltratadas y unas 60 asesinadas. Y a pesar de esta objetividad en el resultado y de vivir la experiencia de cada día que conduce al mismo, el “encabronamiento” machista lo ignora y lo intenta negar.

Por ello necesitamos el aire fresco de la Igualdad con un doble objetivo. Por un lado, descontaminar y limpiar la atmósfera de la cultura de todos los gases tóxicos emanados de las ideas, valores, creencias, mitos… machistas. Y por otro, abrir la ventana del conocimiento para que entre el oxígeno de la Igualdad y haga respirable el ambiente. Sólo así podrán desaparecer los efectos tóxicos que ocasionan esa mirada borrosa que difumina la realidad, las alucinaciones del machismo, y los delirios de grandeza que muchos toman como verdad.

No es sencillo, son muchos los hombres que viven de esos malos humos, y algunos son verdaderos adictos al machismo, como los hay a las emisiones de dióxido de carbono, en una dependencia que no es física ni psicológica, sino social. Es la dependencia al poder y a los privilegios, y se ve reforzada bajo la conciencia de que cuanto más injusta son las decisiones, más poder se tiene. Y aunque el resultado sea dañino, hay quien prefiere morir de éxito en una sociedad injusta que vivir feliz y en paz en Igualdad.

La sociedad ya ha cambiado y su avance es imparable, pero las reacciones de quienes viven bajo el poder de sus emisiones también está presente para intentar asfixiar al planeta y a la Igualdad. No es casualidad esta reacción, ni tampoco que sólo sea el feminismo quien tenga una respuesta global a toda la construcción tóxica y violenta del machismo para “descabronizar” el planeta por tierra, mar y aire. El machismo es cultura, no conducta, y el feminismo busca una nueva cultura levantada sobre la Igualdad, no corregir algunos de los resultados y consecuencias.

Porque el feminismo es “cultura de Igualdad”.

Autor: Miguel Orente

 

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Colombia: Acueductos comunitarios: resistencia popular contra la privatización

Acueductos comunitarios: resistencia popular contra la privatización
Fernanda Sánchez Jaramillo
Pregunta problema: ¿Amenazan los procesos privatizadores la existencia de los acueductos comunitarios y la autogestión del agua?

La profesión puede ser un factor clave en la superación de nuestras realidades en tanto organice científicamente su trabajo a través de una vocación de investigación y una acción transformadora planificada junto a los hombres, es decir, en tanto viva, sienta y actúe en sucesos humanos reales y no en abstracciones”

La Constitución Política de 1991 estableció, en el artículo 365, que los particulares y las comunidades organizadas 1 podrán participar en la prestación de los servicios públicos 2 .

La sentencia C-741/03 de   la Corte Constitucional explicó que la Carta al autorizar a las “comunidades organizadas” 3 para prestar -directa o indirectamente servicios públicos- no definió la forma jurídica específica bajo la cual participarían, pero sí distinguió su actividad de aquella que prestan otros particulares.

La Corporación expuso que existen diferencias entre los prestadores de servicios públicos: “(…) En el ánimo que inspira a los diferentes prestadores (…) en algunos es marcado el cumplimiento de un deber o fin estatal (empresas públicas); otras que tienen ánimo de lucro, las privadas y, finalmente, aquellos que tienen como único propósito la satisfacción de las necesidades de una población”.

De igual manera, la Ley 142 de 1994 determinó en el artículo 15 numeral 4 –desarrollado por el Decreto 421 de 2000- que hay organizaciones autorizadas 4 para la prestación de servicios públicos en municipios menores, categorías 5 y 6, en zonas rurales, por fuera del perímetro urbano de la cabecera municipal y en áreas o zonas urbanas específicas, núcleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren clasificados en los estratos 1 y 2.

Los acueductos comunitarios responden además a criterios de economía solidaria como lo menciona la Ley 454 de 1998 reglamentada por el Decreto 1714 de 2012 , artículo 2°: “Denomínese economía solidaria al sistema socioeconómico cultural y ambiental por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.

