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El anacronismo de la SEP en la 4T: simular para… ¿avanzar?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones…?»

Se ha vuelto una costumbre en nuestro país que, distintos funcionarios de gobierno, específicamente aquellos que llegan a estar al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), festejen con bombo y platillo una gran cantidad de “éxitos” en sus gestiones que, pareciera ser que el pasado hubiese quedado rebasado, pero, desafortunadamente, los millones de trabajadores de la educación que laboran en el intricado Sistema Educativo Nacional (SEN) saben, porque les consta, que no es cierto.

Por ejemplo, hace unos cuantos años, Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación, anunciaba pomposamente que se invertirían 80 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del país, de los cuales, 50 millones se destinarían a dejar en condiciones dignas a 33 mil planteles de educación básica logrando con ello, superar las inversiones de los dos sexenios anteriores cuyo monto fue superior a los 16 millones (SEP, 2017).

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, también ex Secretaria de Educación, allá por el 2009, en este mismo rubro, festejaba la puesta en marcha del programa “Infraestructura Educativa, Inversión de Futuro 2009”, el cual contemplaba recursos federales por más de 8 mil millones de pesos, lo que representaba una aportación sin precedente en el sector (SEP, 2009).

En este mismo orden de ideas, en su momento, el ex Secretario de Educación Reyes Tamez Guerra, resaltaba con gran optimismo, la inversión para el año 2002 de más de 270 millones de pesos para la educación que, sumada a la inversión privada, alcanzaba el 6.8% del producto interno bruto; inversión que nunca había ocurrido antes (Cimacnoticias, 2002).

Entonces, ¿si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones para recibir a cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus respectivas aulas escolares?, ¿por qué, hasta nuestros días, más de 41 mil escuelas primarias, secundarias y de bachillerato de nuestro país no tienen acceso a agua potable y más de 47 mil no cuentan con infraestructura para el lavado de manos (Poy, 2021)?, ¿por qué, de acuerdo al estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 81% de los inmuebles escolares se ubicaban en condiciones mínimas de sanidad y de matrícula de 25 estudiantes por docente, cifra que rebasa la cantidad de alumnos recomendada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Salinas, 2021)?

Cifras y datos expuestos, de una y otra parte que, si usted quiere están ahí, y que pueden ser consultados en el momento en que así se considere pertinente. De hecho, existen diversos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (y que han hecho públicos diversos medios de comunicación digitales), mediante los cuales, se han hecho evidentes, las grandes contrariedades que párrafos atrás he señalado pues, en diversos asuntos, se han encontrado retrasos, irregularidades y falta de apoyo para, por ejemplo, la reconstrucción de escuelas que no fueron dañadas por los sismos de 2017: “la evolución del Programa Escuelas al Cien no ha cubierto las expectativas planeadas por lo que la ASF advirtió, que parece complicado que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa cumpla con la meta de 33, 852 centros de trabajo beneficiados con más de 50 millones de pesos en tres años. Hasta diciembre de 2017, el programa había ejercido apenas 26% del presupuesto y atendido el 40% de los centros de trabajo proyectados… además, la ASF, resaltó que los centros de trabajo ubicados en zonas menos rezagadas fueron favorecidos por encima de localidades con rezago alto y medio” (Expansión Política, 2018).

Tenemos entonces, por un lado, los discursos pomposos llenos de datos y cifras alegres que cotidianamente nos regalan los funcionarios públicos; por el otro, una realidad lacerante que los trabajadores de la educación, padres de familia y, principalmente, NNA, viven a diario; y, por otro lado más, una ley que nada más no acaba de dejar de ser letra muerta porque, en los hechos, hasta donde mi conocimiento me lo permite, sé de pocos, pero poquísimos funcionarios públicos que han sido sancionados por las irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al sector educativo. Tres realidades, un solo hecho: simular para avanzar.

Muchas veces me han preguntado y, con seguridad, usted que está leyendo esto se habrá preguntado: por qué no denuncian estas irregularidades los trabajadores de la educación si, como he venido comentando reiteradamente, son los que viven y padecen los estragos de programas y políticas mal implementadas en el sector. La respuesta es simple: desafortunadamente, la denuncia, viene cargada de una serie de amedrentaciones, amenazas o atropellos de sus propias autoridades educativas o de algunos de sus compañeros de trabajo, aunado a que tal trabajador de la educación forma parte de un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se ha vendido y se vende al mejor postor; consecuentemente, guardar silencio parece ser la mejor opción.

