Por estos días, cuando se habla de las dificultades económicas por las que atraviesan las universidades públicas y cuando se debate sobre las aparentes fortalezas y conveniencias de programas como “Ser pilo paga” y otras iniciativas de créditos para adelantar estudios universitarios, y en general, cuando se defiende el subsidio a la demanda con preferencia al financiamiento de la oferta de las universidades públicas, aparece el falso argumento de la ineficiencia de las universidades públicas como causa de su desfinanciamiento.
Es mi obligación, por lo tanto, pronunciarme sobre este tema y muy especialmente, hacer énfasis sobre algunas de las verdaderas causas del problema financiero de las universidades del Sistema Universitario Estatal.
Desde la aprobación de ley 30 de 1992, actualmente vigente, las universidades públicas han aumentado su cobertura. En efecto, en 1993 teníamos unos 160.000 estudiantes de pregrado matriculados en las universidades públicas del país y actualmente hay cerca de 560.000. Hasta hace 25 años no había sino un par de programas de doctorado en el país, desarrollados en la Universidad Nacional. Actualmente hay cerca de 4000 estudiantes de doctorado y 1700 de especialidades médicas. En 2003 ya se contaban 19.652 estudiantes de posgrado en las universidades públicas, cifra que hoy se ha duplicado.
Estos números revisten especial importancia por cuanto el costo de la formación en posgrado, especialmente en programas de maestrías de investigación y doctorados, es considerablemente superior al costo de la formación en pregrado. En la Universidad Nacional, por ejemplo, los estudiantes de posgrado constituyen el 18 % de la población estudiantil actual y su costo semestral promedio es de 3 veces el de un estudiante de pregrado.
El decreto 1279 de 2003 estableció un régimen salarial para los profesores universitarios de las universidades públicas que incluyó factores nuevos tales como la productividad académica y los títulos universitarios, que tienen un peso especial en la remuneración. El impacto de este decreto ha mejorado los indicadores nacionales de investigación, pero ha implicado un incremento anual real adicional cercano al 3% en los salarios de los profesores, que las universidades públicas han cubierto con sus recursos propios.
Normas y sentencias en aspectos salariales, con posterioridad a la vigencia de la ley 30 de 1992, han contribuido al desequilibrio presupuestal de las universidades. (Ver documento del Sistema Universitario Estatal: “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia”). Así mismo, incrementos salariales por encima del IPC no han sido siempre garantizados por los gobiernos en los presupuestos de las universidades, teniendo éstas que cubrir con recursos propios las diferencias que se acumulan y crecen anualmente, por cuanto afectan también los aportes parafiscales. Su efecto se estima hoy en unos $300 000 millones.
La apuesta por mejorar y aumentar la formación de estudiantes de doctorado y maestría ha implicado, como es apenas natural, una transformación de una planta docente que para el año de expedición de la ley 30 estaba constituida en su mayoría, por docentes que sólo tenían un título de pregrado. A manera de ejemplo, en la actualidad, en la Universidad Nacional de Colombia 1459 de sus 3008 profesores tienen formación doctoral y 1271 tienen un título de maestría de investigación o de especialidad en alguna rama de la medicina. Esta alta cualificación docente ha demandado importantes recursos adicionales por el reconocimiento de títulos y publicaciones, pero también ha demandado esfuerzos económicos adicionales para el cubrimiento de comisiones de estudio que han permitido alcanzar estas cifras.
Las universidades públicas cuentan hoy con cerca de 2500 grupos de investigación, el 50 % del total del país, que requieren infraestructura, apoyo tecnológico, de cómputo, de comunicaciones, pero muy especialmente de equipos de laboratorios y de técnicos y operarios adicionales.
La misión social, que adicionalmente cumplen las universidades públicas para formar una población estudiantil vulnerable, obliga la implementación de programas de bienestar ambiciosos que garanticen la permanencia y faciliten el buen desempeño académico, con evidentes costos adicionales.
Los anteriores aspectos, entre otros, han producido unos costos de funcionamiento que crecen anualmente a una tasa real de 4 puntos por encima de los aportes que establece la Ley 30 de 1992 para tal fin.
