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Pobreza, sequía y cambio climático: no olvidemos por qué los menores huyen de África

Por: Gloria Fernández- Pacheco Alises*

Las imágenes de la pasada semana en Ceuta de menores perseguidos por agentes de la Policía Nacional o por militares nos han sorprendido. Es una clara manifestación de un juego político entre España y Marruecos, en el que se utiliza como peones a menores de edad marroquíes.

No obstante, estas acciones policiales son el protocolo que siguen las autoridades españolas para cumplir con los procedimientos para garantizar el respeto de los derechos de los niños y niñas que llegan a Europa sin protección de un adulto.

Los derechos de (todos) los niños

Los menores migrantes tienen derecho a la protección pública en igualdad de condiciones con los menores españoles. El artículo 39.4 de la Constitución Española no diferencia entre menores españoles y menores extranjeros. Por tanto, todos los derechos que recoge la Convención de los Derechos del Niño deben ser disfrutados también por los menores extranjeros.

La obligación de garantizar el respeto y disfrute de esos derechos por parte de los niños y niñas se extiende a todos los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Los órganos de policía serían los encargados de hacer cumplir ese mandato.

En el caso de los menores no acompañados, el hilo conductor de las actuaciones de las Administraciones sería el principio del interés superior del menor, tal y como establece el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño se ha encargado de especificar el contenido y valoración de este principio en la Observación general nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

La determinación del interés superior del menor debe documentarse en todo momento, es decir, ha de justificarse y motivarse en cada decisión que afecte a un menor. Además, no se trata de determinar el interés superior de la infancia, sino del menor en concreto que se verá afectado por la decisión o medida a tomar.

Para cumplir con este principio, se necesita evaluar la identidad del niño: su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las necesidades especiales de protección que pueda presentar.

Las devoluciones en caliente de menores no acompañados forman parte de los efectos colaterales del juego fronterizo, pero son a todas luces inconstitucionales y contrarias a la normativa internacional de protección de derechos humanos.

Las herramientas jurídicas de protección

Al igual que sucede con las llegadas intermitentes de migrantes a través de la frontera sur de Europa, las pautas de actuación en situaciones derivadas de la apertura de fronteras por parte de gobiernos norteafricanos serían las directrices de garantía de derechos humanos que establecen los convenios internacionales en la materia.

No obstante, se impone una reflexión pausada sobre los flujos migratorios, sus tendencias e impactos. Tradicionalmente, el estudio de la inmigración se ha abordado desde su impacto territorial, el impacto económico y en el mercado de trabajo. Pero es evidente que las migraciones tienen tendencias y requieren enfoques de naturaleza transversal para la optimización de recursos y la planificación de estrategias de geopolítica más efectivas.

Las crisis migratorias y el cambio climático

En los años 60 y 70 del siglo XX, España asistió a movimientos migratorios fundamentalmente protagonizados por hombres que acudían solos a trabajar a Europa, al igual que hicieron ciudadanos españoles en esa época. Estos trabajadores comenzaron a reclamar la reagrupación de sus familias, en lo que puede considerarse una segunda etapa migratoria.

Posteriormente, y debido al endurecimiento de los requisitos para la reagrupación, comenzó a registrarse una feminización de la migración. En concreto, a partir de 1985 se constata un aumento de la presencia de mujeres que emigraban solas hasta España.

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI encontramos una nueva tendencia que consiste en la emigración de menores solos o no acompañados. Esta perspectiva nos indica que los flujos migratorios se rigen por pautas propias y determinan los perfiles de la población migrante en función de las circunstancias sociales y políticas de cada momento.

En la actualidad, la recepción de flujos migratorios en la frontera sur de Europa se caracteriza por rutas migratorias cada vez más extensas y procedentes en su mayoría del África subsahariana. Las condiciones económicas empobrecidas, la sequía y el cambio climático han propiciado la percepción de que emigrar es la única salida en los jóvenes y niños del continente africano. Otra cosa bien distinta es la utilización puntual de menores para generar tensión fronteriza entre Marruecos y España.

