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La tarea de desmercantilizar la escuela

Por: Carlos Andujar

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción en el área educativa.

El neoliberalismo como proyecto político, del que el macrismo fue su tercer intento local, es un proyecto totalizador, es decir que tuvo (y tiene, ahora desde la oposición) pretensiones hegemónicas. Dicho de otro modo, unidas a las reformas económicas implica siempre transformaciones culturales.

Como menciona el recordado filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci: “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.

El neoliberalismo de Cambiemos antes de llegar al poder en el 2015, alimentándose de “sentidos comunes” preexistentes, supo “dirigir moral e intelectualmente”, medios de comunicación mediante, a cierto sector social alcanzándole para democráticamente acceder a conquistar el poder estatal. Una vez allí, incorporó en su intento de construir supremacía, el control de las diversas instancias gubernamentales. El sistema educativo, perla preciada del aparato cultural estatal, aún con sostenidas resistencias que volcaron a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la educación a las calles, no escapó a tal devenir.

La escuela puede mercantilizarse de distintos modos, pero sin duda el más conocido y visible es el deterioro provocado por los recortes presupuestarios que, bajo la bandera de la disciplina fiscal, esconde verdaderas políticas de trasferencias regresivas del ingreso.

Según el informe del Programa de educación del CIPPEC (Documento de trabajo Nº 178 de febrero de 2019), la meta estipulada por la Ley de Educación Nacional (2006) de invertir el 6 por ciento del PIB en educación se llegó a cumplir en el 2015 pero no se sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,80 y 5,65 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente.

En términos absolutos, entre 2015 y 2016 la reducción fue de 65.000 millones de pesos constantes del año 2018 entre ambos niveles de gobierno (bajó un 7 por ciento a nivel nacional (15.617 millones de pesos, a valores de 2018) y un 8 por ciento a nivel provincial ($49.384 millones)).

En la misma línea el Colectivo de Observatorios y equipos de investigación en educación estipularon que, en caso de haberse aprobado el Proyecto de ley de Presupuesto elevado por el macrismo en septiembre de 2019, la función Educación que en el 2016 representaba 7,8 por ciento del presupuesto del Estado Nacional se hubiese reducido al 5,1 por ciento en el 2020, una disminución, en términos reales, del 34 por ciento.

En comparación con el pago de la deuda, el informe concluye que para el 2016, Argentina había presupuestado aproximadamente la misma cantidad de fondos para el pago de deuda que para educación, pero que para el 2020 los fondos para deuda están en una relación de 4 a 1 con respecto a aquellos destinados a educación.

A nivel Nacional el ajuste se realizó en el desfinanciamiento o la directa eliminación de Programas, como el de Formación Docente “Nuestra Escuela”, el plan “Conectar Igualdad” o las “Becas Progresar” y la unilateral e ilegal eliminación de la Paritaria Nacional Docente que, gracias a un fondo de compensación salarial aportado por la Nación, había logrado reducir sustantivamente las desigualdades salariales docentes en todo el país.

A nivel provincial el ajuste se produjo principalmente a través de la caída estrepitosa del salario real docente, componente que representa más del 90 por ciento del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

Un segundo modo de mercantilización fue el ataque sistemático a quienes pueden (y en efecto lo han hecho) resistir la avanzada neoliberal: las y los trabajadores de la educación y sus sindicatos.

La demonización de los sindicatos y las y los sindicalistas, y el desprecio por la tarea docente (unido al deterioro salarial, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se amenazó con convocar “voluntarios” para reemplazar a quienes ejercían el derecho constitucional a la huelga) lejos de ser medidas aisladas fueron reflejo de las “recomendaciones” del Banco Mundial que en sus documentos oficiales (Profesores Excelentes (2015)) responsabilizan de la “baja calidad educativa” a las y los docentes.

Estos, menciona explícitamente el documento, dado que gozan de estabilidad laboral dan clases con poca eficacia y tienen altos niveles de ausentismo. La solución que da el Banco Mundial cae por su propio peso: “flexibilización” laboral y rendición de cuentas. En efecto, la partida de Evaluación del presupuesto del Ministerio de Educación es una de las pocas que se ha incrementado desde el 2015, y que, en el marco del desfinanciamiento del resto de los programas, convirtió y redujo a la evaluación a un mero mecanismo de control, disciplinamiento y sanción.

El tercer modo y menos conocido de mercantilización es el peso que diversas ONG y fundaciones educativas han tenido en la definición de políticas públicas actuando como representantes de las elites económicas, destacándose estrechos lazos entre funcionarios, empresarios y directivos de las Fundaciones/ONGs educativas. Como señala Ana Castellani, en el informe Nº6 del Observatorio de las Elites (Citra. Umet. Conicet), de febrero 2019, tres son los principales motivos de tal desembarco.

En primer lugar, la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral.

En segundo lugar, la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas).

Por último, pero central para el direccionamiento intelectual y moral que mencionaba Gramsci, la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa.