Los acueductos comunitarios son figuras jurídicas constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales. Por medio de estos la comunidad se involucra en el manejo de los recursos hídricos y el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada.

Estos acueductos contribuyen a concretar el objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas, 1977: “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable”.

Propósito ratificado por la Observación General No. 15 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas cuando señaló que: “ el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos ”. (ONU, 2002).

Así los acueductos comunitarios cumplen un papel importante al garantizar el acceso al agua en comunidades que de otra manera no la obtendrían debido a la ausencia del Estado.

El régimen jurídico de los acueductos comunitarios es el mismo de las demás empresas prestadoras de servicios públicos, pues la Ley 142 de 1994 no fijó diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores. Esto significa que al igual que los demás deben garantizar 6 el derecho al agua, su disponibilidad, accesibilidad y calidad.

El Decreto 421 de 2000, artículo 3, reglamentó la participación de las comunidades organizadas en la prestación de servicios públicos. Para hacerlo exigió que se constituyeran como personas jurídicas, sin ánimo de lucro, y se registraran en la Cámara de Comercio; además, deben inscribirse en la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico así como obtener las concesiones y licencias previstas.

Participación comunitaria 

En su decisión T-338/17 l a Corte mencionó algunas de sus ventajas: “son organizaciones para proveer el agua, adecuados para asegurar la prestación del ante la ausencia de dispositivos estatales 7 servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona”.

Estas formas de organización son importantes en un Estado social de derecho, pues materializan la participación directa de los pobladores en la toma de decisiones sobre esta necesidad esencial.

La toma de decisiones de manera conjunta, aumenta la legitimidad de sus actuaciones. De igual manera, fomentan el liderazgo local y fortalecen el poder popular.

Agregó la Corte en 2017: “En especial, constituye un espacio valioso para fomentar la cultura del cuidado de los recursos naturales y la protección que le debemos los seres humanos a la naturaleza”. Las comunidades se convierten en ejemplo de buenas prácticas de auto-gestión de los recursos naturales.

La labor de este tipo de prestadores del servicio de agua es tan importante que el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, sostuvo que es indispensable la participación de las comunidades en las decisiones sobre el servicio que se les presta. (ONU, 2014).

Albuquerque (2014) afirma: “e l carácter inclusivo es crucial para (…) que los servicios estén concebidos de modo que respondan a los intereses y necesidades de las personas marginadas, así como del ciudadano “corriente” .

Dadas sus características particulares sería de esperar que no sean valorados con base en los avances tecnológicos que impone el mercado sino por su capacidad de autogestión y sostenibilidad.

Así mismo, Gutiérrez (2007) sostiene: (…) “un principio fundamental del desarrollo rural es el manejo sustentable de los recursos naturales- el agua entre ellos- como instrumento para el desarrollo de la productividad”.

La gestión comunitaria de los sistemas de agua y saneamiento implica que las comunidades asumen la administración, operación y mantenimiento de los acueductos comunitarios, con criterios de eficiencia y equidad.

Pero más que la autogestión del agua los acueductos comunitarios permiten crear en torno a ellos procesos de identidad, arraigo y trabajo colectivo y constituyen una alternativa para resolver conflictos.

Otro aspecto sumamente relevante es:

Son entidades complejas, en sentido, histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país. Como tales son instituciones diversas, integrantes del patrimonio público nacional por su condición sociocultural y territorial, y por su objeto público, el agua como bien común y derecho fundamental. (Correa, 2016. P. 14)

Huracanes privatizadores

Lamentablemente, pese a estas cualidades particulares que hacen tan valiosos a los acueductos comunitarios ellos son amenazados por el modelo económico imperante en Colombia y el mundo.

El neoliberalismo extendió su lógica de mercado a todas las actividades humanas y determinó las atribuciones del Estado y el capital promoviendo la privatización 8 del agua como recurso natural y como servicio mientras el Estado se limita a una función reguladora tal cual lo exigió el Consenso de Washington.

Según Rosenberg, Horst et al. (2003) la reforma sustancial de la política del agua 9 impulsada por el neoliberalismo reemplazó una concepción garantista de gratuidad para quienes no pueden pagar por ella, a su mercantilización.

