Una reciente declaración de la Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC) concluía: faltan políticas globales para erradicar la pobreza; no se plantea el acceso a una alimentación sana y adecuada como un derecho de ciudadanía. Todo ello se substituye por una política exclusiva de reparto de alimentos. [1]Centrando la actividad en el reparto de alimentos se substrae la alimentación digna y adecuada del ámbito de los derechos ciudadanos sustituyéndola por dádivas arbitrarias. El derecho se trasforma en caridad que depende de la voluntad del donante. Se crea así una cultura de dependencia a voluntades arbitrarias desposeyendo a la ciudadanía de la capacidad de incidir y /o reclamar.
Generar dependencia, cronificar la pobreza
El perfil de los sectores en riesgo de exclusión incluye, un fuerte sentimiento de culpabilización que genera desmotivación y una profunda desconfianza en sus propias posibilidades de salir del pozo al que se han visto impelidos. Hay consenso entre los trabajadores de los servicios sociales en que esta situación emocional es la principal dificultad para que la gente empobrecida pueda salir a medio plazo de la situación en la que está. Generar autonomía a las personas, empoderarlas, requieren análisis pormenorizados, desde la proximidad y, sobre todo, requiere participación de las propias personas empobrecidas.
La cultura de la dependencia propia del reparto de alimentos complementa y profundiza el sentimiento de fracaso que genera atribuir la pobreza a causas individuales. El complemento ideal para desarrollar este asistencialismo son organizaciones privadas verticales , donde el voluntario está separado del “usuario” en roles diferenciados y jerarquizados que a menudo consolidan y refuerzan estereotipos. La organización vertical de dichas organizaciones constituye la cara interna de las relaciones que generan con el exterior. Muchas de ellas, como el Banco de Alimentos[2] , teorizan este funcionamiento comparándose con la empresa privada. La cantidad de usuarios atendidos o de quilogramos distribuidos, al mínimo coste, son los indicadores de la calidad de un trabajo que se entiende como un distribuidor eficiente de calorías. La visión empresarial de eficiencia y productividad encaja bien con la visión de crear usuarios de servicios entendidos como donaciones evaluables como mercancías. Sin embargo estamos hablando de derechos de las personas y su eficiencia debería evaluarse según el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentarse a las situaciones en las que se han encontrado.
El Banco de Alimentos(R) no aborda las causas profundas que están generando la pobreza en general y la alimentaria en particular y aún menos las alternativas que harían falta. Está claro que no es una solución a medio y largo plazo a los problemas de malnutrición que existen en nuestra sociedad. De hecho ni lo pretende. Pero al menos se le tendría que pedir que no fuese un obstáculo. Así, hemos visto que, generando dependencia, cronifica las situaciones de empobrecimiento que dice combatir.
Todo lo contrario de otras experiencias para combatir la pobreza, en este caso, de vivienda:
“El principal problema al que nos enfrentamos las víctimas de la crisis, cuando tocamos fondo y nos damos cuenta de que es imposible hacernos cargo de las deudas contraídas, es superar la vergüenza, el estigma, y el miedo asociado al proceso (…)
Por eso uno de los éxitos más importantes de la Plataforma (PAH) ha sido hacer visible el problema que se vive de manera individual, un problema que pocas veces conseguía traspasar la esfera de lo privado, y convertirlo en un problema social.
La PAH nos ha conferido autoestima, seguridad y una identidad colectiva que nos permite hacer frente a los bancos y medirnos con ellos de igual a igual.(…) La PAH me dio los instrumentos y la fuerza para seguir adelante”[3].
Bancos de Alimentos(R): ¿solución a la emergencia?
En diferentes publicaciones hemos analizado que el Banco de Alimentos® se dedica principalmente a transformar subvenciones públicas en alimentos comprados a la agro-industria para ser distribuidos entre los pobres. Podemos concluir que por lo bajo un 70% de lo que mueven está subvencionado con dineros públicos. Del resto, la parte más importante son compras promovidas a las grandes superficies para luego ser donadas. Poco que ver con los excedentes[4]. El criterio de selección de los alimentos no está en las necesidades de la población sino en los intereses de la agroindustria en vender, gracias al dinero publico, partidas que no pueden colocar en los canales de distribución habituales. El resultado es que en un país en que el empobrecimiento hace que tengamos un problema de malnutrición con dietas con exceso de hidratos de carbono y sin productos frescos, la principal partida del banco de alimentos proporcione el tipo de alimentos que la dieta tiene en exceso y no suministra los alimentos que harían falta para equilibrarla y combatir la malnutrición.
