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El Gobierno diseña el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias

Noticias

Europa/ España/ 16.01.2019/Por: Ignacio Zafra/ Fuente: elpais.com.

El Gobierno está diseñando el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a las aulas ordinarias. En mayo, el comité de la ONU que vela por los derechos de las personas con discapacidad emitió un durísimo informe contra España por el envío sistemático de estudiantes a centros de educación especial, una práctica que considera una segregación escolar injusta. Los expertos coinciden de forma muy mayoritaria en que lo mejor para los niños es mantenerlos en las escuelas generales dotándolas con los recursos necesarios. El Ejecutivo estudia ahora introducir el trasvase en la nueva Ley de Educación, como ha reclamado en una enmienda el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Está previsto que la norma llegue al Consejo de Ministros a finales de mes e inicie después su tramitación parlamentaria.

El proceso, que genera preocupación en un sector de las entidades de personas con discapacidad que hoy gestionan centros especiales, se haría sin prisas y de forma progresiva, explican a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Educación, después de recabar la opinión de más organizaciones. Los actuales colegios especiales serían reconvertidos en centros de apoyo territorial y sus trabajadores pasarían a desempeñar sus funciones en las aulas ordinarias. No solo no habría despidos —aseguran— sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas, indican las fuentes.

De los 217.275 alumnos españoles con discapacidad matriculados en el curso 2016-2017 en enseñanzas no universitarias, 181.530 estudiaban en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. Pero otros 35.886, el 17% del total, lo hacían en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios, dos modalidades rechazadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En España hay 477 centros de educación especial. El 59% son privados, casi todos concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado.

La inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias es una reclamación histórica de las organizaciones de personas con discapacidad a escala internacional. Fueron ellas quienes promovieron en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por España en 2008, que así lo exige.

El sistema educativo español fue denunciado por las organizaciones de personas con discapacidad Solcom y Cermi. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU abrió una investigación en enero de 2017. Después de entrevistar a 165 personas, el comité concluyó, en un informe publicado el pasado mes de mayo, que el país “ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, que afecta en especial a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.

“Los centros de educación especial han evolucionado, pero no dejan de ser espacios que separan a la infancia. La lógica de la educación inclusiva es que los niños aprendan y participen juntos. En la escuela aprendemos a vivir, y aprendemos a hacerlo con o sin determinadas personas. La segregación hace sufrir más a quienes son excluidos, pero es un problema para todos”, señala Ignacio Calderón, profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga.

Preocupación

La perspectiva de un trasvase del alumnado despierta inquietud en una parte de las entidades de personas con discapacidad y de familias por la falta de medios y de formación del profesorado de la red general. “Hay que avanzar hacia un sistema igualitario e inclusivo, es cierto, pero hoy muchas comunidades autónomas no garantizan la educación especializada y la atención individualizada que los alumnos necesitan”, advierte Ruth Vidriales, directora técnica de la Confederación Autismo España.

“Defendemos los centros de educación especial porque han demostrado que funcionan muy bien para una parte del alumnado. Hay muchos niños con discapacidad intelectual que no están bien en los centros ordinarios porque su ritmo de aprendizaje es diferente, necesitan espacios más reducidos y atención más personalizada. Muchos vienen de la escuela ordinaria con problemas de autoestima o de bullying”, agrega Terry Grajera, portavoz de la Plataforma educación inclusiva sí, especial también, que ha presentado 180.000 firmas en la Asamblea de Madrid contra un eventual cierre de los centros especiales, y es madre de una niña con síndrome de Down.

“Las familias tienen derecho a estar preocupadas, pero no estamos hablando de llevar a los niños de cualquier manera a los centros ordinarios, sino de hacerlo bien y por fases. Para los niños es mejor claramente estar en ellos siempre que tengan los medios necesarios para responder a sus necesidades específicas. Cuando están, el entorno normalizado de niños y niñas como los que se encuentran al salir a la calle es el más adecuado para su desarrollo”, afirma Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, que participó en la integración del grueso de los alumnos con discapacidad en la red ordinaria en los años ochenta, cuando formaba parte del Gobierno de Felipe González, y ahora asesora a la ministra de Educación,Isabel Celaá.

