Hay todavía 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea (32,3%), cuya precariedad se agudiza por las dificultades de acceso a una vivienda digna. En otra parte trato el deterioro de los servicios públicos, particularmente, la sanidad y los niveles de desigualdad social. Cojamos el aspecto más relevante, la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría social, derivada del incremento de precios del mercado y la devaluación salarial. La situación de retroceso generalizado, aunque desigual, es evidente y su percepción segmentada por la sociedad refleja un crudo realismo.

No vale el conformismo y la autocomplacencia de las fuerzas progresistas que llevan a la resignación o las inclinaciones centristas y contemporizadoras respecto de las amplias trayectorias sociolaborales precarias y las dinámicas autoritarias. Es preciso una senda de firmeza. Veamos algunos condicionamientos socioeconómicos de la gente, una parte todavía distanciada del compromiso con el Gobierno de coalición progresista, y aparte de las dudas suscitadas por decisiones políticas controvertidas, amplificadas en los medios.

El Gabinete Económico de CCOO acaba de publicar un amplio estudio titulado “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”. La conclusión es clara. Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios en el año en curso, parcialmente contrarrestada en el caso del incremento gubernamental del SMI que afecta a un millón y medio de personas. Caben citar dos párrafos literales:

“El salario real de 2022 por realizar el mismo trabajo que en 2008 caerá un 12,6%. Mientras los márgenes y beneficios empresariales, como se ha visto, están creciendo hasta niveles no vistos desde 2014 impulsando la espiral de precios. La pérdida de poder de compra de los salarios en 2022 será del 5,2% resultado de una subida media de los salarios pactados del 2,78% hasta diciembre y del 8,4% de los precios de consumo en media anual.

A esto hay que sumar la pérdida de poder de compra adicional por el alza de los tipos de interés para los más de cuatro millones de hipotecados a tipo variable y que en media sufrirán una pérdida del 10% de su renta anual. De persistir esta dinámica desequilibrada, la gestión diferente y mucho más equitativa de la crisis de la pandemia con los ERTE podría terminar convirtiéndose en un espejismo y se volvería al esquema tradicional de ajuste vía salarios y empleo.”

Frente a las explicaciones que solo naturalizan o externalizan sus causas (el mercado, la globalización, la pandemia, la guerra…) se produce un paso valorativo dirigido al Estado y los agentes sociales y políticos: la insuficiencia de la protección y la acción reguladora públicas, todo ello achacable a la incapacidad y/o insuficiente determinación institucional, partidaria y sindical para afrontarlo de forma más contundente y generalizada. Y el CIS y los estudios demoscópicos así reflejan esa preocupación y malestar social que ante su impotencia o inacción exige respuestas, siempre condicionados por la pugna partidista y mediática.

Dicho de otro modo, la patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales. Por tanto, no solo se ralentiza el consumo, la actividad económica y el empleo sino que se precariza la vida de la mayoría trabajadora y sus familias. La negociación colectiva, supuestamente reforzada por la reforma laboral, se muestra incapaz de remontar esa prepotencia empresarial. La estrategia de diálogo social está inoperativa, sin perspectivas de un pacto de rentas equilibrado, a pesar de la reclamación sindical y las llamadas diversas del Ejecutivo, incluso de medios significativos como el diario ‘El País’ (16/01/2023).

La patronal está fuerte y cómoda en su oposición a un pacto de rentas que le pudiera condicionar ligeramente hacia un incremento remunerativo de los salarios. Ahora, a diferencia del periodo anterior (negociación de la financiación pública de los ERTES y de fondos europeos, emplazamiento del nuevo Ejecutivo progresista, con aceptación de límites a la temporalidad y estabilización del marco de relaciones laborales…) no tiene suficientes presiones e incentivos para unos acuerdos razonables y sí un fuerte apoyo de las derechas. La dinámica generada, con esta inercia, es la consolidación del recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios y el aumento de la desigualdad salarial. Y en el plano subjetivo el resquemor pasivo en gente trabajadora.

Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista, como referencia, ha negociado y aprobado un incremento plurianual moderado de las retribuciones del empleo público, para este año 2023, de 2,5% (más un punto complementario), cuando la tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7% (y el 8,4% en media anual), es decir, con una consolidación de la pérdida de más de dos puntos de capacidad adquisitiva, acumulada al retroceso de 12 puntos desde 2010. Significa que, aunque el Ejecutivo progresista junto con los dirigentes sindicales confederales hayan calificado el acuerdo de razonable, tampoco está garantizando el poder adquisitivo de los tres millones y medios de empleos públicos ni ha supuesto suficiente estímulo de mejora para el resto de la negociación colectiva aunque sea fundamentalmente una cuestión autónoma de los agentes sociales y económicos y los sindicatos se quejen de cierta inacción gubernamental.

