España

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Más de 5.000 inmigrantes fueron expulsados del estado español en 2016

Enric Llopis

Por: Enric Llopis

La legislación española prohíbe la estancia de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Pero a Mohamed, menor de edad, no le realizaron las pruebas para comprobarlo. Tras un periplo de 20 horas en patera, arribó a las costas españolas en busca de algo tan elemental como escapar de la miseria. Primero pasó una noche en los calabozos, y después 32 días en un CIE. Mohamed confiesa que pasó mucho miedo. Salió a la calle acogido por una ONG. Su caso es uno de los recogidos en Informe CIE-2016, publicado el presente mes de junio por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Circunstancias distintas atravesó Omar, quien llegó hasta en tres ocasiones al estado español. La primera terminó expulsado, tras una estancia de cuatro meses; la segunda, fue directamente “devuelto”; y la tercera vez, acabó en un CIE, después de ser interceptada la patera en la que viajaba. El deseo de Omar es ir a Marsella, donde vive su madre, quien le abandonó cuando tenía cinco años.

El Servicio Jesuita a Migrantes, red que trabaja por los derechos de las personas migrantes y su acceso pleno a la ciudadanía, califica los CIE de institución “inútil” e “injusta”. Además, forman parte del entramado “que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables”. El informe se apoya en la experiencia sobre el terreno, pues los equipos del SJM-E han realizado durante 2016 un total de 1.741 visitas a 658 personas en cuatro CIE: Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa.

En 2016 fueron internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros 7.597 personas; de esa cifra total, 5.695 ingresaron en el CIE después de llegar al litoral español en zodiac o patera. Elaborado con datos del Ministerio del Interior, el informe señala que 51 personas fueron trasladadas a un CIE desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, y otras 12 desde el CETI de Ceuta. En cuanto a la población reclusa en los diferentes centros, 3.101 inmigrantes permanecieron en el CIE de Algeciras (el 41% del total de los internos), incluida la extensión de Tarifa, que el SJM-E califica de “paralegal”. Una posible explicación apunta a la condición de CIE de “frontera”, donde llegan personas que han entrado de manera considerada “irregular” a Ceuta y Melilla, o por la zona marítima del Estrecho (provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz).

El informe pone el acento asimismo en las 1.526 personas que pasaron por el CIE de Aluche (Madrid), lo que representa el 20% del total. El tercer centro con mayor estancia de inmigrantes fue el de Zapadores, en Valencia (829 personas, el 10,9% del total de internos). Por otra parte, de las 5.051 personas finalmente expulsadas en 2016 (según los datos del Ministerio del Interior), el 58,2% no estuvieron antes en un CIE. La mayor relación entre internamiento y repatriación se produjo en el CIE de Zapadores (59%) seguido por el de Sangonera Verde, en Murcia (58%) y el de Aluche (46%).

El documento del SJM-E recopila episodios ocurridos durante el último año en los centros de internamiento; como la huida el 17 de agosto de siete internos del CIE de Aluche (Madrid), al que siguió otro intento, impedido por la policía, una semana después. Los hechos llevaron a la permanencia de las Unidades de Intervención Policial (“antidisturbios”) en el recinto. Hechos similares ocurrieron en el centro de Murcia. A partir de octubre y durante seis meses, el CIE de Valencia estuvo cerrado debido a una plaga de chinches. El 23 de octubre cerca de 70 internos del CIE de Zona Franca (Barcelona) pidieron su puesta en libertad con una huelga de hambre de 24 horas.

El Servicio Jesuita a Migrantes informa que el promedio de detenciones en España por estancia considerada “irregular” alcanza, diariamente, casi el centenar. Por idéntico motivo 35.882 personas resultaron detenidas durante 2016. En la ratio por autonomías destaca Andalucía (9.089), a la que sigue Madrid (6.333), Ceuta (5.139), Cataluña (2.735), el País Valenciano (2.415) y el País Vasco (2.307). Las primeras posiciones de Andalucía y Ceuta posiblemente se expliquen por la detención de inmigrantes nada más llegar al estado español; en cuanto a Madrid, el SJM-E esgrime la razón de las entradas calificadas como “irregulares” a través del aeropuerto de Barajas. En cuanto a las detenciones policiales por provincias, resaltan Almería (2.634), Granada (2.083), Barcelona (2.074) y Málaga (1.854).

Llama la atención en el estudio las 5.051 expulsiones ejecutadas por el estado español en 2016, de las que 2.144 tuvieron como origen la estancia entendida como “irregular”, que el artículo 53.1 de la Ley Orgánica de Extranjería tipifica como infracción grave. Además, el SJM-E alerta de que se ha triplicado el número de menores identificados en los CIE (51 en 2016, frente a los 19 del año 2015). “Causan estupor estas cifras”, califica el documento. En el centro de Murcia se han señalado 17 casos, y otros 15 en el de Valencia. “La identificación de estos menores, todos procedentes de entradas ‘irregulares’, cuestiona los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España”, apuntan los autores.

