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Decálogo para impulsar la participación de las familias

Por: Jaume Carbonell

Diez propuestas para avanzar hacia una participación más democrática y eficiente.

Las familias no forman parte del problema sino de la solución; y, por tanto, familia-escuela están condenadas a entenderse. Mal andamos si no partimos de estas dos premisas. Ello exige alianzas, sinergias y complicidades para compartir, cooperar y participar en todo aquello que contribuye al bienestar de la infancia, a la mejora de la enseñanza y a la transformación educativa. Para ello tienen que buscarse formas para conocerse mejor y para ponerse en la piel del otro. Hay centros que lo facilitan o se resisten a ello. Veámoslo con un ejemplo sobre las entradas y salidas. Hay situaciones en que las familias aguardan a sus hijos en la calle, tras la verja del patio. En otras se alcanza franquearlo y llegar hasta la entrada del edificio. Y las hay que incluso pueden permanecer un rato en el aula y a menudo se les invita a colaborar en distintas tareas complementarias y de acompañamiento. ¿Y por qué no tienen derecho a disponer de un espacio propio, al igual que existe la sala de profesores? ¿Acaso ello no enriquecería el contacto entre las familias y con el centro? Diversas investigaciones muestran que los vínculos, con frecuencia, se refuerzan más en momentos y espacios no formales que en las reuniones al uso.

Son varias las razones que explican las dificultades de la participación por parte de los diversos actores educativos. Una tiene que ver con estas preguntas: ¿Mi participación será efectiva? ¿Podré intervenir en la toma de decisiones? ¿Y lo que se decida, será importante? El tiempo es escaso y a nadie le satisface perderlo sintiéndose como un convidado de piedra o un comparsa de lo que otros deciden. Pongamos que hablamos, por ejemplo, de los consejos escolares o de otros órganos de representación formal en que padres y madres -por no hablar del alumnado- perciben que los debates ya han tenido lugar en otras instancias y que los acuerdos ya han sido prácticamente cerrados: solo se les pide su ratificación. Y poco más. La disyuntiva es clara: ¿Se sigue apostando prioritariamente por meros organismos de representación formal o estos u otros logran transformarse en organismos vivos de participación sostenible y de profundización democrática?

¿Cómo avanzar hacia esta necesaria colaboración familia-escuela mediante esta nueva dinámica democrática? A título ilustrativo mencionamos diez puntos que afectan de lleno al porvenir de las escuelas.

  1. 1.A favor de la inclusión y contra toda segregación. Es responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa velar por que se haga efectiva la igualdad de oportunidades y la equidad; para evitar que el centro se convierta en un gueto o que promueva la estigmatización y clasificación del alumnado; y para combatir cualquier discriminación en razón de sexo, etnia o ideología con el objeto de garantizar el pluralismo y la inclusión.
  2. Calidad de la enseñanza. Un principio que tiene que ver con las ratios en las aulas, el tamaño del centro, con los diversos equipamientos, servicios y recursos. También con la suficiente dotación y formación del profesorado y de otros profesionales para atender las crecientes necesidades psicosociales del alumnado.
  3. Educación a tiempo completo. La enseñanza no se reduce al currículo sino que incluye el conjunto de las llamadas actividades extraescolares o complementarias. Todo ello forma parte del derecho a la educación y la comunidad tiene la responsabilidad de hacerlo efectivo en todos los centros escolares, y de modo especial en los que optan por la jornada continua.
  4. Expansión del proyecto educativo a todo el territorio. Porque, en cierto sentido, también este forma parte del aprendizaje situado que conecta con la realidad. De ahí la importancia de movilizar todos los espacios, servicios, actores y oportunidades educativas. Que no son pocas.
  5. Intercambio de conocimientos. Se basa en la idea de trueque y en el principio de reciprocidad en el que se intercambian tiempos, saberes y habilidades entre docentes, alumnos, padres y madres y cualquier vecino mediante una red territorial en la que se cubren necesidades y ofertas. Al propio tiempo también se modifican los roles.
  6. Deberes y tareas compartidas. Se trata de compartir en casa y en familia lecturas, visionados de películas y documentales, diarios de viaje, libros de vida e historias familiares, preguntas y consultas en torno a proyectos u otras actividades escolares. Siempre con el propósito de hacer partícipes a los padres del proceso de enseñanza y aprendizaje.
  7. Espacios más ricos y diversificados. Pensar en una escuela más verde y sostenible, con energías renovables, una alimentación más sana con productos de proximidad y una mayor presencia de la naturaleza. En este sentido convine una transformación radical de los patios para optimizar sus posibilidades como espacio de juego, aventura, encuentro y aprendizaje.
  8. Escuela de madres y padres. Promover su formación permanente para establecer puentes entre la educación escolar y familiar a través de espacios de debate sobre cuestiones relevantes, dinámicas grupales, servicios de asesoramiento y orientación y otro tipo de ofertas en colaboración con las entidades del territorio.
  9. Comunicación virtual y presencial. Hacer un buen uso de los canales de de las redes sociales no solo para facilitar información sino también para intensificar la comunicación. Y, al propio tiempo, buscar nuevas fórmulas atractivas para las reuniones presenciales, complementadas con manifestaciones artísticas o presentación de nuevos materiales y trabajos escolares.
  10. Comisiones mixtas. La mejor forma de trenzar vínculos entre familia-escuela es la de compartir espacios de debate, propuestas y toma de decisiones en torno a los más diversos ámbitos del centro: actualización del proyecto educativo, programación de actividades, gestión del comedor, inventario de necesidades y mejoras, transformación del patio escolar,…