No obstante, lo anterior, debo señalar que el magisterio, como parece obvio, ya no es el mismo de antes. Sí, con todas sus complejidades, pero ha cambiado; ya no se deja engañar como en antaño. Muestra de ello es lo que en el pasado inmediato se observó en cada uno de los planteles escolares para el regreso a clases presenciales, o bien, en la implementación del programa más neoliberal de este gobierno para la admisión y promoción del personal docente del SEN. Vaya, en el primer caso, fue irrisorio la paupérrima cantidad de “insumos” que se enviaron a las escuelas para que éstas se convirtieran en espacios seguros y se pudieran evitar contagios: un par de litros de gel, dos escobas, dos trapeadores, un litro de cloro y algunas jergas fue parte de ese kit sanitizante. En el segundo caso, para pocos es desconocido el desastre que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); el sello de esta Unidad ha sido la inoperancia, ineficacia e ineficiencia, aunado al raquítico presupuesto asignado para, por ejemplo, la promoción horizontal.

Y bueno, ya mejor ni hablamos de la puesta en marcha del Plan de Estudios de esa cosa extraña que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana o de los libros de texto gratuitos que, por donde se vea, no avanzó como debiera.

Sí, con seguridad alguien podría decir que hace unos años se implementaron unos foros de consulta para concretar lo que se conoció como gran Acuerdo Educativo Nacional mediante los cuales ¿se les dio voz a los trabajadores de la educación? Al respecto bien valdría preguntarse: ¿qué pasó con todas las propuestas que el magisterio depositó para que fueran tomadas en cuenta en dicho Acuerdo?

Sí, con seguridad alguien me podría decir que se encuentra operando el Programa la Escuela es Nuestra, solo que, como bien sabemos, dicho programa no beneficia a todas las escuelas públicas del país y, sus reglas de operación, son otro de los tantos misterios que no han logrado resolverse porque, mientras en el papel se establece una cosa, la realidad dista de lo que en éste puede leerse. Miles de escuelas siguen teniendo dificultades para brindar un servicio educativo de “calidad”.

Sí, con seguridad alguien podría decir que la estrategia Aprende en Casa fue todo un éxito y que, por tal razón, tal y como lo ha asegurado la profesora Delfina, “llegó para quedarse”; al respecto, sugiero que se lean los resultados de la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que fueron publicados hace unos meses y, en los que se señala, que menos de la mitad de estudiantes y padres de familia, recurrieron a los programas televisivos para darle continuidad a su proceso formativo.

Ahora bien, si por anacronismo entendemos que éste es un hecho o circunstancia actual que no es actual sino propia o característica de las costumbres del pasado, podríamos comprender el escenario actual que estamos viviendo en materia educativa en estos momentos.

Los datos ahí están, para ser investigados, analizados, comprendidos y valorados.

Referencias:

SEP. (2017). Anuncia Nuño Mayer inversión de 80 mil millones de pesos para mejorar infraestructura escolar. Boletín 141. Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-141-anuncia-nuno-mayer-inversion-de-80-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-infraestructura-escolar

SEP. (2009). Lanza gobierno federal inversión histórica para programa de infraestructura educativa. Subsecretaría de Educación Media Superior. Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/02012009_lanza_el_gobierno_federal_inversin_histri

Maya, R. (2002). Refrenda Reyes Tamez el carácter laico y gratuito de la educación. Cimacnoticias. Recuperado de: https://cimacnoticias.com.mx/noticia/refrenda-reyes-tamez-el-caracter-laico-y-gratuito-de-la-educacion/

Poy, L. (2021). Más de 41 mil escuelas del país no tienen acceso a agua potable: Mejoredu. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/politica/mas-de-41-mil-escuelas-del-pais-no-tienen-acceso-a-agua-potable-mejoredu/

Salinas, C. (2021). La falta de infraestructura y el avance de la pandemia en México impide garantizar el regreso seguro a las aulas. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2021-02-01/la-falta-de-infraestructura-y-el-avance-de-la-pandemia-en-mexico-impiden-garantizar-un-regreso-seguro-a-las-aulas.html

Redacción Expansión Política. (2018). Al programa escuelas al cien, no le salen las cuentas, detecta la ASF. Expansión Política. Recuperado de: https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/01/al-programa-escuelas-al-cien-no-le-salen-las-cuentas-detecta-la-asf

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Escolaridad e Ingresos: ¿Dónde está el norte?

