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El reto de la educación iberoamericana

Por Mariano Jabonero.

En 2019 la Organización de Estados iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI) cumplirá 70 años. Aniversario que pone de manifiesto compromiso, continuidad y presencia territorial, atributos que le han convertido en la entidad de referencia en materia de cooperación educativa, científica y cultural, en una región muy diferente a como lo era entonces, y como lo ha sido en tiempos más recientes. Desde un punto de vista político, la democracia se ha consolidado en Iberoamérica. Aun cuando persistan situaciones de inestabilidad, las diferencias entre países se resuelven a través del diálogo y el respeto a las leyes, a lo cual han contribuido, no obstante algunas dificultades, los procesos de integración regional y subregional: juntos y unidos, somos más.

En cuanto a la economía, el Banco Mundial opina que estamos superando la crisis de mejor manera que otras regiones del mundo: si en 2017 salimos de la recesión con un crecimiento del PIB del 0,7%, para 2018 se prevé un 2% y se estima que en 2019 alcancemos el 2,6%.

Podemos creer que Iberoamérica ya se sitúa en el lado de las soluciones y esperanzas y que ya no es parte del problema, pero conviene no caer en un optimismo prematuro: en la reciente Cumbre de las Américas se puso de manifiesto que un 45% de los habitantes de la región opinan que viven en democracias con graves problemas, en las que la corrupción, la economía, la pobreza y la delincuencia son sus mayores preocupaciones.

Aunque persisten situaciones de inestabilidad, las diferencias entre países se resuelven a través del diálogo y el respeto a las leyes

Persisten problemas estructurales como son la excesiva dependencia de commodities cuyos precios se fijan en mercados ajenos, la incertidumbre política, la fragilidad de nuestro territorio y que, siendo la región más rica del mundo, tengamos la distribución de la riqueza más desigual; con un coeficiente Gini de 0,46 que, según la CEPAL, representa un grave obstáculo para el desarrollo sostenible.

Al situar lo que acabamos de describir en un contexto mundial cada vez más interdependiente, globalizado y en una sociedad digital, donde el conocimiento es el principal valor, debemos concluir que es necesario aplicar nuevas políticas promotoras de desarrollo social y reconocer el protagonismo que hoy tiene la educación, ya convertida en una prioridad política en Iberoamérica, como lo demuestra el hecho de que, según el BID, en 2017 hayamos dedicado el 5,1% a este rubro, cuantía superior al 4,9% de los países de la OCDE y más aún del 4,6% que registra la media mundial.

Sin embargo, el esfuerzo se ha centrado en cumplir el objetivo cuantitativo de universalizar la cobertura en educación primaria y básica. El reto de la calidad sigue pendiente: como afirman los ex presidentes y ex ministros de educación de Chile y México, Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo, mejorar la calidad de la educación en Iberoamérica representa la diferencia entre estancamiento y desarrollo. En cuanto a la equidad educativa sirve recordar que no hay sistema en el que ese objetivo no vaya unido de manera inseparable al de calidad y que, en cualquier caso, la escuela debe trabajar para reducir desigualdades y evitar injusticias.

Quizás las políticas educativas claves sean la extensión y cualificación de la educación infantil, trabajar las denominadas competencias del siglo XXI para educar a nuestros hijos y nietos para un futuro incierto y cambiante, distinto a nuestro pasado, dotándoles de competencias que les hagan sentirse confiados, fuertes y resilientes. Apostar por la construcción de una ciudadanía iberoamericana que fortalezca el sentido de identidad y pertenencia a nuestra comunidad, en la que nadie se sienta objeto político y sí sujeto político con derecho a tener derechos y responsabilidades, sin discriminación alguna por razón de sexo, etnia, lugar de origen o residencia o condición social. Todo lo anterior será efectivo si contamos con mejores sistemas de gobernanza que aseguren una gestión educativa más eficiente, participativa y transparente.

Mención especial merece la educación superior. Son miles las instituciones de este nivel y millones los alumnos que a ellas asisten, a quienes debemos ofrecer respuestas de amplio alcance que promuevan la movilidad, la remoción de obstáculos, el reconocimiento mutuo y la extensión de dobles titulaciones, y todo aquello que contribuya a hacer efectivo un sistema iberoamericano del conocimiento y de la educación superior.