De las 770 solicitudes de protección internacional presentadas en los CIE, se admitieron 158 (el 20,5% del total). Pero se advierte un fenómeno nuevo y “muy preocupante”: el ingreso en los CIE de personas que solicitaron protección internacional. El Servicio Jesuita a Migrantes califica este hecho de “aberración”. Los casos han sido detectados principalmente en los centros de internamiento llamados “de frontera” (Algeciras y Tarifa, además de Tenerife y Las Palmas), y denunciados fundamentalmente por el Colegio de Abogados de Málaga.

En cuanto al origen de los internos, más de la mitad provienen del África Subsahariana; esta procedencia es muy mayoritaria en los CIE de Algeciras y Tarifa. El segundo grupo más numeroso es el magrebí, sobre todo el correspondiente a ciudadanos argelinos. Asimismo, los autores del informe manifiestan su “preocupación” al no percibirse un vínculo entre la procedencia de los internos en los CIE y el origen de la población migrante en España; “Y ni tan siquiera de los extranjeros en situación ‘irregular’”, matiza el documento, que señala como ejemplo “la desproporción de subsaharianos especialmente en Algeciras y Tarifa; ello apunta a un uso perverso del CIE como recurso de primera acogida en el territorio de personas que, luego, quedarán en un limbo jurídico durante años”.

De los datos se infiere una tendencia al aumento de la población reclusa en los CIE. Así, tras una evolución a la baja entre 2012 (11.135 internos) y 2014 (7.340), la cifra ha vuelto a incrementarse en 2015 (6.930 inmigrantes recluidos) y 2016 (7.597). Pero además de la estadística, hay otras conclusiones que se extraen de las visitas a los centros. Así, el informe subraya, pese a lo establecido teóricamente en la legislación, “el carácter penitenciario de los CIE”. Pese a que la mayor parte de la población interna es masculina (93%), el trabajo empírico pone de relieve la situación de algunas mujeres. Muchas de las visitadas por los equipos del SJM-E, 42 en Madrid y 10 en Valencia, afrontan cargas familiares en España o sus países de origen y aparecen “vinculadas a entornos de prostitución o trata no reconocida”.

El documento da cuenta de la situación vivida en el CIE de Aluche por una mujer brasileña, a quien la guardia civil reconoció como víctima de trata, por lo que solicitó autorización de residencia por razones excepcionales. Es más, su declaración contribuyó a la detención de una red dedicada a la prostitución, el tráfico de drogas y armas. “Por un error burocrático”, relata el informe, la mujer fue detenida e ingresada en el CIE madrileño, donde pasó 28 días. Finalmente logró la libertad gracias a los voluntarios del SJM-E y la colaboración del Defensor del Pueblo.

De las estadísticas oficiales se deduce, según los autores, que los CIE operan más como “siniestros centros de acogida, en los que se encierra a personas a las que luego se dejará en libertad en un limbo jurídico, que como espacios destinados a asegurar la eficacia de la expulsión”. Aunque de las visitas a los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes se deduce que casuística es muy diversa. Por ejemplo, un 36% de las personas visitadas son recién llegados por mar al estado español. El 5% declaró su permanencia entre uno y cuatro años en España, mientras que el 5% llevaba entre cuatro y siete. Además, un 26% de las personas acompañadas mantenía la residencia en el estado español durante más de 15 años. El informe también lanza preguntas por los sistemas de contratación pública que giran en torno a los CIE: la publicidad en los procedimientos, el número de empresas que se presentan a las licitaciones o la relación entre el precio acordado y los servicios que se prestan. Prueba de la magnitud del negocio son los contratos por valor de 8,2 millones de euros para servicios de alimentación, de 11,8 millones de euros para vuelos de repatriación o de 730.000 euros para la asistencia sanitaria. A finales de 2016 e inicios de 2017 se emprendieron obras de reforma en diferentes CIE. ¿Con qué criterios? La preocupación básica del Ministerio del Interior es “aumentar la seguridad frente a los intentos de huida y la de los efectivos policiales”, remata el documento.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228151

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España: La frontera debe ser un punto de unión entre personas, no de discriminación

Entrevistas

España/Junio de 2017/Autora: Rosa Soto/Fuente: El Faro Melilla

  • La comitiva realizará distintos actos en defensa de los Derechos Humanos durante su recorrido por la península hasta su llegada a Melilla