En Colombia, los acueductos comunitarios son reconocidos legalmente como prestadores del servicio de agua en zonas rurales y algunas urbanas, pero no existen políticas públicas orientadas a la promoción de la autogestión del agua, a nivel local que garanticen su continuidad como prestadores del servicio. (Dupuits y Bernal).

Por el contrario, estos enfrentan otro problema y es el cumplimiento de requisitos propios de otros prestadores del servicio con músculo financiero y propósitos diferentes como el ánimo de lucro.

La Ley 142 de 1994 desconoce la naturaleza y características particulares de los acueductos rurales como se evidencia en el siguiente artículo:

Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta”. (Artículo 3, numeral 3.9.) (Subrayado propio).

Por eso, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia, en el Acta de Declaración Pública Acueductos Comunitarios explica el riesgo al que se enfrentan:

Se encuentran en riesgo, por una parte a través de la propia legislación que privatiza el uso del agua y lo introduce como una mercancía más de consumo administrada por el modelo empresarial (…) por la implementación del modelo económico extractivo de los recursos naturales a través de la minería, la ganadería extensiva, los proyectos agroindustriales, de deforestación, de infraestructura vial entre otros, que atentan contra la biodiversidad, y las fuentes de agua cuidadas desde las Comunidades Organizadas. (Subrayado propio).

De igual manera, esta Red ha manifestado que la normatividad amenaza su existencia como prestadores del servicio público del agua. Hacen alusión a documentos Conpes (3383 de 2005 y 3463 e ntre otros), l os Planes Departamentales de Agua y el Plan Carrasquilla como parte de la ola privatizadora que con un referendo* del agua pretendieron frenar hace diez años.

Así mismo argumentan que el Documento Conpes 3463 de 2007 y las leyes 1151 y 1176 de 2007 10 trazan las políticas que: “buscan arrebatar la prestación de los servicios públicos a las entidades municipales 11 , donde ellos proveen el servicio de agua, e impone estos procesos de transformación empresarial”.

La Red denuncia que las políticas actuales mercantilizan el acceso 12 y suministro de agua entregándolo a las APP, empresas mixtas, operadores especializados multinacionales, desconociendo que se trata de un fin esencial del Estado, de un derecho humano fundamental y a estas no les importa la conservación de los ecosistemas y el respeto al ciclo hídrico.

Este concepto es compartido por Correa (2006) quien asegura: “La formalización y legalización neoliberal que exige la ley de servicios públicos se propone liquidar los acueductos comunitarios, profundizando la entrega del monopolio regional de la gestión del agua y del servicio a grandes empresas multinacionales (…)”

Un ejemplo concreto de cómo, poco a poco, las exigencias del modelo empresarial han afectado estos acueductos ocurre en Cachipay (Cundinamarca). Allí los usuarios sienten que, bajo la Ley 142 de 1994, perdieron su autonomía y los procesos a los que se han sometido los obligado a entrar en la lógica de la competitividad empresarial sin comprenderla. (Barahona, 2017).

Lo más grave de acuerdo con Barahona (2017) es que esto ocurre: “Olvidando sus principios de economía solidaria para entrar en una escala de rentabilidad con el pensamiento de que esto sí les proporciona organización y justificación del dinero el cual cada usuario paga por el agua consumida”.

Por ello surge una preocupación real por parte de las comunidades debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de su papel como actores clave en la prestación del servicio; por el contrario, los desarrollos legislativos y los planes nacionales de desarrollo tienden a arrinconarlas hasta al punto de propiciar su eventual desaparición.

Resistencia comunitaria

Pero las comunidades organizadas resisten. Moncada (2013) señala que en Colombia existen aproximadamente doce mil las organizaciones comunitarias que proveen servicios públicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores rurales en el país.

Los prestadores comunitarios han sobrevivido, por años, a las reformas administrativas en las que se les desconoce y minimiza. De acuerdo con Quintana (2016) es fundamental reconocer que las estrategias de las poblaciones para acceder al agua, en coexistencia con los esquemas estatal y privado, son una manifestación de resistencia frente a las decisiones privatizadoras.