Por tanto, es necesario predecir las situaciones de crisis migratoria para anteponernos y responder de manera adecuada en función de los perfiles de migrantes que llegan a las costas de Europa, y no tanto en función de las circunstancias económicas o políticas.

La crisis de la covid-19 y sus efectos sociales

En los últimos tiempos hemos presenciado discursos xenófobos en relación con las migraciones. Se ha generado la imagen social de que algunos problemas de nuestra sociedad derivan o son acentuados por la presencia de inmigrantes de otros países menos desarrollados.

Los conflictos raciales, étnicos, culturales, de clase o simplemente de competencia en el ámbito laboral o de movilidad social adquieren una relevancia especial si tienen lugar en época de crisis.

Las crisis son terrenos propicios para la agudización de los conflictos económicos, y nos encontramos inmersos en una de las más devastadoras crisis sanitarias a nivel mundial. Ha tenido repercusiones profundas sobre el mercado de trabajo y sobre la situación de los grupos más empobrecidos, entre los que se encuentran los colectivos de inmigrantes.

A lo anterior se añade el ámbito social, por una amplificación del miedo hacia el otro, y la consiguiente utilización política a través de la radicalización de los discursos contra la inmigración.

La delincuencia protagonizada por menores de origen extranjero es un tema muy debatido y con resultados contradictorios en la literatura científica. Lo que sí está clara es la tendencia creciente de los delitos de odio en los países occidentales.

Las estrategias políticas xenófobas son peligrosas no solo por generar discursos violentos en las redes sociales. También por alimentar, y por tanto ser responsables últimos, de la delincuencia violenta contra determinados grupos minoritarios y especialmente vulnerables.

Soluciones basadas en la prevención

Ante la situación de crisis migratoria derivada del empobrecimiento de las zonas geográficas y colectivos más vulnerables, a nivel global, urge la necesidad de plantear estrategias de cooperación internacional que potencien el desarrollo sostenible de una manera global.

Para ello contamos con pautas bien conocidas como los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una distribución más equitativa de recursos permitiría reducir el impacto de las migraciones tanto en las personas migrantes como en las sociedades de origen y de acogida.

También las nuevas tecnologías pueden aportar respuestas a través de la predicción de situaciones de crisis internacional, la identificación de perfiles y la gestión de riesgos. Debemos predecir para reducir riesgos y proteger a los más vulnerables.


*Profesora en Criminología y coordinadora del Grupo de investigación sobre Migraciones, Universidad Loyola Andalucía


Fuente e imagen: nuevarevolucion.es

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El 15M en el laberinto español

Por:  Amador Fernández-Savater

No veo sentido a recordar el 15M si no es para tratar de prolongar su energía, su potencia de escándalo y desorden. ¿Dónde radica a día de hoy? En un punto de vista. El 15M es un corte histórico intempestivo que nos ofrece una perspectiva para pensar la política española. Una perspectiva, un espacio para ver y oír, que se abre con el siguiente grito: “lo llaman democracia y no lo es”. Esa afirmación nos hace en primer lugar una pregunta: si no es democracia, ¿entonces qué es? ¿Y de dónde viene?

La democracia española, configurada en el proceso de transición, es un tablero político cerrado: la capacidad de acción y decisión sobre lo común se restringe a los partidos, los límites de lo posible cristalizan privilegios blindados de oligarquías políticas y económicas, y por encima de todo pesa una amenaza: “es esto o el caos”. Democracia restringida, limitada y disuasiva: el 15M no se queda enroscado en la denuncia o la crítica, ni tampoco imita en espejo aquello que desafía, sino que abre espacios para experimentar otros modos de organización y otras relaciones humanas. Espacios donde vivir una democracia real ya.

Contra la política restringida a los partidos, el 15M propone la activación de la gente común y cualquiera, sin títulos para gobernar. Mientras que la polarización del tablero nos tienta a ver el mundo desde los términos predeterminados del bando de nuestra elección -PP o PSOE, izquierda o derecha, gobierno u oposición-, el 15M inventa un lugar donde sentir, pensar y actuar con autonomía. Un espacio que no vende promesas o soluciones, ni tampoco pide adhesiones, sino que invita a cualquiera a elaborar preguntas y acciones sobre la vida común.