Los esfuerzos adelantados por las universidades públicas por ofrecer educación y realizar investigación de alta calidad, mayor cobertura, alta cualificación docente y mejores condiciones de bienestar para sus estudiantes, así como el cumplimiento responsable de la ley y decretos reglamentarios atendidos con recursos propios, son las verdaderas causas de su desfinanciación.
Es irracional, entonces, que a pesar de mostrar contundentes resultados la política educativa se incline ahora a financiar la demanda de la educación superior en contra del apoyo financiero indispensable para las universidades públicas.
El video que se viralizó en los últimos días, en donde una mamá insulta violentamente a una maestra, pone sobre el tapete uno de los problemas graves que vive la educación en Argentina y en el mundo: la violencia. Una violencia que se manifiesta a través de formas distintas: acoso escolar o bullying (cuando esta violencia es entre pares), ataques vandálicos recurrentes en las escuelas (más de 33 casos en La Plata en el año 2016), robo de mochilas o celulares a la salida de las escuelas o, como en este caso, la agresión de madres o padres a los docentes y profesores.
Como se desprende de los focus group en la investigación que venimos haciendo sobre Familias y Escuela en el Observatorio de Calidad Educativa, la violencia que vive la sociedad ha ingresado en la escuela. Y familias y docentes reconocen que no están preparados para enfrentarla.
Tenemos que partir de una primera evidencia. Ser docente hoy no es lo mismo que hace treinta o cuarenta años.
Hoy vivimos un país cuya desigualdad estructural creció significativamente. Más del 48 % de los niños en edad escolar, como lo informa el INDEC, son pobres. Muchos de esos niños y jóvenes van a la escuela para aprender, pero también por un plato de comida. Cerca de 1.500.000 jóvenes y niños comen en las escuelas del Conurbano y un porcentaje importante de esos niños y jóvenes viven en un contexto de violencia que se ha naturalizado, como lo prueba la investigación de Carlos Auyero y María Fernanda Berti, “La violencia en los márgenes”, a pesar del aumento exponencial de la tasa de criminalidad de las últimas décadas.
Pero también el fenómeno creciente de la drogadependencia impacta sobre las escuelas. Como informa el último trabajo del Observatorio de la Deuda Social, el consumo de drogas y alcohol golpea cada vez más a los más jóvenes. Basta un solo dato: el 55 % de los jóvenes del Conurbano dice conocer que un vecino vende drogas en su barrio. Como comentan los docentes en los focus group: los nuevos estudiantes secundarios viven una euforia de fin del mundo, una suerte de epifanía inconformista que explota en rituales nuevos como el UPD (el último primer día) en el que los alumnos que terminan el ciclo festejan, en una suerte de jornada postapocalíptica, el último año de estudios.
Son pocos los protocolos para intervenir ante esta nueva situación. Pero insisto, no es un problema sólo argentino. Finlandia, hace varios años que detectó problemas similares e impulsó un largo trabajo para disminuirlo que concluyó en el exitoso programa KIVA. El plan finlandés para intervenir sobre el bullying está probado en el mundo, más de 15 países de la Comunidad Europea lo vienen desarrollando, y hace pocos meses ha llegado a la Argentina. Es bueno que organizaciones como el CETECO en La Plata estén avanzando, formándose y articulando experiencias y capacitación en este campo. Pero todavía son movimientos espasmódicos. Para el caso de los robos y el vandalismo es poco y nada lo que se ha avanzado para establecer programas de seguridad escolar en las inmediaciones de las escuelas (muchas ordenanzas de similar formato duermen en los consejos deliberantes de la provincia), establecer corredores seguros para los niños y las familias en los accesos a las escuelas, y son escasos (Tigre fue el primero) los municipios que impulsaron la asignación de botones antipánico a docentes y escolares. Muy pocas escuelas tienen cámaras de seguridad en las cercanías y es nula la capacitación de las fuerzas de seguridad para trabajar con niños y adolescentes. Basta mencionar la represión producida en las inmediaciones del municipio de Berisso sobre una marcha de estudiantes secundarios que reclamaban por el Fondo Educativo.