Es importante procurar conservarlos porque constituyen instituciones populares diversas, integrantes del patrimonio público nacional, por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto, orientado a la consecución del bien común.

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios defiende la gestión pública y comunitaria del agua, sin ánimo de lucro, desde los valores y principios de la economía social y solidaria y rechaza, categóricamente, su entrega al mercado.

Y critican el Decreto 1898 de 2016 sobre cual arguyen: “aparentemente nos permiten existir, pero nos imponen estándares propios de prestadores empresariales 13   (…) el enfoque diferencial es usado para establecer una categorización que los reduce, a simples soluciones alternativas transitorias .

Una evidencia de ello es que a pesar de que la Superintendencia de Servicios Públicos cuenta con la delegatura para pequeños prestadores son evaluados con los estándares utilizados para los grandes prestadores.

Por ejemplo, la Superservicios firmó un programa de gestión 14 con la Junta Administradora del Barrio Clarita Botero, Acuaclarita porque no tenía actualizada la información del Registro Único de Prestadores (RUP) y la facturación. Igualmente, no cumplía con los requisitos previstos en la Resolución 375/06 de la CRA, aplicaban una tarifa única de 11 mil pesos, la concesión de aguas vencida y tenía algunas fallas técnicas encontradas en el diagnóstico hecho el 2 de marzo de 2018.

Por su parte, el Acueducto Comunitario de los barrios Unidos de Mocoa, organización autorizada con menos de 2.500 suscriptores, creada mediante la Resolución 3787/91, fue visitada por la superintendencia y encontró que no había actualizado su información en el RUP, el 30 de marzo de cada año. Asimismo tenía un pasivo debido a deudas y una cartera no recuperadas, no contaban con macro-medidores, la información financiera atrasada y había falencias en la evaluación de la calidad del agua. Todo esto sin tener en cuenta que esta pequeña asociación resistió la tragedia que azotó a Mocoa hace apenas dos años.

Por estas, entre otras razones, es fundamental insistir en que el Estado debe reconocer que los acueductos comunitarios son diferentes a los demás prestadores del servicio público del agua y que son guardianes del territorio y del agua. Las demandas de las comunidades organizadas son claras, pero el Estado –y sus diferentes gobiernos- no responden a sus demandas.

Ni tampoco toman en consideración antes de desarrollar nuevas normatividades fallos como el T-225 de 2015 15 que resaltan la labor de los acueductos rurales como proveedores de agua que permiten a las comunidades vivir en condiciones dignas.

En esa decisión la Corte insistió en que el Estado debería apoyar las iniciativas comunitarias para la creación de acueductos rurales o veredales , los cuales, por supuesto, deben tener un sistema de captación y plantas de tratamiento para asegurar que sea potable.

Y añadió que: “el apoyo de la administración no puede ser un asesoramiento técnico sino que debe traducirse en acciones concretas para que el acueducto funcione adecuadamente (…) y se elimine cualquier situación de riesgo en relación con la calidad del agua que pueda generarse en la incapacidad del acueducto de atender sus propias problemáticas”.

No obstante estos pronunciamientos jurisprudenciales, los acueductos comunitarios afrontan tratos inequitativos por lo que muchos han dilatado su legalización; otros, ya formalizados, buscan apoyo en otras organizaciones y agentes externos para cumplir con los requerimientos exigidos y mejorar su desempeño. (Depuits y Bernal).

Lecciones de otros países

Pero estos retos que afrontan los acueductos comunitarios no son exclusivos de Colombia ya que en otras latitudes hay algunos similares y otros diferentes y también fortalezas. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución de 2008 reconoció oficialmente a los sistemas comunitarios como actores de la gobernanza del agua.

Lamentablemente, a pesar de que el artículo 318 16 de la Constitución ecuatoriana declaró el agua como un derecho fundamental e inalienable derecho humano y prohibió el manejo privado de este recurso, a favor de una modelo híbrido a través del apoyo entre lo público y lo comunitario por medio de asociaciones entre gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para proveer el servicio del agua y saneamiento, no se ha materializado.