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz* 

En 1972, el Apollo 17 tomó la primera fotografía completa de la cara iluminada de la Tierra. Se dice que, antes de dar a conocer la imagen, conocida como “la canica azul”, tuvo que ser editada, girándola 180 grados, para que coincidiera con la perspectiva tradicional de los mapas de la época. Tal hecho nos recuerda que se mira el mundo en el sentido que alguien decidió alguna vez. Lo que se conoce como norte también podría ser sur: la Patagonia podría estar “arriba” y Groenlandia “abajo”. Algo similar parece suceder con la tan aceptada aseveración “a mayores estudios, mayores ingresos”. ¿Y si, de manera general, fuera más acertado decirla al revés? ¿Qué afirmación es más generalizable: que el nivel económico determina la escolaridad o que esta última incide en los ingresos de las personas? ¿Dónde está el norte: en la cuna o en la escuela?

La influencia del grado escolar sobre los ingresos de las personas es fácilmente demostrable mediante cifras. El extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no deja lugar a dudas: entre las personas de 25 a 64 años, quienes poseen nivel educativo superior se imponen siempre a quienes tienen sólo estudios básicos, en indicadores como tasa de ocupación (80.3% a 67.9%), contratación estable (74.6% a 43.4%) y salario relativo por hora (más del doble a favor de los primeros) (2019, pp. 487). Sobre quienes ni siquiera tienen estudios básicos, la victoria de los  universitarios es todavía más aplastante. Viendo estos datos de manera aislada no quedaría duda: los estudios determinan los ingresos. La fórmula es aparentemente simple: hay que ir a la escuela para ganar más.

Pareciera pues que la llave para ingresar a mayores niveles de bienestar económico está en la educación superior, pero ¿dónde está la llave para acceder a ésta? En México, es una minoría la constituida por jóvenes de 18 a 24 años, edad típica para cursar el nivel superior, que asisten a la escuela: sólo el 32.2% (INEE, 2019, p. 107). Más alarma aún la diferencia de la matriculación según los niveles de ingreso: 18.8% de quienes se sitúan en el quintil I, el más bajo, y 48.4% de quienes están en el quintil V, el mayor. La idea de que a través de una mayor escolaridad se mejoran los ingresos requiere entonces de una aclaración importante: generalmente quienes acceden a mayores niveles escolares provienen de entornos de por sí aceptables o favorables. Se relativiza entonces la afirmación según la cual los estudios son causantes de buenos ingresos. Incluso, se puede cambiar de sentido: en términos generales, es el nivel económico el que lleva al grado escolar.

Recientemente, circuló en medios de comunicación la imagen de un joven orgulloso entregando su título universitario a su madre, mujer dedicada a la venta de ropa en un tianguis. Sin pretender minimizar el evidente mérito del hoy licenciado, vale la pena preguntarse: ¿sólo se popularizó la fotografía por ser una conmovedora muestra de la gratitud de un hijo a su madre? Tal vez no. ¿Cuántas madres de ese mismo tianguis podrán presumir una imagen similar? Probablemente pocas o ninguna y quizá por la rareza del fenómeno es que se convirtió en noticia. ¿Será que la fotografía fue aprovechada por quienes fomentan la perversa cultura del “echeleganismo”, que reduce el éxito o fracaso exclusivamente al esfuerzo individual, eximiendo de cualquier cargo a los responsables del bienestar colectivo?