Volvamos a señalarlo, la violencia de la sociedad ya entró en la escuela. Si no queremos verlo estamos peor de lo que creemos.
El trabajo docente que se lleva a cabo en las escuelas donde se desarrolla la educación básica en México (preescolar, primaria y secundaria), es clave para comprender al conjunto del sistema educativo nacional, porque dicha labor influye de manera directa tanto en la preparación como en las oportunidades de desarrollo para poco más de 23 millones y medio de niños, niñas y jóvenes de todo el país. En ese nivel educativo el número de profesores estimado para el presente ciclo escolar 2000-2001, por ejemplo, es de un millón 9 mil 257. De ellos en Preescolar laboran: 155, 777 (particular 16, 292); en Primaria: 545, 717 (particular: 42, 915); y en Secundaria: 307,763 (particular: 43,919). Cabe anotar que las estadísticas se refieren al número de plazas y no necesariamente al número de personas. (SEP. Informe de labores 1999-2000).
En esta franja del sistema educativo mexicano, que es a la vez su base, se reflejan sin embargo, ciertas prácticas y actitudes que son propias del quehacer educativo conservador: En las escuelas predomina, por ejemplo, la falta de planeación administrativa y académica, escaso conocimiento sobre la estructura curricular, ausencia de criterios académicos en el diseño de estrategias y medios para evaluar los aprendizajes, bajas inversiones para la actualización de los maestros en contenidos escolares o en diversos aspectos del desarrollo infantil; insuficiente capacitación en materia psicopedagógica; excesiva directividad y control sobre los alumnos, inclinación a mantener relaciones autoritarias y discriminatorias, procesos administrativos lentos, generalmente marcados por la «burocratización» y, en especial, existencia de un ambiente culturalmente pobre, o poco motivante para el desarrollo profesional de los maestros.
Esta situación no sólo es exclusiva del sistema de educación pública, sino que también se extiende hacia el conjunto de las escuelas patrocinadas por particulares, puesto que el tema de la obsolescencia de las prácticas docentes es un tema que se encuentra vinculado no tanto con la organización administrativa y financiera de las escuelas públicas o privadas, sino también con el accionar cotidiano de los maestros en los centros de trabajo. Esto se ve claramente dibujado en la interrelación que éstos sostienen con sus alumnos en primera instancia, pero también con sus colegas, con los directivos y mandos medios, con los padres y madres de familia, y con el resto de los sectrores sociales involucrados en los procesos educativos.
En México la fragmentación del magisterio en pequeñas «islas» profesionales, ha dado lugar a una desarticulación histórica y técnica del trabajo educativo en el nivel básico. Los tres subniveles de enseñanza cuentan con sus propios programas y planes centralizados de estudios en función de esa composición, y están organizados en lo administrativo de manera diferenciada, no sólo porque tienen distintos perfiles académicos para sus profesores y sus procedimientos de supervisión educativa son completamente antagónicos, sino porque las tradiciones y las costumbres magisteriales así lo han impuesto durante los úiltimos 40 años.
En esencia, el maestro y la maestra de Primaria realizan su función en medio de un conflicto singular: son mediadores entre las prácticas docentes «arraigadas» o «tradicionalistas» y el interés sensato de seguir correctamente las prescripciones del curriculum oficial vigente (puesto en operación desde 1993), tanto en el plano de lo normativo como en el técnico-pedagógico. Se trata de maestros y maestras (más de 500 mil en todo el país) que ejecutan cotidianamente su trabajo en el aula en medio de toda suerte de limitaciones económicas, técnicas y socio-culturales.