Estos mecanismos de captura de la decisión pública por parte de las elites económicas, continua el citado informe, se traducen en un creciente proceso de mercantilización de la educación que consiste básicamente en:

1. El avance de las empresas en la definición e implementación de las políticas educativas.

2. La promoción de los valores, principios y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo.

3. La prestación de servicios educativos diversos.

Particularmente la difusión de ideas y valores llegó a la escuela, muchas de las veces de la mano de las ONG y fundaciones, inundando las capacitaciones y las prácticas docentes de cosmovisiones provenientes del mercado (técnicas de auto ayuda, clima escolar, gestión institucional); de la aplicación acrítica de las neurociencias y la “inteligencia emocional”; del desarrollo de capacidades y habilidades genéricas “universalmente válidas” en desmedro de saberes que, situados histórica y políticamente, sean productores de inclusión social y, de la cultura (y la enseñanza de las técnicas) del emprendedurismo, legitimación y explicación última de todo conflicto social de la mano de la impronta meritocrática neoliberal.

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Se empobreció a la población, se desfinanció a la educación, se “evaluó” y se culpabilizó a las y los docentes por la “baja calidad”.

En muchos casos se resistió con inteligencia en el marco de las relaciones de fuerzas existentes. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción. De la sustracción de derechos a su restitución. De ofrecer un modo distinto al que ha propuesto históricamente el neoliberalismo de responder a la interpelación del Otro sufriente. Desmercantilizar la escuela, es la tarea.

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/la-tarea-de-desmercantilizar-la-escuela

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Pobreza: la peor pandemia

Por: 

Tan preocupados estamos por la amenaza sanitaria del coronavirus, que hemos olvidado la verdadera amenaza de nuestro entorno: mayor pobreza, menor acceso a los servicios básicos, aumento de la violencia en todas sus formas y la más cruel de ellas en el incremento sostenido de la desnutrición crónica en la infancia. Este es el verdadero problema en las naciones del cuarto mundo, naciones caracterizadas por gobiernos corruptos y el súper poder de sus grupos económicos cuyas élites han supeditado las decisiones políticas a sus intereses particulares, apoderándose de los recursos y retorciendo las leyes.

De acuerdo con los reportes oficiales de organismos internacionales, el virus que tanto nos asusta llegará más temprano que tarde. Sin embargo, el verdadero panorama de terror reside no tanto en la potencial pandemia como en la realidad apocalíptica del hambre, las carencias y los sistemas de salud ineficientes, sin recursos, manipulados por delincuentes tan poderosos como las multinacionales del sector farmacéutico, que trafican sin el menor reparo con sus influencias con el único objetivo de sacar el mayor provecho posible de las necesidades de los pueblos. En esa tónica, presionan a los gobiernos por medio de pactos comerciales interesados, apoyados como siempre por las instituciones financieras internacionales y los países más poderosos.

Los pueblos del hemisferio Sur se encuentran, por lo tanto, mucho más expuestos a un ataque de este virus que aquellos países premunidos de sistemas de salud pública capaces de enfrentar con mayor éxito una situación de emergencia como la que se experimenta en la actualidad. Solo basta echar una mirada alrededor y constatar la miseria de nuestros hospitales y centros de salud urbanos y rurales, en donde ni siquiera se cuenta con los recursos mínimos como equipo quirúrgico, medicinas, mobiliario y, muchas veces, incluso sin personal capacitado para atender adecuadamente las situaciones de emergencia.

El temor generalizado –y razonable- ante la entrada del Covid-19 nos coloca ante una situación sumamente compleja y potencialmente caótica, toda vez que nuestras naciones están sujetas a decisiones dictadas por intereses sectarios y no responden a políticas públicas elaboradas a partir de un análisis objetivo y serio de las necesidades de nuestros pueblos. Los gobiernos del continente latinoamericano, en su abrumadora mayoría, no solo son incapaces de elevarse por encima de intereses espurios, sino se han convertido en voceros y sirvientes dóciles de las corporaciones y las élites económicas actuando a espaldas de la ciudadanía y, como obvia consecuencia, condenándola a la más profunda e injusta de las miserias.

Hasta donde se ha podido observar, las autoridades de nuestros países se han limitado a contener la ola informativa llamando a la calma y buscando la colaboración de los medios de comunicación para frenar el pánico. Sin embargo, falta aún ver cómo harán para reparar el daño provocado por décadas de corrupción y abandono de la infraestructura sanitaria; por siglos de violencia contra los más pobres y por la marginación a la cual han condenado a los sectores más vulnerables como la niñez, la juventud y las mujeres. Si algo positivo se extrae de esta amenaza sanitaria, es su capacidad de poner en evidencia la estulticia y falta de humanidad de quienes están supuestos a gobernar dentro de un marco de ética y valores, así como la valentía de quienes quizá den el golpe de timón para poner atención, por fin, a las necesidades de sus pueblos.

Nuestros países carecen de recursos para enfrentar una amenaza sanitaria.

Fuente e imagen: https://iberoamericasocial.com/pobreza-la-peor-pandemia/

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La lucha por un «internet feminista»

Por: Tamara Pearson

México debate una nueva legislación para lograr un internet libre de acoso y de sexismo. La Ley Olimpia, una de las pocas iniciativas parlamentarias de origen popular, pone en discusión el poder de las redes, el patriarcado y las relaciones sexistas en un medio que muchos consideran la panacea de la democracia.

Cuando Patricia Azcagorta se presentó como candidata a la alcaldía de Caborca (en el estado de Sonora) en 2018, circuló en las redes sociales un video de una mujer bailando en ropa interior, junto con fotos de Azcagorta. Además, había mensajes acusándola de ser stripper.