Desde luego que sería un error negar la existencia de casos que rompen con la inercia impuesta por las condiciones sociales, de familias que, con sacrificios impensables y contra los peores pronósticos, consiguen que sus hijos alcancen un grado académico y, en el mejor de los casos, una retribución económica por este logro. Casos como el del hijo de la mujer tianguista nos recuerdan gratamente el potencial transformador de la acción educativa. Pero también sería un error asumir que, por esos casos, que estadísticamente no son mayoría, se pueda afirmar de manera simple que alcanzar niveles económicos dignos es “tan fácil” como asistir a la escuela. No siempre se puede romper la inercia y no siempre es cuestión de voluntad individual. Sería cegarnos ante la realidad de un sistema no sólo educativo, sino social, que tiende a la reproducción de desigualdades.

La discusión sobre la relación entre educación e ingresos debería situarse pues en temas mucho más complejos que incluso sobrepasan al simple grado académico o la asistencia escolar: la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la efectividad de los mecanismos de movilidad social, entre otros. El debate debería hacer reflexionar no sólo sobre las condiciones del entorno para acceder a la escuela, sino para hacer florecer sus efectos. ¿Dónde está entonces el norte en ese mapa que establece la relación entre estudios e ingresos? ¿Los primeros determinan los segundos o viceversa? Parece que, en ambos sentidos, las matices son importantes para no caer en afirmaciones simplistas.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Twitter: @proferoger85 

REFERENCIAS

INEE. (2019). Panorama educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor.

Fuente de la información e imagen:  https://proferogelio.blogspot.com

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¿Puerto Rico o Puerto Pobre?

Hedelberto López Blanch

¿Puerto Rico o Puerto Pobre?

Hedelberto López Blanch

Fuentes: Rebelión – Imagen: Mildred Baldwin

¿Cómo se puede concebir que Estados Unidos cite en forma unilateral y arbitraria, a una cumbre por la democracia, cuando mantiene en el Caribe la colonia más antigua del mundo: Puerto Rico?

La desatención que Washington mantiene sobre esta colonia llamada eufemísticamente desde 1952 Estado Libre Asociado (ELA) ha llevado a que el 52,3 % de sus 3,2 millones de habitantes se encuentren en la pobreza, según un informe divulgado por la Comisión para la Erradicación de ese flagelo.

Basado en audiencias públicas, la jefa de la comisión, Elizabeth Rosa-Vélez explicó que esa peyorativa cifra es consecuencia de varios factores como la pandemia de coronavirus, los tres huracanes y el terremoto que azoló la Isla.

A Rosa-Velez, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de Estados Unidos, se le olvidó decir que la desidia de la metrópolis con ese pueblo resulta el principal factor de esa situación.

El escenario se estresa más entre infantes y mujeres. Otro documento el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) denunció que el 58 %, o sea, seis de cada 10 niños puertorriqueños viven en el nivel de pobreza. Añadió que el 38 % de ellos sobreviven en la extrema pobreza.

El informe indica que las mujeres enfrentan una brecha en la paridad de género que refleja bajos niveles de féminas en puestos de dirección o liderazgo, el estancamiento de los salarios y la poca participación en la fuerza laboral.
Para la presidenta de la Oficina para el Desarrollo socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), Thais Reyes Serrano en su país “muchas mujeres se enfrentan a situaciones adicionales que las colocan en desventaja para potenciar su desarrollo profesional, económico y autosuficiencia como la dependencia económica, y la estructura y mentalidad corporativa».

Un ejemplo del desprecio con que trata Estados Unidos a los pobladores de esa nación caribeña lo dio el expresidente Donald Trump después que los huracanes Irma y María (los dos en septiembre de 2017) arrasaron la colonia.

A 13 días del paso del último fenómeno atmosférico, el exmandatario llegó a San Juan y en vez de otorgar apoyo económico y financiero, lanzó paquetes de papel higiénico a varias personas reunidas en un mitin preparado por las autoridades.

Asimismo, Trump quiso vender Puerto Rico o cambiarlo por Groenlandia porque este territorio estadounidense en el Caribe era «sucio y pobre», afirmó a la cadena MSNBC, Miles Taylor, en ese entonces jefe de gabinete en el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Los habitantes de esa isla del Caribe padecieron y aun afrontan inmensas necesidades por los estragos de los ciclones que provocaron más de 3 000 muertos y heridos, destruyeron viviendas, incrementaron la falta de agua potable y alimentos y colapsaron el sistema eléctrico.