Contra el acaparamiento de la vida pública por oligarquías políticas y económicas, el 15M cuestiona la falta de demos de la democracia restringida. La alienación política sacraliza lo que sólo son momentos y herramientas: Constitución, instituciones, leyes. Niega y reprime la potencia instituyente -nuevos problemas, nuevos usos, nuevas libertades- en nombre de lo instituido. Convierte al pueblo en espectadores y votantes. En la democracia real ya, practicada por el 15M en plazas y mareas, las normas que regulan la vida en común deben poder ser revisadas y modificadas siempre por lo común, por el demos.

Contra la amenaza permanente del caos, el 15M presenta el conflicto como motor democrático. Son los conflictos, cuando están animados por una perspectiva igualitaria (movimientos de trabajadores, mujeres, minorías), los que han traído siempre más justicia al mundo. Pero nuestra democracia los teme como al diablo y asimila cualquier tumulto a la catástrofe. La derecha agita el miedo (separatismo, comunismo bolivariano) y la izquierda el miedo al miedo (fascismo, extrema derecha). Pero ambas conciben la democracia como algo acabado y que sólo cabe preservar. El 15M plantea una democracia en movimiento y siempre por hacer, capaz de responder creadoramente a los conflictos sociales.

“Democracia o fascismo” es una falsa alternativa. El consenso democrático se define desde la transición como la superación del “estado de guerra” entre españoles, pero todo el rato nos amenaza con volver a él si desafiamos lo establecido. Vox no es “lo otro” de la cultura consensual española, sino la radicalización de la amenaza. Un franquismo de retaguardia siempre listo para asegurar los límites cuestionados. Del terror a la disuasión (y vuelta): el miedo sigue en el centro de la vida colectiva. Es el bucle del laberinto español.

La fuerza del 15M -política de cualquiera, potencia instituyente, conflicto igualitario- se perdió en el pasaje posterior a la representación. Con la “traducción institucional” de 15M por parte de Podemos se vuelve al código de la política convencional: la jerarquía de los que saben, la producción de espectáculo y espectadores, el alejamiento de los territorios de la vida, la subordinación al tiempo mediático de la coyuntura, la retorización y verticalización de la política.

Un mal traductor es el que sólo escucha el signo (lo que se dice) y pierde de vista el ritmo (lo que se hace al decir). La traducción institucional retomó algunas de las demandas del 15M pero borró por completo su energía y vibración propias. El 15M se convirtió de ese modo en un objeto de referencia y ya no un modo de hacer y pensar. En un elemento retórico en la “producción de relato” en que consiste hoy la política a izquierda y derecha. ¿Será la salida de Pablo Iglesias una ocasión para repensar la acción política o simplemente para reajustar el relato?

El laberinto de la política española nos reclama alternativamente como “soldados” y como “víctimas”. Soldados: carne de cañón manipulable a voluntad en las disputas de poder entre partidos. Víctimas: masa temerosa que se resigna al estado de cosas o se moviliza desde el odio y el resentimiento. Ni soldados ni víctimas, sino personas capaces de sentir con su propio corazón y pensar con su propia cabeza sin delegar en ningún comité central (político o mediático), capaces de hacerse cargo en común de lo común y de una política afirmativa. Es la propuesta siempre actual del 15M: otro pueblo para otra democracia, no basada en el miedo de la gente ni en el miedo a la gente.

Fuente e imagen: lobosuelto.com

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España: Celaá defiende la educación sexual frente al consumo de porno en la red

Por: eldiario.es

Madrid, 26 may (EFE).- La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido hoy miércoles la educación afectivo sexual en las aulas frente a la pornografía en la red, a la que se asoman jóvenes y niños, incluso menores de 11 años, para observar por «curiosidad».

Durante una comparecencia en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados, a petición propia y de varios grupos parlamentarios, Celaá ha garantizado que esta materia se impartirá en la escuela, entre otras razones porque «nosotros preferimos que la aprendan en la escuela», en lugar de en internet.