En resumen, integración iberoamericana construida desde una educación de calidad y equitativa, con el desarrollo de nuevas competencias, con una identidad y ciudadanía iberoamericana, en un espacio común del conocimiento donde el español y el portugués se afirmen como lenguas francas que compartimos cerca de ochocientos millones de personas.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/25/opinion/1524659801_579095.html

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Los ayuntamientos y el trabajo de la convivencia (2)

Por: Pedro Uruñuela

Señalaba en el artículo anterior la importancia de la labor municipal en el fomento del trabajo de la convivencia en la localidad. Son muchas las cosas que puede hacer un ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación y a través, también, de otras concejalías. El apoyo que puede llevar a cabo se manifiesta de muchas formas, impulsando acciones puntuales, fomentando la formación de todas las personas, coordinando las acciones que se llevan a cabo para reforzar la sinergia entre ellas, etc.

Veíamos en el post anterior la experiencia del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con la elaboración, presentación y puesta en marcha del Plan Estratégico Municipal para la Convivencia Escolar para los próximos tres años. Hoy me gustaría centrarme en el trabajo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Móstoles, recogiendo la celebración de final de curso en lo tocante a la convivencia, dentro del programa municipal “De educación también hablamos”.

En la jornada de cierre del trabajo llevado a cabo a lo largo del curso, cuatro colegios públicos presentaron sus experiencias, que habían sido financiadas y apoyadas por la propia concejalía, con el acompañamiento también de su inspector, Francisco Galván. Pudimos conocer cómo habían elaborado su propio plan de convivencia para el centro, la aplicación de la mediación en infantil y primaria, la participación de las familias, etc. La concejalía de Educación anunció la publicación en la página web de estas experiencias, a partir del material usado por sus protagonistas en la presentación. Será muy interesante poder repasarlas y recordarlas.

El tema elegido para la jornada de clausura tenía por título “Su castigo, nuestro fracaso: prácticas restaurativas y convivencia”. Hubo oportunidad de reflexionar sobre el modelo retributivo presente en muchas sanciones, su forma de aplicación y sus consecuencias para el propio alumnado y para el centro, en general. La obsesión por el control del alumnado, la insistencia en la imposición de todo un catálogo de normas claras a la vez que severas, la aplicación de sanciones rigurosas a quienes incumplen dichas normas, el refuerzo de la autoridad del profesorado, etc. fueron las características más comentadas por parte de las personas que llenaban el salón de actos del Centro Cultural.
Se puso igualmente de manifiesto la insuficiencia de este planteamiento para dar respuesta adecuada a las situaciones de quiebra de la convivencia existentes. En el modelo retributivo-reactivo se aplica la norma existente, pero no se tienen en cuenta las emociones y necesidades del alumno o alumna, cómo lo está viviendo y cómo es necesario acompañarle en el proceso de identificación, comprensión y regulación de estas emociones. Igualmente, se insistía en cómo el castigo dice lo que no se debe hacer, pero no enseña la conducta que se debe practicar. De ahí su insuficiencia para conseguir un cambio de actitudes en el alumnado que lleve, a su vez, a la aparición de otras conductas diferentes.

En el marco de un modelo restaurativo, frente a la pregunta “quién es el culpable”, se plantea ante todo “cuál es el daño causado y cómo se puede reparar y solucionar”. A partir de ahí, se insistió en la necesidad de implicar a todo el grupo y a toda la comunidad en la búsqueda de alternativas, caracterizando las principales notas de este modelo. Así, se insistía en la asunción de responsabilidades, la necesidad de reparación del daño causado, y, a la vez, en la búsqueda de la reconciliación entre las personas, algo clave teniendo en cuenta la duración de la relación a lo largo de todo el curso y, probablemente, en cursos sucesivos.

