Los sindicatos docentes se encuentran divididos ante la aprobación en el Pleno del Congreso del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, considera una «noticia positiva» la aprobación de la LOMLOE este jueves por parte de la Cámara Baja. «Esta ley es un primer paso para introducir los cambios que necesita nuestro sistema educativo», ha afirmado.
En su opinión, la nueva norma educativa «revierte algunos de los efectos más perniciosos» de la LOMCE del Partido Popular, «como los itinerarios y la doble titulación», mientras que apuesta por «una escuela inclusiva y recupera la participación de la comunidad educativa en la gobernanza de los centros».
Además, Loranca ha puesto de relieve que incorpora la perspectiva de género, la apuesta por la digitalizacion y la educación para el desarrollo sostenible. «Contempla un compromiso de financiación, que a nuestro juicio, debería llegar al 7% del PIB en 2025», ha apostillado.
Sin embargo, ha lamentado que «deja fuera aspectos fundamentales como la bajada de ratios y la reducción de la carga lectiva de los docentes». «Emplazamos al gobierno a comenzar las negociaciones con los sindicatos para establecer las condiciones de la función docentes, así como los necesarios cambios que, en materia de currículo, metodología y evaluación deberán desarrollarse a partir de la ley», ha remachado.
El secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, ha indicado que la comunidad educativa había rechazado «frontalmente» la LOMCE y ha puesto de relieve que «había un amplio consenso en solicitar su derogación y su sustitución» por una nueva norma.
«Es una buena noticia que haya una nueva ley educativa que vaya a revertir los aspectos más regresivos de la LOMCE», ha indicado a Europa Press Francisco García, para después poner en valor que esta norma «vaya a fortalecer el sistema educativo público» que es el que «garantiza la universalización del derecho a la educación». No obstante, ha indicado que aún hay «asignaturas pendientes», como la financiación del sistema, el debate sobre la profesión docente o la rebaja de las ratios, entre otras.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, ha hecho hincapié en que la ‘Ley Celaá’, «por desgracia, será tan sólo la octava ley educativa» de la democracia. «Estamos siendo testigos, una vez más, del naufragio de la política y su incapacidad para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida en el sistema educativo», ha añadido.
Para Amate, la LOMCE pretendió imponer «su modelo con una fuerte contestación de sus detractores» y la LOMLOE «vuelve a caer en la misma piedra y busca imponer su modelo provocando también una fuerte resistencia». «Esto no es bueno para nadie. Es un gran perjuicio social», ha manifestado, para después añadir que es «necesario rectificar en la Ley Celaá los aspectos más agresivos contra la libertad de enseñanza y la pluralidad» del sistema educativo.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que la Ley Celaá «arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas».
«Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos», ha criticado CSIF.
El sindicato independiente de enseñanza ANPE ha afirmado que «la ausencia de diálogo unido a la falta de negociación» hace que esta nueva ley «nazca bajo la premisa de que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas».
«Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo», ha recalcado.
Desde la Confederación de STEs-i consideran que la controversia política y las demandas de la enseñanza privada «en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa, no deben ocultar las deficiencias que no soluciona» la ‘ley Celaá’.
«Celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE», han manifestado, para después añadir que el Congreso ha aprobado una LOMLOE que «mejorada» en su trámite parlamentario, pero está «lejos aún de las necesidades educativas actuales».
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde, por una parte, el Dictamen elaborado sobre la Lomloe y, por otra, la propia ley. Al tener carácter de ley orgánica, es decir, que desarrolla derechos fundamentales, necesitaba la mayoría absoluta del Parlamento, es decir, 176 votos. La votación ha dado el resultado de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. En última instancia, la Lomce, antigua ley del PP, ha quedado derogada.
Por la mínima. Dos votos por encima de la obligación de 176 han sido la clave para la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, Lomloe. Después de meses de negociación a puerta cerrada en la Comisión de Educación y con una buena cantidad de ruido de fondo, la Ley Celaá ha pasado el primer trámite parlamentario. Por delante, su paso por el Pleno del Senado y, después, su ratificación de nuevo en las Cortes.
Si todo va como hasta ahora, la Lomloe dará sus primeros pasos en la próxima primavera, a través de los programas de cooperación territorial que contempla, aunque empezará a notarse su desarrollo real a partir de septiembre de 2021, cuando empiecen las modificaciones en las diferentes etapas del sistema educativo.