Por ello, la Lomloe incorpora la educación afectivo sexual, sobre todo desde secundaria: «Creemos en ella y tenemos confianza en los profesionales».

Tras recordar que la última reforma educativa (Lomloe) establece la docencia de la materia afectivo sexual, la ministra ha defendido también el programa de coeducación Skolae frente a las críticas de grupos como UPN y Vox.

Skolae, por el que el Gobierno de Navarra recibió el premio Unesco de Educación de Niñas y Mujeres para reconocer su trabajo en materia de igualdad, «ha sido reconocido por muchas entidades, entre ellas Alboan», una organización no gubernamental de los jesuitas en el País Vasco, ha subrayado Celaá.

Según Sergio Sayas (UPN), dicho programa es «sectario e ideológico que no pretende ni educar ni hacer educación sexual sino adoctrinar en ideología, que además tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra».

Por su parte, la diputada Georgina Trías (Vox) ha preguntado en qué términos plantea el Gobierno la educación afectivo sexual: «¿Consiste en sembrar la duda en nuestros hijos acerca de su identidad sexual, diciéndoles que pueden ser lo que quieran ser y negar la mayor, que es la información de lo que nos dice nuestro cuerpo?».

Frente a las críticas del PP sobre el nivel de los alumnos españoles en el informe PISA, la ministra ha explicado que en la etapa popular ya arrojaba resultados negativos, entre ellos la tasa de repetidores de los adolescentes de 15 años: un 29 % frente al 15 % de la media de la OCDE.

Los alumnos españoles -ha defendido- trabajan «un montón» y, sin embargo, salen mal parados en las clasificaciones; por tanto, «si no son más lentos ni más torpes que los demás, ¿qué está ocurriendo?», se ha interrogado Celaá, que piensa que donde hay que mirar es hacia la mejora del sistema.

Por último, el portavoz popular Óscar Clavell ha opinado que en la modificación del currículo que el Gobierno quiere introducir «desaparece la palabra esfuerzo y nos retrotrae a la Logse, que buscaba promover las habilidades frente a los conocimientos».

https://www.eldiario.es/agencias/celaa-defiende-educacion-sexual-frente-consumo-porno-red_1_7975141.html

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España: El Gobierno aprueba una ley que sancionará el plagio y las novatadas en la Universidad pública

El Gobierno aprueba una ley que sancionará el plagio y las novatadas en la Universidad pública

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana, a propuesta del Ministerio de Universidades, la tramitación de la nueva Ley de Convivencia Universitaria, el primer paso para un proceso que llegará a las Cortes, según se prevé, para finales de verano. Esta norma sustituirá al Reglamento de Disciplina Académica vigente desde 1954, que supone, según el Gobierno «una clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad», aunque afectaba ya solamente a los alumnos. El objetivo, según fuentes del Ministerio, es «poner en el centro la defensa de los derechos básicos y libertades fundamentales».

El proyecto de ley se basa en tres herramientas: el mecanismo de mediación, el procedimiento de mediación y la creación de una comisión de convivencia. Cuando se apruebe, las universidades públicas tendrán un año para desarrollar sus Normas de Convivencia y las privadas que lo deseen también pondrán adherirse al marco.

El mecanismo de mediación busca «canalizar los conflictos entre los miembros de la comunidad, según el Ministerio, y será voluntario. Por su parte, el procedimiento de mediación permitirá aplicar el régimen de forma supletoria. El régimen disciplinario únicamente entrará en juego cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación, cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo.

Para los supuestos en que la mediación no resuelva el conflicto, o cuando tengan que ver con casos de acoso, violencia de género, fraude universitario o destrucción de patrimonio, las universidades aplicarán el régimen disciplinario. Este establece tres tipos de sanciones: muy graves, graves y leves.

Entre las faltas muy graves se encuentran las novatadas «que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas», el acoso, la discriminación o el plagio de tesis y trabajos de fin de grado, de máster o tesis, y estarán sancionadas con la expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta o la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso académico.