Las características del modelo restaurativo centraron la exposición posterior en dos aspectos clave. El primero es la necesidad de construir y reforzar el grupo de alumnos y alumnas, de revisar el estilo de relación y acompañamiento que, como personas adultas, tenemos con el alumnado y la insistencia de trabajar CON los alumnos y alumnas, no PARA o CONTRA ellos. Es necesario dedicar tiempo a la construcción del grupo, principal recurso para la prevención de los conflictos, y para la construcción de una buena relación personal con los alumnos y alumnas. En un grupo cohesionado es más difícil que aparezcan conflictos, pero en el caso de darse, el modelo restaurativo trabaja la comprensión mutua, la asunción de responsabilidades y la elaboración conjunta de la respuesta. Sin esta base relacional, de poco valen las normas y las sanciones, que adquieren su principal sentido desde la relación, el afecto y los vínculos construidos dentro del grupo.

Interesante fue también la reflexión sobre las preguntas restaurativas y el análisis de las preguntas que solemos hacer al alumnado y a las propias familias. Lejos de insistir en los “por qué” o los “quién ha sido”, son mucho más interesantes las preguntas que buscan aclarar “qué ha pasado”, “a quién le afecta”, “cómo se sienten las personas afectadas”, “qué piensas ahora de lo ocurrido” y “qué podríamos hacer para mejorar la situación”. Por último, unas reflexiones sobre los círculos restaurativos y sus características, así como los cambios de actitud y planteamiento necesarios, tanto a nivel de profesorado como del propio centro, sirvieron para cerrar la reflexión, tras más de dos horas de tratamiento del tema.

Quizá lo más importante de esta experiencia fue el poder comprobar el entusiasmo y el deseo de continuar el próximo curso tanto con las acciones iniciadas y llevadas a cabo este curso como con las nuevas perspectivas mostradas en la jornada, buscando su concreción a través de grupos de trabajo dispuestos a llevar a la práctica diaria de los centros estos planteamientos restaurativos. Y todo ello con el apoyo del propio ayuntamiento.

Lo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Arganda y por el de Móstoles pone en primer plano dos experiencias concretas, indicadoras del importante papel que pueden y deben representar los ayuntamientos en el trabajo de desarrollo e implantación de la convivencia positiva. Es necesario reivindicar su papel y crear cauces para que su acción se generalice.

Son varias las acciones que puede poner en marcha un municipio para el fomento de la convivencia. Sin ánimo de exhaustividad, puede impulsar el estudio y análisis de la situación de la convivencia en los centros educativos y en el propio municipio, en general. Puede, asimismo, poner en marcha acciones de formación dirigidas tanto a las familias como al alumnado, incluyendo aquí también las dirigidas al propio profesorado. Puede organizar actividades y encuentros para el fomento de la convivencia, impulsar también actividades de apertura al entorno a través de proyectos de aprendizaje-servicio facilitados por el propio ayuntamiento… Y, sobre todo, puede y debe coordinar y hacer sinergia con todas las actividades que se llevan a cabo, respetando el papel protagonista de los centros.

Suele decirse que, en educación, es la hora de los municipios, y que es necesario reforzar su papel y función en ella. Los temas relacionados con la convivencia son un buen ejemplo de ello. Animemos y potenciemos su papel, pues los resultados, sin ninguna duda, van a merecer la pena.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2018/06/26/los-ayuntamientos-y-el-trabajo-de-la-convivencia-2/

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Es Momento de Abolir nuestra Apartheid

Como se conoce, el Apartheid fue una de las tantas políticas raciales aplicadas en el mundo por los factores de poder, específicamente en Sudáfrica luego de la llegada en 1948 del Partido Nacional hasta 1990 al ser abolida a través de un movimiento popular encabezado por el gran líder Nelson Mandela, dicha política prohibía todo tipo de relación afectiva o social entre razas desde relaciones de parejas de blancos con negros, indios, mestizos hasta compartir el mismo medio de transporte, sanitario, lugares de esparcimiento, llegando al punto en 1950 de establecer zonas de residencias fragmentadas en grupos raciales.