Inspirado en el sistema implantado en la última década en Portugal, el modelo que perfila el Gobierno, esbozado por la ministra en diciembre en el Senado, contempla transformar los colegios especiales en centros de apoyo a los colegios ordinarios de su área territorial. Una parte de los profesionales permanecerá allí y el resto se incorporará a la escuela ordinaria. El ministerio no ha calculado todavía el coste. “Será caro”, adelanta Martín, “pero también se trata de colocar el dinero en las prioridades”.

Portugal tenía en 1997 un 20% de los alumnos con discapacidad en centros especiales y hoy ronda el 1%. Se trata de estudiantes que requieren gran apoyo médico y que tampoco en España se llevarán, al menos a medio plazo, a las aulas ordinarias.

DE NIÑOS INEDUCABLES A LA INCLUSIÓN

Ante la ausencia de una respuesta oficial del régimen franquista, que consideraba en general a los niños con discapacidad ineducables, el movimiento asociativo impulsado por las familias empezó a crear en los años 50 los primeros colegios, explica Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. “La democracia vino a reforzar con subvenciones y conciertos el modelo dual de centros ordinarios y centros de educación especial, que las familias habían creado con toda la lógica. Sin ellos, el futuro de esos niños habría sido absolutamente terrible. Pero ahora debemos superar esa fase para lograr una sociedad inclusiva que conozca la diversidad y la respete”, afirma.

Mientras el plan del Gobierno se materializa, un número creciente de familias está recurriendo a los tribunales para impedir que sus hijos sean sacados de los centros ordinarios y llevados a los especiales. “Se ven obligadas a ello porque a pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte de la legislación española desde 2008 los centros de educación especial siguen existiendo”, afirma la abogada especializada Sandra Casas. Una jueza de Valencia aceptó en diciembre el recurso presentado por los padres de Cristian, un niño de seis años con autismo, para que siguiera en el colegio público en el que está matriculado con los apoyos educativos especializados necesarios. “Es muy duro. Te dicen que no quieres lo mejor para tu hija porque no quieres que la separen de su hermana, de sus compañeros y del entorno que conocen”, dice Merche Defez, tía de Cristian, que también se ha negado a que su hija Lara, de ocho años, que tiene Trastorno del Espectro Autista, sea trasladada a un centro de educación especial.

Para que la inclusión funcione, opina Esther Salas, psicóloga, maestra especializada en pedagogía terapéutica desde hace 30 años y directora del instituto público de Benaguasil (Valencia), donde en torno a un 10% de sus 300 alumnos tienen algún grado de discapacidad, hacen falta más recursos, mejoras en la formación inicial del profesorado, cambios metodológicos, como el aprendizaje basado en proyectos, y al menos dos enseñantes por aula en aquellos grupos donde resulta necesario.

 

Fuente de la  noticia: https://elpais.com/sociedad/2018/12/27/actualidad/1545917225_924744.html

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Defensa de la educación

Elvira Lindo

Por: Elvira Lindo. 

Si a los niños no se les enseña en la justicia social, ¿cómo van a comprender que están siendo clasistas?

El año 2018 se acaba y nos deja la sensación de que la realidad nos empuja inclemente a pocos metros de un abismo que no sabemos si sabremos sortear. Mi naturaleza no es apocalíptica, muy al contrario, pero no dejo de pensar en que el futuro del planeta está en manos de cuatro imbéciles a los que les importa bien poco el futuro del planeta. Tal vez siempre haya sido así, pero ahora tienen más recursos tecnológicos para acelerar el final. Dicho esto, exijo a mi carácter optimista algunas razones para celebrar este año carcamal y encuentro, como siempre, algunas experiencias artísticas reveladoras. Una de ellas me la proporcionó la película Roma, de Alfonso Cuarón. Me irrita el arte que solo pretende adoctrinar, pero ocurre a veces la maravilla de aprender algo que se te muestra sin olvidar que toda historia también es una experiencia estética. Lo que aprendí con Roma, o lo que Roma confirmó valiéndose de un lenguaje visual y acústico poderosamente poético, fue que hasta para la desgracia hay clases.