Entre las faltas graves se encuentran, entre otras, el robo de exámenes, el boicot a las clases, el fraude o plagio de exámenes y trabajos. Se podrán sancionar con la expulsión de hasta un mes de la universidad (fuera de los períodos de evaluación y de matriculación) o la pérdida de derechos de matrícula durante un curso académico, de la asignatura en la que se hubiera cometido el fraude.

Por otra parte, en cuanto a las faltas leves se recogen el acceso a instalaciones sin autorización, copiar exámenes a través de medios fraudulentos o realizar actos que deterioren de forma no grave el patrimonio universitario. Los autores de estos actos recibirán amonestación privada.

Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse a partir de su comisión o del día en que cesa su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El plazo de prescripción de las sanciones se iniciará desde que la sanción sea firme.

Una vez aprobada este martes en Consejo de Ministros, habrá «una segunda vuelta en el Consejo» porque entre hoy y mañana se abrirá un proceso de audiencia pública para que los agentes implicados hagan las observaciones adicionales que deseen. A finales del próximo verano se reenviará al Parlamento para su tramitación.

 

Fuente de la Información: https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-aprueba-ley-sancionara-plagio-y-novatadas-universidad-publica-202105251304_noticia.html

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España: Mil docentes contra la imposición de la educación por ámbitos

Por: Elmundo.es

Sindicatos del sector también han expresado su rechazo ante este nuevo sistema que consideran negativo para el alumnado, en especial al que tiene menos recursos.

Los experimentos con gaseosa’. La práctica totalidad de los docentes de Secundaria de la Comunidad Valenciana muestran su oposición a la educación por ámbitos y sobre todo a la imposición de este sistema que aterrizó en nuestro país de la mano de la pandemia.

«El sistema educativo no es un campo en el que experimentar, en el que innovar por innovar», indican responsables del colectivo Docentes contra la educación por ámbitos, una agrupación de profesores de la Comunidad Valenciana que ya suma el millar de docentes y que consideran que esta decisión impuesta en plena pandemia corresponde a una acción irresponsable de la administración.

A juicio de estos docentes, en su gran mayoría de enseñanza Secundaria «no se puede improvisar con la educación de nuestros adolescentes ni imponer al sistema educativo una educación competencial sin tener la seguridad de que da unos mejores resultados que el programa educativo que tenemos en la actualidad».

Además, los docentes indican que las administraciones educativas no tienen ningún recato en transmitir la sensación de que desconfían de la labor de sus docentes, ya que buscan fuera de nuestro país las buenas prácticas y las innovaciones, siempre copiando a otros países para dejar claro a los profesores y a los padres que lo que aquí se hace no sirve.

La administración educativa indica la necesidad de realizar la agrupación por ámbitos en el primer curso de Secundaria para compensar las deficiencias sufridas por la suspensión de la escolaridad realizada en el último trimestre de curso 2019/20. No obstante, ante esta decisión los docentes indican que esa decisión ha sido totalmente unilateral errónea de la administración, que ha supuesto una imposición en un periodo de gran incertidumbre y preocupación por la pandemia que se está padeciendo.

CAE EL NIVEL DE EXIGENCIA

«Esta educación por ámbitos no ha venido precedida de un proceso de reflexión pausada y de formación del profesorado en el que se hayan podido analizar las posibles ventajas y los peligros ciertos que esta organización escolar comporta. La experiencia desarrollada después del primer curso de obligatoriedad de trabajo por ámbitos es que el nivel de exigencia se ha mermado considerablemente, afectando de forma relevante para la continuidad de las materias afectadas en cursos posteriores», indican el colectivo de docentes asegurando que «la forma de su aplicación ha sido muy diversa, existiendo en general tremendas dificultades para su desarrollo mediante trabajo por proyectos al no disponer de materiales de referencia adecuados».