Pueden ser estas diez u otras veinte. En cualquier caso, lo imprescindible es potenciar la democracia participativa y compartida de los actores educativos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2018/03/21/decalogo-para-impulsar-la-participacion-de-las-familias/

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España: Educación ve poco probable la rebaja de matrículas universitarias que prometió el Ministerio

Europa/España/22 Marzo 2018/Fuente: La nueva españa

«Méndez de Vigo invita y somos las comunidades autónomas las que pagamos», lamenta el consejero Genaro Alonso

El anuncio del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de una próxima bajada de las tasas universitarias en caso de que el Gobierno obtuviera el respaldo necesario del Parlamento para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no ha obtenido la receptividad esperada en el Gobierno del PrincipadoEl consejero de Educación, Genaro Alonso, consideró «muy generoso» el ofrecimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy, «él invita y nosotros pagamos», aseveró en referencia al coste que acarreará la decisión para la Administración autonómica. «Quienes van a tener que pagar la reducción de tasas son las comunidades autónomas», advirtió Alonso durante una visita al Instituto de La Corredoria.

Méndez de Vigo indicó en el pleno del Senado que los presupuestos para 2018 revisarán a la baja las horquillas en titulaciones universitarias oficiales de grado, de manera que las comunidades autónomas puedan fijar unas tasas «más asequibles».

Se situarán, según el ministro de Educación, entre el 0 y el 25 % de los costes de la primera matrícula.»Son las comunidades autónomas las que establecen las tasas, pero dentro de una horquilla, por tanto en grado las vamos a bajar, permitiendo que sean más asequibles», declaró Méndez de Vigo a la salida del Pleno.

Esa reducción de las tasas supondría una nueva modificación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, después de que en 2017 el Gobierno redujera las horquillas de las tasas de los másteres no obligatorios.

«Anuncian una modificación de las horquillas en el precio de los grados y los másteres que permite que las comunidades autónomas puedan establecer algún tipo de rebaja o ajuste», subrayó Genaro Alonso, quien a renglón seguido especificó que en el Principado de Asturias » ya tenemos congeladas las tasas y lo que vamos a hacer con esta propuesta es estudiarla con otros agentes y ver lo que podemos hacer».

Para el consejero de Educación, el contexto anunciado por el ministro de Educación obliga a realizar un estudio de los costes que implicará para la comunidad autónoma habida cuenta «del esfuerzo que estamos haciendo ya este año con la congelación de tasas». Por tanto, continuó Alonso, «no preveo demasiado margen para una rebaja sustancial de los precios públicos, en todo caso, es un tema a estudiar con otros agentes y lo veremos en próximos días». Todo ello, pese a que el pasado diciembre en la reunión del Claustro de la Universidad de Oviedo se dio respaldo a una bajada progresiva de las tasas.

El Ministro de Educación anunció la inclusión de la bajada de las tasas de los grados universitarios en los presupuestos de 2018 después de que el senador socialista Francisco Menacho denunciara que las matrículas de España son las más caras de Europa y que existen grandes disparidades en las tasas entre unas comunidades autónomas y otras.

Fuente: http://www.lne.es/asturias/2018/03/21/educacion-ve-probable-rebaja-matriculas/2257218.html

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Publicar sin perecer, en la Universidad

Por: Enrique Diez

Se ha hecho famoso en el ámbito universitario e investigador un dicho irónico y dramático a la vez: “publica o perece”.