Cualquier parecido con la realidad con lo vivido en Venezuela es pura coincidencia, durante 18 años los venezolanos somos no solo testigos sino protagonistas del odio y la discriminación entre compatriotas o conciudadanos, familias que no solo dejaron de hablarse por posturas políticas sino llegar al punto de odiarse mientras los promotores de la polarización tienen una convivencia muy distinta a la que se refleja en las cámaras de televisión y redes sociales, haciendo una comparación con la actualidad política y el Apartheid, vemos como ciudadanos que conviven y coinciden con los mismos problemas apuntan la culpa al otro ocupando más tiempo en los antagonismos que en los puntos comunes.

Como muestra de ello se pueden hablar de diferentes episodios en los últimos 20 años como desde un sector al otro se le cataloga a los que militan y/o simpatizan con el gobierno como chusmas, malandros, corruptos, etc., y por la contraparte se le tilda a los que no militan con la revolución como oligarcas, apátridas, terroristas, etc., como no recordar cuando el día del golpe de estado del 12 de abril de 2002, medios de comunicación de señal abierta solicitaban información de donde estaban escondidos los dirigentes del gobierno, pero por otro lado años después en instituciones públicas se sacó otro instrumento discriminatorio tan igual de deplorable como lo fue la lista Tascon; si evaluamos desde allí hasta nuestros días no sería difícil analizar cuánto daño nos hemos causado como sociedad.

Hoy se habla desde los organismos internacionales como la UNESCO que la humanidad transita en la sociedad del conocimiento pero ¿Qué tan útil es un conocimiento que no permite a los seres humanos reconocerse, entenderse, y trabajar en los puntos comunes como el rescatar esta sociedad en el cual vivimos? Venezuela de acuerdo a los expertos sufre una de sus mayores crisis económicas, sin embargo, también cabria la interrogante ¿y a su vez no estaríamos sufriendo nuestra mayor crisis de ciudadanía? Realmente hago esta pregunta porque sería importante que alguien contestara ¿cómo puede ser factible un dialogo sin voluntad de ambas partes?,

Por ello ante esta fragmentación auspiciada por la polarización e intolerancia política que día a día deteriora la afiliación entre venezolanos,  detengamos esta Apartheid, lo que hoy estamos viendo del país hermano de Nicaragua no es una situación extraña para nosotros, también la vivimos con más de 138 muertos que hoy muchos estarían viendo el mundial con sus familias y amigos si hubiera existido un sincero dialogo y se le colocara a la política la “P” mayúscula, no es tiempo para buscar culpables sino soluciones, razones y motivos para defender sus posturas y puntos de vistas sobran de lado y lado pero más importante esta la necesidad de entendimiento entre los distintos factores de la sociedad.

Tengo la convicción que los que asumimos quedarnos no lo hacemos por cobardía o por comodidad, sino por creer en esta tierra que es tan tuya como mía por último, el Maestro Cruz Diez refirió que “hay que inventar un nuevo lenguaje político que hable de democracia, de valores éticos, de libertad, progreso y justicia social, hay que inventar la educación y crear un país de emprendedores, artistas e inventores, un país digno y soberano en el contexto global, en fin, en Venezuela hay que inventarlo todo ¡Qué maravilla!.” Por ello solamente todos son los necesarios para construir esa Venezuela que soñamos.

Artículo en conmemoración a los  27 años de la derogación del  Apartheid

“Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz” Nelson Mandela

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The Two Biggest Problems With College

By Davi Leonhardt 

American higher-education policy has two overarching problems. We don’t spend enough money on college education for middle-class and poor students. And we don’t demand enough accountability from colleges.

The two problems feed off each other, leading to miserably low graduation rates — often below 50 percent — at many colleges. The colleges that have figured out how to do better aren’t rewarded with more resources. The colleges with weak results face few consequences. All the while, lower-income students suffer.

Fortunately, the problem of college performance is starting to get more attention — from colleges themselves, state officials and others. But there is still a huge missing piece: the federal government. Washington has the potential to influence higher education, via both money and oversight, more powerfully than any state or college consortium.

I don’t see much reason to hope that the Trump administration will play this role. Betsy DeVos, the education secretary, seems more focused on using federal dollars to lift the profits of private education companies, regardless of how well or ill they serve students.

Outside the administration, though, some policy experts are starting to have intriguing conversations about the future of federal higher-education policy. The latest example comes from the Center for American Progress, the liberal research and advocacy group, which on Wednesday is set to release a new higher-education proposal. It focuses on those two big problems: lack of resources and lack of accountability.