De este modo, la Educación Básica en México no solamente se enfrenta a las carencias físicas y materiales que han frenado su desarrollo durante los últimos 40 años, sino que ha sobrevivido dentro de un ambiente cultural empobrecido. Podríamos decir, en pocas palabras, que ese subsistema «camina» dentro de un entorno cargado de insuficiencias, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de actividades de recreación literaria, científica, histórica, ética y artística, entre otras. Salvo casos excepcionales, (principalmente en escuelas ubicadas en zonas urbanas que cuentan con todos los servicios), el subsistema ha tratado de «avanzar» en condiciones adversas: sin bibliotecas, ni centros de cómputo suficientes y actualizados, o sin laboratorios de idiomas, canchas deportivas y sanitarios adecuados, ni lugares para el trabajo académico debidamente equipados; sin laboratorios para la enseñanza de la ciencia e insumos para realizar prácticas, así como un panorama desolador en el campo de la educación tecnológica (que tradicionalmente ha sido asociada a la enseñanza de los oficios en secundaria), etc., por lo que las escuelas del nivel básico, en cualquiera de sus tres subniveles o modalidades, no cuentan con un ambiente pedagógico y cultural favorable o estimulante, motivante, para que alumnos, maestros y directivos, junto con padres y madres de familia, se sientan poderosamente atraídos por ellas. Esto significa que las escuelas no se han constituido en verdaderos sitios de encuentro educativo y de recreación cultural, científica, artística o tecnológica para la comunidad.
Una zona específica de la educación básica está representada por la enseñanza de la ciencia (ya que es parte de su estructura central y periférica, a través de las áreas de Matemáticas y demás Ciencias Naturales o Sociales). Zona que también aparece no sólo en situación de conflicto o en rezago, sino en plena crisis, porque si consideramos que la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) se caracteriza por contar con una estructura curricular rígida, desarticulada y obligatoria para todo el país, que además carece de dispositivos de actualización permanentes en el plano curricular (contenidos, métodos, estrategias de evaluación, etc.), y que vuelve sumamente difíciles los esfuerzos de reforma curricular, entonces los elementos que la componen o integran también se encuentran en franco deterioro. Esto no sólo como consecuencia de un diseño curricular único-nacional de los planes y programas, sino porque dicha organización no considera plenamente la pluralidad cultural que caracteriza al país en los ámbitos regional, estatal, municipal y comunitario.
Esto es sumamente grave porque dicha estructura, aunada a la falta de actualización de los planes y programas, abre cada vez más la brecha del conocimiento con respecto a los avances científicos, tecnológicos y humanísticos generados por el conjunto de la sociedad. Y corre el riesgo de no incorporar los distintos referentes culturales que caracterizan a cada comunidad; allí donde la ciencia se desmitifica al dejar atrás la noción de «conocimiento universal».
Un sistema educativo con tales limitaciones, que pretende poner al alcance de los niños y niñas la cultura general «básica», se vuelve obsoleto y en poco puede contribuir al desarrollo de la sociedad. De ahí la necesidad de retomar, una vez más, la discusión acerca de qué hacer y cómo lograr avances sustantivos en lo que se refiere, por ejemplo, a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las nuevas tecnologías para nuestros niños, niñas y jóvenes, a partir de nuevos criterios, novedosos recursos y metodologías originales que respondan a la altura de las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestro tiempo.
Corría 2012 cuando docentes, destacados miembros de la industria financiera, asociaciones de consumidores y supervisores financieros pidieron al Gobierno que, entre otras medidas, introdujera la Educación Financiera como asignatura en la (ESO).
No fue casualidad. En plena crisis económica, muchos ciudadanos y entidades financieras, padecieron los primeros su incultura financiera y se asombraron los segundos de la inconsciencia y desconocimiento de los primeros, aunque también alguno se avergonzó, o debería por aprovecharse de ello. Tal fue la sorpresa ante la falta de conocimientos financieros, que José María Lamamie, entonces director del Departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, aseguró que: «El objetivo más importante y más difícil de lograr para la difusión de la educación financiera es conseguir que esta materia entre en el currículo escolar».
Pues bien, después del varapalo que supuso comprobar en las cuentas corrientes lo que significa competencia financiera en tiempo de crisis, en 2014, haciendo caso a las recomendaciones de 2012 se introdujo cultura financiera dentro del currículo, tanto en Primaria –Ciencias Sociales–, como en Secundaria –Economía–.
Aún así, los datos de PISA 2015 en competencia financiera han sido peores que los de 2012, con o sin currículo, aunque algunos lo achaquen a la metodología utilizada.