Cambios principales
La lucha contra la segregación, principalmente socioeconómica, en el sistema educativo es uno de los ejes y cimientos sobre los que pretende construirse una nueva realidad educativa en España. Los datos de informes nacionales e internacionales sobre la conformación de centros gueto, mayoritariamente en la pública, en los que se escolariza a la mayor parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de entornos socioeconómicamente empobrecidos, de otras etnias y orígenes nacionales son claros. El sistema público se lleva la parte del león.
En este sentido, el Ministerio primero, y la Comisión de Educación después, ha puesto el ojo en la necesidad de una escolarización más equilibrada de este alumnado para lo que ha puesto sobre la mesa mecanismos como la supresión de la demanda social como criterio a la hora de planificar las necesidades de plazas o que la cercanía al domicilio familiar recuperase parte de su peso perdido tras la aprobación de la Lomce en 2013.
También, en el punto de mira, la apuesta por un sistema que se vertebre, principalmente, sobre esta escuela pública que durante los últimos años, tras la crisis de 2008, ha visto recortados sus presupuestos, menguadas sus plantillas y aumentada su precariedad y movilidad, con un porcentaje de interinidad que ha rondado el 30 %.
A lo largo del texto se marca la intención de que se creen las plazas públicas suficientes para la escolarización de la infancia, con el objetivo de frenar el cierre de aulas públicas allá donde, por ejemplo, se estaban manteniendo conciertos mientras la pública cerraba sus puertas.
La concertada, reunida en la plataforma Más Plurales lleva semanas protestando ante el Congreso, también desde sus propios centros, criticando con dureza las medidas implementadas por la Lomloe, en las que ven un ataque a la red privada financiada con fondos públicos. No solo por la supresión de la demanda social (introducida por el PP en 2013), también por la prohibición nuevamente expresa a cobrar cuotas a las familias para el mantenimiento de los centros. Hace años que la concertada critica que con el módulo de conciertos de los Presupuestos Generales del Estado no es suficiente para sufragar sus gastos de mantenimiento y consumos. Las nóminas del profesorado las paga el Estado.
La Lomloe establece que las actividades complementarias no pueden suponer discriminación para el alumnado que no pueda hacer frente al pago de estas cuotas ni deben desarrollarse durante el horario lectivo. Hace unos días, CEAPA y CICAE (patronal de la privada) publicaban su estudio anual en el que repasan las cuotas que se cobran en los concertados. Principalmente denuncian que son pocos los que avisan que son voluntarias y no han de pagarse, frente a una mayoría que presiona a las familias para que las paguen y así, sus hijas e hijos, no se encuentren en inferioridad de condiciones con respecto al resto de alumnado.
También han criticado medidas como la finalización de la posibilidad de cesión de suelo público para la escuela concertada, fijada también por la Lomce y que dio lugar a algunos casos importantes de corrupción en la Comunidad de Madrid, o el fin de los conciertos educativos a centros que segregan a chicas y chicos, también introducida por primera vez en la Ley Wert de 2013.
La educación especial, dominada principalmente por centros concertados, también ha estado, ya desde hace años, en el punto de mira de ciertos sectores. A pesar de que los tratados internacionales obligan a España a caminar hacia un sistema único ordinario, el Estado sigue manteniendo estos centros, así como las aulas específicas en centros ordinarios.
La disposición adicional 4ª mantiene el plazo de 10 años para la dotación de recursos suficientes en centros públicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, principalmente derivados de la discapacidad, mientras que el artículo 74.1 mantiene de legislaciones anteriores, la posibilidad de apertura y mantenimiento de centros de educación especial. Bien es cierto que otros puntos de este artículo dan más capacidad a las familias a decidir por la escolarización en la red ordinaria.
Finalmente, la Religión dejará de computar para las diferentes notas y titulaciones, volviendo a la situación previa a la Lomce. De esta forma no influirá tampoco en el acceso a becas y ayudas y no obligará a tener una asignatura espejo evaluable también. Eso sí, será de obligada oferta por parte de los centros. El anhelo de sacarla de los centros educativos habrá de seguir esperando.
Y, por supuesto, el castellano como lengua vehicular del sistema ha supuesto, nuevamente, páginas y horas de críticas por parte de la oposición en bloque. El castellano no fue nombrado como lengua vehicular en el sistema educativo hasta la aprobación de la Lomce. Muchos entendieron entonces que se quería dar la batalla a los sistemas de inmersión lingüística, principalmente el catalán.
El apoyo de ERC a la ley ha pasado, en cierto grado, por revertir esta situación que ha acabado con la supresión del adjetivo vehicular de todo el proyecto de ley. El objetivo, claro, blindar el sistema de inmersión catalán.