La historia confronta la vida de Sofía, una mujer de clase media alta, madre de cuatro niños, con la de Cleo, la sirvienta de la casa. Cuarón, que construye el cuento con sus recuerdos de niño, se entrega a seguir los pasos de esa criada, casi adolescente, que trabaja sin tregua para que el hogar funcione. Cleo, lejos de su pueblo, entrega todo su amor a esos niños a los que acuna con nanas en mixteco, su lengua indígena. Tiene la delicadeza el director de describir un mundo de privilegio en el que nadie reparaba en el esfuerzo físico y anímico de unas muchachas que, alejadas de su lugar de origen, atendían con la fuerza de cinco electrodomésticos los caprichos de los señoritos. Me recordó a ese momento en las memorias de la fotógrafa sureña Sally Mann, cuando confiesa que habiendo crecido a los pechos de una tata negra jamás se preguntó cuáles eran sus necesidades, ni si echaba de menos a sus hijos cuando acunaba a los hijos de la señora. Si a los niños no se les educa en la justicia social, ¿cómo van a comprender que están siendo clasistas?

Cleo y su señora, Sofía, sufren a lo largo de la película sendos desengaños amorosos. Eso de alguna manera las aproxima, como suelen acercarse las mujeres que sufren desengaños en el marco de una sociedad que no exige a los hombres el mismo compromiso para abordar los deberes familiares. Son víctimas las dos de una sociedad machista, cruel por sistema con las mujeres, pero inevitablemente su origen social las sitúa en universos que no llegan a rozarse. Cleo es pobre, depende de la bondad de la señora; es indígena, lleva escrita la postergación en la piel; Cleo no tiene recursos para plantearse una vida libre e independiente: seguirá velando el sueño de los niños ajenos. Tal vez un día encuentre a un hombre con el que tenga los suyos propios, pero también su suerte estará cautiva de cómo la trate ese tipo que de ser amoroso puede transformarse de pronto en un cabrón.

En este presente en el que tanto se cuestiona la educación que habría de prepararnos para ser justos y considerados hay que apelar a ella todavía con más encono. Con lo fácil que es mostrarle a cualquier niño cómo influye en nuestro bienestar la casilla de salida de la que partimos. Y no es adoctrinamiento, como suele decirse. Es tan fácil como enseñarle a valorar la desgracia ajena tanto como la propia.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2018/12/29/opinion/1546101315_888233.html

 

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Maestros protestan para exigir más puestos de trabajo en Grecia

Noticias

Europa/ Grecia/ 15.01.2019/ Fuente: www.telesurtv.net.

En los últimos años, el Gobierno griego ha implementado un recorte presupuestario que generó ninguna contratación de docentes en el sector público.

Al menos 3.000 maestros salieron este lunes a protestar en las calles de Atenas, capital de Grecia, para exigirle al Gobierno la creación de más puestos de trabajo para docentes de primaria en el país.

Tras los llamados de huelga, varios gremios sindicales y miles de profesores se congregaron a las afueras del Parlamento griego para demandar cambios en los programas del Gobierno y el aumento de las contrataciones en el sector público.

Durante la jornada de protesta, organizaciones humanitarias denunciaron que miembros de la policía antidisturbios de Atenas reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y carros especiales para lanzar chorros de agua.

Organizaciones humanitarias denunciaron la represión de la Policía contra los manifestantes. I Foto: Reuters

Los profesores aseguran que, debido al poco personal y a las reducciones en los puestos de trabajo, deben lidiar con una mayor carga laboral. Asimismo, reivindicaron la defensa de los derechos de muchos docentes y profesionales que se encuentran sin trabajo en todo el país.

En los últimos años, el Gobierno griego ha implementado un recorte presupuestario enfocado en la disminución del gasto público y, en consecuencia, no se han realizado nuevas contrataciones en el sector educativo.

Por otro lado, cientos de estudiantes de la Universidad Aristóteles en Tesalónica salieron a manifestar en rechazo a la actual política educativa y el alto costo de las matrículas estudiantiles.

Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/maestros-protesta-grecia-protestas-puestos-trabajo-gobierno-20190114-0024.html

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Una huelga de ocho días traslada a las aulas el conflicto que vive la escuela concertada vasca

Noticias

Europa/ España/ 15.01.2019/ Fuente: elpais.com.