Es por ello que l’ASAC en la citada declaración concluía:
“Todo esto los convierte en un mecanismo totalmente ineficaz para combatir el problema de malnutrición existente, que requiere alimentos adecuados en el lugar y el momento adecuados en lugar de suministros decididos de forma hiper-centralizada y en función de criterios ajenos a las necesidades alimentarias concretas de las personas en situación de malnutrición”.[5]
Podríamos añadir que subvencionar excedentes con la excusa de una utilidad social que no es tal, no es la mejor forma de combatir el desperdicio alimentario. No en vano el residuo mas sostenible es el que no se produce.
Cuando la ayuda a los pobres se convierte en un negocio
¿A dónde van todos estos recursos públicos invertidos en “ayuda a los pobres”? Pues a las grandes empresas que optan a la subasta del FEGA, a los grandes exportadores de frutas que cobran sus frutas a la UE cuando caen los precios de los mercados europeos, los grandes supermercados a los que se les organiza una venta masiva y una campaña de imagen y publicidad gratuita… Dinero público invertido en engrandecer los márgenes de estas empresas que expatrian sus ganancias. No es, pues, dinero que refuerce el tejido productivo local sino a sus depredadores. Se pierde así una ocasión de utilizar importantes partidas de compra pública en fortalecer las economías locales que son las generadoras de riqueza y de trabajo distribuidos entre la población, dos elementos básicos para combatir, mas allá de la emergencia, la pobreza y con ella las carencias alimentarias.
Que las grandes empresas contribuyan a acabar con las situaciones de pobreza incluyendo la alimentaria, es muy fácil. Sólo hace falta que paguen los impuestos que les corresponden lo que permitiría un estado del bienestar capaz de dar un apoyo suficiente a la gente empobrecida. Pero esta solución tan elemental, y que sólo implica cumplir las leyes, no está en el programa del Banco de Alimentos(R) porque no interesa a las grandes empresas ya que quieren que su responsabilidad social no vaya más allá de repartir las migajas con el mínimo coste posible y aquí es donde el Banco de Alimentos(R) cumple su función.
La estrecha imbricación entre las estrategias del Banco de Alimentos(R) y las estrategias de las grandes empresas va mas allá de incrementar su facturación con compras financiadas con fondos públicos.
La teoría se confirma cuando vemos quién dirige el Banco de Alimentos(R). Empezando por su presidente Antoni Sansalvadó y Tribó, antiguo directivo de logística y actual accionista en Áreas y Serunion. Esta empresa, filial de la multinacional Elior, líder en el sector de la restauración colectiva, suministra comidas a 2800 centros (comedores escolares, hospitales, etc. y mayoritariamente en instalaciones públicas) y factura diariamente 450.000 comidas. Serunion está también representada por su presidente y director general Antoni Llorens i Tubau con el cargo de vocal. Nestlé está representada a través de Eduard Arruga i Valeri, directivo de Cereal Partners España, una filial del grupo Nestlé. El vocal Alfons Carnero i Suñol: representa, entre otros, a Ebro Agrícolas. Los vocales Javier Riera- Marsá y Lluis Carulla i Font garantizan respectivamente la presencia de las sagas familiares Riera-Marsá y Gallina Blanca, determinantes en el cluster agroalimentario catalán. No podía faltar la organización propia de la gran patronal que está directamente representada por el director general de AECOC (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores): José María Bonmatí Pérez.[6]
Hay alternativas desde la soberanía alimentaria
Sin embargo una política general de derechos podría solucionar el problema de la pobreza incluyendo la alimentaria que no es mas que una de las múltiples caras de un problema único. Una Renta Básica Universal garantizaría una vida digna a toda la población incluyendo el derecho a la alimentación. Derecho que debería ser parte de la enseñanza, la sanidad, los trabajos de cuidados…
En el camino de conseguir estos derechos aquellas situaciones que requieren de medidas paliativas podrían ser abordadas desde otros paradigmas como ya se estaá haciendo en múltiples lugares. A continuación se puede leer una parte de las medidas paliativas que en julio pasado proponía la Aliança por la Soberania Alimentària de Catalunya, recogiendo lo que ya se está impulsando en el territorio.