Medio año antes del paso de los huracanes, la colonia ya padecía una enorme crisis económico-financiera que Washington no ayudó a resolver y el país se declaró en una especie de quiebra, pues la deuda exterior se fijaba en más de 73 000 millones de dólares.

Ante la profunda crisis, Washington le impuso al país una Junta de Control Fiscal (JSF por sus siglas en inglés), que aprieta el cinturón a los puertorriqueños y cobra más de 300 millones de dólares por sus “servicios”.

En concordancia, el régimen colonial y la JSF establecieron recortes por cerca de 2 000 millones de dólares al gasto público anual hasta finales del 2020 (cerca del 20 % del presupuesto actual) y de 2 500 millones hasta 2025.

Se disminuyeron las prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos; fueron cerradas decenas de escuelas y aumentó el coste de la universidad pública. Sólo el 40 % de la población adulta trabaja o busca empleo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión cayó un 20 % y los activos bancarios en 40 %.

Mientras la pobreza se ensaña con los puertorriqueños, las organizaciones sociales afirman que en la última década las subsidiarias norteamericanas han extraído del país, 380 000 millones de dólares, prácticamente sin pagar impuestos. A los empresarios nacionales se les hace muy difícil competir con los consorcios transnacionales.

Las amarras que tiende Washington sobre la isla caribeña se tornan asfixiantes pues solo se le permite tener a un comisionado en el Congreso de Estados Unidos que tiene voz pero no posee derecho a voto aunque se trate de alguna cuestión relacionada con su país. Aunque son reconocidos como ciudadanos estadounidenses no pueden ejercer el voto en las elecciones de esa nación.

Sin poder decidir sobre la economía (depende en gran medida del presupuesto que otorga la metrópolis), las finanzas, relaciones exteriores, es decir, sin tener independencia política ni soberanía Puerto Rico se cuenta entre las 18 colonias que aun existen en el mundo.

Claro, lo que si tienen autorizados sus ciudadanos es que pueden servir en el ejército de Estados Unidos como lo han hecho en Irak, Siria, Afganistán y otras decenas de lugares en donde muchos han perdido la vida.

No cabe duda que el Estado Libre Asociado es sinónimo de una forma de colonización en estos tiempos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/puerto-rico-o-puerto-pobre

 

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Libro: Revuelta social y nueva Constitución

Reseñas

Revuelta social y nueva Constitución

Nelly Richard

CLACSO Secretaría Ejecutiva
Karina Batthyány – Secretaria Ejecutiva
María Fernanda Pampín – Directora de publicaciones
Equipo Editorial
Lucas Sablich – Coordinador Editorial
Solange Victory – Gestión Editorial
Nicolás Sticotti – Fondo Editorial
Pablo Amadeo – Dirección de arte y diseño editorial

Richard, Nelly
Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard ; Prólogo de Javier Trímboli.
1a ed – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021.
Libro digital, PDF – (Masa crítica)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-813-066-8
1. Análisis Político. 2. Chile. I. Trímboli, Javier, prolog. II. Título.
CDD 306.09
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

«El 18 de octubre de 2019, la movilización coordinada por estudiantes secundarios para protestar contra un alza de tarifa en el transporte público tomó la forma de una sorprendente revuelta popular que desató una crisis político social de extrema magnitud en Chile. Solo un mes después del inicio de la revuelta, es decir, el 15 de noviembre de 2019, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera –un gobierno completamente deslegitimado por la vehemencia del masivo rechazo a sus políticas y, además, atemorizado por el fuego de los incendios (estaciones de metro y otros) que amenazaban con destruir la ciudad– se vio obligado a ratificar un acuerdo parlamentario –empujado por los gritos de la calle a favor de una asamblea constituyente– para llamar a un plebiscito nacional que se pronunciara sobre la vigencia o la derogación de la Constitución de 1980 firmada por el exdictador Augusto Pinochet. » (p.23)

Descargue el Libro completo en este enlace: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/123456789/16737/1/Revuelta-Social-y-Nueva-Constitucion.pdf

Fuente de la Información: CLACSO – Novedad editorial: Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard / Colección Masa Crítica

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UNESCO: La UNESCO pide una mejor regulación de la enseñanza privada para reducir las desigualdades

UNESCO

La UNESCO pide una mejor regulación de la enseñanza privada para reducir las desigualdades

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de la UNESCO advierte del aumento de la desigualdad y la exclusión debido a los elevados costos de la educación privada y a la escasa regulación de la misma por parte de los Estados. Aboga por cinco medidas para garantizar una educación de calidad para todos.