El uso de imágenes íntimas -reales o falsas- para atacar la credibilidad de una mujer, avergonzarla o silenciarla, es uno de los diversos tipos de violencia contra las mujeres a través de internet que el gobierno de México formalizará como delito en los próximos meses.

La llamada Ley Olimpia es una modificación de una ley existente sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es, además, una de las pocas iniciativas jurídicas mexicanas que tiene origen popular. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional en noviembre del año pasado tras una fuerte campaña de Olimpia Coral Melo y varios grupos feministas. Ahora es necesario que sea aprobada por el Senado.

Coral Melo tenía solo 18 años cuando un video de ella desnuda fue difundido en WhatsApp. Como resultado, fue insultada por la prensa local, que utilizó sus imágenes en sus portadas para vender y se la conoció como «la gordibuena de Puebla» (una referencia sexista a la forma de su cuerpo). Recibía numerosas peticiones de sexo por parte de los hombres. Ella contó que se encerró en su casa durante ocho meses e intentó suicidarse tres veces. Cuando intentó finalmente denunciar lo sucedido en la oficina del Fiscal, se le informó que no se trataba de un delito. Así que se organizó con otras mujeres para crear una propuesta de enmienda o una ley. Pero la enmienda que se está aprobando ahora tiene limitaciones y muchos activistas, basados en su experiencia en el sistema legal mexicano, dudan que sea implementada justamente. De hecho, México tiene la tasa de impunidad más alta de América.

En el mundo de internet, los hombres dominan los medios de comunicación (como expertos y periodistas) y la sección de comentarios. Ahora, la pregunta es si esta enmienda es un paso inicial positivo para crear un internet libre de violencia basado en principios de respeto e igualdad para las mexicanas o si es más bien un obstáculo.

Tipos de violencia digital cometidos en México y su impacto

Según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones de México, más de 9 millones de mujeres del país se han enfrentado a algún tipo de agresión tecnológica. Luchadoras, un colectivo feminista mexicano que pasó dos años acompañando a mujeres que experimentaron violencia en línea, identificó 13 tipos de agresión. Entre ellas se encuentran el acecho y la vigilancia constante, las amenazas, la expresión discriminatoria, la difusión de información personal o íntima, el lucro por explotación sexual a través de imágenes, el acoso y la extorsión.

Un ejemplo común de aprovecharse de las imágenes son las cuentas como la ya borrada @quieromipack, que venden o intercambian «paquetes» de fotos o videos íntimos o sexualmente explícitos. Un tuit de esa cuenta decía: «Cientos de fans están recibiendo sus paquetes. Si tienes packs de tus amigas, ex novias, o tomas packs o tienes los tuyos propios… contáctanos y te lo cambiaremos por un pack de nuestra página o por una membresía». Tenga en cuenta que cuando se refiere a «amigas» y «novias», las palabras son femeninas, y que no se requiere consentimiento en esta página web para enviar fotos de otras personas.

Luchadoras también realizó un estudio sobre la violencia digital contra las mujeres durante las elecciones de 2018 (en las que se disputaron 18.299 cargos desde el nivel nacional hasta el local) y encontró que las agresiones online más comunes contra las mujeres durante el período electoral fueron expresiones discriminatorias, amenazas y campañas de descrédito. Además, demostraron que había cinco patrones clave subyacentes a las agresiones: juzgar el carácter sexual del candidato, la objetivación sexual, los ataques a la familia, los roles de género y la apariencia. Lucía Rojas, por ejemplo, era una joven feminista que se presentó como candidata independiente y ahora es diputada federal. Ella dijo que, durante la campaña, su imagen, los tatuajes y los piercings fueron atacados y que fue injuriada por ser mujer, lesbiana y joven. «Mi credibilidad, conocimiento y experiencia fueron cuestionados», aseguró.

El impacto de la violencia en línea para las mujeres, tanto en el nivel individual como colectivo, suele considerarse menos significativo porque tiene lugar en un espacio de naturaleza virtual. Pero «lo que es virtual también es real, y eso significa que los efectos de este tipo de violencia son reales, se sienten en el cuerpo, en el espíritu y en los derechos de la mujer», señaló Lourdes Barrera, de Luchadoras.

La doctora Emma Short, psicóloga e investigadora de psicología cibernética de la universidad de Bedforshire, piensa que el impacto del abuso en línea es mayor «porque su condición de víctima se difunde para que todo el mundo la vea. A menudo se une un tercero por lo que la multitud o la manada va tras de ti. Así que muy rápidamente, se siente como si el mundo entero estuviera detrás de ti». Luchadoras habló con mujeres que habían experimentado violencia en línea e identificaron los impactos que éstas habían tenido, incluyendo náuseas, dolores de cabeza, falta de apetito, estrés, ansiedad, rabia, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia. También hablaron sobre la autocensura y el abandono de la tecnología.

La violencia pública, como la violencia en línea, es una táctica para ejercer poder sobre las mujeres. Afecta nuestra capacidad de expresarnos libremente, mientras que el discurso de odio y el abuso de los trolls es tolerado.

México hace cambios

La enmienda al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia digital como «cualquier acto a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas de internet, las redes sociales o el correo electrónico que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada de las mujeres, o que cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, económicos o sexuales». Esta enmienda, conocida como la Ley Olimpia, enumera este tipo de violencia incluyendo el acoso, las amenazas, los insultos, la violación de datos y los mensajes de odio.