Según se desprende del estudio de 2015, el 50,5% de los que realizaron la prueba, con quince años, suspenden, y lo que es peor, casi el 26% no supera el uno sobre cinco.
Eso significa no entender un recibo, factura o planificar una compra a plazos. Además de otros datos de interés, llama la atención la brecha entre niveles socioculturales y económicos de las familias, con una diferencia de 78 puntos.
Los expertos advierten que es fundamental formar desde las escuelas a ciudadanos que en un futuro estarán obligados a mantener una obligada relación con entidades bancarias, servicios financieros y empresas, o simplemente como consumidores ante timos, estafas, productos tóxicos o basura, incluso la conciencia de las pensiones y su funcionamiento.
La escuela hoy, la educación hoy si lo prefieren, debe ser una escuela de vida para la vida, de herramientas para construir y crecer personal y socialmente, pero también para no destruir ni ser destruido, social y personalmente.
La estrategia de formación de los maestros en servicio y de los que se van a incorporar las aulas es una de las grandes deudas de la Reforma Educativa que implementa la Secretaría de Educación Pública (SEP), señala el académico Pedro Flores – Crespo.
Entrevistado en el marco del Seminario de Periodismo y Política Educativa, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, agregó que la implementación de esta reforma se realizó de manera errónea; “comenzó al revés, con un modelo viejo y queriendo que los maestros se formaran en lo nuevo.”
El investigador señaló que, aunque en las propias leyes reglamentarias de la reforma educativa se planteó la necesidad de diseñar un modelo educativo pertinente al cambio que la educación de calidad exigía, esa presentación se fue atrasando.
Su llegada es tardía y se enmarca en un Servicio Profesional Docente que ha resultado ser muy problemático. No sólo es un esquema de evaluación muy exigente, sino que ha presentado ciertas fallas.
Además, señaló que el El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha reconocido que los sistemas de tutoría han sido insuficientes, los cursos que imparte el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así “los trajes a la medida” para la capacitación que el secretario Aurelio Nuño presentó no han respondido a las exigencias.
Finalmente, señaló que frente a este panorama se debe recalcar que un elemento positivo es que hay actores con la intención de hacer modificaciones.
“Este cambio de rumbo que se perfila parte de reconocer las críticas de los propios maestros, así como de cuestionar la noción sobre la cual se diseñó la evaluación, noción basada en la desconfianza de la preparación de los maestros para desempeñarse en las aulas. Sin embargo, los resultados han desmentido esa aseveración”, concluyó.
*Texto realizado en el marco del Seminario de Periodismo y Política Educativa
Cantabria define el modelo de futuro de la enseñanza a través de un acuerdo social histórico.
Un modelo inclusivo, en el que se potencie la innovación, la calidad, la participación, la equidad y el diálogo como ejes fundamentales y en el que «todos los alumnos tengan éxito en función de sus capacidades». Así quiere Cantabria que sea la Educación del futuro, cuyos pilares ha cimentado con la firma de un pacto histórico que recoge 120 medidas, algunas ya en marcha, para avanzar en una dirección «segura, sin detenciones, cambios de rumbo o retrocesos».
El ‘Acuerdo por la Educación en Cantabria’ ha sido aprobado por unanimidad por todos los sectores implicados, que han dejado al margen «intereses personales» en beneficio de un bien común, según destaca el consejero del área, Ramón Ruiz.
Así, familias, profesorado y sindicatos de la enseñanza pública y concertada, municipios, organizaciones empresariales, la Universidad de Cantabria y la Administración educativa han trabajado durante el último año y medio en el seno del Consejo Escolar para dar forma y contenido a un pacto social y territorial que ahora se traslada al Parlamento regional para su ampliación a pacto político.
El objetivo, que perdure en el tiempo más allá de vaivenes políticos y con independencia de quien tenga la responsabilidad de gobierno. La Educación cántabra tiene un plan.
102 medidas, 6 ámbitos de actuación
1. Frenar el abandono escolar temprano: Debe ser una obligación de la Administración educativa y de cada centro poner todos los recursos posibles en el objetivo de terminar con el abandono escolar temprano.
2. Innovación: La Consejería deberá promover proyectos de innovación, investigación y evaluación a través de convocatorias para los centros, contando con la colaboración de la UC.
