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Las humanidades y la crisis de la alta educación

Por: Luis Beltrán Almería
La universidad es hoy una institución cuestionada: sufre el acoso del sector privado, porque está dejando de cumplir su tarea, y el desinterés del poder.
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¿A quién pertenece la inteligencia artificial?

Por: Juan Torres López 

Se ha sabido que Sam Altman, el CEO de OpenAI e impulsor de ChatGPT, lleva meses recorriendo despachos de Washington con una propuesta aparentemente muy generosa: la creación por el gobierno de Estados Unidos de un fondo financiero público para que los ciudadanos puedan participar de los beneficios que proporciona la inteligencia artificial. Como era de esperar, Donald Trump lo celebró diciendo que así «el pueblo americano se hará muy rico».

La propuesta no solo tiene truco, sino que es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. El truco es que OpenAI acumula más de 12.000 millones de dólares en pérdidas en un solo trimestre y sus proyecciones internas apuntan a más de 115.000 millones hasta 2029. Lo que está pidiendo Altman puede convertirse, por tanto, en otro rescate financiero más que en una fuente de ingresos para la mayoría de la población.

Para entender por qué digo, además, que esta propuesta es lo contrario de lo que se debería hacer hay que responder, en primer lugar, a una pregunta que no parece que haya mucho interés en plantear: ¿a quién pertenece realmente la inteligencia artificial y quién tiene, por tanto, derecho a gobernarla y enriquecerse con ella?  Una pregunta que obliga a responder previamente a otra fundamental y que, por sorprendente que pueda parecer, no tiene respuesta satisfactoria en la economía contemporánea: ¿cuál es la naturaleza económica de la inteligencia artificial?

Este artículo recoge las líneas maestras de la introducción a un ensayo de próxima aparición en el que trato de dar respuesta a esta segunda cuestión y en donde analizo también las implicaciones que tiene.

La importancia del asunto

La razón por la que importa esa pregunta es sencilla: de cuál sea la naturaleza económica de la inteligencia artificial depende quién se debe apropiar de ella sin desnaturalizarla, así como las políticas que se adopten para regularla, los derechos que se reconozcan sobre su uso, los instrumentos fiscales que se le apliquen, los marcos jurídicos que la gobiernen y, en última instancia, quién se debe beneficiar de su existencia y quién soportar sus costes.

Determinar con rigor la naturaleza económica de un fenómeno o proceso nunca es algo anecdótico o neutral. Todo lo contrario. De ello depende que sepamos si se está utilizando conforme a lo que efectivamente es o de forma desnaturalizada. Y puesto que la inteligencia artificial ha empezado ya a reconfigurar simultáneamente los mercados de trabajo, las estructuras de poder empresarial, las relaciones entre Estados y las condiciones de vida de millones de personas…, acertar o errar en el modo en que se usa o debe usarse no es un formalismo. Es un problema de economía política de consecuencias históricas que se está tratando de resolver ya, pero sin debate y en gran medida sin el instrumental conceptual adecuado.

Existe una cantidad ingente de literatura sobre la inteligencia artificial, pero aún está por resolver qué es desde el punto de vista económico. Muchos análisis parciales iluminan aspectos concretos, pero no resuelven el problema en su integridad. Es una laguna importante que tiene dos causas. Una, la dificultad intrínseca del problema. La otra es la influencia de grandes poderes a quienes interesa mantener la confusión conceptual: quien controla una definición se aprovecha de las consecuencias de haberla establecido de un modo u otro.

La corriente dominante en economía intenta integrar la inteligencia artificial como un factor adicional de producción, encerrándola en categorías que no fueron diseñadas para expresarla y que distorsionan su naturaleza. Los análisis más especializados tratan de descubrir qué efectos tiene la IA sobre el trabajo u otros campos de la economía, pero sin plantearse qué es exactamente desde el punto de vista económico. Otros más críticos (sobre el capitalismo de vigilancia, sobre el de plataformas, o describiendo el tecnofeudalismo) analizan bien el ecosistema en el que la IA actúa y al que transforma, pero también sin examinar previamente su naturaleza económica. Incluso la encíclica papal Magnifica Humanitas, quizá el análisis más ambicioso y de mayor alcance público producido recientemente sobre la IA, llega a conclusiones de gran profundidad ética y filosófica pero deja sin resolver aspectos esenciales, precisamente porque tampoco se propone la determinación rigurosa de su naturaleza económica. El diagnóstico moral sin la base económica se queda a mitad de camino.

La IA no es «una» cosa

Cuando aquí hablo ahora de inteligencia artificial me refiero principalmente a los grandes modelos de propósito general, los que están detrás de ChatGPT, Gemini o Claude, que concentran de forma más intensa todas las propiedades que hacen de la IA algo económicamente nuevo.

Pues bien, la gran dificultad para determinar analíticamente qué es la IA desde el punto de vista económico es que no es algo de naturaleza unitaria. No es una sola cosa, sino un conjunto de elementos de naturaleza económica muy diferente. Los algoritmos y modelos son conocimiento formalizado con naturaleza de bien público; es decir, cuyo consumo por un individuo no impide el de otro y cuya reproducción puede hacerse ilimitadamente sin coste alguno. Los datos de entrenamiento son un recurso común generado socialmente y apropiado privadamente. La infraestructura computacional es capital fijo (no varía a medida que lo hace la producción) con tendencia al monopolio natural, dado su elevado coste y gran envergadura. La energía es una mercancía con efectos externos ecológicos masivos que generalmente no se internalizan por quien los produce. El trabajo humano incorporado en la IA se utiliza como factor tradicional, aunque con tendencia a hacerse invisible y ser muy precario. Y la capacidad de tomar decisiones autónomamente es algo sin precedente en la historia económica: una función emergente del conjunto que rompe la distinción clásica entre factor productivo (pasivo desde este punto de vista) y agente económico (decisor).

Ninguna de las categorías de las que hoy día disponemos captura todo ello en su conjunto. Pero el problema no es sólo la heterogeneidad de los componentes. Radica principalmente en que su combinación produce algo cuya naturaleza económica no se reduce a la suma de sus partes. Probablemente sea la primera vez en la historia que un único recurso económico integra en tan alto grado y simultáneamente elementos de naturalezas tan heterogéneas, haciéndolos interactuar de forma dinámica y autónoma.

Hay además un rasgo que agrava decisivamente la cuestión de su apropiabilidad. La IA aprende y evoluciona a través de su propio uso y sus propiedades no son estables, sino dinámicas y resultado de su aplicación. Quien se adueña hoy de la IA no se apropia solo de sus capacidades presentes, sino también de su trayectoria evolutiva futura. Y esta, como la del pasado, se construirá con el uso y la aportación de millones de personas que, sin embargo, pueden no recibir compensación ni reconocimiento alguno por ello si se permite que la IA sea de apropiación privada. Dicho de otro modo: apropiarse de la IA no es hacerse con una herramienta o factor productivo convencional. Es apropiarse de la capacidad de aprovechar las ganancias futuras que produzca, de la aportación de terceros y de poder de agencia, es decir, el de tomar decisiones futuras que afectarán a todos los seres humanos.