De igual manera, ante este nuevo sistema de educación que la administración quiere imponer bajo la óptica de que el alumnado saldrá mejor formado al tener una visión integral de los conocimientos aprendidos, lo docentes aseguran que la pérdida de organización disciplinar produce aprendizajes dispersos, inconexos y carentes de significado, con la generación de lagunas conceptuales y procedimentales, difíciles de cubrir en los siguientes cursos. «Se dificulta así que el alumnado pueda construir el conjunto ordenado y estructurado de los distintos conocimientos que componen cada una de las materias. Pretender que además adquiera una visión holística entre todos los contenidos de las distintas áreas del ámbito, se presenta como una ilusión extremadamente utópica, apuntan los responsables de este colectivo docente, muy preocupado también al considerar que este nuevo sistema perjudicará más a los alumnos con menos recursos.

BRECHA EN EL ALUMNADO

« Los perjuicios que esta forma de aprender contenidos puede ocasionar al alumnado se han desconsiderado completamente. El alumnado que cuenta con menos recursos será el que más perjudicado resulte al no disponer de alternativas para compensar las importantes deficiencias formativas que esta escolar conlleva en la actualidad» indican los docentes no sin antes asegurar que no se dispone de ningún tipo de estudio basado en la evidencia que demuestre que la agrupación de materias en ámbitos mejora la calidad de la enseñanza, lo que , a su juicio, convierte este experimento en una aventura.

«Es muy arriesgado utilizar una generación a modo de experimento sin una base fiable que recomiende la medida», aseguran

SINDICATOS EN CONTRA

Asimismo, la mayoría de los sindicatos docentes se ha posicionado en contra de este nuevo sistema que pretende imponer la administración educativa de forma obligatoria en el primer curso de ESO y voluntaria en segundo de Secundaria. STEPV y ANPE han rebatido los argumentos en los que se basa la Conselleria en línea con los citados por el colectivo docente , asegurando que la organización en ámbitos supone, de manera general, que los contenidos abordados y los objetivos alcanzados de cada asignatura que componen el ámbito se se vean reducidos y se produzca así una repercusión directa en la calidad de la enseñanza recibida por el alumnado.

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/05/24/60abb0cc21efa0ec208b4576.html

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España: Los contratos de miles sanitarios y docentes de refuerzo por la pandemia se quedan en el aire a partir de junio

Los contratos de miles sanitarios y docentes de refuerzo por la pandemia se quedan en el aire a partir de junio

Los trabajadores afectados son profesionales primera línea que han desarrollado una labor esencial durante el último año. La sanidad y la educación pública se ha visto gravemente afectada por las consecuencias de la covid-19 y la pandemia ha demostrado que son sectores muy precarios pero fundamentales y necesarios que merecen más refuerzos.

Al menos la mitad de las comunidades reconocen que no prevén mantener todos los refuerzos que se contrataron por la pandemia aunque la decisión final no está tomada y todo dependerá de las «necesidades» que se tengan.​

Los contratos de miles de sanitarios y de profesores de refuerzo por la covid-19 están en el aire. Gracias a la situación epidemiológica relativamente buena y el avance de la vacunación se van flexibilizando las medidas y cada vez se ve más cerca la ‘nueva normalidad’. La parte negativa es que todo apunta a que también se perderán los refuerzos de los servicios públicos. Cada comunidad autónoma ha realizado sus contrataciones de forma autónoma pero en muchas de ellas se debería renovar a este personal extra en junio. Al menos en la mitad de ellas no se renovarán a todos los trabajadores.

Por un lado, están los 35.000 docentes que fueron contratados para este curso escolar. La ministra de Educación, Isabel Celaá, pidió en la reunión del pasado miércoles con las comunidades autónomas que se mantuviera este refuerzo para «asegurar la calidad de la educación» durante el próximo curso 2021-2022. «Las comunidades autónomas deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han contado este año. Tenemos que convertir la adversidad en una oportunidad para acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes y debilitamiento y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses», sostuvo en rueda de prensa.