The proposal calls for roughly doubling federal financial aid, an increase of $60 billion a year. (That’s less than one-fourth of the annual cost of the Trump tax cut, as Ben Miller, a former Education Department official who helped write the proposal, told me.) The bulk of that money would increase financial aid by up to $10,000 a year for a low- or middle-income student.

This money would effectively help cover student living costs, which often run close to $15,000 a year. Those costs — mostly room and board — are a major burden even for students who receive enough financial aid to cover much of their tuition bill. In fact some higher-education experts believe the recent attention on “free college” has been problematic, because it has obscured the fact that tuition isn’t the main issue for many lower-income families.

The second part of the new proposal would require colleges to meet performance benchmarks in exchange for the infusion of new federal spending. These benchmarks would include graduation rates and post-college employment and would vary based on “degree of difficulty.” A college that enrolled mostly low-income students wouldn’t be expected to have the same results as an elite college. Over the long term, colleges that failed to meet the benchmarks could lose funding, as is already the case in some states, including Florida and Indiana.

I don’t agree with every part of the proposal. I think it focuses too much on equity among demographic groups within colleges, for example — whether white and non-white students, or high- and low-income students at a given college fare similarly. These gaps exist, but they are usually modest. The much bigger problem is that students from different groups tend to attend different colleges. But I also think the plan is an excellent way to start the discussion.

A college degree remains the most reliable path to a good job and a healthy, satisfying life. That path should be open to a much larger segment of Americans than it is now.

On the news. President Trump’s use of the word “infest” yesterday continues his ugly pattern of describing illegal immigrants as subhuman. And “infest” is particularly stark, because it suggests that immigrants are akin to insects or rats — an analogy that Nazis frequently used to describe Jews, as Aviya Kushner notes in The Forward.

On the same subject, Slate’s Jamelle Bouie predicts that Trump’s

dehumanizing language “will only get worse as November approaches.” Bouie adds: “To energize its voters, the White House plans a campaign of vicious demagoguery.”

I’m not suggesting that Donald Trump is a Nazi. He is not. Yet it would be wishfully naïve to explain away his racism and his hate at this point. In both word and deed, he has shown himself to be quite comfortable with many of the ideas of white supremacy.

Source of the article: https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/college-middle-class-poor-students.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FEducation

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¿Laica o libre? ¿Iglesia o Estado?

Por Analia Mas

En pleno debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, podemos observar que quienes se oponen confunden moral y derecho, y pretenden que los comportamientos que la religión católica considera inmorales o pecaminosos sean tratados como delitos por parte del Estado.

Ferrajoli le dio un nombre a esta posición: “fanatismo”. Así se puede definir a la utilización del derecho para imponer a toda la sociedad la moral de una determinada religión a pesar de su absoluta ineficacia. Mientras tanto, permanecen indiferentes frente al sufrimiento inútil que su imposición moral provoca a millones de mujeres, personas gestantes y sus familias.

El fin del Derecho no es ofrecer un brazo armado a la moral. Solo los Estados Laicos garantizan el respeto a la igualdad en la diversidad y la convivencia pacífica entre quienes tienen distintos planes de vida y distintas opiniones.

La Iglesia Católica argentina ha exigido históricamente la imposición de su concepción moral en las temáticas de sexualidad, educación y vida familiar.

Luego de décadas de lucha de los feminismos y del movimiento de mujeres por los derechos sexuales y (no) reproductivos, quienes hoy se oponen a la sanción de la ley descubrieron repentinamente la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral y de la anticoncepción. Sin embargo, está documentada la oposición histórica al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a la Ley de Contracepción Quirúrgica, a la ESI y a la adhesión al Protocolo facultativo de la CEDAW, apelando a concepciones religiosas.

Son lxs mismxs que se opusieron a las leyes de voto femenino, divorcio, matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción médicamente asistida y muerte digna. Todxs somos pro-vida; ellxs son “antiderechos”.