Más infantil y programas de cooperación territorial
La educación infantil, principalmente el primer ciclo de 0 a 3 años, se ha convertido en una de las protagonistas de la ley. Es intención de la Lomloe el aumento de las plazas públicas «asequibles» para las familias de menos recursos que no pueden acceder a un centro de infantil en estas edades.
Para ello se da el plazo de varios años y, en paralelo, se ponen sobre la mesa lso 200 primeros millones de euros para que las comunidades los inviertan en estas plazas. El objetivo es pasar del 34 % de criaturas escolarizadas en esta etapa actualmente, al 54 % en los próximos años. Con la doble finalidad de mejorar las situaciones de conciliación y los niveles educativos generales de la población.
Estos 200 millones son parte de los programas de cooperación territorial que la Ley prevé poner en marcha durante su implantación. En ellos tendrá un peso importante también los centrados en el apoyo y recuperación del alumnado que puede acabar engrosando las cifras de abandono escolar temprano, todavía una de las más altas de la Unión Europea, con in 17,1%, después de una década de continua bajada.
Otras polémicas
La ley, además de tener en contra en bloque a la concertada confesional, ha encontrado otros desacuerdos. Por ejemplo, extrañó la falta de compromiso, finalmente, con recuperar la clase de Ética en 4º de la ESO, que votaron en su momento todas las fuerzas políticas del Congreso. Finalmente, en el proceso de enmiendas, el PSOE decidió no recuperar este acuerdo.
A esto se suman otras decisiones, como los cambios habidos en el proceso de selección de las y los inspectores, que cambia y deja en el aire la posibilidad de que no sea como hasta ahora, por concurso oposición, sino por una valoración que nadie sabe muy bien cómo se realizará. Diferentes organzaciones profesionales, como USIE, han criticado muy duramente esta decisión.
En este mismo sentido se encuentra la disposición adicional que fija la posibilidad de que un docente sea apartado de su labor directa con el alumnado en el caso de que no cumpliese debidamente su labor, tras dictamen de la inspección en este sentido.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/19/el-congreso-aprueba-la-lomloe-por-la-minima/
La ‘ley Celaá’ potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quita al castellano la condición de lengua vehicular
El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).
Si no se tuercen las cosas en el último momento las modificaciones permitirán que, a diferencia de lo que sucedió en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno salga adelante. Pero los cambios también hacen más difícil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el proyecto de ley.
Medidas contra la segregación escolar
La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Limitación de repeticiones
En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas
La ley aprobada hace siete años por el PP reforzó las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijación del currículo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen más competencias y participación. El Ministerio de Educación fijará el 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hacía con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la última, del PP, es imposible comparar porque sustituyó el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías. Las comunidades estarán presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendrá la misión de actualizar regularmente el currículo. Y la ley prevé que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, antes de tomar diversas decisiones.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.
La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no esté sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.
Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona. (C)CARLES RIBAS /
Menos itinerarios y diversificación curricular
La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que implica, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo), que continuará en cuarto y permitirá obtener el título de la ESO. Estos programas de diversificación son, para el experto educativo Lucas Gortázar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.
Evaluaciones diagnósticas en vez de reválida
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).
Los centros decidirán parte de las horas de clase
Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.
Fusionar asignaturas
La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.
Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas
El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.
Solidaridad interterritorial
La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,
Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.
Escuelas sostenibles
Para promover «la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Más competencias para el consejo escolar
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela. OSCAR CORRAL / EL PAÍS
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera segregador, a otro que integre más ambas. A corto plazo, la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el «intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.
Apartar a los malos profesores
Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Nuevo acceso docente e incremento del gasto público
La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y «priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
Calendario de aplicación
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo.
Para crear conciencia sobre todas las formas de abuso, el gobierno británico hizo obligatoria la “educación para las relaciones” en las escuelas, que entró en vigor en septiembre de 2020
El pasado mes de septiembre, el gobierno británico volvió obligatorio el aprendizaje sobre control coercitivo en la escuela.
La diferencia entre una relación sana y una abusiva no siempre es obvia, especialmente cuando el impacto duradero no es tan visible como una cicatriz, pero puede ser igual de dañino.
Cuando Sarah* tenía casi 16 años, comenzó a acercarse a un chico en su clase, llamado Zach. Después de hablar durante unas semanas, él la invitó a ir a un concierto.
Al principio estaba nerviosa porque no estaba acostumbrada a salir sola, así que preguntó si sus amigos también podían ir.
“Quiero que estemos nosotros solos”, recuerda que le dijo. “Esta es una oportunidad única para que estemos juntos”.