La Constitución ecuatoriana dispuso que estos debían trabajar mancomunadamente con actores públicos. Sin embargo, la histórica e inequitativa distribución del agua, 92% de los habitantes urbanos tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico mientras solo el 39% de los habitantes rurales tienen agua y el 25% de saneamiento básico, que ha provocado diversos conflictos y la prevalencia de la desconfianza mutua entre las partes han impedido la consolidación del propósito buscado por la Constitución. ( Dupuits y Bernal, 2015).

África

Entre tanto una pequeña africana, de Uchira, villa del Distrito Rural de Moshi, cuenta con la organización comunitaria UWUA la cual presta el servicio del agua a través de un equipo17 profesional encargado. Esta se encarga de la operación manteniendo el suministro del agua y la recolección del dinero por parte de los suscriptores.

La propiedad comunitaria de UWUA se formaliza a través de una membresía que les permite a los miembros contribuir con el mejoramiento del servicio por medio de contribuciones en dinero o especie, con donaciones de trabajo u otras.

Si bien esta organización tiene muchos aspectos positivos, como la propiedad y participación comunitarias, una crítica al modelo es la desconexión entre la eficiente prestación del servicio y la responsabilidad por el suministro por parte de las entidades locales, pues no se especifica la responsabilidad de estas, frente a los usuarios. (Cleaver y Toner, 2006).

Entre tanto en Yemen, olvidado por muchos, además de los graves problemas políticos, la guerra, la hambruna y muerte constante de niños, otro reto que han enfrentado es el acceso al agua al nivel local.

En ese país el manejo local del agua es considerado importante y quizás el único mecanismo para atender las necesidades básicas de los más marginalizados y pobres.

En ese contexto surgió una asociación de usuarios del agua (WUAS), que funciona como unidad local de gobernanza del agua, bien reconocida y con un alto nivel de aceptación por parte de la población.

Sin embargo, esta organización dedicada a ayudar a la agricultura local y los pobladores ha enfrentado obstáculos tales como el hecho de que en el pasado un propietario privado se beneficiara de la irrigación en su operación agrícola lo cual dejó en evidencia un conflicto de interés por parte de uno de los miembros de la asociación y la inexistencia de una estructura de rendición de cuentas.

Pero a pesar de estas dificultades, la comunidad se destaca por el manejo apropiado de los recursos hídricos y la búsqueda de una forma cada vez más equitativa de acceso al agua y por intentar reforzar la ley del agua en beneficios de las comunidades más vulnerables. (Iveson y Alderwish, 2018).

Conclusiones

Después de describir que son los acueductos comunitarios y veredales, su razón de ser y establecer las diferencias con el resto de los prestadores de servicios públicos y los retos que enfrentan es importante hacer algunos aportes acerca de posibles formas de propiciar su existencia en medio de una economía social de mercado.

Estas breves reflexiones finales apuntan a proponer algunas estrategias para mejorar las condiciones en que funcionan los mismos teniendo en cuenta su importancia no solo como prestadores del servicio si no como generadores de identidad territorial y como conservadores de los recursos hídricos.

Luego de observar como la normatividad amenaza su supervivencia mientras las comunidades resisten los vientos privatizadores resulta indispensable solicitar, en un escenario ideal, en el diseño de una política pública que tenga en cuenta sus peculiaridades y la expedición de una norma especial que corresponda a sus características particulares.

Con base en esta norma o modificación de la Ley 142 de 1994 se podrían presentar documentos Conpes que aboguen por su supervivencia y la delegatura de pequeños prestadores de la Superintendencia de Servicios dispondría de una norma especial para aplicarle a ellos sin que ello signifique, por supuesto, un detrimento en materia de calidad, potabilidad y acceso del agua.

De llevarse a cabo esta modificación será más probable que muchos de los acueductos comunitarios no formalizados se animen a hacerlo sabiendo que habrá un trato diferenciado para estos.

De igual manera, se insiste en la prestación de un servicio profesional que permita dedicar un tiempo, hacer prácticas en estos proyectos comunitarios para asegurar el acceso a este recurso indispensable para la vida humana.