En este contexto, resulta preocupante que, al mismo tiempo que se abrió el debate por la IVE, comenzara a debatirse el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre (pseudo) “libertad religiosa”. Tal como dijo Claudia Piñeiro: “nos roban las palabras”, porque ese proyecto poco tiene que ver con la libertad. Refuerza la injerencia de las religiones sobre nuestros cuerpos y pone en riesgo el acceso a las todas las leyes que ampliaron derechos en los últimos años.

Ese proyecto prevé la objeción de conciencia tanto individual como institucional en base a convicciones religiosas y morales y dispone que lxs empleadorxs, tanto estatales como privadxs, deben adecuar las actividades a las prácticas religiosas de lxs trabajadorxs, modificando el paradigma de la neutralidad del Estado en materia religiosa.

Así, de sancionarse esta ley, un establecimiento educativo podría enseñar la teoría creacionista, negarse a enseñar los contenidos de la ESI, a recibir a niñxs trans o a hijxs de dos personas del mismo sexo.

En el ámbito de la salud, lxs médicxs, o un centro de salud entero, podrían ampararse en la objeción de conciencia para negarse a proveer anticonceptivos, a practicar técnicas de reproducción humana asistida, a  la interrupción legal del embarazo o a la ligadura tubaria. Así como podrían negarse a casar a dos personas del mismo sexo o a realizar el cambio registral a una persona trans.

Este proyecto revierte la excepcionalidad del instituto de la objeción de conciencia para convertirse en una regla. Y su práctica masiva podría poner en riesgo las políticas públicas sobre sectores tan sensibles como la salud y la educación.

Es hora de que la mitad de la humanidad goce de la autonomía a decidir sobre su propio cuerpo y su propio destino, a elegir su plan de vida sin coerciones de una concepción moral externa.

Es hora de separar la iglesia del Estado.

* Secretaria de Género y Laicismo de la Falgbt, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico y de la Campaña por el Derecho al Aborto

Fuente del artículo: https://www.pagina12.com.ar/123815-laica-o-libre-iglesia-o-estado

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La educación no es mercancía


Por Enrique Del Val Blanco

Piden a los gobiernos no firmar tratados de libre comercio con otros países que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo.

En este mes se han celebrado dos reuniones muy importantes para la educación superior, ambas en la emblemática ciudad de Córdoba, Argentina, en ocasión del festejo de la gesta estudiantil que en 1918 logró por primera vez la autonomía en América Latina.

La primera fue convocada por el Instituto de la Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC), dependiente de la Unesco, titulada III Conferencia Regional de Educación Superior, con la asistencia de más de 5,000 personas, desde ministros, rectores, académicos hasta estudiantes y trabajadores.

Entre los puntos importantes a destacar reflejados en su Declaración se encuentran los siguientes: con lo convulsa que está la región, es necesario luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable, haciéndose eco de los estudiantes reformistas de hace 100 años, quienes proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. No pueden ser olvidados porque los dolores de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social están a la orden del día en la mayoría de nuestra región.

Esta tercera Conferencia insiste y refrenda los acuerdos de años pasados celebrados en La Habana, París y Cartagena, en donde se reafirma el postulado de que “la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal, un deber de los Estados el financiarlo”. Este postulado es uno de los fundamentales que deben guiar el desarrollo de la educación en nuestros países.

Asimismo, se conminó a los Estados a ser más eficientes en la regulación de la oferta extranjera, ya que en muchas de nuestras naciones ha profundizado la transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, cercenando en muchos casos el efectivo derecho social a la educación. La declaración llama a revertir esta tendencia, para lo cual los Estados nacionales deben establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles del sistema educativo.

Piden a los gobiernos no firmar tratados de libre comercio con otros países que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo. En resumen y con sus palabras, la Declaración de Córdoba dice: “La educación no es una mercancía”. No se podría estar más de acuerdo.

La otra reunión se celebró en los recintos de la Universidad de Córdoba, en donde uno de los actos centrales fue una mesa redonda en la que intervinieron los rectores de Buenos Aires, Sao Paulo, Salamanca, Complutense y de la UNAM.