La conclusión que nadie quiere sacar

De todo esto se deriva la conclusión que debería condicionar el desarrollo y el uso de la IA: no puede ser apropiada privativamente sin que esa apropiación constituya una expropiación de lo que por naturaleza pertenece a toda la humanidad. Cuando el valor presente y futuro de un recurso depende inseparablemente de una aportación colectiva continua que ningún propietario individual puede generar por sí mismo, es incoherente económicamente tratarlo como un activo exclusivamente privado. De ser así, su apropiación privada entra en contradicción con la naturaleza económica del recurso y lo desnaturaliza, impidiendo entonces que la inteligencia artificial despliegue todas sus posibilidades de desarrollo y elevando extraordinariamente sus costes privados y colectivos.

Se podría decir que los grandes modelos de lenguaje requieren para su construcción GPUs, energía e ingenieros que se pueden apropiar privadamente sin desnaturalizar la esencia de la IA que acabamos de señalar. Es cierto. Pero esos son sus insumos productivos, no su materia prima cognitiva. Lo que les da capacidad e inteligencia, lo que confiere su principal valor a la IA, es el conocimiento acumulado por millones de seres humanos a lo largo de siglos con el que se entrenan sus modelos. Esa es su verdadera materia prima. Y nadie pidió permiso para usarla, ni nadie paga por ella. La materia prima de la IA es el acervo intelectual y cultural de la humanidad entera. No es de Altman, ni de Google, ni de ningún Estado en particular. Es de todos, y eso es exactamente lo que permite reconocer a la inteligencia artificial como algo cuya naturaleza es la de un bien común. Una conclusión a la que se ha podido llegar desde la filosofía, la ética o la política pero que a mi juicio cobra mucho más valor cuando se concluye desde el análisis económico.

Además, la IA es un bien común de tipo radicalmente nuevo: uno que no se agota con el uso sino que crece con él, que no tiene fronteras nacionales porque su materia prima es universal, que tiene capacidad de sustituir el trabajo cognitivo humano a una escala sin precedente y que aprende y crece por sí mismo. Ningún otro recurso tuvo antes esas características en conjunto. Aunque es cierto que algunos de sus elementos (la infraestructura computacional, la energía, el trabajo humano incorporado) tienen naturaleza de bienes privados susceptibles de apropiación individual, son insumos del sistema, no el sistema mismo. La IA como conjunto, como capacidad cognitiva y decisora que emerge de todos sus elementos constituyentes, tiene una naturaleza que los trasciende y que no puede apropiarse privadamente sin desnaturalizarla y sin expropiar a quienes la hicieron, la hacen y la seguirán haciendo posible.

Las implicaciones de propiedad, de gobernanza, de distribución y de gestión democrática que esto tiene las analizo en el ensayo que ahora anticipo. Pero algo fundamental puede adelantarse: es urgente impedir que los oligarcas tecnológicos logren que nuestras sociedades y gobiernos asuman como un hecho consumado la apropiación privada de la inteligencia artificial. Y para conseguirlo es imprescindible dejar de analizar la IA con categorías propias de un mundo en el que no existía.

Altman tiene prisa en disponer de dinero público para cuando el modelo de negocio privado de la IA revele sus límites y quizá estalle, como ocurrió en el pasado con el desarrollo inicial en burbuja de otras innovaciones revolucionarias. Nuestra urgencia debe ser otra: tomar conciencia de que la IA condiciona el futuro de la humanidad e impedir que unos pocos la conviertan en un instrumento para su enriquecimiento privado a costa de todos.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260601/Firmas/54011/juan-torres-lopez-inteligencia-artificil-a-quien-pertenece-sam-altman-trump.htm/

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Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

Por: Catalina Olivares Urenda

¿Qué desafíos enfrenta Chile para avanzar hacia una Educación Sexual Integral basada en derechos humanos?

El 13 de mayo de 2026 se conmemoró por primera vez en Chile el Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI), que nació como iniciativa de la Fundación Chile Necesita ESI. Gracias a esta instancia, como país nos permitimos volver a cuestionarnos qué es la ESI, qué contempla y cuáles son nuestros desafíos pendientes en su implementación.

Tal espacio de discusión permitió rememorar y evaluar los avances que ha experimentado la ESI tanto a nivel nacional como internacional, adquiriendo especial relevancia el desarrollo regional debido a la creciente consolidación de estándares jurisprudenciales.

En este contexto, la experiencia comparada y la evolución de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han contribuido a posicionar la ESI no solo como una herramienta educativa, sino también como una obligación estatal vinculada a la garantía del derecho a la educación, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias basadas en género.

La construcción de estándares interamericanos en materia de ESI

En el derecho internacional se ha definido la ESI como un proceso educativo basado en un currículo que entrega información científica, precisa y de forma progresiva, de acuerdo con la edad de la persona receptora, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Al respecto, la Corte ha entregado estándares que permiten su correcta comprensión y aplicación.

A pesar de aproximaciones iniciales que la Corte entregó a lo largo del tiempo, por ejemplo, a través de la sentencia del caso González Lluy y otros vs. Ecuador, el primer reconocimiento de estándares explícitos en materia de ESI se dio hace tan solo seis años, en la sentencia del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. En esta, la Corte, en correlación con lo señalado por el Comité DESC, determinó que la educación sexual debe poseer cinco características fundamentales: debe ser integral, no discriminatoria, basada en evidencia, científicamente rigurosa y adecuada a la edad (párrafo 139). Este fallo subrayó que la falta de herramientas educativas impide a las niñeces identificar situaciones de abuso, facilitando su sometimiento ante relaciones de poder (párrafos 131, 139 y 140). Así, la ESI no es solo una mera transmisión de datos, sino que se transforma en un medio para que niños, niñas y adolescentes ejerzan su autodeterminación y tengan herramientas para otorgar un consentimiento válido (párrafo 139).

Estos estándares establecidos por la Corte fueron profundizados en el Caso Manuela y otros vs. El Salvador y el Caso María y otros vs. Argentina, donde se reconoció que la falta de información aumenta la vulnerabilidad de las mujeres pobres y rurales, permitiendo la reproducción de estereotipos nocivos sobre el “instinto maternal”, afectando su derecho a la salud; y, a la vez, se reforzó la importancia de la ESI para garantizar decisiones informadas y proteger la autonomía progresiva, especialmente en contextos de maternidad adolescente y procesos de adopción forzada.