ANEXO:
Alternativas en clave de Soberanía Alimentaria a la gestión neoliberal de la pobreza alimentaria (extracto: medidas paliativas)
Documento de junio de 2015 de la Aliança por la Soberania Alimentària de Catalunya
B. Transformar el modelo dominante de ayuda alimentaria
Dada la situación de emergencia social que vive el país y los efectos contraproducentes que tienen la mayoría de medidas orientadas a paliar la pobreza alimentaria, es necesario y urgente transformar el modelo dominante de ayuda alimentaria. A continuación, se proponen medidas en esta dirección relacionadas con dos ámbitos de actuación diferentes.
B.1. Becas comedor y compra pública
De entre los problemas de malnutrición que sufre la población catalana, es especialmente doloroso el que afecta a los y las menores de 16 años. En este sentido, una de las principales prioridades debe ser acabar con la malnutrición y la subnutrición en la infancia y la adolescencia. Dentro del derecho a una educación universal hasta los 16 años se debería incluir, como parte inseparable, garantizar el derecho a disfrutar de una alimentación suficiente y adecuada.
La falta de becas comedor está convirtiendo en crónica dado el aumento de la pobreza infantil de los últimos años y el reducido presupuesto que el Departamento de Enseñanza dedica. Aumentar en 185.636 más las actuales 69.000 becas, garantizar el 100% de la comida, recuperar las becas comedor en secundaria y definir mecanismos para poder otorgar becas a lo largo de todo el curso son las medidas planteadas por la Fapac (Federacion de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya) y que apoyamos.
La enseñanza pública puede ser también el ámbito desde el que abordar de forma no estigmatizadora la subalimentación infantil en otras comidas no estrictamente escolares, por ejemplo mediante mecanismos como la fiambrera solidaria, becas para cubrir desayunos, meriendas, comidas en las actividades extraescolares , los centros diarios, los centros de vacaciones, etc.
Los gastos que implicaría implementar estas medidas son perfectamente asumibles. Es sólo un problema de prioridades. Significarían una importante inversión en bienestar y derechos de la infancia y la adolescencia. Aumentar las actuales becas según la propuesta de la Fapac hasta llegar a la cifra de 254.636 significaría un desembolso de 141,5M de euros por parte de la administración (3,5 veces el desembolso actual). Es cierto que estamos hablando de un gasto importante de dinero público destinado a la compra de alimentos pero insistimos en que son perfectamente asumibles.
El gasto público para la compra de alimentos para responder a las situaciones de emergencia alimentaria representa un volumen de dinero público elevado y, por tanto, tiene un importante impacto económico. Desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria la compra pública de alimentos debería ser realizada mediante Sistemas de Pago Condicionados al cumplimiento de determinados criterios nutricionales, socioeconómicos y ambientales, orientados a:
acabar con la malnutrición y la subnutrición fomentando una alimentación adecuada y de calidad basada en productos frescos, de temporada, de proximidad, ecológicos y culturalmente adecuados;
fortalecer los comercios tradicionales y en general las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias vinculadas a la Economía Social y Solidaria; apoyar los métodos justos y sostenibles de producción, distribución y comercialización de productos agroalimentarios propios de la Agroecología.
En el ámbito educativo, los Sistemas de Pago Condicionados deberían ir acompañados de un trabajo y unos medios orientados a promover la transición de la alimentación escolar hacia la creación de Comedores Escolares Ecológicos, y de una propuesta pedagógica coherente con esta opción.
En el ámbito de la protección social, aplicar los Sistemas de Pago Condicionados que se proponen supondría promover la distribución de lotes de alimentos agroecológicos, comedores sociales agroecológicos y prestaciones económicas para la compra de productos agroecológicos. En última instancia, significaría fomentar que las personas empobrecidas tengan acceso a una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional, socioeconómico y ambiental.
B.2. Medidas paliativas
Con el fin de tender a acabar con las situaciones de empobrecimiento en lugar de tender a cronificarlas , las acciones de ayuda alimentaria no pueden limitarse a satisfacer las necesidades alimenticias de estas personas. Deben promover que dichas personas ganen control y poder sobre sus vidas para que sean las protagonistas en la construcción de las soluciones a sus propios problemas. Dicho de otro modo, deben fomentar la autonomía y el empoderamiento de las personas.
La prestación de medidas paliativas debe enmarcarse en proyectos que fomentan el empoderamiento haciendo que su buena marcha dependa de la implicación y la corresponsabilidad de las personas participantes; basándose en el funcionamiento horizontal; y concretándose en propuestas de intervención a medio plazo orientadas a fomentar la promoción de las personas, el desarrollo de sus habilidades sociales y el fortalecimiento de sus vínculos sociales.