  • El viaje se llevará a cabo del 14 al 22 de julio

La Caravana Abriendo Fronteras reúne a más de 100 colectivos que luchan por la defensa de los Derechos Humanos, apoyan a los refugiados y migrantes y denuncian las políticas migratorias actuales por atentar contra la dignidad de las personas y restringir las garantías para solicitar asilo. A partir del 14 de julio, varios cientos de personas partirán de distintos puntos de la península con el objetivo de llegar a Melilla el martes 18. Durante tres días celebrarán en la ciudad autónoma varios actos para reivindicar el trato humano de los migrantes y criticar la vulneración de los derechos básicos que sufren en la Frontera Sur. La ruta terminará el sábado 22, cuando cada grupo regresará a su origen. José Masa, miembro de la Caravana Abriendo Fronteras, ha hablado con El Faro sobre este proyecto.

–¿Cómo surge esta Caravana?

–El verano pasado numerosas organizaciones y colectivos de todo el Estado español organizamos una caravana a Grecia ante la crisis de asistencia de refugiados que padecía el país. Allí pudimos ver los campos de concentración al aire libre en los que “acogen” a los migrantes. Descubrimos que estas personas realmente no tienen vías de acceso a Europa y las políticas migratorias no son iguales en todos los países.

–¿Por qué de Grecia a Melilla?

–Tanto Melilla como Grecia conforman la Frontera Sur de Europa a la que se enfrentan los migrantes y refugiados que buscan una vida digna, lejos de los conflictos y situaciones límite que viven diariamente. Ambas regiones suponen una vía para solicitar asilo, algo que difícilmente consiguen a pesar de jugarse la vida en el mar y ser víctimas de mafias y traficantes de personas.

–¿En la frontera de Melilla se violan los Derechos Humanos?

–La frontera no debe ser un espacio para vulnerar los Derechos Humanos de nadie. La frontera debe ser un punto de unión y comunicación de personas, no de discriminación. A estas personas hay que otorgarles una serie de facilidades y respeto, y garantizarles el derecho de asilo sin distinción.

–¿Cómo comienza la ruta?

–Colectivos de distintas partes del país como Euskadi, Castilla y León, Catalunya y Valencia nos reuniremos en Madrid el día 15 de julio. Allí haremos una concentración y una cadena humana en la puerta del Congreso para reivindicar el respeto a los Derechos Humanos y el trato igualitario de todas las personas migrantes y refugiadas, sin distinciones. Queremos denunciar la vulneración de estos derechos básicos. Para ello, contamos con los permisos reglamentarios por parte de la Delegación del Gobierno. Desde Madrid pondremos rumbo hacia Melilla, parando antes en Sevilla, en Algeciras, donde haremos un acto ante el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y Málaga. Después pasaremos tres días en Melilla y acabaremos la caravana en Almería.

–¿Qué temas quieren visibilizar en Melilla?

–Es una vergüenza que como ciudad europea se encuentren menores extranjeros no acompañados (menas) en las calles de Melilla. Es una situación muy grave que como sociedad civil no admitimos. Pedimos que se aseguren los derechos básicos de estos niños como la educación y su asistencia. Es un tema de voluntad política. Proponemos que los departamentos de Bienestar Social de todas las comunidades autónomas acojan de forma equitativa a estos menores para evitar la estigmatización y rechazo que sufren en Melilla. También exigimos que se garanticen los derechos a los trabajadores transfronterizos y porteadoras.

–¿Tienen alguna petición especial para el CETI?

–Antes de llegar al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla pasaremos por el CIE de Algeciras y Tarifa, un centro que consideramos de reclusión para pobres a los que por cometer una falta administrativa se les encierra. Respecto al CETI, demandamos que se mejoren las condiciones de los residentes, se garanticen todos sus derechos y se mejore la tramitación para su acogida y asilo.

–¿No pasan por Ceuta?

–En una semana no nos daba tiempo de pasar por ambas ciudades y preferimos centrarnos en Melilla, porque no se conoce tanto su situación y queremos visibilizarla. Ceuta ha vuelto a la opinión pública, por desgracia, debido a la tragedia del Tarajal.

–¿Cuántos participantes se unirán a la caravana?

–Esperamos rozar los 300 como cuando fuimos a Grecia. Las inscripciones se cierran el 30 de junio. El carácter de la caravana es abierto y plural. Queremos impulsar la convivencia y formar un lugar de encuentro con toda la ciudadanía de Melilla.

Fuente: http://elfarodemelilla.es/2017/06/19/jose-masa-miembro-la-caravana-abriendo-fronteras-la-frontera-punto-union-personas-no-discriminacion/

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Todo no es dinero

Lidia Falcon

Por: Lidia Falcón

Doscientas concentraciones de personas en la puerta de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades españolas dieron testimonio de la indignación de nuestra sociedad ante la masacre continuada de mujeres y niños, que se sigue padeciendo.