A Sarah realmente le estaba empezando a gustar Zach y como él siguió invitándola a hacer cosas, solo ellos dos, ella sabía que él sentía lo mismo.
Así que, aunque tenía miedo de caminar sola de noche, estaba dispuesta a pasar tiempo con él.
Unos meses después eran oficialmente pareja.
Antes de ir juntos a una fiesta, Sarah se estaba probando ropa y él le dijo: “eso es demasiado revelador”. Confiando en la opinión de Zach, Sarah optó por un vestido diferente.
Cuando Sarah hablaba con otros chicos en su clase, Zach comenzó a decir que estaba tratando de ponerlo celoso. “¿Por qué sino estarías hablando con él?”
Ver el patrón de abuso por sí mismo puede ser increíblemente difícil y, en algunos casos, casi imposible / Foto GETTY IMAGES
Ella estaba segura de que era una charla inocente, pero tal vez él tenía razón si eso le hacía sentir así, pensó.
Zach comenzó a experimentar con drogas, tomando drogas de clase A con regularidad.
Entonces Sarah le dijo que estaba preocupada por él. “Deja de ser tan controladora”, le respondió.
Cada vez que ella hablaba del tema, Zach la acusaba de tratar de controlarlo.
Una noche buscó en Google: “¿Soy una persona controladora?”
Cuanto más tiempo pasaba Sarah con Zach, menos veía a sus amigos. Zach dijo que eso era normal al comienzo de una nueva relación. “De todos modos, no me gustaban tus amigos”, señaló.
Los resultados de sus exámenes de preparatoria llegaron rápidamente. Zach obtuvo dos A y una B, Sarah obtuvo una A y dos B.
“Sabes, eso se esperaba”, indicó él.
Sarah ingresó a la universidad que había elegido, mientras que Zach decidió volver a tomar algunos exámenes.
“No te vayas, ¿por qué querrías dejarme aquí?”, le preguntó.
Él insistía cada vez más para que Sarah no fuera a la universidad, y le decía que no tenía sentido que fuera.
“Es una pérdida de dinero. Yo voy a ser el sostén de la familia, no podría vivir conmigo mismo de otra manera”, le decía.
La autonomía y autoconfianza de las víctimas de control coercitivo se desvanece / Foto GETTY IMAGES
Sarah, que ahora tiene 23 años, dice que los primeros años de su relación “no fueron malos”.
“Lo que quiero decir es que el principio no fue tan malo como lo que pasó después”.
¿Qué es el control coercitivo?
El control coercitivo a menudo no se puede limitar a un evento en una relación, sino que es la acumulación de palabras, comportamientos y amenazas que humillan, aíslan y controlan a las víctimas, dejándolas sin libertad y con muy poco de “ellos mismos”.
Las víctimas describen haber experimentado abuso emocional a medida que su sentido de autoconfianza y autonomía era desmembrado, hasta que la única ‘normalidad’ que conocen es el abusador.
La naturaleza del control coercitivo significa que poder ver el patrón de abuso por sí mismo puede ser increíblemente difícil y, en algunos casos, casi imposible.
Entonces, ¿cómo sabes cuándo los celosos y los pegajosos se vuelven controladores y coercitivos? ¿Y cuándo se convierte eso en un delito?
“Dijo que podía romperme el cuello si quisiera”
Para crear conciencia sobre todas las formas de abuso, el gobierno británico hizo obligatoria la “educación para las relaciones” en las escuelas, que entró en vigor en septiembre de 2020.
El plan de estudios incluye enseñar a los estudiantes a identificar el abuso financiero, emocional y físico en las relaciones de adolescentes y adultos.
Sarah dice que esto es algo que le hubiera gustado saber antes de su relación con Zach.
Para ella, “eres hermosa” pronto se convirtió en “tienes suerte de que esté contigo porque nadie más te iba a querer”.
El impacto duradero del control coercitivo no es tan visible como una cicatriz o un hematoma / Foto GETTY IMAGES
Levantarse de la cama y vestirse requería una aprobación detallada de Zach sobre el atuendo.
“Realmente me convenció de que estaba mal que no le mostrara lo que iba a vestir”.
Y no volvió a ver a sus amigos después de que su novio les enviara un mensaje en secreto diciendo: “Por cierto, Sarah te odia y habla de ti a tus espaldas”.
Zach solía decir que no tenía dinero para comer ni para vivir, por lo que Sarah dice que constantemente le enviaba grandes sumas de dinero. Pero agrega que después la castigaba.