La sentencia señala la necesidad de campañas de educación, programas de prevención y capacitación. Los delitos pueden ser denunciados a la Fiscalía, que puede ordenar a las empresas que están detrás de las plataformas que bloqueen o eliminen las imágenes o vídeos implicados. Las penas varían según el estado, pero incluyen hasta seis años de prisión o multas de hasta 4.600 dólares.

Hablé sobre la enmienda con Isabel Portillo, una psicóloga que se ha enfocado en la violencia y en la capacitación sobre el acoso cibernético en la fundación En Movimiento. Ella argumentó que la Ley Olimpia era necesaria, y que «los esfuerzos de Olimpia han comenzado a tener un impacto. Sin embargo, es necesario tomar más medidas para eliminar la violencia que hay en las redes sociales». Dijo que era importante dar a conocer la enmienda para que las víctimas puedan denunciar el ciberacoso y que quienes lo practican sean conscientes de las consecuencias.

Sin embargo, también hablé con Martha Tudón, coordinadora de derechos digitales de Articulo 19 México, una organización centrada en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ella sostuvo que la enmienda era problemática. «Las definiciones son muy generales. Por ejemplo, ¿qué es la intimidad? Podría ser mi cuello, mi cabello. Lo que hemos visto con este tipo de leyes ambiguas es que todo puede caer en su ámbito y se utilizan para atacar a los periodistas. Las personas que más se aprovechan de estas leyes son las autoridades que ven algunas noticias en internet y quieren que las eliminen», apuntó. «Tales leyes terminan siendo usadas para el populismo, para que los políticos puedan lavarse las manos y no mejorar las cosas de raíz. La enmienda es muy cosmética. Además, el árbitro es el Estado. ¿Realmente quieres darle a un Estado patriarcal la capacidad de decir qué contenido debería estar en internet?».

Desde Luchadoras dicen que la Ley Olimpia corre el riesgo de quedarse solo en el papel. Reclaman procesos de denuncia adecuados que sean sensibles a las necesidades de las mujeres y que las protejan en lugar de revictimizarlas. Dicen que más allá de multas o la prisión, son importantes las acciones que ayuden a las mujeres a recuperarse, así como las garantías de que los delitos no se repitan.

La desigualdad es inherente a la arquitectura de internet

Internet está jugando un papel en «la estructuración de nuestras identidades y la organización de nuestras interacciones sociales», dijo la doctora Charlotte Webb, cofundadora del «internet feminista». Además, aseguró que internet también se basa en las mismas estructuras económicas y de poder que el mundo real.

La dominación de los hombres sobre el sector tecnológico se expresa en tanto usuarios y en tanto propietarios. Sus prejuicios de género se reproducen en la tecnología como Alexa y Siri -asistentes personales con voces femeninas-. El contenido de internet, desde el porno hasta los medios de comunicación, también está dirigido en gran medida por hombres. En Wikipedia, por ejemplo, más del 80% de los editores son hombres. Esa falta de diversidad se traduce en el hecho de que sólo el 17,7% de las biografías en la Wikipedia en inglés son sobre mujeres.

En México, «a menudo los hombres son los que (en su familia) son dueños de los aparatos electrónicos». Es un mecanismo de poder. Le prestan el suyo a su pareja por un tiempo. «Así que controlan cómo accedemos a él y eso significa nuestro acceso a la educación, a la cultura, a la información sobre temas como la salud», afirmó Tudón.

Además, internet está «colonizado por hombres de Estados Unidos», argumenta. «Y cuando hay mujeres, son blancas y privilegiadas. Creo que internet será más inclusivo cuando las comunidades tengan sus propias herramientas de información y difusión. En México, utilizamos principalmente Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, lo que significa que estamos utilizando herramientas hechas en los Estados Unidos que responden a un contexto diferente».

Tudón afirma que espera que llegue el momento en que las comunidades puedan crear su propio contenido en sus propios idiomas, en sus propios términos. Isabel Portillo tiene una apuesta similar. Alienta a las mujeres de México a que presten apoyo mutuo a otras mujeres en internet que estén siendo atacadas. «Tenemos muchas posibilidades de mostrar solidaridad», concluyó.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/el-internet-feminista-por-el-que-luchan-en-mexico/

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¿Por Qué Debemos Enseñar Estudios De Género?

Por: Sofía García-Bullé

No sabemos nombrar ni describir los desequilibrios sociales ejercidos sobre las mujeres y otros grupos de minoría social.

En Estados Unidos, miembros de la prensa describen a una candidata presidencial como “grosera”, “mala” e iracunda, por confrontar a un rival que expresa violencia racial y misoginia en su discurso y a un presidente que se burla de la herencia cultural de esa misma candidata. En México, un director de escuela culpa a las alumnas del acoso que se comete contra ellas. En Brasil, el presidente electo le declara la guerra a cualquier filosofía que se pronuncie a favor de los derechos de las mujeres y las minorías. El problema está muy claro: necesitamos Estudios de Género en las escuelas.

La perspectiva de género, como la define Susana Gamba, especialista en Estudios de Género, es la concepción epistemológica que se aproxima a la realidad a través de las miradas propias de cada género y su relaciones con el poder. Esta perspectiva es la base de la que parten los Estudios de Género.  Explicado de esa forma parece algo complejo y netamente académico, pero la perspectiva de género es algo simple, necesario y que nos atañe a todos como académicos, profesoras investigadoras  y responsables tanto de la producción como la distribución de conocimiento.