Se reclamaban 180 millones de euros en la partida del Estado destinada a la que llaman “violencia de género”, para atender a las víctimas. Y denunciaban          que en los presupuestos, que se aprobarán a lo largo de este mes, no se había aumentado lo que ya, desde hace años, se ha evidenciado insuficiente para dotar  a las fuerzas de seguridad del Estado, a la judicatura, a la sanidad, a la asistencia social, a la educación, a la atención a las mujeres maltratadas y a los niños huérfanos, de los medios necesarios para garantizarles la atención necesaria. Y tenían razón.

Porque todas las instituciones que son responsables de la seguridad y la supervivencia de los más débiles padecen una falta de recursos que ya es endémica. Ni es suficiente la dotación económica de la policía ni de los juzgados ni de los servicios sanitarios, ni tampoco se han implementado las reformas educativas y de formación que prevé la Ley de Violencia de Género. Y no hay mayor crueldad que negarles la asistencia económica a las mujeres sobrevivientes del maltrato y a los huérfanos que están abandonados, después de que el padre matara a su madre.

Pero todo lo que necesitan las víctimas de esta tragedia no es dinero.  Porque lo primero que tenemos que impedir es que haya víctimas.

Con dinero no se hubiese salvado la hija de Ángela González Carreño, de 7 años, que fue asesinada por su padre cuando éste disfrutaba del régimen de visitas que un juez, comprensivo con las necesidades afectivas del patriarca, le había concedido.

Tampoco con dinero hubiesen podido sobrevivir Ruth y José, los niños de José Bretón, cruelmente asesinados por su padre  cuando los tenía en su compañía. Ni los seis más que han muerto a manos de su progenitor solamente en los primeros meses de este año.

Los últimos casos son espeluznantes. Desde el infame que se tiró de la ventana del hospital abrazado a una bebé de 8 meses, para arrebatarle a la madre su ser más querido, hasta el que ha asesinado a su hijo de 11 años cuando convivía con él.

El dinero no hubiese convencido al guardia civil de Pollensa, que el 15 de agosto de 2016  aconsejó a la mujer, que acudió a pedir ayuda porque su marido la había amenazado de muerte,  que se buscase un abogado y presentase una demanda de divorcio, de que rápidamente tenía que detener al maltratador.

Resultaría imposible que por dinero el juez que permitió que el marido siguiera en libertad y visitara a su mujer en el hospital, en el que se reponía de las heridas que le había causado él mismo, y le dio la ocasión de que la apuñalara en la misma cama, hubiera decretado la prisión del asesino.

Por supuesto es impensable que la jueza de violencia de Barcelona, Francisca Verdejo, por dinero, hubiese cambiado su resolución de dejar en libertad al marido que asesinó días más tarde a su mujer, después de que ésta le hubiese denunciado.

Pagando tampoco el juez habría cambiado la sentencia de 4 años que ha impuesto al asesino de su mujer, a la que apuñaló, tiró a un vertedero y le robó el dinero que tenía en el banco.

Ni pagándole, el fiscal hubiese modificado su calificación de homicidio en el caso del individuo que mató a su mujer, estrangulándola por la espalda, en el encierro y soledad del hogar, considerando que no era asesinato porque no se había podido probar. No había testigos.

Tampoco creo que mediante pago policías, guardias civiles, policías municipales, policías autonómicas, fiscales, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, jueces y magistrados, cambiaran su conducta de negarse a tramitar los atestados de las denuncias, rechazar órdenes de alejamiento, dejar en libertad a los acusados, anular órdenes de protección y dictar sentencias absolutorias. Porque eso sería más que negar la asistencia a las víctimas, sería hundir en la ignominia el sistema democrático de nuestro país.

Y me dirán que ya lo sabemos, pero entonces, ¿por qué un sector del Movimiento Feminista centra todas las reclamaciones en el aumento del presupuesto para la atención a las víctimas de violencia machista?

La única manera de frenar esta horrible sangría que nos arrebata más de cien mujeres cada año y una decena de menores es modificar la nunca bien ponderada Ley de Violencia de Género que permite todas estas atrocidades.

Si las fuerzas del orden y la judicatura y la fiscalía y el servicio médico no estuvieran amparadas por la ley, ninguno de sus ejecutores se atrevería a desasistir a las víctimas con el descaro y la impunidad con que lo hacen.