En el mundo, 40% de los alumnos de pre-primaria, 20% de los de primaria y 30% de los de secundaria y terciaria acuden a establecimientos de enseñanza no estatales. Sin embargo, el nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de la UNESCO muestra que muchos países carecen de reglamentación adecuada sobre la educación privada, o de la capacidad para hacerla cumplir, lo que socava la calidad y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres.

El Informe analiza a actores no estatales de todos los sistemas educativos, desde escuelas gestionadas por organizaciones religiosas, ONG, entidades filantrópicas y entidades comerciales con ánimo de lucro, hasta a todos los que participan en la prestación de servicios al sector educativo. Muchos países permiten que estas escuelas, en su mayoría no registradas, funcionen sin ninguna supervisión.

El texto revela que solo el 27% de los países prohíbe explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, lo que va en contra de la visión de 12 años de educación gratuita para todos. Más de la mitad de los países prohíben los procesos de selección de estudiantes en las escuelas. Solo el 7% de los países tienen cuotas que mejoran el acceso a las escuelas de las y los estudiantes desfavorecidos mediante iniciativas pensadas para ellos. Y solo la mitad tiene reglamentación sobre la enseñanza privada.

Por ello, los hogares de los países menos desarrollados dedican una cantidad desproporcionada de sus ingresos a la educación de los hijos. Los hogares representan el 39% del gasto en educación en los países de ingresos bajos y medios-bajos, frente al 16% en los países de ingresos altos.

El Informe, titulado ¿Quién elige? ¿Quién pierde?, demuestra que, al mismo tiempo, la educación pública en los países de ingresos bajos conlleva considerables costos ocultos. Un análisis de 15 países de ingresos bajos y medios muestra, por ejemplo, que los uniformes y el material escolar representan casi dos quintas partes del gasto educativo de los hogares.

Esto obliga al 8% de las familias de los países de ingresos bajos y medios a pedir dinero prestado para pagar la escolarización de sus hijos.

En algunos países como Uganda, Haití, Kenya y Filipinas, el 30% de las familias tienen que pedir préstamos para poder pagar la educación de sus hijos. El impacto de la COVID-19 ha puesto aún más presión en los presupuestos familiares, haciendo que las cuotas escolares y otros gastos sean inasequibles para muchos.

Manos Antoninis, Director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo

Los gobiernos deben establecer estándares mínimos en las escuelas estatales y no estatales para garantizar que las y los estudiantes más desfavorecidos tengan las mismas oportunidades de beneficiarse de una educación de calidad. Se necesitan urgentemente mecanismos de financiación equitativos. Los que viven en contextos más desfavorecidos no deben ser penalizados.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO

La UNESCO insta a los países a evaluar la reglamentación que tienen en vigor y presenta cinco recomendaciones para poner la equidad en el centro de sus acciones:

  1. Redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso gratuito y financiado con fondos públicos a un año de educación preescolar y 12 años de educación primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes. Sin embargo, uno de cada tres países dedica a la educación menos del 4% del producto interior bruto o menos del 15% de su gasto público total – los referentes mínimos acordados internacionalmente.
  2. Establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales, ya que los sistemas paralelos con diferentes expectativas, materiales y condiciones de trabajo tienen un efecto negativo en la construcción de un sistema de educación coherente para todo el alumnado.
  3. Reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento de la reglamentación y hacerla cumplir. En la práctica, muchas reglas están mal diseñadas o se aplican de manera insuficiente, lo que deja la puerta abierta a la mala conducta. Los gobiernos deben establecer una relación de confianza con los proveedores no estatales, instando a que se registren, eliminando la arbitrariedad de las reglas y comunicándoles incentivos adecuados para que dirijan sus escuelas de forma eficaz en beneficio de las y los estudiantes.
  4. Fomentar la innovación para el bien común y reunir a todos los actores que la desarrollan. Los gobiernos deben trabajar en colaboración con todos los actores para aprender, recopilar y evaluar las buenas práctica y proporcionar recursos que les permitan intercambiar experiencias, y pilotar y ampliar las buenas ideas.
  5. Proteger a la educación de estrechos intereses privados. Mantener la transparencia e integridad de la educación pública ayuda a proteger a las y los estudiantes más desfavorecidos.