Perspectiva y Estudios de Género 101

La ideología de género es un término que ciertamente prende conversaciones acaloradas a todos los niveles, desde familiares y laborales en conversaciones casuales, académicos tratando de definir fenómenos sociales o hasta políticos cuya agenda es pronunciarse en contra o a favor. El tema es tendencia, y es algo de lo que hablamos constantemente, ¿pero sabemos qué significa?

La ideología de género es un conjunto de principios en las que académicas expertas en Estudios de Género han encontrado consenso, es la base del discurso de la perspectiva de género. Si queremos entender la ideología de género hay que hablar primero de los estudios que producen el conocimiento en el que se apoya esta ideología.

El concepto de género como plataforma social de la que se desprenden los roles atribuidos a cada sexo, comenzó a ser estudiado a finales de los años 40. La filósofa Simone de Beauvoir fue una de las primeras académicas que comenzó a conceptualizar la idea de género y cómo esta influye en la forma en que se construye socialmente a la mujer. Uno de los postulados más importantes del discurso de Beauvoir es que nadie nace mujer, sino que se hace mujer, refiriéndose no al sexo biológico de las mujeres, sino a la simbología social de la que que se desprende el cómo entendemos los modelos de comportamiento y jerarquía social de quien nace con el sexo biológico femenino.

En 1968, Robert Stroller, profesor e investigador de psiquiatría conocido por sus teorías sobre el desarrollo de la identidad de género, extendió el entendimiento de estos conceptos puntualizando la diferencia entre sexo biológico, el género y los roles propios de cada uno. Estos conceptos forman una estructura social compuesta de símbolos, representaciones, normas, valores y prácticas que se elaboran no solamente con base en las diferencias anatómicas, sexuales y fisiológicas, sino en los atributos que les asignamos. Esto es enteramente social y da sentido a las relaciones entre las personas sexuadas.

A raíz del trabajo de Stroller, los estudios de la mujer, posteriormente llamados Estudios de Género, comenzaron a hacer presencia en el currículum de las instituciones de educación superior. ¿Pero qué se enseña en las clases de Estudios de Género? La materia es muy amplia y quienes la estudian pueden aprender conceptos muy diversos relacionados con el género y cómo se dimensiona a nivel social, económico y político. En términos generales, casi todas las instancias que pretenden enseñar la disciplina lo hacen sobre la definición del género, sus diferencias y vínculos con el sexo biológico, así como las construcciones filosóficas, antropológicas y sociales con las que nos formamos la idea de masculinidad y feminidad.

Estos cursos también examinan las intersecciones del género con la raza, la etnicidad, la nacionalidad, la clase socioeconómica, el capacitismo, la sexualidad y otras dimensiones que establecen diferencias en la conceptualización y jerarquización de las personas en la escala social. El objetivo de un grado académico en Estudios de Género es que los estudiantes aprendan a identificar, articular y analizar prácticas culturales y nociones institucionalizadas que giran en torno al género, la sexualidad y la orientación sexual. Así como entender la forma en que el género es un factor influyente en la vida de las personas desde el punto de vista social, político y económico.

Este conocimiento es valioso si quieres adentrarte en la explicación de cómo las diferencias de género juegan un papel importante en el micro y macrocosmos de la sociedad. Pero hay valor en la idea de que los Estudios de Género necesitan dejar de ser una materia electiva e inyectarse en el tronco común de los planes de estudio en general. La razón es simple: no sabemos nombrar ni describir los desequilibrios sociales ni los ejercicios de invisibilización, a veces hasta de manera involuntaria, que ejercemos sobre las mujeres y otros grupos de minoría social.

La necesidad de una educación con perspectiva de género

En artículos anteriores hemos hablado sobre cómo las dinámicas sociales que atañen al género, la etnicidad o la raza, afectan negativamente el acceso a la educación, las oportunidades de trabajo, la validación y la producción de conocimiento de las mujeres en la academia. Aún dentro de la comunidad académica y científica existen casos de mujeres y personas de minorías raciales y LGBT que no tienen derecho al discurso, a la publicación de su trabajo y al debate, sin poner en riesgo su posición laboral, su integridad física o su permanencia en sus países.

La situación para los estudiantes es igual de preocupante. En Alaska, una adolescente fue descalificada de una competencia de natación por un accidente común con su traje de baño provisto por la misma escuela. El incidente fue acentuado por un juicio de carácter sexualizante por parte de los espectadores adultos. En el resto del país, 53% de las escuelas públicas tienen códigos de vestimenta que afectan desproporcionadamente a la población estudiantil femenina. En México, un grupo de estudiantes de secundaria tuvieron que manifestarse contra su propio director, quien justificó instancias de acoso sexual hacia ellas por parte de estudiantes masculinos, responsabilizándolas del incidente.

Bajo este contexto, es patente la urgencia de una intención educativa hacia una idea de género que nos permita liberar la conceptualización del género femenino como anómalo y secundario al masculino, así como inherentemente sexuado. Y el lugar para empezar no son las universidades, son las escuelas.

¿Estudios de Género y educación básica?