3. Mejora organizativa: La Administración educativa promoverá proyectos enfocados a la mejora organizativa de los centros, en relación con tiempos y horarios, organización del alumnado, metodologías activas de trabajo…
4. Evitar la repetición de curso: Puesto que la repetición de curso suele resultar ineficaz y costosa, y contribuye a la desigualdad y al abandono escolar, tiene que dejar de ser una medida que se contemple como solución, siendo, en su caso, una medida excepcional.
5. Financiación pública: Se deberá dedicar una financiación mínima del 5% del PIB en ocho años, con la intención de alcanzar, en otros ocho, el 7%.
Una necesaria innovación y avanzar hacia la gratuidad
El acuerdo define los cambios que son necesarios para adaptar el sistema educativo a la «complejidad» de las demandas del siglo XXI. Para ello, considera que deben impulsarse procesos de mejora permanente en el desarrollo curricular y organizativo de los centros, en la práctica docente, en el desarrollo de proyectos cooperativos y comunitarios, en la mejora de la convivencia diaria de toda la comunidad educativa y en la atención personalizada al alumnado y a los grupos, con el objetivo final de que todos y cada uno de los estudiantes dispongan de la mejor formación posible, sin excluir a nadie, y alcancen el éxito educativo, en función de sus capacidades. Para ello, recomienda al Gobierno de Cantabria dedicar, al menos, el 5% del PIB a financiar la educación y que la Administración colabore con los ayuntamientos para conseguir que los centros puedan ofrecer de manera gratuita a todo el alumnado de la educación obligatoria, a través de un banco de recursos educativos universal, los materiales necesarios para llevar a cabo adecuadamente su formación.
II – Los centros
1. Calidad: Los centros deberán disponer de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos suficientes para poder desempeñar con calidad la tarea de formación.
2. Menos alumnos por clase: El número máximo de alumnos por aula debe ser de 18 en las aulas de 2 años; de 25 en Educación Infantil de 3 a 6 años, Primaria y ESO; de 30 en Bachillerato; de 15 en Formación ProfesionalBásica; y de 25 en FP de Grado Medio y Superior.
3. Potenciación de la Educación Infantil: Poner en marcha las medidas necesarias para atender con calidad al alumnado de entre 0 y 6 años, sin disociar el carácter educativo y asistencial de esta etapa.
4. Inclusión y equidad: La educación debe tener como prioridad la atención a la diversidad y la compensación de las desigualdades, de forma que todos los alumnos puedan desarrollar sus capacidades en el grado más alto posible.
5. Participación: Se recomiendan diferentes medidas para aumentar la participación del alumnado en la vida de los centros: cuidar de manera especial que esté representado en los Consejos Escolares, no sólo en Secundaria, sino también en quinto y sexto de Primaria;que se potencie el papel de los delegados; realizar asambleas en cada aula; e incluso que participen en el proceso de elección del director.
La atención a la diversidad de alumnado, prioridad
Las medidas aplicables a los centros ocupan la parte más extensa del acuerdo. Se destaca que la atención a la diversidad del alumnado debe ser un bastión fundamental de la Educación, para lo cual se precisan «recursos humanos y materiales suficientes» para que no haya aulas con ratios de alumnos por profesor muy altas y con problemáticas muy complejas, además de potenciar dentro de los centros la interculturalidad. Este curso la Consejería ha iniciado la reducción de alumnos por aula y los límites acordados para esta legislatura ya se cumplen en las aulas de 2 años y en Educación Infantil y espera alcanzarlos «por completo» en Primaria el próximo ejercicio. En la ESO admite que se está «algo más lejos» del objetivo.
Otra clave se refiere a la necesidad de que el sistema educativo procure una alimentación saludable a los alumnos en los casos en los que las familias «no sean capaces de llevarla a cabo», para que los niños no sufran «un deterioro cognitivo» por causa de ello. Entre otras medidas, el pacto reclama que las becas o ayudas lleguen a «todas» las familias que realmente lo precisan en función de su situación socioeconómica y que los comedores escolares permanezcan abiertos durante los periodos lectivos y no lectivos «el mayor número de días posible», asegurando la «calidad» y «variedad» de la comida.