Ocho días de huelga convocados a partir de este miércoles en los centros concertados religiosos del País Vasco tienen en jaque a 120.000 alumnos de 215 colegios, la mayoría religiosos, y a sus familias. Las aulas volverán a sufrir las consecuencias de un conflicto laboral que protagonizan la patronal educativa y la representación sindical de los 9.000 docentes que siguen con los salarios congelados desde hace 10 años. El Gobierno vasco, que financia con fondos públicos a la escuela concertada, se ha mantenido al margen de esta crisis al considerar que el desacuerdo es de índole exclusivamente laboral.

Los paros lectivos entre los días 16 y 25 de abril se suman a otros cuatro días sin clase en noviembre pasado, y otros dos durante el curso anterior. «La situación es muy grave. Entendemos las reivindicaciones de los profesores, tienen todo el derecho a hacer huelga, pero los que van a pagar este follón son los estudiantes. Los tienen como rehenes, cuando no tienen ninguna culpa», afirma Miriam González, presidenta de la Federación Católica de Padres de Alumnos de Bizkaia (Fecapp).

Todos los sindicatos que representan a los trabajadores (el mayoritario ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT) vienen exigiendo a las patronales Kristau Eskola y Aice-Izei una mejora de sus condiciones de trabajo: avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido, que cifran en un 12,6% desde 2009, rebajar las cargas de trabajo del personal docente y administrativo, además de equiparar las diferencias salariales que se dan entre el profesorado que imparte la ESO. También reclaman un acuerdo para recolocar al personal afectado por el previsible cierre de aulas a causa del descenso de la natalidad, así como mejorar las condiciones de «colectivos especialmente precarizados», como los profesores de educación infantil y los especializados en apoyo educativo.

Las demandas sindicales para los profesores no han sido atendidas por los centros. La patronal se escuda, a su vez, en que también atraviesa dificultades económicas por la financiación que tiene concertada con el Gobierno. Mikel Ormazabal, director general de Kristau Eskola, afirma que la red concertada de iniciativa social «también ha sufrido pérdida de poder adquisitivo durante estos años a causa de los recortes en Educación». Aunque precisa que «a esta situación crítica se ha llegado por la falta de voluntad negociadora de los sindicato». «Hemos aceptado muchos de sus planteamientos, pero ellos se mantienen en posiciones maximalistas que, si se aceptan, pondrían en peligro la viabilidad económico-financiera de muchos centros», asegura a este diario.

Los profesores de la concertada vasca mantienen los mismos sueldos que en 2009. Los maestros de educación infantil y primaria cobran un salario bruto base de 2.223 euros al mes. En secundaria, los docentes que imparten el primer ciclo (primero y segundo de la ESO) perciben 2.359 euros, mientras que en segundo ciclo, con la misma titulación y trabajo, ganan 2.584 euros mensuales. Esta cantidad es la misma para los profesores de bachillerato y FP. Los salarios en la red pública son algo superiores en todos los casos: 2.424 euros al mes hasta primaria y 2.805 euros en secundaria, bachillerato y FP, siempre según los datos aportados por los sindicatos.

Frente a las reivindicaciones sindicales, sostiene Miren Zubizarreta, de ELA, la patronal ha respondido con «una oferta insuficiente, muy alejada de las necesidades» del colectivo docente. «No nos dejan otra alternativa que seguir con las movilizaciones y las huelgas previstas», señala. En los paros celebrados en noviembre lograron un seguimiento del 65%, según el recuento de las centrales, un 32% en cifras de la patronal.

Los colegios religiosos, que representan cerca del 30% del sistema educativo vasco, no han atendido las exigencias de los profesores porque «se ataca la línea de flotación de los centros», afirma Ormazabal. El Gobierno vasco destinó en 2018 un total de 623,3 millones de euros para la red concertada, que también incluye a las ikastolas, y asignó 1.193,5 millones para la pública. El Ejecutivo autonómico aporta este curso 9.000 euros por alumno de la red pública y 5.000 euros de la concertada.

El Departamento de Educación asegura que el reparto de recursos públicos está regulado por la ley y no existe margen de maniobra para ampliar estas cifras. En este conflicto no ha tomado posición porque supondría «una intromisión sin justificación», en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, y se ha limitado a pedir a las partes enfrentadas que hagan «un esfuerzo para sacar el conflicto de las aulas», indicó la consejera del ramo, Cristina Uriarte. La Administración se abre ahora, a una iniciativa del PP vasco, a aprobar «una actualización al alza» de los conciertos educativos que financian la red concertada.