“Lo estás haciendo para hacerme sentir mal conmigo mismo”, le decía.
En la universidad, si quería salir por la noche, Zach le indicaba que no podía ir y le repetía que si lo hacía “un extraño la violaría y drogaría” y que le causaría a él demasiada preocupación e insomnio.
Si ella salía, lo cual era raro, se veía abrumada con mensajes y llamadas preguntando dónde estaba y qué estaba haciendo.
“Empecé a notar que mi vida estaba realmente restringida en la universidad”, recuerda Sarah.
“Sentí que no podía unirme a actividades ni hacer amigos. Me di cuenta de que mis compañeros de piso pensaban que [nuestra relación] era extraña, porque siempre le pedía permiso, pero pensé que era normal”.
“Él me convenció de que era normal”.
Antes de que Sarah se diera cuenta, los desprecios que le dolían se convirtieron en temores por su seguridad.
El momento que más recuerda fue cuando Zach la visitó en la universidad.
Ella le había pagado para que fuera a verla y habían pasado el día juntos. Estaba acurrucada con Zach en la cama.
Entonces él le dijo: “Podría romperte el cuello ahora, si quisiera”.
El abuso continúa muchas veces después del término de la relación / Foto GETTY IMAGES
Sarah cuenta que la presión para hacer lo que él quería se filtró en las partes íntimas de su relación.
“Él hablaba mucho sobre la pornografía bastante gráfica y abusiva que veía”.
“Tú no lo harías en el dormitorio, así que tengo que conseguirlo en otro lado”, le decía.
Sarah temió por su vida en más de una ocasión.
Enojado, Zach aventaba sillas, rompía cosas y la amenazaba como si fuera tan normal como besarla.
“Si extendía la mano y lo tocaba para tratar de calmarlo, me empujaba”, recuerda Sarah.
“No quería verlo más. Le tenía miedo”.
Fue en su tercer año de universidad, cuando sus momentos de “libertad” se estaban agotando, cuando Sarah sintió que dejar a Zach era una opción.
El momento que, dice, se destaca, fue cuando su compañera de casa la sentó y le dijo que estaba realmente preocupada de que esa relación controladora arruinara su vida.
“Era muy infeliz y no me daba cuenta. Una relación no debería hacerte dudar de ti misma todos los días”.
“Realmente pensé: ‘¿Quiero esto por el resto de mi vida?’”
Desafortunadamente, al igual que muchas relaciones abusivas, el abuso no paró cuando se acabó la relación.
¿Qué dice la ley en Reino Unido?
Dos mujeres son asesinadas cada semana como resultado de la violencia doméstica en este país.
Estos casos a veces están relacionados con el control coercitivo, según la experta en criminología, la doctora Jane Monckton Smith.
El control coercitivo se volvió ilegal en 2015 bajo el delito de “comportamiento controlador o coercitivo en una relación íntima o familiar”.
El control coercitivo se volvió ilegal en 2015 en Reino Unido / Foto GETTY IMAGES
Para traspasar el límite y convertirse en un delito, el control coercitivo debe hacer temer a alguien que se utilizará la violencia en su contra al menos en dos ocasiones; o causarle una alarma o angustia grave que tenga un efecto adverso sustancial en sus actividades cotidianas habituales.
Aunque se procesa principalmente junto con otros delitos como la violencia doméstica, cada vez llegan más casos individuales a los tribunales.
La abogada Clare Ciborowska le dijo a BBC Three que está viendo cada vez más casos de control coercitivo que involucran a jóvenes de 16 años o más.
“Cuando eres joven, nadie entra en una relación esperando que sea abusiva, pero cualquiera puede encontrarse en esa posición”, explica.
“A veces, pueden comenzar a aparecer unos pequeños y sutiles signos, eso puede suceder durante un largo período de tiempo”.
“Para entonces ya estás involucrada en la relación cuando las cosas empeoran. Por eso, es importante que los jóvenes sepan qué es el control coercitivo, puedan detectar las cosas desde el principio y se sientan capaces de hablar de ello”.
En algunos casos, Ciborowska dice que el perpetrador evita la violencia física porque deja una marca obvia.
“Son bastante manipuladores y se aseguran de no cometer ningún delito físico, porque es mucho más difícil de detectar si se trata solo del aspecto del control coercitivo, aunque psicológicamente siga teniendo un efecto adverso enorme en la víctima”.
Cuando Sarah viajó para romper con Zach, estaba aterrorizada.
“Me sentía muy responsable de su vida”, señala.