Las escuelas son el mejor lugar para hablar de la idea de género y sus implicaciones sociales de una forma amigable que ayude a los niños y jóvenes a formarse una concepción más igualitaria de cómo construimos lo que entendemos como masculino y femenino. No tienen que ser ideas complejas ni lecturas que involucren temas que podrían considerarse sensibles, como los que manejan de Beauvoir o Stroller. Un simple experimento como el realizado por la organización de Lifting Limits en cinco escuelas de Reino Unido, ha marcado la pauta de cómo se puede educar desde edad temprana para la equidad.

Acciones pequeñas, como cuestionar la cantidad de literatura de ficción disponible en las que las niñas tienen agencia y peso en la narrativa; los libros de texto y espacios en la institución que mencionan los logros históricos y científicos de mujeres a la par de la de los hombres; una intención consciente de liberar los discursos docentes de estereotipos que sean derogativos para los estudiantes femeninos o limitantes para los masculinos.

Estos son el tipo de medidas que preparan a niños y jóvenes, no solamente para tener una visión del mundo más balanceada y justa en lo que respecta al género, sino que los ayuda a construir las estructuras cognitivas para que en niveles educativos más avanzados, sean capaces de comprender los conceptos y temas que manejan los Estudios de Género, así como los problemas que esta disciplina pretende analizar, examinar, visibilizar, comunicar y, eventualmente, resolver.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/estudios-de-genero

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El fracaso de los reformistas iraníes y el giro conservador

Por: Alberto Rodríguez García

El fracaso del Plan de Acción Integral Conjunto (conocido también como el acuerdo nuclear), la inflación, la crisis económica, las sanciones unilaterales de Donald Trump, la incapacidad de aplicar junto a la Unión Europea (UE) el plan de comercio alternativo INTEX y un principio de 2020 en el que EE.UU. asesinó a Qassem Soleimani y la respuesta iraní terminó derribando un avión civil en Teherán, han marcado el final de los reformistas iraníes en beneficio de los principalistas; los conservadores de línea más dura (la extrema derecha, para que nos entendamos).

Las elecciones al Parlamento iraní (Majles), celebradas el pasado 21 de febrero, se desarrollaron en un contexto nacional e internacional muy complicado para Irán. La suma de múltiples factores como el coronavirus —que ha llegado muy fuerte a Irán, infectando e incluso matando a personalidades importantes del gobierno, como el asesor del Líder Supremo Mohammad Mirmohammadi—, el boicot al voto por parte de algunos sectores y que el Consejo de Guardianes hubiese impedido presentarse a un enorme número de candidatos reformistas (aunque se presentaron 16.000 candidatos para las elecciones parlamentarias, terminaron participando algo más de 7.000), han hecho que estas elecciones al poder legislativo sean las menos concurridas de la historia de la República Islámica, con tan solo un 42 % de participación.

«La política exterior iraní será aún más dura, más intransigente y más agresiva, en un momento en el que el gobierno sufre un asedio por parte del gabinete Trump y sus aliados más fieles».

Si los reformistas del presidente Hassan Rohaní se habían impuesto en las anteriores elecciones parlamentarias y presidenciales, en esta ocasión se han hundido completamente con solo un 10 % de los votos. 220 de los 290 asientos del Parlamento los han ganado los conservadores liderados por el exalcalde de Teherán y tres veces candidato a la Presidencia, Mohammad Bagher Ghalibaf. Con este resultado, la mayoría del poder en Irán vuelve a estar en manos de la línea más dura de la revolución islámica, que se ve con cada vez más posibilidades de recuperar una Presidencia que ha estado en manos de los reformistas desde la derrota de Ahmadineyad, en 2013. Esto se traduce en que la política exterior iraní será aún más dura, más intransigente y más agresiva, en un momento en el que el gobierno sufre un asedio por parte del gabinete Trump y sus aliados más fieles. Los aliados en el exterior de Irán también están preparados para un aumento de las hostilidades; véanse los hutíes en Yemen o Kataeb Hezbollah en Irak, que ha dado un ultimátum a EEUU.

Reformistas contra conservadores

El Gobierno iraní enfrenta principalmente a los reformistas y los conservadores, entre los que destacan los principalistas, conocidos también como ‘los fundamentalistas’. Mientras que los principalistas son los más leales al Líder Supremo, los más religiosos y los que buscan mantener los principios originarios de la Revolución Islámica, siendo devotos al gobierno islámico del Wilayat -e- Faqih, los reformistas están dispuestos a modernizar Irán, no siendo tan recelosos a las democracias liberales y estando dispuestos a aceptar las ‘normas del juego occidental’; algo que se vio en el intento de implementar el Plan de Acción Integral Conjunto o en que el gobierno de Rohaní intentase contentar al Grupo de Acción Financiera Internacional (organismo asentado en París creado con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), aunque inútilmente, tras el veto de los conservadores.

Con los principalistas en el poder judicial y en el poder legislativo, solo les queda esperar a 2021 para intentar hacerse con la Presidencia y hacerse con todo Irán. Este giro reaccionario, sin embargo, puede ser una oportunidad para los reformistas, que hasta ahora se han visto maniatados cada vez que intentaban implementar cambios importantes por una extrema-derecha que los culpa de todo sin aportar una sola solución más allá de discursos populistas y teológicos. El cómo gestionen los principalistas a partir de ahora la crisis económica, la inestabilidad interna y el asedio internacional determinará en gran medida la legitimidad del gobierno y de los reformistas, que han sido incapaces de introducir cambios reales en el sistema.