El caso chileno: desarrollo normativo y oportunidades para el litigio estratégico

En Chile, el reconocimiento de la ESI ha sido un proceso fragmentado y tibio en comparación con las exigencias establecidas en los estándares interamericanos. Actualmente, el marco legal se sustenta mayoritariamente en la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, la que, como su nombre lo indica, solo se centra en entregar información relativa a la fertilidad. Este enfoque biologicista y moralista ha sido ampliamente criticado, debido a que omite dimensiones afectivas y de derechos humanos. Además, delega su ejecución al Ministerio de Salud, lo que ha provocado que la sexualidad se aborde como una norma sanitaria y no como un proceso formativo integral, vinculado a otros aprendizajes.

Pese a que ciertas bases curriculares de establecimientos educacionales incluyen objetivos de aprendizaje sobre afectividad, lo cierto es que su implementación es profundamente desigual y depende de la voluntad de los equipos directivos y de su financiamiento, generando que el acceso a la ESI esté supeditado al nivel de ingresos de cada familia. Mientras algunos establecimientos integran la perspectiva de género, otros enfrentan resistencias institucionales o limitan los contenidos a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta debilidad se agrava por un sistema de financiamiento basado en fondos concursables, lo que ha demostrado ser ineficaz para cubrir las necesidades reales de los estudiantes.

Un nudo crítico central en Chile, especialmente en el contexto actual, es la tensión entre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el interés superior del niño. Sectores conservadores han utilizado este derecho como una barrera para impedir la entrada de contenidos sobre diversidad sexual, alegando un supuesto “adoctrinamiento”.

Sin embargo, gracias al litigio estratégico, la justicia chilena poco a poco ha comenzado a respaldar la ESI. Un ejemplo de esto fue la presentación de recursos contra JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) en el año 2024 por entregar cuadernos que incluían un glosario con la sigla LGBTIQ+ y menciones al avance de comunidades no sexistas. La Corte Suprema, en esta instancia, rechazó las acciones de protección, utilizando como argumento central la Ley Antidiscriminación y los deberes estatales de inclusión, sentenciando que informar sobre diversidad no vulnera la libertad de conciencia de los padres.

En este mismo sentido, un avance significativo para el litigio estratégico es la reciente Ley 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece la obligación de incluir educación no sexista en el sistema educativo. Este marco legal constituye una herramienta potente que permite a los litigantes exigir la inclusión de contenidos de género, superando la anterior debilidad de la Ley 20.418, que se enfocaba principalmente en la regulación de la fertilidad.

Asimismo, la relevancia de este avance se vio reforzada a propósito del control de constitucionalidad de la norma, instancia en la cual el Tribunal Constitucional en causa ROL 15276-24-CPT confirmó la constitucionalidad de la expresión “no sexista”, rechazando los argumentos que sostenían una supuesta vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. En particular, el Tribunal sostuvo que dichos derechos encuentran límites en los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad de derechos y no discriminación, señalando expresamente que no existe un derecho a educar en el prejuicio o en formas de desvalorización de otras personas o de sí mismas. De esta manera, la educación no sexista deja de configurarse únicamente como una aspiración programática y adquiere un sustento constitucional y normativo robusto, fortaleciendo las posibilidades de litigio estratégico orientadas a exigir su implementación efectiva.

Reflexiones finales

La ESI no debe entenderse como una opción ideológica, sino como una obligación de debida diligencia del Estado para prevenir vulneraciones. Chile tiene el desafío urgente de transitar desde una normativa sanitaria hacia una legislación específica que reconozca la ESI como un derecho integral y transversal desde la primera infancia. La experiencia regional es clara: países como Argentina Panamá, al contar con leyes específicas, aseguran una implementación más coherente y protegida de los vaivenes políticos.

La conmemoración del primer Día Nacional de la Educación Sexual Integral es un triunfo de la sociedad civil que busca cimentar estos estándares. Sin embargo, para que sea efectivo, el Estado debe garantizar un financiamiento específico, formación docente sistemática y mecanismos de monitoreo que hoy son inexistentes en el país.

Como se ha visto en la jurisprudencia regional, la ESI es una garantía de no repetición que busca desarticular la violencia antes de que esta se convierta en delito. No hay democracia plena mientras el cuerpo y la educación sigan siendo territorios de vulnerabilidad e invisibilidad.

Citación académica sugerida: Olivares Urenda, Catalina. Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/30. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/educacion-sexual-integral-en-chile/

Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

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Las grandes corporaciones tecnológicas contra la democracia

Por Jorge Majfud 

¿Por qué el presidente de Uruguay tiene tan baja aprobación, siendo que el país no está tan mal como el resto del continente? La respuesta es simple: la arrogancia de su gobierno (del presidente Orsi, de su ministro de Economía Odone y de su canciller Lubetkin) crearon un sisma anímico de traición y derrota dentro de sus votantes, los militantes del histórico Frente Amplio. Su estrategia de alinearse con un neoliberalismo edulcorado y con un sionismo supremacista fue el primer momento que partió las aguas en los primeros meses de su administración, en 2025.

Cuando un gobierno no tiene el apoyo y la defensa articulada de sus votantes y militantes, sus adversarios tienen un trabajo fácil. El primer culpable no es la oposición; es el gobierno. También parte de la izquierda uruguaya, por haber vendido su épica a cambio de ganar alguna que otra elección. Esta es una particularidad de la realidad uruguaya, pero también es la raíz del árbol agonizante de la izquierda occidental, desde Europa a América Latina.

¿Quién está dando el ejemplo de cómo volver a sus principios tradicionales de defensa de los derechos de los de abajo, de la clase trabajadora, de la lucha antiimperialista y antiesclavista? Como en el siglo XIX, la izquierda estadounidense.

Paradójicamente, el ejemplo de cómo debe actuar una izquierda que merezca llamarse así procede de la cuna de toda esta ola de brutalidad antidemocrática, racista, sexista y genocida: Estados Unidos. Desde hace unos años, es la izquierda estadounidense la que ha tomado la posta de la irreverencia. Ya lo vimos con la diferencia entre el Partido Verde de Estados Unidos, liderado por nuestra amiga Jill Stein, y el Partido Verde de Alemania: uno militantemente contra el genocidio en Gaza, contra el imperialismo y a favor de las clases trabajadoras y, el otro, el europeo, buscando excusas para no quemarse.

Había un problema: debido a que el sistema político y electoral de Estados Unidos es una herencia del sistema esclavista, las posibilidades de actuar desde un tercer partido eran y son prácticamente nulas. Mucho más cuando la Corte Suprema decidió en 2010 levantar las restricciones a las donaciones para los Super PACs en las elecciones. Desde entonces, el secuestro y compra de políticos se convirtieron en un negocio legal, ya sin disimulos, el que no sólo refleja la estructura obscena de acumulación, sino que la radicaliza.