Como ya describí en un artículo anterior en el Diario de la Educación, el actual sistema de evaluación impuesto al profesorado universitario está empujando a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, investigando para ello en temas “vendibles comercialmente”, determinados por índices como el JCR (Journal Citation Reports), que son los que contabilizan para la evaluación y promoción. Aunque el número y el índice de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni la correlación con una mejor docencia.

Este modelo presiona a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora, marcado por el “duopolio” de Clarivate y Elsevier, multinacionales que controlan el negocio de los artículos científicos y determinan los criterios para su valoración. La presión de “publicar o perecer” ha generado una inflación de publicaciones inabarcable, que muy pocos leen, y que solo sirve para aumentar este hipertrofiado mercado autorreferencial. Lo cual obliga a un proceso continuo de competición por publicar en las revistas más citadas, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala así una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, hiperactiva, regida por el corto plazo. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable en el mercado, aparcando la ciencia de base y la investigación de fondo a largo plazo.

De tal forma que este “efecto ANECA”, el “publicar o perecer” para ser valorado y acreditado, está cambiando la dinámica de investigación y docencia en la Universidad, persuadiendo a la comunidad científica de que una parte, la valoración de una sola forma de generar conocimiento, es el todo, en donde la calidad depende del índice de impacto y lo que está fuera de este sistema “carece de valor” o “no cuenta”.

Por eso es urgente generar un sistema alternativo público de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que suponga una valoración más justa de su producción científica y su labor docente, y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.

Un Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto

El primer paso, como medida de urgencia, es poner en marcha un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto. Un sistema que sustituya progresivamente los rankings por la valoración de la actividad científica según criterios acordados de buenas prácticas; que, más allá de la revisión por pares, se evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras, con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el conocimiento se genera colectivamente; etc., etc. Este es el primer paso de otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responsa a un modelo de ciencia para el bien común.

El objetivo de esta alternativa es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a ese duopolio de empresas privadas que lo controlan y sentar las bases para que la academia acuerde un nuevo sistema de evaluación de la labor docente e investigadora del profesorado universitario que sea comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.

Este sistema alternativo de ciencia abierta u Open Science supone seguir la propuesta de la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyar la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente, con mecanismos de control del contenido publicado transparente y riguroso (revisión por pares, tal como propone la Beall’s List of Predatory Publishers.

El “acceso abierto” supone su disponibilidad gratuita en la Internet pública, sin que implique ningún cargo ni tasa para poder publicar, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados-as y citadas-os.

Los repositorios de acceso abierto, administrados por universidades u organizaciones de investigación, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Por ejemplo, Open Scholar ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales. Iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet han intentado ir más allá del modelo descrito, buscando corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina, fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones, manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; o acompañar el acceso a la base de datos, con algunas utilidades de análisis o generación de informes. Como comprobamos, por tanto, se puede hacer.

Además, el acceso abierto, mandato europeo en Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante, y brinda a los autores y autoras y a sus trabajos dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto.

Ya se han presentado dos iniciativas parlamentarias en este sentido. Por lo tanto, si se quiere, y hay voluntad social y política para ello, se puede. Pongámonos en marcha para plasmarlo cuanto antes y dar un giro completo a esta locura del “publicar o perecer”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/15/publicar-sin-perecer-en-la-universidad/

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España: Acceso a la educación en emergencias y una cultura de paz, nuestras dos reivindicaciones para la Semana Mundial por la Educación

Por: eldiario.es/21-03-2018

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME), liderada por Ayuda en Acción, Entreculturas y nosotros, exigimos a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y destaca el papel fundamental de la educación como única vía para acabar con la intolerancia y la violencia.

En el mundo   hay 264 millones de niños y niñas sin escolarizar; de ellos, 75 millones de entre 3 y 18 años viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis.   Solo la mitad de la infancia refugiada  o en situaciones de desplazamiento interno   va a la escuela primaria, y solo un 25% asiste al primer ciclo de educación secundaria. Esta situación no solamente supone una vulneración del derecho a la educación de esos millones de niños, niñas y jóvenes que en muchas ocasiones dejan de asistir a la escuela por inseguridad y/o falta de recursos, sino que  impide que la educación cumpla su función como factor de paz y elemento de protección frente a la pobreza  o la injusticia.

Bajo el lema   La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!, que destaca el papel fundamental de la educación como única vía para acabar con la intolerancia y la violencia, la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME), de la que formamos parte, exige a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030.

Para ello, del 23 al 29 de abril se celebra en más de 100 países la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que moviliza a más de  27 millones de personas en todo el mundo. En España habrá actividades y actos reivindicativos en 17 Comunidades Autónomas y Melilla, en los que se prevé la participación de más de 40.000 personas.