Por último, si Colombia no tuviera un modelo económico y planes de desarrollo enfocados en el neoliberalismo y las locomotoras mineras, cada vez mejor aceitadas, podría pensarse incluso en un Acto Legislativo que permita una reforma constitucional para garantizar al menos la existencia, por esta vía de los acueductos comunitarios, aunque lo ideal hubiera sido tener como en Ecuador un artículo que prohíba la privatización del agua y las nefastas consecuencias que esto ha tenido en países como Chile.

Referencias

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Resolución conjunta 2115/07 (Superservicios)

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Notas:

1 La Corte aclaró que la noción “organizaciones autorizadas” no es asimilable a la de “comunidades organizadas” porque la primera abarca a un cúmulo de prestadores, dentro de los cuales pueden incluirse a particulares que se organicen para la prestación del servicio, pero no a través de la figura de empresa. Engloba las organizaciones de economía solidaria como las cooperativas y a otra clase de comunidades organizadas, se interpreta que estas se encuentran comprendidas dentro de la denominación “organizaciones autorizadas”.

2 De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia T-245/16 indicó que con el fin de garantizar el derecho al agua y el servicio público de acueducto, en Colombia, existen diversos actores que pueden prestarlo.

3 Una comunidad organizada es un grupo de personas que durante años ha desarrollado proyectos políticos, económicos, espaciales o culturales y se caracterizan por su capacidad de autogestión, asociación, igualdad de derechos y deberes de sus integrantes y la participación comunitaria.

4 L a Corte Constitucional en el fallo C-741/03 analizó una demanda de constitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 142/94 pues el accionante consideraba que esta norma restringía las organizaciones autorizadas para la prestación de los servicios públicos y concluyó que esta ley no era contraria a los postulados previstos en la Constitución, y determinó como debían interpretarse ciertos artículos para que se entendiera constitucional.

5 El 28 de julio del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, de forma explícita, a través de la Resolución 64/292 , el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta recoge el marco legal internacional que el acceso a un agua potable y a un saneamiento adecuados es esencial para la realización de todos los derechos humano.

6 En relación con la garantía del derecho humano al agua, los acueductos comunitarios están obligados, al igual que las empresas prestadoras del servicio, a garantizar un mínimo de agua para consumo humano a las personas, de acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Corporación (…) pero incluso si los servicios públicos y los derechos fundamentales son garantizados por privados o asociaciones de usuarios, el Estado debe estar presente en la verificación de las formas de prestación del servicio. T-245/16.

7 Sin embargo, aclaró la Corte en la Sentencia T- 338/17 Estado es el principal obligado en torno a la satisfacción y garantía del derecho al agua (…) debe concurrir diligentemente cuando los acueductos comunitarios lo requieran (…) la existencia de acueductos comunitarios no es una forma en la que el Estado se exime de responsabilidad frente a la prestación del servicio. En estos escenarios, no asume directamente algunas de las obligaciones, pero sin lugar a dudas, debe acompañar las medidas adoptadas y, en especial, debe contribuir decididamente a la superación de las dificultades que se les presenten.

8 Según Barlow y Clarke (2004) hay tres modelos de privatización de las empresas de servicios públicos de acueducto: 1) la venta por parte de los gobiernos a empresas privadas de los servicios de tratamiento y suministro del agua pública; 2) la concesión de licencias de explotación del suministro público de agua a concesionarias que mantienen y cobran el servicio y 3) la contratación de una empresa para que gestione el servicio del agua a cambio de un precio. El modelo más aplicado en el tercer mundo es el segundo a través de sociedades público-privadas o alianzas público privadas.

9 Las instituciones financieras y las empresas de servicio a nivel mundial plasmaron la nueva estrategia mediante la creación de organismos como el Consejo Mundial del Agua , fundado en 1996 por el Banco Mundial . Este consejo tiene como fin elaborar una visión global de la gestión del agua que influya en la política internacional del recurso hídrico. Las principales plataformas de divulgación de este Consejo son los Foros Mundiales del Agua. Un brazo ejecutor de las estrategias de mercantilización del agua es Global Water Partnership (GWP) creada en 1996 por casi todos los que pertenecen al Consejo Mundial del Agua. Su principal actividad es asesorar a los gobiernos de países del sur, en el manejo práctico y las modificaciones de los marcos legales necesarios, con el fin de hacer económicamente viables las privatizaciones.