III – El profesorado
1. Mejores condiciones: Se deben llevar a cabo procesos para mejorar las condiciones laborales, formativas y de desarrollo profesional del profesorado.
2. Estabilidad: Se impulsarán medidas que favorezcan la estabilidad de las plantillas y la Administración se comprometerá a reducir progresivamente la tasa de interinidad.
3. Formación permanente: Se apoyará una adecuada formación permanente del profesorado que posibilite la atención ajustada a un alumnado cada vez más diverso.
4. Ayuda a los desfavorecidos: La Administración fomentará la formación del profesorado para ayudar al alumnado más desfavorecido sociocultural y educativamente o con necesidades de algún tipo.
5. Tecnología e idiomas: Se llevará a cabo una adecuada formación del profesorado en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de los idiomas.
Una formación adaptada a las necesidades actuales
El acuerdo destaca que la calidad del sistema educativo tiene que ver «de manera especial» con la de sus docentes. Por eso, prioriza que la Administración se esfuerce en «atraer, formar, desarrollar e incentivar a los mejores profesionales docentes» y en introducir las medidas necesarias para «adaptar» la educación a las características y necesidades de la sociedad actual. Entre ellas, y aún «siendo conscientes de que este asunto es competencia del Estado», los firmantes del pacto establecen que el conjunto de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, «deberá estudiar y proponer a la Administración un modelo de acceso a la función docente que recoja aquellos planteamientos que sean coherentes con el tipo de educación que se persigue en este acuerdo».
IV – El currículo y los procesos de enseñanza-aprendizaje
1. Un método activo: El aprendizaje debe plantearse como un proceso activo de indagación, investigación, intervención y aplicación del conocimiento por parte del alumnado y no de mera reproducción.
2. Trabajo en equipo: La enseñanza debe ofrecer al estudiante un mayor espacio de decisión, fomentar el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades y los proyectos creativos.
3. Evaluaciones: La evaluación del alumnado debe ser continua, formativa y diagnóstica.
4. Deberes: La cantidad de tareas no se transforma automáticamente en calidad del aprendizaje. Debe ser un asunto «colectivo y coordinado» dentro del centro y fomentar un aprendizaje relevante, no repetitivo.
5. Digitalización: Facilitar el desarrollo de competencias digitales en el currículo, sumar herramientas digitales a los bancos de recursos de los centros e intensificar la formación docente.
Una educación en valores y capacidades, no contenidos
Se considera que la finalidad de la escuela hoy en día debe ir más allá de la enseñanza y aprendizaje de contenidos disciplinares, para situarse en la formación de las dimensiones sustanciales de la personalidad de los alumnos; es decir, de las cualidades, capacidades o competencias, que incluyen, de manera integral, conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores. Igualmente, establece que el currículum debe facilitar una formación tanto científica y tecnológica como humanística y artística, sin que deba existir confrontación alguna entre ellas, ya que todas constituyen «la base educativa necesaria para que el alumnado pueda explicar y explicarse el mundo que le rodea».
V – Las familias
1. Participación en el Consejo Escolar: Se debe potenciar la presencia de las familias en el Consejo Escolar, que se admite como «baja».
2. Asociacionismo: Se impulsarán medidas en los centros para facilitar el asociacionismo de las familias, con el fin de potenciar la implicación parental efectiva en los procesos educativos.
3. Tutorías periódicas: Será necesario establecer tutorías de manera periódica (al menos tres por curso) y plantear contenidos relevantes que actuarán en beneficio de la mejora de la comunicación entre los profesores-tutores y las familias.
Una mayor participación de las familias en los centros
El ‘Acuerdo por la Educación’ asume el reto de «potenciar, mejorar y dar mayor visibilidad» a las familias y a sus representantes en los centros escolares, por lo que establece cauces e instrumentos para hacer que dicha implicación parental sea una realidad efectiva, bien a través del Consejo Escolar, el asociacionismo, las tutorías, el voluntariado y la participación en eventos escolares. Asimismo, y al margen del modelo de comunicación presencial, se considera importante potenciar otros medios de comunicación basados en las TIC.