Si la famosa ley no determinara la diferencia entre mujeres que tienen una relación afectiva con el maltratador y las que no la tienen, para negarles a éstas la protección; si la ley invirtiera la carga de la prueba y obligara al denunciado a probar su inocencia; si la ley impusiera la orden de alejamiento inmediata a la denuncia y el encarcelamiento del denunciado cuando hubiera parte de lesiones; si la ley exigiera responsabilidades a todas las instituciones que han abandonado su deber de protección de las ciudadanas, con toda seguridad no contaríamos con ese inaceptable número de asesinadas, maltratadas y violadas.

Pero una maldición se extiende sobre las mujeres víctimas de maltrato y es esa bendecida Ley de Violencia de Género, con la que el PSOE creyó haber resuelto para siempre el maltrato a la mujer. Porque dada la extrema satisfacción con que la acogen los y las responsables socialistas,  presumiendo de  que se aprobó por todas las fuerzas parlamentarias por aclamación, resulta imposible modificarla. Cuando ya el hecho de que todos los partidos estuvieran de acuerdo en su redactado tiene que provocar desconfianza. No puede ser que ese cuerpo legal sea eficaz para poner coto a los mayores desmanes del Patriarcado si todas las tendencias políticas lo aprueban.

En aquel Parlamento que se puso en pie para aplaudir a Bibiana Aído, la promotora y gestora de la ley, estaban el PP, el PNV, CiU, UPN, UPyD, CC, el Grupo Mixto, ninguno de los cuales puede destacar por su defensa del feminismo. Y lo que sucedió es que tanto el PSOE como IU se plegaron a las exigencias, condiciones y chantajes que las demás fuerzas políticas les plantearon.

Porque los partidos que gestionan el Capital también defienden el Patriarcado. Al fin y al cabo el primer sistema no puede subsistir sin el segundo. La pena  es que las socialistas todavía no se hayan enterado.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/06/21/todo-no-es-dinero/

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España: La Mesa Sectorial de Educación da el ‘ok’ y crea 2.800 plazas docentes que debe refrendar el Consejo de Gobierno

Noticias

España/Junio de 2017/Fuente: La Información

La Consejería de Educación y los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) han dado luz verde al inicio de la tramitación para aprobar el acuerdo sectorial educativo que supone la creación de 2.800 plazas de profesor y maestro en la Comunidad de Madrid hasta el año 2021, unido al pago de las vacaciones de verano a los interinos.

Este acuerdo sectorial para los próximos cuatro años debe ser refrendado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y requiere para su validación informes favorables de presupuestos y de función pública, explican a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

En este sentido, las mismas fuentes exponen que el acuerdo de Mesa Sectorial implica el inicio de la tramitación para su aprobación pero que en ese proceso puede haber alguna modificación al texto.

Los términos del acuerdo indican que 500 docentes se dedicarán a la atención a la diversidad y las 2.300 plazas restantes se dedican a reforzar para disponer recursos adicionales de todas las etapas educativas.

Otro de los puntos destacados es el inicio del pago del verano al profesorado interino, que este curso correspondería a aquellos con nombramiento superior a nueve meses. También se incrementa la cuantía de los sexenios para funcionarios de carrera, hasta alcanzar un 40 por ciento en cuatro años, comenzando con un 10 por ciento anual desde el curso 2017-2018.

A su vez, se contempla la ampliación de permisos y licencias con inclusión de aspectos demandados por los docentes, como la conciliación de la vida familiar y laboral, incluido el acompañamiento a familiares a consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o asistencias hospitalarias; la asistencia a las tutorías u otras reuniones del centro escolar de los hijos.

También se dispone permisos por deber inexcusable y para la concurrencia a exámenes, la realización de tratamientos de fecundación asistida, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; reducciones de jornada por guarda legal e interés particular, y situaciones asimiladas a la excedencia por cuidado de hijo menor de tres años y por cuidado de familiar a cargo para funcionarios interinos.

Junto a ello, se incluye dos días lectivos y dos días no lectivos de libre disposición, de los que actualmente solo disfrutan algunas comunidades autónomas. También se habilitará una «amplia» convocatoria de cátedras en Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial para el próximo curso.

Se incrementa a su vez el número de plazas en el concurso de traslados autonómico, para reducir el número de profesorado en expectativa de destino.

CCOO VOTÓ AFIRMATIVAMENTE TRAS LA CONSULTA

Al respecto, CCOO ha explicado en un comunicado que han refrendado el acuerdo tras realizar una consulta al profesorado en la que el 88 por ciento de los participantes votó afirmativamente al mismo.