Ahora comenzamos a ver un movimiento que muchos no consideramos seriamente años atrás. Una de las alas del mismo águila, el Partido Demócrata, comienza a ver con pánico cómo candidatos como Zohran Mamdani en Nueva York y James Talarico en Texas están confirmando la idea de que al poder brutal del dinero, de la extorsión de los lobbies y del éxito del libertarismo fascista (regado todos los días con el tecnofacismo de las sectas digitales) se lo enfrenta sin timideces virginales. De la misma forma que un elefante que arremete se detiene cuando un hombre se planta y levanta los brazos de forma desafiante, así está procediendo este grupo de izquierda en Estados Unidos.

Mamdani no solo ganó la alcaldía de Nueva York con su afirmación y confirmación de ser musulmán y socialista, sino que desde el comienzo hizo una campaña a favor del aumento de impuestos a los millonarios (luego de décadas de imparable reducción) y contra el genocidio en Palestina. Luego de ganar la alcaldía, hizo campaña en favor de candidatos al congreso del Estado con una condena clara a la inmoralidad de los lobbies, como el pro-israelí AIPAC, el que históricamente se jactó de decidir quién gana en una elección: sólo aquellos que reciben las donaciones y la bendición de su secta. El resultado ha sido una serie de victorias electorales de la izquierda irreverente. Todos los candidatos que hicieron campaña rechazando este dinero sucio, ganaron.

Es obvio que estarán bajo permanente presión y sabotaje, desde el gobierno federal de Trump hasta los lobbies de millonarios. Lobbies de pobres no hay. Pero, como lo demuestra la historia, la izquierda desde el siglo XIX se plantó con principios y reivindicaciones sin cambiarlas ni por ni para un triunfo electoral.

En América Latina todavía pesa la historia del colonizado. No por casualidad, ha sido la región que estuvo bajo colonización por más tiempo en la historia moderna, desde que Cristobal Colón pusiera pie en una isla y dejara constancia de que su objetivo era hacer esclavos a los ingenuos isleños―en nombre de Dios, aleluya!

Las elecciones están todas inoculadas por las tecnológicas de Silicon Valley, casi todas aliadas o en manos de grupos pro-israelíes. En los últimos tres años, como reacción a la avalancha crítica de la gente normal contra el genocidio en Palestina, nueve elecciones fueron ganadas por candidatos pro-Israel, justo cuando en todos y cada uno de esos países la opinión de la población era mayoritariamente desfavorable a las políticas intervencionistas, abiertamente genocidas y supremacistas de Israel. En casi todos los casos ganó la derecha más fascista y manipulable; todos simpatizantes del supremacismo racial o étnico: Milei (Argentina, 2023); Noboa (Ecuador, 2023); Peña (Paraguay, 2023); Bukele (El Salvador, 2024);  Mulino (Panamá, 2024); Kast (Chile, 2025); Asfura (Honduras, 2026); Fujimori (Perú, 2026); De la Espriella (Colombia, 2026)… ¡aleluya!

Con (casi) excepciones, como Uruguay y Venezuela. En Uruguay no fue necesario que la izquierda perdiese, sino que bastó con secuestrarla para la causa del genocidio y del neoliberalismo que impidió un uno por ciento de impuesto a los millonarios y la pronunciación de la palabra prohibida. En 2025, en Venezuela, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez condenaron el genocidio en Palestina. Horas después del secuestro de su presidente por una fuerza extranjera que dejó casi 60 muertos olvidados en enero de 2026, Rodríguez dijo que la operación tenía la firma de Israel. Apenas colocada como presidenta interina (la constitución dice que debió llamar a elecciones 30 días después), no dijo ni una sola palabra contra el régimen de Washington ni de Tel Aviv. Más bien todo lo contrario: sus expresiones fueron a favor de la restauración de relaciones diplomáticas con ambos. ¿Qué ha dicho Delcy sobre la invasión y masacre de Israel en Líbano? Nada, pese a que en Venezuela viven 700.000 personas de ascendencia libanesa, 50 mil palestinos y 10 mil judíos, aunque este último grupo no debe ser identificado con el sionismo, como pretenden siempre los sionistas. ¿Dónde quedó la resistencia de Chávez?  Un silencio cobarde, gripal y calculador de sus propios intereses, como el de Shakira.

En junio de 2026, Flavio Bolsonaro se reunió con Netanyahu (como antes lo había hecho la dictada Nobel de la Paz, María Corina Machado) y dijo que esa relación era de “ganha-ganha” (pésima traducción de “win-win”). Flavio es el candidato que le disputa la presidencia a Lula quien, junto con la presidenta Sheinbaum de México, es uno de los pocos presidentes latinoamericanos no arrodillados ante Netanyahu. Flavio Bolsonaro (hijo del golpista pro-israelí y expresidente, capitán Jair Bolsonaro), se subió a una tarima pública y declaró: “Con Bolsonaro, Brasil volverá a ser una nación hermana de Israel”. Del genocidio, de Palestina y de los derechos de los pueblos del mundo, ni una mierda.

Al terminar, gritó dos veces: “Brasil acima de todo”, una copia burda del lema nazi “Deutschland uber allesque hasta los europeos prohibieron luego de la Segunda Guerra.

¿Por qué un candidato que disputa la presidencia de un país gritaría en una tribuna algo a favor de lo que el 60 por ciento de la población rechaza? Es simple: este, como la otra decena de candidatos del genocidio, no les habla a sus pueblos palestinizados: les están hablando a las grandes tecnológicas que, a través del hackeo de naciones, son las que deciden las elecciones.

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Lecciones de la huelga indefinida histórica del profesorado valenciano

Por: Vicent Mauri | Moisés Vizcaino

El profesorado de la educación pública no universitaria del País Valencià ha optado para suspender temporalmente la huelga indefinida comenzada el 11 de mayo a partir de este viernes, 12 de junio. Es una “interrupción estratégica” que permite no hacer huelga, pero continuar con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso, han indicado los sindicatos STEPV, CCOOPV y UGTPV. La suspensión puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales. Vicent Maurí y Moisés Vizcaino hacen balance.

Una lección de dignidad

Vicent Maurí

Original en català ací

«La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar el que se ha construido durante estas semanas.»

La huelga indefinida del profesorado valenciano ya forma parte de la historia de las grandes movilizaciones sociales de nuestro país. Veintitrés días ininterrumpidos de lucha, de asambleas, de manifestaciones, de concentraciones y de debates colectivos han dejado una impronta que va mucho más allá del resultado de una consulta o de la evolución de una negociación. Han representado una auténtica lección de dignidad, compromiso y unidad.