Como no tenía idea de cómo tomaría él la ruptura, Sarah se lo dijo en la calle porque quería estar en público con otras personas alrededor, para que él no pudiera lastimarla.
Durante meses, después de haber roto con él, Zach continuó acosándola.
“Si no le respondía, me amenazaba con suicidarse”.
Cuando bloqueó su número, Zach apareció en la puerta de su casa. Y en otra ocasión en casa de su madre.
“Me di cuenta de que no podría escapar por completo hasta que me mudé y él ya no sabía mi dirección”.
Un año después de que se acabara esa experiencia, Sarah volvió a socializar, está en una relación feliz y, dice, está comenzando a sentirse ella misma nuevamente.
¿Estás experimentando control coercitivo?
Según una importante organización de ayuda de abuso doméstico, algunos ejemplos comunes de comportamiento coercitivo son:
Aislarte de tus amigos y familiares
Privarte de necesidades básicas, como alimentos
Controlar tu tiempo
Supervisarte a través de herramientas de comunicación en línea o software espía
Tomar el control de aspectos de tu vida diaria, como adónde puedes ir, a quién puedes ver, qué puedes ponerte y cuándo puedes dormir
Privarte del acceso a servicios de apoyo, como servicios médicos
Despreciarte repetidamente, como decirte que no vales nada
Humillarte, degradarte o deshumanizarte
Controlar tus finanzas
Amenazarte o intimidarte
Fuente e imagen: https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/que-es-el-control-coercitivo-y-por-que-se-volvio-una-asignatura-obligatoria-en-las-escuelas-de-reino-unido/
Chus Gutiérrez es jurado del Festival Cine por Mujeres y reflexiona en un documental sobre el papel que cultura y medios de comunicación desempeñan en la desigualdad de género
“Las directoras de cine ruedan con la mitad de presupuesto del que disponen los hombres. Eso, además de una falta de confianza en el talento femenino, es una falta de respeto”, opina Chus Gutiérrez (Granada, 1962), que lleva casi tres décadas haciendo películas. Ella, junto Icíar Bollaín, Gracia Querejeta e Isabel Coixet, lograron que los nombres de mujer dejaran de ser una rareza en la cartelera del cine español de los años noventa. Y no solo lo lograron en el apartado dedicado a la dirección, también nutrieron a la industria de mujeres protagonistas que desempeñaban sólidos y complejos personajes femeninos.
Para Gutiérrez, la mayor presencia de mujeres dirigiendo películas en los últimos años puede arrojar un dato engañoso. “Si solo lo hacen en el género documental o en ficciones independientes de bajo presupuesto, su presencia en las salas sigue siendo muy minoritaria”, advierte.
La directora y guionista de Sublet (1992), Alma gitana (1996), El calentito (2005) y Retorno a Hansala (2008) es durante estos días jurado de la tercera edición del Festival Cine por Mujeres, que se celebra en distintas sedes madrileñas hasta el 15 de noviembre. Se trata de una vuelta al mundo por el talento femenino. Este año compiten países como Chile (Maite Alberdi), Afganistán (Shahrbanoo Sadat), México (Fernanda Valadez) y Corea del Sur (Yoon Ga-eun). El certamen, además de recordar que las directoras hacen todo tipo de películas, y no solo dramas pensados para el público femenino, cuestiona el papel de la mujer que las pantallas y los medios de comunicación muestran al espectador. Esa es precisamente la propuesta de Rol & Rol, el documental de Gutiérrez que se proyecta este jueves en la Sala Berlanga como parte de la programación paralela del festival.
Chus Gutiérrez, jurado del Festival de Cine por Mujeres y directora del documental Rol & Rol, en la Fundación Telefónica de Madrid. / Kike Para
“Si puedes verlo, puedes llegar a serlo”, es el mensaje que lanza Gutiérrez a las mujeres (y a los hombres) a través de su nueva película. En otras palabras, si la sociedad prestara más y mejor atención a los logros femeninos, alumbraría nuevas aspiraciones entre las más jóvenes. Para ello, ha recogido los testimonios de la artista Yolanda Domínguez, la presidenta de la Asociación de Mujeres emprendedoras de Marruecos, Asmâa Morine Azzouzi, y su compañera y amiga Icíar Bollaín, entre otras.
Mientras recopilaba información para defender esta tesis, la cineasta se enfrentó a varios datos que, a pesar de su propia experiencia, no esperaba encontrar en 2020. “Uno de ellos es que la presencia de las mujeres en la prensa mundial apenas ha aumentado en los últimos años”, dice en referencia a un estudio de The Global Media Monitoring Project. “Por eso son importantes proyectos como el Festival Internacional de Cine hecho por Mujeres, que nos abre la mirada a la diversidad”, defiende.