VI – Personal de Administración y Servicios (PAS)
1. Derechos: Las condiciones de trabajo deben garantizar sus derechos laborales en función de la normativa o convenio que les sea de aplicación.
2. Evitar la externalización: Deberá evitarse la externalización de puestos de trabajo, como forma de abaratar los costes de personal.
3. Contra el acoso escolar: El PAS conocerá el protocolo de actuación ante casos de acoso y ciberacoso; y, en el supuesto de conocer un posible caso, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección del centro.
El PAS, una parte más del proyecto educativo
Los que forman el PAS –los encargados de la limpieza, secretaría, conserjes, comedor, educadores de servicios complementarios, fisioterapeutas o acompañantes de transporte escolar, entre otros– deberán, como miembros de la comunidad educativa, compartir el proyecto educativo del centro. Son, con frecuencia, el primer contacto de las familias con el centro, la primera imagen, por lo que se considera que su colaboración con el equipo directivo y profesorado resulta de «gran importancia» para la consecución de los objetivos establecidos para la buena marcha del centro.
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, destacó que las evaluaciones magisteriales avanzan ya en todo el país -incluidos Oaxaca, Chiapas y Michoacán-, y señaló que es falso que docentes que las presenten tengan riesgo de perder su empleo, porque el proceso no es en su contra.
Reconoció la participación de unos 3 mil profesores en las evaluaciones en esos tres estados, en orden y sin problemas, que por diversas situaciones no se habían evaluado, y que son parte de 8 mil 500 maestros.
En la escuela primaria República de Costa Rica, donde anunció que este plantel será de tiempo completo con ingesta de alimento, con una inversión de 2 millones de pesos, dijo que la Reforma y el Modelo Educativo avanzan.
Nuño Mayer comentó que los maestros que tengan buenos resultados en las evaluaciones tendrán un incremento al salario base de 35 por ciento, y los que obtengan resultado no satisfactorio serán capacitados, para que hagan su carrera a partir del mérito.
En este sentido, el secretario de Educación Pública informó que próximamente se presentará la estrategia de formación profesional de los maestros.
Luego de encabezar la ceremonia cívica en ese plantel, dijo también que se avanza en las escuelas de tiempo completo, de las cuales ya hay 25 mil, así como en el mejoramiento de la infraestructura de 33 mil planteles en todo el país, en lo que se invierten 50 mil millones de pesos.
Nuño Mayer anunció que a través del programa Escuelas al CIEN, en la primaria hoy visitada se rehabilitarán baños y bebederos, y se instalarán un comedor y techumbre en el patio.
En este inmueble inaugurado por Jaime Torres Bodet, el secretario de Educación Pública explicó que la transformación educativa es como la que en su momento impulso quien fuera en dos ocasiones titular de la SEP, para cambiar planes de estudio; crear un centro de profesionalización del magisterio; mejorar la infraestructura de las escuelas, y abatir el analfabetismo.
Nuño Mayer comentó que en pleno Siglo XXI se generan conocimientos como nunca, y la tecnología crece a una velocidad que no se tenía, por lo que es necesario el Modelo Educativo para que los niños se preparen para competir donde sea y con quien sea.
Señaló que se reorganizan las escuelas para que cuenten con plantilla completa, con director, subdirector, maestros de grupo y de las diversas disciplinas, además de que se apoya la profesionalización de los docentes.
Aurelio Nuño Mayer informó que mañana presentará un informe ante el presidente de la Republica, sobre el avance de la Reforma Educativa, como la rehabilitación de planteles a través del programaEscuelas al CIEN; el programa de Escuelas de Tiempo Completo; la reorganización de los planteles; y la realización de la auditoria a la nómina magisterial.
Por otro lado, señaló la importancia de la cooperación con las entidades federativas, en el marco de las reuniones regionales, y apuntó la posibilidad de que quienes regresan de Estados Unidos sean considerados para integrarse como maestros de inglés, aunque precisó que esto sería a través de una ruta, porque no es lo mismo hablar ese idioma que enseñarlo.
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