Y es que  2018 es un año clave en el avance hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En julio, se celebra la reunión del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, la plataforma más importante para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS.

La  CME demanda medidas tanto internacionales como nacionales  al gobierno de España para   garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia y la acogida y protección efectiva de la población refugiada, especialmente de los más vulnerables, así como acciones que permitan construir sociedades de acogida inclusivas y basadas en los derechos humanos y la no-violencia.

*Fuente: https://www.eldiario.es/educo/Acceso-educacion-Semana_Mundial_por_la_Educacion-refugiados-infancia-infancia_refugiada-paz_6_752134791.html

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La monotonía del discurso educativo

Por: Pedro Badía

La educación no es una receta contra el desempleo es, sobre todo, el proceso necesario e insustituible para formar ciudadanos y ciudadanas que se pregunten los porqués de la existencia.

El discurso se vuelve cada vez más uniforme y el esquema educativo más homogéneo y más simple. Agentes sociales, partidos políticos y asociaciones de distinta índole parecen cada vez más imbricadas en el discurso de moda: educación, empleo y mercado. Cualquier llamamiento a la necesidad que el futuro de la democracia tiene de las Humanidades y del término humanismo aplicado a la educación se entiende como un gesto de rebeldía trasnochada, cuando no de arrogancia y de falta de perspectiva de futuro.

Diferentes agencias que se dedican a los estudios sociales y económicos como la OCDE y expertos de entidades como la Comisaría de Educación de la Unión Europea (UE) señalan la importancia de la formación, el desarrollo de ciertas competencias para una mejor inserción en el mercado laboral y la mejora de los sistemas escolares, como los caminos más fiables para superar la crisis social y económica en la que viven inmersos más de 20 millones de desempleados en la UE, y que es especialmente virulenta con los y las jóvenes.

La crisis económica se presenta como una consecuencia de la falta de formación de la juventud y de las competencias necesarias para hacer que la economía sea más dinámica y competitiva y tenga más capacidad para hacer frente y superar las crisis. Según Pablo Gentili, secretario general de CLACSO: “Una bella pero muy mal contada historia que vuelve heroica la labor educativa y que acaba condenándola ante las aparentes evidencias de su ineficacia para responder a los retos del presente”.

La ecuación más educación igual a más y mejores empleos y a más ingresos debe tratarse con mucho cuidado y de manera muy reflexiva. La educación, si puede arrojar luz para un futuro mejor, es para mejorar la calidad del trabajo en un mercado laboral más solidario, vertebrado sobre la equidad y la cooperación, para conseguir una economía sostenible que no apunte al crecimiento como único fin y objetivo. Pero la educación no puede convertirse en un proceso para mantener la dramática economía de guerra en la que vive más de la mitad de las personas del mundo, incluidos varios millones de españoles.

La educación no es una receta contra el desempleo es, sobre todo, el proceso necesario e insustituible para formar ciudadanos y ciudadanas que se pregunten los porqués de la existencia. “Cada vez que desaparecen los porqués se produce un vacío que se llena de cosas malas. Una democracia entra en crisis cuando se deteriora el medio ambiente de los porqués”, Manuel Rivas.

Es una lástima que las autoridades europeas y españolas no afronten las injusticia del mercado de trabajo, la discriminación, la injusticia social que a diario se perpetran en el modelo económico que sufre la sociedad, y apoya la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el español.

Ese está produciendo un cambio drástico que será perjudicial para el futuro de las democracias. El discurso monótono del mercado y la intoxicación de la educación por términos y estrategias que proceden de la economía, hace que la finalidad, el objetivo y los contenidos tengan un sentido y no otro, dejando fuera a la comunidad educativa de decisiones tan importantes como la construcción del currículo, la utilidad de la evaluación o el papel de la institución escolar en la sociedad. Se educa para incrementar la renta y se progresa para incrementar los datos macroeconómicos.

En realidad nos empujan hacia un entorno centrado cada vez más en el crecimiento y el éxito, en el que la rentabilidad importa más que la imaginación y el gusto por la vida.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/12/11/la-monotonia-del-discurso-educativo/

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Trastorno Específico del Lenguaje. Guía de intervención educativa

Autor: Colegio Profesional de Logopedas de Galicia / Fuente: Orientación Andújar

Esta guía de intervención educativa en Trastorno Específico del Lenguaje ha sido elaborada por logopedas profesionales en colaboración con los verdaderos conocedores del trastorno, los padres y las madres de las personas afectadas.