El otro dato que sorprendió a Gutiérrez fue la presencia de alumnas universitarias estudiando carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, consideradas la cantera de las profesiones del futuro. Según la Unesco, las mujeres solo ocupan el 35% de las plazas en las facultades de todo el mundo dedicadas a estas disciplinas. La cifra ha descendido en algunos países con respecto a décadas anteriores. “Eso ocurre por la percepción negativa que las mujeres y niñas tenemos de nuestras propias habilidades”, apunta la directora.
Pero su documental Rol & Rol no busca una guerra de sexos, sino apelar a la responsabilidad de la industria cultural a la hora de proyectar una imagen adecuada de la mujer: “Creo que la mayor parte de la sociedad desea la igualdad, pero si casi todas las grandes historias las narran hombres, esos relatos casi siempre los van a protagonizar hombres y van a contar con un punto de vista masculino. Es una cuestión incluso de lógica, sin que haya una mala intención por parte de esos autores”.
Cuando esos personajes femeninos ideados por hombres, además de ser secundarios, están desdibujados o representados con estereotipos negativos, es cuando el problema se agrava. “Los carteles de películas, series u obras de teatro son la primera información que recibimos de un producto cultural. Si los analizamos, encontramos a menudo esos papeles despectivos que se dedican a las mujeres. Y el reflejo que recibimos de nosotras mismas a través de ellos es que somos seres secundarios o unidimensionales”, lamenta la cineasta.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/cultura/2020/11/10/doc_and_roll/1605024595_320078.html
Los jóvenes se han adherido a una iniciativa llamada ‘Escuelas para el futuro’ y en la que se invita a los estudiantes a manifestar así su malestar
Decenas de chicos y chicas en varias regiones italianas, pero sobre todo en las septentrionales Piamonte y Lombardía decidieron acudir igualmente a sus colegios cerrados por la pandemia y asistir fuera a sus clases online sentados en el suelo o en sillas llevadas de casa como protesta ante el cierre decretado por el Gobierno.
Los jóvenes se han adherido a una iniciativa llamada “Escuelas para el futuro” y en la que se invita a los estudiantes a manifestar así, siguiendo sus clases fuera de los centros, su malestar por los cierres.
Estudiantes de secundaria de Lombardia (Italia) haciendo clase ante su escuela para protestar por el cierre (Mourad Balti Touati / EFE)
Alto riesgo
Varias regiones han cerrado sus centros a partir de segundo de secundaria
El Gobierno italiano decretó que se limitase el 75 por ciento de la presencia en los institutos de toda Italia, mientras que en las regiones clasificadas de alto riesgo como Lombardia, Piamonte, Valle de Aosta y Calabria se ha cerrado desde el segundo curso de la educación secundaria.
Además también la región de Campania ha cerrado de manera autónoma sus colegios.
Hoy los alumnos de los institutos Gioberti y Calvino de Turín, en Piamonte, se armaron de sus ordenadores y tabletas y gracias a los móviles se conectaron para seguir las lecciones sentados en las aceras frente al colegio. También decenas de estudiantes se reunieron ante la sede la región Lombardía, en Milán, para seguir sus clases.
La batalla de Anita
La primera que lanzó esta protesta fue Anita, de 12 años, de Turín, que desde hace días con algunos compañeros sigue las clases en las escaleras de la escuela secundaria Italo Calvino para pedir lecciones presenciales. La batalla de Anita llegó hasta la ministra de Educación, Lucia Azzolina, quien este jueves llamó a la chica para asegurarle que su gesto “era admirable”.
“Es muy bonito ver que hay niños que creen en sus ideas y las llevan adelante”, dijo la ministra de Educación, y agregó que está haciendo “todo lo posible para mantener las escuelas abiertas y también permitir a los más mayores que regresen, teniendo en cuenta la situación epidemiológica “
Portátil en mano, decenas de estudiantes se han sentado frente a sus escuelas cerradas en Italia como protesta (Mourad Balti Touati / EFE)
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“Tengo dos hijos y estoy convencida de que las dos escuelas a las que asisten son lugares seguros”, dijo la madre de Anita a la ministra Azzolina, pidiéndole “que siga luchando por escuelas abiertas”. “Le dije al ministro que la escuela es un lugar seguro y quiero volver”, agregó la niña, según reportan los medios de comunicación.