El sindicato asegura que se comenzará a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar y que ahora se inicia el tramitación por el tramite de urgencia para ser aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y su posterior publicación en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Además, asegura que la administración ha adquirido el compromiso para que se tramiten «con más agilidad» los aspectos relativos al aumento de plantillas de profesorado, para que puedan incluirse los apartados necesarios en las instrucciones de inicio de curso, y el punto referido al cobro del verano del profesorado interino para que puedan realizarse ya las prórrogas de contratos y se pueda producir el pago previsto en nóminas durante los meses de verano. Para CCOO este es «un paso en la reversión de los recortes»

ANPE VALORA EL ACUERDO

Tras la aprobación en Mesa Sectorial del acuerdo, el sindicato ANPE ha valorado positivamente este consenso para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes tras «un largo y complejo proceso negociador».

Detalla que también se ha aprobado en Mesa Sectorial que se «inicie con carácter urgente» la tramitación del cobro del verano por el profesorado interino, tal como se recoge en el acuerdo, para que no se vea afectado en caso de retraso en los trámites administrativos correspondientes al mismo.

ANPE ha reclamado desde el comienzo de la negociación la necesidad y conveniencia de iniciar un diálogo social conducente a la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes madrileños, «muy deterioradas tras una larga crisis que se remonta a 2009».

Recuerda que una parte importante de las medidas de reducción de gasto se focalizó en la educación con «una política de recortes en las plantillas de docentes, en la precarización de sus condiciones laborales, sociales y retributivas, y en una notable disminución de la inversión educativa».

«El acuerdo sectorial que hoy se ha aprobado en la Mesa Sectorial hace justicia a las reivindicaciones de los últimos años del profesorado y supone un punto de inflexión en la recuperación de los derechos perdidos tras la suspensión por ley de buena parte del contenido del anterior Acuerdo Sectorial de 2006-2009», finaliza.

Fuente: http://www.lainformacion.com/educacion/ensenanza-y-aprendizaje/profesores/Mesa-Sectorial-Educacion-Consejo-Gobierno_0_1037598156.html

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España alerta ‘bullying’: la II Jornada de Educación de Madridiario trata el acoso escolar

Noticias

España/22 junio 2017/Fuente: Diario Crítico

Tras el éxito de su I Jornada de Educación, que tuvo lugar en noviembre de 2016 en torno a la cuestión de si era necesario transformar la educación madrileña, Madridiario reúne de nuevo a un nutrido grupo de profesionales del sector, esta vez para dialogar sobre ‘bullying’, uno de los mayores problemas que distorsionan el ámbito educativo y que clama soluciones.

Bajo el título Alerta ‘bullying’, la II Jornada sobre Educación de Madridiario se celebrará el día 26 de junio a partir de las 9,45 horas en el salón de actos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela (C/ Almagro, 5).

El evento contará con la ponencia inaugural del Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, mientras que la clausura correrá a cargo del secretario de Estado de Educación Marcial Marín. Además de una conferencia especial en la que el director de Comunicación de Samsung, Francisco Hortigüela, analizará el reto de hacer frente al ‘bullying’ desde la perspectiva de la tecnología, la jornada se estructurará en tres mesas de debate.

En la primera, Celso Arango, jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón; Javier Urra, presidente de la Comisión Rectora del programa RECURRA-GINSO; e Isidora Cortés, subinspectora y coordinadora nacional adjunta del Plan Director de Participación Ciudadana; realizarán un diagnóstico general del problema del ‘bullying’. La cuestión de cómo se debe actuar en los centros educativos se debatirá junto a José Luis Sancho, psicólogo y director del programa Alerta ‘bullying’de Ginso –que se presentará durante la jornada-; José Antonio Luengo, profesor de la Facultad de Educación en la UCJC y psicólogo miembro del equipo para la prevención del acoso escolar de la Comunidad de Madrid; y Concha Fernández Álvarez, responsable de Voluntarios por Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.

Por último, la magistrada del Juzgado de Menores Número 1 de Madrid Concepción Rodríguez González del Real; el director general de Educación de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto; y el decano de la Facultad de Educación de UCJC, Miguel Ángel Pérez Nieto; abordarán las soluciones y la mediación en el problema.

Además, el ex entrenador de la selección española de baloncesto y patrono de la Fundación Estudiantes, Pepu Hernández, intervendrá con una charla sobre el deporte como herramienta de integración en la escuela.

La jornada, que podrán seguirse por streaming en Madridiario y en redes sociales con el hashtag #AlertaBullying, está patrocinada por Samsung y Ginso y cuenta con la colaboración de la Universidad Camilo José Cela, la Policía Nacional, la Fundación Estudiantes y Unicef.

