Mariano Rajoy aprovechó su visita a la Comunidad Valenciana de ayer para hacer una cerrada defensa de la educación concertada, que se encuentra acosada en esa región por el Gobierno de Ximo Puig. La Generalitat valenciana ha reducido las ayudas que concede a los centros concertados, que no han podido abrir nuevas aulas para admitir todas las solicitudes. «La libertad educativa no es algo que se le haya ocurrido a ninguna formación política, ni a ningún padre en defensa de sus hijos», dijo y tras recordar el artículo 27 de la Constitución que proclama la libertad educativa afirmó que es «algo consustancial a lo que es un ser humano».
En efecto, ese artículo 27 «reconoce la libertad de enseñanza» y garantiza «el derecho a los padres para que sus hijos reciban la religión religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En este ámbito nació la enseñanza concertada en los primeros años de vigencia de la Constitución.
Fue el PSOE el que reguló que, para cumplir esos preceptos constitucionales y teniendo en cuenta que la propia Carta Magna contempla que la «educación básica es gratuita y obligatoria», los centros privados que quisieran podrían sumarse a un sistema de conciertos. Ello comportaba que recibirían dinero público manteniendo su ideario, a cambio de someterse a los criterios educativos que marcara el Estado para la enseñanza pública: admisiones, currículum escolar, horarios, aulas… Como es lógico, no se permite a los colegios concertados cobrar ninguna cuota obligatoria a las familias. Era la forma de garantizar la libertad de elección de los padres y, a la vez, la gratuidad de la educación. En un primer momento, la inmensa mayoría de los colegios concertados estaban dirigidos por instituciones religiosas, pero en los últimos años han ido apareciendo cooperativas de padres, de profesores o empresas privadas que han creado centros concertados laicos.
Los conciertos son, pues, una solución satisfactoria para garantizar la libertad de enseñanza en España, repetimos un precepto consagrado por la Constitución. Ha habido fricciones entre la Administración y los colegios que diferencian por sexo, que se han sustanciado en denuncias por parte de Gobiernos regionales -Andalucía y Asturias, por ejemplo- al considerar que atentan contra la igualdad de oportunidades, pero las sentencias han sido favorables, en general, a los colegios.
El otro gran motivo de crítica que se hace a los concertados es que pueden entrar en la picaresca de obligar a los padres a pagar unas cuotas que están prohibidas -con la excusa de actividades extraescolares, por ejemplo- para cubrir los presupuestos a los que no llegan con la subvención pública. Esas cuotas disuaden a las familias con menos recursos a acceder al colegio concertado, impidiendo así la igualdad de oportunidades al discriminar según el nivel económico. Desde luego, estas conductas fraudulentas deben ser perseguidas y corresponde a las autoridades educativas su control, pero eso no puede echar por tierra la educación concertada. No conviene olvidar, además, que estos centros suponen un ahorro al erario de unos 1.200 euros por alumno y año, según datos del Observatorio de la Educación Pública.
Por eso no tiene sentido la persecución que algunos gobiernos autonómicos de izquierda nacidos de las pasadas elecciones han emprendido contra la educación concertada al reducir el presupuesto público destinado a estos centros. Porque, hoy por hoy, los conciertos son el vehículo legislativo que garantiza el derecho fundamental a la libertad de enseñanza.
Pero lo verdaderamente triste es que cuando políticos de todas las tendencias no hacen más que afirmar la necesidad de un gran pacto por la enseñanza para sacar a España de la postración -con tasas de abandono escolar demasiado altas y en los últimos puestos en las clasificaciones internacionales- la educación continúe formando parte sustancial de una batalla política que se recrudece cuando se acerca un proceso electoral.
No hay que irse demasiado atrás. Estos días estamos comprobando cómo muchas comunidades autónomas se niegan a adoptar preceptos de la Lomce, una ley que por el mero hecho de haber sido aprobada por el Parlamento debería ser aplicada. Se nos llena la boca al hablar de Sociedad del Conocimiento, pero somos incapaces de preparar a los estudiantes ante este reto en el que, además, van a competir con el resto del mundo.
Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2016/05/26/57460493e2704eb5788b4599.html
Imagen: http://hazteoir.org/sites/default/files/styles/large/public/images/concertada.jpg?itok=PvutLZIV
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