Pero la realidad es que ni siquiera todos los profesores se mantuvieron durante este curso ya que la Comunidad de Madrid prescindió hasta de 1.117 docentes el pasado mes de diciembre. Pero varias comunidades consultadas por Público son partidarias de no mantener los refuerzos, o al menos reducirlos, ya que aumentarán las ratios de las clases: hasta 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. En Asturias, por ejemplo, prevén prescindir de 500 profesores. Para el resto aún es pronto para cuantificar las pérdidas aunque señalan que los refuerzos serán adaptados a las necesidades. Sindicatos como CSIF o Comisiones Obreras (CCOO) ya han pedido a distintas Consejerías de Educación que se mantengan tanto las ratios reducidas como los refuerzos para garantizar la calidad de la educación pública.

Esta misma idea se mantiene con los sanitarios contratados temporalmente por la covid-19. En este sector el número de profesionales que continúan trabajando por este motivo es más complicado de dar porque muchos son contratados solo para tres o seis meses. Sin embargo, una buena tanda de contratos de todo el país se acaba en este mes de junio.

La mayoría de contratos de refuerzo de la Comunidad de Madrid se acaban el próximo 30 de junio y, según la Consejería de Sanidad, se renovarán según las necesidades. La mayor incógnita es qué pasará con la plantilla del Hospital Isabel Zendal ya que la mayoría de profesionales que trabajan allí, e incluso los encargados de la vacunación, son sanitarios de refuerzo covid-19 que fueron derivados allí desde otros centros. Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya han denunciado esta situación porque la Dirección General de Recursos Humanos dijo que se renovarían los contratos hasta el 31 de diciembre, por lo que estos trabajadores trabajarían el año completo. Sin embargo, los trabajadores aún no tienen ninguna confirmación y temen que esta promesa no se cumpla, según ha confirmado Público con varios afectados.

Otras comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura explican que la mayoría de contratos tienen vigencia hasta el 30 de septiembre y que entonces se renovarán también según las «necesidades», pero la previsión es que una vez pase el verano no se mantengan al menos todos los refuerzos. Mientras que el País Valencià hay vigentes hasta el 31 de mayo un total de 9.309 contratos y se prevé que se prescindan hasta de 4.000, según han denunciado los sindicatos de la región. Los otros 6.000 sanitarios tendrán otro contrato temporal hasta que termine el año.

Los trabajadores afectados son profesionales primera línea que han desarrollado una labor esencial durante el último año. La sanidad y la educación pública se ha visto gravemente afectada por las consecuencias de la covid-19 y la pandemia ha demostrado que son sectores muy precarios pero fundamentales y necesarios que merecen más refuerzos. Las distintas comunidades ahora tendrán que mostrar si quieren invertir más en estos servicios públicos o reducir sus plantillas.

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/los-contratos-de-miles-sanitarios-y-docentes-de-refuerzo-por-la-pandemia-se-quedan-en-el-aire-a-partir-de-junio/

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La baja natalidad hará perder a España en 2050 hasta 800.000 estudiantes de entre 3 y 15 años

El Ejecutivo no ve esto como un «drama» sino como una «oportunidad» que permitirá duplicar el presupuesto por alumno.

El Gobierno calcula que de aquí a 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años debido a los cambios demográficos que se producirán en el futuro cercano, en los que se prevé un estancamiento en la natalidad, o casi un millón menos de estudiantes hasta los 24 años, según recoge el plan ‘España 2050’, que se ha presentado este jueves.

Sin embargo, el Ejecutivo no ve esto como un «drama» sino como una «oportunidad», según ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, gracias a ello, España «podrá duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público», según recoge el plan.

Además, este hecho, unido a la generalización de las tecnologías digitales en los centros y hogares, permitirá, según el actual Gobierno, dar una educación más personalizada a los alumnos, combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesita España para situar al país en la vanguardia educativa.

«El desafío educativo es, probablemente, el más importante de todos», ha manifestado Sánchez, que afirma que para converger con los países europeos líderes en educación, España deberá hacer dos cosas. La primera de ellas, será mejorar sus niveles de aprendizaje, con un aumento de 20 puntos en el informe PISA y aumentar la proporción de población que obtiene la ESO en 3 puntos porcentuales.

En dicho plan, el Gobierno ensalza la evolución experimentada en el ámbito de la Educación en España en los últimos 40 años (de hecho, llega a decir que «España ha protagonizado la revolución educativa más espectacular de Europa»).