Servicios mínimos

La convocatoria de huelga solo afecta a una parte de la red privada concertada, puesto que en el ámbito de las ikastolas, donde la central mayoritaria es LAB —afín a la izquierda abertzale—, ya se selló en diciembre pasado un acuerdo con unas «condiciones parecidas» a las que ahora se ofrecen a los centros religiosos. «La pelota está en el tejado de los sindicatos. ¿Por qué el acuerdo es posible con LAB en las ikastolas y no se consigue en nuestros centros con ELA?», se pregunta el representante de Kristau Eskola.

En medio de este enfrentamiento, el malestar crece entre las asociaciones de padres y madres. En algún caso, están barajando como «medida de presión» llevar a sus hijos a la escuela durante las jornadas de huelga, con la finalidad de «trasladar el problema de las casas a los colegios», explica Sonia Aldabe, del colegio Corazonistas de Rentería (Gipuzkoa): «Nosotros, las familias y los alumnos, no somos parte en este conflicto. Si llevamos a nuestros hijos al colegio, queremos obligar a los profesores a dar clase, porque no pueden estar ocho días en casa viendo la televisión», añade. Si salen adelante los ocho días de paro, los estudiantes de bachillerato perderían este curso 14 jornadas lectivas, casi el 10% del curso académico (152 días).

El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha decidido esta tarde aumentar de forma notable los servicios mínimos durante la huelga y obliga a que haya presencia de profesores en las aulas por etapas educativas y la mitad del personal habitual en las de educación especial. Si en anteriores convocatorias decretó la necesidad de que acudieran dos personas por colegio, una de dirección y otra de personal administrativo, en esta ocasión establece que haya un profesor para educación infantil y otro para educación primaria, y un docente para el conjunto de ESO, bachiller y formación profesional. La medida ha sido calificada de «desproporcionada y abusiva», pues cuadruplica los servicios mínimos fijados hasta ahora.

Fuente de la noticia: https://elpais.com/sociedad/2019/01/15/actualidad/1547568482_078188.html

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Vídeo: «Volando Vengo-Transformación Social» – Culpables – El Feminismo de cara Huelga General 24H. del 8M

Reseñas

Por: Confederación Nacional Del Trabajo de Palencia.

 

«Volando Vengo-Transformación Social» – Culpables – El Feminismo de cara Huelga General 24H. del 8M Más información del colectivo creador del vídeo en: https://volandovengo.org/sobre-nosotras/

Más información de la Huelga General Feminista de 24 horas para el próximo 8 de marzo de 2019 en: http://nosotras.cnt.es/

Y en: http://palencia.cnt.es/category/denun… 

Fuente del video: https://www.youtube.com/watch?v=zOHZopTNuqE

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Educación en el Brasil de Bolsonaro: sin Marx, sin el Che y sin repudio a la dictadura

Víctor David López

Por: Víctor David López.

El ministro de Educación, Vélez Rodríguez, es un incondicional del régimen militar y profesor emérito de la Escuela de Comando y el Estado Mayor del Ejército

Quieren evitar que «la educación de género» y la «reescritura de la historia» desmonten valores como la «preservación de la vida, la familia, la religión y el patriotismo»

Pocos conceptos ha tenido más claros el ultraderechista Jair Bolsonaro en estos últimos años, rumbo a la presidencia de Brasil, que el de, en su opinión, «los adoctrinadores» del sistema educativo brasileño. Esos que «explican básicamente que el capitalismo es el infierno y el socialismo es el paraíso». El mensaje ha calado fácil entre su electorado, que le respalda en sus apuestas para que la «educación sexual sea cosa de papá y mamá» o para que en las aulas «no haya ninguna ideología; el profesor no puede abusar de aquella audiencia cautiva para imponer su ideología».

Si a Jair Bolsonaro le irritan los «libros con fotos del Che Guevara como un gran líder», a su nuevo ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, le ofende que «las universidades brasileñas, en especial las públicas, controladas a partir de la apertura democrática por la izquierda rabiosa, hayan acabado haciendo de la memoria de 1964 [el año del golpe de estado] un acto indiscriminado de repudio a los militares y a las directrices trazadas por ellos».