El rector Graue hizo un recuento de cómo se encontraba nuestro país en 1918, mencionando que salíamos de un largo periodo de autocracia gubernamental en donde la injerencia del Estado y las fuerzas conservadoras en los asuntos universitarios tenían a la educación superior al servicio de intereses políticos y religiosos.

También reconoció que el impacto de la lucha de Córdoba se extendió por todo el continente, destacando la lucha de los estudiantes de San Marcos en Perú en 1919 y en la Habana en 1922, y señaló que en nuestro país, la UNAM alcanzó su autonomía en el año de 1929, aunque hubo otras universidades que la lograron antes.

Aprovechó para recordar el año de 1968, mencionando que fue de luto en la historia de la autonomía universitaria en nuestro país, pues éramos gobernados por un partido hegemónico y vivíamos un régimen autoritario, indicando que a ese año lo escogió la historia para que las
juventudes enfrentaran la falta de libertades en muchas partes del mundo.

Gracias a las luchas de miles de estudiantes se logró que en 1980 la autonomía de las universidades públicas se elevara a rango constitucional y ha permitido a la UNAM crecer como una universidad laica y popular, con un objetivo central, que es formar jóvenes que crezcan en un mundo tolerante, diverso y sustentable.

El rector finalizó su intervención señalando que “la historia de la autonomía latinoamericana es, pues, la historia de las universidades frente a los Estados, frente a sí mismas y frente a la sociedad en la que están arraigadas”.

Fuente del artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-del-val-blanco/la-educacion-no-es-mercancia/1247467

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La educación rural requiere poner a los estudiantes como el foco de atención

Por Santiago Cueto Caballero

Estudio tras estudio muestran que los estudiantes en zonas rurales alcanzan aprendizajes considerablemente menores que sus pares en zonas urbanas. Los motivos estarían en una combinación de factores socioeconómicos de los estudiantes y sus familias, y de otros vinculados al sistema educativo. Entre los primeros tenemos que los estudiantes rurales suelen ser más pobres, con padres menos educados y a menudo con una lengua materna indígena. Esto trae dificultades educativas pues las escuelas están pensadas principalmente para educar en castellano a estudiantes en grupos homogéneos. Adicionalmente, los estudiantes rurales generalmente no tienen los recursos educativos compensatorios de sus familias y comunidades que sus pares urbanos sí tienen.

Asimismo, informes como el de la Defensoría del Pueblo y varios estudios demuestran que los estudiantes rurales en general asisten a escuelas donde tienen menores recursos y oportunidades para aprender que sus pares urbanos. Por ejemplo, con frecuencia se agrupa a estudiantes rurales de varias edades y grados en un solo ambiente, a cargo de un docente, que por lo general no cuenta con preparación específica, ni materiales ni metodologías para escuelas multigrado. En las zonas rurales también suele haber menor infraestructura escolar (por ejemplo, provisión de baños, agua, telefonía, internet y laboratorios). Así, el sistema educativo, sin proponérselo, refuerza y perpetúa las condiciones de inequidad socioeconómica que se observa entre los estudiantes desde el inicio de su escolaridad.

Frente a este panorama se requiere un nuevo enfoque de políticas educativas, que junto a la calidad (aprendizajes) ponga la equidad de oportunidades como prioridad. Esto tendría que iniciarse con una concepción de las escuelas y del sistema educativo al servicio de los estudiantes. En términos generales, podríamos decir que el sistema educativo actual está organizado a la inversa, con la institución educativa como el centro, requiriendo que los estudiantes se adapten a esta o fracasen lenta y paulatinamente. Esta concepción implicaría seguramente aceptar que educar a estudiantes en zonas rurales resulta más costoso que hacerlo en zonas urbanas; la mayor provisión de recursos financieros tendría que estar atada a un sistema flexible que permita diagnosticar necesidades y potencialidades localmente, respondiendo con intervenciones múltiples y coordinadas (no solo educativas, sino también de salud, nutrición y lucha contra la pobreza) para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. Eliminar las brechas de aprendizaje entre estudiantes urbanos y rurales: tal debería ser una de las metas urgentes de la política educativa.

 

Fuente del artículo: http://www.defensoria.gob.pe/educacion-rural/articulo-03.html

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