La estrategia sindical de ‘salario o conflicto’ de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial impuesta por los empresarios. Igualmente, el escaso impulso del centenar de los convenios colectivos más favorables no es capaz de arrastrar la negociación colectiva de los sectores más débiles y la acción movilizadora es muy limitada, con solo un ligero crecimiento de la actividad huelguística: en el año 2022, un 4,5% más de huelguistas que el año anterior, con un total del 17% más de jornadas no trabajadas por huelga. Entre las causas, aparte de la precariedad y las dificultades económicas de las familias, está la débil determinación del activo sindical y/o su capacidad contractual. El reto es la oposición social, política y sindical a la devaluación salarial, la defensa persistente de los derechos sociolaborales y democráticos.

Más democracia y justicia social

Tal como he señalado, son relevantes los dos aspectos, puestos de relevancia desde hace más de una década. Por un lado, la percepción mayoritaria de la gravedad de los problemas socioeconómicos y político-institucionales, con un agudo sentido de la justicia social. Por otro lado, la gran legitimidad de los derechos sociolaborales y una gestión institucional protectora e igualitaria basadas en un fuerte sentido democrático. Ello supone una reafirmación democrática, con la imprescindible activación y ensanchamiento de la base social progresista con mayor legitimación a sus representantes políticos. El descontento social se combina con cierta desconfianza en la capacidad y la voluntad transformadoras de progreso en ese doble ámbito.

En ello influyen diversas causas, pero la pugna política y el sentido del cambio social e institucional no afecta solo a los otros aspectos político-culturales controvertidos. Está clara la movilización autoritaria y nacionalista españolista de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles, los avances feministas y de la articulación plurinacional. Pero una pugna de fondo sigue situada en torno a la cuestión social y laboral y los derechos sociales, en un contexto de incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas sociales y fácticas, así como de la capacidad de la gestión de las fuerzas progresistas y su garantía del avance social y democrático. La democratización y la gestión institucional se vinculan al bienestar y la cohesión social y territorial.

Hay un riesgo de incoherencia, la falta de conexión de los dos campos que, a veces, aparecen como opuestos: el de la ‘utilidad’ o política útil de mejoras socioeconómicas y laborales inmediatas, y el de reformas institucionales y estructurales, a veces lentas e incompletas. Ambas están vinculadas a las dinámicas de participación cívica en el proceso reformador y frente a la involución social y democrática. Pero la crisis de credibilidad institucional y política, en ambos campos, viene de la insuficiencia reformadora, por los límites de las mejoras reales y sin impacto sustantivo, con el exceso de meros discursos genéricos o, en el peor de los casos, de simple ruido desinformativo y politiqueo sectario y corporativo.

Así, la realidad y la percepción social de la acción reformadora difiere en dos contextos distintos, según la dinámica de los dos actores principales, el mercado (empresarios y gestores económicos) y las instituciones públicas. En un marco de fuerte y generalizado impacto regresivo de los poderes económicos neoliberales, el impacto resultante genera un deterioro o situación peor o más desigual. Esa dinámica está amparada, a veces, por la gobernanza europea y estatal, y afecta especialmente a los derechos sociolaborales y la calidad de servicios públicos.

Esa realidad de retroceso es la fuente de malestar popular, a pesar de la implementación de mejoras parciales apoyadas por la población. En ese marco, el Gobierno, las instituciones públicas, palian parcialmente situaciones graves, pero no son capaces de revertir su empeoramiento. La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas; se genera desafección hacia la gestión (insuficiente) de progreso.

Es el factor de fondo de cierto escepticismo popular en los partidos políticos y las instituciones que según señalan las encuestas desconfían en su resolución satisfactoria y tienden a la pasividad y el abstencionismo. Es el motivo de todo el ruido mediático y la pugna de relatos para transferir o adjudicar la responsabilidad de la insuficiente o errónea respuesta al otro actor político o agente social. Pero la quiebra de credibilidad representativa afecta a todo el conjunto institucional, a la capacidad articulatoria de la propia democracia, cuestión aprovechada por los poderes y tendencias reaccionarias y ultraderechistas que pugnan por una involución autoritaria y regresiva. Así, se enlazan los dos procesos reformadores concretos, el socioeconómico y el político-institucional, acompañados y justificados por los correspondientes discursos y dinámicas legitimadoras. La solución es más democracia y más justicia social.

Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.