 

Descargar el informe

Contactos para los medios de comunicación:

Acerca del Informe GEM de la UNESCO

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) es elaborado por un equipo independiente y publicado por la UNESCO. Tiene el mandato oficial de realizar el seguimiento de los avances en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la educación, el ODS 4.

Fuente de la Información: https://es.unesco.org/news/unesco-pide-mejor-regulacion-ensenanza-privada-reducir-desigualdades

 

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UNESCO: Abierta Convocatoria para el Dossier Temático y Sección General (vol. 34, nº2-jul.- dic.2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad

UNESCO

Abierta Convocatoria para el Dossier Temático y Sección General (vol. 34, nº2-jul.- dic.2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad

Hasta el viernes 31 de marzo de 2022 está abierta la convocatoria para el envío de colaboraciones con destino al dossier temático del Vol. 34, N° 2 (julio-diciembre de 2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) 

El Dossier Temático en esta nueva oportunidad, tratará acerca de la Democratización y políticas de inclusión de la diversidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe.  

En las últimas décadas, las políticas de Educación Superior –como reflejo de lo que ocurre en la sociedad- se han orientado a reconocer la diversidad social y a promover procesos de inclusión de la misma en las aulas como forma de operar sobre los prejuicios y discriminaciones tan arraigados en la región. Este Dossier busca efectuar una revisión de los avances alcanzados y de las zonas grises abordando al menos las siguientes dimensiones: inclusión de la diversidad socioeconómica, de la diversidad étnico-racial, de género y otras sexualidades, de migrantes y refugiados y de personas con diversidad funcional. Se esperan artículos que, con foco en las políticas de democratización e inclusión en el nivel superior, recuperen trabajos de investigación sobre condiciones normativas y estrategias de generación de información para la atención a la diversidad, experiencias innovadoras de gestión y desarrollo académico, estrategias para evitar la deserción/fomentar la graduación o bien estudios, tendencias y estado de situación sobre el tema convocante. Los trabajos podrán referir al orden regional, subregional o nacional. La organización del Dossier estará a cargo de la Dra. Sylvie Didou Aupetit (DIE/CINVESTAV, México) y de la Dra. Adriana Chiroleu (UNRosario, Argentina) como Editoras invitadas. 

Se invita a enviar las contribuciones siguiendo las normas de elaboración y envío de los textos, disponibles en el portal de la revista ESS. 

 

Fuente de la Información: https://www.iesalc.unesco.org/2021/12/13/abierta-convocatoria-para-el-dossier-tematico-y-seccion-general-vol-34-no2-jul-dic-2022-de-la-revista-educacion-superior-y-sociedad/

 

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México – Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

En este sentido, el tema del Programa Nacional de Inglés (PRONI) o el del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa (hoy Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, FFSEE), impulsado hace unos años por gobiernos emanados de otros partidos políticos muy diferentes al que hoy dirige los destinos del país, nada más no acaban de tomar forma para hacerse una realidad. Es más, con la mal llamada “austeridad republicana”, sufren los embates de una serie de recortes o ajustes presupuestales pues, como se sabe, para el actual régimen hay de prioridades a prioridades que no se visualizan en el ámbito educativo, pero sí en lo clientelar o corporativo.

Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, profesores del PRONI de los estados de Zacatecas y Puebla, denunciaron en distintos medios de comunicación y/o redes sociales, el adeudo de varias quincenas y falta de prestaciones de ley y servicio médico en plena pandemia, pero también el que, en Guerrero, el 15 de noviembre, terminaría el servicio que éstos prestaban en cada una de las escuelas de esa entidad federativa (Noticias en la mira, 2021). Un asunto que no es nuevo, de hecho, en enero de este año, publiqué un artículo que titulé “El PRONI, entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021). Así ha sido y, tal parece, que así seguirá este programa: entre la corrupción y el limbo.