La asistencia está abierta a profesionales de la educación o la psicología infantil, padres, madres, alumnos o ciudadanos en general que quieran ampliar su visión sobre este problema. Se ruega confirmación de asistencia a conchioc@madridiario.es y erodriguez@madridiario.es o en el teléfono 91.451.46.70

Fuente: https://www.diariocritico.com/alerta-bullying-ii-jornada-de-educacion-de-madridiario

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Salamanca, España: La educación pública agrupa al 64% del alumnado y al 71% de los docentes

Noticias

 Los colegios e institutos salmantinos registraron una caída de 1.106 estudiantes en apenas un curso

Europa/España/El Norte de Castilla/RICARDO RÁBADE/

Las dañinas y funestas repercusiones de los severos recortes que conllevó la galopante crisis económica sobre el tejido de la enseñanza pública en España no han impedido que esta opción educativa siga siendo la preferida por buena parte de las familias para canalizar la formación de sus hijos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha hecho público esta semana uno de los informes anuales más esperados por los teóricos y los especialistas del sistema educativo. Se trata del extenso documento estadístico que, salpicado de una marabunta de datos y porcentajes, resume las grandes cifras y las tendencias dominantes que retratan la senda por la que se encaminan los diferentes niveles de la enseñanza no universitaria en nuestro país, correspondientes al curso 2015-2016. Lógicamente, los dígitos vinculados al presente periodo escolar todavía no han podido ser contabilizados, dado que el curso aún no ha finalizado, aunque se adentra esta semana en sus postrimerías y afronta sus últimos días de actividad lectiva.

El informe confeccionado por los técnicos ministeriales no tiene desperdicio, dado que no solo cuantifica el número de alumnos de cada nivel educativo –desde Infantil a Formación Profesional y Bachillerato pasando por Primaria y la ESO– sino que bucea en la particular tesitura educativa de cada provincia, desmenuzando el volumen de escolares tanto en el sector educativo público como en la enseñanza concertada y en los centros de titularidad privada.

Datos destacados

49.098
alumnos cursaron estudios en los colegios e institutos de la provincia salmantina durante el curso escolar 2015-2016.
16.918
estudiaron en los diferentes cursos que vertebran la pirámide formativa de la Educación Primaria.
11.526
pertenecen al nivel educativo de la ESO. En Bachillerato se contabilizaron un total de 4.867.
159
centros educativos de los 211 repartidos por los diferentes municipios de la provincia son de titularidad pública. Los centros concertados son 36 y los privados sin conciertos suman solo 16.

La exploración estadística de los colegios e institutos de la provincia salmantinas arroja un dato especialmente llamativo y, al mismo tiempo, preocupante. Durante el curso escolar 2015-2016 cursaron estudios en los centros educativos salmantinos un total de 49.098 estudiantes. El frío dato numérico no irradia ninguna incertidumbre, pero sí incita a una profunda reflexión crítica si se compara con el curso anterior, dado que en el periodo escolar 2014-2015 el número de alumnos matriculados en los centros educativos salmantinos ascendió a un total de 50.204. Es decir, en solo un curso la provincia salmantina soportó una caída de 1.106 alumnos, según se desprende de los estudios ministeriales.

El desglose numérico de la enseñanza no universitaria en virtud de la titularidad de cada colegio e instituto –público, privado con concierto educativo o exclusivamente privado– pone de relieve que durante el curso anterior apenas se apreciaron sensibles diferencias en la presencia porcentual de cada sector con respecto al curso 2014-2015. De esta forma, la enseñanza pública fue capaz de conservar su poder de atracción entre las familias, repitiéndose en ambos cursos, con unas pequeñas oscilaciones decimales, un porcentaje de presencia del 64% en el número de alumnos matriculados. En concreto, durante el curso pasado los colegios e institutos de titularidad pública computaron en sus aulas a 31.477 alumnos, lo que representa el mencionado 64%.

Otro tanto sucedió con los centros privados que disfrutan de las ventajas que conlleva contar con un concierto reconocido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. El diagnóstico ministerial menciona un total de 15.451 escolares en los centros concertados, es decir, un 31%, lo que apenas introduce modificaciones reseñables en relación al curso anterior, cuando el porcentaje superaba levemente el 30%.

Por su parte, la enseñanza privada ha vuelto a mantener su cuota de representación en el mapa educativo provincial, anotándose en ambos cursos un promedio bastante parecido, con un 4% con independencia de unas pequeñas variaciones porcentuales.

Primaria

De todos los niveles educativos, vuelve a ser la Educación Primaria la más poblada, dado que reunió el pasado curso en su red de aulas distribuidas por los diferentes centros de la orografía provincial a 16.918 escolares.

