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España / 11 de febrero de 2018 / Autor: Teresa Villuendas Asensio / Fuente: La Rioja

«Debemos poner en valor la coeducación si aspiramos a ser una sociedad inclusiva, suprimiendo la posibilidad de concierto a los centros que segregan por razón de sexo»

El impacto de los recortes presupuestarios y la implantación definitiva de la Lomce han conducido a la educación española a un escenario muy difícil.

La reducción en la inversión ha iniciado un proceso que ni siquiera la recuperación económica ha permitido revertir. Los últimos Presupuestos Generales redujeron el capítulo de Educación hasta el 4,1% del PIB y no conviene olvidar que el último compromiso en el Plan de Estabilización del Gobierno enviado a Bruselas amenaza con recortarlo más aún, hasta el 3,7 % para 2020. El balance de este recorte es evidente, perjudicando notablemente a los elementos que garantizan la calidad del sistema educativo.

España ha pasado de alcanzar la media de los países de la UE en gasto educativo, a ocupar el quinto puesto por la cola, solo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia, según los datos de Eurostat.

Resulta una obviedad que recortar el gasto educativo es la peor inversión que un país puede hacer, supone garantizar que las desigualdades de hoy serán más grandes mañana y cercenarán las posibilidades de tener un desarrollo sostenible basado en el alto valor del trabajo y no en la devaluación de sus salarios.

Por su parte, el escenario que nos deja la Lomce nace de un diagnóstico poco riguroso y no consensuado con la comunidad educativa, así que, lejos de aportar soluciones eficaces, impone un modelo injusto, con un planteamiento que nos conduce a una rebaja de la calidad de la enseñanza, mermando seriamente la igualdad de oportunidades, fomentando la segregación y la discriminación del alumnado y supone un ataque al derecho de la educación.

En el área curricular escolar establece itinerarios en 3º de ESO donde los alumnos y alumnas deben elegir entre unas Matemáticas Académicas o unas Matemáticas Aplicadas. Esta decisión limita definitivamente su futuro, dirigiendo a los jóvenes de tan solo 13 o 14 años hacia unos estudios u otros de manera prácticamente irreversible.

Los Programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) son programas con metodologías y contenidos adaptados en 2º y 3º, pero no para 4º de la ESO, esto condena a un callejón sin salida al alumnado que los cursa al no poder finalizar 4º de forma ordinaria, y, por tanto, no poder obtener el Título Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Un despropósito cuando la obligación de un Sistema Educativo debe ser facilitar el éxito escolar y no limitar su futuro académico y profesional.

La Lomce relega a la optatividad la formación cívica y ética, ya que solo es accesible para aquellos alumnos y alumnas que no hayan decidido cursar la asignatura de Religión, aun cuando el Consejo de Estado señaló que la formación cívica y constitucional debe ser parte del contenido curricular al que todos los alumnos deben tener derecho. Por lo tanto, se debe garantizar que todo el alumnado tenga derecho a cursar una formación cívica, ética y constitucional, así como que todo aquel que lo desee pueda cursar una formación religiosa evaluable, pero sin valor académico.

Debemos también poner en valor la coeducación si aspiramos a ser una sociedad inclusiva, suprimiendo la posibilidad de concierto a los centros que segregan por razón de sexo, separando a los niños y niñas en las aulas.

Respecto a la organización y funcionamiento de los centros educativos, la Lomce da un duro varapalo a la participación de la comunidad escolar, modificando la figura del director o directora de centro, sus funciones y los criterios para su elección.

El Consejo Escolar pasa de ser un órgano de gobierno con decisión a un órgano meramente consultivo.

Razones imperiosas ambas por las que urge, sin duda, recuperar la participación real y efectiva en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación en los centros educativos a través de los Consejos escolares.

El diseño de la red de centros no se escapa a los perniciosos efectos de la Lomce, estableciendo que la programación de la red se haga de acuerdo con «la demanda social», suprimiendo la obligación de las administraciones educativas a garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Lo que permite de hecho convertir la escuela pública en subsidiaria de la escuela privada concertada, cuando en realidad, la obligación del Estado es restituir plazas públicas suficientes para que nuevamente fluya una coexistencia equilibrada y racional en ambas redes, priorizando la escuela pública en la oferta educativa.

Promover un acuerdo social y político por la educación y la derogación de la Lomce son compromisos ineludibles que los socialistas mantenemos con la sociedad española.

Hasta hoy, la actitud y el desinterés que el Gobierno está mostrando para la consecución del Pacto Social y Político por la Educación nos induce a pensar que el Gobierno intenta alargar el proceso más allá de lo razonable y necesario porque no tiene ninguna intención de corregir la perversidad de esta Ley, que parte de una visión sesgada de la sociedad española.

Fuente del Artículo:

http://www.larioja.com/opinion/males-lomce-20180123002712-ntvo.html

Fuente de la Imagen:

http://aladecolibri.blogia.com/temas/la-lomce.php