Ahora bien, por lo que toca al tema de la inclusión educativa, durante el sexenio de Felipe Calderón, se impulsaron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como parte de las políticas de equidad e inclusión impuestas por los organismos internacionales referidos y, cuyo propósito, fue el de brindar atención especializada de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad, así como también, integrarlos a la comunidad escolar. De hecho, en 2016, según la SEP, se tenían en operación 275 CAED, teniendo previsto, abrir 225 más en el periodo 2016-2018, y por el cual se aseguraba que, al término del sexenio, se tendrían 500 en todo el país (Boletín 131, SEP, 2016). No obstante, con la llegada del actual régimen, y bajo el pretexto de esa mal llamada “austeridad republicana”, desde hace un par de años, alumnos, padres de familia y maestros que laboran en los CAED, han denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales, la presunta eliminación de estos CAED, así como también, una serie de irregularidades en sus pagos, pero, lo más preocupante, el que los alumnos que cursan sus estudios en estos Centros, tenían serias dificultades para obtener los documentos que avalan la culminación (certificación) de sus estudios (Dis-capacidad, 2019). Un asunto que, hay que decirlo, así se ha mantenido hasta nuestros días. ¡Vaya forma de implementar las políticas educativas de carácter incluyente en nuestro país! En fin.

En este sentido es importante señalar que, en ambos programas, la figura del docente que estaría a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tanto para los que cursan el nivel básico para la adquisición de una lengua extranjera o, en media superior, para la atención de alumnos con alguna discapacidad, no reciben esta denominación, la de docentes, sino aquella que, por más que se diga lo contrario, es totalmente incomprensible y hasta denigrante: “asesores externos”. ¿Acaso estos “asesores externos” no planean, desarrollan una clase y evalúan los aprendizajes? Cierto, en ambos casos, no ha habido una completa formalización del servicio educativo que prestan estos profesores; ello explica el por qué no tienen una base definitiva o el que se les pague irregularmente por honorarios (previo contrato), pero ¿ello justifica esa irregularidad a la que han estado sujetos desde hace varios años?, ¿no un gobierno, que se dice del pueblo y para el pueblo, tendría que velar por brindar una atención integral a todos los sectores de la población que así lo requiera con personal calificado y especializado en diferentes rubros?

Y es que, como se sabe, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en la década de los noventa, la implementación de políticas internacionales emanadas de los señalados organismos, y la tan anhelada y mal lograda “calidad” educativa en nuestro país, se ha precarizado y desvalorizado el quehacer docente en diversos rubros afectando, como parece obvio, a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades, pero, desde mi perspectiva, lo más importante y preocupante, el que los alumnos de todos los sectores sociales, y con diferentes capacidades, no reciban lo que propio derecho les corresponde: una educación que les permita afrontar los retos que la vida misma y la sociedad impone, pero también, ser incluidos en esa sociedad altamente demandante derivado de ese mundo globalizado.

Cierto, habrá quien me diga que se ha avanzado en materia de inclusión educativa en nuestro país, no obstante, en mi defensa, diré que el que un alumno con alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz asista a cualquier escuela de México no es un signo de un avance mayúsculo pues, como se sabe, desde hace varias décadas, las maestras y maestros de nuestro país no han recibido la formación especializada para tratar a estudiantes con autismo, hipoacusia, etcétera, que se incorporan a sus aulas escolares.

Curiosamente, si el actual régimen tiene la intención de desaparecer programas “neoliberales”, hasta el momento no hemos conocido (y con seguridad no conoceremos) qué programas substituirían a éstos. Vaya, el que la Secretaria de Educación, PROFESORA Delfina Gómez, haya anunciado el pasado 3 de diciembre (día internacional de personas con discapacidad) que, para 2022, se tendría un aumento superior a los 650 millones de pesos en el PFSEE (Profelandia.com, 2021), no asegura que los CAED seguirán subsistiendo. Creo, la profesora, tendría que tener claro que los Centros de Atención Múltiple (CAM), no son los CAED, y punto.

¿Por qué no brindar una certeza laboral y profesional a estos profesores que no son asesores externos para que, de alguna forma, se avance en una adecuada implementación de las políticas en comento?

Con negritas:

Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista.

Al tiempo.

Referencias:

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/los-caed-y-proni-la-precariedad-laboral-en-tiempos-de-la-4t/

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