10 “La Ley 1176 de 2007 le dio vida al mecanismo de financiación con el que los municipios pueden comprometer recursos del SGP y fue utilizado por el Ministro Carrasquilla para crear en 2008, Konfigura, la empresa que gestionó y estructuró los bonos de agua” denuncia la Red.

11 “La política de transformación empresarial y la normativa que de ella se deriva bajo la estrategia de “focalización y eficiencia financiera” obliga a los municipios a delegar el manejo de los recursos públicos para agua y saneamiento básico que le corresponden por el Sistema General de Participaciones -SGP- (1), a través del compromiso de pignoración de vigencias futuras excepcionales giradas a fiducias privadas, durante tiempos prolongados que van de 5 hasta 20 años, sin posibilidad de pagar la deuda antes del plazo pactado”, denuncia la Red.

12 El 30 de septiembre de 2019 enviamos como Red Nacional de Acueductos Comunitarios nuestros comentarios y observaciones al proyecto de decreto que reglamenta parcialmente el artículo 279 “Dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico, manejo de aguas residuales y residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales ” de la ley 1955 de 2019, la cual corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. A continuación les compartimos las observaciones enviadas.

13 La Red hace énfasis en que se les permite continuar con la prestación, pero imponiéndoles los requerimientos en materia tarifaria que se le exigen a organizaciones con ánimo de lucro ( Resoluciones 825 de 2017 y 844 de 2018 de la CRA) y respetando el apoyo decidido del Estado al sector corporativo y extractivista. Han denunciado públicamente que les exigen lo mismo que a los privados en cuanto a la concesión de aguas y que la vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es realizada con base en los estándares tecnológicos del tratamiento del agua y de ciertas calidades del agua que están en condiciones de cumplir con facilidad las empresas y no ellos. (Decreto 1575 de 2007, Resolución Conjunta 2115 de 2007 y la Circular 74 de 2008).

14 De acuerdo con la Superservicios este mecanismo de vigilancia especial y esta herramienta permiten asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de manera continua e implementar los correctivos necesarios.

15 La corporación precisó que: “(…) los usuarios rurales encuentran, a través de la conservación y protección de lo que ellos han construido, un nivel de subsistencia digno y adecuado, en relación con las circunstancias que los rodean. De esta manera, al haber sido levantados como empeños comunitarios, familiares o vecinales, con legitimidad social y formas de organización y niveles de formalidad diversos, esos mismos ejercicios colectivos contribuyen a la articulación social y a la creación de fuertes lazos comunitarios alrededor de los mismos. Por ende, en muchos casos, estos acueductos no solo generan la prestación del servicio público de agua para sus beneficiarios, sino que también fomentan el crecimiento económico, la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la preservación de valores culturales y sociales de la comunidad a la que pertenecen (…) La administración municipal tiene a su cargo, en virtud de la Constitución y de las normas que la desarrollan, asistir a la comunidad a través de apoyo técnico, jurídico y financiero, para superar las falencias en la prestación del servicio, sin que la ubicación geográfica, por no hacer parte del casco urbano, sea una razón para que la administración se desentienda de lo que allí ocurra. (Subrayado propio).

16 Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.

17 En esa comunidad el agua es manejada por un trabajador independiente la lleva a los grifos públicos y las conexiones privadas. El equipo incluye un director general, contadores y personas de afuera de la comunidad que tienen los conocimientos técnicos necesarios para el trabajo. Esta organización recoge dinero por intermedio de donantes para asegurar la sostenibilidad de su proyecto.

Fernanda Sánchez Jaramillo, periodista profesional, magister en relaciones internacionales.

Autora: Fernanda Sánchez Jaramillo

 

Natalio (1978)

 

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