Hay que empezar dando las gracias. Gracias al profesorado valenciano, que ha sostenido con valentía una huelga indefinida en circunstancias difíciles, asumiendo costes personales y económicos para defender un bien común. Gracias a sus asambleas, espacios de democracia real donde cada voz ha contado y donde se han tomado las decisiones más importantes. Gracias a los sindicatos que han sabido construir una plataforma unitaria y poner los intereses de la educación pública por encima de cualquier otra consideración.

Pero también hay que dar las gracias a la comunidad educativa y a la sociedad valenciana. Las familias, los movimientos sociales, las entidades cívicas, las asociaciones de barrio y tantas personas anónimas han hecho suya esta lucha. La respuesta social ha sido inmensa. Del sur al norte del País Valencià; del interior a la costa; en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños; en los barrios obreros y en las zonas rurales. En todo el territorio se han multiplicado las muestras de apoyo y solidaridad. También han llegado mensajes de apoyo desde otros territorios del Estado y desde el ámbito internacional, conscientes que la defensa de la educación pública es una causa que transciende fronteras.

La acampada educativa se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de este conflicto. Un espacio de resistencia, de debate y de construcción colectiva que recuerda otras grandes experiencias de defensa de los servicios públicos. Resulta inevitable pensar en la mítica Carpa Blanca argentina, aquella escuela itinerante que se convirtió en un referente internacional de la lucha por la educación pública en los noventa del siglo pasado. Hoy, salvando todas las distancias, el profesorado valenciano ha demostrado que la perseverancia y la convicción continúan siendo herramientas imprescindibles para transformar la realidad.

Esta huelga no ha sido una reivindicación corporativa. El profesorado ha levantado la voz para denunciar una situación insostenible que afecta directamente la calidad del servicio público educativo. La recuperación del poder adquisitivo perdido es una reivindicación legítima, pero las reivindicaciones van mucho más allá: reducción de ratios, incremento de plantillas, disminución de la carga burocrática, mejora de las infraestructuras educativas y defensa efectiva de la lengua. En definitiva, la defensa de una educación pública digna, equitativa y de calidad.

Los datos de la consulta realizada al profesorado refuerzan todavía más la legitimidad de este movimiento. Han participado 30.238 docentes, una cifra extraordinaria que evidencia el grado de implicación y conciencia colectiva del profesorado valenciano. El resultado ha sido claro y contundente: 26.217 docentes, el 87% de las personas participantes, han rechazado la propuesta de acuerdo global presentada el 9 de junio, considerándola insuficiente para dar respuesta a las reivindicaciones planteadas desde el inicio del conflicto.

Entre las personas que han votado en contra del acuerdo, se ha abierto un nuevo procedimiento de decisión para determinar los pasos siguientes. También aquí el profesorado ha dado un ejemplo de responsabilidad democrática. De las 26.217 personas consultadas, 17.633 (67%) han optado para interrumpir o desconvocar la huelga, mientras que 8.584 (33%) se han mostrado partidarias de mantenerla. Es importante entender el significado de este resultado: no expresa una renuncia a las reivindicaciones, sino la voluntad mayoritaria de explorar otras vías de acción y de negociación después de haber protagonizado una de las movilizaciones educativas más importantes de las últimas décadas.

El profesorado valenciano ha demostrado que es posible conjugar firmeza en las reivindicaciones con responsabilidad colectiva. Un docente, un voto. Asambleas abiertas, debate permanente y decisiones adoptadas democráticamente. Esta es, también, una de las grandes victorias de este proceso.

Por eso, el profesorado se ha convertido en un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora y para el país. En un momento en que a menudo se pretende imponer la resignación y el individualismo, miles de docentes han demostrado que la movilización sostenida, la participación democrática y la unidad continúan siendo instrumentos útiles para defender derechos y conquistar mejoras.

También es necesario señalar las responsabilidades políticas. La Consellería de Educación, encabezada por la consellera Ortí, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han desaprovechado la oportunidad de resolver el conflicto desde el primer momento mediante una negociación real. Demasiado a menudo han optado por la dilación, la descalificación o la presentación de propuestas insuficientes, en lugar de escuchar las legítimas demandas de un colectivo que sostiene uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Todavía están a tiempo de rectificar. Tienen en sus manos la posibilidad de poner fin al conflicto con una negociación sincera que den respuesta a las reivindicaciones del profesorado. Se trata de asumir una responsabilidad institucional ineludible: garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes educan y aseguran una educación pública de calidad para todo el alumnado.

La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar lo que se ha construido durante estas semanas: una red de solidaridad y de apoyo mutuo que ha recorrido el país, una comunidad educativa movilizada y una sociedad valenciana que ha apoyado a sus docentes.

El profesorado ha hablado con claridad en las aulas, en las calles y en las consultas. El mensaje ha estado inequívoco: sus reivindicaciones son justas y necesarias. Ahora corresponde a la Consellería de Educación y al presidente Pérez Llorca escuchar este clamor y abrir, de una vez por todas, una negociación real que doy respuesta a unas demandas que constituyen una exigencia colectiva para garantizar una educación pública valenciana, digna, inclusiva y de calidad.

Porque la educación no se negocia a la baja. La dignidad del profesorado y el derecho del alumnado a una educación pública de calidad no pueden quedar subordinados a excusas presupuestarias ni a intereses ideológicos y partidistas.

La huelga indefinida del profesorado valenciano es, sobre todo, una lección de dignidad y de compromiso. Y las lecciones más importantes son aquellas que dejan huella y abren caminos. Este país necesita más ejemplos como este: personas dispuestas a organizarse, a perseverar y a luchar por el bien común. El profesorado valenciano lo ha hecho. Y merece el reconocimiento, el respeto y el apoyo de toda la sociedad.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

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Lecciones de una huelga valenciana indefinida histórica

Moisès Vizcaino

La suspensión de la huelga indefinida de los docentes puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales

Original en català ací

Después de un mes de huelga indefinida, ayer 10 de junio, los docentes aprobaban en una consulta suspender la huelga a partir del día 12 al mismo tiempo que rechazaban la última propuesta de acuerdo de la Consellería de Educación en manos del PP con apoyo de Vox. Este resultado deja en empate la partida.

La impresionante movilización de la enseñanza pública, con una huelga valenciana indefinida histórica, tanto por seguimiento como por duración y un apoyo del conjunto de la comunidad educativa y de buena parte de la sociedad sin precedentes, en defensa de una educación pública de calidad y en valenciano, no ha conseguido doblar el enrocamiento de un Consell que se había puesto como objetivo derrotar y humillar los docentes.