Los jóvenes se sienten víctimas de un sistema que no ha podido garantizar su regreso a la escuela
La asociación “Prioridad a la escuela” que ha nacido en estos momentos de pandemia explicó que la iniciativa de seguir las lecciones frente a escuelas de toda Italia se repetirá todos los viernes.
Según una encuesta realizada por el sito internet Studenti.it, del grupo editorial Mondadori, en la que han participado 30.000 estudiantes de secundaria, los chicos se sienten “víctimas de un sistema que, a pesar de las promesas, no ha podido garantizar el regreso a la escuela”.
“El 84% de los entrevistados por Studenti.it admite que se ven afectados negativamente por las nuevas medidas: en particular, de estas, el 20% de los encuestados afirma estar muy afectados psicológicamente incluso consideran estar “deprimidos”.
Según un último estudio de la pagina Tuttoscuola, las nuevas medidas aplicadas por el Gobierno en las regiones de alto riesgo afectan a 362.000 profesores y 3,7 millones de alumnos.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.lavanguardia.com/internacional/20201113/49424163160/estudiantes-italia-protestan-cierre-escuelas.html
La frase dice: “La madre es una mujer, el padre es un hombre”
Al filo de la medianoche del martes, justo antes de que empezara un confinamiento parcial en Hungría por el coronavirus, el Gobierno ultraconservador del primer ministro Viktor Orbán envió al Parlamento propuestas de ley sobre sistema electoral, sexo y adopción de niños, y otros asuntos, que provocaron indignación en la oposición, y alarma entre las personas homosexuales.
Ese mismo martes Orbán había recibido poderes del Parlamento para gobernar por decreto 90 días ante la segunda ola de la pandemia, por lo que los textos se debatirán y votarán cuando regrese la actividad parlamentaria. Pero su futura aprobación se da por segura dada la supermayoría de dos tercios con que cuenta Fidesz, el partido de Orbán.
La ofensiva legislativa de Orbán incluye una reforma electoral que, según sus detractores, debilita a la oposición
La ofensiva legislativa incluye: una ampliación legal de los requisitos de los partidos para concurrir a las urnas, que en la práctica dificulta que la oposición se alíe contra el partido en el Gobierno; y una enmienda a la Constitución para consagrar que “la madre es una mujer, el padre es un hombre”, con el veto definitivo a la adopción de niños por parejas homosexuales y transexuales. Hay también una propuesta de reglas sobre fondos públicos que, según sus críticos, hará más opaco el modo en que se asignan.
El Ministerio de Justicia envió al Parlamento en los últimos minutos del martes el plan constitucional sobre madre y padre, con definición de sexo señalado en el nacimiento. “Hungría protege el derecho de los niños a identificarse sobre la base de su sexo”, dice el texto, que especifica que “la educación se imparte de acuerdo con los valores basados en la identidad constitucional y la cultura cristiana de Hungría”.
La proposición de ley prevé que sólo los matrimonios heterosexuales puedan adoptar niños. La Constitución impulsada por Orbán y en vigor desde el 2011 ya define el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre. Por tanto, los homosexuales en Hungría no pueden casarse, pero actualmente una persona sola puede adoptar, vía por la que gais y lesbianas podían acceder a la adopción, haciendo la solicitud sólo un miembro de la pareja.
En un comunicado ayer, el grupo Háttér de defensa del colectivo LGBTQ dijo que “el momento elegido no es casual; las propuestas que limitan severamente los derechos legales y van contra derechos humanos internacionales y europeos básicos se presentan en una época en que las protestas no están permitidas” debido a la pandemia.
Por otra parte, la enmienda a la ley electoral enviada al Parlamento por el Ministerio de Justicia al filo de la medianoche del martes obligaría a los partidos a presentar candidato en al menos 50 circunscripciones (ahora la cifra es de 27) para poder concurrir con una lista a nivel nacional. Según la oposición, esto busca impedir que sus partidos pacten un solo candidato conjunto en cada circunscripción de cara a las elecciones del 2022. Aliándose así, partidos de la oposición lograron arrebatar a Fidesz varias alcaldías en las elecciones municipales de noviembre del 2019, entre ellas la de Budapest, cuyo alcalde es desde entonces el verde Gergely Karácsony.
“En medio de la pandemia, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en la crisis y en salvar vidas, pero en vez de eso toma medidas desesperadas sin consulta”, dijeron los seis partidos de la oposición en un comunicado conjunto. El confinamiento parcial y el toque de queda –desde ayer no se puede salir de casa entre las ocho de la noche y las cinco de la madrugada, salvo causa justificada– imposibilitan que haya manifestaciones en las calles
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