Dentro de este ámbito, desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria la medida estrella debería ser la promoción de huertos sociales y comunitarios. En este tipo de iniciativas, el empoderamiento de las personas participantes se promueve, por un lado, posibilitando que cultiven parcelas de huerta para autoabastecerse parcialmente de verduras; y, por otra parte, promoviendo que trabajen en grupo, participen activamente en la gestión y el desarrollo de los proyectos y se vinculen a la comunidad local donde se emplaza la iniciativa. Por medio de esta doble estrategia, en el marco de los proyectos de Agricultura Social se incentiva que las personas empobrecidas mejoren su dieta, su condición física y anímica, sus habilidades sociales y su autoestima; aumenten su autonomía; y aprendan a autoorganizarse, a autoabastecerse de parte de los alimentos que necesitan resolviendo sus problemas por sí mismas.
El ámbito periurbano y el medio rural cuentan, a día de hoy , con miles de hectáreas de tierra agraria abandonada o infrautilizada. En este contexto, la proliferación que actualmente están experimentando las iniciativas de Agricultura Social constituye una muy buena oportunidad para revertir la degradación de los agroecosistemas que tiene lugar cuando la tierra agraria se abandona, y para recuperar la doble vocación productiva y social que tiene la tierra agraria. Pero para que las personas empobrecidas y la ciudadanía en general pueda autoabastecerse parcialmente de alimentos, idealmente a través de huertos sociales o comunitarios, se necesitan políticas y programas que faciliten tanto el acceso a la tierra como su gestión colectiva o comunitaria; y necesitan también programas de formación y acompañamiento.
(…)
Por otra parte, hay que destinar más recursos públicos a las prestaciones económicas directas encaminadas a paliar las situaciones de emergencia alimentaria. Se ha constatado que estas prestaciones permiten que las personas que ven vulnerado su derecho a la alimentación puedan gestionarse sus necesidades alimenticias de forma autónoma y, de este modo, se contribuye a dignificar sus situaciones vitales y prevenir su estigmatización. Esta modalidad de ayuda alimentaria permite, además, implementar el tipo de Sistemas de Pago Condicionados que se han descrito más arriba.
También hay que tener presente que las necesidades alimenticias son concretas para cada persona y momento. Es por ello que la forma de responder adecuándose a esta realidad debe ser descentralizada y el más a pie de calle posible. En este sentido, los servicios sociales municipales, si se les dota con medios suficientes, son las herramientas ideales para hacer este trabajo adecuándose a cada circunstancia concreta. Llevar a cabo este tipo de acciones de forma descentralizada y cercana a las necesidades de la población local es la forma más adecuada de ganar el máximo de eficacia y eficiencia.
Del mismo modo, este seguimiento cuidadoso a cada circunstancia mediante servicios cercanos a las personas ha de insertar las ayudas concretas en planes integrales de apoyo y empoderamiento. Esta es la forma de conseguir que estas medidas sean limitadas en el tiempo, sin que ello signifique dejar a las personas desatendidas, sino que se han creado otros mecanismos que den respuesta a las situaciones de empobrecimiento promoviendo la autonomía para que las personas sean capaces de salir por sí mismas de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y puedan prescindir, al menos parcialmente, de las ayudas directas.
[1] “Alternatives des de la Sobirania Alimentària a la gestió neoliberal de la pobresa alimentària” ASAC, Barcelona, Juliol 2015. La parte dedicada a alternativas de esta misma declaración està como anexo a continuación de este artículo.
[2] El Banco de Alimentos es una palabra que tiene una doble acepción. Por una parte es un genérico que se utiliza para toda entidad que recoge alimentos para redistribuirlos, pero, también, es una organización centralizada y federada. Esta última organización tiene registrada una marca que en casos utiliza contra las experiencias autorganizadas de barrios (como ha sido el caso del barrio Tetuan de Madrid). A ella nos referiremos llamándola: Bancos de Alimentos(R)
[3] Jose Coy en el prólogo del libro Vides Hipotecades, de Ada Colau y Adrià Alemany.
[5] “Alternatives des de la Sobirania Alimentària a la gestió neoliberal de la pobresa alimentària” ASAC, Barcelona junio 2015
La filósofa acusó que una educación para el crecimiento económico despreciará las artes en la formación de un niño “ya que no parecen conducir directamente al crecimiento económico”.
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