No obstante, el Gobierno también reconoce que el sistema educativo aún presenta «carencias importantes» que están impidiendo sacar el máximo potencial de cada estudiante y están teniendo efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y el progreso social de todo el país. «Las más preocupantes son las elevadas tasas de repetición y abandono escolar; los bajos resultados de aprendizaje; la desigualdad educativa; y los altos niveles de segregación escolar», considera.

En este punto, el Ejecutivo sostiene que si no se afrontan con decisión, estas carencias seguirán lastrando el desarrollo del país y su ciudadanía. Así, sin «reformas de calado», de aquí a 2050, unos 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela; y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia. «Evitar este escenario debe ser nuestra máxima prioridad. Si España quiere seguir siendo un país próspero en el futuro, tendrá que alcanzar la vanguardia educativa antes de mediados de siglo», indica.

Cinco bloques susceptibles de mejoras

En el documento destaca cinco bloques en los que han de abordarse reformas de aquí a 2050. El primero de ellos guarda relación con el currículo, que actualmente es «excesivamente rígido y enciclopédico«, al estar más orientado a la reproducción de contenidos (datos, fórmulas, hechos históricos) que al desarrollo de competencias más relevantes para la vida y el aprendizaje profundo.

Por ello, el Gobierno propone «desarrollar un currículum centrado en la adquisición y evaluación competencial» y que desarrolle las disciplinas STEM, las capacidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y el pensamiento a futuro o competencias técnicas.

Además, apuesta por que este currículum esté descentralizado, es decir, que en su creación participe el Estado (parte básica), las comunidades autónomas y los propios centros educativos, y que se hagan revisiones periódicas del currículum cada 8 ó 10 años.

La segunda reforma iría orientada a la carrera docente, pues el sistema de selección, formación y evaluación del desempeño docente presenta «varias carencias», según el Gobierno, que están limitando la capacidad para tener a los mejores profesionales posibles en cada aula.

Para mejorar esto, se recomienda que se eleven los requisitos de acceso a la profesión docente y se adapten los procesos de oposición para que se valore la motivación, habilidades comunicativas y socioemocionales, gestión de la diversidad o el liderazgo, y no solo la capacidad de memorizar temarios; la realización de prácticas continuadas y remuneradas durante dos cursos escolares en un centro educativo; la mejora de las condiciones laborales del profesorado de educación de 0 a 3 años; y pagar mejores sueldos a profesores de centros educativos en contextos socioeconómicos menos favorecidos.

Con respecto a la gobernanza educativa, el Gobierno considera que en España, la toma de decisiones educativas recae en «un sistema institucional demasiado burocratizado«, que la autonomía de los centros educativos es «baja», que existe «poca profesionalización» en los equipos directivos y que existe «baja cooperación» por parte de los agentes sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de madres y padres, asociaciones de estudiantes).

Por ello, plantea la mejora de la profesionalización e internacionalización de los cargos políticos y los cuadros técnicos intermedios, ampliar la autonomía y la capacidad organizativa de los centros, establecer reglas y mecanismos de control de la admisión que aseguren una escolarización equilibrada o modernizar la inspección educativa.

En cuarto lugar, el documento propone la reforma del sistema de evaluación, ya que España «aún carece de un mecanismo eficaz para evaluar lo que ocurre dentro y fuera del aula». Así, el Gobierno propone sustituir el actual sistema de titulación al finalizar la ESO por un modelo de certificación competencial del aprendizaje, así como el rediseño de los objetivos de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para avanzar hacia la evaluación por competencias.

Por último, el Gobierno pone el foco en la financiación, que «sigue siendo insuficiente», por lo que aboga por «incrementar progresivamente los recursos económicos que se dedican a la educación hasta alcanzar la media actual de la UE-8», tanto en gasto sobre PIB como en gasto por estudiante, con el objetivo de poder financiar las políticas propuestas.

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/05/20/la-baja-natalidad-hara-perder-a-espana-en-2050-hasta-800-000-estudiantes-de-entre-3-y-15-anos-1493591.html

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