Los niños y las niñas con TEL tienen graves problemas para expresarse a través del lenguaje oral. Normalmente también les cuesta comprender lo que otros les dicen.

Esta guía de intervención educativa pretende servir de ayuda tanto a educadores como a terapeutas y familiares implicados en la intervención.

Link para la descarga:

http://www.ttmib.org/documentos/Guia_TEL.pdf?platform=hootsuite

Fuente de la Reseña:

Trastorno Específico del Lenguaje. Guía de intervención educativa

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¿Dónde queda el derecho a la educación de los refugiados?

Autor: Carmen García

  • La educación es una herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier persona y una de las principales prioridades de las comunidades de refugiados.

El movimiento y el tránsito de las personas han definido las sociedades antiguas y modernas. Estos movimientos y migraciones son el resultado de fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales. En determinados momentos y circunstancias, enormes cantidades de personas, familias e incluso poblaciones, se trasladan voluntaria o involuntariamente a través de las fronteras territoriales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todo individuo tiene derecho a la educación, y esto comprende que sea gratuita y elemental. Además, garantiza el derecho de los padres y los tutores legales a elegir la educación de sus hijos conforme sus convicciones religiosas, morales o filosóficas. A pesar de esto, en muchas ocasiones esta declaración es tan sólo lo que su propio nombre indica y no pasa a ser un instrumento legal obligatorio.

Según ACNUR, el derecho a la educación de los refugiados se establece en el artículo 22 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; la resolución 64/ del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia (Naciones Unidas, 2010), y en el proyecto de resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación de los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo (junio de 2011) (Naciones Unidas, 2010).

Cuando se trata de la infancia, la educación se vuelve mucho más relevante. Sin embargo, más de la mitad de niños, niñas y adolescentes refugiados del mundo se encuentran no escolarizados. Los grandes núcleos de este problema se concentra principalmente en siete países: Chad, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Líbano, Pakistán y Turquía. Según ACNUR, son tres cuatro años los años de escolarización que pierden estos niños cuando huyen de sus casas. Tener derecho a la educación es tener más probabilidades de contribuir a hacer realidad las capacidades individuales, por un lado, y a aplicar las normas compartidas de respeto y justicia social, por el otro.

Menos del uno por ciento de los refugiados asisten a la universidad.

En el caso de los adultos, la situación es un tanto diferente. El acceso a la educación puede significar nuevas formas de subsistencia, pero además, están los jóvenes que tienen aspiraciones de índole profesional. Para buscar una solución a este problema, algunos Gobiernos han abierto programas de becas ofreciendo así una educación superior a jóvenes refugiados, como es el caso de Alemania con la Academia Albert Einsten. Desde 1992 brinda la posibilidad de que jóvenes refugiados asistan a las universidades.

Otro de los países que se ha unido a esta medida es Italia, que en el pasado mes de noviembre ha ofrecido una beca a un refugiado sursudanés, Emmanuel, y espera poder duplicar el número de becas que ofrece actualmente hasta al menos cien.

En la actualidad, más de la mitad de los refugiados y desplazados que hay en el mundo son niños y desde distintas asociaciones como ACNUR se trabaja para que puedan tener derecho a una educación en los campos de refugiados, pero todavía queda mucho trabajo que hacer.

En lo que se refiere a España, un informe realizado por Miguel Recio, director del IES Vega del Jarama (Madrid) ha llegado a la conclusión de que la principal dificultad está en la falta de inversión en la partida de igualdad de oportunidades para atender a este perfil del alumnado. Según este estudio, a pesar de la crisis económica del país, España es en la actualidad el mayor donante privado al ACNUR poniendo en marcha diferentes líneas de actuación y programas especializados que han contribuido a garantizar la protección del colectivo.

A nivel autonómico, destaca el País Vasco y Cataluña. En la primera, la Comisión de Ayuda al Refugiado inició una campaña de movilización ciudadana para reclamar los derechos de las personas refugiadas en la región. En la segunda, se organizó la Red Educativa de apoyo a las Personas Refugiadas que cuenta actualmente con 114 entes.

Asimismo, algunas universidades españolas pusieron en marcha distintas iniciativas para apoyar a personas refugiadas que quisieran empezar sus estudios en el país. Destaca el Plan de Acogida a Personas Refugiadas por la Universidad Complutense de Madrid o el esfuerzo de cooperación con los países árabes con orientación humanitaria impulsado por la Universitat de Barcelona.

Fuente del Artículo:

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8791506/12/17/Donde-queda-el-derecho-a-la-educacion-de-los-refugiados.html

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