Vélez Rodríguez, colombiano nacionalizado brasileño, es profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais), así como profesor emérito de la Escuela de Comando y el Estado Mayor del Ejército. No es muy conocido dentro del entorno académico: fue el escritor y filósofo Olavo de Carvalho, una especie de guía espiritual de Bolsonaro –con opciones de ser el futuro embajador de Brasil en Estados Unidos– el que recomendó al presidente electo el fichaje del profesor. Ha sido necesario, después, el aval de la bancada evangélica del Congreso para oficializar su nombramiento.

El nuevo ministro de Educación –sirva para situar sus preferencias– no tiene reparos en defender al régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Asume que fueron autoritarios y que las Fuerzas Armadas no están orientadas a la gobernabilidad, pero destaca que la intervención «evitó que los comunistas tomasen el poder, instaurando la dictadura del proletariado, con el baño de sangre que eso provocaría en un país de dimensiones continentales como Brasil. La opinión pública sabe que la extrema izquierda buscaba eso».

Estas afirmaciones están archivadas en su blog personal, y forman parte de una columna publicada en 2014 en el diario «O Estado de São Paulo», bajo el título «1964 medio siglo después». Añade Vélez Rodríguez que bajo la dictadura militar, «en lo que respecta a la economía, Brasil se transformó en un país industrializado», subrayando los avances en telecomunicaciones y en construcción de carreteras.

Critica también la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de recuperar y documentar algunos de los casos más escabrosos de la dictadura, porque, en su opinión, se convirtió en una «omisión de la verdad», que analiza «la represión practicada por el Estado, sin, en cambio, recordar nada del terrorismo practicado por la izquierda radical».

«Escuela sin partido», para controlar al profesorado

Vélez Rodríguez, como Bolsonaro, como la bancada evangélica, y como todo el conservadurismo brasileño, están alineados con el movimiento «Escuela sin partido», que tomó fuerza en la pasada legislatura, y que ha desembocado, incluso con apoyo del propio presidente electo, en un llamamiento generalizado para que los estudiantes graben en vídeo y denuncien a profesores que incluyan en sus explicaciones valores fuera de lo establecido por este nuevo orden impuesto. «Vamos a grabar lo que sucede en el aula y vamos a divulgarlo», animaba Bolsonaro en un vídeo dirigido a los alumnos de todo el país. «Vuestros padres, los adultos, los hombres de bien de Brasil, tienen el derecho de saber lo que estos profesores, entre comillas, hacen con vosotros en el aula». Algo similar a las «Escuelas Neutras» propuestas por la extrema derecha de Alternativa para Alemania.

El programa de «Escuela sin partido», convertido en propuesta de ley, será votado en el Congreso brasileña en las próximas semanas. En el Tribunal Supremo, además, será juzgada la posible inconstitucionalidad de la ley inspirada en este movimiento que ha sido aprobada en el estado de Alagoas. Según este movimiento, los profesores no se aprovecharán de los alumnos «para promover sus propios intereses, opiniones, concepciones, o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y partidarias». También indica entre sus puntos que, al tratar cuestiones políticas, socioculturales y económicas, «el profesor presentará a sus alumnos, de forma justa –es decir, con la misma profundidad y seriedad– las principales versiones, teorías, opiniones y perspectivas a ese respecto».

Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el proyecto incentiva la censura a los docentes. Así lo explicaron, recibiendo el apoyo de 87 países, en la 6ª Asamblea Mundial de la Campaña Global por la Educación (Katmandú, Nepal), el pasado mes de noviembre. Según CLADE, detrás de la «Escuela sin partido» se esconden «prácticas persecutorias y violadoras de derechos humanos, que tienen el control como principio y finalidad».