Los conservadores radicales se han visto reforzados —irónicamente— por la política antiiraní de Donald Trump, que reafirmó su discurso de que no se puede negociar con EE.UU. y con la nueva ola de sanciones que ha sumido al país en una dura crisis económica que amenaza con hundir el país como lo hizo la guerra con Irak. En diciembre 2019, el gabinete de Hassan Rohaní esperaba sacar 62.140 millones de dólares del petróleo, mientras que el Parlamento estima que apenas lograrán 10.830 millones. Con el racionamiento de la gasolina para la población, el consumo diario del combustible ha caído de 80 a 70 millones de litros.

Además de la crisis provocada por las sanciones, la economía iraní ya está sufriendo las consecuencias del coronavirus. La República Islámica se ha visto obligada a cancelar vuelos, reducir el número de visas y cerrar las fronteras con sus vecinos. El impacto económico también amenaza con consecuencias políticas para un sistema que ha vivido protestas recientemente por el empeoramiento de las condiciones de vida y en el que parte de su gobierno está infectado estando en edad de riesgo. Es importante destacar que Irán es el país con más mortalidad por el coronavirus fuera de China; algo que agravan las sanciones norteamericanas, que dificultan conseguir antivirales y equipamiento sanitario básico, que no se han ‘suavizado’ hasta finales de febrero cuando el coronavirus ya era un problema para la república. Ante la amenaza de un agravamiento de la situación, la Cámara de Comercio Industria y Minería y la Cámara de Cooperativas de Irán ya ha pedido al gobierno medidas excepcionales y reducción de impuestos para evitar una catástrofe financiera.

«Es innegable que Irán debe deshacerse de la élite teocrática y reforzar la posición de los reformistas si quiere que el país avance. Pero es innegable que para deshacerse de los enemigos internos, los iraníes primero deben librarse de los enemigos del exterior que amenazan su sistema»

Es innegable que en los últimos 40 años Irán ha establecido una élite teocrática, apuntalada por el reciente giro reaccionario provocado en gran medida por los ataques que ha sufrido el país desde el exterior. Es innegable que Irán debe deshacerse de esa élite teocrática y reforzar la posición de los reformistas si quiere que el país avance. Pero es innegable que para deshacerse de los enemigos internos, los iraníes primero deben librarse de los enemigos del exterior que amenazan su sistema.

Y en otro contexto internacional, el progreso en Irán sería algo posible. Objetivamente hablando, Irán es un país mucho menos autoritario que Egipto o Turquía. Del mismo modo que, objetivamente hablando, sin sanciones la economía del país iría mucho mejor sin necesidad de recurrir a mano de obra esclava, como sí lo hacen Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Pero, sin embargo, sufre una campaña de asedio y sanciones tal que el régimen de los mullah solo puede sobrevivir cerrando filas. El enemigo del progreso en Irán está dentro, pero gana fuerza desde fuera.

Fuente: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/345173-fracaso-reformistas-iranies-giro-conservador

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Autonomía y leyes orgánicas universitarias: casos prácticos

Por: Roberto Rodríguez

En otras colaboraciones me he referido al problema del procedimiento para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley en términos del dilema del candado y la llave: ¿cómo evitar que las instancias facultadas para iniciar reformas legales presenten motu proprio iniciativas de reforma que afectan las materias garantizadas por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?, que es el tema del candado, y ¿cómo hacer posible que las universidades autónomas reformen sus propias leyes orgánicas sin transgredir el procedimiento autorizado en las normas constitucionales de la federación y los estados?, que es el tema de la llave.

Una forma de avanzar en el razonamiento de posibles soluciones es considerar algunos casos prácticos en que este dilema ha salido a relucir, así como sus consecuencias. El más reciente es el caso de la UNAM. Apenas el pasado 18 de febrero el diputado federal (Morena) Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca presentó una iniciativa de “con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.” En ella, el legislador proponía que el rector y los directores de facultades, escuelas e institutos fueran designados a través de elecciones “abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto”.

Esta iniciativa fue confrontada por el rector de la UNAM, por los rectores de varias universidades autónomas, por representantes del sector empresarial, por los coordinadores de las fracciones legislativas y al cabo por su propio partido. Aunque inicialmente el diputado Jáuregui había decidido mantener su iniciativa para continuar con el trámite legislativo correspondiente, el martes pasado procedió a solicitar formalmente su retiro. El argumento central en contra del proyecto de Jáuregui fue que la iniciativa transgredía la atribución de autogobierno sancionada en el tercero constitucional. En este caso, la solución fue política, antes que propiamente jurídica: no se puso en cuestión la facultad del legislador para diseñar y proponer la reforma, sino no haber consultado a la comunidad universitaria ni el marco constitucional que protege a la autonomía.

Otro caso reciente. El de la Universidad Autónoma de Nayarit, ya comentado en estas páginas. A iniciativa del gobernador de la entidad, Antonio Echevarría García, y al margen de las autoridades universitarias, la legislatura nayarita aprobó una reforma a la ley orgánica de esa institución. Entre las modificaciones incorporadas se incluía una relativa a la formación de un Colegio de Elección, que sería encabezado por el presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial Destinado a la Universidad. Además, se aprobó la creación de “redes empresariales” de la UAN para ampliar las fuentes de financiamiento de la institución.