Sus tácticas dilatorias de la negociación y el enrocamiento de sus posiciones, encabezadas por la consellera Ortí responsable política directa de la mano del president Llorca, han acabado funcionando y se ha desconvocado la huelga de los docentes sin conseguir sus objetivos. Dentro del PP puede haber la tentación de ver la situación como una victoria, con la complicidad y el acuerdo parcial pactado por los sindicatos ANPE y CSIF. “Hemos chafado a los sindicatos como hizo Margaret Thatcher con los mineros y hemos abierto el camino en una nueva era de hegemonía conservadora”, deben de pensar.

Este, sin embargo, es un análisis muy peligroso y que les puede salir muy caro. La negativa de los docentes a aceptar las migas que les ofrecía la Conselleria es un detalle importante que demuestra que los docentes no han sido vencidos. Lo más probable es que el próximo curso vuelvan de nuevo las protestas. Podemos entender que difícilmente tendrán la forma de una nueva huelga indefinida, pero el malestar generado por la situación de la mayoría de los centros que afecta directamente a los alumnos y familias y a todo el personal público docente y no docente, sumado al que ha provocado la actitud prepotente y autoritaria del Consell y todas las reivindicaciones exigidas, no se diluirán por arte de magia. Ni tampoco las asambleas de los docentes, motor fundamental de la movilización, de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià y de Docents en Vaga.

Además, este malestar no es exclusivo de la educación. La situación en sanidad es similar, así como en otros servicios públicos y, si nos alejamos del sector público, la sensación de que la cuestión de la vivienda es “insostenible” cada vez es más masiva y transversal.

De hecho, a pesar de algunos esfuerzos de hacer confluir este conjunto de reivindicaciones con la huelga de la educación, resulta obvio que ha faltado un último esfuerzo en esta dirección y los sindicatos no han tenido la capacidad de convertir la huelga docente en un paro generalizado, como mínimo, al sector público valenciano, y, lógicamente, comprendemos esta situación. Con este panorama, lo más probable es que el próximo curso -año electoral- venga caliente. Si sindicatos y movimientos sociales son capaces de hacer confluir las diferentes luchas en un gran movimiento popular, al PP se le puede hacer muy larga la legislatura.

Porque el desastre de la Dana nos ha dejado ya una serie de lecciones de gran valor y una forma colectiva de movilizarse, como han hecho desde las principales asociaciones de las víctimas  Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Associació de damnificats per la dana de l’Horta Sud, y desde el Acord Social Valencià. La primera es que la capacidad de mentir, hacerse el sordo y mantenerse impertérrito ante la protesta ciudadana de este Consell es inmensa. Pero, también, que si el pueblo valenciano tiene la resiliencia y dignidad suficientes como para hacer caer a Carlos Mazón, también la tiene para hacer caer a la consellera de Educación y el Consell del PP-Vox entero.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

+ Info:

Sebastià Carratalà. El professorat vota suspendre temporalment la vaga a partir de divendres

Roser Roig. L’STEPV exigeix avançar i assegura que continuarà la mobilització

Joan Canela. Alcen l’acampada docent de la plaça de la Mare de Déu

Joan Canela. Un informe indica la viabilitat econòmica de les millores en l’educació

David Garrido. Educació pública, de qualitat i —no ho oblidem— “en valencià”

Vicent Flor. El PP, noquejat per la mobilització

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Otro fútbol y otro mundo son posibles… e imprescindibles

Haciendo un breve recuento, el primer campeonato tuvo lugar en Uruguay en 1930, en medio de la Gran Depresión ocasionada por la burbuja financiera en los Estados Unidos. Cuatro años después, la Copa se jugó en la Italia de Benito Mussolini. El fascismo descubrió que once jugadores podían serle de gran utilidad, sobre todo con el triunfo que obtuvo la escuadra nacional.

En 1938, Francia hospedó el torneo con la sombra de la guerra que se desataría poco tiempo después. Doce años después, la Copa saldría de su escondite en una caja de zapatos, debajo de la cama del Vicepresidente de la FIFA para viajar al Brasil, quien perdió la final con el equipo uruguayo en un memorable partido definitorio en el Maracaná.

Suiza, que se había mantenido neutral durante la Guerra, debía simbolizar el regreso de la paz en el Mundial de 1954. Sin embargo, el mundo había entrado en una nueva guerra entre el bloque socialista y el bloque capitalista capitaneado por los Estados Unidos. Alemania, que regresaba al torneo después de haber estado prohibida su participación, venció a los favoritos húngaros en la final.

La Unión Soviética consiguió participar por primera vez en la sexta edición que se jugó en Suecia en 1958. La lucha por la liberación del colonialismo entraba a las canchas. Por vez primera tuvieron un cupo para participar seleccionados de Asia y África.

En 1962, dos años después del terrible terremoto de Valdivia, la Copa se jugó en Chile. Uno de los cuatro estadios utilizados era propiedad de la minera estadounidense Braden Copper Company – nacionalizada nueve años después por el gobierno de Salvador Allende. Brasil se llevó el trofeo de la mano de Garrincha y Pelé, pero la alegría desatada no duró mucho. El país, presidido por el progresista João Goulart, se vería ensombrecido por el golpe militar de 1964, dictadura que recién vería su fin veintiún años después.

En el 66´ la corona volvería a Europa y la ganó el local Inglaterra, mientras que en México 1970, en plena ebullición de la ola de rebeldía juvenil y a dos años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Brasil consagraría su tercer triunfo. Los alemanes ganarían su segundo trofeo también como locales en 1974 superando, una vez más, al favorito equipo magiar. Pocos meses antes había ocurrido el embargo petrolífero de los países árabes, como represalia al apoyo que prestaron varios países occidentales a Israel en la guerra de Yom Kippur.

Mientras tanto, sangrientas dictaduras se ensañaban con los impulsos revolucionarios en América Latina. El mundial de 1978 intentaría tapar en Argentina la terrible violación a los Derechos Humanos de los sucesivos gobiernos militares que dejaría treinta mil víctimas.

Los mundiales jamás han estado separados de la política, del dinero o del poder.

España, poco después del fin de la dictadura franquista, organizó la Copa en 1982, en la que por primera vez participaron equipos de todos los continentes, un preludio de la globalización en ciernes.

En México 86, la “mano de Dios” y los pies de Maradona llevaron a Argentina a lograr su segundo galardón, derrotando en fase de cuartos de final a la escuadra inglesa, con las heridas aun frescas de la guerra en las colonizadas Islas Malvinas. Los sudamericanos no pudieron revalidar su título en el siguiente Mundial en Italia (1990), cayendo ante el conjunto alemán, cuyo pueblo celebraba la reciente reunificación nacional.

Regida por la preeminencia del neoliberalismo, en 1994 el Mundial de fútbol se disputó en los Estados Unidos, un país sin tradición en este deporte. En 1998, el evento tendría lugar en Francia con el triunfo de la escuadra gala en el Estadio de Saint-Denis, un suburbio de París con una gran población inmigrante. Tiempo después, la ultraderechista Marine Le Pen calificaría a este barrio de la periferia capitalina como un área «fuera de control», una «zona sin ley» en manos de «escoria».