Días antes de ser nombrado nuevo ministro de educación, Vélez Rodríguez enumeraba, de nuevo desde su blog personal, algunas de las recomendaciones para la cartera que ahora dirige. Ya era consciente de que estaba entre los principales candidatos al puesto, y afirmaba que trabajaría para que el sistema educativo crezca desde el ámbito municipal, siguiendo el lema del presidente: «Más Brasil y menos Brasilia». Opina el ministro que «la proliferación de leyes y reglamentos sofocó en las últimas décadas la vida ciudadana, convirtiendo a los brasileños en rehenes de un sistema de enseñanza ajeno a sus vidas y afinado en la tentativa de imponer a la sociedad un adoctrinamiento de índole cientifista y enquistado en la ideología marxista travestida de revolución cultural gramsciana».

Protesta de lo que denomina «invenciones perniciosas» como «la educación de género, la dialéctica de nosotros contra ellos, y una reescritura de la historia en función de los intereses de los denominados intelectuales orgánicos», destinada, en su opinión, a «desmontar los valores tradicionales de nuestra sociedad, en lo que respecta a la preservación de la vida, la familia, la religión, en suma, del patriotismo». Estas últimas referencias no podían faltar, si quería el beneplácito de los grupos evangélicos que apoyan a Bolsonaro.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/internacional/Educacion-Brasil-Bolsonaro-Marx-Che_0_843066559.html

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Cuatro formas de segregar a los alumnos en las escuelas y parar el ascensor social

Sara Montero

Por: Sara Montero.

  • «En España el alumnado resiliente es bajo, es decir, son pocos los niños que sacan mejores notas teniendo una situación socioeconómica baja».
  • Segregar por sexos, el gran peso de la concertada o el sistema bilingüe en Madrid son instrumentos que dejan fuera al alumnado con más necesidades.

La Educación es una de las vías de integración más importante de un país y tiene capacidad transformadora. Por eso, siempre es una batalla entre gobiernos de distinto signo de un mismo país y, como prueba, las sucesivas leyes educativas que no han logrado darle un marco estable en España. Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, hay muchos mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre el alumnado que debe garantizar la enseñanza pública y ralentizan (cuando no paran) el ascenso social. 

Los movimientos sociales y laborales, como la Marea verde, llevan años denunciando que los gobiernos han adelgazado la enseñanza pública con los recortes durante la crisis, pero estos activistas también están vigilantes sobre cómo se desvía el dinero público a la empresa privada o cómo se segrega a los alumnos dejando al margen a los que tienen una mayor necesidad de atención por parte de las administraciones autonómicas que ostentan esta competencia.

Son muchos los factores que hacen que los alumnos vayan peor o mejor en el colegio, con el origen socioeconómico como uno de los que más pesan. Los conocimientos que se aprenden en el colegio se refuerzan en casa y, por tanto, la situación de las familias es determinante. Tampoco es lo mismo poder pagar profesores particulares y actividades extraescolares que no poder hacerlo. “En España el alumnado resiliente es muy bajo, es decir, son pocos los niños que sacan mejores notas teniendo una situación socioeconómica baja” explica Alonso Gutiérrez, de la secretaría de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO. 

Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, Gutiérrez recuerda que la ola de neoliberalismo busca subterfugios para debilitar lo público. “Si pones exenciones fiscales a ciertos colegios no haces uso directo del dinero público, pero la administración deja de ingresar dinero que luego irá a los colegios públicos”, explica. También recela de medidas como el cheque escolar. “Si no se acompaña de una política de creación de centros públicos, al final se favorece a la empresa privada”. Todas las modulaciones de las comunidades autónomas hacen que se den fenómenos como el de la Comunidad de Madrid, que siendo una de las regiones más ricas de España tiene uno de los modelos más segregadores, según las conclusiones de un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación.

Para descubrir en qué pisos educativos se para este ascensor, charlamos con dos personas que pelean por la pública desde dos trincheras diferentes:  Gutierrez, de CCOO, y Miguel Guerrero, activista de Marea Verde. Unas veces estas modificaciones tienen un fin ideológico, otras motivos de clase y otras puramente económicas: “Si el mercado de la escuela pública se liberalizara, su valor valdría millones de euros”, explica el miembro de CCOO sobre el jugoso mercado que supone privatizar. Para los defensores de estos modelos dan libertad a los padres para escoger la educación de sus hijos. Para sus detractores, es una manera de segregar.