En segundo lugar pero a una distancia considerable se colocaron los cursos de la ESO con 11.526 estudiantes. El resto de la pirámide educativa salmantina se diversificó con 1.807 alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil, 7.608 niños en el segundo ciclo de Infantil, 169 en Educación Especial, 4.867 adolescentes en Bachillerato, 413 en el Bachillerato a Distancia, 563 matriculados en la Formación Profesional Básica, 2.290 en la Formación Profesional de Grado Medio, 2.413 en la Formación Profesional de Grado Superior, 228 en el Grado Medio de FP impartido a distancia y 296 en la Formación Profesional del Grado Superior a Distancia.

Fuente: http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/educacion-publica-agrupa-20170621000156-nt.html

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España: Protesta en un instituto de Lleida por las teorías homófobas de un profesor de Filosofía

Noticias

España/22 junio 2017/Fuente: El Periodico

Sin apelar a Sócrates, Descartes o Sartre, de motu proprio, obviando el contenido del temario y los más elementales principios de respeto a la diversidad sexual que contempla la ley y sosteniendo que las relaciones entre personas del mismo sexo son antinaturales. Nadie esperaría que una cosa así suceda en clase de Filosofía, pero así fue. Pueden dar fe los alumnos de 4º de ESO del instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida, que no daban crédito a las declaraciones de su profesor el lunes pasado.

«Ser homosexual es antinatural, es como un cojo o un tuerto, es inexplicable», expuso el docente ante la pregunta de una joven, según relata una alumna en su Facebook. Como consecuencia de la sorprendente declaración, el chaval que cuestionaba esos postulados se levanto de su asiento y se marchó de clase. Poco después, sus compañeros hacían lo propio. Dos alumnas explicaron lo sucedido a la dirección del instituto, que les agradeció el gesto y contactó con Ensenyament para pedir que evalúe el caso.

RECONDUCIR LA SITUACIÓN

Esta mañana se ha celebrado una concentración en el patio del centro en la que casi dos centenares de jóvenes se han manifestado en protesta por la actitud homófoba del profesor, que no ha asistido a clase este miércoles. Fuentes del Departament d’Ensenyament han calificado de «reprobables y poco afortunadas» las palabras del docente, al tiempo que han avanzado que mediarán entre el profesor y sus alumnos para tratar de reconducir la situación. Dos inspectores de la ‘conselleria’ ya han hablado con los alumnos, a petición del centro.

«Valoramos la reacción de los alumnos, por su sentido crítico. Cabe recordar que el Parlament aprobó una ley antihomofobia para preservar el respeto por la orientación sexual de todas las personas», explican las mismas fuentes. Este martes el director de los servicios territoriales de Ensenyament en Lleida, Miquel Àngel Cullerés, mantuvo un encuentro con el docente en el que el profesor «se disculpó», según explica el departamento. A la Generalitat no le constan precedentes similares de este profesional durante su trayectoria.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Tras la protesta de los alumnos, la comunidad educativa y el consejo escolar han emitido un comunicado para manifestar su «rechazo absoluto a cualquier manifestación verbal contra la libertad sexual, de religión, creencia u opinión, considerando que es un derecho fundamental de toda persona». «Defendemos la libertad de expresión y la libertad individual siempre desde el respeto, en todo aquello que la ley no prohíbe», subraya el texto.

La directora del centro, Carme Panadés, ha manifestado su «tolerancia cero» ante declaraciones homófobas como las del docente y ha destacado que este enviará una carta de disculpa a los alumnos porque no pretendía ofender.

Desde el colectivo gay, han reclamado a las autoridades «una réplica a la altura de la gravedad de los hechos», como expone Abel Huete, vicepresidente de Colors de Ponent. Por su parte, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), ha lamentado que vuelva a quedar en evidencia la falta de implementación de la ley antihomofobia y de los consiguientes protocolos para estos casos. «La Generalitat archiva muchos expedientes argumentando que no hay testigos, pues bien, en este caso hay toda una clase para atestiguarlo», ha aseverado Rodríguez.

Nuevo incumplimiento de la ley contra la LGTBI-fobia

Este viernes se cumplen tres meses desde que el pleno del Parlament aprobara por unanimidad la moción del PSC sobre el despliegue de la ley contra la LGTBI-fobia, en la que se instaba al Govern a dar cumplimiento a esa normativa. Se incluían, entre otros aspectos, un plazo de tres meses para presentar el protocolo específico de actuación de la Administración en caso de discriminación por orientación sexual, y un mes para hacer público el protocolo para abordar el ‘bullying’ LGBTI-fóbico.

La plataforma LGTBIcat, que agrupa a las principales entidades LGTBI –FAGC, Casal Lambda, Gais Positius, Famílies LG, Gaylespol, ACGIL, Generem, AMPGIL, Stop Sida y la Fundació Enllaç–, denuncia “falta de voluntad política para cumplir con el designio parlamentario”.

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/protesta-instituto-lleida-teorias-homofobas-profesor-filosofia-6089313

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