En el evento inaugural del siglo XXI, la Copa se disputó en Corea del Sur y Japón, siendo atravesada esta edición por la rampante corrupción de altos directivos de la FIFA. El lema del torneo siguiente, disputado en Alemania en 2006, (“El mundo entre amigos») no pudo plasmarse en el juego, rompiéndose el récord del mayor número de tarjetas amarillas y rojas. Fuera de la cancha, millones de personas sensibles habían llenado las calles en contra de la invasión estadounidense a Irak. Esta furiosa avanzada por recursos petrolíferos y control geopolítico había intentado legitimarse como “guerra contra el terrorismo islámico”, estigmatizando a las poblaciones musulmanas, sin distinción alguna, como fanáticos peligrosos.

El enorme Nelson Mandela celebrararía la elección de Sudáfrica como sede del primer Mundial en suelo africano en 2010 a pesar de la enorme erogación financiera que suponía la construcción de nuevos estadios, mientras el país seguía cargando las enormes desigualdades heredadas del apartheid. También en Brasil, cuatro años después, el alto coste de las millonarias obras motivaron extendidas protestas por parte de la población brasileña, antes y durante el torneo. El clamor popular, más allá de la habitual euforia futbolera que caracteriza al país insistió – con toda la razón –  en que hubiera sido mucho más importante que el dinero de los estadios se hubiera invertido en hospitales y escuelas.

La vigésima edición fue en Rusia 2018, cuya elección como sede fue cuestionada por presuntas denuncias de corrupción. El entonces primer ministro Vladimir Putin dijo que consideraba las investigaciones como un intento de los Estados Unidos de expulsar a Joseph Blatter del cargo de presidente de la FIFA como castigo por su apoyo a Rusia como anfitrión del certamen. La elección del Reino de Qatar para el certamen 2022 tuvo idénticas sospechas, sumadas a los cuestionamientos por la violación de derechos humanos. En esa edición, en un final no apto para dolencias cardíacas, Argentina obtuvo su tercer trofeo.

La inminente Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, no logrará ocultar el intento de limpieza étnica de la población palestina, los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el secuestro del presidente venezolano, las redadas antiinmigrantes y las agresivas medidas y la descarada injerencia del gobierno reaccionario de Donald Trump. Será un Mundial con una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, conflictos armados en Sudán y República Democrática del Congo, catástrofes climáticas y la continuidad del expolio de los recursos naturales para beneficiar a unos pocos conglomerados financieros. Ningún gol podrá aliviar las violaciones a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, los intentos de recolonización, la discriminación racista o el incremento de las afecciones de salud mental.

Asistiremos a una sofisticada ingeniería tecnológica, que fuera de la competencia deportiva ya está siendo usada para vigilar a las poblaciones y asesinar selectivamente. Los juegos tendrán lugar en un escenario geopolítico que, más allá de sus resultados deportivos estará signado por un nuevo (des)equilibrio internacional que ya no estará asentado sobre la hegemonía del eje occidental.

Sucede que el fútbol y el deporte en general, absorbido por intereses mezquinos, convierte la alegría en mercancía y el juego en negocio. Los mundiales y megaproyectos deportivos no favorecen a las comunidades, ponen las ganancias por encima de la vida y venden la ilusión efímera de que la felicidad puede vestirse con la casaca de un equipo nacional.

Frente al futbol espectáculo, frente al fútbol que oculta la desigualdad y la discriminación, es preciso reivindicar el futbol de los barrios, de las comunidades y de los pueblos. El fútbol que siempre nace y se nutre del corazón de los desheredados, de los excluidos y despojados.

Otro fútbol es posible e imprescindible, el que sirve al encuentro y a la paz, no a la división, a la manipulación o al enfrentamiento. Ese fútbol que hoy crece desde la convicción de todas y todos aquellos que queremos un mundo justo, con igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para todo ser humano sobre la Tierra, por el solo hecho de haber nacido. Un mundo humanista.

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La izquierda ante un gran desafío: Sobre los comités de base por un gobierno de trabajadores

En el mundo entero, y no solamente en la Argentina, el capitalismo se halla inmerso en una época de crisis profunda y multifactorial. Nos hallamos en medio de una transición, pero nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde. Es probable, de hecho, que haya varios destinos posibles. Para la izquierda revolucionaria ello entraña la posibilidad que, de los actuales fuegos, resurja como el ave Fénix el horizonte del socialismo. A escala global, sin embargo, no parece ésta la opción más a la mano. Pero en los momentos de crisis las cosas se aceleran y posibilidades inverosímiles hasta poco tiempo atrás se vuelven atractivas e incuso factibles. Y siempre hay circunstancias peculiares. Que la dirigente trotskista Myriam Bregman se encuentre en Argentina entre las figuras políticas con mejor imagen y el FIT-U con una creciente intención de voto es un fenómeno que no se puede ignorar. La crisis del gobierno y la parálisis, las disputas intestinas y el giro a la derecha del peronismo parecen no tener fin. Desde hace varias semanas en el conjunto de la izquierda de nuestro país se debate cómo intervenir sobre este fenómeno político. Los autores de este texto hemos participado en estos intercambios con dos Cartas Abiertas. Aquí quisiéramos desarrollar algunos aspectos de nuestro análisis de la situación y lo que nos parece una vía de acción posible y fructífera.

En los regímenes políticos capitalistas democrático-liberales parece haberse producido, en los últimos años, un cambio significativo. Durante décadas estos regímenes sirvieron como un poderoso dique de contención para todo tipo de radicalización política, consolidando bolsones enormes de electorados estables que daban solidez al sistema y hacían poco probable tanto los cambios repentinos de las preferencias políticas o electorales cuanto las rebeliones por abajo. Los levantamientos tenían lugar característicamente en países no democráticos (ejemplo típico: la primavera árabe).Hubo excepciones (como la Argentina de 2001), pero el panorama general era que las democracias liberales constituían un puntal de estabilidad. Eso se ha ido desmoronando en la última década, en la que han proliferado levantamientos y protestas callejeras de diferente tipo que incluso han tumbado gobiernos constitucionales (como el de Nepal hace pocos meses), como así también se ha visto  virajes electorales rápidos y profundos o la aparición recurrente de outsiders como Bukele en El Salvador, Castillo en Perú o de la Spriella en Colombia. Milei es un caso extremo de esta tendencia. Sin embargo, en ningún caso, hasta ahora, se ha roto de manera inequívoca con los parámetros neoliberales consolidados durante el último medio siglo, ni mucho menos con las bases capitalistas de la economía (aún más antiguas). La fuerte inestabilidad de los gobiernos no da necesariamente lugar a una inestabilidad equivalente del sistema político en sí mismo, y hasta ahora no ha amenazado a las relaciones de propiedad. El descontento es casi universal, pero la emergencia de alternativas es la gran ausencia. Los virajes políticos de las últimas décadas no han alterado las dinámicas sociales y económicas capitalistas más profundas. Las políticas focalizadas no han podido contrarrestar la precariedad, la informalización y la miseria universales. Las compensaciones simbólicas de la política posmoderna se tornan crecientemente vacuas ante las duras realidades de la vida material en lo que hace a empleo, ingresos, vivienda, salud,educación o degradación ambiental. Las tibias estatizaciones (allí donde la hubo) no han podido frenar los vendavales de la economía global. Los derechos tantas veces proclamados –“con la democracia se come, se cura y se educa”- se vuelven cada vez más papel mojado. La falta de una alternativa al capitalismo liberal que resulte creíble y atractiva para las grandes mayorías es el gran vacío que, en buena medida, caracteriza la política actual en nuestros países.