En el caso de Nayarit, al igual que en el de UNAM, la iniciativa aprobada en enero de este año trasgredía la garantía constitucional de autogobierno. Por ello, se levantó una fuerte polémica, primero local, aunque poco después de mucho mayor alcance en la que la postura de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al mismo tiempo que la de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados coincidieron en señalar la inconveniencia de tal reforma al no haber tomado en cuenta el punto de vista de la institución. Aunque el gobernador anunció que el problema se resolvería mediante la reforma de la ley aprobada, la UAN se amparó y las autoridades judiciales del estado dictaminaron primero la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Salvo que el legislativo local interponga un recurso de apelación, lo más probable es que dicha reforma quede sin efecto. ¿Cuál fue el argumento del tribunal local? Inconstitucionalidad, en una palabra.

También de inconstitucionalidad fue tachada la reforma que emprendió el gobierno de Hidalgo al designar un órgano interno de control para supervisar el desempeño y las cuentas de la Autónoma de Hidalgo. Esta universidad ganó el amparo en la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgado por la Segunda Sala del Tribunal en octubre de 2018, lo que obligó a la legislatura estatal a dejar sin efecto la reforma propuesta. Uno de los razonamientos de la sentencia correspondiente establece, y vale la pena citarlo: “Que cualquier acto legislativo que pretenda modificar el contenido y alcance de la autonomía universitaria, debe ser calificado por los tribunales de amparo como violatorio del artículo 3 constitucional.”

Otra cara de la moneda la representa la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, aprobada por la legislatura local el pasado 6 de febrero. Este caso contrasta con los anterior por la ausencia de protestas o inconformidad legal. La propuesta de reforma, que autoriza a la universidad para obtener recursos extraordinarios por venta de productos y servicios, aunque también se incluyen nuevos requisitos para ocupar el cargo de rector, fue primero procesada en los órganos colegiados universitarios, posteriormente presentada por el gobernador al congreso local, dictaminada por la comisión correspondiente y aprobada en el pleno.

Hasta hoy la solución política parece la más eficaz: lograr acuerdo entre los poderes públicos y las universidades autónomas. Pero este método no tiene el respaldo normativo que debería tener. ¿No será la hora de legislar al respecto?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/autonomia-y-leyes-organicas-universitarias-casos-practicos/

Imagen: https://pixabay.com/photos/books-door-entrance-culture-1655783/

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Indignación y articulación de la decepción

Por: Leonardo Díaz

Las manifestaciones del movimiento juvenil dominicano, generadas por la crisis institucional del fallido proceso electoral, se suman a las protestas similares llevadas a cabo por la juventud en otros países de América Latina y Europa.

Los motivos de las protestas varían en función de los distintos contextos sociales: la crisis económica, el encarecimiento de los estudios universitarios, la violencia sistemática contra las mujeres, el calentamiento global, la corrupción de los gobernantes, o la impunidad ante los crímenes de Estado.

El sociólogo Manuel Castells ha estudiado durante décadas el papel de los movimientos sociales. Recuerdo su reflexión, con motivo de la puesta en circulación de la nueva edición de su libro, Redes de indignación y esperanza (2015). Allí señaló que vivimos en una época donde emerge un tipo de movimiento social muy específico, no generado por INTERNET, pero indisoluble de ella. Lo caracteriza como emocional, pues carece de programas y estrategias diseñadas para la acción, sin un liderazgo que articule conceptualmente el proyecto de transformación social.

Castells le ha otorgado a los movimientos sociales un papel fundamental en todo cambio político. “Sin movimiento social no hay transformación”. Ha sostenido que las transformaciones no pueden provenir desde el interior de las instituciones en las que se instalan los partidos tradicionales, comprometidos con prácticas políticas como: la corrupción, la falta de transparencia, la falta de sensibilidad hacia las políticas sociales, la arrogancia o la falta de disposición a la escucha.

Como hemos visto, con el movimiento social dominicano de nuestros días, vivimos una época de profunda decepción con respecto a las referidas prácticas.

La cuestión fundamental es cómo articular esa decepción para convertirla en una acción política cuya esperanza de cambio a favor de mayores cuotas de justicia social se concretizen en prácticas institucionales.

Resulta difícil, porque un segmento importante de la población que conforma nuestro movimiento social pertenece a una generación con una apatía hacia los liderazgos y a las autoridades, así como asistemática en sus ideas y procedimientos para defenderlas.

A la vez, una parte importante de los integrantes de esa población pertenece a una clase social con mucho que perder si una situación política crítica amenaza sus estilos de vida individuales.

Castells señala que hoy día los movimientos nunca se detienen. Pueden cesar en las calles, pero continúan en las redes sociales. La cuestión por ver es si el movimiento social dominicano, a pesar de su actividad en el mundo virtual y físico, conformado por jóvenes con las características señaladas, puede convertirse en un agente político de cambio o si, por el contrario, su espacio será ocupado por un liderazgo político de oposición oportunista y tan cuestionable como el que nos ha gobernado durante décadas.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8790166-indignacion-y-articulacion-de-la-decepcion/

Imagen:  https://www.shutterstock.com/image-photo/man-his-fist-held-high-protest-1659021202?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fprotestas%2520republica%2520dominicana%2F

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