Separar niños y niñas

La cuestionada Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce), aprobada por el PP, decreta que la educación “diferenciada por sexo”, no constituye discriminación y no debe suponer “una desventaja” a la hora de “suscribir conciertos con las Administraciones educativas”. La revista Science publicó en 2011 el artículo ‘La seudociencia de la escolarización por sexos’, en el se asegura que las afirmaciones que sustentan este tipo de enseñanza son científicamente débiles. Por tanto, para los entrevistados separar a niños y niñas no tiene más sentido que el puramente ideológico.

Aún así, cuando el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, éste avaló la financiación pública de estos centros en una sentencia que reavivó la polémica. “No hay evidencias científicas ni pedagógicas. No es que hombres y mujeres aprendan de manera diferente, es que todos lo hacemos. La diversidad es propia del ser humano, pero financiar este tipo de enseñanza es un retroceso”, explica este miembro de CCOO.

Es el modelo educativo intermedio entre la escuela privada y la pública. La administración es privada, pero los centros reciben dinero público, aunque puedan pedir cuotas voluntarias a los padres. Su presencia en España es muy significativa, ya que un 25,9 % del alumnado español se matricula en esta enseñanza, algo que Gutiérrez califica de “excepción” en Europa: “Su presencia corresponde a un momento histórico concreto, los 80, en el que se incorporaron grandes cantidades de alumnos al sistema y esto supuso que no hubiera centros públicos suficientes para este alumnado. Por tanto, se planteó concertar con otros centros, sobre todo, con la Iglesia católica. Pero esa necesidad tenía que haber desaparecido. Los conciertos han sido avalados por distintas leyes y ahora es complicado revertir la situación”, argumenta Alonso Gutiérrez. El País Vasco y la Comunidad de Madrid son las dos áreas en las que cuenta con mayor presencia.

Pero financiar con dinero público centros privados tiene un componente de clase muy claro para Miguel Guerrero, que afirma que hay zonas de Madrid donde solo 1 de cada 4 plazas pertenece a una escuela pública, por lo que los hijos de las familias con menos recursos van a los mismos colegios, provocando una segregación socioeconómica: “Hay un mal entendido prestigio social en la concertada para la gente que se cree clase media sin serlo y que no se puede pagar una privada porque es muy cara”. Para este padre y activista, la concertada “cambia el sistema” aplicando las leyes del mercado a un bien público como es la enseñanza universal.

El sistema bilingüe

El bilingüismo está implantado de manera muy irregular en cada comunidad autónoma. Por eso, hay que analizar cada caso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de los ejecutivos que con más intensidad ha apostado por este sistema y, además, presume de buenas estadísticas. “En Marea verde no estamos en contra de que se implemente un sistema para que los alumnos aprendan inglés, pero no estamos de acuerdo con este modelo“, asegura Guerrero, que ve dos problemas importantes. El primero, la segregación que supone para el alumnado. Cuando llegan al instituto, los alumnos que tienen un nivel de inglés adecuado van a sección y los que no, a programa. Esto relega a la misma aula, no solo a los que optan por no cursar en bilingüe, sino también a los que tienen más dificultades para aprender o los que sufren fracaso escolar.
Guerrero también apela a una segunda cuestión más abstracta: el bilingüismo como herramienta para laminar el sentido crítico. Este activista asegura, además, las clases en inglés se convierten en memorización de vocabulario y los alumnos no profundizan en el conocimiento de la temática en favor del conocimiento de la lengua.

Los recortes y la falta de recursos

El desvío de dinero público a los concertados y los recortes que se perpetraron con la crisis hacen que aún sigan faltando recursos.”Todos los centros escolares no pueden ser tratados de la misma manera. Quizá habría que plantearse que los que están en contextos más desfavorecidos tengan ratios más bajos”, explica el sindicalista sobre la importancia de más profesores y orientadores por alumno cuando tienen más dificultades. También propone incentivar al profesorado para que los mejores vayan a los centros más complicados.

Ningún padre piensa el primer día que su hijo pisa el colegio que pueda tener problemas en su aprendizaje. Pero a veces ocurre. En ese momento, tener recursos a su alcance que le den un empujón en su desarrollo se vuelve vital.

Fuente del artículo: https://www.cuartopoder.es/espana/2019/01/14/cinco-formas-de-segregar-a-los-alumnos-en-las-escuelas-y-parar-el-ascensor-social/

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