El interrogante es: ¿cómo transitar del descontento que se palpa y la inestabilidad que se acrecienta hacia un cambio político y social verdaderamente estructural y significativo?

La inestabilidad política en nuestras sociedades se da sobre un trasfondo que no se puede ignorar ni minimizar, y que es mucho lo que debe a los cambios tecnológicos, culturales y sociales operados en las últimas décadas. Las redes sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos permiten una difusión masiva de ideas a bajo costo, de manera descentralizada y no fácilmente controlada por los Estados y las corporaciones privadas. Esto puede ser aprovechado por la izquierda, que siempre tuvo dificultades para acceder a los grandes medios de comunicación. Pero, en contrapartida, el anegamiento de la arena pública con basura digital, noticias falsas, exceso de emoción y minimización de los argumentos y de la razón no favorece en lo más mínimo a la izquierda socialista. La ultraderecha siempre se basó en una radicalización discursiva y emocional que ocultaba un conservadurismo social destinado a mantener e incluso acrecentar el poder y la riqueza de los ricos y poderosos. La emocionalización y la virtualización de la vida social generan inestabilidad política, fenómenos virales y cambios súbitos en las preferencias electorales o simpatías momentáneas. Pero, paralelamente, tienden a socavar el alcance y la solidez de las fuerzas políticas (fenómeno reforzado por la mercantilización acelerada de los últimos años y la importancia creciente concedida a los aspectos más privados de la vida personal). El desafío para la izquierda argentina en la hora actual es aprovechar un vaivén favorable que se registra en el estado de ánimo de grandes sectores sociales para propiciar una politización más consciente, consistente y organizada, que haga posible un cambio revolucionario. Un cambio que, para ser genuino, demanda una participación tan masiva como autoconsciente.

En nuestra primer Carta Abierta propusimos que, a partir de la creciente simpatía en torno a Myriam Bregman, se conformaran “Comités de base por un gobierno de trabajadores”. La propuesta fue tomada parcialmente por el PTS, la organización que Myriam integra, en una convocatoria que acompañamos con nuestras firmas. Sin embargo, la implementación concreta de los comités parece haber sido encaminada en una dirección bastante diferente a la que proponíamos y a lo que daba a entender la convocatoria “Vos hacés falta”. El llamado a conformar los comités se ha concentrado casi exclusivamente en la construcción de “un partido de la nueva clase trabajadora”, y los comités han estado integrados en la mayoría de los casos por militantes del PTS y activistas independientes, con exclusión no sólo de los otros partidos que integran el FIT-U, sino de muchas otras organizaciones sociales y políticas que, en principio, son favorables a un “gobierno de trabajadores”. No podemos dejar de señalar que esta vía de actuación puede mantener a miles de personas alejadas de los comités, socava la unidad del FIT-U (un activo que la mayor parte de sus simpatizantes valoran positivamente), pone trabas a su posible desarrollo como un genuino movimiento de masas y cierra casi por completo las puertas a una posibilidad inédita: que la izquierda pueda influir sobre trabajadores y jóvenes peronistas disconformes con la orientación cada vez más derechista del Partido Justicialista (PJ) y la burocracia sindical, traccionando a una parte significativa de ellos hacia posiciones revolucionarias.La construcción del partido revolucionario (tarea cuya importancia no desmerecemos) puede (y debe) desarrollarse fortaleciendo y consolidando un movimiento de masas, necesariamente más amplio y plural.

No tenemos una posición rígida sobre las formas de organización política revolucionaria más conveniente en el presente. Pero a la luz de la configuración actual de la izquierda política, del movimiento sindical y del variopinto espectro de muy disímiles movimientos sociales, consideramos que los comités de base (y en esto consistía nuestra propuesta inicial) deberían ser un espacio democrático de masas capaz de concentrar a todas las fuerzas en principio favorables a la idea genérica de un “gobierno de trabajadores”, para emprender conjuntamente aquellas tareas en las que estamos de acuerdo: enfrentar al gobierno de Milei; apoyar a las luchas sociales y sindicales en curso; difundir el ideario socialista y la perspectiva revolucionaria; debatir a partir del programa del FIT-U un programa de gobierno de emergencia mucho más detallado. Paralelamente a estas tareas de lucha y propaganda conjuntas, pensamos que el espacio de los comités (o instancias paralelas relacionadas o no con los mismos, como foros, paneles, mesas redondas, talleres, etc.) podría servir para estudiar, conversar o debatir el amplio espectro de cuestiones tácticas, estratégicas organizativas e intelectuales que atañen a un cambio revolucionario.

Insistimos entonces con nuestro planteo inicial: debemos asumir con audacia la posibilidad de debatir con miles de personas para avanzar en la construcción de una alternativa gubernamental de los trabajadores y trabajadoras que haga posible una salida a la crisis opuesta a la que nos proponen Milei, el PJ y todas las variantes del sistema.

Los comités de base pueden ser la gran herramienta para esta tarea, a condición de que sirvan para desarrollar y coordinar las luchas de resistencia a las políticas oficiales y den un marco político y organizativo a la creciente bronca popular.

La apuesta es inmensa. Ningún colectivo, por pequeño que sea, y hasta ningún militante individual que quiera sumarse puede quedar afuera. Necesitamos grandeza, firmeza y unidad. De nuestra parte no tenemos dudas: si rodeada de las principales figuras públicas del FIT-U y de referentes de los distintos movimientos sociales y/o sindicales que en los últimos años han estado dando la pelea, Myriam Bregman diera una conferencia de prensa convocando a la conformación de comités de base podríamos aglutinar a decenas de miles de personas dispuestas a militar por una alternativa revolucionaria.

https://vientosur.info/la-izquierda-ante-un-gran-desafio-sobre-los-comites-de-base-por-un-gobierno-de-trabajadores/

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